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La inspección de Trabajo pide al Gobierno de Ayuso que reduzca la sobrecarga de los médicos de Atención Primaria
La inspección de Trabajo y Seguridad Social ha enviado un requerimiento a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el que pide que en el plazo máximo de un mes se ponga en marcha una "adecuada planificación preventiva para solucionar riesgos en los profesionales de atención primaria" que se encuentran en huelga indefinida desde el lunes, según ha informado El País y ha confirmado elDiario.es. Entre esos riesgos señala factores como la carga de trabajo, las demandas psicológicas o desempeño de rol.En el documento remitido a la Consejería de Sanidad, al que ha tenido acceso este diario, Trabajo reclama al Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso que se resuelva cuanto antes "el nombramiento de responsables, de los recursos humanos y materiales para su ejecución, prestando especial atención a los centros de trabajo que de manera permanente o puntual tienen una carencia significativa de personal". El plazo empieza a contar desde el 23 de noviembre.El requerimiento se enmarca en un acuerdo alcanzado a finales de julio de 2022 con la Gerencia de Atención Primaria para establecer en las agendas de los profesionales de Atención Primaria límites de tiempo en las consultas. Según denuncian los sindicatos, la Consejería de Sanidad no ha firmado el mismo y se niega a cumplirlo.Fuentes de departamento de Sanidad han explicado a elDiario.es que se trata de cuestiones que se estaban negociando y faltaba llevarlo a la Mesa Sectorial (donde están representados la Consejería y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Amyts y Satse) pero se convocó la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria. "Faltaba llevarlo a mesa y convocaron la huelga", defienden para justificar el incumplimiento de los compromisos.El requerimiento de Trabajo viene de varios pasos anteriores. En junio de 2021, la Inspección de Trabajo propuso el inicio de una mediación con la Comunidad de Madrid ante la inexistencia de un cronograma de implantación de medidas preventivas y el 1 de diciembre de 2021 se firmó un acuerdo para abordar la carga de trabajo y "determinar unos ratios permanentes y límites que no deban nunca ser superados, trabajando toda la información disponible", que debían estar determinados el 15 de marzo de 2022.Después de esto, el 1 de julio de 2022 se llegó a un acuerdo que contemplaba el compromiso de iniciar la implantación de estas medidas el 1 de octubre de 2022, pero la Consejería de Sanidad no ha firmado el acuerdo ni implantado las medidas.En el mismo se establecía un tiempo mínimo de consulta para pacientes sin cita de 10 minutos, limitaba los tiempos respecto a repartos en caso de ausencias a 10 minutos/paciente, a partir de las 48 horas de ausencia; fijaba un tiempo mínimo para atención domiciliaria de 30 minutos; y consolidaba la agenda asistencial en un máximo del 70% de la jornada laboral (300 minutos).Uno de los principales problemas, y mayor escollo en la negociación, es el exceso de pacientes en las agendas de los profesionales. El comité de huelga reclama un máximo de 31 pacientes por consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, con el objetivo de dedicar un mínimo de 10 minutos por paciente, y 21 pacientes para Pediatría, para un mínimo de 15 minutos por niño, mientras que la última propuesta de la Consejería pasa por 24 pacientes en el caso de los pediatras y 34 en el de los médicos.Esta semana ha habido varios encuentros entre la Comunidad de Madrid y los médicos de familia y pediatras en huelga para tratar de llegar a un acuerdo, pero no ha habido pacto. No ha sido hasta este martes cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid reconocía por primera vez que son necesarios más médicos en los centros de salud y que no ofrece los incentivos suficientes como para frenar la fuga de residentes, además de las condiciones precarias de los sanitarios de Atención Primaria, que encadenan contratos temporales y hacen frente a una sobrecarga estructural. En este sentido, Ayuso proponía la implantación de un sistema que evite el exceso de citas en Primaria, terminar con la precariedad laboral e incentivos para los MIR de cara a retenerlos, pero tal y como recuerdan los sanitarios, todas esas cuestiones implican un aumento en los presupuestos regionales y, por el momento, el Gobierno regional no lo contempla.
