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Negreira rechaza declarar al juez por los pagos millonarios que recibió del Barça
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que investiga los pagos millonarios que durante años le hizo el F.C. Barcelona y que el magistrado sospecha que fueron un soborno a cambio de favores arbitrales.El excolegiado ha comparecido como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durado apenas un par de minutos y en la que Negreira ha comunicado que se acogía a su derecho a no declarar, sin entrar en más detalles de por qué guardaba silencio.El juez acordó en enero pasado la comparecencia como investigado de Negreira tras concluir que, pese a que sufre un deterioro de memoria a su avanzada edad, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado, en contra de lo que alegó su defensa, si bien este martes ante el magistrado no ha aludido a su estado de salud, según las fuentes.Negreira ha acudido al juzgado acompañado de su esposa y custodiado por agentes de los Mossos d’Esquadra, en medio de un enjambre de cámaras para captar su llegada y salida de la Ciudad de la Justicia.El exvicepresidente del CTA ha sido el primero de los investigados de este caso que comparece ante el juez, que en la causa mantiene imputados entre otros al actual presidente del Barça, Joan Laporta (para el que la Fiscalía ha pedido archivar el caso) y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.Los imputados han empezado a desfilar por el juzgado de Aguirre mientras la Audiencia de Barcelona debe decidir todavía el rumbo definitivo del caso: la Fiscalía y las defensas han recurrido la decisión del juez de investigar el caso por un delito de cohecho, que de confirmarse llevaría el caso a juzgarse en jurado popular.Por contra, si los jueces descartan el cohecho y limitan la causa a los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se les atribuían, el caso Negreira lo juzgaría un tribunal de magistrados de la Audiencia de Barcelona.El juez sospecha que los pagos del FC Barcelona al exárbitro y a su hijo -cerca de 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018- pudieron obedecer a una “forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol”, en un contexto de una “posible corrupción sistémica en el seno del CTA” en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.Negreira fue sometido a una exploración por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCF), tras encargarlo el magistrado para contrastar el informe que había presentado su defensa, que alegó que el exárbitro, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo que le incapacita para poder afrontar un proceso penal.El juez instructor encargó esa exploración para confirmar no sólo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también para determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio.
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Putin nombra un nuevo jefe de la Armada tras los ataques ucranianos contra la flota rusa en el mar Negro
El comandante de la Flota del Norte, Alexandr Moiséyev, ha sido designado este martes jefe interino de la Armada rusa, días después de que trascendiera en la prensa la destitución de su antecesor, Nikolái Yevménov, tras el hundimiento por Ucrania de varios buques de la Flota del mar Negro.La agencia oficial RIA Nóvosti ha publicado en Telegram una foto de Moiséyev y un vídeo de la ceremonia, celebrada en el puerto báltico de Kronstadt, junto a un submarino de la Armada.Moiséyev, de 61 años, ya fue anteriormente jefe de la Flota del mar Negro, cargo que ocupó hasta 2018, pero en 2019 fue designado comandante de la Flota del Norte.El 10 de marzo pasado el diario 'Izvestia' y el portal digital Fontanka informaron de que Yevménov, quien estaba a cargo de la Armada desde 2019, había sido reemplazado por Moiséyev tras el hundimiento de varios navíos rusos en el mar Negro, una información que el Kremlin no confirmó ni desmintió.Con misiles y drones navales y aéreos de fabricación propia, Ucrania ha logrado destruir desde el comienzo de la guerra un tercio de los buques de la Flota del mar Negro, que tanto daño le causó en los primeros meses de hostilidades tras la invasión rusa.Kiev destruyó en febrero el buque de desembarco ruso 'Caesar Kúnikov' y la corbeta portamisiles "Ivanovets" cerca de las costas de la anexionada península de Crimea, y a principios de mes también hundió la corbeta 'Serguéi Kótov'.Según la inteligencia militar ucraniana (GUR), siete marineros rusos murieron en ese ataque perpetrado con drones navales Magura V5.Los buques rusos, algunos de los cuales fueron trasladados el pasado año desde Crimea a puertos en la Rusia continental, no se adentran desde hace días en el mar Negro por motivos de seguridad.
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La boda de Almeida condiciona la fecha de la investidura de Alfonso Rueda en Galicia
El PP de Galicia se ha encontrado con que el calendario del Parlamento autonómico puede hacer coincidir la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta con la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el próximo 6 de abril. Esa posibilidad obligaría a los cargos del partido a elegir entre ir a una u otra cita y está condicionando a los populares gallegos, según publica el diario La Voz de Galicia. Acaba de arrancar la XII legislatura, pero no se ha fijado todavía la jornada para que Rueda vuelva sea elegido en la Cámara y se formalice el cargo. Es habitual que, una vez constituido el Parlamento, su presidente -por tercera legislatura consecutiva es Miguel Santalices (PP)- haga una ronda de contactos con los grupos para retomar la actividad. En este caso, coincide que hay un periodo festivo por el medio, la Semana Santa, que ya llevaba la investidura, como mínimo, al arranque de abril. De programarse para esos primeros días del próximo mes y seguir el modelo aplicado tras las elecciones de 2020, la toma de posesión sería el mismo día que la boda de Almeida, que se casará con Teresa Urquijo. Hace casi cuatro años, el discurso de Alberto Núñez Feijóo fue el 1 de septiembre, un martes. La réplica de la oposición fue dos días después. Ese mismo día fue la votación con la que salió elegido presidente y la toma de posesión fue el 5, un sábado.Con una boda a la que es previsible que tenga intención de acudir la cúpula del partido, el PP gallego considera también como opción que la investidura de Rueda sea la segunda semana de abril para hacer compatibles las dos citas.Estas consideraciones han sido criticadas por la líder de la oposición. Ana Pontón, la portavoz nacional del BNG, ha compartido en su cuenta de X (antes Twitter) el artículo de La Voz de Galicia y ha manifestado que "parece un titular de El Mundo Today, pero no". "Estas son las prioridades de Rueda con Galicia", añade.
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La Comunidad de Madrid prepara una subida en los precios del transporte público después de dos años de descuentos
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, ha confirmado este martes que el Gobierno regional estudia revisar al alza las tarifas del transporte público para destinar lo que se recaude a inversiones.Así lo ha manifestado durante su intervención en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, donde ha indicado que se trata de una medida que estudia conjuntamente con el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo."Lo que no se puede es hacer imposibles", ha señalado la consejera, quien ha hecho hincapié en que es necesario hacer esta revisión si se quiere mantener "el nivel de inversión" en Metro, que es uno de "los mejores de Europa" y está entre los "del mundo".Albert ha indicado que hay que seguir ayudando a los que "realmente lo necesitan", pero "a lo mejor parte de la subvención que fue como consecuencia de la pandemia debe revertirse y debe utilizarse para esas inversiones". En todo caso, aún no ha adelantado con qué horizonte temporal trabajan.La Comunidad de Madrid lleva casi dos años aplicando descuentos en las tarifas de los abonos de transportes que han llegado hasta el 60% de su precio, fruto de las políticas puestas en marcha desde el Gobierno central para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
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La consejera de Hacienda, sobre la pareja de Ayuso: "A veces se producen discrepancias" con la Agencia Tributaria
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha asegurado que "por supuesto que a veces se producen discrepancias" con la Agencia Tributaria, respecto a las últimas informaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que defraudó 350.951 euros a Hacienda. Sin embargo, esas "discrepancias" a las que se refiere Albert no son tales, ya que existe una denuncia de la Fiscalía en el juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Ambos, además, reconocidos por el propio novio de la presidenta autonómica, Alberto González Amador.Durante su intervención en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, Albert ha indicado, en la misma línea que la presidenta regional, que esas supuestas "discrepancias" deben ser "completamente privadas" y que "no se puede jugar con la privacidad de una persona individual que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid". Como también hizo Ayuso, Albert ha criticado que se utilice "como un arma arrojadiza" estas informaciones y ha asegurado que el objetivo es encender "el ventilador para ver si tapan otras tramas" en las que sí que hay "dinero público". En la misma línea, la presidenta de la Comunidad habló de un intento de "la izquierda y sus terminales mediáticas" por desprestigiarla."Hoy leía que (Salvador) Illa hizo destruir 7.000 y pico mascarillas sabiendo que no funcionaban, pues eso sí que es una trama. Lo otro son asuntos particulares de cada individuo que deberían dejar a cada individuo que lo resuelva con quien corresponde, que es con la Agencia Tributaria", ha zanjado.“Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, escribió el abogado de González Amador en un correo en el que puede leerse que el letrado aseguró que conocía que la Fiscalía había recibido una denuncia de la Agencia Tributaria sobre los dos posibles delitos fiscales“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert (sic) González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal”, sostiene el abogado de la pareja de Ayuso, que reconoce que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y expone su voluntad de “proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria.
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Una comisión de la Eurocámara pide equiparar catalán y castellano en las aulas de Catalunya con el voto protesta de los progresistas
Es una de las comisiones más politizadas de la Eurocámara. Los presidentes de la institución, el fallecido David Sassoli y Roberta Metsola, han recibido esta legislatura sendas quejas por el uso que hace la presidenta del organismo, Dolors Montserrat. El último episodio del choque fue la misión enviada a Catalunya para analizar el sistema de inmersión lingüística a raíz de una queja presentada por la Asociación para la Educación Bilingüe (AEB) y que plantaron las fuerzas progresistas. A la hora de votar el informe, que pide igualar el trato del castellano y el catalán yendo más allá del 25% que estableció la justicia, se ha producido un voto protesta de esas formaciones, que han participado de manera simbólica. El texto, que ha salido adelante con 19 votos a favor y seis en contra, se ha endurecido incluso respecto al informe inicial, que elaboraron las fuerzas de la derecha, al hacer un "llamamiento a las autoridades catalanas para que no obstaculicen la ejecución de esta sentencia" que fija un mínimo de la enseñanza en castellano en el 25%. PP, Ciudadanos y Vox han celebrado la aprobación del informe, que no tiene ningún efecto jurídico vinculante. "Ha ganado la democracia, la Constitución y el estado de derecho", ha dicho la eurodiputada conservadora Rosa Estarás, que ha agregado que el informe "garantiza el cumplimiento de la sentencia del Supremo que viene a decir que, cuando hay bilingüismo, al menos el 25% de una de las lenguas tiene que impartirse en las aulas". No obstante, el informe va más allá al pedir que se equiparan las dos lenguas. "Hoy empieza el final del tabú de la política lingüística de Catalunya, de los secesionistas", ha señalado la parlamentaria de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, que ha felicitado a Montserrat por su labor. "Gracias a Vox, el Parlamento Europeo condena y repudia el régimen de apartheid lingüístico en Catalunya", ha expresado en X (antes Twitter) su portavoz, Jorge Buxadé.Por parte de los socialistas, sólo ha participado Cristina Maestre, que ha votado en contra. "He participado yo sola como coordinadora. No hemos querido dar plantón total por una cuestión de decoro institucional. El resto se miembros, especialmente los que representan a otros estados miembros, han preferido ausentarse para simbolizar el hartazgo por la manipulación interesada de determinados asuntos españoles", explica a elDiario.es.La eurodiputada de ERC Diana Riba (Los Verdes) también ha sido la única que ha participado de su grupo y ha asegurado que se trata de una "pantomima" y ha recordado que "no tiene ninguna efectividad". El parlamentario de Junts Toni Comín ha optado directamente por no votar. "Es un gran día y nos sentimos satisfechos (....). Esperamos que este informe sea un punto y aparte. Sabemos que la inmersión no va acabar con este informe, pero hemos agurejeado el buque de la inmersión y esperamos que ayude a que se hunda", ha expresado la presidenta de la Asociación por la Educación Bilingüe, Ana Losada. La visita de los eurodiputados a Catalunya se llevó a cabo a mediados de diciembre de 2023 y estuvo envuelta en polémica. No solo porque los grupos de izquierdas se negaron a participar, sino porque recibió acusaciones por parte de la comunidad educativa catalana de estar sesgada hacia posiciones contrarias al modelo lingüístico escolar de la Generalitat. La misión, presidida por la estonia Yana Toom, del grupo liberal Renew (al que está afiliado Ciudadanos), acusó por su parte que el Departamento de Educación de supervisar sus entrevistas con personal de centros educativos para coartar sus respuestas. “No fue un intercambio libre de puntos de vista”, lamentó en una rueda de prensa en las oficinas del Parlamento Europeo en Barcelona.
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Dani Alves insiste en que no huirá y pide quedar libre mientras se resuelven los recursos a su condena
El futbolista Dani Alves, en prisión provisional y condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, ha pedido este martes quedar libre mientras se resuelven los recursos contra su sentencia y ha reafirmado su compromiso de que no huirá. "No me fugaré, confío en la Justicia", ha dicho Alves por videoconferencia desde la cárcel de Brians 2, donde permanece desde el 20 de enero de 2023.Ante la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, el mismo tribunal que condenó al jugador, se ha celebrado este martes una vistilla para decidir si, como pide la defensa del futbolista, Alves puede quedar libre mientras el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resuelve los recursos que tanto la Fiscalía como la defensa de la víctima y la de Alves han interpuesto contra la sentencia.Según fuentes jurídicas, la defensa del jugador, que ejerce la letrada Inés Guardiola, ha argumentado que la pena de cuatro años y medio de cárcel (de la que ya ha cumplido un año y dos meses en preventiva) difumina el riesgo de fuga que la Justicia apreció durante la fase de instrucción.Con la sentencia del pasado mes de febrero, alega la defensa de Alves, las cosas han cambiado: la pena se situó por debajo de los cinco años de cárcel, que suelen marcar el umbral de gravedad de las penas, y el jugador ya ha cumplido más de un cuarto de la misma en preventiva.Como ha ocurrido a lo largo de todo el procedimiento, la fiscal Elisabet Jiménez y la acusación de la víctima, que ejerce la letrada Ester García, se han opuesto a la petición de libertad provisional al entender que el futbolista todavía un elevado riesgo de fuga. En otras palabras, que si queda libre huirá a Brasil, dados sus elevados medios económicos (que la defensa desmiente).Las acusaciones han recordado además que, aunque el futbolista ya haya cumplido más de una cuarta parte de la pena de cuatro años y medio de cárcel, la condena todavía no es firme y tanto la Fiscalía como la víctima piden elevarla a nueve y doce años de cárcel respectivamente. Ello hace, según la tesis de las acusaciones, de que el riesgo de fuga no se haya borrado por mucho que la condena en primera instancia haya sido más baja que la solicitada por las acusaciones, ya que el jugador todavía se expone a una larga temporada en prisión si prosperan sus recursos.El tribunal de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona emitirá su decisión con un nuevo elemento que los togados de la sección 3ª (los que negaron la libertad del jugador todas las veces que lo pidió en fase de instrucción) no tenían: la pena de cuatro años y medio de cárcel que impusieron a Alves. Al haber recurrido la condena en primera instancia ante el TSJC, Alves todavía se encuentra en prisión preventiva, una medida cautelar hasta que haya sentencia firme de un máximo de dos años de duración. El jugador ya ha cumplido un año y dos meses, que es el tiempo que lleva en prisión preventiva. Todo este periodo se le tiene que descontar del cumplimiento de la pena una vez su sentencia sea firme.Pero la próxima sentencia del TSJC también se podrá recurrir ante el Supremo. Si la sentencia firme del caso Alves no está lista para el próximo mes de enero de 2025, los tribunales deberán excarcelar igualmente al futbolista al haberse cumplido los dos años que, como máximo, autoriza por norma general a un interno a permanecer en prisión preventiva.
