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El juez de 'Neurona' vuelve a archivar la investigación contra la ex gerente de Podemos
El juez Juan José Escalonilla, a cargo del caso 'Neurona', ha acordado nuevamente el archivo de la investigación contra la ex gerente de Podemos Rocío Esther Val, inicialmente acusada por presuntos delitos de administración desleal. Escalonilla investigaba los pluses salariales y gastos reembolsados que autorizó Val y que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente describió en su denuncia -de la que partió el caso 'Neurona'- como posibles sobresueldos.Según consta en un auto del 18 de junio al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha tenido en consideración la declaración como testigo del ex gerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón, quien manifestó que Val estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera; también ha analizado la documentación aportada por Podemos a la causa, incluido el Código Ético de la formación."Ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado [Podemos], no cabe apreciar la presunta comisión por parte de Rocío Esther Val del delito de administración desleal que se le imputa", ha precisado.El juez ha explicado además en su resolución que la ex gerente de Podemos "no implementó en su nómina y en la nómina del Responsable de Finanzas y Transparencia del partido, Daniel de Frutos Ramírez, dos complementos salariales, sino uno sólo, en concreto el de Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros, toda vez que el complemento salarial por responsabilidad había sido ya creado durante el proceso de categorización de los empleados de dicho partido político".El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ya había acordado en marzo archivar provisionalmente está línea de investigación al concluir que Val podía acordar los supuestos sobresueldos que habría creado para ella y otros cargos de la formación 'morada', pero ante un recurso de forma de Vox reabrió la causa.En aquel momento, el juez alegó que la nueva documentación aportada por Podemos llevaba a pensar "indiciariamente" que en realidad la gerente no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.
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Casado acusa a Sánchez de dar "un golpe de gracia a la legalidad" para un "cambio de régimen" en España
"Pedro Sánchez ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad, pervirtiendo la figura del indulto para concederlo a quien no lo solicita, no se arrepiente y amenaza con reincidir". Con estas palabras ha reaccionado este lunes el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que mañana, el Consejo de Ministros, aprobará los indultos a los presos del procés. Durante una reunión conjunta de los grupos parlamentarios populares en el Congreso y en el Senado, Casado ha equiparado las pretensiones del Ejecutivo al de países autoritarios al asegurar que "quien ha enfrentado democracia a ley", como a su juicio realiza el Gobierno aprobando los indultos, "ha acabado creando los regímenes más terribles de la historia de la humanidad". También ha dicho que "Sánchez necesita a los nacionalistas para que el PP deje de existir" y que por eso "es necesario que el PP gane las próximas elecciones generales", previstas para dentro de dos años. "Sin ley, la libertad y la convivencia no se pueden conseguir", ha dicho, antes de insistir que Sánchez "está entregando España a los nacionalistas". Para Casado, "el PSOE, Podemos y los nacionalistas están intentando hacer el régimen que quieren", por lo que "el problema de España no es que falte democracia es que se pacta con aquellos que quieren destruirla" como "coartada para un cambio de régimen". "Sánchez no está intentando aprovechar una oportunidad histórica para arreglar un problema nacional, aprovecha el problema causado por el supremacismo de sus socios para dar continuidad a su proyecto de cambio de régimen. Desarma al Estado con iniciativas letales para el futuro de España", ha zanjado. Para argumentar semejante acusación, Casado ha asegurado que Sánchez "pretende asentar la impunidad modificando el delito de sedición a la carta" o "limitar la efectividad del Tribunal Cconstitucional". También ha dicho el líder del PP que el Gobierno "permite que el Consejo de Europa ponga en duda la calidad democrática de la democracia española" y que "pretende hacer un referéndum para recuperar un Estatut ilegal" en Catalunya, así como que busca "reactivar la mesa de la amnistía que hablaba de una monarquía y unas fuerzas de seguridad no democráticas". Es más, Casado ha asegurado que Sánchez "blinda un segundo procés manteniendo las estructuras ilegales de la Generalitat" y que anunciando los indultos en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el jefe del Ejecutivo ha escogido un "formato de ópera bufa" con una "platea subcvencionada por los fondos europeos". Todo el plan de Sánchez es, según Casado, para acabar con la oposición. "Negociar con todos los desleales para expulsar al PP. Nos quieren fuera de cualquier negociación porque la negociación es para echarnos fuera", ha zanjado.
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El PSOE adelanta los plazos para acelerar la salida de Susana Díaz
Ni la dirección del PSOE ni el futuro candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, quieren que Susana Díaz siga al frente de la federación andaluza. A pesar de que la expresidenta se ofreció a colaborar hasta el próximo congreso y aseguró que daba un paso al lado en las decisiones políticas para dejar el camino expedito al alcalde de Sevilla, su atrincheramiento al frente del PSOE-A incomoda a Ferraz. La dirección socialista ha decidido adelantar los plazos para tener margen de maniobra para acelerar la salida de Díaz ante su negativa a dimitir. La comisión permanente del PSOE, que se ha reunido este lunes de forma semipresencial sin Pedro Sánchez, que estaba en Barcelona para pronunciar un discurso sobre los indultos a los líderes independentistas encarcelados, ha decidido adelantar dos semanas el Comité Federal en el que se va a activar formalmente la maquinaria para el 40º Congreso federal que se celebrará en Valencia a mediados de octubre. La cita tendrá lugar el 3 de julio y no el 17, como estaba previsto inicialmente. En ese cónclave, además de la convocatoria oficial, se aprobará la ponencia marco que servirá de base para las resoluciones que salgan de ese congreso en el que Sánchez será reelegido y aprovechará para reforzar la cúpula del partido. Con esa maniobra, Ferraz gana margen, además, para adelantar las primarias a la secretaría general del PSOE andaluz. Sobre el papel, los congresos regionales tienen que celebrarse después del federal, pero esta jugada permite que al menos la elección del nuevo líder sea antes y forzar así la salida de Díaz ante su negativa a renunciar. "Estamos organizando calendarios", señalan fuentes socialistas. Adelantar la elección del sustituto de Díaz es la única fórmula que han encontrado en la dirección de Sánchez dado que, tras su victoria en 2017, la fórmula drástica de fulminar a un líder se convirtió prácticamente en misión imposible en los reglamentos internos del partido. "No vamos a montar una gestora como con Tomás Gómez", sentenciaban fuentes de la cúpula socialista la semana pasada. En la dirección querían, además, dar un cierto margen para que Díaz digiriera la derrota y se fuera por su propia voluntad. De ahí que el pasado lunes el secretario de Organización, José Luis Ábalos, enfriara la activación de la vía para echarla, aunque dio por finiquitado su mandato. Los socialistas redoblaron la presión para que la expresidenta dimitiera, aunque destacados dirigentes apuntaban a que iba a resistir todo lo posible. Ferraz se daba de margen hasta la reunión que Espadas y Díaz mantuvieron el pasado viernes y en la que la expresidenta insistió en su negativa a abandonar el cargo. Ante esa situación, la dirección de Sánchez se decanta por acelerar los pasos para poner fin definitivamente a su etapa al frente del PSOE-A. La dirección socialista ni siquiera invitó a la ejecutiva regional a un acto organizado en Sevilla este domingo sobre la ponencia del congreso, pero que sirvió como primer mitin de entronización de Espadas.