2 d
eldiario.es
La exdelegada del Gobierno en Ceuta y la vicepresidenta de la ciudad autónoma, a juicio por la deportación "grosera" de 55 menores a Marruecos
La exdelegada del Gobierno en Ceuta destituida el 31 de octubre, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Mabel Deu (PP), serán juzgadas por la vía penal por un presunto delito de prevaricación continuada en la expulsión a su país durante cuatro días de agosto de 2021 de 55 niños migrantes marroquíes solos. La jueza instructora de la causa, abierta a instancias de la Fiscalía, ha concluido que ambas obviaron de manera “flagrante” y “grosera” la aplicación de la Ley de Extranjería y violaron la Constitución Española, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.La magistrada ha dado diez días al Ministerio Público y las acusaciones populares para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación. Las defensas podrán, por su parte, presentar recurso de reforma en el plazo de tres días hábiles.Durante los últimos cinco meses la instructora de la causa ha oído a las dos procesadas argüir en calidad de investigadas que en connivencia con distintos ministerios creyeron aplicar correctamente en un contexto de “emergencia” y mirando por el interés de los menores un Acuerdo bilateral de 2007 que exige “observancia estricta” de la legislación española.También ha tomado declaración como testigos, entre otros, a la jefa de Menores de Ceuta, Toñi Palomo, que advirtió verbalmente y por escrito de que se estaba vulnerando la normativa nacional e internacional; a los asesores jurídicos de Mateos que no fueron consultados y a dos de los niños expulsados que han reiterado que ni quería irse ni fueron informados de sus derechos por “nadie”.Tras rechazar la práctica de más testificales como las del ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad, la jueza ha concluido que la exdelegada “prescindió absolutamente” como autora material “del procedimiento establecido aprovechando la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir” a al menos parte de los menores que habían accedido irregularmente a la localidad española en mayo del año pasado y continuaban en ella.Como “cooperadora necesaria”, Deu, que renunció a las competencias de Menores en julio tras ser imputada, “se hallaba de acuerdo” en “proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda, prescindiendo, a sabiendas, de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores”, cuya vulnerabilidad ve probada por su condición de migrantes solos.La magistrada considera indiciariamente constatado que las dos políticas ya encausadas “desoyeron la prohibición de repatriaciones colectivas, prescindieron en absoluto del procedimiento administrativo, en especial de la audiencia del menor, su derecho a la asistencia letrada y de intérprete, se prescindió del trámite previo de audiencia del Ministerio Fiscal y del deber de dictar resolución motivada en que se pondere el interés del menor, conculcando igualmente el derecho al recurso contra la decisión de repatriación, porque lo que ocurrió es que directamente se pasó a la fase de ejecución, que era la finalidad perseguida”.Además, explica que “como tampoco se constituyó el Comité de Seguimiento al que se refiere el artículo 6 del Acuerdo hispano marroquí de 2007, se carece de información oficial de la situación y medidas adoptadas con cada uno de los menores afectados, ignorándose si efectivamente han retornado con sus familias o quién se ha hecho cargo de ellos en cada caso, habiéndose producido en algunos casos el nuevo acceso subrepticio a nuestro país de menores”.Al menos seis de los 55 niños deportados han logrado regresar a España y a dos se les ha ofrecido ejercer la acusación particular tras declarar como testigos que ni querían ser retornados ni nadie les informó de sus derechos.“Con su arbitrario proceder, las investigadas hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad”, ya que “ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales”, asevera la magistrada.