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Madrid: una emergencia habitacional
Si atendemos a los datos que conocemos, la vivienda es el principal factor de exclusión y segregación social en la ciudad de Madrid y la dificultad de acceso a la misma, uno de los mayores obstáculos a la hora de definir un proyecto de vida. La vivienda, la educación y la sanidad, son los tres pilares más importantes del estado del bienestar, y las bases materiales de la calidad de vida; y la vivienda es, en singular, la pieza clave de mediación entre el desarrollo económico y la equidad social. Especialmente si hablamos de los jóvenes, sea cual sea el distrito de la capital, las estadísticas apuntan a que los datos de acceso a una vivienda de alquiler empeoran año a año, generándose una mayor brecha entre las demandas de los madrileños y la oferta que el mercado proporciona. La vivienda inasequible es una de las causas determinantes del retraso en la edad de emancipación y el hundimiento de la natalidad.La tremenda emergencia habitacional requiere desplegar todas las herramientas al alcance de la administración para poner en marcha políticas de choque y movilizar así el conjunto de viviendas susceptibles de ser recuperadas para el alquiler asequible.La Ley por el Derecho a la Vivienda, promovida por el Gobierno de España y vigente desde hace casi un año, pone en marcha iniciativas para, entre otros aspectos, controlar el incremento de los precios del alquiler. En el caso de la ciudad de Madrid, este dato es desorbitado: el precio medio del alquiler de una vivienda en Madrid se ha incrementado por encima del 20% en los últimos 2 años (fuente: informe de evolución del precio de la vivienda de alquiler en Madrid de febrero de 2024 de Idealista). La reciente puesta en marcha del Índice de Precios de Referencia para el mercado del alquiler ha transparentado una situación que estaba en boca de todos: Madrid necesita ser declarada mercado residencial tensionado.Pero ¿qué es una zona tensionada del alquiler? Se trata de áreas en las que, debido a las particulares condiciones del mercado de vivienda existe el riesgo de oferta insuficiente para la población. Considerando, además, que el esfuerzo que el alquiler suponga sobre los ingresos mensuales de la unidad familiar no debe superar el 30%. Usera, Centro, Puente de Vallecas y Carabanchel lideran el ranking de los distritos en los que mayor porcentaje de renta media localizada hay que emplear en arrendar una vivienda, todos por encima del rango establecido como máximo. Otros distritos como Villaverde, Vicálvaro, Tetuán, San Blas-Canillejas o Arganzuela rozan ese límite. La ciudad de Madrid se encuentra entre los mercados de vivienda de alquiler donde el índice operaría con claridad conteniendo los precios y por tanto favoreciendo el acceso a la vivienda al conjunto de población en dificultades. El índice operará únicamente si la Comunidad Autónoma solicita ser declarada zona tensionada según lo establecido en la ley nacional, y lo hará fijando el valor superior de la renta en los nuevos contratos de alquiler de vivienda de grandes tenedores y de aquellas viviendas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años. Cabe entonces pensar en la hipótesis de que eso suceda y plantearse el parque residencial sobre el que la aplicación tendría efecto.Existen en Madrid casi 20.000 viviendas destinadas al alquiler turístico de las que un altísimo porcentaje se encuentra en situación irregular si atendemos al Plan de Hospedaje municipal vigente desde 2019. Cabría preguntarse por qué el Ayuntamiento no ejerce su labor de inspección y vigilancia del cumplimiento de sus propias ordenanzas. Pero cabría aún una pregunta más interesante y con mayor perspectiva: ¿cómo afectaría al mercado del alquiler de Madrid la inclusión de casi 19.000 viviendas que quedarían necesariamente reguladas por el nuevo índice? Está quizá aquí una de las claves de la futura política municipal de vivienda: establecer y desarrollar los mecanismos para que ese trasvase se produzca.19.000 viviendas multiplican aproximadamente por 10 el número de viviendas que el Ayuntamiento de Madrid a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo está promoviendo en este momento. Y lo hace de manera casi instantánea frente a otros planteamientos, necesarios también, que establecen programas de desarrollo a medio y largo plazo a través de nuevas promociones.Lejos de encontrar la única solución a la vivienda en Madrid en las grandes operaciones urbanísticas desarrollistas que se han promovido en los últimos treinta años, nuestros barrios ya consolidados requieren ser el foco en el que se fomenten políticas alternativas que conduzcan a mejorar el acceso a la vivienda de nuestros vecinos.Desde la regeneración del parque residencial existente, a la movilización por parte de la administración de viviendas no habitadas; desde la promoción en pequeña escala, mediante la constitución de comunidades acordes a la dimensión del tejido urbano, a la implantación de diversos modelos de vivienda asistencial que cubran necesidades específicas de nuestros mayores y jóvenes. Desde un pensamiento innovador, pero fundamentalmente cercano, las soluciones deben buscarse en el crecimiento y consolidación sostenido de nuestra ciudad en busca de una mejora de los entornos urbanos a través de la mejora de los entornos domésticos, hacia una prosperidad que permita que la vivienda deje de ser la primera preocupación de nuestros vecinos para constituirse en su principal orgullo.
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Motosierra, licuadora y provocaciones: Milei cumple 100 días en el Gobierno argentino
Los primeros 100 días de Javier Milei en el Gobierno argentino dibujan un escenario recesivo y de pérdida de poder adquisitivo de los salarios con pocos precedentes en la historia. La otra cara de esta realidad es que el ultraderechista conserva el apoyo de cerca de 50% de la población y todavía cuenta con capital político para avanzar con profundas reformas neoliberales y llevar al Estado a su mínima expresión, ya que lo considera “peor que la mafia”. El pistoletazo de salida de Milei, a tres días de asumir la Presidencia, fue una devaluación draconiana de 54,3%, que disparó el peso desde 379 por dólar a 808. Como consecuencia, los precios generales subieron 71,3% entre diciembre y febrero, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino.El movimiento de pinzas de este economista formado en universidades privadas de raigambre libertaria fue levantar todo tipo de controles, desde acuerdos de precios de alimentos, la ley de góndolas y la regulación de abusos de posición dominante. Las alarmas sobre cuándo se agotará la tolerancia están encendidas en el Ejecutivo. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo puso en palabras durante un rapto de sinceridad en el Summit 2024 de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, el pasado 12 de marzo pasado. “Imaginen a alguien que llega raspando a fin de mes. Uno le está contando que este modelo es mejor que el otro, entonces sacamos Precios Justos, sacamos la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y, de repente, va al super y ve que las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, y dice ‘guau. ¿ése es el modelo?’ No puede estar bueno”, dijo Caputo. Las risas nerviosas de un auditorio en el que el ministro se sentía como en casa fueron elocuentes.“Estos primeros cien días mostraron un dogma liberal ortodoxo que se tradujo en un descenso de 40% del gasto público en términos reales. Un jubilado que cobraba 100 hace un año, hoy cobra 60”, dice a elDiario.es Haroldo Montagú, exviceministro de Economía durante el primer tramo del Gobierno de Alberto Fernández y economista jefe de la consultora Vectorial. “La ortodoxia no es total, porque el Gobierno interviene un precio: los salarios”, puntualiza Montagú. Con las empresas y los comercios liberados de toda atadura, Caputo autorizó subidas para la administración pública muy por debajo de la inflación e intervino para que el sector privado hiciera lo propio, con el fin de bloquear una puja distributiva que a su vez dispare nuevas alzas de precios. El ministro ordenó al Ministerio de Trabajo que no avale negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos que rubriquen alzas de salarios superiores a 16% en marzo y 9% en abril, pese a que la erosión reciente en los ingresos de los trabajadores ha sido evidente. El Gobierno peronista de Fernández otorgó durante todo su mandato aumentos y sumas fijas para que las jubilaciones más bajas (cerca del 50% de unos 6 millones de adultos mayores con pensión estatal) no perdieran poder adquisitivo frente a la inflación, que llegó a 211% en 2023. El ultraderechista quebró esa tendencia. Para los programas sociales, la política ha sido la misma, cuando no su eliminación. El combo de precios por el elevador y salarios por la escalera se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo para el sector privado registrado entre diciembre y enero de 27,1%, según el Centro Latinoamericano de Geopolítica, con base en datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino. Entre el tercio de trabajadores en negro, el descenso en sus ingresos fue mucho mayor. A su vez, la caída se monta sobre el 20% que perdieron los salarios con el conservador Mauricio Macri (2015-2019) y el 8% con Fernández (2019-2023). El proceso se completa con una suba de precios valuados en dólares en la cesta del supermercado. Durante años, la Argentina fue un país marcadamente más barato que sus vecinos Brasil, Uruguay y Chile, con excepciones puntuales en los rubros de indumentaria y electrónica. Como el dólar se encuentra estable desde la devaluación de diciembre y los precios se dispararon, la cesta equipara a una similar de España, y a este ritmo, pronto alcanzará a la de países del norte de Europa. En una entrevista concedida en febrero, Milei le puso marco a su plan de Gobierno: “La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. El déficit cero no se negocia”. “El programa consiste en una licuadora para los ingresos, el gasto social y presupuestos estatales, como el de las universidades, y de motosierra para la obra pública y las transferencias a las provincias”, indica Montagú. Durante el Gobierno de Fernández, las jubilaciones, pensiones y la asignación universal para todos los jóvenes menores de 18 años representaban 45% del presupuesto del Estado nacional argentino, y los subsidios a la energía, 8%. Los renglones de transporte, salud, asistencia social y educación tenían un peso de 6% y 4% cada uno, de acuerdo al presupuesto 2023. La baja en jubilaciones, subsidios y planes sociales de la magnitud implementada era más que suficiente para eliminar el 2,9% de déficit fiscal primario sobre el PIB del año pasado, el nudo del problema que lastró al Gobierno peronista de Fernández. Milei se propuso que el ahorro sea de 5% del PIB.El programa de Milei se encuentra en un momento bisagra. Los indicadores sociales son devastadores —la pobreza habría aumentado entre diez y quince puntos porcentuales desde diciembre—, pero el Gobierno exhibe como logros que la inflación de febrero fue de 13,2%, cuando muchos economistas, apenas ocurrida la devaluación, habían prenunciado el doble para cada uno de los meses del primer trimestre de 2024. Además, el ministro Caputo, un ultraliberal que ya ocupó un puesto en el gabinete de Macri, celebra que el Banco Central está recuperando reservas y que hubo superávit fiscal en enero y febrero. Si la inflación cede y las reservas se refuerzan, Milei podría tomar impulso hacia la dolarización. “Ése es su plan, pero no es sostenible ni siquiera en los términos de este Gobierno”, dice Montagú. La incipiente recuperación de reservas en el Banco Central —otro nudo que ni los Kirchner, ni Fernández ni Macri pudieron resolver—, se hace sobre la base de postergar el pago de importaciones, mientras que el déficit fiscal fue reducido con rebajas salariales abismales y otras cuentas impagas, como la del sistema de generación eléctrica, que llevó a las empresas a denunciar un riesgo inminente de colapso. Para Montagú, a Caputo se le hará difícil juntar los dólares que necesita y las demandas sociales se tornarán insostenibles a este ritmo de motosierra. “Vivimos una realidad de la pandemia o de 2001 (crisis de colapso de la convertibilidad neoliberal de Menem). El control de precios vía recesión tiene un límite”, explica. La guerra que proclama el Gobierno ultraderechista es contra “la casta”, “los delincuentes que viven del Estado” y “la política”. Por ello, el presidente dedica la mayor parte de su tiempo en ganar la “batalla cultural”. Así, el padre de cuatro perros y el espíritu de un quinto fulminó la agencia estatal de noticias Télam, cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, degradó al Ministerio de la Mujer y está en plena ofensiva contra los programas y sitios de memoria histórica. El Día de la Mujer Trabajadora, 8 de Marzo, la hermana del presidente, tarotista y plenipotenciaria en el Gobierno, Karina Milei, hizo una puesta en escena para reemplazar el Salón de la Mujer de la gubernamental Casa Rosada, que albergaba retratos de escritoras, cantantes y figuras históricas de muy diversa ideología, por el Salón de los Próceres: todos hombres del siglo XIX, a excepción de uno, Carlos Menem, el presidente neoliberal peronista (1989-1999) al que Milei admira. La batalla es cotidiana y Milei y sus aliados de los medios, concentrados en los principales grupos de comunicación, Clarín y La Nación, no ahorran golpes bajos. La cuenta de X del presidente argentino es una letrina de agravios e insultos, y un compendio de amenazas a sus rivales, por lo que él mismo escribe, pero más aún por lo que retuitea y gusta, con frecuencia, en trasnoche. El mandatario se mete también con pilares de la identidad argentina que han desarrollado profundos lazos con el mundo y que cuentan con un grado de aceptación que trasciende fronteras ideológicas. La agencia científica estatal (Conicet) y las universidades públicas están sufriendo un ataque presupuestario devastador. Decanos, docentes e investigadores alertan que cuentan con fondos operativos para meses o semanas, además de un gran retraso salarial de su personal, mientras laboratorios estatales denuncian la carencia de insumos para investigación básica y se interrumpen programas de cooperación académica con el exterior. “Tememos que Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes y futuros líderes de la ciencia… Argentina tiene una base científica notable sobre la cual construir”, escribieron 68 premios Nobel de Medicina, Química, Física y Economía en una nota pública el 7 de marzo. Milei y sus funcionarios se montaron sobre una investigación de un docente con amplio recorrido para disparar la motosierra contra el Conicet: “Memoria queer e historieta anal: cuando el cómic nos abre el culo (y nos gusta)” y una ponencia sobre “El ano dilatado de Batman: apuntes para una investigación sobre archivos de odio y borramiento de las disidencias sexo-genéricas”. Esas investigaciones, tituladas con gancho como es propio de sistemas científicos en todo el mundo, habilitaron un linchamiento virtual y un hashtag de las redes ultraderechistas contra el Ñoquicet, como deformación de Conicet (ñoqui, en Argentina, es el empleado público que no trabaja).Otro tanto ocurre con el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Las nuevas autoridades del organismo planean despidos masivos, el cierre de salas para cine argentino, latinoamericano y de arte en todo el país, el fin de los festivales de Mar del Plata y Ventana Sur, y el abandono de la plataforma y canal Cine Ar. Un pecado denunciado por los trolls del Gobierno es que el INCAA subsidió con US$ 55.000 la película chilena Los Colonos, que Chile postuló a los premios Oscar y fue exhibida en Cannes. Los Milei también circunscribe su política internacional a sus guerras simbólicas. Su único punto de contacto con el exterior parecen ser las ultraderechas de Israel y Estados Unidos. A ambos países viajó para ser homenajeado por organizaciones y políticos extremistas. En un hecho que no registra antecedentes, el presidente argentino sólo visitó dos provincias argentinas en tres meses de mandato. Por un temporal ocurrido apenas asumió, fue a Bahía Blanca y en el verano se extendió hasta Mar del Plata, ambas ciudades de la provincia de Buenos Aires. También viajó a Corrientes para disertar en una institución ultraliberal. Las encuestas indican que Milei tiene imagen positiva para entre 40% y 55% de los argentinos, y que la desaprobación alcanza porcentajes similares. El analista Gustavo Córdoba, de la firma Zubán & Córdoba, advierte que la aprobación desciende abruptamente cuando los ciudadanos son consultados sobre medidas concretas, como los aumentos en las tarifas, el transporte y la medicina privada, los topes a las subas salariales, la parálisis de la obra pública y otros grandes trazos de la política libertaria. El rumbo general de la economía y la percepción sobre la realidad del hogar propio arrojan números que deberían ser preocupantes para un gobernante e incompatibles con una imagen tan positiva. En cambio, Milei gana terreno cuando la pregunta es sobre tópicos feministas, la lucha contra “la casta” y “los políticos”, la mano dura policial, la prohibición de los piquetes y la eliminación de oficinas del Estado. “Por eso es que Milei centra sus batallas en la batalla cultural como una forma de evitar que se debata sobre la economía real”, argumenta Córdoba ante elDiario.esOtro aspecto sensible en la valoración, tanto pública como de la elite económica que lo apoya, es que el Gobierno de Milei se está demostrando inoperante para lograr avances legislativos concretos. En tres meses, sus victorias al respecto son nulas. El ultra basó su acción de Gobierno en dos instrumentos. Un decreto de necesidad y urgencia y la ley Bases. Entre ambas, sumaban unos mil artículos que modificaban cientos de leyes, desde superfluas, como que los jueces usen toga, hasta estructurales, como privatizaciones masivas, liberalización para tomar deuda y habilitación de la ejecución de delincuentes en ocasión de robo. Tres meses más tarde, la ley Bases naufragó en la Cámara de Diputados, que se divide en un tercio de oficialistas, otro tercio algo mayor de opositores duros (peronistas e izquierda) y otro tercio de centroderechistas y partidos provinciales, con tendencia mayoritaria a colaborar con el Gobierno. Una ley tan amplia empantanó el debate. Milei les dijo “ratas” y “traidores” a los legisladores del tercio indeciso y retiró el proyecto el 7 de febrero. Con el decreto de urgencia, que debe ser rechazado por el Senado y Diputados para ser revertido, pasa algo parecido. Varios tribunales concedieron recursos de amparo y suspendieron artículos, sobre todo los referidos a una reforma laboral ultraliberal, porque afectarían derechos constitucionales. A su vez, el Senado rechazó el decreto el 14 de marzo por amplia mayoría, y resta ver qué ocurrirá en Diputados. “Milei sigue teniendo crédito, básicamente porque hay cierto consenso en que las medidas que vino tomando implican un sacrificio unos meses para después transformarse en algo positivo. Diría que no perdió a uno de la base electoral del 30% que lo votó en primera vuelta y muy poco del 56% que alcanzo en balotaje”, dice a elDiario.es Javier Caches, director de proyectos de la consultora Opina Argentina. La noción que prevalece es que “los errores del kirchnerismo y el macrismo nos trajeron hasta acá y apenas pasaron tres meses desde que asumió Milei”, agrega el analista. “Hay trabajadores con sindicatos fuertes, como los docentes, que leen esa fortaleza y piensen dos veces antes de ir a un paro, aunque el ajuste sea draconiano”, dice Caches. En particular, el director de Opina Argentina sitúa el apoyo a Milei en hombres jóvenes de entre 16 y 29 años, con amplio acceso al mundo digital, antifeministas, adversos al mundo de la cultura y de la política que perciben tradicional, que se sienten contenidos y a la vez son impulsores del desvío del eje a esos temas. Todos los analistas mencionados coinciden en que Milei no tiene garantizado el aval popular por mucho tiempo. Que la reacción ante los recortes haya sido llamativamente contenida, más allá de algunas protestas sectoriales y dos manifestaciones masivas —el paro general del 24 de enero y la protesta feminista del 8 de marzo—, no significa que la respuesta ante la motosierra y la licuadora se hagan esperar mucho más, sobre todo si no aparecen resultados concretos. Aun con el índice de inflación de febrero mejor de lo esperado, el 13,2% sigue siendo más alto que cualquier mes de los Gobiernos de Fernández, Macri y Kirchner. “Desde la crisis de 2001, el aprendizaje de la dirigencia fue comprar paz social a través de planes de transferencia de ingresos y una vasta red de asistencia en los barrios con organizaciones sociales. Milei corta ese vínculo de intermediación y pierde un termómetro”, completa Caches. Los últimos años estuvieron marcados por trasvases electorales inesperados, aunque no hubo lugar para protestas masivas que se les fueran de las manos a los gobernantes, como en Chile, Perú y Colombia. Entre otras causas, por la vastísima red de protección social forjada en Gobiernos de los Kirchner. Lo inadvertido de los giros en la opinión pública estuvo vinculado a la dificultad para medir los sentimientos sociales en los barrios y ciudades más pobres. A la pérdida del termómetro, se suma la novedad del desempleo. Hacia fin de 2023, la tasa de desocupación alcanzó 5%. Si esa tasa se duplica o triplica en poco tiempo, Milei y los suyos deberán renovar el repertorio de tuits.
