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Sumar mantiene el peso de los partidos en la dirección estatal pero llega a un acuerdo para el despliegue territorial
Sumar llega a su asamblea fundacional con un clima de acuerdo después del choque con las fuerzas con arraigo territorial. La dirección de la plataforma de Yolanda Díaz ha aceptado una serie de enmiendas para dar más peso a esos partidos en las futuras direcciones autonómicas aunque mantendrá el esquema previsto para la dirección estatal. Las direcciones de las formaciones políticas tendrán una cuota reservada del 30%. Este sábado, en el espacio La Nave de Madrid, Sumar celebrará su primer congreso para empezar a dotar de estructuras democráticas y orgánicas a un proyecto que hasta ahora únicamente funcionaba como coalición electoral. Ese día saldrá refrendada la lista que encabeza Yolanda Díaz –solo hay una candidatura alternativa, con mínimas opciones– y también los documentos que ha redactado la dirección provisional creada ad hoc para organizar la asamblea. Para el desarrollo de la asamblea, Sumar creó hace unos meses una dirección ampliada (Grupo Promotor) y una ejecutiva (Grupo Ejecutivo) con presencia de dirigentes de los partidos políticos que quieren integrarse en el futuro frente amplio y también de personas de la sociedad civil con los que Yolanda Díaz quiere dar forma a la “pata ciudadana” del proyecto. De esa dirección salieron los primeros borradores de documentos para la asamblea del 23 de marzo. Pero las ponencias, sobre todo la organizativa, se presentaron sin un acuerdo real con los partidos que forman el Grupo Promotor: Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Por un lado, algunas formaciones pedían que las organizaciones tuvieran un peso superior al 30% en la dirección estatal. Por otro, el despliegue territorial de Sumar incomodaba a formaciones como Más Madrid o los comuns, que tienen un fuerte arraigo en sus comunidades.Sumar abrió un plazo, que terminó la semana pasada, para que los inscritos plantearan enmiendas a los documentos. Aunque ningún partido impulsó correcciones, sí las canalizaron a través de su militancia. De todas las enmiendas presentadas, Sumar ha aceptado algunas, transaccionado otras cuantas y desechado la mayor parte. Las cinco más votadas de todas las que no han sido aceptadas total o parcialmente se votarán el mismo día de la asamblea. Una de las modificaciones incluidas ya en el documento final –que los inscritos pueden votar hasta el 20 de marzo junto con las candidaturas– aumenta el número total de integrantes de la dirección y toca ligeramente el peso de los partidos en ella. Hasta ahora, esa dirección (Grupo de Coordinación, según la nomenclatura del documento) contaba con 113 miembros. 76 correspondían a inscritos de Sumar (personas de la sociedad civil o militantes de otros partidos), 4 inscritos de Sumar elegidos por sorteo para las votaciones, y 33 para personas elegidas directamente por las organizaciones políticas. Esto es, una relación de 70,8% a 29,2% entre la ‘pata ciudadana’ y los partidos. Ahora la dirección pasa a estar formada por 121 miembros. 80 serán inscritos de Sumar integrados en las listas, 4 serán inscritos elegidos por sorteo y 37 provendrán de las organizaciones. La relación apenas cambia: 69,41% a 30,57%. Este punto preocupaba especialmente a los partidos de corte estatal y particularmente a Izquierda Unida, que había pedido en público y en privado modificar una relación que, consideran, no se corresponde con la realidad del proyecto. En esa formación creen que su peso para el desarrollo de Sumar primero como proceso de escucha, después como coalición y ahora como frente amplio ha sido fundamental, mucho más grande que una parte dentro de ese 30% a repartir entre cinco formaciones. El responsable de Organización y coportavoz de IU, Ismael González, ha celebrado que la dirección haya aceptado las enmiendas que dan más peso a las organizaciones en los territorios pero ha precisado que “siguen siendo necesarios mecanismos como las primarias o los referéndums” para que los inscritos puedan votar. IU es la principal fuerza estatal de Sumar y la que, a priori, puede aportar el mayor número de inscritos para las votaciones. La asamblea de este sábado será el inicio de un proceso que Sumar quiere culminar el otoño que viene –un plazo que no comparten todas las organizaciones, que creen que no hace falta correr– y donde se terminarán de definir las reglas para la construcción de ese frente amplio. Será la frontera que definirá si ese frente amplio se constituye con éxito o todo queda en una coalición electoral como la que ya funciona o lo que fue Unidas Podemos en las pasadas legislaturas. Sumar sí ha logrado una suerte de consenso para uno de los principales dolores de cabeza en estas negociaciones: el despliegue territorial. El proceso hasta llegar aquí ha sido complejo. La creación de una formación política con asiento en las provincias y comunidades irritó primero a Compromís, que no forma parte de la construcción orgánica del proyecto pero sí de la coalición electoral. Y después enfadó a Más Madrid, que incluso salió públicamente a quejarse de la celebración de asambleas autonómicas de Sumar en la capital y en la comunidad. Todo se encaminó en las semanas posteriores con pactos bilaterales, primero con los comuns en Catalunya, después con Más Madrid y finalmente con la pata andaluza de la formación, en la que están organizaciones como Iniciativa del Pueblo Andaluz. En un intenso ciclo electoral con gallegas, vascas, europeas y ahora catalanas, el debate territorial está siendo central en todo el proceso de construcción orgánica. “La propia existencia de SUMAR está en riesgo en las comunidades autónomas por el tremendo error teórico y práctico que supone no contar con las comunidades autónomas en el proceso constituyente de SUMAR”, advertía la Plataforma Sumar Andalucía en un post en este diario.Algunas de las cuestiones que plantearon se han atendido, según indican fuentes de ese espacio. Entre ellas la “federalización” de la organización que reclamaban, para pasar de un “modelo provincializado por uno más plurinacional”.Pero sobre todo, el nuevo documento introduce cambios en la composición de los Grupos de Coordinación territoriales. Aquí también se establece una relación del 70/30, aunque el nuevo texto introduce una enmienda para que se puedan hacer “excepciones” en función de la “realidad territorial”. El otro 70%, dice el nuevo texto, estará formado por personas inscritas en Sumar, “sean o no militantes de los partidos”. Una clarificación del documento anterior sobre un extremo que ya estaba previsto y que de hecho ya ocurre en la lista para el Grupo de Coordinación estatal: dentro del 70% pueden entrar miembros de otras formaciones políticas. En la lista de Yolanda Díaz para el grupo estatal, por ejemplo, figuran cuatro personas de los comuns y otras cuatro de IU. El nuevo documento también introduce una enmienda para que la elección de esas listas territoriales se haga por “consenso” de todos los componentes de Sumar. “En el caso que el consenso no fuera posible para la elección del 70% de los grupos territoriales”, dice el nuevo texto, “se articularán procesos democráticos de elección basados en el principio de una persona un voto de las personas inscritas en Sumar en el correspondiente territorio”. Esto es, serán los inscritos, entre los que también figuran los militantes de cada partido, quienes podrán elegir el contenido de esas direcciones, aunque no está claro si ese tipo de procesos democráticos se harían mediante primarias abiertas o siguiendo otra fórmula de elección. El despliegue definitivo de estos grupos es una de las cuestiones que el documento define que se hará a partir de la asamblea constituyente de otoño. Los acuerdos con las fuerzas políticas en los territorios, también incluyen, por ejemplo en el caso de los comuns, el respeto a la fuerza preexistente y la no competición electoral. 