2 d
eldiario.es
La alcaldesa de Marbella se ausenta de un acto del PP malagueño con Feijóo y Moreno en pleno escándalo por su patrimonio
Alberto Núñez Feijoo ha acudido a Málaga a la entrega de los Premios Junt@s contra la violencia de género, que otorga su partido con motivo del 25 de noviembre. Acudieron a recibirle en el Parador de golf, donde se celebró el acto, alcaldes (como el de Málaga, Francisco de la Torre, la de Torremolinos, Margarita del Cid), cargos orgánicos, el presidente de la Junta de Andalucía y consejeras: Loles López, Rocío Blanco, Carmen Crespo, Carolina España. Feijoo las saludó una a una, y todas fueron nombradas desde el escenario. La práctica totalidad del poder orgánico e institucional del PP malagueño y andaluz estaba allí, de modo que destacaba todavía más que no estuviera la mujer del PP con más poder institucional en la provincia, Ángeles Muñoz. Su ausencia era el elefante en la habitación. Hubiese sido imposible esquivar la foto con la alcaldesa de Marbella, ahora en el disparadero, en un espacio tan pequeño, quizá suficiente para un acto de partido de pequeño formato pero una ratonera este viernes. Feijoo ha elegido Málaga como segunda parada de la gira por los territorios que comenzó el jueves en Extremadura. Después de su breve mitin, salió volando en helicóptero con destino Ceuta. La provincia andaluza es, ahora, un territorio sensible, donde los ojos están puestos en la alcaldesa popular del segundo municipio más poblado, Marbella. A diferencia de su marido y su hijastro, Lars y Joakim Broberg, Ángeles Muñoz no ha sido procesada. La alcaldesa, cuyo marido e hijastro aparecen señalados por el juez Manuel García Castellón como presuntos integrantes de una red criminal dedicada al narcotráfico y el blanqueo de dinero, es ahora una incómoda china en el zapato del PP andaluz, que en los próximos meses deberá decidir si la mantiene como candidata en las próximas elecciones municipales. Públicamente nadie ha cuestionado la continuidad de Muñoz, vencedora en cuatro elecciones, pero en privado los dirigentes populares admiten su preocupación por cómo las informaciones que se van conociendo puedan afectar a sus posibilidades electorales. Unos correos desvelados por elDiario.es la sitúan como correa de transmisión de una oferta realizada por una empresa presuntamente utilizada para el blanqueo, que acabó siendo la adjudicataria del contrato. Este medio también ha desvelado que su patrimonio era mayor del que constaba en su declaración de bienes en el Senado, lo que la obligó a modificarla apenas horas después.Hoy se trataba de premiar iniciativas feministas en Málaga, lo que ha dado oportunidad al líder del PP de exponer su visión del feminismo y criticar otras, así como la ley del solo sí es sí. Con una mano tendida apelando al “feminismo que busca consenso” y la otra ahondando en la división que está provocando la aplicación de las penas de la ley del solo sí es sí, Alberto Núñez Feijoo ha anunciado esta mañana que el PP está “ultimando” una proposición de ley para derogar la norma. Feijoo ha achacado al Gobierno y sus socios de manejar otras variables en este asunto: “Dejen de pensar en intereses electorales y piensen en las mujeres de España. Vuelvan al feminismo que busca consenso y no quiere confrontar eternamente”.
