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Los críticos de Ciudadanos piden una Asamblea ordinaria tras la debacle electoral en Catalunya
Ciudadanos sigue inmerso en su propia crisis. La decisión de Arrimadas de no acometer cambios ni forzar ceses tras la debacle que sufrida en las recientes elecciones en Catalunya, en las que el partido bajó de 36 a 6 diputados, ha provocado que se intensifiquen las voces críticas y resurjan corrientes internas que creen necesario la convocatoria de una nueva Asamblea General en la que se decida el futuro del partido. El objetivo principal de ese cónclave sería, según fuentes de esos grupos, "analizar las causas de la derrota" en el que fue su feudo, admitir los "errores cometidos" y definir de una vez por todas "qué quiere ser Ciudadanos". Previamente, la actual dirección debería convocar de nuevo primarias para que todos aquellos que lo deseen puedan optar a liderar Ciudadanos.Estos sectores críticos, como el que se ha conformado bajo el nombre de Renovadores Cs, así como algunos exresponsables autonómicos, remarcan que la Ejecutiva tiene que convocar en unos meses una nueva Asamblea "ordinaria", como estipulan los estatutos, dado que la que se celebró hace ahora casi un año, la V, en la que se eligió a Arrimadas presidenta del partido tras la dimisión de Albert Rivera, tuvo carácter "extraordinario", algo que niega la nueva dirección. En el caso de que no lo hagan adelantan que forzarán una recogida de firmas de afiliados para que se celebre un cónclave extraordinario. Otro de los que ve necesario esa convocatoria "ordinaria" es el economista y tertuliano Juan Carlos Bermejo, el afiliado de las Rozas que se enfrentó a Rivera y a Aguado en primarias. Según advierte, primero acudirá a los canales internos para solicitarla a través de la Comisión de Garantías y en el caso de que no se tome en consideración su petición, acudirá por la vía judicial, por lo civil, por vulneración del derecho fundamental de asociación.Una de las quejas de algunos de los antiguos dirigentes de Ciudadanos contra la actual líder es que después de ser elegida decidió excluir del máximo órgano del partido, el Consejo General, a todos los dirigentes que habían formado parte de la plataforma CiudadanosEresTú, que capitaneaba el ahora vicepresidente castellano leonés, Francisco Igea, su rival en aquellas primarias. Algunos de estos igeistas lamentan ahora que no se escucharan sus demandas de hacer un partido "más abierto" y "participativo". La anterior Asamblea ordinaria, la IV que celebraba Ciudadanos desde su fundación en 2006, fue en la que se ratificó a Rivera como presidente del partido después de someterse a primarias, y tuvo lugar en febrero de 2017, en Coslada (Madrid). El artículo 59.2 de los estatutos indica que "las reuniones ordinarias se celebrarán una vez cada cuatro años y serán convocadas por el Comité Ejecutivo". Así que la siguiente teóricamente tocaría este año sobre ese mismo mes. No obstante, el artículo 59.5 señala que "no cabrá la celebración de Asamblea general ordinaria o extraordinaria en un periodo de cuatro meses anteriores o posteriores a cualquier proceso electoral al que el partido haya decidido concurrir". De modo que al haberse celebrado elecciones en Catalunya el 14 de febrero de 2021 la Asamblea —sea ordinaria o extraordinaria— debería realizarse a partir del próximo 14 de junio salvo que el Consejo General, a propuesta del Comité Ejecutivo, decida "alterar esta regla en atención a razones justificadas de urgencia y necesidad", según estipula el citado artículo. La normativa establece que debe anunciarse la fecha de su celebración "con dos meses de antelación". En este caso, en abril.Sin embargo, fuentes de la actual dirección discrepan e insisten en que la última Asamblea celebrada hace ahora casi un año, en la que se eligió a Arrimadas, tuvo carácter "ordinario" y por lo tanto no cabe ahora celebrar una nueva de ese mismo carácter. Para sostener esa versión envían a esta redacción la siguiente explicación: "Ciudadanos celebró el año pasado, desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, su V Asamblea General donde se renovaron todos sus órganos internos al igual que sus Estatutos y Estrategia. De acuerdo a estos nuevos Estatutos, aprobados el día 2 de mayo de 2020, solo cabría la convocatoria de una Asamblea extraordinaria si se diese alguno de los siguientes supuestos recogidos en el artículo 59.3: a) Por acuerdo del Comité ejecutivo o del Consejo general, adoptado en ambos casos por mayoría cualificada de dos tercios. b) Cuando lo soliciten al menos un tercio de los afiliados en plenitud de derechos, mediante la firma de una petición expresa que habrá de incluir el orden del día. La solicitud se dirigirá al Consejo General que procederá a formalizar la convocatoria". Pero la realidad desmiente que la V Asamblea fuera "ordinaria". Para empezar, al día siguiente de la derrota del 10N de 2019 el propio Rivera anunció un nuevo Congreso y le dio un claro carácter "extraordinario", puesto que después de su dimisión el partido tenía que elegir a toda prisa una nueva Ejecutiva.En esa V Asamblea, además de ratificar como presidenta a Arrimadas, se sometió a debate la estrategia, se reformaron los estatutos y se eligió una nueva Ejecutiva y un nuevo Consejo General. Los fieles de Arrimadas restan importancia a esas corrientes internas que piden ahora otro congreso y recuerdan que la líder fue respaldada por una amplia mayoría en la tensa Ejecutiva que se llevó a cabo el pasado 15 de febrero, un día despues de los desastrosos resultados de los comicios catalanes.Además del anuncio del propio Rivera, las pruebas de que a la última Asamblea no se le dio carácter "ordinario" sino "extraordinario" son muchas más. Entre ellas, un comunicado interno que se cursó el 3 de diciembre de 2019 a los dirigentes del partido vía email: "En su reunión del 30 de noviembre de 2019, el Consejo General aprobó con un 91,4% de votos a favor la constitución de la Comisión Gestora que conducirá el partido hasta la próxima Asamblea General.La votación salió adelante con 5 votos en contra y 6 abstenciones de los 128 consejeros asistentes. También se aprobó, por unanimidad, la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para el 15 de marzo de 2020"En esa misma nota se hace referencia a la tensa reunión de ese Consejo General en el que se filtraron las intervenciones, recordando a los dirigentes del partido que "las deliberaciones de todos los órganos del partido son secretas, incluido, las del Consejo General (art. 22. 