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El Gobierno da el primer paso para aprobar los indultos este martes
El Gobierno da el primer paso oficial para conceder los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés este martes 22 de junio. Los expedientes sobre la medida de gracia pasarán este lunes por la tarde por una sesión extraordinaria de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios (CGSEYS), que es el paso previo para que los asuntos se incluyan en el orden del Consejo de Ministros. La intención del Ejecutivo es que los informes de la medida de gracia se aprueben en la reunión de este martes, aunque fuentes gubernamentales evitan darlo por cerrado y apuntan a que puede urgir algún imprevisto en las próximas horas que lo dilate. En todo caso, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró que la decisión se tomaría este martes o el próximo 29 de junio. Moncloa ha adelantado, además, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar el perdón gubernamental al próximo 30 de junio. En la reunión extraordinaria de la CGSEYS también está previsto que se dé el visto bueno al decreto ley para eliminar la obligatoriedad de las mascarillas que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario el jueves. En los últimos días el Gobierno ya había dejado claro que la adopción de la medida sería inminente y que se produciría antes de la reunión prevista entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para el mes de junio. El Ministerio de Justicia, junto con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, llevan semanas trabajando en la argumentación de la medida de gracia que el PP ya ha adelantado que llevará a los tribunales. Sánchez ya se había mostrado partidario del perdón gubernamental antes de que el Supremo se posicionara en contra. Pero es que el movimiento del Gobierno no tiene una lectura jurídica sino política: en Moncloa están convencidos de que es un paso hacia la distensión. Desde entonces, el presidente ha ido dando argumentos en favor de la medida de gracia consciente de que le genera desgaste entre sus propios votantes. El esfuerzo del Ejecutivo se ha centrado en los últimos días en hacer una labor pedagógica sobre los indultos. De hecho, el presidente explicará los porqués de la decisión en una conferencia que pronunciará este lunes en el Liceu de Barcelona ante "una amplia representación de la sociedad civil", según Moncloa. Sánchez llegó a pedir "un voto de confianza" a quienes tienen "reparos" bajo el argumento de que es una medida en pro de la "concordia y la convivencia". "Es importante que la sociedad española sea consciente de que esta decisión no la hacemos por los afectados, lo hacemos por la sociedad catalana y española", expresó el miércoles. La utilidad pública, la convivencia y la resolución del conflicto político será en buena medida la argumentación del Ejecutivo en los expedientes individualizados de los indultos. En ese marco, el Gobierno ha recibido un balón de oxígeno de la patronal después de que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, haya dicho que los indultos serán "bienvenidos" si sirven para que "se normalicen" las cosas en Catalunya frente al discurso crispado que mantiene el PP. También la patronal catalana ha mostrado su férreo apoyo a la decisión del Gobierno, que se suma al de los obispos catalanes y también a los sindicatos, que lo expresaron desde el primer momento. El Gobierno ve, además, un cambio en la buena dirección por parte de ERC, con el que mantienen coordinación y relación, como la renuncia a la vía unilateral o los pasos hacia la institucionalidad, como la presencia de Aragonès en un acto al que acudió el rey Felipe VI esta semana.
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Ciudadanos no logra frenar la sangría de desertores que mantienen sus actas
Ciudadanos lleva sufriendo a lo largo de estos dos años de legislatura con mucha mayor intensidad que el resto de los partidos políticos un rosario de fugas a otros partidos y bajas de cargos públicos que, pese a dejar la militancia, se niegan a devolver sus actas como diputados, senadores o concejales y terminan recalando en el Grupo Mixto o en el de 'no adscritos'. Oficialmente no son considerados como "tránsfugas" pero con su decisión pueden en muchos casos desestabilizar mayorías y gobiernos o propiciar mociones de censura. El partido de Inés Arrimadas ha intentado que se reformen las leyes para prohibir o sancionar con dureza estas conductas pero se han dado por vencidos ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas. Tampoco el Pacto Antitransfuguismo sirve para obligar a estos disidentes a renunciar a sus actas para que corra la lista y otro miembro del mismo partido ocupe su lugar.Buena parte del origen de los males de Ciudadanos viene dado por la opa hostil lanzada por el PP contra ellos, que ha agudizado el declive electoral por el que atraviesa la formación y por la marcha de algunos destacados dirigentes descontentos con el cambio de estrategia impulsado por Arrimadas.Aunque los partidos presentan listas cerradas al Congreso, el escaño pertenece a cada miembro de la candidatura y, por lo tanto, no tiene obligación legal de renunciar a él. Según dos dictámenes del Tribunal Constitucional, "quien ha sido elegido por los electores no puede ser despojado de su cargo, pues tiene derecho a permanecer en él el tiempo previsto constitucionalmente para la duración de su mandato", que la Constitución fija en un máximo de cuatro años para diputados y senadores, o hasta que se disuelven las Cortes. Otra cosa es el compromiso personal que adquieren los candidatos. En Ciudadanos todos firman por escrito un acuerdo previo -la llamada Carta Etica que el partido impulsó en 2015- por el que se comprometen, entre otros puntos, a dejar sus actas si deciden marcharse del partido. Pero muy pocos lo han cumplido. En estos últimos meses, Arrimadas no ha logrado frenar la sangría de casos que se han multiplicado desde la debacle del 10 de noviembre de 2019, cuando Albert Rivera se hundió al 6,8% de los votos y Ciudadanos obtuvo tan solo diez escaños. En el partido todavía colea el caso del eurodiputado Javier Nart que en septiembre de 2019 anunció su baja como militante y dejó su puesto en la Ejecutiva Nacional. Pero su decisión, sin embargo, no llevó aparejada su salida del Parlamento Europeo con la renuncia al escaño que obtuvo en la lista