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Un periodista hace una pregunta lógica a Ayuso y ella no da crédito ante tanta osadía
"Es que me pincho y no sangro con la pregunta". Isabel Díaz Ayuso no daba crédito ante la osadía del periodista. Le había recordado en la mañana del lunes sus propias palabras cuando defendió a muerte a su pareja la semana pasada, denunciada por la Fiscalía por fraude fiscal. Entonces dijo que no había delito, incluso que el Estado le debía dinero, 600.000 euros nada menos, y que todo era una conspiración contra su amado Alberto González Amador. El periodista le había preguntado por cómo le puede afectar políticamente que su novio haya admitido haber cometido dos delitos fiscales. Cómo se atreven los periodistas a hacer preguntas sobre la investigación de un delito. A informar de un caso que afecta personalmente a Ayuso, de la misma forma que también publican noticias sobre el 'caso Koldo'. "Hablamos de crédito a estas alturas con todo lo que está pasando en este país", dijo la presidenta madrileña, que vive en un piso valorado en un millón de euros cuya compra fue financiada por los ingresos del novio, inflados en ese momento por no haber pagado a Hacienda. Una vez que Ayuso hizo la defensa numantina de su pareja el 13 de marzo, pasó a iniciar un tiempo de silencio y no tener que responder ante las evidencias de que el novio la había engañado a ella o bien ella había mentido a todo el mundo. "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", es la frase definitiva que apareció en el mensaje enviado por Amador a la Fiscalía a través de su abogado en una fecha tan temprana como el 2 de febrero. ¿No se lo cuentan todo Amador y Ayuso o esta última ocultó algo que ya sabía porque le convenía lucirse una vez más como víctima de la maldad de sus enemigos? La presidenta no quiso responder a la pregunta de si estaba enterada de esa notificación a la Fiscalía. Y se lo preguntaron más de una vez.En esta reaparición del lunes en un acto oficial, Ayuso respondió a varias preguntas sobre el caso. Le daba igual lo que se hubiera conocido en los días anteriores. Incluso lo que había hecho su propio jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Junto a múltiples referencias al 'caso Koldo' que afecta al Ministerio de Transportes del Gobierno de Sánchez, dijo que es un “gravísimo escándalo” que se hayan conocido los negocios de su novio. Para darle colorcillo tradicional, dijo también que todo era "chavista". "Esos sumarios, ¿por qué tienen que estar en los medios de comunicación?”. La respuesta es sencilla: por la misma razón que han aparecido los datos del sumario del 'caso Koldo' en los medios. Los periodistas se enteran de estas cosas cuando aparecen reflejadas en mensajes entre instituciones, cuando llegan a los juzgados o si aparecen en autos judiciales, entre otras muchas vías. De la investigación del 'caso Koldo', Ayuso no está molesta de que los medios informen.La queja adquiere niveles gloriosos de descaro cuando fue Rodríguez en persona el que envió a El Mundo un email de la Fiscalía para hacer circular una información falsa. El diario lo publicó de inmediato, firmado por el mismo periodista que escribió el artículo que decía que Xavier Trias, alcalde de Barcelona, tenía una cuenta corriente en Suiza que en realidad no existía. Se vendió que la Fiscalía ofrecía un trato a Amador, cuando en realidad era este quien había hecho el ofrecimiento e iniciado la comunicación. Rodríguez cerró el círculo conspiratorio difundiendo el artículo en Twitter y añadiendo por su cuenta que "desde arriba" se había presionado al fiscal para que no negociara con el letrado del acusado.Eso es lo que Ayuso denomina "estrategia de defensa de un particular" que no tiene nada que ver con ella ni con su Gobierno ni con los mensajes de su jefe de gabinete. Ni con la casa en la que vive ni con el Maserati al que se ha subido a veces.Dos millones de ingresos en un año por comisiones en la venta de material sanitario. Unos beneficios admitidos ínfimos. 1,7 millones justificados con facturas que luego se admite que son por trabajos inexistentes. Un fraude fiscal por valor de 350.951 euros en 2020 y 2021. "Un delito continuado en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles e inaceptables", dice el informe de la Agencia Tributaria, según El País. Un intento de vender vacunas a Costa de Marfil por un precio cinco veces superior al real. ¿Y qué tiene que decir Alberto Núñez Feijóo sobre todo esto? Que todo es "absolutamente machista" y que existe una "trama mediática". No se esperaba otra reacción tomando en consideración cómo se las gasta Ayuso. En relación a las amenazas de Rodríguez a una periodista de elDiario.es, Ayuso lo ciñó a un hecho trivial: "Dos personas que tienen una relación de confianza de treinta años discuten por WhatsApp. Qué hacen esos mensajes circulando por ahí" (que se lo pregunte a Rodríguez, que fue el primero que filtró las imágenes de los mensajes). Ni son amigos ni un medio de comunicación está obligado a ocultar que ha sido amenazado en términos nada ambiguos: "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar". Vamos, lo que le dices a un amigo de toda la vida. Rodríguez no sólo amenazó a este medio, sino también personalmente a la periodista Esther Palomera, que ha explicado en un artículo cómo fue esa comunicación y que su relación con Rodríguez ha sido siempre estrictamente profesional, nunca personal.El estilo de matón y sus ataques de furia son un sello particular de la carrera de Miguel Ángel Rodríguez desde hace décadas. Sus maniobras y su incontinencia verbal en público le costaron el puesto en la Junta de Castilla y León y en el Gobierno de José María Aznar. "Era un personaje muy conflictivo", dice un periodista que lo sufrió en Valladolid. "Lo ha seguido siendo durante todo este tiempo y, además, era una persona muy belicosa, que arremetía contra todo y amenazaba a todo el mundo".Ayuso le dio una segunda oportunidad que no se puede negar que ha sido exitosa a la vista de los resultados electorales. Esta vez, Rodríguez optó por tener un papel público discreto sin conceder entrevistas, pero en las conversaciones privadas continuaba siendo el mismo de siempre. Los insultos y amenazas de este episodio revelan como mínimo su nerviosismo por el caso del pelotazo, fraude fiscal incluido, que permitió a Ayuso cumplir uno de sus sueños, no seguir viviendo de alquiler a través de un comisionista sin escrúpulos.Eso siempre es bonito. Pero los medios no pueden obviar la relación causa-efecto de las dos situaciones (con piso de lujo - sin piso de lujo) y cómo ella se ha visto beneficiada personalmente por los negocios de su pareja. La reputación de la presidenta de Madrid está en juego, digamos que por culpa de las acciones de su novio y de sus singulares explicaciones ante los medios. Hacerse todas esas preguntas es una misión obligada, al menos para los periodistas que no están cagados de miedo con Miguel Ángel Rodríguez.––––––En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
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El PP mantiene una ventaja de seis puntos sobre el PSOE y Sumar recupera la tercera plaza por encima de Vox
El PP se mantiene este marzo como la primera fuerza del país, seis puntos por encima del PSOE. Los cambios son mínimos respecto a febrero: los populares retroceden un poco, unas pocas décimas, y los socialistas recuperan incluso menos. Así, el principal giro se produce en el tercer puesto. De celebrarse ahora unas elecciones generales esa tercera posición sería para Sumar, mientras Vox, que se mantenía en ese puesto desde el pasado diciembre, ahora estaría en cuarto lugar.El sondeo elaborado por Simple Lógica para elDiario.es se realizó entre el 1 y el 8 de marzo y refleja que los de Alberto Núñez Feijóo se quedan con el 36,1% de los votos, cinco décimas por debajo del dato de febrero y enero. El porcentaje crece en más de tres puntos respecto al resultado que obtuvo el PP en las últimas generales del 23 de julio, cuando logró el 33,1% de los votos, que se tradujo en la asignación de 137 escaños.El PSOE sigue seis puntos por debajo del PP, aunque logra un crecimiento casi imperceptible de una décima y logra su mejor porcentaje en cuatro meses: un 29,8% de los sufragios. Los socialistas caen así más de un punto desde el 23J, cuando alcanzaron el 31,7% de los votos. Sumar crece también de manera testimonial respecto a la encuesta de febrero, pero la caída de Vox le vuelve a situar en tercera posición. El proyecto de Yolanda Díaz logra el 11,6% de los apoyos (frente al 11,1% de febrero y el 12,3% del 23J). También desciende Podemos, al que en febrero iba a votar el 2,3% de los ciudadanos y ahora el 2%.La extrema derecha cae ocho décimas y se sitúa en cuarto lugar con el 10,8% de los votos (el mes pasado obtuvo un 11,6%). Los de Santiago Abascal continuan en caída libre y se sitúan casi dos puntos debajo del resultado logrado el 23J, cuando apenas superaron a Sumar por una décima, al quedarse con el 12,4% de los sufragios.Respecto al reparto del electorado entre los bloques izquierda y derecha el sondeo de marzo señala que la diferencia entre ambos se reduce, aunque las posiciones conservadoras siguen siendo predominantes sobre las progresistas. La suma de aquellos electores que apoyan a PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos alcanza el 46,9%, mientras la de PSOE, Sumar y Podemos se sitúa en el 43,4%. La brecha es, por tanto, de 3,5 puntos.En la encuesta anterior, la de febrero, la ventaja de la derecha era más pronunciada. El espectro conservador obtuvo el 48,6% de los apoyos, frene al 43,1% de las izquierdas, por lo que el margen de la derecha era de 5,5 puntos. Respecto a la fidelidad de los votantes, el PP vuelve a ser el partido que más electores retiene. El 79,4% de los españoles que el 23J optaron por la lista de Alberto Núñez Feijóo volvería a apostar por él, mientras que solo el 3,9% de quienes le votaron en 2023 se pasaría ahora a Vox. Los votantes de Sumar son los segundos más fieles, siempre según el sondeo de Simple Lógica. El 68% de quienes apoyaron al proyecto de Yolanda Díaz en julio volvería a votarla, aunque perdería el 9,6% de sus apoyos, que se marcharían al PSOE, y otro 6,3%, que optaría por Podemos. En cuanto a los socialistas, la encuesta refleja que el 68% de quienes les votaron el verano pasado seguirían fieles a Pedro Sánchez, aunque un 3,5% optaría ahora por el PP, el mismo porcentaje que se marcharía a Sumar. El 22% de sus electores optaría, además, por otras formaciones políticas. En la cola del ranking, Vox mantiene una fidelidad del 65%, pero el 17,4% de quienes les apoyaron el 23J ahora votarían PP. Además, el sondeo refleja que la popularidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a crecer. Un mes más, y ya son cuatro consecutivos, el jefe del Ejecutivo es el líder de los cuatro partidos políticos con más apoyo que recibe una mejor valoración. Su gestión es aprobada por el 35,3% de los ciudadanos, tres décimas por encima que en febrero. En el ranking le sigue de nuevo la vicepresidenta segunda y líder de Sumar. Yolanda Díaz recibe una aprobación del 34,2% de los españoles, apenas cinco décimas más que en febrero. Cae, en cambio, la popularidad del líder del PP que pasa de un porcentaje de aprobación del 27,3% de febrero al 25,4% de marzo. Es su peor nota desde septiembre. No obstante, a la cola se mantiene el líder de Vox, Santiago Abascal, que apenas logra el aprobado del 14,7% de los ciudadanos.