5 del Reglamento del Consejo General). Es la única forma de preservar la libertad de los intervinientes y la democrática constitución de la voluntad de los órganos. Sin embargo, como es sabido, se ha vulnerado mediante interesadas y parciales filtraciones", y se les recrimina:"La Mesa del Consejo constata que se ha vulnerado gravemente el Reglamento de este órgano que establece, en su artículo 6.2, que los asistentes a las sesiones de Consejo General no podrán revelar la información y deberán velar en todo caso por la confidencialidad de la información que conozcan por razón de su cargo" . Poco después, la portavoz nacional, Melisa Rodríguez, explicó a los periodistas que se habían aprobado, "con una mayoría abrumadora, los 16 miembros que compondrán la gestora y que trabajarán por el partido en este período de transición", un organismo que "lo ha propuesto el presidente de la Comisión Gestora, Manuel García Bofill". Y añadió que también se había elegido "por unanimidad la fecha del día 15 de marzo —aunque luego tuvo que retrasarse— para que se convoque la Asamblea General Extraordinaria, donde se elegirá el futuro, el ideario y la estrategia que llevaremos adelante en la formación naranja", según consta en la nota de prensa subida a la web del partido. El propio exsecretario general, José Manuel Villegas, en las comparecencia celebradas en la sede del partido, se refería siempre a ese cónclave como "extraordinario".Por otro lado, los Renovadores Cs también se quejan de que la dirección haya abandonado a las agrupaciones, que deberían ser "el alma" del partido, pero denuncian que "hace mucho tiempo que la actividad en ellas ha ido desapareciendo" y "no hay voluntad de revitalizarlas". En Catalunya, en concreto, donde llevan meses constituidas, aseguran que "languidecen sin que se celebren ningún reuniones, ni presenciales ni telemáticas aunque los estatutos establecen que deben reunir en asamblea ordinaria una vez cada dos meses", lamentan.Esta corriente crítica recuerda que "según el reglamento orgánico, a finales de octubre del año pasado deberían haber estado renovadas todas las agrupaciones". "Sin embargo —añaden—, incumpliendo las propias normas, se ha ido celebrando las elecciones a las Juntas de las agrupaciones de las comunidades autónomas como Madrid o Valencia pero quedan pendientes otras, como las de Andalucía". "Además de ante un incumplimiento normativo", estamos ante una muestra del desinterés de la dirección del partido por la participación de los afiliados en la vida del partido", concluyen. El grupo de críticos suma a estas quejas el hecho de que el plazo establecido para presentar una candidatura de 72 horas "es claramente insuficiente para que los afiliados que comparten preocupaciones e inquietudes puedan organizarse y presentarse". Y creen que lo que se pretende con ello es favorecer a las listas oficiales y "dificultar y desincentivar la presentación de candidaturas alternativas". "Si a esto sumamos que solo las candidaturas oficialistas tienen acceso al censo de electores y elegibles en posesión exclusiva de organización, y que hacen un uso indebido de los medios de comunicación oficiales para difundir sus candidaturas, resulta evidente que las candidaturas oficiales parten con una enorme ventaja, totalmente contraria a la igualdad de oportunidades que deberían presidir la elección de cargos y responsabilidades en Ciudadanos", señalan. También denuncian que limitar el horario de votación a dos horas "tiene una función desmotivadora" y "supone la vulneración del derecho de participación en procesos electorales y resulta Incompatible con el buen ejercicio de la democracia interna". "Si esta restricción es inadmisible en votaciones presenciales lo es aún más en votaciones telemáticas", sostienen. Finalmente rechazan que las candidaturas se hagan a través de listas cerradas lo que "tiene como consecuencia ofrecer menos representatividad interna de la realidad de los afiliados". "Con este sistema de elección un grupo mayoritario no hegemónico ocupa el 100% de los órganos de representación, sin dejar espacio a otras sensibilidades y por tanto a la pluralidad, participación y debate internos imprescindibles para mantener vivas las organizaciones políticas".El resultado de todo ello, para Renovadores Cs, es "una escasa participación y que en muchos casos las candidaturas sean votadas casi exclusivamente por quienes las componen". Y en algunos ocasiones ni eso, añaden, "como sucedió en Tudela donde la Junta fue elegida por un solo voto, lo que pone en evidencia la falta de motivación de los afiliados para participar en la elección y en la vida interna del partido, lo cual inevitablemente acaba reflejándose en nuestros electores y en los resultados electorales", concluyen.
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El PP mantiene el veto al juez De Prada a pesar de que sí cumple los requisitos para acceder al CGPJ
El Partido Popular mantendrá el bloqueo que lleva imponiendo durante más de dos años a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la ruptura de las negociaciones con el Gobierno, el pasado jueves, precisamente por los vetos impuestos por la dirección de Pablo Casado a dos de los juristas propuestos por el Ejecutivo, la actual delegada del Gobierno para la lucha contra la violencia machista, Victoria Rosell, y el juez José Ricardo de Prada, que fue uno de los magistrados de la sentencia de la Gürtel y responsable de los pasajes que dieron por acreditada la caja B del partido y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.Ambos, Rosell y De Prada, fueron nombres puestos encima de la mesa de la negociación por Unidas Podemos, el socio del Ejecutivo al que Casado no reconoce legitimidad y al que siempre pidió dejar "fuera de la ecuación" para la nueva configuración del máximo órgano de gobierno de los jueces. De hecho, desde el PP siempre han asegurado que su negociación ha sido con el PSOE y no con el Gobierno, para remarcar que los populares dejan fuera de las conversaciones a la formación de Pablo Iglesias.El viernes, tras romper las conversaciones con el Gobierno, el PP aseguró que su veto a De Prada se debía a que "no fue elegido por sus compañeros dentro del turno judicial" –una de las dos vías de acceso al máximo órgano de los jueces, por la que los nombres son propuestos por los propios magistrados– "ni recogió avales para ello", por lo que "un juez que no ha sido avalado y elegido por sus compañeros no puede acceder al CGPJ por la puerta de atrás por el turno de juristas", la otra vía de acceso, cuyos nombres son propuestos por los partidos políticos entre juristas de reconocido prestigio. Como explicó entonces el PP, en 2018 el magistrado no pasó el corte en la lista de los 40 nombres que proponen los jueces para su órgano de gobierno ya que se interpretó que su presencia en el Tribunal de La Haya, donde entonces prestaba servicio, no cumplía con el requisito de estar en servicio activo. Pero con ese razonamiento que impidió su elección dentro del turno judicial, el PP decidía vetar también la entrada de De Prada por el cupo de juristas. "Sería un fraude de ley", llegaron a asegurar a finales de la semana pasada fuentes de la máxima responsabilidad del equipo de Casado.Fuentes del GGPJ consultadas por elDiario.es afirman que, técnicamente, De Prada sí podría ser elegido vocal por el llamado turno de juristas, siempre que pidiera una excedencia voluntaria, porque cumple con el resto de requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): ser un jurista —es decir, titulado en Derecho— de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. El artículo 567.3 de esa norma establece expresamente que "podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional". Estas mismas fuentes afirman que hay precedentes de otros jueces que estaban fuera de la carrera —ejerciendo la