de Ciudadanos. Entonces Albert Rivera le exigió que entregara el acta inmediatamente, a lo que Nart hizo oídos sordos, alegando que su objetivo era “seguir defendiendo el programa electoral del partido". No obstante, ante las amenazas de expulsión de la dirección, anunció que dejaba la delegación de Ciudadanos en Europa, pero no el escaño, que a día de hoy mantiene. Curiosamente, ahora Arrimadas, lejos de castigarle por su conducta, le ha 'indultado'. En la pasada campaña de las elecciones madrileñas Nart sorprendió apareciendo en un mitin para apoyar al candidato, Edmundo Bal, según publicó Vozpópuli. En este año y medio de mandato de Arrimadas el caso que más daño ha hecho al partido ha sido la fallida automoción de censura en Murcia que registraron el pasado 10 de marzo junto al PSOE contra el Gobierno de coalición del que Ciudadanos formaba parte con el PP. Allí los de Casado lograron cerrar un acuerdo con tres diputados tránsfugas de Ciudadanos de la Asamblea regional para que hicieran abortar la iniciativa, pese a que los tres habían estampado previamente en ella su firma. Los disidentes acabaron dentro del Gobierno presidido por Fernando López Miras, aunque alguno ya lo estaba, como Isabel Franco, que continuó como vicepresidenta y consejera de Mujer. Su compañera Valle Miguélez es desde entonces portavoz y Consejera de Empresa, Industria, y Francisco Álvarez, el responsable de Empleo. Todos fueron expulsados de Ciudadanos y ahora se está a la espera de la confirmación oficial de la expulsión de un cuarto tránsfuga, Alberto Castillo. En el PP, en cambio, negaron que se tratara de casos de transfuguismo alegando que los diputados de Ciudadanos únicamente había decidido "mantenerse firmes" en el acuerdo de gobierno que suscribieron hace dos años, al inicio de la legislatura.Los diputados de Ciudadanos y el presidente murciano, declarados "tránsfugas" Para satisfacción de Ciudadanos, han conseguido al menos que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo analizara el pasado 25 de marzo los hechos vividos en Murcia, que fueron calificados por el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, como "un nueva trama de corrupción" puesta en marcha contra ellos por parte del PP. Asimismo, Bal destacó que el PP estaba manteniendo "comportamientos mafiosos" al "comprar" con prebendas a dirigentes de su partido. En esa reunión, celebrada en el Congreso, el PP votó en contra de declarar a esos diputados "tránsfugas", por lo que se encargó a cinco expertos dirimir si había o no transfuguismo en la moción de censura de Murcia. Finalmente, el dictamen emitido fue claro: no solo han sido considerados como "tránsfugas" a los exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción, sino también al propio presidente de esta región, el dirigente del PP Fernando López Miras, al considerar que fue "inductor y principal beneficiario" de la conducta esos diputados que traicionaron a su partido. Además, el dictamen señala que el presidente regional tuvo una "participación activa" en la "alteración" de las mayorías políticas para evitar la moción de censura y le acusan de haber "recompensado" a estos tránsfugas con cargos en el Gobierno regional. El resultado del citado informe de esa comisión de expertos ha llevado a Ciudadanos a pedir -sin éxito- la dimisión inmediata de López Miras. Los de Casado ha utilizado una argucia. Alegaron que habían abandonado el Pacto Antitranfuguismo en abril, mucho antes de ese dictamen, ante la negativa del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, a convocar en 48 horas su Comisión de Seguimiento por lo que argumentan que la declaración de tránsfuga del presidente murciano y de los diputados de Ciudadanos que truncaron la moción de censura "carece de validez" porque la resolución no cuenta ahora "con la mayoría parlamentaria" necesaria. Ese repentino portazo del PP al acuerdo ha sorprendido a Ciudadanos dado que en Andalucía fueron los primeros en apoyar la modificación del reglamento del Parlamento regional para adaptarlo al Pacto contra el Transfuguismo tras el caso de Teresa Rodríguez, la dirigente de Adelante Andalucía. El portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido a Casado que “reconsidere su postura” y vuelvan al Pacto porque, según ha afirmado, “aprovecharse de los tránsfugas es una verdadera indecencia” y supone “supone un fraude electoral”. Bal le ha recordado que todos los partidos -incluido el PP- "votaron a favor de ese acuerdo de Estado", excepto Vox, por lo que le ha preguntado “a quién quiere parecerse, si al resto de los partidos o a Vox”.Lo cierto es que ante estas prácticas queda en entredicho la escasa eficacia de dicho acuerdo que entró en vigor en 1998, año en el que los partidos entonces existentes adquirieron el compromiso de no admitir a los desertores de otras formaciones para que con sus votos alteraran la representación política. Pero el acuerdo no tiene rango de ley y, en la práctica, queda en papel mojado.La anterior reunión de la Comisión de Seguimiento fue en noviembre del año pasado, precisamente a petición del partido de Arrimadas que la reclamó "con carácter de urgencia" después de sufrir en sus filas dos importantes fugas de concejales -una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Málaga-, que tras pasarse al grupo de 'no adscritos' lograron cambiar el equilibrio de fuerzas que había hasta ese momento en los dos Ayuntamientos.Tras aquella reunión los grupos actuales del Congreso acordaron “adoptar las medidas adecuadas en orden a impedir la consumación de los efectos del transfuguismo” cuando “se tenga conocimiento del anuncio de la presentación de una moción de censura en la que concurriese un supuesto de transfuguismo”.No obstante, algo se ha conseguido a lo largo de estos años gracias la presión de los partidos afectados por estas prácticas, como algunas modificaciones en la ley electoral (LOREG). La reforma más reciente se dirige a que "la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular". Por lo tanto, se determina que "las personas 'no adscritas' no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente". También señala que los políticos 'no adscritos' "no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen en cuanto a su participación en las Comisiones" y tampoco se puede "perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo". Además, la formación que ha expulsado al político tampoco