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Por qué no es lo mismo comer una hamburguesa poco hecha que un bistec un poco crudo
No hay buenas noticias para aquellos a los que les gusta la carne poco hecha. Al menos cuando hablamos de ciertas preparaciones. Aunque las hamburguesas y los filetes o bistecs son carne igual, sus reglas de seguridad alimentaria son bastante distintas. Los microorganismos patógenos pueden estar presentes en los alimentos por varias razones y la contaminación puede producirse durante el procesamiento y la manipulación. Y, como no podemos verlos ni olerlos, no hay forma de saber si están o no, lo que significa que debemos actuar bajo el supuesto de que sí están. Pero no es lo mismo si hablamos del riesgo que comporta un bistec un poco crudo que una hamburguesa.Hamburguesas, steak tartar o carpaccios son preparaciones con las que debemos tener precaución. Aunque su consumo pueda estar de moda, estas elaboraciones a base de carne de vacuno cruda o poco cocinada conllevan un riesgo alto de contaminación. La razón detrás de todo esto es sencilla y lo apunta la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN): "La posible contaminación con microorganismos patógenos como Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC)". ¿Afectan de la misma manera a un bistec que a una hamburguesa? Este tipo de bacterias pueden crecer en la superficie de la carne; si un bistec tiene bacterias en el exterior, están en la superficie de la pieza entera de carne, pero el músculo interno es, en gran medida, estéril. Al cocinarlo, cuando lo ponemos en la sartén o en una parrilla caliente, estas mueren porque las altas temperaturas los eliminan y, aunque quede rosado en el centro, es seguro. Sin embargo, con la carne picada es distinto y su superficie es una cuestión más compleja. Cuando molemos la carne, los microorganismos que se encuentran en la superficie se distribuyen por todas partes y se mezclan por completo. Por tanto, durante el proceso de picado, si hay patógenos, estos se pueden introducir en el interior de la pieza y dispersarse por una mayor parte de la carne, más allá de la superficie, de ahí que la carne picada, y cualquier producto elaborado así, como las hamburguesas o steak tartar, tengan un riesgo mayor. A menos que la hamburguesa esté bien cocinada, estas bacterias pueden permanecer vivas en el interior. También lo afirma así la Agencia de Alimentación británica (FSA), que admite que por este motivo un bistec puede servirse medio crudo pero una hamburguesa no, tal y como explican muy bien en este vídeo.La investigación también da sentido a esta particularidad, en concreto un estudio elaborado por las autoridades sanitarias finlandesas, que describe que la carne picada de res cruda como un alimento de alto riesgo por la presencia de E.coli. En este caso, los expertos admiten que cuando se pica la carne, las bacterias de la superficie se mezclan por todas partes, por lo que recomiendan que las hamburguesas se sirvan bien cocinadas en los restaurantes. Según la misma investigación, la proporción de hamburguesas cocinadas al punto y la temperatura a la que se calientan influye en el riesgo de contaminación. ¿Cómo llegan las bacterias a la carne? La bacteria E.coli forma parte de la microbiota del intestino de personas y animales y se elimina a través de las heces. Por tanto, la principal fuente de esta y otras bacterias como Salmonella son los propios intestinos del animal. Existe la posibilidad de que estas bacterias del intestino contaminen la superficie de la carne. Una contaminación que puede ocurrir justo al inicio del proceso, cuando se sacrifica a los animales.¿Esto ocurre con toda la carne? Los riesgos varían en función del tipo de carne ya que las STEC son más comunes en la carne picada de res que en la de aves, mientras que la presencia de Campylobacter es más común en la carne de pavo y pollo picada. Lo mismo que sucede con las hamburguesas también pasa con la carne de pollo que, como explicamos en este otro artículo, puede estar contaminada por distintas bacterias, virus y parásitos que se eliminan con la cocción –la mayoría no sobreviven a temperaturas superiores a los 60ºC.¿A qué nos arriesgamos si no lo hacemos? Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden provocar toxiinfecciones alimentarias graves en las personas, sobre todo mayores, que tengan un sistema inmunológico debilitado, mujeres embarazadas o niños. ¿Cómo podemos preparar las hamburguesas para no exponernos a riesgos? La respuesta es clara: cocinándolas bien. ¿Y cómo lo haremos? Debemos cocinar este tipo de elaboraciones a una temperatura superior o igual a los 70ºC durante al menos dos minutos. En el caso de que la hamburguesa la elaboremos nosotros en casa, es decir, tengamos la carne picada y le demos la forma, una manera de reducir riesgos es eliminar la contaminación superficial salteando la pieza de carne antes del picado. Sabremos que se han cocinado bien si el jugo que sale una vez cocinada es claro.Pero, además de todas estas precauciones a la hora de cocinar, debemos extremar las medidas cuando manipulamos la carne picada. Esto significa que debemos ser especialmente cuidadosos con mantenerla fría, a 4ºC o menos durante todo el tiempo, y cocinarla dentro de los dos días después de comprarla. Pero hay más ya que, para evitar riesgos, no se trata solo de cocinar. Incluso si cocinamos bien una hamburguesa, aún hay riesgo si no manipulamos bien la carne cruda. Esto se debe a la contaminación cruzada, con la que los patógenos de los alimentos crudos se transfieren a los listos para comer. Por tanto, tenemos que ser especialmente precavidos y usar una tabla de cortar solo para las hamburguesas y no ponerlas al lado de alimentos que consumiremos crudos, como la lechuga o unos tomates.¿Qué ocurre si comemos fuera de casa? En este caso, los expertos aconsejan pedir las hamburguesas bien hechas, algo que podremos comprobar mirando que el color interno haya perdido el particular color rojo de la carne cruda. En el caso de preparaciones que se sirven crudas como el steak tartar o el carpaccio es mejor que acudamos a lugares de confianza en los que sepamos que cumplen con las medidas higiénicas adecuadas.
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¿Falta agua o abono? Apps para identificar y cuidar mejor tus plantas
Cuidar de plantas en el hogar ayuda a reducir el estrés psicológico y contribuye a la mejora del estado de ánimo y de la calidad del aire en interiores. Sin embargo, las plantas son seres vivos complejos, y cuidarlas no siempre es tan sencillo. Las plantas necesitan, básicamente, luz, agua, abono y, ocasionalmente, pesticidas para protegerlas de hongos e insectos. Sin embargo, más no es necesariamente mejor, y muchas plantas mueren por regarlas demasiado, exceso de sol o de abono. Además, cada especie y variedad de planta puede tener necesidades diferentes. De manera complementaria a los consultorios o voces especializadas en el cuidado de plantas, las aplicaciones móviles y el análisis de imágenes con inteligencia artificial pueden ser de ayuda a la hora de detectar el estado de estas y lo que necesitan.Las aplicaciones móviles permiten que subamos una foto de nuestra planta, que es reconocida automáticamente por su especie y tipo, y analizada para descubrir cuál puede ser el posible problema: falta de un nutriente en la tierra, demasiada agua, poco sol, etc. Estas son algunas de las aplicaciones para el cuidado de las plantas que puedes añadir a tu teléfono:PlantSnap identifica y te explica cómo cultivar y cuidar tus plantas con instrucciones detalladas. Dispone de una base de datos mundial de más de 600.000 especies de plantas, árboles y setas. Basta con hacer una foto de la planta y la aplicación utiliza reconocimiento de imágenes para identificar la especie. No dispone de análisis y diagnóstico de enfermedades de las plantas, y en su lugar ofrece los consejos de su comunidad de usuarios. Es una aplicación de pago que cuesta 19,99 euros al año, y dispone de una prueba gratuita de una semana.Esta aplicación permite identificar nuestras plantas mediante el análisis de las fotos, añadirlas a la base de datos de nuestro perfil para recordarlas y crear notificaciones para regar y abonar. También identifica las malas hierbas, pájaros e insectos a partir de sus fotos. Además, a partir de las imágenes más detalladas de nuestra planta es capaz de diagnosticar posibles problemas y sugerir soluciones. Cuesta 29,99 euros al año, con una semana de prueba gratuita.Las especies de plantas difieren en la frecuencia de riego, por lo que hacer un seguimiento de cuándo y cuánto hidratar tus suculentas parece desalentador, especialmente si tienes la casa llena de compañeras verdes. Sin embargo, esta es la única opción gratuita, y no dispone de versión de prueba, por lo que para acceder a la identificación de plantas, diagnóstico de problemas o su útil medidor de luz hay que pagar la suscripción anual de 36,99 euros. Aunque la mayoría de las funciones son de pago, la versión gratuita incluye recordatorios de riego, recomendaciones de plantas en función del entorno y la experiencia en jardinería. La versión premium cuesta 7,49 euros por semana, con una semana de prueba gratuita, e incluye el diagnóstico de problemas, calculadora del tamaño de la maceta o medidor de luz, entre otras funciones.Además de identificar las plantas de casa, esta app dispone de extensas guías sobre cómo elegir, plantar y cuidar de las plantas más comunes. Tiene una completa herramienta de diagnóstico que ofrece un cálculo de probabilidades de cuál puede ser el problema de la planta y alternativas para corregirlo.Aunque existe una versión gratuita reducida, es necesario pagar para acceder a las funciones premium como el diagnóstico de la salud de la planta o la programación para regar, fertilizar y cambiar la maceta. También incluye un asistente virtual que responde con las acciones correctivas más habituales. Tiene una versión de prueba de una semana y cuesta 4,99 euros a la semana.
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“El turno es de 12 horas”: la jornada eterna en una residencia de un fondo de inversión que recibe ayudas públicas
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de las Illes Balears ha constatado irregularidades en los registros de la jornada laboral, los descansos semanales y entre jornadas de la empresa mercantil La Saleta Care SL, que gestiona la residencia para mayores en situación de dependencia de Colisée Sa Residència (Eivissa), según desvela en exclusiva elDiario.es. Cabe destacar que la empresa, que está acusada de grave desamparo a los mayores, forma parte del grupo francés Colisée –que explota más de medio centenar de centros de mayores en toda España–, cuyo dueño es el fondo de inversión sueco EQT. La residencia privada recibe 1,2 millones de euros de dinero público del Govern balear por las 84 plazas que tiene concertadas.Las actuaciones de la Inspección de Trabajo han consistido en una visita y comparecencia en la residencia que el grupo francés gestiona en Jesús (municipio de Santa Eulària des Riu) cuyo análisis documental ha concluido que la ITSS actuará “reglamentariamente” en base a lo previsto en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según se desprende del informe de la inspección al cual ha accedido este diario.El documento no desgrana en profundidad las irregularidades que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social considera probadas. Pese a ello, un correo electrónico del 5 de enero de 2024 muestra que Antoni Bauzà, director de Colisée Sa Residència, envió un mensaje al personal laboral que trabaja en la recepción del centro de mayores para informarles de que los turnos de trabajo pasaban a ser de 12 horas al día, con una hora de descanso para comer.“Por otro lado, te informo de que a partir del 1 de enero el horario de los turnos de recepción es de 8:30 a 20:30 horas, realizado por el mismo recepcionista, con una hora de descanso al mediodía para la comida”, sostiene el mensaje de Antoni Bauzà, director de Colisée Sa Residència, que publica en exclusiva elDiario.es. Este diario desconoce si la dirección del centro ha podido enviar correos electrónicos a trabajadores de otras áreas en las que ordene turnos laborales de 12 horas diarias con una hora de descanso. Sin embargo, esta redacción sí ha podido verificar por diferentes fuentes que algunas trabajadoras se están organizando en torno al sindicato UGT porque consideran que se están vulnerando las jornadas laborales, entre otras cuestiones que, presuntamente, la empresa sociosanitaria estaría incumpliendo.El artículo 22 de la legislación laboral en vigor, de medidas derivadas de la actividad inspectora, explica que una vez los inspectores de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) finalizan la inspección, el organismo público puede tomar diferentes medidas. Entre ellas, describe el punto dos, “requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social o subsane las deficiencias observadas en materia de prevención de riesgos laborales”, con su debida justificación, mientras que el punto cinco señala que la ITSS puede iniciar “procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción”.El Real Decreto Legislativo 5/2000 recoge que, entre las infracciones graves, cabe señalar “la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores”. También es infracción grave, entre otras, “la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario".Uno de los empleados que denunció a Colisée Sa Residència ante la Inspección de Trabajo asegura a elDiario.es que la empresa no compensaba con días libres esas jornadas de 12 horas de las que habla el director del centro en el correo electrónico. Colisée Sa Residència, preguntada hace cuatro días por este periódico sobre estas informaciones, no ha respondido todavía a ninguna de las preguntas planteadas y afirma no tener todavía una respuesta.Hace poco más de un año que los familiares de Colisée Sa Residència alzaron la voz para denunciar, a través de los medios de comunicación, las presuntas irregularidades que consideraban que sus mayores estaban sufriendo. En el primer reportaje publicado por elDiario.es, entre otros muchos testimonios, una mujer narró la situación en la que se encontró a su padre, paciente de alzhéimer y totalmente dependiente. “Abrazo a mi padre, le hablo, aunque no sabe ni quién soy, pero consigo que se calme. Bueno, mi padre iba, perdona por la expresión, cagado hasta la cintura. Literalmente”, lamentó.Un mes y medio después, elDiario.es destapó que al menos dos trabajadores que ejercían como enfermeros lo hacían pese a no estar colegiados ni disponer de la titulación de Enfermería homologada en España. Este diario pudo confirmar dicha información a través de fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (CGE), que contrastó los datos proporcionados por esta redacción a través de sus registros. “Estamos ante un caso muy grave que debe ser investigado y que debe llevar a las administraciones públicas a mover ficha”, explicó Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería en España.Pérez Raya consideró “intolerable” que haya personas ejerciendo como enfermeros sin tener la titulación. “Es el colmo que haya enfermeros o enfermeras falsos y, por tanto, no estén preparados”, criticó. “No es ya que no se garanticen los cuidados que precisan estas personas, lo cual es lamentable, es que se pone en riesgo su propia vida”, aseguró el presidente del CGE y añadió que, a las enfermeras había que exigirles no solo “la obvia titulación que establece la ley, sino también conocimientos especializados en geriatría y dependencia”.Unos días después, elDiario.es publicó que dos trabajadoras más también estaban ejerciendo como enfermeras sin estar colegiadas ni disponer de la titulación, a fecha de 4 de abril del 2023. La investigación, que fue contrastada con fuentes del Consejo General de Enfermería de España (CGE), así como del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Illes Balears (COIBA), demostraba que la totalidad del personal de enfermería de Colisée Sa Residència ejercía sin poseer la titulación con arreglo a la legislación española.Por estos motivos, el COIBA mostró su rechazo ante los posibles casos de intrusismo en el sector de la enfermería de Colisée Sa Residència, según explican fuentes del órgano colegial de enfermería a este diario. Las mismas fuentes recordaron que las entidades sanitarias, antes de contratar los servicios de enfermera o enfermero, “es fundamental que verifiquen mediante consulta con el COIBA si la persona reúne los requisitos exigidos por ley”. Asimismo, el órgano colegiado instó a todos los organismos competentes a “la toma de las medidas que están al alcance de cada uno, no solo para solventar ese caso, sino para evitar futuros peligros”.Tras la investigación de este diario, el Consell d’Eivissa —organismo competente en materia de inspección y sanción— reconoció por primera vez los hechos. “Lo más preocupante, para el Consell Insular y los técnicos, es que los estándares de cualificación profesional no se cumplen”, aseguró Carolina Escandell (PP), consellera insular de Bienestar Social, después de que elDiario.es desvelara los hechos esa misma mañana.Meses después salió a la luz el informe de conclusiones de las dos inspecciones realizadas por el Consell Insular los días 13 de enero y 17 de marzo de 2023. El expediente, al cual accedió elDiario.es, apuntaba a que más de la mitad de la plantilla de Colisée Sa Residència ejercía sin la titulación que exige la legislación autonómica. El informe de conclusiones, a fecha de 19 de abril, confirmaba lo que este diario había publicado semanas atrás en referencia al personal que ejercía funciones de enfermero o enfermera y consideraba acreditado que de los 48 trabajadores que tenía la empresa durante el periodo inspeccionado, 26 ejercieron sin tener la titulación requerida para el puesto de trabajo que ocupaban.Los hechos detectados en el caso del personal de enfermería que ejerció sin estar colegiado ni disponer de la titulación requerida conforme a la normativa española llegó hasta la Fiscalía de las Illes Balears, que denunció en el Juzgado decano de Eivissa a cuatro trabajadores de Colisée Sa Residència por un presunto delito de intrusismo laboral, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a elDiario.es. Unas irregularidades a las que hay que sumar las conclusiones del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha constatado que se está incumpliendo la normativa laboral en lo referente a los registros de la jornada laboral, los descansos semanales y entre jornadas.Según la última revisión de precios de las 84 plazas concertadas realizada por la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales que dirige Catalina Cirer (PP), STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL (ahora La Saleta Care, SL) recibe más de 1,2 millones de euros de las arcas autonómicas.Para el periodo fijado entre el 1 de junio de 2023 y el 30 de noviembre de 2025, la residencia privada ha recibido un máximo de 217.206,36 euros en 2023; hasta 488.368,44 euros en 2024 y un puede recibir un total de 589.725,36 euros en 2025. El concierto fue suscrito, en primer lugar, por la anterior Conselleria de Asuntos Sociales que dirigía Fina Santiago (Més per Mallorca).En este sentido, Colisée Sa Residència recibe unos 2 millones de euros por las 84 plazas concertadas, de los cuales casi 1,3 son fondos de la administración balear, mientras que el resto corre a cargo de los bolsillos de los usuarios. En total, el centro privado tiene capacidad para 114 usuarios.