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El PP de Feijóo cierra filas con Isabel Díaz Ayuso pese a las amenazas de su director de Gabinete
“Esto es problema de un ciudadano que parece ser que es pareja de Ayuso y que tiene cuestiones pendientes con la Agencia Tributaria. Pues que las arregle”. La frase es del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien para defender a Isabel Díaz Ayuso ha llegado a poner en duda incluso que Alberto González Amador, denunciado por fraude fiscal tras un pelotazo con mascarillas, y la presidenta de Madrid sean pareja. Es una prueba de la hipérbole en la que ha entrado el PP en un cierre de filas que difiere con cómo actuó Pablo Casado cuando se descubrió el negocio del hermano de Ayuso con el Gobierno regional.El PP ha optado por una defensa cerrada de Ayuso, al menos en público. El mismo martes por la mañana, poco después de que elDiario.es desvelara el fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Feijóo dio la cara por ella en una entrevista en Onda Cero. “Ella no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria”, dijo.Aquél día, Alberto González Amador sí era “la pareja de la señora Díaz Ayuso”. Entonces solo se había publicado que la Agencia Tributaria le había hecho una inspección tributaria que había derivado en una denuncia de la Fiscalía por fraude. Después vino el pelotazo con mascarillas, los dos pisos (uno a nombre de la empresa del abogado del comisionista), el Maserati, el intento de negocio con Costa de Marfil con vacunas cinco veces más caras, la sociedad en Panamá o la de Florida con un directivo de Quirón, etcétera.Lejos de menguar, el apoyo del PP a Ayuso se ha consolidado. Incluso después de que su director de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, haya amenazado con “destruir” al medio que ha desvelado tanto los problemas legales de la pareja de la presidenta como el pelotazo que dio su hermano con la venta de material sanitario durante la pandemia gracias a una intermediación que usó a otra empresa para el contrato con el Gobierno regional. Las declaraciones de Feijóo no han sido las únicas que han servido para respaldar a Ayuso. Diferentes portavoces del PP, desde Borja Sémper a Miguel Tellado, pasando por Elías Bendodo o Ester Muñoz, han arropado a la presidenta de Madrid sin cuestionarse, por ejemplo, si sabía o no del fraude que su pareja reconoció o de sus intentos de retirar las facturas falsas para arreglarlo. Ayuso dijo que era Hacienda quien le debía 600.000 euros a su pareja cuando su propio abogado reconoció por escrito los delitos.En el PP tampoco se cuestionan quién ha pagado o paga las dos viviendas de las que disfruta Ayuso, una encima de la otra, y que están a nombre de su pareja y de una sociedad de su abogado. De hecho, en privado el discurso es el mismo o muy similar al que se puede escuchar en público: defensa cerrada de Ayuso. La dirección del PP no repite así los errores que sí cometió la anterior, liderada por Pablo Casado, quien mantuvo un duro enfrentamiento con Ayuso por el control del PP de Madrid que terminó con él y casi todo su equipo fuera de la política. Casado acuñó en una entrevista en la Cope una frase que el PP mantiene aún hoy en su cuenta de Twitter: “La cuestión es si es entendible que el día 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarilla”.Dos años después, ya nadie se plantea estas dudas, o similares, en Génova, 13. De hecho, la defensa de Feijóo, lejos de aminorar, ha aumentado. Este lunes, en una entrevista en OkDiario el líder del PP plantea que las informaciones sobre Alberto González Amador y Ayuso que ha publicado elDiario.es son un ataque “machista”, pese a que nadie ha podido desmontarlas.Las palabras de Feijóo llegan a la vez que una ofensiva del PP para incriminar a la esposa de Pedro Sánchez en una supuesta colusión de intereses entre el presidente del Gobierno y Begoña Gómez a cuenta del rescate público de Air Europa por los efectos de la pandemia. El PP ha registrado una serie de preguntas parlamentarias sobre supuestas reuniones de Gómez con directivos de la segunda aerolínea más grande de España, y que fue rescatada con más de 400 millones de euros. “Aquel que meta la mano en la caja, lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él”, dijo Feijóo en un acto de partido el pasado viernes. Una frase que, de momento, el PP no aplica al caso de Ayuso y su pareja. ---------En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
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La Fiscalía cambia por tercera vez de criterio y pide la absolución de los tres policías que mataron a Kebyn en Vallecas
La Fiscalía ha vuelto a cambiar de criterio y ha solicitado la absolución para los tres policías nacionales que dispararon en 19 ocasiones contra un joven de Vallecas en el rellano de su casa y que le alcanzaron en seis, hasta provocarle la muerte. La representante del Ministerio Público ha pedido en su escrito de concusiones que se les aplique la eximente completa de legítima defensa, en lugar de lo que había pedido al arranca el juicio, informa Efe. La Audiencia de Madrid ha finalizado este lunes las sesiones del juicio con jurado a tres policías nacionales que mataron a Kebyn Brayan Peralta Asencio el 26 de noviembre de 2021 en su piso del distrito madrileño de Puente de Vallecas. El martes el jurado comenzará a deliberar.En esta sesión han modificado su petición inicial tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares que ejercen la madre y el hermano del fallecido: el Ministerio Público ha pedido que sean eximidos de responsabilidad penal, y la familia que sean condenados a 5 años de cárcel por homicidio con una eximente incompleta de legítima defensa, que antes no contemplaban.En este proceso la Fiscalía ha modificado su criterio varias veces, ya que inicialmente pedía que los agentes fueran condenados por homicidio con eximente incompleta de legítima defensa, luego solicitó el archivo por eximente completa y, después de que la Audiencia Provincial rechazara exculpar a los agentes, volvió a pedir de cara al juicio que fueran condenados a dos años y medio de cárcel.En la recta final del juicio la fiscal ha defendido que los agentes sean eximidos de responsabilidad porque dispararon al joven en legítima defensa. Según su tesis, Kebyn trató de apuñalarles en la cabeza, lo que motivó que uno de ellos, que estaba en el suelo "absolutamente desvalido" comenzara a dispararle "para salvar su vida", y que otros dos hicieran lo mismo."Esto no es un pelotón de fusilamiento. Ninguno sabe qué está disparando el de al lado, ni cuántos disparos hay. Cada uno dispara para evitar su propia muerte o la muerte del compañero", ha añadido la fiscal al referirse a los 19 disparos que efectuaron los agentes, de los que siete alcanzaron al joven, que murió desangrado por la suma de impactos, ya que ninguno era mortal por si solo.La Fiscalía considera la acción "absolutamente proporcionada" dada la agresividad de una persona bajo los efectos de la droga, y cree a los agentes, mientas que duda de la versión de la madre y del hermano de la víctima.El Ministerio Público había elevado su acusación en enero del pasado año, pero en un giro radical, y tras unos sorpresivos informes policiales de última hora, decidió pedir el archivo en marzo pasado. Tras el rechazo de la Audiencia Provincial a exculpar a los agentes sin pasar por el banquillo, la Fiscalía volvió a acusar a los tres policías por homicidio con eximente incompleta de legítima defensa y pedía para ellos dos años y seis meses de cárcel, así como 100.000 euros de indemnización a repartir entre la madre y uno de los hermanos de Kebyn. Finalmente, ha vuelto a su posición anterior y en el final del juicio ha solicitado que se absuelva a los agentes. Por su parte la letrada de la acusación particular Cynthia Favero, ha explicado que contempla la eximente incompleta para los agentes porque entiende que querían defenderse, pero también que tienen responsabilidad penal, ya que dispararon 19 veces en 30 segundos a un joven con un cuchillo probablemente roto.La abogada ha sostenido que en este procedimiento se han dado "todos los errores" al recabar y mantener las pruebas, como por ejemplo con ese cuchillo, que no queda demostrado en qué momento se rompió."Dispararon a todo lo que se menea, creando un riesgo absoluto para todo el vecindario", ha dicho la letrada, que ha negado "ningún tipo de proporcionalidad" en la actuación, en la misma línea que ha defendido el abogado de la otra acusación particular.Por su parte la defensa ha reiterado que se exonere a los agentes porque solo querían defenderse ante un ataque que podía ser mortal y lo hicieron con proporcionalidad. La Abogacía del Estado ha defendido este mismo criterio.Uno de los tres policías ha hecho uso de la última palabra para reiterar que están en el banquillo por hacer su trabajo y atender a una madre. "No quisimos nunca este triste final, pero Kebyn no nos dejó más remedio", ha añadido afirmando que, al intervenir, salvaron al vida a la madre y al hermano del fallecido.