podrá ver mermada su capacidad y sufrir una reducción de medios administrativos y asignaciones económicas. La larga lista de díscolos de CiudadanosAl margen de lo de Murcia, el partido de Arrimadas ha acumulado casos de diputados, senadores y ediles que dejan la militancia y se niegan a renunciar a sus actas. Sin llegar más lejos, en el Senado ha habido dos casos muy reciente de parlamentarios que han dejado la militancia pero se han ido al Grupo Mixto: la navarra Ruth Goñi, única senadora de Ciudadanos de elección directa; y el valenciano Emilio Argüeso, que fue designado por Les Corts y que ha sido expulsado del partido.En el Congreso hizo lo mismo el diputado por Sevilla Pablo Cambronero entre protestas por "deriva sanchista" que achaca a la dirección que lidera Arrimadas. Cambronero, policía de profesión y hasta ahora portavoz de Interior en el Congreso, explicó que no se podía poner "a las órdenes de una dirección de partido que en plena pandemia dedica su tiempo a realizar pactos o estrategias con Podemos, ERC, o Bildu". En cambio su compañera por Alicante, Marta Martín, discrepante también con la lídea actual del partido, dejó su acta por "coherencia" con el compromiso firmado. Su escaño fue ocupado por el siguiente de la lista, Juan Ignacio López-Bas, que ya fue diputado en la pasada legislatura.En Castilla y León, Ciudadanos recibió un sobresalto cuando a tres días de la moción de censura que presentó el PSOE contra el Gobierno de coalición del que Francisco Igea es vicepresidente, la diputada autonómica por Salamanca, María Montero, se pasó al Grupo Mixto y emitió un inesperado comunicado en el que informaba de los motivos que le habían llevado a "tomar la dura decisión de tener que abandonar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos". Pese a todo, la iniciativa no prosperó. Uno de los casos más sonados lo han sufrido en Valencia, donde a principios de mayo, poco después de que Toni Cantó se marchara a las filas del PP madrileño, los diputados de Ciudadanos en Les Corts Jesús Salmerón, Cristina Gabarda, José Antonio Martínez y Sunsi Sanchís anunciaron a través de sus redes sociales su baja de militancia del partido de Arrimadas. Los cuatro pasaron a ser diputados 'no adscritos' dado que no renunciaron al acta, denunciando como excusa que "Ciudadanos ha abandonado los principios liberales". La situación se ha agravado esta misma semana después de que otro diputado, Vicente Fernández, comunicara a la Mesa de las Corts este jueves su baja del grupo para ejercer a partir de ahora también como 'no adscrito' junto a los otros cuatro excompañeros, dejando a Ciudadanos con tan solo 13 de los 18 escaños con los que arrancó la legislatura. La primera consecuencia ha sido impedir la posibilidad de reformar la Ley electoral valenciana, uno de los proyectos más ambiciosos del Parlamento regional. Otro caso lo han vivido en Gandía, en donde el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Pascal Renolt, único representante que tenían allí, fue expulsado del partido "por vulneración del código ético", asegurando que Renolt “ha realizado actuaciones contrarias a la conducta que establece la formación para cargos del partido”. El edil se quedó con el acta. En Castilla la Mancha, este mismo mes de junio, el susto lo vivieron en Albacete. A pocas horas del pleno en el que tomaba posesión el socialista Emilio Sáez como alcalde de la ciudad, en virtud del pacto suscrito con Ciudadanos para alternarse en el cargo, la concejala de Cultura, María Teresa García Arce, remitía una carta a los medios de comunicación por la que anunciaba su baja de Ciudadanos y su paso al grupo de 'no adscritos'. Pese a la abstención de García el edil sacó adelante la votación.En Galicia también han sufrido abandonos parecidos. En A Coruña, el 1 de septiembre del pasado año, la concejala de Ciudadanos Mónica Martínez se incorporó, como edil de Deportes, al Gobierno local del PSOE. Lo hacía en calidad de concejala 'no adscrita' después de haber sido elegida en la lista de Ciudadanos en mayo de 2019 y haber abandonado el partido un año más tarde. Para Marea Atlántica, se trató de un caso transfuguismo. El asunto terminó en los tribunales para reclamar la nulidad de la resolución de la Alcaldía que desestimaba la protesta del grupo de izquierdas. El pasado mes de febrero, la diputada Montserrat Lama, única representante de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Ourense, decidió que abandonaba también la formación naranja y se unía al grupo de 'no adscritos'. Esta decisión se producía en la misma semana en la que Ciudadanos había rechazado las ofertas del PSOE que, con el Partido Popular en minoría en la Diputación de Ourense, había intentado una moción de censura al presidente de la institución, Manuel Baltar. No es la primera vez que Lama abandona el partido con el que fue elegida. En 2019 era diputada por el PP y portavoz de la Junta de Gobierno de Manuel Baltar, y desde ahí, anunció su dimisión y pasó a formar parte de Ciudadanos meses más tarde.El último lío está centrado en Granada en donde el actual alcalde de Ciudadanos, Luis Salvador, se ha quedado aislado en el Ayuntamiento con el apoyo de un solo concejal de esa formación, después de que los seis socios del Ejecutivo del PP y los otros dos ediles de su propio partido hayan renunciado a sus competencias. Granada es la única capital andaluza y la mayor ciudad del país con un alcalde de Ciudadanos tras las elecciones municipales de hace dos años. El PP esgrime que tras las elecciones municipales alcanzaron un pacto no escrito para que cada partido se alternase en el gobierno durante dos años. Pero Salvador lo niega y asegura que el bastón de mando que recibió en su día con los votos del PP y el apoyo de Vox fue para los cuatro años de mandato. Ante esta rocambolesca situación el partido de Abascal quiere sacar su tajada y ha registrado una moción para que se acelere el proceso de convocatoria de elecciones parciales en el Ayuntamineto y "devolver la voz a los granadinos". En su escrito, presentado por la diputada del Congreso por esta provincia, Macarena Olona, y el portavoz municipal de Vox, Onofre Miralles, instan "al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en aplicación del artículo 61.1 de la LBRL, promueva la disolución del Ayuntamiento de Granada poniendo en manos de una comisión gestora la administración ordinaria de los asuntos propios del Consistorio".