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Todo patas arriba
Dudo, si es que se atreven a leer íntegramente este Ojo, de que sean capaces de dormir esta noche. Problemas los hay, claro que los hay y lo sabemos todos. A espuertas. Ahora los veremos. Pero quizá sea aún peor esta sensación tan inquietante que nos causa la incertidumbre que se abre ante un futuro, el próximo, olvidémonos del lejano, que llega con un saco de indefiniciones. Nada está escrito, ya se sabe, pero en otras ocasiones nos han servido de guía la experiencia en unos casos, los conocimientos de politología, en otros, o incluso esa esquiva intuición que tantas veces nos ha llevado a equivocarnos, pero qué carajo, también a acertar en algunas ocasiones. Este 19 de marzo de 2024, nos puede la inseguridad en nuestros propios juicios; dudamos, vacilamos, titubeamos, y si por la mañana es rosa, por la tarde es negro. O viceversa. Todos Hamlet, ¿echamos las cartas del tarot o leemos los posos del café? Tres elecciones, tres. El 21 de abril, apenas dentro de un mes, las vascas; con el bacalao al pilpil en la boca, a por las catalanas, el 12 de mayo, esas que han roto el tablero y han mandado alfiles, torres y peones allá, lejos, a hacer puñetas. Te recuperas del pantumaca, y el 9 de junio, las europeas, con todos los arúspices del reino anunciando gran giro a la derecha y fuerte crecimiento para la extrema derecha xenófoba y retrógrada. Da miedo. Y allá en lontananza, tsunami tóxico que nos aterra cual Jack Nicholson en El resplandor, la espeluznante amenaza de Donald Trump, elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre. Y cuando el candidato republicano, esa fiera prehistórica, estornuda, ustedes, como medio mundo, se constipan. Ya en el exterior, recordemos cómo nos afectan, y nos ahogan, las guerras de Gaza y Ucrania. Qué hacer para acabar con ellas, cuánto dinero vamos a tener que invertir para salvar vidas y haciendas, que la industria armamentística ya está, de nuevo, sacándonos hasta los higadillos con el pretexto de esa guerra que nos destruiría. Venga cañones, venga submarinos, venga drones. Todo este juego de urnas ha causado, como ustedes saben, que hayan saltado por los aires las previsiones para aprobar los Presupuestos. ¿Quién iba a negociar con todos los socios de Gobierno, incluidos Sumar y Podemos, en mitad de una guerra a muerte entre ellos, caso de PNV y Bildu y, sobre todo, de ERC y Junts, ambos dispuestos a demostrar que son más exigentes con Madrid que su pretendido rival? Pero esta lógica política trae consigo una alteración no pequeña de la economía y de sus efectos en la gobernabilidad, aplazados sine die proyectos sociales que exigían urgencia. Un roto importante, que en Cataluña se duplica, agobiados como están, por ejemplo, con temas de imperiosa resolución como las medidas contra la sequía. Se puede gobernar, claro, pero mal. Rajoy lo hizo durante tres años y así nos fue: la paralización de una administración en estado lamentable.Tómense una tila que ahora vamos a añadir la mugre. ¿Qué me dicen del caso Koldo? Feo y repugnante asunto que amenaza, además, ante la bazofia de la oposición y de la prensa de la caverna, extender la mancha de la sospecha hasta donde se les antoje a esos señoritos, dueños de la infamia y el alma negra de charol. Ahí están, como muestra evidente, las acusaciones contra la esposa del presidente, Begoña Gómez. ¿Quién pone freno a la desvergüenza y el cinismo? Por eso el PSOE debe sacar papeles del armario y mostrarlos de uno en uno con una lupa a su lado. También de Globalia y Air Europa. Lo mismo que debería hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid, ese pozo ya conocido de inmundicia. Y no lo dice el Ojo, siempre malintencionado, sino los tribunales de esos jueces que adora la derecha y que han metido en la cárcel a dos vicepresidentes de la increíble parlanchina Esperanza Aguirre - ¿por qué no te callas, tú que tanto tienes que ocultar? -, a consejeros y demás adláteres del PP en la región, además de contar en la relación de cuitas con la dimisión de toda una presidenta fulera. Topamos con su actual inquilina, Díaz Ayuso, la que llamó hijo de puta al presidente del Gobierno. Sumemos ahora a la gestión de las residencias de ancianos, informe demoledor el último que hemos conocido, esa defensa increíble - ¡qué error, qué inmenso error! - de la reina del vermú hacia su novio, ese señor que ha cometido, al menos, y admitidos por él mismo dos graves delitos. ¿Qué tenía ella que defender que afectaba a la Comunidad? ¿Hablamos de Madrid, pero también de Quirón? Mentira sobre mentira y sobre mentira, otra. Y su guardia de corps, MAR el matachín, ¿cómo se atreve a amenazar a este medio que están leyendo en este momento? Núñez, mientras, repantigado en el sillón, fumándose un puro, que si él tenía a su narco en la barca, la peligrosa avispa tiene ahora a su comisionista en el Maserati. ¡Qué alegres compañías las de estos chicos del PP!Habrá luz al final de todos estos túneles, o eso queremos creer, pero por ahora nos come la oscuridad. El PSOE está tocado con la amnistía y el caso Koldo, con poco margen económico, además, para grandes alegrías o cuantiosas promesas electorales. A su izquierda las cosas no van mucho mejor, que sólo con un ejercicio de firmes creencias en lo sobrenatural, tipo legionarios de Cristo o Testigos de Jehová, puede uno afirmar que Sumar -mejor callar sobre Els Comuns- es una coalición pujante y que los 4 diputados de Podemos son multitud. Panorama triste, pero es lo que hay. Y todos atisbamos, además, un cierto desencuentro en el Gobierno entre la fuerza mayoritaria, los socialistas, y la minoritaria de Yolanda Díaz. Malo. Urge restablecer la conexión y atarse unidos con fuertes sogas al palo mayor, que amenaza galerna. Con todo, ya ven cómo son las cosas, es muy posible que el Gobierno, en general, y los socialistas en particular, salven los muebles en el País Vasco, sobre todo porque la diferencia con el PP, salvo sorpresas de última hora, va a ser descomunal. Y siempre y cuando el efecto Koldo se circunscriba a unos cuantos sinvergüenzas de relevancia menor. Se repetirá, pues, la entente PNV-PSOE, amigotes para tomar unos chupitos y unos pintxos.Más confusa es la situación en Cataluña, sobre todo porque nos falta saber cómo afectará a los votantes la aprobación de la amnistía y, sobre todo, qué pasará con uno de sus protagonistas estrella. Puigdemont siempre consigue estar en el candelabro, por fas o por nefas. ¿Podrá volver a tiempo, jueces variados mediante, que hay toda una rondalla de togados oliendo la presa? ¿Y si es así, querrá hacerlo, vean aquí al mártir? Otra profecía del Ojo, que sólo se expone a caer aún más bajo de lo que ya está en la consideración de todos ustedes. Ahí va: el gran líder de Junts no estará y Salvador Illa, que será el ganador, tendrá que gestionar ese primer puesto con Esquerra. Y con Junts, claro. Tarea para artistas del alambre. Lo más interesante será, como en las últimas o penúltimas elecciones, saber cuántos catalanes votan a los partidos independentistas y si la suma supera el 50%. Pocas consecuencias prácticas, pero un dato a no desdeñar. Atención, pues, a esa cifra. Por su parte, en la derecha y extrema derecha, ahora ya indistinguibles unos y otros, lo que queda de Ciudadanos, la raspa, y ya medio putrefacta, prestará sus votos al PP que aún está buscando candidato para inmolarse. La pelea, con Vox. León joven con hiena vieja disputándose la carroña. Espectáculo sólo autorizado para aficionados a las peleas de perros. ¿Quieren saber, además, qué pasará en las europeas? Pues quietos parados, que faltan meses y la bola de cristal, fíjense qué cosas, se me ha quedado sin luz. Será que no pago. Adenda. Paren las máquinas, milagro, milagro: “¡Putin ha arrasado en las elecciones rusas!”, gritan los mozalbetes por las calles aireando las noticias que lleva el periódico que venden, el único en el país que, para eso estamos en la época de los soviets más recios, tal que hablamos de Brezhnev, Andropov o Chernenko. Rusia es hoy una vergüenza de país, mal remedo de aquellas épocas turbias, cuando el Kremlin dominaba a la ciudadanía con las tácticas de una férrea dictadura tras el sueño que se convirtió en tragedia. Sólo queda de aquel brillante carbón que un día dio una luz cegadora la escoria que apenas humea inútiles rescoldos fríos. Putin es un dictador feroz. Decir que ha ganado unas elecciones es un insulto a la inteligencia. Pobre Rusia, pobres rusos y pobres todos aquellos, como los ucranianos, que sufren en sus carnes las vesanías del tirano.
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IDA Y MAR
Ayuso (IDA) ha mentido. Vamos a explicarlo todo, punto por punto, para desmontar la campaña de intoxicación que ella y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), están difundiendo: MAR (es decir, Ayuso) filtra a la prensa de derechas, subvencionada con dinero público, un correo entre la Fiscalía y el abogado del novio de la presidenta en el que hablan de llegar a un acuerdo para evitar el juicio.A continuación dice en Twitter, sin aportar prueba alguna, que la Fiscalía recibió presiones “de arriba” para romper el acuerdo y que la pareja de la presidenta afrontase las consecuencias penales. Es la misma Fiscalía del caso Koldo que investiga al PSOE, que no sabemos cómo consigue influir en unos casos pero en otros no. Al mismo tiempo, Ayuso sostiene en su comparecencia que hay una cacería de Sánchez y todos los poderes del Estado contra su novio para atacarla a ella y ocultar la amnistía. Pero la Cadena SER revela el primer correo de la conversación filtrada por MAR (o sea, por Ayuso), un mail en el que el abogado del novio reconoce a la Fiscalía que “ciertamente se han cometido dos delitos” contra la Hacienda Pública. Al día siguiente, la Fiscalía confirma esta información en una nota oficial elaborada para desmentir las informaciones falsas que MAR (es decir, Ayuso) ha hecho circular. Es el novio el que reconoce los delitos y el que ofrece un acuerdo que no está roto. En ayuda de la presidenta sale el Colegio de Abogados de Madrid que, curiosamente, anuncia acciones legales contra la Fiscalía por la nota oficial revelando una conversación confidencial, pero no dice nada de la filtración de esa misma conversación por parte de MAR (o sea, de Ayuso). Curiosamente también, el Colegio acaba de nombrar secretario general a Luis Banciella, abogado general de la Comunidad en los últimos 5 años. Pero eso es solo una casualidad que no tiene nada que ver con el caso. En suma: Miguel Ángel Rodríguez, y por tanto Ayuso, tienen conocimiento de la conversación en la que el propio investigado reconoce los delitos, por lo que la presidenta y su jefe de Gabinete mienten cuando intentan hacernos creer que hay una persecución. Y mientras intoxican a la opinión pública por un lado, por otro amenazan al periódico que está publicando la información. MAR envía a la periodista Esther Palomera, adjunta al director de elDiario.es, unos mensajes de Whatsapp en los que le dice: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. Este señor es un cargo público por el que los contribuyentes le pagamos casi 94.000 euros al año. Este señor trabaja para Ayuso. Cuando MAR amenaza a una periodista y a un medio, es IDA la que está amenazando. Por supuesto, él ni se ha planteado dimitir ni ella se ha planteado cesarle. Toda la respuesta de Ayuso ha sido: “a ver si no nos podemos enfadar con gente de confianza”. No existe tal confianza, no hay amistad alguna entre político y periodista, solo relación profesional, pero aunque la hubiera, nada justifica que un cargo público amenace a un medio y a una periodista con destruirlos. Nada lo justifica, pero es lo que nos hemos acostumbrado a ver en la política en general, y en Miguel Ángel Rodríguez en particular. Nos hemos acostumbrado a que los políticos presionen, censuren y fulminen a medios y periodistas (sé de lo que hablo), incluso a que cierren periódicos. Nos hemos acostumbrado a que los políticos ataquen a los periodistas y comunicadores en redes, como hizo el ministro Óscar Puente con Risto Mejide, al que llamó “matón”, en lugar de desmontar las inexactitudes flagrantes de su programa. Nos hemos acostumbrado a políticos que compran a periodistas y a periodistas vendidos. Nos hemos acostumbrado a que los gobiernos controlen los medios públicos y rieguen con subvenciones millonarias de publicidad institucional a los medios privados para tenerlos a su servicio. Y nos hemos acostumbrado al MARTONISMO, a las maneras de matón de Miguel Ángel Rodríguez (o sea, de Ayuso), que extorsiona y hace listas de informadores. En la misma conversación con Palomera presume de haber intercedido para que el PP no la echara de La Razón, como acabó ocurriendo. Se asume que eso es lo que la derecha hace, echar a periodistas cuando quiere. Hemos normalizado la anormalidad democrática de que la política controle el contrapoder que debe ser el periodismo. Hemos normalizado que la presidenta de Madrid mienta descaradamente, que ataque a unos periodistas de un medio de comunicación, que tenga comprados a otros medios y periodistas que intoxican para defenderla, que todo su entorno se enriquezca y que ella viva en dos pisos de un defraudador comprados con dinero de un fraude, y que no dé explicaciones ni dimita por ello. Por eso lo hacen. Porque sus votantes no les piden ni las explicaciones ni la dimisión. Porque les justifican. Porque y tú más y los otros también roban y mienten. Roban y mienten porque pueden. Porque una parte de la sociedad les deja. Porque se saben inmunes y se sienten impunes. Cuando hoy los periodistas le preguntaron a Ayuso por sus contradicciones respondió “me pinchas y no sangro”. Esa es la cuestión. Les pinchan y no sangran. O peor aún: no les pinchan, por eso no sangran. Y mientras, desangran a la democracia y nos desangran a nosotros.
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Auge y desvirtuación del 'síndrome del impostor': ¿por qué se ha popularizado la sensación de que no somos suficiente?