abogacía, por ejemplo— y que han sido nombrados vocales del CGPJ por el turno de juristas, que en teoría tiene como objetivo que entren en el CGPJ representantes de los diversos sectores del sistema de justicia y de las distintas profesiones jurídicas (fiscales, abogados, catedráticos de universidad...). No consta que haya ocurrido en otra ocasión que un juez en servicio activo haya pedido excedencia voluntaria para entrar por juristas, aunque técnicamente no habría impedimento para ello si cumple lo requisitos que marca la ley. En 2018, cuando se inició el procedimiento para la renovación del CGPJ antes de que caducara su mandato, De Prada llegó a comparecer en el Congreso por ser uno de los miembros de la lista acordada por populares y socialistas a integrar el nuevo CGPJ en la negociación que saltó por los aires tras filtrarse un mensaje de WhatsApp en el que el entonces portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que era el nombre pactado para la presidencia— se controlaría "por detrás" la Sala Segunda del Supremo. Entonces también fue candidato por el turno de juristas, aunque en ese momento se encontraba en situación de servicios especiales como magistrado del Mecanismo Residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas que debía resolver la sentencia de apelación del exlíder serbiobosnio Radovan Karadzic. Es decir, no estaba en servicio activo en la carrera judicial, situación en la que sí se encuentra desde marzo de 2019, cuando regresó a su puesto en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En esa comparecencia el juez reconoció que no se encontraba cómodo al integrar el CGPJ por la terna de juristas de reconocido prestigio en lugar que por la de jueces y recordó que fue precisamente su comisión de servicios para el fallo del TPI de La Haya lo que le impidió acceder la convocatoria del CGPJ como juez. La Junta Electoral había acordado por unanimidad excluir su candidatura por no encontrarse en servicio activo en la carrera judicial, que es uno de los requisitos para acceder a una de las 12 plazas de vocal del órgano de gobierno de los jueces por el turno dedicado a los jueces y magistrados. Con la intención de presentarse al CGPJ, solicitó volver a su puesto en la Audiencia Nacional, pero la Comisión Permanente del Consejo se lo denegó "por no haber justificado" su cese en la situación de servicios especiales que cumplía en La Haya. Esa decisión motivó que la Junta Electoral acordase por unanimidad excluir su candidatura. Esta resolución contó con el aval del Supremo, que falló que su exclusión había sido conforme a derecho. La sentencia, que no fue por unanimidad, recordó que el artículo 573 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la "regla general y básica" para acceder al CGPJ por el turno de jueces es "estar en servicio activo" y señaló además que De Prada "nunca" había "formalizado su renuncia" a su cargo en La Haya. Esa resolución contó con el voto particular de dos magistrados, que consideraron que su candidatura debió ser aceptada. Según el voto particular, la Junta Electoral realizó una interpretación errónea de la LOPJ y el compromiso manifestado por De Prada de solicitar el reingreso al servicio en activo en caso de ser elegido equivalía "fáctica y jurídicamente a la manifestación de compromiso de renuncia al cargo" en el que se encontraba en ese momento.Aquella comparecencia en el Congreso ya evidenció los recelos del PP ante el que considera una de sus ‘bestias negras’ judiciales. Y eso a pesar de que entonces los conservadores sí habían aceptado que tuviera una silla en el CGPJ. El portavoz del PP, Carlos Rojas, calificó de "muy políticas y controvertidas" posiciones públicas de De Prada como su apoyo a la justicia universal. "Hay muchos con más prestigio que usted. Es bueno que usted pase a la política y deje de poner sentencias", le dijo el diputado, que también cuestionó su independencia y su entonces futura labor en el CGPJ. "Mi independencia queda acreditada en toda mi carrera profesional, desde la primera hasta la última resolución. En España y en la justicia internacional", respondió De Prada. El magistrado recordó que entonces tenía a sus espaldas "más de 32 años de función jurisdiccional" y que, de ellos, 28 años los había pasado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.En el caso de Victoria Rosell el veto del PP se debe a que actualmente ocupa un "cargo político" en el Gobierno. Según el equipo de Casado, incluirla como vocal del nuevo CGPJ sería incurrir en las "puertas giratorias entre la política y la justicia" con las que los populares dicen ahora querer acabar.El propio PP lleva, sin embargo, décadas nutriendo el Poder Judicial con cargos públicos de diferentes gobiernos. El ejemplo más flagrante es el del actual presidente del CGPJ a propuesta de los populares, Carlos Lesmes, cuyo mandato caducó en 2018 pero que permanece en el cargo gracias al bloqueo de los de Casado. Lesmes ocupó puestos políticos en los ejecutivos de José María Aznar. Otro paradigma de esas puertas giratorias que Casado dice querer combatir es el del secretario de Justicia de su propia dirección y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que también ha transitado de los tribunales a la política y viceversa en los últimos años, siempre bajo el paraguas del PP. Antes de ser fichado en 2019 primero por Isabel Díaz Ayuso y luego por el propio Casado para ser parte de su Ejecutiva, López fue vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Constitucional –de donde tuvo que dimitir en 2014 tras triplicar la tasa de alcohol permitida en un control policial que se le realizó en Madrid mientras conducía su moto– en ambos casos a propuesta del Partido Popular. "El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ", argumenta ahora el propio López. Sus palabras chocan con otros casos como el de Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ entre 2008 y 2014, que antes de ser nombrado miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PP había sido cargo público en la Generalitat valenciana durante los gobiernos del 'popular' Francisco Camps. O el de José Merino Jiménez, que pasó de director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón, un cargo en el que permaneció de 1997 a 2001, a ser elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP.A pesar de sus vetos tanto a Victoria Rosell como a José Ricardo de Prada, el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, aseguraba este lunes que "si Sánchez quiere, se puede desbloquear el proceso de renovación de los órganos judiciales". Él insistió en que las condiciones del PP pasan por "avanzar hacia la despolitización de la justicia", la retirada de la reforma planteada por el Ejecutivo para limitar la labor del CGPJ cuando está en funciones y que Unidas Podemos no esté en la negociación "porque está intentando erosionar las instituciones". "Nuestras condiciones están claras y cuando Sánchez solucione sus líos internos, ponga orden en el Consejo de Ministros y logre acabar con la batalla interna que tienen en el seno del Gobierno, que nos llamen. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo", zanjaba, en una entrevista en Antena 3.