2 d
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El polémico indulto concedido por el Gobierno de Rajoy a un conductor kamikaze: "Provocó un rechazo social"
La inminente concesión de los indultos a los presos del procés ha vuelto a colocar en el punto de mira a esta medida de gracia que concede el Gobierno. La hemeroteca recoge varios casos que han generado polémica, alguno de ellos, incluso, han sido posteriormente anulados por el Tribunal Supremo. Así sucedió con el indulto concedido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a Ramón Jorge Ríos, un conductor kamikaze que circuló a lo largo de cinco kilómetros en dirección contraria en la AP-7, provocando la muerte de José Alfredo Dolz (25 años), que se lo encontró de frente al realizar un adelantamiento y no pudo esquivar el impacto. La pareja de la víctima no falleció, pero resultó herida en el accidente. Los hechos sucedieron en 2003. Ocho años después, en 2011, el acusado fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a trece años de prisión como autor de un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio. Tras la ratificación del fallo por el Tribunal Supremo y con un cumplimiento de condena que se redujo a diez meses en prisión, el ministro de Justicia por aquel entonces, Alberto Ruiz Gallardón le indultó, sin tener en cuenta que jueces, Fiscalía y víctimas se oponían a esa decisión. La polémica continuó después de que el periódico Información publicase que el letrado que defendía al condenado era Esteban Astarloa, hermano de Ignacio Astarloa, subsecretario de Justicia de 2000 a 2002, durante el Gobierno de José María Aznar (PP); y compañero de despacho — en el bufete Uría Menéndez — de un hijo de Gallardón. Tras un recurso y una campaña emprendida por la familia del fallecido para protestar por la aprobación del indulto, el Supremo terminó anulando esta decisión al no hallar su "lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad", ya que el Ejecutivo no especificó las razones que le llevaron a adoptar la medida de gracia."Fue un peregrinaje judicial complicado", recuerda Agustín Ferrer, abogado de la familia. "Habíamos llevado el tema con cierta discreción, hasta que llegó el indulto, que provocó un rechazo no solo familiar, sino social. No se entendía por qué se indultaba a un kamikaze, teniendo en cuenta que había causado una muerte y que había tenido un juicio, había podido recurrir a todas las instancias judiciales y defender sus derechos", destaca el letrado.El accidente de tráfico que se saldó con la vida de Dolz se produjo el 1 de diciembre de 2003. Ese día, sobre las 18:40 horas, mientras el condenado conducía por la A-7 en dirección a Alicante "alcanzó a un vehículo que le precedía, golpeándolo en su parte trasera y sin disminuir su velocidad, volvió a golpearle, continuó circulando como si nada hubiese pasado", recoge la sentencia del Supremo como hechos probados. Tras ese incidente, Ríos "accedió a la AP-7 en el peaje de Silla", a la altura del punto kilométrico 551-552 donde realizó una parada en el arcén y tras ella optó por "efectuar un cambio de sentido, comenzando a circular en sentido contrario entre los dos carriles". Los magistrados detallan que la conducción se produjo "a gran velocidad", de tal manera que el infractor asumió "la alta posibilidad de que dicha conducta pudiera concretarse en un resultado lesivo para la vida e integridad física de los demás usuarios de la vía". A pesar de que "numerosos conductores" que se cruzaban con él "le advertían con señales luminosas y acústicas" de su temeraria conducción, "el acusado hizo caso omiso, sin poner las luces de emergencia ni emplear ningún otro dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía", tampoco realizó "maniobra alguna de evasión" mientras conducía en sentido contrario. A lo largo de su recorrido varios conductores tuvieron que apartarse de su camino, hasta que finalmente "sobre las 19:15 horas, a la altura del kilómetro 547, colisionó frontalmente con un vehículo que circulaba correctamente por su dirección produciéndose el fallecimiento de su conductor y graves lesiones a la acompañante".Dolz falleció por "un traumatismo craneoencefálico severo, con destrucción de centros vitales". Su pareja sufrió fracturas y contusiones para las que necesitó 365 días de curación y que le provocaron secuelas psicológicas como estrés postraumático crónico y depresión. El Gobierno no comunicó a la familia de la víctima nada sobre la concesión de la medida de gracia, indica Ferrer. "Sabíamos que se iba a solicitar el indulto y nos opusimos a su concesión como víctimas del kamikaze. No nos llamaron, ni el Gobierno de Mariano Rajoy nos comunicó nada. Tuvimos la notificación de que tenían que soltarlo porque había sido indultado. Lo supimos a través de la Audiencia Provincial de Valencia", añade el abogado. En el juicio, la defensa del condenado argumentó que dos años después de los hechos el servicio de de salud de Castilla-La Mancha prescribió al condenado una medicación que "entre otros usos está indicado para el tratamiento de" la epilepsia. Argumentación que fue rechazada por la Audiencia Provincial: "Ignoramos qué es lo que pudo llevar al procesado a realizar estos hechos, pero desde luego lo que no podemos afirmar es que si lo llevó a cabo fue por consecuencia de que en esos momentos atravesaba ningún tipo de crisis". Los magistrados de la Audiencia Provincial se detuvieron en esta argumentación, destacando que les llamaba "poderosamente la atención" que ese diagnóstico no se pudiese confrontar en sede judicial porque no han "intentado" —"siquiera"—  "traer a juicio al doctor o doctores que lo efectuaron". "Es más, según la documentación que se nos aporta, ni tan siquiera podemos afirmar que estos especialistas se pronunciara categóricamente al respecto", añadieron. Meses después, el Supremo ratificó esta tesis, destacando que el acusado "tenía pleno conocimiento de la posibilidad de que se produjera" un homicidio. A pesar de la detallada valoración que realizaron los magistrados sobre el diagnóstico médico del condenado, llama la atención que el responsable de la concesión del indulto, el ministro Ruiz-Gallardón, justificase su decisión en una interpelación en el Congreso alegando que Ríos obtuvo la medida de gracia porque "fue diagnosticado de epilepsia por el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha". Según detalló en una respuesta parlamentaria al diputado Ximo Puig, actualmente presidente de la Generalitat Valenciana, esa valoración médica motivó la petición del indulto. Gallardón también alegó en el Congreso que el conductor no tenía antecedentes y no circulaba "bajo los efectos del alcohol". Además, aseguró que "el centro penitenciario en el que estaba ingresado informó favorablemente, constatando que en los nueve años transcurridos desde los hechos y a su ingreso en prisión no había cometido delito alguno, se arrepintió, se reintegró sociolaboralmente y no había pronóstico de reincidencia". En esa contestación obvió que la decisión se había tomado con informes contrarios de la Audiencia Provincial, de la fiscalía y de las víctimas, según publicó El País. En el Gobierno no todos los ministros apoyaron esta decisión, el responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, destacó que la concesión de medidas de gracia a condenados por delitos contra la seguridad vial no era una política del Ejecutivo."Esa decisión iba en contra de todo lo que la dirección general de tráfico estaba haciendo en sus campañas", recuerda Ferrer, que incide en cómo la publicidad de la DGT se ha ido dirigiendo "a un endurecimiento progresivo de penas". En su interpelación parlamentaria, el ministro de Justicia aseguró que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había creado precedentes, al conceder en septiembre de 2011 un indulto por un delito de seguridad vial. Además, Gallardón también se desvinculó de la relación que tenía su hijo con el despacho de abogados que defendió al conductor kamikaze. El bufete donde trabajan los letrados "es una cosa que no figura en los expedientes de indulto ni este ministro lo conocía", aseguró el titular de la cartera de Justicia. Por su parte, José Ruiz-Gallardón Utrera, hijo del exministro, asegura en declaraciones a elDiario.es que su participación en este caso "fue nula". "Ni yo tenía conocimiento del asunto. Ni mi padre sabía que el abogado de este señor trabajaba en el mismo despacho que yo", añade. Desde Uría Menéndez rechazan hacer valoraciones sobre este procedimiento.  En diciembre de 2012 el indulto se publicó en el BOE, el Gobierno le conmutaba la pena a Ríos por una multa de algo más de 4.300 euros. Meses después, el Supremo anuló esta decisión y el condenado tuvo que volver a prisión. El abogado de la familia del fallecido asegura que por ahora solo tienen "notificación" de que se esté ejecutando la condena impuesta por los tribunales.