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El Supremo confirma que el Santos debe pagar 2,7 millones a Hacienda por el traspaso de Neymar al Barça
El Tribunal Supremo (TS) ha avalado que Hacienda reclamara 2,7 millones de euros al equipo brasileño Santos Futebol Clube por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los años 2013 y 2015, derivado de la ganancia patrimonial obtenida por el traspaso de derechos federativos de Neymar al Fútbol Club Barcelona.Los magistrados, al desestimar el recurso del Santos, han fijado que los traspasos entre un club de fútbol extranjero y uno español cotizan en España porque constituyen una ganancia patrimonial sujeta al Impuesto sobre la Renta de No Residentes.En concreto, explican que "los derechos económicos derivados de la transmisión de los derechos federativos de un jugador que percibe un club o una entidad deportiva no residente en España por la transferencia de ese jugador a un club o entidad deportiva residente en España constituyen una ganancia patrimonial sujeta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes".En la sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que no hay duda de la existencia de un derecho transmisible --los denominados 'derechos federativos'-- que tienen un contenido económico y cuya transmisión determina una ganancia patrimonial en el que cede el derecho.El tribunal sostiene que el club de destino, para la inscripción del jugador en la Real Federación Española de Futbol (RFEF) debe aportar --entre otras cosas-- un certificado de transferencia internacional cuando el jugador venía prestando servicios en un club de otro Estado, lo que "refuerza la consideración de que se están traspasando derechos entre clubes y que el pago que efectúa el club español de destino responde al pago de un derecho ejercitable en España que hasta entonces era propiedad del club extranjero de origen".En 46 folios, el Supremo incide en que resulta concluyente que el objeto de estos contratos no es la indemnización por la extinción anticipada de una relación laboral previa, sino la transmisión de unos derechos, derechos federativos de un jugador, ejercitables en España mediante la inscripción del jugador en una federación de fútbol reconocida por la FIFA por el nuevo club.Por ello, el tribunal entiende que la conclusión "no puede ser otra" que la de considerar que el Santos era titular de determinados derechos de contenido económico, llamados derechos federativos, referidos al jugador Neymar, que integraban su patrimonio y que por medio del contrato de 31 de mayo de 2013 los transmitió al Futbol Club Barcelona "a cambio de un precio", es decir, que constituyeron una ganancia patrimonial para el mismo.El Supremo defiende que esa ganancia debe tributar en España ya que los derechos transmitidos se van a ejercitar en territorio español por el club o la entidad deportiva adquirente, pasando a formar parte de su activo.El tribunal se ampara además en el artículo 13 del Convenio entre el Estado Español y la República Federativa del Brasil para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, que permite a España someter a imposición la ganancia obtenida conforme a su derecho interno, en este caso, conforme al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
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La Oficina de Conflictos de Intereses archiva la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa
La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado la denuncia del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por conflicto de intereses en el rescate de Air Europa. Los populares denunciaron al líder del Ejecutivo por no ausentarse de los Consejos de Ministros en los que se decidió el rescate al entender que esta empresa "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez".Sostiene este organismo, según la resolución a la que ha tenido acceso EFE, que en este caso no se da el supuesto previsto en la ley de altos cargos que permita considerar que Sánchez "haya podido incurrir en una causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de investigación en orden a depurar responsabilidades".La portavoz socialista, Esther Peña, ha hecho referencia en la rueda de prensa de este lunes a la decisión del órgano porque, en su opinión, la denuncia de los 'populares' no tenía "ninguna base jurídica" y se acusaba a personas que "no aparecen en ningún sitio"."Acabamos de conocer que la Oficina de Conflictos de Intereses acaba de archivar la denuncia del Partido Popular contra el presidente del Gobierno", ha indicado la portavoz del PSOE, recordando que ya dijeron en su momento que los de Alberto Núñez Feijóo solo buscaban con esto "introducir más ruido" para tapar "el escándalo que sí se cierne" sobre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja.Peña ha lamentado que el PP "dirá ahora" que la oficina "está al servicio del Gobierno". "Siempre es lo mismo, si las instituciones, desde la Justicia a Hacienda, le dan la razón al PP, pues todo es perfecto. Y si no les dan la razón, pues la demolición del desprestigio del PP a las instituciones de nuestro país. Es una práctica habitual", ha agregado.
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El PSOE exige a Ayuso que explique si dio órdenes a su jefe de gabinete para amenazar a elDiario.es
El PSOE cree que debe ser la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien aclare si fue ella la que dio órdenes directas a su jefe de gabinete para amenazar a elDiario.es. Los socialistas exigen explicaciones a Ayuso por el comportamiento de su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, que tras la publicación del fraude fiscal por parte de la pareja de la presidenta trasladó por escrito insultos y amenazas explícitas a este periódico. "Nos gustaría saber si Miguel Ángel Rodríguez actuó motu proprio o recibía órdenes de Ayuso cuando amenazó con triturar y cerrar elDiario.es", ha dicho la portavoz del PSOE, Esther Peña, en rueda de prensa. "Quiero mostrar la solidaridad del PSOE con toda la redacción de elDiario.es ante las intolerables amenazas", ha añadido.Lejos de condenar su actitud, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha quitado importancia este lunes a las amenazas de Rodríguez a elDiario.es. “Son dos personas con una relación de confianza que discuten por WhatsApp, a ver si ahora no nos podemos enfadar con gente de confianza, ahora todo se filtra", ha dicho a preguntas de la prensa. Tal y como desveló elDiario.es este fin de semana, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, arremetió contra una periodista de nuestra redacción con insultos y amenazas que incluían el cierre de este medio. Sucedió poco después de que elDiario.es publicase la segunda información sobre los negocios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tras destapar a primera hora de la mañana su fraude fiscal de 350.951 euros, este medio tituló: La pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. A los pocos minutos de publicarse la noticia, Miguel Ángel Rodríguez empezó a enviar una retahíla de mensajes de WhatsApp a una periodista que no había participado en la cobertura ni se había puesto en contacto con él. El primero de ellos contenía un link con la información publicada y a continuación Rodríguez advertía: “Era con el Gobierno de Sánchez!!! Illa. El PP de Madrid denunció ese contrato de FCS ante la Fiscalía Anticorrupción. Falso. No hay facturas falsas”.La periodista que recibió los mensajes trasladó al jefe de gabinete de Ayuso que elDiario.es le había formulado siete preguntas sobre este asunto que todavía no había respondido. En ese momento, Miguel Ángel Rodríguez insultó y amenazó a su interlocutora con sucesivos mensajes. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La receptora de los mensajes preguntó al jefe de gabinete de Ayuso: “¿Es una amenaza?”“Es un anuncio”, respondió Miguel Ángel Rodríguez, quien todavía increpó a la integrante de esta redacción con algunos insultos más. Poco después, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso publicó el siguiente mensaje en la red X, antes Twitter. 
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Feijóo dice que Ayuso es víctima de una "trama mediática" y del "machismo": "¿Qué tiene que ver ella con esto?"
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, no cree que Isabel Díaz Ayuso deba dar más explicaciones o asumir responsabilidades por la denuncia de doble fraude fiscal presentada por la Fiscalía contra su pareja, Alberto González Amador. En una entrevista concedida a OkDiario, el político responsabiliza a Pedro Sánchez y su Gobierno de las filtraciones de datos sobre el caso, entiende que la presidenta madrileña es víctima de una "trama mediática" y también del "machismo": "No es un problema del PP o de la señora Ayuso, esto es un problema de un ciudadano que parece ser es pareja de la señora Ayuso", asegura. Núñez Feijóo entiende que el ejecutivo central busca "empatar" con este caso las acusaciones que investiga la Audiencia Nacional sobre la trama corrupta supuestamente liderada por Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos. "Buscan empatar, pero no van a empatar porque la verdad le acaba ganando a la mentira". En la entrevista, el líder del PP reduce la denuncia por doble fraude fiscal y falsedad documental a "conversaciones para regularizar" el Impuesto de Sociedades.Acto seguido, ha apuntando a una motivación machista en la exigencia de explicaciones a la presidenta regional sobre el fraude fiscal reconocido por su pareja: "Es curioso el sentido del feminismo que tiene este Gobierno, hace responsable a una mujer de lo que hace su pareja e incluso de lo que hace su pareja antes de ser su pareja", ha afirmado. La supuesta falsedad y el fraude fiscal, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, se cometió en las declaraciones fiscales de las empresas de Alberto González relativas a 2020 y 2021, presentadas por tanto cuando ya eran pareja. Preguntado sobre si esto es algo que "pasaba en el franquismo", el líder del PP ha contestado afirmativamente. "Si, lamentablemente lo que pasaba en el franquismo ya lo hemos superado hace 40 años el problema es que esto pasa aquí y ahora", ha contestado textualmente. Es algo, dice, "absolutamente machista". "¿Qué tiene que ver la señora Ayuso con esto?", se ha preguntado tras defender que las empresas de la pareja de la presidenta regional no tenían contratos con la administración que dirige. "No tiene ninguna responsabilidad, ni directa ni indirecta". Siguiendo la estrategia de partido de los últimos días, Núñez Feijóo ha puesto el foco en la publicación y filtración de los datos que afectan a la denuncia presentada por la Fiscalía en los juzgados de Madrid. "Me parece que el caso Ayuso se puede convertir en el caso Montero", ha dicho, apuntando a la ministra de Hacienda por sus afirmaciones sobre el caso. "Está dando información fiscal y tributaria de un ciudadano cuando la Ley es contundente". A este respecto, no ha dudado en vincular el origen de las informaciones en la Fiscalía: "La pregunta que yo intentaba hacerle de forma retórica es quién de la Fiscalía y quién de la Agencia Tributaria, es evidente que..." ha dicho después de que el entrevistador, Eduardo Inda, afirmara que es un "hecho incontrovertido" que la filtración proviene de la Agencia Tributaria "por órdenes de arriba". Preguntado por si Pedro Sánchez es "la mano que mece la cuna" detrás de la denuncia por doble fraude fiscal a la pareja de Ayuso, Feijóo afirma: "Tengo claro que el señor Sánchez lo sabía, lo consiente y aceptó que se montase este paripé contra la señora Ayuso, no tengo la menor duda, el señor Sánchez es consentidor y prueba de ello es que me pide la dimisión".