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Sánchez anula las reuniones de coordinación entre PSOE y Unidas Podemos y zanjará las discrepancias directamente con Iglesias
Tercer lunes tras las elecciones catalanas sin reunión de coordinación del Gobierno de coalición. Y, de momento, no las volverá a haber. Pedro Sánchez ha anulado los conocidos como maitines, unos encuentros en los que se reunía con Pablo Iglesias y los equipos de ambos sectores del Ejecutivo para fijar las líneas estratégicas cada semana. En plena escalada de la tensión en el seno del bipartito esas reuniones dejaron de celebrarse; el PSOE atribuyó la suspensión a cuestiones de agenda y relacionadas con los comicios. Pero no está previsto que se vuelvan a retomar, según han indicado a elDiario.es fuentes socialistas. El presidente ha decidido limitar a su núcleo duro las reuniones de inicio de la semana y abordará con el vicepresidente segundo las discrepancias que se enquisten en la coalición. Sánchez ha trasladado a Ferraz las reuniones de arranque de la semana. Desde hace varios lunes, el presidente se ve con su equipo más cercano en la sede del PSOE antes de la celebración de la Ejecutiva del partido. Al encuentro asisten miembros de su equipo en Moncloa y la plana mayor del partido: el jefe de gabinete, Iván Redondo; su adjunto, Paco Salazar, que es también secretario de Acción Electoral del PSOE; el secretario general de Presidencia; Félix Bolaños; el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver; el secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos; la portavoz, María Jesús Montero; la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra; el responsable de coordinación territorial del partido, Santos Cerdán, y la directora de comunicación, Maritcha Ruiz Mateos. Fuentes socialistas explican que se trata de reuniones de "coordinación entre el Gobierno y el partido". Hasta ahora esas reuniones eran bipartitas y a ellas asistían por parte de Unidas Podemos, además de Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero; el portavoz parlamentario, Pablo Echenique; y el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda, Juan Manuel del OlmoLos maitines servían hasta ahora para coordinar la acción del PSOE y de Unidas Podemos tanto en el Gobierno como en el Congreso. En ellas se fijaba la estrategia política y comunicativa del Ejecutivo de coalición. La intención, no obstante, es que presidente y vicepresidente segundo retomen también los encuentros periódicos en los que aprovechaban para poner a punto el engranaje de la coalición. Sánchez e Iglesias han desencallado tradicionalmente las desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos. Así funcionó durante el primer mandato monocolor tras la moción de censura –por ejemplo, para cerrar los flecos de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que finalmente fracasaron en el Congreso–, pero también en algunos asuntos clave de la coalición, aunque en los últimos tiempos se había reducido esa práctica en buena medida porque Sánchez dio un golpe en la mesa con determinados asuntos, como el Salario Mínimo Interprofesional, pese a la presión del socio minoritario. La decisión de dejar de convocar las reuniones del bipartito se produjo en un momento de máxima tensión y de que ambas partes de la coalición se saltaran los protocolos de funcionamiento que se dieron en el inicio de su andadura. En el PSOE sostienen que es Unidas Podemos quien incumple sistemáticamente sus normas internas al filtrar las desavenencias como método de presión. "Existen discrepancias que deben ser tratadas con la máxima discreción y hay un seguimiento del pacto en su día establecido entre ambos partidos", advirtió este lunes la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, al ser preguntada por una reunión prevista para este semana entre Sánchez e Iglesias. Narbona dio por hecho que la coalición durará toda la legislatura.En Unidas Podemos ponen de manifiesto los continuos incumplimientos que, dicen, hace el PSOE del acuerdo de coalición. Las alarmas han vuelto a sonar de nuevo tras una entrevista de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en La Hora de la 1 en la que ha puesto en duda algunos de los compromisos del acuerdo programático. Uno de ellos es la regulación de los precios del alquiler, que ha provocado una intensa batalla entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que son coproponentes de la ley de vivienda. Los socialistas apuestan por incentivos fiscales para los propietarios que bajen los precios por debajo del mercado mientras que Unidas Podemos quiere establecer un techo máximo en las zonas especialmente tensionadas. "Es fácil tratar de simplificar las cuestiones, pero la posibilidad de regular los precios de los alquileres no es un bálsamo de Fierabrás, no es una solución mágica que vaya a solucionar todos los problemas. Lo que hay que hacer es aumentar el parque de vivienda y, en particular, el parque público de vivienda que lamentablemente se desmanteló por los gobiernos anteriores durante décadas", expuso Calviño en contra de lo que establece el acuerdo de la coalición, que habla explícitamente de una normativa que permita a ayuntamientos y comunidades "regular las subidas abusivas del precio del alquiler"."Sabemos que a Calviño no le gusta la regulación de precios del alquiler –respondió a través de Twitter la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra–. Los acuerdos se tienen que respetar y el Presidente debe hacérselo entender a los ministros de su partido".Calviño también ha enfriado de nuevo la derogación de la reforma laboral. "Ojalá cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores se resolvieran los problemas del mercado laboral, pero llevamos décadas arrastrando un alto desempleo, un alto desempleo juvenil, un alto desempleo estructural, una dualidad muy problemática. Si se resolviera con el cambio de un artículo, ya se hubiese hecho", ha señalado en la misma entrevista, en la que ha subrayado que el planteamiento del Gobierno es llevar a acuerdos con sindicatos y patronal en el ámbito del diálogo social y "mirar hacia el futuro, en lugar de estar constantemente hablando de hacer o deshacer, tejer o destejer reformas del pasado".La derogación de la reforma laboral, que también figura entre los compromisos firmados por PSOE y Unidas Podemos, amenaza con convertirse en otro de los principales conflictos del Gobierno. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ya ha anunciado su intención de iniciar en breve los trabajos para la derogación de la reforma laboral. Otro de los conflictos latentes en el seno de la coalición es a propósito de las ayudas a los sectores más dañados por la pandemia (el conocido como HORECA). La vicepresidenta económica, que coordina el paquete de 11.000 millones que anunció Sánchez la semana pasada, ha rechazado que sean inyecciones directas a las empresas, algo que también choca con los planteamientos de Unidas Podemos, pero que, a diferencia de los anteriores puntos, no figura en el documento programático de la coalición. "Hay que evitar lo que ha sucedido en otros países en los que se ha dado el dinero a las empresas y han cerrado", ha explicado Calviño, que considera que los ERTE y otro tipo de iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno son ayudas directas para los empresarios. La desaparición de los maitines de los lunes no quiere decir que se ponga punto final a todas las reuniones interdepartamentales. Además de las citas legalmente estipuladas, como la comisión delegada para asuntos económicos o la de secretarios y subsecretarios que sirve de antesala del Consejo de Ministros, los diferentes ministerios mantendrán abiertas sus líneas de comunicación y negociación. Es el caso de la ya mencionada ley de vivienda, que tiene como coproponentes al Ministerio de Transportes y a la Vicepresidencia Segunda, o de algunas de las leyes que prepara el Ministerio de Igualdad, que cuentan también con la participación de Justicia, Educación o Sanidad. Los anteproyectos de ley LGTBI y trans son otro de los actuales escollos en la coalición, que ha vuelto a tener un choque entre Igualdad y la vicepresidencia primera al intentar de nuevo el departamento de Irene Montero de llevarlos a la comisión de secretarios y subsecretarios de este jueves como paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes -que coincide con la semana del 8M-. Carmen Calvo ha vuelto a frenar su inclusión en el orden del día al considerar que "los anteproyectos no están preparados" todavía porque no tienen todas las garantías de "seguridad jurídica" necesarias. Fuentes de la vicepresidencia primera explican que queda por "terminar de ajustar varios temas, entre ellos lo relacionado con menores y la autodeterminación de género". El cambio del sexo legal es la principal discrepancia ya que el PSOE considera que es necesario establecer algún tipo de certificación y que la "mera voluntad o deseo" de la persona no es suficiente. "Igualdad no ha recibido ninguna propuesta de cambio sobre el derecho a la autodeterminación de género", expresan fuentes del departamento que pilota Montero, que acusa al PSOE de frenar sendos anteproyectos ya que no ha "recibido nuevas aportaciones u observaciones que justifiquen el bloqueo de la tramitación de las iniciativas legislativas". "Este paso es imprescindible para que, una vez los textos sean discutidos y aprobados por el Consejo de Ministros, comience el trámite de audiencia pública en el que participa la sociedad civil, las Comunidades Autónomas y, también continúan participando los ministerios del Gobierno. No podemos mandar el mensaje a las personas LGTBI de que sus derechos están bloqueados y pueden esperar. Es necesario que comiencen ya los trámites legislativos para garantizar cuanto antes que se reconocen todos los derechos de las personas LGTBI y, especialmente, de las personas trans", argumentan desde Igualdad.Tanto Sánchez como Iglesias se han mostrado convencidos de que sortearán los actuales escollos. "En cualquier Ejecutivo del mundo gobernar es complejo, y hacerlo en coalición un poco más. A partir de ahí, estoy convencido de que algunos de los proyectos de ley que estamos trabajando conjuntamente van a salir adelante", dijo el presidente el viernes en una comparecencia en Moncloa en la que cerró filas con el socio minoritario ante el veto del PP a los nombres que había planteado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente defendió públicamente las propuestas de la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, y el juez José Ricardo de Prada y también lo hizo en el seno de la Ejecutiva del PSOE después de que un miembro de la dirección planteara que Unidas Podemos debería "flexibilizar" su postura, según fuentes presentes en el encuentro. A pesar de que la coalición ha ido junta en esa negociación, PSOE y Unidas Podemos vuelven a discrepar ante el escenario que se abre ahora. Sánchez dejó claro que no retomará la iniciativa para cambiar el sistema de elección de parte del Poder Judicial reduciendo las mayorías necesarias para sortear el bloqueo del PP –cuya participación es necesaria para alcanzar los tres quintos de las Cortes– mientras que los de Iglesias apuntan a retomar esa propuesta.
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Vox recupera la exigencia del veto parental para presionar a PP y Ciudadanos
Vox vuelve a tensionar las relaciones con los gobiernos de PP y Ciudadanos en aquellos territorios en los que la formación de extrema derecha es necesaria para sumar mayoría absoluta. Como si de un deja vú se tratase, el partido que lidera Santiago Abascal ha rescatado un año después de que lo plantease, con una pandemia mundial de por medio, su polémica medida del veto parental –llamado por ellos mismos 'pin parental'–, la posibilidad de que los padres prohíban para sus hijos algunas actividades programadas por los centros educativos. Vox exige su implantación en Andalucía y la Comunidad de Madrid en cuyos territorios amenaza con romper los acuerdos que dan apoyo a ambos ejecutivos.La presión de la formación de Abascal al PP y Ciudadanos para imponer su agenda ultraconservadora llega dos semanas después de las elecciones catalanas, en las que Vox logró el sorpaso a ambas formaciones, y mientras el partido de Pablo Casado negocia con el PSOE acuerdos de Estado como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales.El primer aviso llegaba el pasado jueves al parlamento andaluz. Vox anunciaba que retiraba su apoyo al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía hasta que la Consejería de Educación implante el veto parental en las escuelas, comprometido en un acuerdo firmado por PP, Ciudadanos y la formación ultraderechista. Y este lunes, la formación de Abascal llevaba la polémica medida también a Madrid, donde la líder del partido en la región, Rocío Monasterio, exigía que se incorpore en el acuerdo de presupuestos a cambio de su apoyo a las cuentas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso formado también por PP y Ciudadanos, después de que Ayuso prorrogase por segundo año consecutivo las cuentas de 2019, las últimas de Ángel Garrido, hoy consejero regional en las filas de Ciudadanos. La polémica renace ahora un año después de que el bloque de la derecha consagrara el veto parental en su acuerdo de Presupuestos en la Región de Murcia, lo que generó una enorme oposición de colectivos feministas, LGTBI y en defensa de la educación pública. Ya antes el partido de extrema derecha y grupos ultracatólicos que lo defienden, entre ellos HazteOir, habían intentado presionar para que fuera adoptado en otras comunidades, pero ninguna llegó tan lejos como la murciana. La medida en esa comunidad está suspendida cautelarmente por los tribunales. Vox plantea de nuevo el debate sobre el veto parental tras las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, en las que la formación ultraderechista logró superar y sumar más que PP y Ciudadanos juntos. Era la primera vez que la formación de extrema derecha se presentaba a esos comicios