En los últimos años, el llamado 'síndrome del impostor' ha ganado popularidad al extenderse entre un creciente número de individuos. Cada vez son más las personas famosas y anónimas que confiesan sentirse atrapadas en una espiral de autoduda, llegando a cuestionar sus propios méritos y a sentirse como impostores en sus propias vidas y trabajos. El contenido que responde a esta etiqueta prolifera en redes, en ocasiones desvirtuando su sentido original —se acuñó como fenómeno, no como síndrome— y entendiéndolo como si fuese una condición psicológica individual más que como un fenómeno colectivo que responde sobre todo a cuestiones estructurales. Así se ha difundido su uso.El escritor Neil Gaiman, autor de Buenos presagios, Coraline y padre de la serie de cómics Sandman tuvo, como él mismo cuenta en su web, la suerte de asistir a un encuentro con artistas, científicos y escritores en 2012. Una vez allí, rodeado de eminencias —relata— recuerda experimentar un extraño temor a ser descubierto como alguien que no había hecho cosas importantes entre tanta gente que sí había aprovechado su tiempo.Transcurrieron los días de la celebración con este estado permanente de inseguridad. Sin embargo, algo sucedió cuando, en la tercera noche, mientras disfrutaba de un espectáculo musical en la parte trasera del salón, se sentó a su lado un hombre mayor con el que no solo compartía el gusto por el whisky en vaso corto, sino también el propio nombre: Neil Armstrong. Entre tragos y conversaciones de sobremesa, el astronauta echó la vista a la sala y confesó: "¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Estas personas han hecho cosas increíbles. Yo simplemente fui a donde me enviaron". En ese momento, Gaiman, embriagado entre alivio y comprensión, dijo: "Sr. Amstrong, fue usted el primer hombre en pisar la luna. Creo que eso cuenta para algo...".Esta sensación de duda constante sobre uno mismo no la estrenaron 'los Neils' de esta historia, sino que viene desde muy atrás. La psicóloga social Pauline Clance ya se había topado con él. A ella también le invadía este sentimiento de no estar a la altura. Ni siquiera le bastó haberse convertido en la primera de su familia en conseguir acceso a la universidad para abandonar esta sospecha persistente de haber engañado a los demás para que pensaran que era suficiente. A mediados de los 60 compartió su preocupación con su compañera, la también psicóloga Suzanne Imes, que había experimentado esta misma ansiedad. Ambas, que ya eran profesoras por aquel entonces en Oberlin College, observaron que sus alumnas vivían en un estado de alerta constante por temor a fallar, llegando a desvirtuar su propia realidad. De ahí que algunas confesaran sentirse como "impostoras" entre la excelencia que caracterizaba a los demás. Así nació lo que denominaron "el fenómeno del impostor".A partir de ese momento, ambas se pusieron a trabajar en un estudio para el que entrevistaron a más de 150 mujeres, profesoras, alumnas y mujeres vinculadas con las ramas de la abogacía, la enfermería y el trabajo social.Este concepto invadió el mundo a una velocidad impetuosa, pero el verdadero punto de inflexión y difusión tuvo lugar con la llegada y auge de las redes sociales. Tal es su poder, que cualquier término que deambule por ese universo puede ser castigado con una saturación cultural o, lo que es peor, con su propia deformación. Esto último es precisamente lo que le ha ocurrido al término acuñado por Clance e Imes, que se ha convertido, muy a su pesar, en el 'síndrome del impostor'. No faltan los ejemplos de personajes del ámbito público —principalmente mujeres— que han hablado abiertamente de ello. C. Tangana en una entrevista con este medio o la ministra de Igualdad, Ana Redondo, son algunos de los más recientes. Hace apenas unos días, Redondo admitía durante un coloquio en el evento institucional del 8 de marzo haber sido impactada por el síndrome del impostor, como un dardo que alcanza su blanco, cuando Pedro Sánchez la invitó a liderar la cartera de Igualdad. "Cuando me llama el presidente y me dice '¿quieres venirte?' Yo dije 'pero si no puedo, si no voy a ser capaz, no voy a dar la talla, lo único que había en mi cabeza es ¿seré capaz de dar la talla? (...) El síndrome de la impostora me ha acompañado en mi vida (...) Tienes que decirte todos los días 'eres capaz".Según un estudio realizado por la consultora KPMG publicado en 2023, el 75% de las mujeres en puestos ejecutivos lo han experimentado en el ámbito laboral, sintiendo que no están lo suficientemente cualificadas para desarrollar su trabajo. Pero el llamado 'síndrome del impostor' no solo lo experimentan los famosos ni se aparece en el trabajo o entre estudiantes, sino que su popularización ha derivado en un uso a veces desvirtuado de su significado original y aplicable a multitud de ámbitos: "¿Os sentís impostores cuando os montáis en el metro? Tengo la sensación de merecerme el asiento menos que nadie", decía en Twitter Raquel, una usuaria barcelonesa licenciada en filología hispánica. Salta a la vista que el fenómeno del impostor se ha adherido a la sociedad y ha abrazado el día a día de muchos. Tanto es así que incluso se ha llegado a incorporar al diccionario de la psicología sin ni siquiera constar en el Manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría 6 ni figurar como diagnóstico en la Clasificación internacional de enfermedades, décima revisión (CIE-10).En este sentido, María Martín, psicóloga, afirma que el 'síndrome del impostor', lejos de ser nombrado como síndrome y, considerado, por tanto, como patología, debería tratarse como "un comportamiento que se aprende y unas emociones que se asocian". Martín asegura que, aunque el sentimiento de impostor no es estrictamente similar a la depresión o la ansiedad, sí que guardan una estrecha relación: "Detrás del síndrome del impostor hay miedo y el miedo es ansiedad", alega. En ese miedo irracional quizá se encuentre la repercusión más devastadora que, en su opinión, este puede ocasionar: "¿Cómo dedicarte a un trabajo que te ayuda a levantarte feliz por las mañanas y a que la rutina no se te haga tan pesada puede convertirse en tu peor enemigo?", dice la psicóloga. Sin embargo, es evidente e innegable que, como dejan ver las investigaciones y testimonios públicos, por lo general, las mujeres tienen más bajas expectativas que los hombres respecto a sus éxitos. Tan solo hay que escuchar a una amiga, a una compañera, incluso a una jefa, para ser consciente de que las mujeres, especialmente las que tienen puestos de más responsabilidad, son las que mayor inseguridad sufren en cada paso que dan.En una entrevista con el Diario Ara, mujeres de distintas edades y ámbitos diferentes conversan sobre este fenómeno transversal, entre ellas la periodista y escritora Anna Pacheco, copresentadora del pódcast Ciberlocutorio y especializada en abordar temas sociales con perspectiva de clase y género. Pacheco explica que, desde su punto de vista, el problema recae en cómo está repartida esta tendencia: "El síndrome del impostor está muy mal repartido. Casi siempre nos afecta a nosotras", destacando que se trata de un problema social determinado por un sesgo de género. La periodista relaciona este comportamiento con el hecho de que a las mujeres "se nos ha educado socioculturalmente en una manera de ser que está anclada en el patriarcado", una concepción que tacha de incorrectas a aquellas mujeres que se expresan sin miedo ni reparo.Denisa Praje, psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria y conocida por sus reflexiones diarias en Twitter sobre psicología y sociedad, comentaba al respecto en esta plataforma que "el síndrome del impostor en mujeres se mantiene, en parte, porque parece que es la única forma de que se nos perciba como humildes o modestas ('seguridad=soberbia') y que se nos reconozcan nuestras aptitudes".Andrea Ramírez, estudiante de química y aficionada al boxeo, nos cuenta su experiencia al respecto en este deporte altamente masculinizado: "Hemos sido educadas en un sistema que da la mano al patriarcado y que nos hace creer mediante la publicidad, la enseñanza e incluso desde la propia institución familiar, que las mujeres no damos la talla en casi nada". El boxeo, un deporte de presencia mayoritariamente masculina, es una de las múltiples realidades que potencian las barreras arquitectónicas del techo de cristal y las mentales como el sentimiento de impostoras. Andrea lucha cada día en el ring con comentarios cargados de condescendencia que la empujan a la espiral de la desconfianza: "Con este aluvión de inseguridades que nos inculcan desde que damos un salto a la realidad, los hombres nos dejan sin control y nos tienen controladas", añade. Además, ahonda en la cuestión trascendiendo desde el machismo encubierto tras falsa modestia hasta el sistema capitalista que también impregna nuestra sociedad. "El capitalismo es el que soporta el peso del patriarcado. Saca el máximo beneficio del 'síndrome del impostor' generando una competitividad tóxica entre nosotras que hace que vivamos infinitamente en un bucle de esfuerzo". Además, el esfuerzo en el caso de las mujeres juega por partida doble, tal y como sostiene la psicóloga María Martín: "Las mujeres, aparte de demostrar su valía en el trabajo, tiene que demostrar su valía en un mundo de hombres".Stephanie Land, la mujer cuyas memorias protagonizaron La asistenta, ponía de relieve en una entrevista en S Moda un tema que cala hondo en el universo de los impostores: la clase social. "La gente pobre asume que no puede sentir o merecer cosas bellas". Land se hizo famosa por plasmar en su obra las batallas que libró para sacar adelante a su hija con 28 años, sin ahorros y con el peso de haber vivido una relación violenta, todo ello deambulando entre viviendas de acogida y pisos cochambrosos que pagaba con lo que le daban por limpiar casas. Tras su publicación empezó a gozar de unos privilegios que como clase trabajadora no contemplaba anteriormente: "Cuando volé en primera clase sentí estar atrapada en un lugar al que no pertenecía. Me hacía sentir un fraude, o más bien mi yo del pasado un fraude, o de alguna manera ambas versiones de mí fraudulentas a la vez", dice en la entrevista. En relación con esto, Cristina Barrial, doctoranda de antropología social, afirmaba en 2021 para el El Salto que la meritocracia se ha convertido en otro factor latente en el vínculo que predomina entre clase social y el llamado 'síndrome del impostor'. La doctora comenta que el discurso de la meritocracia no valora las dificultades añadidas que dependen de la situación económica: "No quiere decir que no sirvas para esto, sino que no puedes hacerlo de otra manera porque no tienes recursos. La sensación de no estar a la altura depende mucho de la clase social".Las periodistas Ruchika Tulshyan y Jodi-Ann Burey trasladaron el tema un paso más allá de la perspectiva capitalista y de género, abordándolo como una tendencia planteada erróneamente desde sus orígenes: "El síndrome del impostor dirige nuestra visión hacia arreglar a las mujeres en el trabajo en lugar de arreglar los lugares donde trabajan las mujeres", escriben en Harvard Business Review. Desde que escucharon por primera vez este término hace aproximadamente una década, siempre han recriminado la falta de toma de conciencia por parte de Clance e Imes respecto al sesgo de género y el racismo estructural, pues en su estudio se centraban exclusivamente en factores como la dinámica familiar y la socialización de género, ignorando otros indicios de desigualdad como el racismo sistémico.Lisa Factora-Borchers, autora y activista filipina-estadounidense, revelaba en una conversación con The New Yorker a propósito del tema sentir cierto resquemor en sus entrañas cada vez que escuchaba hablar sobre el 'síndrome del impostor' a sus colegas blancos: "¿Cómo puedes pensar que eres un impostor cuando todos los moldes fueron hechos para ti?".En una entrevista con elDiario.es, la novelista gráfica Quan Zhou también ahondaba en esta idea: "No conozco ninguna mujer racializada que no padezca el síndrome de la impostora", decía. "El síndrome de la impostora me viene al preguntarme si es suficiente lo que publico, por ejemplo (...) Hay un dicho que es 'ojalá nacer con la autoestima de un hombre blanco mediocre' (risas). No todas partimos del mismo sitio y este reconocimiento ayuda a paliar ese 'no valgo suficiente' o 'quizás lo que cuento no es tan importante o tan válido'. En Estados Unidos se llaman identity politics o creaciones identitarias. Me pregunto si yo valgo porque soy china. A mí me sirvió de mucho el mirar con amor mi camino".Todos estos sentimientos que experimentamos como víctimas del fenómeno del impostor son, en última instancia, el resultado del sistema en el que (sobre)vivimos, más que una consecuencia psicológica. Es el sistema el que nos hace vivir en guerra con tres preguntas protagonistas de nuestras peores pesadillas: qué somos para nosotros mismos, qué somos para el mundo y cómo entiende el mundo aquello que somos. Si nos paramos a pensarlo, al final este fenómeno es un poco como esa madre que te dice 'es que no quiero que te salga mal y sufras'. Pero ni siquiera las madres tienen siempre la razón.
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Protección de Datos veta la casilla de sexo "no binario" en formularios públicos donde no sea necesaria
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al Gobierno de Canarias por incluir una casilla en uno sus formularios públicos en los que incluía la casilla de sexo "no binario" además de las de "hombre" y "mujer". El regulador de la privacidad señala que solo debe recogerse esta información cuando exista "una finalidad específica" por el que sea necesario conocerla, "careciendo de sentido en caso contrario" y "sin que se trate de recabar datos por tenerlos".La resolución señala además que "la introducción del término no binario en el formulario, cuando no es necesario, puede ser incluso contraproducente porque obligaría a personas que no se sienten hombre o mujer a declarar sobre su identidad de género". Esto podría suponer "riesgos" para las personas físicas, argumenta la AEPD, "como por ejemplo riesgos de discriminación".La sanción llega a raíz de la reclamación de un particular contra la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo canaria. Este protestó por el hecho de que en uno de sus formularios oficiales se le presentaran las tres opciones en el campo "sexo/género". "Considera el reclamante que a través de la citada pregunta se encuentra obligado a facilitar datos relativos a su orientación sexual, no encontrándose la entidad reclamada legitimada para recabar dichos datos", resume la resolución.El formulario en cuestión era el de “Conciliación previa en conflictos laborales”, que sirve para que trabajadores y empresarios puedan llegar a acuerdos sin recurrir a la vía judicial. "Ningún valor aporta la inclusión de la cuestión de género", considera la AEPD, "ni se examina o considera este aspecto, por lo que carece de sentido introducir una respuesta con dicho alcance, sin conexión alguna con el objeto del mismo".En sus alegaciones a la resolución de la AEPD, el Gobierno de Canarias alegó que "la información del campo 'sexo' tiene como única finalidad la estadística, de manera que se pueda conocer esta condición (biológica) de la persona, para disponer de un mayor conocimiento que ayude a implementar políticas públicas de género, entre otras razones". A esto, el regulador de privacidad contesta que debe ceñirse a los campos "hombre/mujer". "De conformidad con la normativa estatal y su correlativa autonómica en ningún caso señalan que a efectos estadísticos en los procedimientos o formularios que se recaban datos ha de incluirse la respuesta no binario", zanja. "Se presenta un formulario en el que si bien no hace referencia explícita a la orientación sexual o la vida sexual, se puede deducir que si no se brinda la respuesta hombre/mujer y se puntea la opción no binario se puede considerar relacionada con la vida sexual, puesto que en el fondo lo que se viene a poner de manifiesto es una cuestión que podría guardar relación con manifestar sus creencias al ser la identidad de género una cuestión interna de cada uno", argumenta la AEPD."Se está cuestionando sobre su sexo sentido, con el que se identifica, si coincide con el asignado al nacer: mujer/hombre, o no binario, cuando su sexo sentido, con el que se identifica, no coincide con el asignado al nacer, que se sale del objetivo y la finalidad del formulario", añade.La sanción a la Consejería canaria no incluye multa económica sino solo un apercebimiento, ya que la ley española de protección de datos no contempla multas para las administraciones públicas. Sin embargo, sí la insta repasar todos sus formularios "con el objetivo de eliminar la opción de respuesta 'no binario' en el campo 'sexo'" antes de seis meses.La resolución se ha publicado apenas un mes después de que el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio del Interior confirmaran a elDiario.es que los trámites que son competencia de la Dirección General de Migraciones incorporarán la casilla de género "indeterminado" a las de "mujer" y "hombre". Dicha información se reflejará luego en el NIE en caso de que la persona tenga reconocida esa identidad no binaria en su país de origen, algo que no ocurre con los DNI españoles porque el Código Civil no lo permite.La decisión de ambos ministerios llega a raíz de una sentencia de mayo de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El fallo reconocía el derecho de Andrea Speck, de origen alemán, a ser inscrita en una tercera opción de género en el Registro General de Extranjeros de países de la Unión Europea.El Gobierno canario también citó el fallo del TSJA en sus alegaciones a la AEPD. Sin embargo, el regulador de la privacidad negó que sean casos asimilables: "La sentencia acoge la necesidad de que en los registros no haya disparidad de datos, acogiendo los que figuran como propios del interesado según su legislación. Además, el caso planteado y sentenciado en la resolución judicial no guarda similitud alguna con el caso que examinamos".