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El Supremo confirma la condena del informático que sembró el "caos" en el Banco Santander con un ciberataque
El Tribunal Supremo ha sentenciado que un informático tendrá que entrar en prisión por paralizar durante una semana el Banco Santander con un ciberataque denominado "bomba lógica" después de que en 2017 su empresa, una subcontrata de la entidad, decidiera "prescindir de sus servicios". Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han confirmado su condena de tres años de cárcel por causar el "caos" en el banco de Ana Patricia Botín, un ataque informático que tumbó 3.178 ordenadores de 839 oficinas y más de un centenar de puestos de caja durante casi una semana. El caso, tal y como reveló este periódico, se remonta a marzo de 2017. El acusado trabajaba como informático y administrador de red en la ciudad financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte, a través de la subcontrata Norma 4 Servicios Informáticos que a su vez prestaba servicios para Produban, empresa del propio banco. Uno de los primeros días de ese mes creó en el sistema interno del banco lo que se conoce como una "bomba lógica": un código malicioso que se inscribe en secreto en una red informática a la espera de su activación en un momento específico para dañar el sistema. Ese momento llegó unas semanas más tarde. La "bomba lógica", según declaran probado en firme los tribunales, fue activada y sembró lo que el propio Tribunal Supremo define como el "caos" en el Banco Santander: seis días con 3.178 ordenadores inutilizados, 839 oficinas prácticamente bloqueadas y más de un centenar de cajeros automáticos afectados. Los peritos del proceso judicial cifraron el perjuicio al banco en 292.237,86 euros. Los hechos probados de las resoluciones del caso explican por qué este informático decidió llevarse por delante el sistema informático de uno de los bancos más grandes del mundo: la empresa había "prescindido de sus servicios". "Por ello", dice el Supremo, instaló la "bomba lógica" que estalló con toda su fuerza días después en las tripas de la entidad. Él siempre ha alegado que no fue despedido sino que fue trasladado a otro banco, el BBVA, y que no tenía motivos para perpetrar ninguna venganza. En un primer momento la Audiencia Provincial de Madrid le impuso un año y nueve meses de prisión, condena que no hubiera implicado su entrada obligatoria en la cárcel, pero el Tribunal Superior de Justicia aumentó la sanción a tres años de presidio, lo que sí puede llevar a su encarcelamiento obligatorio al haber sido confirmada recientemente por el Tribunal Supremo. Tres años de cárcel y una multa de casi 100.000 euros, con su entonces empresa respondiendo de forma subsidiaria de una indemnización de 33.000 euros al Santander por los perjuicios causados. En su recurso, entre otros argumentos, el informático afirmaba que él "no ganaba nada con el sabotaje" y el Supremo contesta: "Fue el recurrente quien instaló una bomba lógica en el sistema del banco".A lo largo del juicio, la jefa de seguridad de la empresa del Santander explicó que esa mañana "se detectó que tres mil y pico ordenadores de más de 800 oficinas no arrancaban" y que se convocó un "comité de crisis". La conclusión que sacaron fue que el condenado introdujo la "bomba lógica" a través de la máquina de salto. Todo el ataque había partido de un fichero de Excel y el informático, después, intentó borrar su rastro. En su último recurso ante el Supremo, el informático condenado alegaba, entre otras cosas, que no existían pruebas de que él hubiera suplantado a otro usuario dentro del sistema para cubrir sus pasos, que es "extraño" que ninguna imagen de las cámaras de seguridad de la ciudad financiera del banco acredite que él estaba allí, que él "no ganaba nada con el sabotaje" y que, finalmente, todo era una investigación "manipulada" por la empresa del Santander "con el fin de evadir sus responsabilidades en el fallo de seguridad, intentando encontrar rápidamente un culpable, fuese quien fuese". El Supremo contesta que la velocidad para "encontrar al culpable del caos ocasionado" no excluía "la posible responsabilidad de la empresa y de sus sistemas informáticos". El condenado fue "la única persona" que estuvo ese día en las instalaciones según los registros y aunque alegue que no fue despedido de Norma 4 sí lo fue de Produban, la empresa del banco, "pasando a prestar servicios en BBVA". Los jueces no dudan de su culpabilidad: "Fue el recurrente quien instaló una bomba lógica en el sistema del banco, que determinó que el día 21 de marzo de 2017 se produjera la inhabilitación e inutilización de forma simultánea de 3.168 equipos informáticos del Banco de Santander en toda España provocando la falta de operatividad de los equipos afectados entre los días 21 a 27 de marzo y afectando a la actividad de 839 oficinas", resume la sentencia. Parte del debate procede de cuando el Tribunal Superior de Madrid aumentó su condena hasta los tres años de cárcel al aplicar una versión más grave del delito de daños informáticos, al entender que usó un programa informático específico para reventar la red de ordenadores de las sucursales del Banco Santander. El Supremo, en la sentencia firme del caso, avala esta consideración. "El concepto de bomba lógica proviene del término en inglés LogicBomb, y no es sino un programa informático (un conjunto de líneas de código) que se instala en una computadora y permanece oculto hasta cumplirse una o más condiciones preprogramadas para entonces ejecutar una acción. Es un programa maligno que se activa al momento de realizar una acción". Concluyen los jueces, por tanto, que el método que usó este informático "integra sin lugar a duda la modalidad agravada" del Código Penal para este tipo de delitos.
1 d
eldiario.es
La contradicción de Vox sobre las subvenciones: las recibe mientras aplaude que Milei se las quite a los partidos
Vox sigue con su particular cruzada contra las subvenciones que reciben los sindicatos, la patronal y diversas organizaciones de mujeres u ONG que no son de su cuerda. El partido de extrema derecha clama contra los "comegambas", como se refiere despectivamente a los sindicalistas, e insiste en que hay que luchar contra "el gasto superfluo". También apoya que el nuevo presidente argentino, Javier Milei, suprima las ayudas a los partidos. Pero la formación de extrema derecha no se aplica la misma medicina que reclama para los demás. La formación no ha renunciado a ninguna de las partidas de dinero público a las que tiene derecho y, que se sepa, ninguno de sus cargos públicos ha rechazado el cobro de dietas que, además de sus sueldos, conceden el Congreso y el Senado y los parlamentos autonómicos por conceptos de diversa índole, como partidas extras para desplazamientos y otros complementos para vivir y pernoctar en Madrid –que no tributan a Hacienda–, pese a que muchos diputados tienen en la capital vivienda, como el mismo Abascal. Durante la pandemia, Vox no apoyó la idea del resto de los grupos de dejar de cobrar ese complemento, que supone para los diputados electos por Madrid cerca de 1.000 euros mensuales (963,43) y para los del resto de las provincias casi el doble (2.018,41). Abascal anunció entonces que su partido estaba dispuesto a donar íntegramente esa subvención institucional de su grupo parlamentario correspondiente a los meses más duros del confinamiento. Pero tampoco concretó a dónde iría a parar ese dinero. En julio del año pasado, al finalizar la anterior legislatura, 30 de los diputados de Vox que o bien no repitieron en las listas o bien no salieron elegidos de nuevo, se acogieron a la llamada "indemnización por cese", que supone 52 días del salario que estuviera percibiendo cada uno en un único pago. Solo dos renunciaron a ella, según desveló Newtral.El partido también dice estar en contra de los sindicatos a los que considera "parásitos", pero en 2020 apadrinó el suyo propio, Solidaridad, que se jacta de que se financia, "única y exclusivamente" con las aportaciones de las cuotas de sus afiliados, cifrados en unos 15.000, una cantidad ridícula comparada con el resto de este tipo de organizaciones. No obstante, sus estatutos permiten recibir donaciones, subvenciones y otras formas de financiación que no desvelan y que sirven de ayuda para que sus cargos puedan desarrollar su actividad, como los viajes a Bruselas que han realizado para mantener reuniones con partidos de extrema derecha integrados en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) –en el que está Vox– , y con otros sindicatos europeos afines. Solidaridad ha estado dirigido por Rodrigo Alonso, diputado de este partido en el parlamento andaluz por Almería, que al año de ser elegido eliminó las votaciones internas. Pese a su escaso poder, a finales del año pasado convocó una huelga general "en defensa de la unidad de España y los derechos de los trabajadores", que no tuvo ningún eco.Como desveló elDiario.es, Vox también ha transferido a la Fundación Disenso, que preside el propio Abascal, más de siete millones de euros en los últimos siete años, dinero procedente del partido, cuyos ingresos principales son las subvenciones de dinero público. Tras conocerse además un informe del Tribunal de Cuentas que alertaba de irregularidades en las donaciones, la cúpula del partido sustituyó al gerente, presentando el cambio como "una renuncia por voluntad propia". La semana pasada, los dirigentes de Vox aplaudían la decisión del presidente Javier Milei de suprimir las subvenciones a los partidos políticos. La noticia la recogía el medio de cabecera del partido de Abascal, La Gaceta de la Biosfera, destacando "las similitudes entre las propuestas" del mandatario argentino y las de su formación. Según recuerdan, "el programa electoral de Vox para las elecciones del 23 de julio del año pasado recogió la promesa de suprimir todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos". "No habrá igualdad real entre españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie", sentencian.Ellos en España se jactan de hacer igual. Hace apenas unos días, el partido de extrema derecha destacaba en sus redes sociales la noticia de