y arrasó a sus competidores en el campo de la derecha. Acabó con 11 diputados, cinco más que Ciudadanos, que venía de ganar los comicios en 2017, y ocho más que el PP. El rescate de la medida se produce también mientras el PP negocia con el PSOE acuerdos de Estado como la renovación del GGPJ y tras pactar la presidencia de RTVE. En la formación de Abascal lo consideran una estrategia ganadora.El partido recupera así una de sus promesas estrella, de las que usa para marcar perfil propio frente a esos dos competidores. Vox ya lo ha hecho con anterioridad con esta y otras iniciativas que incomodan a PP y Ciudadanos: si consiguen implantar la medida, es una victoria ante su electorado; si no, consiguen marcar perfil propio, agenda y no quedar excluidos del debate público.La exigencia de Vox en Madrid amenaza con dejar las cuentas de Ayuso de nuevo en un cajón. La presidenta madrileña decidió hace un año paralizar la aprobación de los que tenían que ser sus primeros presupuestos –los de 2020– precisamente por este tipo de medidas que Vox ya puso sobre la mesa. La dirigente del PP se veía incapaz de poner de acuerdo a su socio de coalición, Ciudadanos, con los ultraconservadores y decidió aparcarlos durante un año. Las cuentas siguen prorrogadas tras las dificultades entre los socios de coalición para cerrar un pacto, y ahora la formación de Abascal amenaza con alargar su aprobación.La novedad en esta ocasión es que al igual que en el resto del país, la región atraviesa la peor crisis sanitaria en décadas que amenaza con otra larga crisis económica. Los de 2021 serán los presupuestos que opten a la financiación de los fondos europeos, y los planteamientos que pone Vox sobre la mesa abren una carrera de obstáculos que puede provocar que las cuentas no se aprueben hasta, como mínimo, verano, algo que desde el Gobierno regional consideran una "pésima" noticia por la necesidad de estos presupuestos. "Que se aprueben a mediados de año nos puede llevar a que no dé tiempo a su ejecución", lamenta un consejero. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, descartaba que el Gobierno regional vaya a implantar la medida y pedía una "rectificación" a Monasterio. Hace un año, el Gobierno de Ayuso decidía ordenar a los centros educativos que publiquen todos los contenidos académicos para contentar a Vox, aunque fue en vano. En Andalucía, la amenaza de Vox de retirar el apoyo parlamentario al Gobierno de Moreno Bonilla desde la medianoche del pasado jueves, en vísperas del día de Andalucía, fue recibida con una mezcla de cautela y preocupación por parte de PP y Ciudadanos. El presidente ha ordenado al consejero de Educación, Javier Imbroda, que se siente de inmediato a renegociar con sus aliados de extrema derecha. La Consejería está dispuesta a mejorar la información previa que tienen los padres sobre las distintas actividades, pero descarta entregar a las familias la potestad de vetar contenidos y condicionar el currículum diseñado por los profesores y los colegios, porque sería "una injerencia en la autonomía pedagógica del centro y en la libertad de cátedra del docente". El consejero asegura que en este asunto, PP y Ciudadanos "están alineados".En la práctica, el veto parental –llamado por Vox 'pin parental'– es un documento dirigido a los progenitores para permitirles vetar las actividades externas en los colegios que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. Se trata de un papel con el que podrían excluir a sus hijos o hijas de esta formación complementaria y está fundamentalmente dirigido contra los talleres y charlas que según el partido de extrema derecha fomentan "la ideología de género" y el "adoctrinamiento": la lucha contra la violencia machista, la educación afectivo-sexual o la igualdad de género y LGTBI.De hecho, y aunque puede afectar a cualquier temática, es una de las patas de la ofensiva desplegada por Vox contra este tipo de contenidos, para la que han utilizado de forma reiterada desinformación, bulos y exageraciones. Rocío Monasterio llegó incluso a comparar los talleres LGTBI, dirigidos a la prevención del acoso LGTBIfóbico o el respeto a la diversidad, con la "parafilia" y la "zoofilia" y Santiago Abascal llegó a acusar a algunos centros escolares de enseñar "juegos eróticos" que "están cerca de la corrupción de menores". Entre sus argumentos siempre se encuentra la supuesta protección de la infancia y la adolescencia y obvian los efectos positivos que estas actividades tienen sobre el alumnado.Los intentos de Vox por cercenar estos contenidos han generado una enorme oposición de los colectivos LGTBI, feministas y en defensa de la educación pública. Precisamente la semana pasada, los colectivos LGTBI reclamaron al Ministerio de Educación que, en caso de que terminara implantándose en Andalucía, presentara un recurso contencioso-administrativo, como hizo en Murcia. "La infancia tiene derecho a saber y a recibir formación en valores y en diversidad", señaló la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil.Tras su puesta en marcha en Murcia por el gobierno de PP y Ciudadanos, la medida llegó a ser recurrida en los tribunales por el Ministerio de Educación al entender que incurría en una "ilegalidad", que vulneraba "los derechos de los alumnos y alumnas" y excedía las competencias que tienen atribuidos los centros educativos. Una especie de "objeción de conciencia encubierta que va contra la legislación española en vigor", dijo entonces la ministra Isabel Celáa. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo suspendió cautelarmente pocos días antes de la declaración del estado de alarma de marzo, pero lo hizo sin entrar en el fondo del asunto. Lo que sí consideró es que mantenerlo hasta que se dictara sentencia podía causar un perjuicio al alumnado y, unos meses después, archivó el recurso al finalizar el curso escolar.La medida nunca ha sido una demanda mayoritaria y hasta la llegada de Vox a las instituciones nunca se había discutido en los debates de política educativa ni en las Conferencias Sectoriales de Educación, el Consejo Escolar o la inspección. De hecho, las familias conocen al inicio de cada curso los contenidos que van a tratar los centros, y en todo caso, según recordó el TSJ murciano, tienen a su disposición mecanismos para "expresar su no conformidad". Además, pueden formular sus quejas "si entienden que impartir una concreta actividad vulnera algún derecho del alumno" y tienen derecho a la participación en el proyecto educativo mediante diferentes órganos como las Asociaciones de Padres y Madres y el Consejo Escolar. Tampoco en Madrid ha sido una demanda de los padres. Según los datos facilitados hace un año por el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, de los 1.240.000 alumnos escolarizados en los 1.200 centros de toda la Comunidad de Madrid solo hubo una queja oficial por escrito por una actividad. La polémica no está, por tanto, avalada por una necesidad expresada por los progenitores, pero sirve a Vox para marcar agenda y perfil propio frente a PP y Ciudadanos.