2 d
eldiario.es
Kitchen, la corrupción del PP para escapar de Gürtel que atenaza a Casado
"Hace cuatro meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad de presidente del PP". Estas fueron las últimas palabras que pronunció sobre corrupción el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Fue el pasado día 3, cuando en una comparecencia en Ceuta –en la que fue jaleado por los mismos simpatizantes que abuchearon a los periodistas– fue preguntado por la imputación de María Dolores de Cospedal, su gran valedora en las primarias de 2018 y a la que debe la presidencia del PP, en la Operación Kitchen. Dos semanas después de esas declaraciones, sin embargo, el fantasma de la corrupción vuelve amenazar a Casado que, desde su triunfo en aquel proceso interno de hace tres años, trata sin éxito de dejar atrás los casos que afectan a su propia formación política al considerarlos "asuntos del pasado".A diferencia de lo que defiende el presidente del PP, no todas esas causas por las que se sigue investigando a dirigentes del partido corresponden a una época remota en la que Casado no tenía ningún papel en la organización. Las actuaciones judiciales siguen su curso y el cerco sobre el actual líder de los populares se estrecha ante las últimas revelaciones sobre la conocida como Operación Kitchen, la trama urdida desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y desde la propia formación conservadora para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas con el objetivo de destruir cualquier tipo de prueba que pudiera implicar al PP en el caso Gürtel y demostrara su financiación ilegal durante décadas. La instrucción judicial cerca a la exsecretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, en ese espionaje a Bárcenas por el que está imputada ella, su marido, Ignacio López del Hierro y quien fue su jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa, José Luis Ortiz. A diferencia de otros escándalos que sucedieron hace décadas, como ha recordado el propio Casado que llegó a argumentar que algunas de las conductas de sus compañeros de partido ocurrieron cuando él estaba en BUP, el caso Kitchen, una operación parapolicial para tratar de obstruir las investigaciones sobre otras tramas de corrupción, es reciente y tanto la Fiscalía, como el juez, como las agendas del comisario Villarejo señalan a una persona clave en la vida política de Casado: la dirigente que lo aupó a la presidencia del partido.La exministra de Defensa y anterior número dos del PP, quien, tras verse eliminada en la primera fase del proceso a raíz de la votación de los militantes –en la que Soraya Sáenz de Santamaría resultó vencedora y el hoy líder del PP quedó segundo– puso a disposición del entonces candidato todo su poder orgánico para que el actual líder pudiera ganar las primarias y, por tanto, Casado le debe el puesto. Pese a ello, el líder del PP que evitó abrirle un expediente alega que también este caso forma parte del pasado que hace daño al partido y que no va a comentar en sus comparecencias públicas.A raíz del levantamiento del secreto de sumario, este jueves se conoció que el excomisario José Manuel Villarejo anotó en su agenda un plan organizado por la propia Cospedal y por el marido de ésta, Ignacio López del Hierro para colocar como jefe de la Policía al comisario en excedencia José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, la unidad de la que dependían los agentes que investigaron el caso Gürtel y siguen indagando en la caja B del PP. Se trata de un policía de confianza de Cospedal que esta semana también fue imputado en la Kitchen por el juez del caso, Manuel García Castellón, precisamente por obstruir la investigación de las cuentas ilegales de la formación conservadora. El viernes, elDiario.es reveló además en exclusiva que Bárcenas encargó a un recluso con el que había compartido encierro en Soto del Real que destruyera las grabaciones que él conservaba en la 'nube' y que había hecho a Mariano Rajoy y Javier Arenas, en las que ambos aparecerían, según el extesorero, implicados en la financiación irregular del partido. Así lo admitió el pasado 9 de abril el propio Bárcenas a dos agentes de Asuntos Internos que le preguntaban por una nota manuscrita incautada en prisión, en la que Bárcenas escribe las instrucciones al recluso y a la que tuvo acceso este diario. No obstante, el extesorero insiste en que la Policía le robó otra copia de esas grabaciones.Todas esas nuevas revelaciones del sumario conceden en el espionaje de Bárcenas un papel protagonista a Cospedal. Para conocer la importancia de la dirigente manchega en la vida política de Casado hay que remontarse a las primarias de 2018. Entonces las favoritas eran Cospedal y Sáenz de Santamaría, las eternas archienemigas internas, que entre 2008 y 2018 compitieron abiertamente por el control del partido presidido por Rajoy que, tratando de equilibrar la balanza, nombró a una su 'número dos' en el PP y, a la otra, su mano derecha en el Ejecutivo. En la primera vuelta de las primarias, la de la votación de la militancia, Sáenz de Santamaría fue la más votada, seguida de Casado. Cospedal quedó tercera, por lo que fue eliminada del proceso, ya que las normas internas prevén un sistema de dos votaciones en el que solo pasan a la segunda fase los dos candidatos más votados. Entonces Cospedal hizo valer todo su poder orgánico para que Casado ganara en la votación de los compromisarios del XIX Congreso, volcando a todos sus dirigentes afines a favor del joven candidato, al que al inicio del proceso nadie dentro de las filas populares consideraba con opciones de convertirse en el sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido. Apenas diez días después de quedar eliminada en la votación de la militancia, Cospedal se presentó en un desayuno informativo protagonizado por Casado y le expresó su apoyo de forma pública con las siguientes palabras: "Mi presencia aquí quiere decir que hoy el PP