que el Gobierno de coalición de Castilla y León –presidido por el PP– había vuelto a aprobar otro "recorte" de cerca de 250.000 euros en subvenciones a los "comegambas", como llama Vox a los sindicalistas. Según explican, el consejero de Industria, Empleo y Comercio del Gobierno, Mariano Veganzones, de Vox, ha avanzado que "en 2024 se eliminará la ayuda destinada a patronal y a UGT y CCOO por asesorar al Serla", que ascendía a 232.000 euros cada año. El consejero ha tildado de "pataleta infantosindicalista" la petición de los sindicatos de aplicar el artículo 155 a la región.No es la primera vez que meten 'la tijera' a estas subvenciones en Castilla y León. En junio de 2022 Vox y PP ya ejecutaron un recorte de 20 millones de euros en las subvenciones que reciben los sindicatos y patronal. La contradicción es que pese a no parar de denunciar el “gasto político” que hubo en la etapa de los socialistas, el Ejecutivo de coalición actual cuenta ahora con 99 altos cargos, seis más que en la anterior legislatura, y ha cubierto todo el cupo de eventuales, los cargos a dedo que ocupan puestos de jefes de prensa en las consejerías, de asesores o incluso de responsables de redes sociales. También en la Región de Murcia, PP y Vox han recortado un 45% las subvenciones nominativas que concede cada año a la patronal Croem y a los sindicatos UGT y CCOO para desarrollar estudios y trabajos de colaboración en materia de planificación económica y prevención de riesgos. La decisión se tomó a finales de 2023, un año en el que habían fallecido un total de 32 trabajadores por accidente laboral y mientras el Ejecutivo de López Miras decidía acordar con Vox destinar 100.000 euros en la “defensa de la unidad de España” en los Presupuestos regionales para 2024.La formación de Abascal también tiene previsto modificar allí la Ley de Participación Social, para hacer que la concesión de subvenciones se haga de forma competitiva -a concurso- en lugar de directa como se hacía hasta ahora. El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Región de Murcia advirtió en este diario que la medida podía suponer que el sindicato de Vox podría acceder a subvenciones hasta ahora reservadas a formaciones que habían negociado convenios con la Administración: "[Vox] Están cobrando y están recibiendo también compensaciones por los votos que tienen, por la representación con la que cuentan en la Asamblea Regional o por la representación que tienen en el Parlamento nacional. Si quieren dar ejemplo podrían renunciar ellos primero a esas compensaciones", reflexionó el sindicalista.En Extremadura, sus intenciones han chocado con el PP. A finales de septiembre del año pasado, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, aseguraba que la Junta de Extremadura no recortará subvenciones a sindicatos y patronal, pese a que su partido firmó con Vox lo contrario en el acuerdo de gobierno que hizo presidenta a María Guardiola. Según le recordó el diputado de Vox en la Asamblea regional, Javier Bravo Arrobas, ese recorte de ayudas “evidentemente sí está en el acuerdo”. Poco después, durante la tramitación del proyecto de presupuestos que la Junta de Extremadura presentaba para 2024, los primeros del Gobierno conjunto, el partido de Abascal exigía la “eliminación del gasto superfluo”, es decir, la reducción de un 10% de las partidas dedicadas el año que viene como apoyo institucional a la patronal CREEX y a los sindicatos UGT y CCOO, y de un 26% del dinero para cooperación internacional al desarrollo. Finalmente, los dos partidos alcanzaron un acuerdo y las cuentas de 2024 salieron adelante. En la Comunitat Valenciana, Vox ha exigido que los sindicatos muestren sus cuentas anuales, partidas presupuestarias, subvenciones y salarios de forma periódica. El partido presentó en septiembre del año pasado una proposición no de ley urgente en las Corts Valencianes, que también afecta a asociaciones empresariales, para que “tengan la obligación de hacer pública toda información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria”.   Un mes después, en el Ayuntamiento de València, que encabeza al dirigente del PP María José Català, la formación de extrema derecha exigió también eliminar 243.000 euros de subvenciones a los sindicatos porque "no tenían demasiado sentido". "Hemos conseguido poniéndonos de acuerdo eliminar algunas subvenciones nominativas que no tenían demasiado sentido como, por ejemplo, las que se producen hacia los sindicatos, de manera que se potencian algunas subvenciones culturales que tienen que ver con la tradición y la historia de la cultura valenciana y prescindimos de algunas otras que no representan tanto al sentir de la mayoría de los valencianos”, señaló el segundo teniente de alcalde y portavoz municipal de Vox durante la presentación de los presupuestos municipales junto a la alcaldesa. En Balears, en donde Vox no ha entrado en el Govern de Marga Prohens (PP) y ha sufrido una reciente fuerte crisis interna que al final controlaron, los dos socios de legislatura aprobaron suprimir las ayudas públicas a sindicatos y patronales. Las subvenciones se elevaban a 400.000 euros, repartidas de este modo: 100.000 euros a CCOO, 100.000 euros a UGT, 50.000 euros a la Pequeña y Mediana Empresa (Pimem) y 150.000 euros a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB). Fue una de las condiciones que puso el partido de extrema derecha a cambio de dar su apoyo a los Presupuestos de este año.La eliminación ha abocado tanto UGT como CCOO a cerrar sus oficinas técnicas de Igualdad, cuyo objetivo pasaba, principalmente, por mejorar la equidad entre mujeres y hombres en las empresas de las islas y favorecer la no discriminación de género en el ámbito de las relaciones en el trabajo y la salud laboral.En el Ajuntament de Palma, el líder de Vox, Fulgencio Coll, renunció a inicios de legislatura a percibir un sueldo como regidor por estar ya jubilado y cobrar su propia pensión. El exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra rechazó así a percibir remuneración alguna del Consistorio, como tampoco las asignaciones a las que tendría derecho por asistir a las sesiones plenarias. 
1 d
eldiario.es
Miguel Ángel Rodríguez: el hombre de Aznar y Ayuso que pasará a la historia por sus amenazas a periodistas
"O plomo o plata". Así definía el periodista José Oneto el modus operandi del Gobierno de José María Aznar con la prensa. Desde el momento en que llegó a Moncloa. Y su ejecutor era Miguel Ángel Rodríguez (Valladolid, 1964), entonces secretario de Estado de Comunicación (1996-1998) y portavoz del Gobierno. Rodríguez, también conocido como MAR, era amigo de Aznar, y fue el responsable, según recuerdan los periodistas de Valladolid, de convencer hace ya cuatro décadas, al entonces nuevo líder del PP en Castilla y León recién llegado desde Madrid, de dejar de pedir Coca-Cola en los bares y empezar a beber tintos de Ribera del Duero."O plomo o plata", decía Oneto: "Y Antonio Asensio fue lo suficientemente hábil como para coger la plata y evitar el plomo". Quien había sido uno de los principales colaboradores del fundador del Grupo Z relataba así a Jesús Quintero las amenazas proferidas por Rodríguez contra su editor en diciembre de 1996, a raíz del acuerdo entre Asensio y Jesús de Polanco para compartir los derechos del fútbol entre Antena 3 y Canal Plus. Asensio y Polanco firmaron la paz del fútbol en la Nochebuena de 1996, y eso enrabietó profundamente a Moncloa en el primer año de Aznar como presidente. "Cuando yo estaba en Antena 3", explicaba Oneto, el que era portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, me amenazó directamente para que el señor Asensio vendiera la cadena. Y tuvo que venderla [a Telefónica, en julio de 1997, controlada por el Gobierno]. Pasó igual que lo que pasa en Colombia en la época del señor Aznar con el señor Asensio. Y me lo transmitió el señor Miguel Ángel Rodríguez diciendo que el Gobierno tenía más escoltas que Antonio Asensio y al final la película terminó como tenía que terminar: o plomo o plata. Y Antonio Asensio fue lo suficientemente hábil como para coger la plata y evitar el plomo".Miguel Ángel Rodríguez no duró mucho más en Moncloa. En 1998 Aznar cambió a quien le había ayudado a ser presidente del PP y del Gobierno por Josep Piqué, en un claro giro de estilo.No fue hasta muchos años después, cuando Rodríguez volvió a la primera línea con Isabel Díaz Ayuso. "Él no ha vuelto por dinero, ha vuelto porque la vida le ha dado una segunda oportunidad y sobre todo, una oportunidad para resarcirse de un fracaso, que es el que tuvo tras la dimisión como portavoz del Gobierno de España", explicaba la periodista Esther Palomera en el podcast Un tema Al Día, de Juanlu Sánchez: "Y a las personas a las que la vida les da una segunda oportunidad, no hay nada que les frene ni se les ponga por delante. Él quiere demostrar que todavía sigue siendo capaz, y a veces actúa como si tuviera los 23 años que tenía cuando empezó en en Castilla y León, y sigue emitiendo a través de Ayuso palabras sin complejos y está cada día dispuesto a agitar la crispación que acompaña la vida política".En este sentido, Palomera explicaba: "Isabel Díaz Ayuso es un personaje de Miguel Ángel Rodríguez, de la misma forma que en los años de Valladolid Aznar no tenía un proyecto, sino que tenían un plan nacional, y desde Valladolid Rodríguez hizo de Aznar un líder nacional. Esa estrategia política la ha reeditado en Madrid. Es decir, Ayuso no habla de Madrid, habla de España, tiene un proyecto nacional y todo eso es Miguel Ángel Rodríguez. Es exactamente lo mismo que hizo con Aznar en Castilla y León". “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. Esto es lo que Rodríguez escribió a una periodista de elDiario.es la semana pasada después de aquel episodio, cuando este medio empezó a publicar las exclusivas sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de Madrid y las comisiones millonarias que cobró y que evidencian que la presidenta madrileña vive en un piso pagado con dinero cuya procedencia está llena de sombras.Entre el Miguel Ángel Rodríguez de 2024 amenazando con "triturar" a elDiario.es y el Miguel Ángel Rodríguez de 1996 amenazando con