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Anticorrupción recurre el archivo en Púnica de la causa contra un alto cargo de Ayuso
Las fiscales del caso Púnica han recurrido el archivo de las actuaciones contra el exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa y su directora de comunicación, María Teresa Alonso, en un duro escrito en el que critican al juez instructor, Manuel García-Castellón, esta decisión y otras en el mismo sentido por considerarlas prematuras y no permitir que se agote la investigación.Como ocurriera con el expresidente de Indra y expresidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón, el archivo se produce ante de alcanzar la denominada “fase intermedia”, esto es, mientras se instruye o investiga la causa y antes de que la Fiscalía presente sus conclusiones en el escrito de acusación. Por este motivo las fiscales denuncian que el juez está “vulnerando continuamente” su derecho a “obtener la tutela judicial efectiva”. En el caso de Monzón, la Sala de lo Penal ratificó posteriormente el archivo. García de Vinuesa era comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, cargo integrado en la consejería de Justicia e Interior que dirige Enrique López, hasta que fue imputado y dimitió. Los hechos que le atribuye Anticorrupción están relacionados con su época de alcalde de Alcobendas (Madrid), ciudad que gobernó de 2007 a 2019 y concretamente por los indicios de que fue uno de los cargos públicos del PP que pagó con fondos públicos a Alejandro de Pedro para que el experto informático maniobrara en Internet y mejorar su reputación.Las fiscales Carmen García Cerda y María Teresa Gálvez recuerdan al juez que “la prueba recabada evidencia” que Alejandro de Pedro y otro de los investigados, José Antonio Alonso, “realizaron trabajos de reputación personal al alcalde, aunque dicho investigado haya negado este extremo en sede judicial”. Existen correso informáticos, añaden las fiscales, que lo demuestran y que fueron enviados a la máxima responable de comunicación del Ayuntamiento y de García de Vinuesa. “Vaya por delante que el instructor obvia en el auto que recurrimos realizar una valoración de esta prueba, que nos parece contundente”, afirman antes de adjuntar dicho correo. Anticorrupción señala al Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas como el organismo público del que se habría servido García de Vinuesa para financiar con patrimonio público los trabajos para su proyección personal. Como en otros casos en la Comunidad de Madrid gobernada por el PP, las empresas de De Alejandro Eico y Madiva giraban facturas por “contratos simulados”, con los que se fingía la contratación de publicidad por parte del organismo público. María Teresa Alonso ha visto cómo se archivaba la causa contra ella pese a que se negó a contestar al juez y a la Fiscalía en su citación com investigada. “Ninguno de los investigados, y más concretamente Teresa Alonso Majagranzas, han manifestado verificar que la publicidad se realizaba, ni en qué consistía la misma o qué se promocionaba, pese a dar por bueno el trabajo facturado”, escriben las fiscales. La Fiscalía Anticorrupción reprocha a García-Castellón que asuma “funciones de juzgador desatendiendo competencias propias del instructor”. En su auto, el juez acusaba a las fiscales y a las acusaciones populares de no solicitar diligencias para ahondar en los indicios contra los acusados cuando, responde el Ministerio Público, está acordada la práctica de una pericial sobre los trabajos de reputación que todavía no ha concluido.Las fiscales aseguran que García-Castellón desatiende además la existencia de coreos que “evidencian el verdadero servicio prestado al alcalde, un servicio de índole particular”. Y aún más, según ellas, el juez “invierte la carga de la prueba” al desatender que en una contratación públlica debe unirse al expediente la prueba del trabajo realizado y la verificación del organismo público. “Nada de esto ha podido ser aportado por el Ayuntamiento, que sí que ha sido requerido a entregarlo”Las representantes del Ministerio Público afean al juez que “algunas de las sentencias invocadas por el instructor en apoyo de su decisión (de archivo) nada tiene que ver con los hechos que están siendo investigados en la pieza 10”. Asimismo, acusan al juez de hacer una “utilización equivocada” de la Ley de publicidad institucional que prohibe expresamente la contratación de campañass “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcnazados por los sujetos mencionados” en su artículo 1.Con Alonso sin dar explicaciones y García de Vinuesa negando la evidencia, que los trabajos se realizaron, el juez decretó el archivo precisamente de acuerdo a la declaración del exregidor. Además, Yolanda Sanchís, otra de las investigadas con cuyo archivo Anticorrupción sí está conforme, declaró haber firmado las facturas “porque era el procedimiento establecido, pero dejando claro que era una contratación cuya responsable era la investigada Teresa Alonso”.
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El Supremo, sobre las fosas del franquismo: "El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal"
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo establece en sentencia que las investigaciones sobre hechos relacionados con fosas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo no pueden tener carácter penal. "El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal", dice la resolución, que confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Soria de archivar la causa de la conocida como ‘fosa de los maestros’, en la que se hallaron en 2017 los cuerpos de cinco profesores asesinados en 1936 en Cobertelada (Soria). La Asociación soriana Recuerdo y Dignidad, que promovió la exhumación, también llevó el caso a los tribunales. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, entiende que, con su querella, la asociación buscaba "más bien (*) la satisfacción del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció, en la manera en que se han desarrollado estos denominados juicios de la verdad en otras latitudes", una pretensión de las víctimas que, "aunque razonable, no puede ser dispensada por el sistema penal, pues no es el medio que el legislador ha dispuesto para atender esas legítimas pretensiones", informa Europa Press.Así, el Supremo afirma que "la búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria", si bien "corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores". Insiste que esta búsqueda de la verdad no le corresponde al juez de instrucción, "cuya función aparece definida en la ley procesal con un objeto de indagación que se va concretando en el devenir procesal y ve limitado su ejercicio por las normas que rigen el proceso penal y el derecho penal sustantivo”. “Es preciso un hecho con apariencia de delito y un posible imputado vivo", subraya.Sigue argumentando la sentencia que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo tangencialmente puede ser satisfecho", y que las exigencias de contradicción efectiva, de publicidad, de igualdad de partes, de oralidad, la disciplina de garantía de la prueba, el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, etc., como notas características del sistema penal de enjuiciamiento, "se compaginan mal con la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la guerra civil y la subsiguiente posguerra" ."No procede mezclar la verdad histórica con la forense —insiste el Supremo en su sentencia—, pues la histórica es general e interpretable, no está sometida a la perentoriedad de términos y plazos y, con frecuencia, precisa de cierta distancia temporal para objetivar su análisis". "La judicial, por el contrario, se constriñe a un hecho, impone unas consecuencias con carácter coercitivo, está sometida a requerimientos temporales y formales y es declarada con observancia de las garantías propias y se refiere a la depuración penal de una responsabilidad exigida desde una acusación", concluye.