y nosotros tenemos que ofrecer a nuestros militantes y a nuestros votantes un proyecto ilusionante y de futuro. Un PP fuerte y unido, con convicciones, tiene que estar preparado para luchar por España y por los españoles y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción".En realidad, el interés de la también exministra de Defensa en apoyar a Casado se debía única y exclusivamente a su histórica batalla con Sáenz de Santamaría. Y, finalmente, Cospedal ganó, cuando en el XIX Congreso los compromisarios votaron masivamente al hoy líder del PP, su apuesta personal para derrocar a su enemiga interna. Casado le debe el puesto a Cospedal. Sin ella, el líder del PP no estaría donde hoy está, al frente del principal partido de la oposición. Nada más ser elegido, él mismo agradeció públicamente a la exsecretaria general esa influencia que le llevó a liderar la formación conservadora con las siguientes palabras: "Gracias María Dolores [de Cospedal], secretaria general, por todo lo que has hecho por este partido, por ser una candidata ganadora en Castilla-La Mancha, por ser una ministra excelente, una consejera excelente. Por ser quien ha dado la cara en las peores circunstancias por el partido. Gracias, María Dolores, muchas gracias".Pese a ello, el presidente de los populares trata ahora de evitar cualquier comentario sobre el caso que ha provocado la imputación de la exsecretaria general por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas, esa vinculación con la dirigente que le encumbró al liderazgo del partido le sigue y le seguirá persiguiendo.Una evidencia de la estrecha relación entre Cospedal y Casado se dio en noviembre de 2018, cuando la exsecretaria general tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso tras revelarse sus conversaciones con el excomisario Villarejo que han motivado finalmente su imputación por el espionaje a Bárcenas. Entonces, el ya líder del PP aseguró como despedida que la exsecretaria general había realizado "una labor formidable para el partido, para Castilla-La Mancha y para España". "Desde el Partido Popular reconocemos su gran labor", remachó.Hasta ese momento de la salida de Cospedal de la política, Casado siempre trató de recompensarla por su apoyo en las primarias. La incluyó en las listas de las generales, colocó en puestos estratégicos a los dirigentes más cercanos a la exministra –como Dolors Montserrat o Juan Ignacio Zoido– y, en septiembre de 2018, la dirección de Casado la eligió como representante del PP en el patronato del Instituto Elcano, en el que el pasado febrero fue nombrada vicepresidenta. Tras la imputación, Cospedal mantiene el cargo en el citado organismo. El último gesto de Casado a Cospedal por su apoyo en las primarias fue que la dirección del PP incumplió a principios de mes los estatutos que obligan a abrir un expediente informativo a cualquier militante que sea imputado en un caso de corrupción. Lo que dicen las normas internas del PP es que "en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo", y "se tenga conocimiento que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial (...) el Comité de Derechos y Garantías que resulte competente, a tenor de lo establecido en el artículo 55 procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente".El dia 5 se reunió el citado Comité de Derechos y Garantías y argumentó que no procedía abrir expediente a Cospedal por no ejercer cargo público alguno cuando se produjo la Operación Kitchen. En realidad, cuando se produjo el espionaje a Bárcenas, Cospedal era la 'número dos' del PP, el segundo cargo más importante del partido por detrás del presidente, además de presidenta de Castilla-La Mancha, un cargo público y representativo.El argumento de Casado para no hablar de la imputación de la exsecretaria general es el compromiso que adoptó tras su última gran derrota electoral de hace solo cuatro meses, la de los comicios catalanes –en los que los populares se quedaron con solo tres escaños de 135 en el Parlament catalán y fueron superados por primera vez en unas elecciones por Vox, que logró 11 representantes–, que el líder del PP atribuyó exclusivamente a que la campaña de esa cita con las urnas estuvo marcada por el juicio sobre la caja B del PP que se estaba celebrando en esos momentos en la Audiencia Nacional. Entonces tomó la determinación de escenificar una ruptura con el pasado más reciente de su partido, que se sigue investigando en los tribunales, y en el que sin embargo él también había tenido puestos de responsabilidad."Ese PP ya no existe", llegó a decir durante la campaña, aludiendo a las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy en las que el propio Casado tuvo cargos orgánicos. Dos días después de la debacle catalana del 14 de febrero, el líder del PP anunció la marcha de la histórica sede de Génova 13 cuyas obras, presuntamente pagadas con dinero negro, estaban siendo enjuiciadas esos mismos días. La mudanza, cuatro meses después, sigue no obstante paralizada. Y aseguró que él y su dirección dejarían de hablar de los casos de corrupción que afectaban al PP, al considerarlas cosa del pasado: "Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina", aseguró, ante la plana mayor de su partido.El calendario judicial prosigue y en el PP no descartan que a la vinculación de Cospedal con Kitchen pueda sumarse la del que, en definitiva, era el máximo responsable político del Gobierno cuando se produjo el espionaje a Bárcenas: el expresidente Mariano Rajoy. Él tendrá que declarar en octubre ante la comisión del Congreso que investiga el caso. Rajoy, que estuvo en la Moncloa durante siete años, fue quien colocó en el Ministerio del Interior a su amigo personal, Jorge Fernández Díaz, a quien apuntan directamente las revelaciones de Kitchen, y la persona que ascendió a Casado a vicesecretario de Comunicación del PP, el cargo que ocupó hasta el mismo momento de su elección en el XIX Congreso del partido de julio de 2018.