mandar a la cárcel al entonces presidente del Grupo Z han pasado tres décadas. Pero el modus operandi es el mismo. Y viene de antes aún, de cuando se le atribuye la elaboración de listas de periodistas en febrero de 1989 desde el Gobierno regional. Rodríguez había entrado muy joven a trabajar para José María Aznar. Apenas había empezado como redactor en El Norte de Castilla, el periódico más importante de la región, cuando Aznar le llamó y se convirtió en portavoz de la Junta de Castilla y León en 1987 para luego irse con él a Madrid como director de Comunicación del PP. Y el caso de las listas de periodistas lo dio a conocer el entonces diputado autonómico socialista Leandro Martín Puertas, quien en 1990 lo denunció en las Cortes de Castilla y León. El presidente ya era Jesús Posada, quien relevó a un Aznar que se había convertido en líder del PP y diputado en el Congreso en noviembre de 1989. Posada anunció una comisión de investigación que, como era previsible, no averiguó mucho: la mayoría del PP dio carpetazo al asunto.La lista fue publicada en 2013, por el periodista Fernando Valiño en el medio local Último Cero, ya desaparecido, como recordaba hace unos días el periodista de la Cadena SER Mario Alejandre."La lista venía con un sello de la Consejería de Presidencia", recuerda a este medio Martín Puertas, ahora presidente del PSOE de Valladolid, "y en ella hablaba de todos los periodistas que en aquellos momentos estaban cubriendo la información de la Junta y de las Cortes de Castilla y León. Además, hacía una pequeña valoración sobre algunos de ellos. Yo presenté la denuncia y Miguel Ángel Rodríguez lo negó todo. Y como seguí insistiendo y además demostré que existía esa lista y que estaba sellada, se abrió una comisión de investigación que no tuvo ninguna conclusión positiva, pues la presidió una persona de absoluta confianza del propio equipo de gobierno".Martín Puertas recuerda que también él fue intimidado: "El propio Miguel Ángel Rodríguez también llegó a amenazarme de manera verbal. Era un personaje muy conflictivo, lo ha seguido siendo durante todo este tiempo y, además, era una persona muy belicosa, que arremetía contra todo y amenazaba a todo el mundo".elDiario.es ha contactado con algunos de los periodistas que aparecían en aquella lista. Miguel Ángel García, entonces periodista de TVE en Valladolid y ahora corresponsal en Berlín de la cadena, explica: "Es un episodio que he ido olvidando, porque tampoco tuvo especiales repercusiones para mí, pero sí que fue en su momento muy chocante. Miguel Ángel Rodríguez había trabajado conmigo en la tele, me conocía perfectamente, y yo era el jefe de programas entonces de Castilla y León y de hecho vino a pedirme trabajo al día siguiente de que ganara las elecciones [Aznar en 1987]. Yo creo que estaba valorando si le interesaba la oferta que le había hecho ya en ese momento de ser portavoz del Gobierno regional o seguir por el camino del periodismo o lo que fuera. El caso es que, como ves, la relación era bastante cercana. Lo que más me molestó de todo es que ponía algo absolutamente personal, sobre la chica con la que yo estaba saliendo entonces. Me sentó muy mal, pero como profesionalmente no me calificó ni para bien ni para mal, me llamaba exigente, pues tampoco me enfadé mucho". "A Miguel Ángel Rodríguez no lo volví a ver", relata García: "Nunca he tenido ocasión de de preguntarle. ¿Oye, por qué pusiste esos datos personales? Y ya está. Es un tema para mí ya olvidado". En efecto, la lista cuya autoría se atribuye a Rodríguez no sólo calificaba a los periodistas en función de su afinidad con la casa –el Gobierno de la Junta–, sino que daba datos personales sobre sus relaciones íntimas.Carlos Blanco, que fue periodista de la SER, subdirector de El Día de Valladolid y columnista de El Norte de Castilla, aparecía en la lista como "anti-esta casa". Y explica: "MAR [Miguel Ángel Rodríguez] salió en abril de 1989 de la Junta de Castilla y León que presidía Aznar con el apoyo del CDS. El CDS pide la cabeza de MAR, y Aznar no pudo tardar mucho en dársela por seguir en el gobierno". "Pero no importaba, porque MAR siguió con sus manejos ya desde el PP", recuerda Blanco, "y uno de ellos, seguramente no el más importante pero sí el que tuvo más repercusión, fue el de las listas negras de periodistas: eran microinformes de más de una docena de periodistas poniendo por escrito lo que se puede comentar seguramente en un bar. En la lista aconsejaba a su sucesor en la Junta. Hay además cosas muy curiosas, como que MAR dice 'habría que hacerle corresponsal del Abc' a uno que trabajaba en la COPE. Y cuando las listas negras se hacen públicas, este hombre ya era corresponsal del Abc". "En mi caso concreto decía que dudaba mucho que que fuera a ser benévolo con ellos. Y así fue", explica Blanco: "En mi informe aparecen además asuntos de mi vida privada que no me hicieron ningún favor, más bien al contrario. Lo que decían de un determinado periodista y de su trabajo eran más propio del chismorreo que de otras cosas, de barra de bar. No me cabe ninguna duda de que el autor de estos papeles fue MAR, lo que pasa es que no hay pruebas". El episodio de la prematura marcha de Miguel Ángel Rodríguez en 1989 lo recordaba hace unos años el periodista Arsenio Escolar en una columna en el diario El País. En ella rememoraba una información de Cambio 16 que firmaba él mismo y en la que destapaba las maniobras económicas de Rodríguez a consecuencia de las cuales Alianza Popular iba engrosando sus filas con alcaldes provenientes del partido Democracia Cristiana. "Y cometió un error garrafal: creyó que las interioridades de la Junta las había contado un parlamentario regional democristiano, y se dedicó a inundar las redacciones de Valladolid y Madrid de especies contra él desde un fax de la Junta, que dejaba huella. Pero resultó que el tal parlamentario se iba a pasar al CDS, que era el apoyo parlamentario con el que gobernaba Aznar. Al presidente regional del CDS, Daniel de Fernando, le faltó tiempo para exigir, y obtener, la destitución de Rodríguez. Se disfrazó de dimisión. El 13 de abril de 1989, el portavoz cesante escribía una carta a Aznar: "Han conseguido echarme después de tantas amenazas. Que no consigan echarte a ti", escribía Arsenio Escolar.En efecto, el modus operandi de Rodríguez fue lo que provocó su abrupta marcha de la Junta de la misma manera que, una década después, provocó su salida de Moncloa. Mario Alejandre, periodista de la SER en Valladolid, afirma que Miguel Ángel Rodríguez "ha sido así toda la vida" y lo considera "pionero" en amedrentar a la prensa: recuerda incluso a un jefe de prensa de Juan José Lucas que "daba patadas en las espinillas en los canutazos si hacías preguntas que no les gustaban". Otro ejemplo del modus operandi de Miguel Ángel Rodríguez es el caso del periodista José Antonio Martínez Soler. Como contaba este fin de semana, fue despedido de la TVE de Aznar tras la entrevista preelectoral al líder del PP en 1996: "Puse un pleito contra la TV del nuevo Gobierno por despido improcedente. Gané el juicio, pero no pude volver a la prensa. Me refugié en la Universidad hasta que, años más tarde, fundé 20minutos. Tuve fuentes solventes que apuntaban a MAR como el mensajero de La Moncloa que amenazó a los grupos de prensa para que no me dieran empleo. Se le da muy bien amenazar… y ejecutar. No te confíes, querido Ignacio Escolar. No soportan el éxito de elDiario.es. Recuerda que MAR esconde herradura en su guante. Solo por eso, comprenderéis que este Rasputín no sea santo de mi devoción. Por prevención, en mis memorias («La prensa libre no fue un regalo») no quise darle a MAR el triste crédito por sus amenazas a los medios. Su mensaje fue, más o menos, que si me daban trabajo lo considerarían "un acto de hostilidad hacia el nuevo Gobierno".Pero si el estilo de Miguel Ángel Rodríguez ha podido ser rentable en algún momento para los liderazgos de José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso, lo cierto es que a él no sólo le ha supuesto salidas prematuras de sus puestos institucionales, sino que también le ha merecido alguna condena judicial.Rodríguez fue condenado en 2011 como autor de un "delito continuado de injuria grave realizado con publicidad" contra el doctor Luis Montes, excoordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Rodríguez le llamó nazi en el programa de TVE 59 segundos en 2008, y en La Noria, de Tele 5. El ahora asesor de Díaz Ayuso insultó así a Montes incluso después de que la justicia había archivado la denuncia de las supuestas sedaciones irregulares en Leganés. La sentencia condenó también a Rodríguez a 11 meses de multa a razón de 30 euros diarios. El exportavoz de Aznar, además, debía indemnizar con 30.000 euros a Montes.Rodríguez también fue condenado en 2013 a un año sin carné de conducir por ir ebrio al volante. El exministro y exportavoz de Aznar, en aquel momento tertuliano de TV, fue detenido en el madrileño distrito del Retiro por circular ebrio tras un accidente. Rodríguez golpeó con su Mercedes a tres vehículos estacionados, según informaba El País. Tras el siniestro de tráfico, la Policía Municipal de Madrid sometió al test de alcoholemia a Rodríguez, quien cuadriplicaba la permitida, por lo que fue detenido.Eran los años de contertulio que llegaron después de una etapa en la que, como presidente de Carat, consiguió para la empresa 26,5 millones de euros en licitaciones del Gobierno de Aznar, algunos cuestionadas por el Tribunal de Cuentas por la urgencia en la concesión. Otra empresa en la que participaba, una productora de televisión, se hizo con varios contratos de la TVE controlada entonces por el PP. Sus empresas también han trabajado para FAES, por ejemplo haciendo vídeos que alimentaban la teoría de la conspiración del 11M, y han sido agraciadas con grandes cantidades de dinero por parte de la administración madrileña: recibió casi 600.000 euros del Canal de Isabel II por un proyecto frustrado de televisión por Internet.Pero su último destino, hasta el momento, es la jefatura de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Para quien logró, por dos años consecutivos, que apareciera en la lista Forbes.