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Las grandes petroleras, "cómplices" de los posibles crímenes de guerra del Ejército israelí por suministrarle combustibles
Los contribuyentes estadounidenses y varias de las empresas de combustibles fósiles más rentables del mundo están abasteciendo los aviones y tanques empleados por Israel para atacar a los palestinos en la Franja de Gaza, según un estudio al que ha tenido acceso en exclusiva el periódico británico The Guardian. Israel tiene que adquirir en el extranjero el crudo y los refinados que necesita para alimentar su gran flota de aviones de combate, tanques y vehículos militares. Y, según el estudio encargado por la ONG Oil Change International y llevado a cabo por la consultora tecnológica británica Data Desk (especializada en investigar a la industria de los hidrocarburos), desde que comenzó el asalto a la Franja de Gaza, ese suministro ha dependido en gran medida de Azerbaiyán, Kazajstán, Rusia, Brasil, Gabón y Estados Unidos. De acuerdo con el informe, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell y TotalEnergies son las principales petroleras que facilitan los combustibles.Del análisis se desprende que, desde octubre de 2023, han llegado a Israel tres barcos cisterna estadounidenses con combustible para aviones JP8 como ayuda militar. Al parecer, los buques que transportan petróleo y combustibles han comenzado a apagar los sistemas de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) antes de llegar a Israel, probablemente por razones de seguridad.Uno de esos tres barcos salió de la refinería Bill Greehey, en Corpus Christi (Texas) el 22 de septiembre, antes de la actual ofensiva contra Gaza. Los otros dos partieron con el conflicto ya en marcha: el 6 de diciembre de 2023, cuando los palestinos muertos en la Franja ya eran 16.000; y el 9 de febrero, dos semanas después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidiera a Israel tomar medidas para evitar “actos de genocidio” contra los 2,3 millones de gazatíes. La sentencia emitida por el máximo tribunal de la ONU tiene implicaciones jurídicas para otros países y empresas, obligados a asegurarse de que no son cómplices en esos actos genocidas. Una imagen de satélite del 6 de marzo parece mostrar a ese tercer buque petrolero, también procedente de Texas, en la terminal israelí de Ashkelon. Para esa fecha el número de palestinos muertos ascendía a 30.000.Según expertos en derechos humanos, los países y empresas que están abasteciendo de petróleo a las fuerzas armadas israelíes podrían ser consideradas cómplices en crímenes de guerra y genocidio. "Los países y empresas que han seguido suministrando petróleo al Ejército israelí tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia están contribuyendo a violaciones terribles de derechos humanos y pueden ser cómplices de genocidio", advirtió David R. Boyd, relator especial de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos."Las petroleras deben asegurarse de que no contribuyen a afianzar el sistema de apartheid de Israel ni a alimentar crímenes de guerra y un posible genocidio en Gaza", dijo Peter Frankental, director de Asuntos Económicos de Amnistía Internacional en Reino Unido. Según Frankental, todas las empresas con vínculos comerciales con el Ejército de Israel tienen la obligación de actuar con la "diligencia debida".Israel rechazó el fallo provisional de la CIJ y lo consideró "indignante". Desde la Casa Blanca comunicaron que el fallo no cambiaría la política de Estados Unidos respecto a Gaza ni a Israel. Washington proporciona a Israel ayuda militar valorada en unos 3.600 millones de dólares de promedio al año (unos 3.300 millones de euros). Desde el comienzo del conflicto actual en Gaza, el Gobierno estadounidense ha solicitado al Congreso 14.300 millones de dólares adicionales (unos 13.100 millones de euros) para su aliado."Los países y las grandes petroleras que alimentan la maquinaria bélica de Israel son cómplices en el genocidio del pueblo palestino; Estados Unidos, en particular, tendrá que rendir cuentas por posibles violaciones del derecho internacional al abastecer directamente al Ejército de Israel, además de las más de cien operaciones de venta de armas", aseguró Allie Rosenbluth, directora del programa para EEUU de Oil Change International.En los últimos cinco meses, Israel ha arrojado decenas de miles de bombas sobre la Franja de Gaza, además de asaltos terrestres por todo el territorio ocupado. La ofensiva dio comienzo en respuesta al ataque que Hamás perpetró el 7 de octubre contra Israel, en el que mató a casi 1.200 personas y secuestró a más de 200, de las cuales más de 100 siguen cautivas.Casi 32.000 palestinos han muerto en Gaza, con decenas de miles heridos o desaparecidos bajo los escombros y presuntamente muertos. A mediados de marzo, ya habían fallecido más de 13.000 niños, con más de la mitad de las edificaciones de la Franja destruidas o dañadas. Entre ellas, infraestructuras clave como escuelas, hospitales, plantas de agua y de saneamiento. Según expertos de la ONU, los palestinos están muriendo de inanición deliberada porque los militares israelíes bloquean la ayuda humanitaria destinada a Gaza y dirigen sus ataques contra las fuentes de alimentos y las personas que esperan comida.Israel es un pequeño país con un Ejército de tierra y de aire relativamente grandes. No tiene oleoductos de combustibles fósiles transfronterizos operativos y depende en gran medida de las importaciones por mar para abastecerse de petróleo.Data Desk hizo su análisis a partir de imágenes por satélite del posicionamiento de los navíos, de los flujos del comercio de materias primas, de datos proporcionados por autoridades portuarias y navieras, así como de informaciones financieras y aparecidas en medios de comunicación. Según los datos recabados, hay un solapamiento importante entre las cadenas de suministro de combustible civil y de combustible militar.Israel importa crudo para sus refinerías de Ashdod y Haifa, y también combustible refinado que es usado en el país o reexportado en ocasiones. Una parte del combustible que es refinado en Israel se destina directamente a las Fuerzas Armadas. La mayoría del restante parece ir a parar a gasolineras de uso civil o para el personal militar que reposta en ellas sus vehículos en virtud de un contrato gubernamental.Aparte del combustible estadounidense para reactores, prácticamente todos los demás derivados del petróleo que se enviaban a Israel se han visto interrumpidos desde octubre de 2023, quizá como consecuencia de la crisis en el mar Rojo por los ataques de los rebeldes hutíes desde Yemen, que han tenido como objetivo a barcos relacionados con Israel y sus aliados occidentales. El suministro de crudo a Israel sí se ha mantenido más o menos estable, salvo por un descenso en enero. Estas son algunas de las conclusiones del informe:Desde las petroleras Total y Shell no quisieron hacer comentarios al respecto. Mientras, un portavoz de Petrobras dijo que "en diciembre de 2023 y en 2024 no ha entregado a Israel ningún cargamento de crudo de su producción".El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido uno de los mandatarios más críticos con Israel, país al que acusa de cometer un genocidio contra el pueblo palestino. Lula retiró al embajador brasileño en Tel Aviv, pero no ha prohibido las exportaciones de petróleo.Los datos también hacen pensar en envíos de crudo relativamente pequeños pero regulares desde el oleoducto de Sumed. Este oleoducto está ayudando a llevar hasta Israel crudo de Arabia Saudí, de Egipto, de Irak y de Emiratos Árabes Unidos –todos ellos países árabes que han criticado el ataque israelí contra Gaza."El movimiento BDS [boicot, desinversión y sanciones], que ya está apuntando contra Chevron con una campaña global creciente de boicot y desinversión, dejará al descubierto y acusará a los países y empresas cómplices que han sido mencionados en este valioso informe", adelantó Mahmoud Nawajaa, coordinador general del Comité Nacional Palestino en el BDS. "Los países y empresas que siguen suministrando combustible a Israel para sus fuerzas militares son cómplices directamente por apoyar el genocidio en marcha; nunca se lo perdonaremos".Los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Rusia, Azerbaiyán y Kazajstán no respondieron a la solicitud de comentarios por parte de The Guardian, al igual que BP, Chevron y Exxon.Traducido por Francisco de Zárate
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El concejal y la funcionaria que negaron la licencia de obra a la pareja de Ayuso fueron relegados de sus puestos
El Ayuntamiento de Madrid denegó el permiso para hacer obras en el piso que Alberto González Amador compró en la capital, en el que vive actualmente junto a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La única petición para ejecutar los trabajos, que fue presentada a través de una declaración responsable, fue rechazada a finales del año 2022 por la Junta de Chamberí debido a la ausencia de la documentación necesaria.El concejal que presidía en ese momento la Junta era Javier Ramírez, quien no renovó su acta de edil en Cibeles y actualmente se encuentra lejos del distrito. Su nombre también fue desplazado de los puestos de salida en la lista electoral del Ayuntamiento para las últimas elecciones municipales y quedó relegado al número 33, sin posibilidad de reelección. La responsabilidad última para la confección de la listas en la región corresponde a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid.Fuentes internas del PP contactadas por este periódico achacan la salida de Ramírez a una "represalia" por haber negado las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid. Y aseguran que recibió "presión" del partido para permitirlas. Contactado por elDiario.es, Javier Ramírez asegura desconocer el expediente sobre las obras que fueron denegadas y dice estar satisfecho con su actual ocupación al frente de Madrid Calle 30, la empresa mixta que gestiona esta carretera de circunvalación. El alcalde Almeida lo colocó allí en julio del año pasado, después de las elecciones, pese a no contar con ninguna experiencia en el campo de la movilidad ni las infraestructuras.Con la caída de Javier Ramírez también fue cesada María Cristina Goncer, la coordinadora general de Chamberí. Ella fue la funcionaria que firmó la resolución en la que denegaba las obras para Alberto González y su nombre apareció entre los 13 primeros ceses que ejecutó el Gobierno de Almeida después de su reelección como alcalde. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que el cese fue voluntario porque la coordinadora quiso volver a su plaza. Goncer, que es funcionaria de carrera con nivel 30, fue colocada recientemente por el área de Urbanismo como subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid.La pareja de Ayuso pidió al Ayuntamiento de Madrid hacer obras en agosto de 2022, un mes después de consumarse la compra de la vivienda. La reforma en su piso de 208 metros cuadrados era integral: según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, incluía demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También incluía la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.Pero ninguna de estos trabajos fue permitido por el Ayuntamiento de Madrid. La respuesta negativa del consistorio a ejecutar las obras se produjo a principios de noviembre de ese mismo año: en ella los técnicos del distrito de Chamberí ordenaban la "paralización y/o el cese inmediato de la actuación", así como "la obligación de restituir la situación física y jurídica al momento previo a la realización de la actuación", en el caso de que ya hubiera comenzado los trabajos.El motivo del rechazo era que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no había concretado ni las fases constructivas de su obra ni había aportado los documentos técnicos necesarios, y tenía intención de "ampliar" su declaración responsable con estos y otros detalles, algo que el Ayuntamiento le tuvo que recordar que no era posible en un trámite de este tipo.La Junta de Chamberí advirtió también a González Amador que para las obras que había comunicado era necesario un plan para gestionar los residuos que iban a generar, además de aportar una fianza que asegurara su correcto traslado. Y pese a que no consiguió el permiso municipal que diera luz verde a su reforma, le impuso el pago de 287,70 euros como tasa por la prestación de los servicios urbanísticos que había generado.La presentación de una declaración responsable es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión -en este caso la Junta de Chamberí- ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación.En casos como el de la declaración responsable presentada por Alberto González, con resolución negativa, la persona responsable tiene que esperar al menos tres meses para presentar una nueva declaración responsable que le habilite para hacer los trabajos y, en cualquier caso, tiene vetado avanzar en la obra hasta obtener la luz verde del Ayuntamiento. De hacerlo se expone a una multa del consistorio.González Amador adquirió el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del primer inmueble. El administrador de esta empresa es es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad.En octubre de 2023 la revista Vanitatis publicó que Díaz Ayuso se mudaba a esta propiedad de Chamberí. En el artículo, un vecino de la zona aseguraba que se acababan de vender dos pisos, debido al fallecimiento de "propietarios de toda la vida" en una manzana de marcado carácter residencial. "Es necesario hacer obras y actualizarlos porque el edificio es de los años 50", añadía a esta publicación. El sistema de licencias del Ayuntamiento no cuenta con ninguna petición de obras en esta finca desde que le fuera denegada a finales de 2022 la presentada por González Amador. El actual concejal de distrito, que sustituyó a Javier Ramírez, es Jaime González Taboada, que entró en las listas electorales después de cuatro años sin cargos públicos, coincidiendo con la aparición de su nombre en la Púnica, que no derivó en ninguna imputación.Taboada es el presidente del PP de Chamberí, agrupación de la que es afiliada Isabel Díaz Ayuso. Ambos se conocen desde hace más de una década. Su candidatura apareció por sorpresa en la lista del PP para el Ayuntamiento de Madrid y, después de las elecciones, Almeida le asignó la gestión de su distrito de residencia.Los técnicos de la Junta de Chamberí son los encargados de comprobar si Alberto González Amador cumplió las órdenes municipales o ejecutó obras sin licencia, en el caso de que el equipo de Taboada decidiera enviar una inspección a la finca. Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid si ha girado alguna visita para comprobar si las obras solicitadas se habían llevado a cabo, pero desde Cibeles evitan responder a la pregunta porque el consistorio "no ofrece información sobre expedientes de particulares".____En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
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Colectivos afrodescendientes critican la "espectacularización" de la migración en la falla municipal de València que denuncia racismo
La representación de cuatro personas subsaharianas saltando la valla de las mascletades del Ayuntamiento de València, una de las partes de la falla municipal, ha generado malestar entre los colectivos afrodescendientes de la ciudad. Entidades como Uhuru y Resistencia Migrante Disidente se han mostrado muy críticas con el uso de los migrantes como figura de "espectacularización" y consideran que la obra de Escif, que pretende denunciar el racismo institucionalizado, "no sirve para concienciar nada", sino que hace un uso "estereotipado" de un trayecto migratorio.El monumento fallero trata de "señalar el racismo estructural de una sociedad y un país que criminaliza la llegada de migrantes sin cuestionarse los motivos que les lleva a estos a tomar la dramática decisión de abandonar su lugar de origen", según explica el artista valenciano, que se ha disculpado a través de un comunicado. Escif detalla que el monumento "Dos palomas, una rama, muestra dos palomas enfrentadas por una rama de olivo y aborda con ironía la contradicción que conlleva hacer una guerra en nombre de la paz. Acompañando a la figura principal se disponen 9 escenas que, de una u otra manera, señalan algunas de las contradicciones que nos azotan como sociedad. Una tortuga ninja atrapada en un plástico de los que sujetan las latas de refrescos; dos hombres prehistóricos intentando hacer fuego con un teléfono móvil; o unos migrantes saltando la valla de la mascletá".En concreto, sobre esta representación, Escif detalla: "El protagonismo no versa sobre las figuras de los migrantes que por sí solas no construyen una narrativa. Es la valla y, sobre todo, lo que sucede tras ella lo que nos invita a entender que estas personas arriesgan su vida huyendo de una tragedia de la que, directa o indirectamente, somos todas responsables. Los fuegos y explosiones de la mascletá que todos miramos con entusiasmo, bien podrían representar una de las guerras que obliga a desplazarse diariamente a miles de personas. Es aquí donde el espectáculo se convierte en crítica social".Los colectivos denuncian que es una acción "insensata, insensible y ridícula" que no sólo busca "infravalorar lo que supone un trayecto migratorio tan peligroso como el mostrado" sino que además "está lleno de estereotipos, prejuicios y fetichismo". "Estamos hartas de que se espectacularice con nuestros cuerpos y se tapen/maquillen cuestiones como el racismo, la externalización de fronteras que crea la Europa Fortaleza. Esto no es “divertido “ ni sirve para concienciar nada. Esto es resultado de la necropolítica y exigimos que esa parte de la falla se retire lo antes posible", recalca el comunicado de Uhuru. Las entidades concluyen con una crítica a la "tokenización" de "las vidas negras y racializadas".Elvira Swartch, colaboradora del colectivo Afroféminas, explica el 'tokenismo' como "la práctica de hacer algo (como contratar o colocar en un sitio visible a una persona no blanca) solo para evitar críticas y dar la impresión de que todas las personas están siendo tratadas de manera justa". Fabiana Parra, Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, lo define como "una expresión que se utiliza para referir a la inclusión simbólica que consiste en hacer pequeñas –y superficiales– concesiones a grupos minoritarios para evitar acusaciones de prejuicio y discriminación; y para generar una ficción de igualdad o diversidad". Así, la crítica versa sobre un uso de las vidas migrantes como representación simbólica puramente cosmética. "Entiendo que mi intención detrás de la escena no justifica el impacto negativo que haya podido tener y pido por ello disculpas a los colectivos afectados", ha respondido Escif, que aboga por repensar la crítica en las fallas.
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Los especialistas cuestionan la retirada de la placa de las víctimas del franquismo de Borriana: "Todo está documentado"
"Todo lo que decimos está documentado, este hombre no sabe de lo que habla". Teresa Armengot, profesora jubilada de Geografía e Historia y miembro del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, cuestiona de plano la decisión del edil de Cultura de Vox del Ayuntamiento de Borriana, Jesús Albiol, de retirar unilateralmente la placa de homenaje a las víctimas del franquismo de la prisión de La Mercé de la localidad castellonense. El PSPV-PSOE anunció acciones legales contra la decisión de Albiol, tildada de "cobarde" por parte de la portavoz socialista de Borriana, Maria Josep Safont. Por otro lado, la 'Plataforma per la Tolerància', que integra a entidades y colectivos de Borriana, ha convocado este martes una concentración “contra los ataques a la libertad y la memoria democrática". El concejal de extrema derecha, también diputado autonómico, sostuvo que la placa contenía “claros errores históricos y datos falsos”. Se trata de una discreta placa en memoria de las víctimas del franquismo de la localidad instalada en la Casa de la Cultura de la localidad, el antiguo convento que albergó durante la posguerra una prisión. El historiador Juan Luis Porcar, investigador de referencia sobre la represión franquista en Castelló, recuerda en su última monografía que el espacio albergó, entre el 9 de abril de 1939 y el 23 de septiembre de 1942, un total de 3.506 presos (3.506 hombres y 117 mujeres) “en unas condiciones de inhabitabilidad deplorables”. Porcar, miembro del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, es autor de Un país en gris i negre. Memoria histórica i represión franquista a Castelló, editado por la Universitat Jaume I. El historiador cifra en 99 los vecinos de Borriana fusilados entre junio de 1938 y mayo de 1948, entre ellos el alcalde, Vicente Moliner Merlos, el vicepresidente de la Diputación de Castelló, José Hernández Merlos, y el diputado provincial Hilario Ferrer Cherta.El concejal de Vox desveló que ha encargado a un técnico municipal una investigación sobre los "datos reales históricos" de los hechos acaecidos en la prisión de La Mercé. La historiadora Teresa Armengot desgrana las fuentes documentales sobre la experiencia carcelaria en el edificio. "Encontramos documentación en el archivo provincial y, además de los expedientes penitenciarios y de los consejos de guerra, también hallamos el libro de altas y bajas de la prisión de La Mercé", explica a elDiario.es. Los especialistas en la represión franquista en la provincia de Castelló también cuentan con las fuentes orales que a lo largo de los últimos años han recogido, además de la bibliografía especializada y de los testimonios memorialísticos, entre los que destacan las memorias del diputado Vicente Marco Miranda.El convento fue una cárcel de la retaguardia republicana, con unos 115 presos, entre acusados de formar parte de la quinta columna y cuatro militantes de la CNT vinculados al asesinato de un dirigente socialista. Con la entrada de las tropas franquistas, la prisión de La Mercé se usó para aligerar el confinamiento de la cárcel de Castelló, completamente colapsada. Armengot destaca las terribles condiciones que sufrieron los 3.506 presos que fueron encerrados en el antiguo convento: "Malas condiciones higiénicas, sarna, amontonamiento, enfermedades y torturas sistemáticas". La historiadora destaca tres fotografías localizadas por el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló que inmortalizaron a los presos en el patio. "La prisión era una caja de resonancia para todo el pueblo, se escuchaban los gritos y los disparos, la gente iba a llevar comida a sus familiares y a los presos los llevaban atados con una cuerda para ir al consejo de guerra", afirma Teresa Armengot. La investigadora destaca el hallazgo del libro de altas y bajas de la prisión de Borriana. "Por eso tenemos los datos exactos, allí figura el nombre de la persona, la procedencia, la edad, la profesión y la causa de la baja, o por traslado o por fusilamiento o muerte", dice Armengot. "Hubo una mortalidad bastante alta, de unas 24 personas, por tuberculosis, caquexia o septicemia", agrega. En La Mercé fueron encarceladas 117 mujeres, "no por una militancia política específica, sino por ser esposas o hijas de rojos", tal como han acreditado los estudios de género sobre la represión franquista. En el antiguo convento, "nacieron niños", apostilla Teresa Armengot. Los especialistas del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló también tienen documentada una fuga de siete presos en 1941. Reconvertido en la Casa de la Cultura, el espacio albergaba una placa, no demasiado visible, instalada en 2016 por acuerdo del PSPV-PSOE, Compromís y Podem. "En memoria de las mujeres y hombres que sufrieron persecución franquista por buscar la libertad", rezaba la inscripción, que contenía las cifras de presos oriundos de Borriana que pasaron por la prisión. Teresa Armengot, que trabajó hasta su jubilación de profesora en Borriana, lamenta que los objetivos prioritarios del polémico concejal de Vox de la localidad sean "el feminismo, el valenciano y la memoria histórica". "Se sienten los amos", concluye.