2 d
eldiario.es
El Supremo admite a trámite el incidente de nulidad de Griñán, lo que ni paraliza ni suspende la ejecución de la sentencia
El incidente de nulidad que interpuso el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido admitido por el Tribunal Supremo, aunque este paso no implica ni la suspensión ni la paralización de la ejecución de la sentencia que le condena por el caso ERE. El incidente de nulidad va dirigido contra el fallo del propio Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación de Griñán contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condena a seis años y dos días de cárcel por malversación por el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.El propio alto tribunal, en una diligencia de ordenación emitida el pasado 15 de noviembre, ya precisó que "el incidente de nulidad no suspende la ejecución de la sentencia, debiendo en su caso ser solicitada ante el órgano encargado de la ejecución de la misma", que no es otro que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Previamente, la Audiencia sevillana había denegado ya la suspensión de las penas de cárcel, en el caso de ocho de los nueve condenados a prisión, entre ellos José Antonio Griñán.Tanto fuentes judiciales como jurídicas han precisado a Europa Press que la admisión a trámite "no suspende ni paraliza" el proceso ejecutorio que ordena el ingreso en prisión del dirigente socialista. En este sentido, se recuerda que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene pendiente de resolver el recurso de súplica de la defensa de Griñán contra la denegación de su petición de suspender el ingreso en prisión.Las mismas fuentes han asegurado que los magistrados del Alto Tribunal han dado traslado del incidente de nulidad de Griñán a la Fiscalía y al resto de partes en el procedimiento –la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce el PP andaluz– para que se pronuncien al respecto. Los magistrados escucharán a las acusaciones antes de decidir sobre el incidente de nulidad del expresidente andaluz.En su mencionado recurso de súplica, Griñán solicitó a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ampliar en "tres meses" el plazo de 10 días fijado para su ingreso voluntario en prisión. Según alegó su defensa, es necesario "evitar un cumplimiento (de la pena de cárcel) que pudiera ser fallido, indebido innecesario o improcedente".El abogado del dirigente socialista insistió en que si le fuera concedido el indulto parcial o si se estimara la cuestión de nulidad por la que se interesa la reducción de la pena a dos años, "el ingreso en prisión que se ordena resultaría fallido, indebido o improcedente".La solicitud del expresidente de la Junta tuvo lugar dos días después de que la Audiencia de Sevilla denegara su petición de suspensión de pena y anunciase un plazo de 10 días para su ingreso voluntario en prisión, pero una vez firme dicho auto, que como ha sido señalado ha sido recurrido en súplica.Los magistrados del Supremo estudiarán el incidente de nulidad presentado por Griñán tras concluir en su sentencia que el dirigente socialista tenía "conocimiento de la ilegalidad" del sistema implantado, señalando su "pasividad" ante el "despilfarro y la arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas.El tribunal consideró que Griñán "tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos". "Es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios", añadía la sentencia.En la resolución, no obstante, se emitió un voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal, respecto a las tipificaciones aplicadas a Griñan y otros condenados.
2 d
eldiario.es
Shakira acusa a Hacienda de "utilizarla" como ejemplo y de vulnerar su intimidad
Dura réplica de Shakira a la acusación de fraude fiscal. La cantante ha arremetido contra Hacienda, a la que acusa de "utilizarla con fines ejemplarizantes" ante la población, hasta el punto de "vulnerar" su derecho a la intimidad mientras la investigaba por evasión de impuestos. Frente a la tesis de que defraudó 14,5 millones, la artista realiza su propio cálculo y asegura que ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo desde 2011.Fiscalía, Abogacía del Estado –que representa a Hacienda– y la Generalitat mantienen que la cantante eludió el pago del IRPF y el impuesto autonómico de Patrimonio entre 2012 y 2014 pese a saber que estaba obligada a tributar en España al residir más de la mitad del año en nuestro país, donde ya vivía en la casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué a través de una sociedad. El Ministerio Público pide hasta ocho años de cárcel.En su escrito de defensa, los abogados de Isabel Mebarak, Shakira, defendida ahora por el bufete Molins de Barcelona, reprochan a Hacienda haber montado una "campaña mediática" con el único objetivo de "forzar" a la cantante para que, "a pesar de su inocencia, se declare culpable y llegue a una conformidad con las acusaciones".Para la defensa, la Agencia Tributaria ha actuado con "afán recaudatorio" y con el "inaceptable propósito" de "instrumentalizar" a la cantante colombiana con "fines ejemplarizantes para el resto de contribuyentes españoles", y para ello ha llevado a cabo "inusuales actuaciones" durante la investigación del caso.
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