1 d
eldiario.es
La pareja de Ayuso intentó vender vacunas a Costa de Marfil cinco veces más caras de lo que costaban
Una factura falsa por valor de 922.585 euros ha destapado un negocio fallido de Alberto González Amador en Costa de Marfil. La pareja de Isabel Díaz Ayuso hizo de intermediario en la venta de vacunas, una oportunidad de negocio que se le abrió durante una visita al país africano para explorar otros proyectos. La operación consistía en vender dosis de AstraZeneca a 16,9 dólares (15,51 euros), cuando no costaban más de tres euros, a fin de repartirse con su socio más de dos millones en comisiones. Para ello recurrió a la empresa con la que ya había ganado dos millones de euros en 2020 con la compraventa de mascarillas.El Gobierno de Costa de Marfil frustró el acuerdo por el elevado precio de las dosis, pero González Amador intentó convencer a Hacienda de que el negocio le había provocado unos gastos que en realidad nunca tuvo. La factura de 922.585 euros forma parte de la ristra de documentos falsos que la pareja de la presidenta madrileña presentó ante la Agencia Tributaria para intentar pagar menos impuestos.El relato de lo ocurrido está contenido en el extenso informe de la Agencia Tributaria que ha servido de base para la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid. Y es el propio González Amador quien da todos los detalles, a través de una carta enviada a la inspección de Hacienda y que se ha incorporado íntegra al expediente judicial.En ella, González Amador explica que en febrero de 2021 él y el empresario mexicano Maximiliano Niederer trazan un plan para explorar un posible negocio con las autoridades sanitarias de Costa de Marfil, a fin de expandir allí sus proyectos de "excelencia sanitaria". La asesoría para superar controles de sanidad en hospitales era su principal vía de negocio antes de la pandemia. El Gobierno de ese país no les hace mucho caso, pero pasadas las semanas les trasladan su necesidad de “adquirir vacunas covid-19” y otros medicamentos.Es entonces cuando se desata una operativa por parte de Maxwell Cremona, la empresa de González Amador, para hacer lo posible por conseguir vacunas y venderlas a Costa de Marfil. Entre abril y mayo de 2021 se producen reuniones a varias bandas entre diversas empresas, todas con González Amador como nexo. Acaban contactando con dos empresas que, creen, pueden conseguir vacunas. Una de ellas es Mape Asesores, con la que ya habían hecho los negocios de las mascarillas en 2020.Según el relato que hace la pareja de Ayuso a la Agencia Tributaria, Mape “hace una solicitud de vacunas a AstraZeneca” a través de un par de cartas, que se enviaron también a la inspección durante la investigación. En paralelo, González Amador y sus socios viajan a Costa de Marfil para reunirse con las autoridades sanitarias. Esa visita se produce entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2021.En el encuentro, el Ministerio de Sanidad les apremia para que consigan las vacunas cuanto antes. Los empresarios empiezan a ponerse nerviosos porque "no hay confirmación" de que se puedan adquirir las dosis a través de las peticiones de una de las compañías que hizo las peticiones a AstraZeneca."Llegamos a la conclusión de que hay que ir por la otra vía", relata González Amador, "ya que en unos días saldrá la licitación". La decisión que toman es presentar a otra empresa –Tec Pharma Europe– a ese concurso con la esperanza de que sea esa compañía la acabe consiguiendo las vacunas para venderlas después a Costa de Marfil. El día de la licitación se acerca, así que los implicados establecen entonces el precio y la cantidad de dosis que se venderían a Costa de Marfil: "Se acuerda un precio de venta unitario máximo de 16,90 dólares". En total, ofertan 2.000.000 de dosis a Costa de Marfil, lo que implica un negocio de 33,8 millones de dólares.De ese precio había que restar 40 céntimos por dosis para gastos de logística. Y luego las comisiones: Alberto González Amador fijó la suya en un 7,5%, más de 2,5 millones de dólares si se vendían al precio acordado inicialmente, de los que una parte tendrían que ir al mexicano Maximiliano Niederer por sus gestiones. AstraZeneca había empezado a distribuir sus vacunas en febrero de 2021. Como este fármaco se había desarrollado con la Universidad de Oxford era mucho más barato que los elaborados por Pfizer-BioNtech y Moderna: 2,9 euros por pinchazo frente a los 17 o 31 euros de los primeros. Pero la operación empezó a torcerse. Los primeros documentos que recogen el precio y la cantidad de las vacunas nunca llegan a ser firmados por las autoridades de Costa de Marfil. Hacen una segunda oferta. "Tras varias conversaciones en días posteriores y tras indagar en la competencia, acordamos presentar 15 dólares como precio final”, relata la pareja de Ayuso. En julio de 2021 se presentan a la licitación.No ganaron el concurso. Las autoridades sanitarias les informaron poco después de que les habían rechazado la oferta por el precio de las vacunas, superiores al de otras empresas que se presentaron.La explicación del negocio frustrado se acompaña con cartas, emails y hasta fotografías con el ministro de Sanidad de Costa de Marfil, según hace constar el informe. La Agencia Tributaria confiesa su sorpresa ante la cantidad de empresas distintas que intervinieron en el negocio y reconoce que no tiene claro el papel de algunas, ni por qué pretendían cobrar exactamente.Aunque el trato no salió adelante, González Amador presentó a Hacienda una factura de 922.585 euros de la sociedad Gayani LTD, del empresario mexicano Maximiliano Niederer. En teoría, corresponde a la parte de sus comisiones, pero como nunca se produjo la venta de las vacunas, González Amador en realidad solo tuvo que pagarle 27.000 por diversos gastos.El empresario, pareja de Ayuso, primero dijo que había aportado la factura porque estaba pendiente de conocer el resultado de la licitación, ya que habían recurrido la negativa de Costa de Marfil. La Agencia Tributaria desmiente esta versión y dice que ya se había resuelto todo: “Queda claro que el 10 de octubre de 2021 ya sabía que no eran los adjudicatarios (…) Nos encontramos ante una factura que contiene una prestación de servicios inexistente y cuya realidad no ha quedado debidamente acreditada”.Es por esto que la Agencia Tributaria concluye que no se trata de un error, sino que detecta un "patrón organizado" tendente a "evitar la tributación" que le correspondía en los ejercicios 2020 y 2021. Y para ello se sirvió de "facturas que se acreditan falsas o falseadas".–––––– Nos atrevemos con los más poderosos porque sabemos que estáis ahí. La investigación periodística de elDiario.es es posible por el apoyo de nuestros socios y socias: más de 77.000 personas. Si eres uno de ellos, queremos darte las gracias: tu ayuda nos permite publicar noticias así, que casi nadie cuenta. Y si aún no nos apoyas, o dejaste de hacerlo, este puede ser un buen momento para echarnos una mano: necesitamos todo el respaldo posible. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
1 d
eldiario.es
Los editores respaldan a elDiario.es ante "las amenazas" de Miguel Ángel Rodríguez
La asociación de editores CLABE, miembro de CEOE y de CEPYME, ha condenado "las amenazas" a elDiario.es por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. En un comunicado hecho público este domingo, el Club Abierto de Editores "expresa su más firme condena" a los mensajes enviados por Rodríguez a una periodista de elDiario.es, entre los que se incluía la amenaza “os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. CLABE denuncia "los intentos de condicionar la labor" de los profesionales de elDiario.es, así como "la libertad de prensa y la libertad de empresa", que suponen estos mensajes, remitidos por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid tras la publicación por parte de elDiario.es de varias informaciones sobre los negocios de la pareja de Ayuso, en concreto, sobre los dos millones de euros que cobró en comisiones por contratos de mascarillas. Horas antes de que Rodríguez enviara sus amenazas, elDiario.es había adelantado que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, había defraudado a Hacienda 350.951 euros. La asociación de editores señala a elDiario.es como "uno de los más representativos grupos editoriales españoles" y apunta que las amenazas de Rodríguez –definidas por él mismo como “un anuncio”– "representan un ataque directo e inaceptable contra los principios fundamentales de libertad de prensa y de libertad de empresa y contra el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, derechos consagrados en nuestra Constitución". "Estas amenazas son también un ataque a la independencia empresarial y un intento claro de intervención en el libre mercado por parte de un alto cargo público", añaden.Desde CLABE recalcan "la presión intolerable hacia los medios de comunicación por parte de algunos agentes políticos que pretenden condicionar el libre ejercicio periodístico y la libre competencia en el sector" y tachan de "inaceptables" las "amenazas, insultos y manipulaciones interesadas contra la libertad e integridad de los medios de comunicación por parte de altos cargos gubernamentales".Este sábado, cuando elDiario.es publicó las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez recibidas esta misma semana, las principales asociaciones de medios de comunicación, entre ellas la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ya mostraron su apoyo a esta redacción, y ahora CLABE se suma a ellas. "Es lamentable que, en el contexto de ejercer su legítima función de informar, editores y periodistas se enfrenten a alusiones personales y ataques malintencionados por parte de representantes políticos", condenan en su comunicado, en el que también instan a Miguel Ángel Rodríguez "a pedir disculpas por sus declaraciones". "La libertad de prensa es un pilar irrenunciable de nuestra sociedad y desde CLABE velaremos incansablemente por su protección", concluye la asociación de editores.
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