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La empresa con la que la pareja de Ayuso facturó 3,7 millones: cero empleados, un ordenador, una impresora y un Porsche Panamera
El informe de la Agencia Tributaria que sustenta la denuncia que la Fiscalía ha presentado contra Alberto González Amador evidencia cómo la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso usó dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales para canalizar sus ingresos. La principal, Maxwell Cremona –que facturó 3,7 millones en dos años–, no tiene empleados por cuenta ajena pero sí consta a su nombre un coche de lujo: un Porsche Panamera.Además, la compañía adquirió con posterioridad otro vehículo de alta gama, un Maserati que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid, según adelantó El Plural y confirmó elDiario.es. La segunda compañía, que Hacienda califica como "una mera sociedad interpuesta", se llama Masterman & Whitaker y nunca tuvo ni empleados ni medios materiales para hacer los trabajos encargados por el gigante sanitario Quirón, el "principal cliente" de González Amador. La investigación se centra en la evolución de la principal empresa de González Amador: Maxwell Cremona Ingeniería SL. Y en cómo su cifra de negocio se multiplicó con la llegada de la pandemia y la necesidad de encontrar mascarillas y material sanitario. Esta es la sociedad que, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, se atribuyó hasta 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros de forma ilegal por servicios que los supuestos proveedores nunca prestaron y que sirvieron para deducirse gastos indebidamente. El propio González Amador confesó el pasado 2 de febrero por escrito haber cometido dos delitos fiscales. En 2017, un año después de su fundación, su facturación fue de 8.045 euros. En 2018 fue de 287.000 euros. En 2019 siguió subiendo y llegó a los 357.000 euros. En esos años, destaca Hacienda, la empresa firmó contratos de asesoría con Quirón, Arval o el Hospital San Francisco de Asís. Pero fue con la llegada de la pandemia cuando las cifras se dispararon: 2,3 millones de euros en 2020 y 1,3 millones en 2021. Ahí, tal y como ha revelado elDiario.es, entraron en juego las comisiones salidas de la compraventa de mascarillas. Los ingresos crecieron, pero no el pago de impuestos. Unos datos que "sorprenden significativamente a la Inspección", dice Hacienda en uno de sus informes. Los investigadores no cuestionan el negocio de la empresa de González Amador, pero sí que sus cuotas tributarias no se vieran incrementadas "en la misma proporción". Es, sostiene la Agencia Tributaria, "sumamente llamativo" que en 2020 su facturación creciera en casi dos millones y, sin embargo, pagase la mitad de impuestos que en 2019. Los gastos contabilizados con las facturas falsas hicieron la ingeniería contable que ahora denuncia la Fiscalía. En enero de 2020, antes de su explosión millonaria de ingresos, los bienes del activo empresarial de Maxwell Cremona se reducían a un ordenador portátil y una impresora, además de la fianza de una vivienda. Un año después, el primer día de 2021, la empresa sigue teniendo el mismo portátil, la misma impresora, 3.900 euros en cortinas pero un activo más: un Porsche Panamera Turbo valorado en casi 35.000 euros. La valoración invita a pensar en que se trata o bien de un Porsche de segunda mano o un modelo antiguo de alta gama. La página web de la compañía indica que, actualmente, ese tipo de vehículos no se venden por menos de 125.000 euros. En páginas de segunda mano el precio, en algunos casos, sí baja de los 40.000 euros. Además, el empresario cuenta también con un Maserati matriculado en 2017 que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid. Son hasta seis multas de tráfico por infracciones cometidas en el distrito de Chamberí que suman 385 euros, según ha podido comprobar elDiario.es. Además, acumula otras dos sanciones que suman 563 euros más relacionadas con el conocido como impuesto de circulación. Maxwell Cremona se constituyó en 2016 para dedicarse a las consultorías y auditorías energéticas y la promoción medioambiental y sostenible de los recursos, aunque la pandemia cambió su rumbo hacia los certificados de la International Standarization Organization (ISO). Son los certificados que se utilizan para avalar que un producto cumple la normativa internacional y que, en los primeros meses de pandemia, marcaban la diferencia entre las mascarillas útiles y las mascarillas inservibles. La empresa no tenía trabajadores como tal, pero sí recurrió continuamente a "un nutrido grupo de auditores externos" autónomos, dedicados a hacer auditorías y certificar que un producto podía obtener la pegatina ISO de calidad. La documentación de la Agencia Tributaria refleja pagos a 10 auditores que trabajaron para la empresa de González Amador entre 2020 y 2021 y a los que pagó, entre todos y a lo largo de esos dos años, un total de 235.500 euros, incluyendo un comercial cedido a Quirón Salud, su mejor cliente.La segunda parte de las investigaciones sobre la ingeniería societaria de González Amador para seguir mejorando su factura fiscal deriva de los movimientos que hacía con su segunda sociedad: Masterman & Whitaker. A finales de 2020, la empresa principal de González Amador compró esta otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos. Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la "expansión en Latinoamérica" y el "desarrollo e implantación de la Joint Commission International". Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según Hacienda y la Fiscalía. La empresa "pantalla" y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa "pantalla" al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, "pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas". La primera sospecha es que, en realidad, González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una "simulación relativa" de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, "originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar". El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal. Por lo contencioso-administrativo o por lo penal, como es este segundo caso. A veces, una sociedad pantalla se utiliza para que alguien canalice sus ingresos y que pague el Impuesto de Sociedades, más benevolente que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que tiene tipos más altos. En este caso, las acusaciones de la Fiscalía sobre González Amador y la empresa Masterman & Whitaker pasan por considerar que su objetivo era ubicar la carga fiscal en la sociedad que más le convenía, sin corresponderse con la realidad de los trabajos que había hecho para Quirón. El resultado de todo esto, según Hacienda y la Fiscalía, fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa "pantalla", emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Pero, previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. "Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil", zanja la administración.––––––En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es
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Los resultados electorales de Putin ya son astronómicos, y solo pueden seguir subiendo en el futuro
Vladímir Putin se acerca a cifras electorales astronómicas. Tras obtener este domingo el 87,32% de los votos con una participación del 77,44%, Putin se ha lanzado a la estratosfera.Es un axioma matemático para cualquier presidente que aspire a serlo de forma vitalicia: el apoyo nunca debe bajar, solo subir; la participación nunca debe bajar, sólo subir. Y a medida que el Gobierno unipersonal de Putin se extiende más allá de un cuarto de siglo, los dirigentes rusos mantienen la cara seria incluso cuando publican cifras astronómicas que harían sonrojar a muchos autócratas convencidos. El presidente ruso está ahora consagrado en el firmamento, con los difuntos Heydar Aliyev, de Azerbaiyán; e Islam Karimov, de Uzbekistán, cuyos regímenes de culto a la personalidad fueron respaldados por avalanchas electorales cuidadosamente controladas en los años 80 y 90 hasta su muerte. Sin embargo, Putin aún puede ir más lejos, en plena órbita con hombres como el kazajo Nursultan Nazarbayev, que obtuvo más del 95% en sus dos últimas elecciones; o el turkmeno Gurbanguly Berdymukhamedov, que obtuvo más del 97% en sus dos últimas elecciones. El récord lo tiene Saparmurat Niyazov, el líder de Turkmenistán, que obtuvo el 99,5% de los votos en 1992. En 1998 erigió una estatua de él mismo, de 12 metros de altura bañada en oro que giraba para estar siempre de cara al sol."Un resultado oficial del 87% de apoyo puede parecer ridículo, pero es un resultado lógico para el sistema autoritario personalista que Vladímir Putin ha construido", afirma Ben Noble, profesor asociado de política rusa en el University College de Londres. En su análisis, la presión para mejorar los resultados viene de arriba y de abajo. "Las cifras oficiales de votación son el resultado tanto de las claras señales de la administración presidencial para producir un resultado aún mejor que en 2018, como de los esfuerzos de los funcionarios de menor rango para impresionar a sus superiores, dos factores que empujan los resultados cada vez más arriba".Putin necesitaba este año un gesto, ya que se enfrenta a uno de los periodos más turbulentos de sus 25 años de gobierno. Estas eran las primeras elecciones desde que lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Las tensiones con Occidente están en su punto más alto desde la Guerra Fría. Y Rusia se enfrenta a sanciones sin precedentes a medida que su economía pasa a estar dominada por las industrias estatales, especialmente el sector de la defensa.En su discurso tras la victoria electoral, Putin trazó una línea de puntos entre la guerra y su aplastante victoria electoral. La victoria se debe "al dramatismo de los acontecimientos que vive el país... Al hecho de que nos vemos literalmente obligados a defender los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo, con las armas en la mano, para crear un futuro para el desarrollo pleno, soberano y seguro de la Federación Rusa, nuestra patria", dijo: "Los resultados, y sobre todo la participación, demuestran que la gente corriente lo siente y comprende que mucho depende de ella". Este es su relato. Pero no todo el mundo lo comparte. Los países europeos han criticado este lunes las elecciones. Alemania dice que no reconoce los resultados como "legítimos" y un portavoz no ha respondido directamente a una pregunta sobre si se referirían a Putin como "presidente". "No mantenemos un diálogo con Vladímir Putin, así que no es una cuestión en este momento", ha dicho.David Cameron, ministro de Asuntos Exteriores británico, ha declarado que la magnitud de la victoria "subraya crudamente la profundidad de la represión bajo el régimen del presidente Putin, que trata de silenciar cualquier oposición a su guerra ilegal". "Putin elimina a sus oponentes políticos, controla los medios de comunicación y luego se proclama vencedor. Esto no es democracia", ha dicho.Miembros de la oposición rusa habían pedido a la comunidad internacional que declarara ilegítimos los resultados. Mijail Jodorkovski, un exoligarca que ahora vive en el exilio, dijo antes de la votación que uno de los principales objetivos de Putin era mostrar a los líderes extranjeros que su control de Rusia es fuerte. Les instó a no respaldar los resultados.Alexander Baunov, investigador del Carnegie Russia Eurasia Center, explica que las cifras marcan "la ruptura definitiva con las convenciones occidentales". Y añade: "La primera parte del Gobierno de Putin tuvo lugar con el reconocimiento tácito de las normas occidentales ... [pero] un 85% al ser elegido para un quinto mandato es una soberanización completa de los números, un giro hacia el este y una de las formas de comunicar que el régimen ruso funciona ahora según leyes que no están relacionadas ni siquiera superficialmente con las occidentales".Las elecciones también tienen que ver con la estabilización del régimen de Putin en casa, donde la mayor amenaza para su gobierno puede no venir de una oposición democrática, sino de las fuerzas conservadoras o incluso de los miembros de su propio gobierno, a quienes ha confiado la dirección del vasto aparato de seguridad y estatal de Rusia.Noble califica el resultado de las elecciones de "importante mecanismo de alerta para diversos sectores, incluida, sobre todo, la élite. El mensaje es que Putin sigue firmemente al mando y es capaz de asegurar una victoria electoral aplastante, incluso mediante el uso de diversos tipos de manipulación. Eso probablemente disuadirá a los miembros de la élite de pensar en un mundo post-Putin, por ahora".Habrá una resaca postelectoral cuando se relajen las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar los precios de la gasolina y los alimentos (las principales cerveceras ya han advertido a los minoristas de que los precios de la cerveza subirán pronto entre un 8 y un 15%).Abbas Gallyamov, antiguo redactor de discursos de Putin, afirma: "Se acabó la fiesta. La gente empezará a tener pronto una sensación más clara de que les han engañado: prometieron una cosa, pero están haciendo algo completamente distinto". Pero el Kremlin volverá a engatusar, coaccionar o fabricar esos votos en 2030, y luego quizá de nuevo en 2036, cuando Putin probablemente busque cifras aún más altas.
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Iberdrola denuncia en los juzgados a Repsol por competencia desleal y la acusa de 'greenwashing'
Iberdrola ha presentado una demanda contra Repsol en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por "competencia desleal y publicidad engañosa", al considerar que ha incurrido en 'greenwashing' o blanqueo ecológico, según informaron a Europa Press en fuentes de la eléctrica.Esta demanda, presentada el pasado mes de febrero, ha sido admitida a trámite por el juzgado. No obstante, fuentes de Repsol señalaron a Europa Press que no les había sido aún notificada.En concreto, Iberdrola ha acudido a un juzgado de Cantabria ya que, de acuerdo con la normativa procesal, cuando se demandan empresas con diferentes domicilios sociales, el demandante puede elegir el lugar de cualquiera de esos domicilios. En este caso la sociedad competidora de Iberdrola en la venta de luz y gas, Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas, tiene su domicilio social en Santander.El escrito se interpone al amparo de la Ley de Competencia Desleal, basándose en los artículos de actos de engaño (art. 5), omisiones engañosa (art. 7) y publicidad ilícita (art. 18) en el marco de sus campañas de publicidad y comunicaciones corporativas.En la demanda, adelantada por 'El Confidencial' este lunes, Iberdrola acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, "cuando su oferta multi producto busca fomentar el uso de carburantes", así como de "centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales".Además, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán considera que las campañas de Repsol "constituyen una infracción de la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaños y omisiones engañosas sobre el compromiso medioambiental de la compañía".Para Iberdrola, "la generalización de estas prácticas de 'eco postureo' tiene consecuencias en los mercados, ya que termina por erosionar la confianza del consumidor en las iniciativas de sostenibilidad y socava los esfuerzos de las empresas que realmente estamos trabajando por construir un mundo más sostenible".Por su parte, fuentes de Repsol consultadas por Europa Press defienden que su estrategia y su propuesta de valor a los clientes "son únicas en la Península Ibérica y han generado nerviosismo en Iberdrola, una empresa que no está acostumbrada a manejarse en un marco competitivo, sino más bien a depender de las reglas propias de un mercado eminentemente regulado"."Prueba de ese nerviosismo es la presentación de esta supuesta demanda, carente de fundamento y de la que Repsol no ha sido notificada. Repsol seguirá creciendo en clientes de electricidad y continuará ofreciendo a la sociedad soluciones energéticas de presente y de futuro, como los combustibles renovables, que son vistos por parte de algunos, entre ellos Iberdrola, como una amenaza al discurso, falso, de que la electrificación es la solución única para reducir las emisiones de CO2 en el transporte", han añadido las mismas fuentes.En su escrito, Iberdrola solicita así que se declare que Repsol está llevando a cabo actos de competencia desleal, "condenando a dicha compañía a cesar en la realización de estos, prohibirle su reiteración futura y remover sus efectos".Asimismo, pide que se obligue a la compañía a cesar en dichas conductas y a no reiterarlas en el futuro, además de la remoción de los efectos producidos y a la destrucción de mercaderías, embalajes de productos, cartelería, entregables y folletos publicitarios, correspondencia comercial, videos o grabaciones acústicas, o cualesquiera otros materiales destinados a hacer llegar a los consumidores los contenidos publicitados.También, en caso de sentencia a su favor, exige publicar la sentencia en su página web corporativa, y en radio y televisión, al menos una vez al día durante una semana, en los mismos canales y la misma franja horaria y duración que tuvieron los contenidos declarados ilícitos, así como en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional, y en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr y TikTok).Según Iberdrola, Repsol es una compañía dedicada "principalmente a la exploración, explotación y comercialización de combustibles fósiles altamente contaminantes, teniendo en cuenta sus magnitudes económicas".En este sentido, la eléctrica recoge que en el año 2022 Repsol ha aumentado sus emisiones de CO2 en un 16%, "siendo el mayor emisor de CO2 de España, que ha destinado el 82% de sus inversiones a combustibles fósiles y solo el 0,82% a la producción de energía renovable en 2022 y que "tan solo el 0,4% de sus ingresos provienen de actividades de generación renovable en 2022". Además, recuerda que Repsol ha sido ya sancionada en dos ocasiones por 'greenwashing' por las autoridades de Reino Unido.De su lado, fuentes de Repsol destacaron que el grupo "se ha convertido en tan solo cinco años en una compañía multienergética, con una oferta comercial única en España que incluye ahorros a sus clientes y capacidad para satisfacer las necesidades energéticas y de movilidad de cualquier persona".A este respecto, recuerdan que el año pasado sumaron 246.000 nuevos clientes de electricidad en España -el operador con más altas en 2023- y superaron los 2,1 millones de clientes, situándose como la cuarta comercializadora del país.Además, señalan que en generación renovable la compañía -que en 2019 fue la primera empresa del sector en asumir el compromiso de ser cero emisiones netas en 2050- cuenta con 2.800 megavatios (MW) de capacidad instalada en España y, en el sector de la recarga eléctrica, ha firmado importantes contratos con empresas relevantes y tiene más de 1.700 puntos operativos."A esto se suma su red de estaciones de servicio, con más de 3.300 puntos repartidos por todo el país, donde ha iniciado el despliegue de combustibles 100% renovables; la aplicación Waylet, que llega a casi 8 millones de usuarios y ofrece todo tipo de ofertas, bienes y servicios; y el inicio, en octubre de 2023, de la producción de hidrógeno renovable, una de las vías para la descarbonización de los grandes centros industriales", añadieron.La Directiva sobre empoderamiento de los consumidores para la transición verde, introduce normas específicas para hacer frente a las prácticas comerciales desleales que inducen a error, como el 'greenwashing'.Asimismo, el Reglamento de Taxonomía europeo señala la exigencia de canalizar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, por lo que se deben los obstáculos a una circulación del capital a inversiones sostenibles, como sería el 'greenwashing'.