2 d
eldiario.es
Sánchez sepulta definitivamente el poder de los barones y el recuerdo del traumático 1-O del PSOE
Estamos en 2016. Se abre el telón y el socialismo se conjura para aupar a la secretaría general del PSOE a Susana Díaz. Habla el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "La fuerza del PSOE y la fuerza para ganar la representa Susana Díaz. Tiene todo mi apoyo".Habla ahora el presidente de Aragón, Javier Lambán: "Es una trianera tocada por los dioses del socialismo y la política. Va a ser requerida para parar, templar y mandar".Habla también el expresidente del Congreso, exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono: "Es como un elefante, que resulta difícil definirlo, pero en cuanto lo vemos sabemos que es un elefante. Tiene liderazgo, potencia, fuerza...".Y hablaron en aquellos meses todos los notables del PSOE. También Alfonso Guerra y Felipe González. Una alianza de enemigos íntimos que no tenían en común más que el carné de socialista y un deseo irrefrenable de acabar con Pedro Sánchez. Para entonces el partido ya se había abierto en canal en un Comité Federal celebrado el 1 de octubre de ese mismo año. Doce horas de desgarro, de fractura, de insultos, de amenazas y de una tensión hasta entonces jamás vivida que acabó con la creación de una gestora controlada por Díaz tras la dimisión de un secretario general, que se negaba a dar la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy, aun a riesgo de que los españoles fueran convocados por tercera vez en doce meses a unas elecciones generales.Tres años después de aquello, Susana Díaz sale definitivamente de la escena. Ya no la adula nadie. Ni expresidentes del Gobierno, ni barones, ni empresarios ni medios de comunicación. Ya no levita por las agrupaciones prometiendo cargos ni intimida a los afiliados. Quien se creyó infalible y ungida por los dioses del socialismo hoy es un triste recuerdo de lo que pudo ser, no fue y ya nunca será tras acumular tres contundentes y sonoras derrotas. La primera y más traumática sin duda fue la que le propinó Pedro Sánchez en las primarias de 2017, tras resurgir de sus cenizas después de aquel bochornoso Comité Federal de 2016 y de ganar no solo a Díaz sino a todo el establishment socialista, que creyó ver en la entonces presidenta de Andalucía un liderazgo social, político y orgánico del que carecía.Díaz era la candidata favorita entre los votantes de la derecha, pero tenía serias dificultades para conectar con la militancia y sobre todo con el voto que los socialistas necesitaban recuperar para volver a ser un partido de gobierno, y que era sobre todo el de una mayoría social joven, urbana y cosmopolita. Aquella competición a cara de perro, en la que se impuso el "antisusanismo" mucho más que el "sanchismo" y ofreció una exhibición impúdica de poder orgánico en favor de la lideresa de Andalucía, abrió una herida profunda en el PSOE que no ha dejado de supurar desde entonces y expulsó a toda una generación de socialistas de la primera línea política. Díaz se lo jugó al todo o nada. Si vencía, ganaba con ella la historia viva del PSOE; si perdía, descarrilarían todos, barones incluidos. Ocurrió lo segundo, y el PSOE dejó de ser el PSOE de siempre para ser el PSOE de Pedro Sánchez.Su segunda derrota llegaría en 2018 cuando, pese a ser primera fuerza política en las elecciones autonómicas, perdió un 30% de los votos y tuvo que abandonar el palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, tras un acuerdo de las tres derechas. Desde entonces se aferró a la secretaría general de los socialistas andaluces para seguir viva y porque en su código ético, como dicen quienes bien la conocen, todo es accesorio menos lo orgánico. Pero en Ferraz ya habían decidido su destino y también la regeneración de las siglas, el proyecto y el liderazgo en Andalucía. Sánchez le ofreció varias salidas a cambio de que dejase expedito el camino para una renovación ordenada y todas las rechazó con el convencimiento de que aún le quedaba vida y posibilidades de volver a la Junta de Andalucía, algo que se encargaban de desmentir todas las encuestas y ratificó la militancia con su voto en unas primarias hace tan solo una semana. Juan Espadas, alcalde de Sevilla y favorito de la dirección federal, la puso de nuevo frente al espejo de una realidad mil veces negada por sus acólitos, tras imponerse con más de un 55% de los votos y propinarle la tercera y definitiva derrota.Adiós Susana Díaz y adiós al último vestigio de un modelo oligárquico de partido. Los barones pierden peso y capacidad de decisión en un PSOE que ya desde el 40º Congreso Federal que eligió a Sánchez por segunda vez secretario general apostó por el empoderamiento de las bases para que la democracia directa ganase espacio a la representativa. Con Díaz desaparece definitivamente el poder de las baronías y un modelo federalizado en el que el peso de los territorios –una seña de identidad del PSOE– hacía de contrapeso al secretario general. Pedro Sánchez culmina así, con la muerte orgánica de Díaz, un recorrido que comenzó tras su reelección en 2017 como secretario general y plasmó en una modificación de los estatutos que hicieron del Comité Federal, máximo órgano entre congresos, un apéndice de la dirección federal designada por el líder.  Con él han dejado de escucharse voces críticas, más allá de alguna declaración ocasional de alguno de los barones con poder institucional y mayor solera en el partido como el castellano-manchego Emiliano García Page, el extremeño Fernández Vara o el valenciano Ximo Puig. El secretario general ha ido, elección tras elección interna, ganando espacio a los territorios con la victoria de candidatos más o menos de su confianza hasta hacer desaparecer por completo las deliberaciones internas y el funcionamiento ordinario de los órganos federales. Las decisiones las toma el secretario general y nadie las discute. En Ferraz se decide hasta la última lista electoral de la provincia más recóndita del mapa. También la estrategia y cuándo sí o cuándo no hay consultas a la militancia. Ha sido así incluso en el PSC, que formalmente es un partido distinto. Por ello hay quien esta semana opina, con cierta añoranza, que era imprescindible que en las primarias andaluzas perdiese Susana Díaz, pero que "hubiese sido imprescindible que ganase" como única forma de acabar con la "época de destrucción que el PSOE" inauguró en aquél Comité Federal de infausto recuerdo en 2016, pero sobre todo con la victoria de Sánchez en las primarias del año siguiente. Y lo argumentan de este modo: "Es inconcebible que gane un proyecto y que la fórmula sea arrasar con cualquier presencia en el partido que le sea incómoda al líder". Quien así habla sostiene que desde 2017 "quien no es, ya no leal, sino perruno, no tiene sitio en el PSOE", al tiempo que admite que la derrota de Díaz –"cuyo proyecto político ocupa un milímetro en su cabeza porque no tiene nada"– consolida el modelo de partido de Sánchez. Una organización, concluye, sin latido en la que hasta la mayor federación en términos cuantitativos ha pasado a ser una sucursal de Ferraz "en la que nadie plantará cara ni abrirá debate alguno". Y una consecuencia de lo que muchos consideran ya "el lío de las primarias" que en el PSOE inauguró Joaquín Almunia allá por 1998 y con las que comenzó "la destrucción del partido".Susana Díaz, reconocen en el círculo de confianza de Sánchez, era el último representante de "un viejo PSOE en el que tres barones se sentaban en una mesa y decidían todo, incluidos los delegados a un congreso". En el próximo, el que tendrá lugar en octubre en Valencia, los elegirá la militancia, "que es quien toma las grandes decisiones".De una opinión y de otra subyace el debate sobre las consecuencias de las primarias, un modelo de partido vertical, la eliminación del poder de las instancias intermedias y la consolidación de líderes blindados e intocables por la legitimidad del voto directo de la militancia hasta que pierden las elecciones y toca construirlo todo de nuevo. Pero es es un asunto sobre el que ningún socialista se atreve aún a hablar en público y sí en privado. ¿Son el mejor instrumento de la democracia interna o un gran fiasco que divide a los partidos y crea hiperliderazgos?
2 d
eldiario.es