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El Colegio de Abogados de Madrid denuncia a la Fiscalía por revelar datos que desmentían la versión de Miguel Ángel Rodríguez sobre la pareja de Ayuso
El Colegio de Abogados de Madrid denunciará a la Fiscalía Provincial de Madrid por revelar datos que desmentían la versión de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, sobre la investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En rueda de prensa, el presidente de la institución, Eugenio Ribón, ha afirmado que se trata de hechos de “extrema gravedad” y que suponen “una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”. La Fiscalía Provincial de Madrid difundió el pasado jueves un comunicado en el que confirmaba que era Alberto González Amador quien había tomado la iniciativa de confesar los dos delitos de fraude fiscal que le atribuyen la Agencia Tributaria y la Fiscalía para buscar un acuerdo que le evitase el juicio. Esa confesión la había realizado por escrito en un email enviado al fiscal del caso el 2 de febrero. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, recogía ese correo. El comunicado de la Fiscalía se produjo después de que varios periódicos publicaran que la oferta para que González Amador se declarase culpable había partido del fiscal que lo investigaba y que se había producido después de que elDiario.es hubiera desvelado su fraude. Esas informaciones se sustentaban en un email entre el abogado del comisionista y el fiscal del caso que el jefe de gabinete de Ayuso trató de colocar como si fuera el primero de un intercambio de correos entre ambas partes, cuando en realidad era el último. Además, según ha podido saber elDiario.es, los mensajes que Rodríguez envió a varios periodistas apuntaban algo más: que pese a la voluntad del fiscal del caso por llegar a un acuerdo, fueron sus superiores en la Fiscalía quienes habían frustrado ese acuerdo. “Órdenes de arriba”, escribió Rodríguez a algunas redacciones que consideraba afines: “todo sucio”. La reacción de la Fiscalía Provincial de Madrid fue enviar horas después una nota de prensa con la cronología de las comunicaciones entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal que acabó presentando denuncia contra él. El detalle de esas comunicaciones reveló que era González Amador quien se había dirigido al fiscal para buscar un acuerdo mes y medio antes antes de que elDiario.es revelara que había defraudado al fisco tras cobrar dos millones de euros por su labor de intermediario en la venta de mascarillas y guantes durante los meses más letales de la pandemia.
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La conversación íntegra con las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es
El pasado martes 12 de marzo, la periodista Esther Palomera –adjunta al director de elDiario.es–, recibió a las 22:51 horas en su WhatsApp un mensaje del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR. Fue el inicio de una conversación en la que el 'número dos' de Ayuso lanzó amenazas directas contra esta cabecera. Este periódico decidió denunciar las intimidaciones, tal y como explicó este sábado el director de elDiario.es, Ignacio Escolar. Reproducimos a continuación la conversación completa, después de que el propio Rodríguez la haya filtrado a otros medios en un intento de desacreditar nuestra primera información.
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El Supremo confirma año y medio de cárcel a dos guardias civiles que obligaron a tres jóvenes a desnudarse en un control de drogas
El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de año y medio de prisión, con seis más de inhabilitación, a dos agentes de la Guardia Civil que en 2014 obligaron a tres jóvenes a desnudarse durante un control de drogas en Segovia. Los agentes, dice la Sala de lo Penal, "obraron con abuso de su función, sin justificación alguna plausible" y "contraviniendo de forma expresa los protocolos de actuación vigente", y no reflejaron el incidente en las hojas de servicio. Los hechos ocurrieron en junio de 2014 en un control de tráfico que la Guardia Civil había montado en la AP-6 en la zona cercana al peaje segoviano de El Espinar en dirección Madrid. Los agentes bajaron del coche a los tres jóvenes, dos hombres y una mujer, y empezaron a cachearlos. Una agente acudió para cachear a la mujer, que rompió a llorar al estar ocurriendo todo delante de todos los demás. Los agentes empezaron en ese momento a burlarse de ella: "No le ha gustado cómo la he tocado", dijo la guardia civil. Mientras tanto, los guardias condenados registraron el coche y preguntaron a los jóvenes que "dónde llevaban la droga", procediendo a ordenarles que se desnudaran por completo para hacerles un cacheo integral. Lo hicieron, según la Justicia, saltándose todos los protocolos, sin que fuera necesario y causando a las víctimas "una humillación objetiva, que se tradujo en sentimientos de vergüenza y humillación". No dejaron registro de estos incidentes en las hojas de servicio. El Supremo ha confirmado las condenas que la Audiencia de Segovia impuso a dos de los implicados: año y medio de cárcel y seis años de inhabilitación para dos de los guardias civiles por delitos contra la integridad moral. La agente que participó en el cacheo a la mujer que rompió a llorar fue absuelta. En sus recursos, los guardias civiles alegaban que un desnudo integral no tenía por qué atentar contra la integridad moral del detenido. El Supremo contesta que se obligó a los jóvenes a desnudarse, bajo amenaza de detención, sin que existiera "ningún indicio por mínimo que fuera" contra ellos. Los jueces hablan de una "absoluta gratuidad" de la actuación de los guardias civiles, sobre personas que ni siquiera estaban detenidas y, además, sin dejar constancia por escrito.
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Con amenazas no hay democracia
Porque no es el periodista sino el medio. Porque la amenaza no tiene cabida en democracia. Porque la advertencia afecta a toda la redacción. Porque había alusiones a terceras personas ajenas alDiario.es. Y porque ¡basta ya! del maltrato y la descalificación sistemática contra el periodismo riguroso, honesto y que busca la verdad. Por todo ello este periódico y yo misma decidimos denunciar las intimidaciones de Miguel Ángel Rodríguez sin desvelar que las canalizó a través de una impetuosa conversación que él mismo inició por whatsapp a mi número de teléfono el pasado martes por la noche sin que yo contactara con él en ningún momento. Ha sido él quien en un mensaje masivo a otros medios de comunicación en los que alude a mi vida personal ha desvelado mi nombre, reconocido la conminación al medio y alegado que fue una “riña con una amiga” que se ha convertido en noticia.Conocí a Miguel Ángel Rodríguez, allá por el año 2000. Hacía años que él había dejado el Gobierno de Aznar. Yo trabajaba en La Razón como cronista parlamentaria. Ambos éramos colaboradores del programa que Cristina López Schlichting tenía en las tardes de Cope. Con puntos de vista radicalmente distintos, nos respetamos siempre. Jamás compartimos ni cenas, ni copas, ni juergas. Cuando falleció mi padre, estuvo en el entierro, un gesto que le agradeceré de por vida. Cuando él sufrió un infarto en 2014, lo visité en su oficina a los pocos días de salir del hospital. Después, durante años perdimos el contacto, que recuperamos cuando Pablo Casado designó a Isabel Díaz Ayuso candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y él se encargó de su campaña electoral. Desde entonces hemos mantenido varias conversaciones profesionales y exactamente cuatro comidas de trabajo, una de ellas con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar y otra con un amigo común que aún trabaja en Cope.Antes de que el pasado martes entrará abruptamente en mi whatsapp a las 22.51 de la noche con los mensajes que ha reproducido este diario y en los que amenazó e insultó al periódico -“Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”-, se dirigió a mí por el mismo canal y en similares términos, el 15 de noviembre de 2023. Fue la tarde que Ayuso llamó al presidente del Gobierno hijo de p…. porque yo había colgado en twitter el vídeo en el que se podían leer los labios de la presidenta con tan elegantes palabras. Les ahorro el desarrollo de la conversación que termina con un ¡sois unos dictadores!El anterior es del 19 de julio de 2023. En esa ocasión, la conversación la inicié yo para comentar una información que se había publicado en otro medio sobre su implicación en la preparación del debate electoral que protagonizó Feijóo con Sánchez en campaña electoral. El 24 de mayo estando en directo en La noche en 24H de RTVE me escribió otro whatsapp para afearme que hubiera dicho que Ayuso era la única presidenta regional que se había negado en campaña a debatir con sus adversarios, , excepto en la cadena autonómica. El anterior es del 14 de noviembre de 2022 de las 10 de la mañana mientras yo estaba en directo en el Programa de Ana Rosa de Mediaset para negar que en los centros de salud de atención primaria se estuviera citando a los pacientes a quince días vista. Me envió un pantallazo de su centro de salud y yo le respondí con otro del mío que demostraba los plazos que yo había mencionado durante el programa.No entraré en el significado de la palabra amistad, que cada persona entiende de modo distinto. La mía desde luego no concibe que entre dos amigos pasen meses sin verse, llamarse o interesarse por sus respectivas vidas. Mi relación con MAR ha sido estrictamente profesional, ocasional y la habitual entre político y periodista. Pese a que él ha hecho alusiones a mi vida familiar y personal en un mensaje que ha difundido a varios medios, jamás he coincidido con él en espacios que no fueran estrictamente profesionales, salvo las dos ocasiones antes mencionadas. En la conversación que inició el pasado 19 de marzo hay dos partes claramente diferenciadas. La primera es íntegra la publicada y supone una explícita amenaza al diario. Hay una segunda en la que Miguel Ángel Rodríguez me insulta directamente a mí y vierte otra amenaza, ésta velada, sobre mi futuro profesional.Incluye también alusiones a mi trabajo hace años en otro medio de comunicación. He entendido que este asunto trascendía alDiario.es e incluía alusiones a terceras personas que ya no están en la política activa. Por eso, de acuerdo con Ignacio Escolar, decidí que no se hicieran públicas porque nada tienen que ver con el momento actual, ni con el escándalo de la pareja de Ayuso, ni con este periódico.Tengo amigos con los que discuto, con los que discrepo, con los que nos cruzamos palabras gruesas y con los que en ocasiones nos mandamos a pastar. A-mi-gos. Amigos a los que, tras un episodio de bronca, llamo o me llaman al cabo de las horas. Casi siempre para reír sobre nuestra confrontación, que zanjamos con un beso, un te quiero, un emoticono o una broma. Quizá soy yo la que no entiende la amistad como algo utilitario o circunstancial. Pero lo que, en ningún caso, permitiré, como le dije a Miguel Ángel Rodríguez en el final de la conversación, tras acusarme de ser “una activista a sueldo” es que se ponga en duda mi trayectoria profesional de 30 años.Cuántas veces la política ha tratado de amedrentar al periodismo, lo he denunciado incluso pagado un alto precio. Miguel Ángel Rodríguez sabe bien de lo que hablo. Y así seguirá siendo. Ni hay “una amistad de 20 años”, como ha pretendido justificar Rodríguez, ni tampoco una “relación de confianza de 30 años”, como ha declarado Isabel Díaz Ayuso. Y, aunque la hubiera habido, nada justifica una amenaza explícita a elDiario.es, de cuyo equipo de dirección formo parte, ni tampoco a un particular. Por eso y porque en democracia no cabe la amenaza a ningún medios de comunicación, este periódico decidió denunciar las agresivas formas del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.P.D. Seguimos esperando una disculpa
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Un conductor mata a un hombre al arrollarlo en un paso de cebra de Aluche y se da a la fuga
Un hombre de 75 años ha fallecido este lunes a causa de un atropello en el barrio madrileño de Aluche. El conductor del vehículo se ha dado a la fuga después de arrollar al peatón. El accidente ha tenido lugar alrededor de las 10.15 horas a la altura del número 83 de la calle Maqueda, en una zona con paso para peatones. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil, que solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre. La víctima contaba con un importante politraumatismo, por lo que no ha sido posible ningún tipo de reanimación. Varios testigos han necesitado el apoyo de una psicóloga del equipo médico y han declarado ante la Policía Municipal de Madrid. Por su parte, los agentes municipales han cortado un carril en el tramo afectado y se han encargado de gestionar el tráfico en la calle. Ahora, investigan lo ocurrido y tratan de localizar el vehículo implicado.
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Ayuso, sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es: "A ver si no nos podemos enfadar con gente de confianza"
La presidenta de la Comunida de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha quitado importancia este lunes a las amenazas de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel, Rodríguez, a elDiario.es. "Son dos personas con una relación de confianza que discuten por WhatsApp, a ver si ahora no nos podemos enfadar con gente de confianza, ahora todo se filtra".Durante un acto este lunes en Arganda del Rey, Ayuso ha insistido en que la investigación contra su pareja es una investigación para hacerle daño político a ella. "Es chavista y gravísimo, es lo profundamente ilegal".Miguel Ángel Rodríguez arremetió este martes contra una periodista de nuestra redacción con insultos y amenazas que incluían el cierre de este medio. Sucedió entre las 22:52 y las 23:11 de la noche, poco después de que elDiario.es publicase la segunda información sobre los negocios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez empezó a enviar una retahíla de mensajes de WhatsApp a una periodista que no había participado en la cobertura ni se había puesto en contacto con él: "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas".Sobre si conocía el escrito de su pareja a la Fiscalía admitiendo los delitos fiscales para buscar un pacto y reducir la condena, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha preferido no entrar: "Yo respondo por la Comunidad de Madrid, que no tiene absolutamente nada que ver con la estrategia de defensa de un particular".La pareja de Isabel Díaz Ayuso ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo en el que reconocía los delitos para evitar el juicio. El empresario, acusado de defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas proporcionadas por otras empresas, envió un correo a la Fiscalía a través de su abogado el pasado 2 de febrero: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert (sic) González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal”, escribía el abogado de la pareja de Ayuso, que reconocía que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y expone su voluntad de “proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria.Ese email desmiente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que este miércoles aseguró que su pareja está bajo “una inspección de Hacienda sacada de quicio”, que “es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros” y que es Hacienda quien le debe a él 600.000 euros: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”.
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La Comisión 8M denuncia que se haya "silenciado" durante dos años la violación grupal a una joven en Santander: "Se ha desprotegido a las mujeres"
"La noticia ha caído como un jarro de agua fría a renglón seguido del 8M", han lamentado las portavoces de la Comisión 8M Cantabria sobre el caso de la violación grupal a una joven en las fiestas de Santander de 2022 que salió a la luz el 9 de marzo, dos años después de los hechos y a las puertas de la celebración del juicio, que tendrá lugar esta semana (martes y miércoles). Este colectivo feminista ha convocado una rueda de prensa para mostrar su indignación por ello: "Se ha desprotegido a las mujeres porque el silencio nunca nos proporciona seguridad ni respeto a nuestros derechos", han denunciado Charo Quintana y Ana Bolado. "No entendemos cómo se ha impedido que conociéramos este gravísimo hecho", han expresado las representantes del colectivo, quienes, además, han anunciado la convocatoria de una concentración en la plaza del Ayuntamiento para este miércoles a las 19.00 horas para mostrar su repulsa por la agresión sexual y ofrecer apoyo a la víctima."Se ha conculcado el derecho a la información de todas y todos, información necesaria para que la ciudadanía se mantenga alerta y pueda evitar hechos como este", han criticado, tras añadir que, de esta forma, se "ha imposibilitado que mostráramos nuestra solidaridad con la mujer agredida y le dijéramos que no está sola". Además, Quintana y Bolado han incidido en otra consecuencia importante de que se hayan "silenciado" estos hechos durante este tiempo, como es "impedir que exigiéramos a las administraciones y, en particular, al Ayuntamiento de Santander, que se extremaran las medidas para conseguir unas fiestas libres de agresiones sexuales". "No sabemos qué medidas tomaron las administraciones -que, sin duda, conocían los hechos ocurridos en 2022- en las fiestas de 2023 ni qué medidas prevén adoptar para las de 2024", han cuestionado, añadiendo que, de haberse sabido, "se podrían haber potenciado los protocolos preventivos" el pasado verano. En este sentido, han asegurado que van a exigir "que se actúe desde ya preventivamente". "Queremos una Semana Grande de Santander segura para las mujeres, y queremos que todas las otras fiestas de Cantabria también lo sean", han sentenciado, reclamando una campaña en la que participen las instituciones, pero también la ciudadanía, los comercios, los establecimientos de hostelería y de ocio nocturno, y en la que "se apele directamente a los agresores para decirles que no tienen cabida en nuestras fiestas, que no hay sitio para ellos en nuestra sociedad". Al respecto, Quintana y Bolado han hecho hincapié en una campaña que sensibilice, pero que también informe sobre qué hacer ante una agresión sexista y cuáles son los teléfonos y recursos disponibles, entre ellos, los conocidos como 'Puntos Violeta' o la atención en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud a cualquier mujer víctima de ello. Por otra parte, las portavoces de la Comisión 8M han manifestado su "desacuerdo con que, ante hechos como este, el foco mediático se centre en la mujer agredida y se invisibilice a los agresores". Así, según han recalcado sobre lo ocurrido con la joven agredida en Santander, "se han dado a conocer pormenores sobre el estado de la mujer y sobre la agresión sufrida que la revictimizan y resultan totalmente innecesarios, mientras que de sus agresores apenas conocemos unas iniciales". "Pedimos a los medios que huyan de cualquier tratamiento informativo que pueda ocasionar aún más daño a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, que pueda alimentar la cultura de la violación culpabilizándolas y que contribuya a que las mujeres consideren preferible no denunciar a pasar por un auténtico calvario de juicio y escrutinio público", han reclamado. Finalmente, Quintana y Bolado han recordado reivindicaciones propias del colectivo feminista sobre el tratamiento de la violencia sexual que sufren las mujeres cuando salen de fiesta: "No es producto del alcohol o de otras drogas, de cómo vestían o de la hora o el lugar en el que estaban, es consecuencia únicamente de actos de dominación masculina", han concluido.
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