9 h
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Aznar, sobre el rey Juan Carlos: "Si el que representa a la institución no cree en ella, ¿por qué van a creer los demás?"
El expresidente del Gobierno y exlíder del Partido Popular José María Aznar se ha mostrado este domingo muy crítico con el rey Juan Carlos I por sus recientes regularizaciones fiscales ante Hacienda. La última de ellas, conocida el jueves, supuso un pago al fisco de cuatro millones de euros correspondientes a las deudas tributarias derivadas de los ocho millones de euros que el monarca recibió para vuelos realizados en una compañía de jet privados y que pagó hasta 2018 la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans. "La ley está para cumplirla", ha asegurado Aznar al ser preguntado por el rey emérito durante una entrevista en el programa Lo de Évole de La Sexta, el espacio dirigido y presentado por Jordi Évole. "Con la ley no se puede jugar", ha añadido el expresidente que ha asegurado que las sociedades "se rompen" y "terminan" cuando se "deslegitiman las instituciones". "Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué la van a creer los demás? Si no la representa adecuadamente, por qué se va a pedir respeto a los demás?", se ha preguntado. Aznar ha querido destacar, además, que Juan Carlos I "Institucionalmente forma parte de uno de los poderes básicos de una nación y de un Estado" que es "la parte política". Y por ello ha insistido: "Las normas hay que cumplirlas, las leyes hay que respetarlas". Preguntado por la actual división de la derecha en tres partidos políticos –PP, Vox y Ciudadanos–, Aznar la ha atribuido inicialmente al "fraccionamiento político general" de la política. No obstante, ha querido lanzar varios dardos a su sucesor al frente del PP, Mariano Rajoy, al que él mismo eligió a dedo en 2004 pero del que se distanció después. "Entre mis tareas históricas estuvo la de unir todo lo que estaba a la derecha de la izquierda. Lo hice. El PP ha sido el partido el más importante de España durante mucho tiempo, de los más influyentes de Europa algunos años y yo, cuando me marché, entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido", ha zanjado. Preguntado por si la responsabilidad de la desunión actual de las derechas tiene su origen en la gestión de Rajoy, Aznar le ha respondido a Jordi Évole con las siguientes palabras: "Lo que ha pasado después, pregúntele usted a los que vinieron después".Tras recordar que trabajó durante veinte años en la sede nacional del PP de la calle Génova de Madrid, Aznar ha querido restar importancia al hecho de que el actual líder del partido, su ahijado político Pablo Casado, anunciara el pasado 16 de febrero la marcha del histórico edificio para romper con el pasado corrupto de su formación política que se investiga en los tribunales y que atañe, en parte, a su etapa como presidente. "Unos dicen que es una cuestión de intendencia, otros sentimental, otros histórica, yo creo que es una mudanza. Si se quiere cambiar uno de casa, pues se cambia de casa", ha señalado. Pese a que en su última confesión ante la Fiscalía Anticorrupción el extesorero del PP Luis Bárcenas detalló prácticas corruptas por parte del partido cuando estaba dirigido por Aznar, incluido el cobro de sobresueldos, el expresidente ha querido desvincularse de esas actuaciones. "Yo no he recibido un sobresueldo nunca", ha remarcado. También ha dicho que si hubiese conocido que alguien de su equipo los cobraba "evidentemente lo hubiese corregido". "Yo no he recibido un sobresueldo jamás, nunca", ha insistido. Ante la acusación directa de Bárcenas de que Rajoy fue uno de los dirigentes que cobró esos sobresueldos, Aznar ha evitado poner la mano en el fuego de su sucesor en el partido. "Yo pongo la mano en el fuego por mí, los demás que pongan la mano en el fuego donde quieran. Yo digo que eso no lo sabía y estoy convencido que esas personas actuaron de la forma más correcta e íntegra que pudieron hacer", ha concluido. 
1 d
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España pugnará por dirigir la agencia europea de fronteras ante el cuestionamiento de su actual responsable
Frontex y su director, el francés Fabrice Leggeri, están cada vez más asediados por los escándalos. La agencia europea de fronteras está siendo investigada por la Defensora del Pueblo Europeo, la Agencia Europea Antifraude y el Parlamento Europeo por sus problemas de transparencia y de las operaciones en el Egeo que terminaron con denuncias de devoluciones irregulares de migrantes. En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez cree que es la oportunidad para que uno de los países del sur, especialmente afectados por los flujos migratorios debido a su ubicación, dirija por primera vez el organismo de control de fronteras de la Unión Europea. Fuentes del Ejecutivo español han informado a elDiario.es de que ya está tomada la decisión de para realizar todos los trámites para la presentación de un candidato si Leggeri es apartado o dimite, si bien aún no está decidido quién optará al cargo en representación de España. La Comisión Europea parece haber perdido la paciencia con Fabrice Leggeri, hasta el punto de que el departamento de la comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, ha enviado una carta al director de Frontex en la que refuta sus argumentos esgrimidos ante la Comisión y ante el Parlamento Europeo. "No me queda más remedio que corregir un número de importantes puntos que son presentados de manera engañosa en su nota, sobre todo, teniendo en cuenta que repitió algunos de ellos durante su audiencia ante la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo del 1 de diciembre de 2020”, señala la misiva, en la que el Ejecutivo comunitario acusa a Leggeri de haber "obstruido" y "retrasado" la puesta en marcha de los controles internos e independientes previstos en el reglamento de Frontex.En 2005, Frontex tenía un presupuesto anual de seis millones de euros, que desde entonces se ha disparado a casi 500 millones de euros, y está previsto que el presupuesto aumente aún más, ya que se han destinado unos 11.000 millones de euros a la agencia entre este año y 2027 para que aumente su personal hasta los 10.000 agentes destinados al control de las fronteras de la UE, fundamentalmente las que tienen que ver con el sur.Frontex, cuya sede está en Varsovia, sólo ha tenido dos directores desde su nacimiento en 2005: el finlandés Ilkka Laitinen (2005-2015) y Leggeri, el actual. En tanto que la prioridad de la agencia de fronteras es el sur y lo que pasa con las migraciones en el Mediterráneo, en Bruselas se asume que el sustituto de Leggeri, muy tocado por las investigaciones de las instituciones europeas, pueda ser alguien de un país del sur: Italia ya tiene bajo su manto la Operación Irini, que se desarrolla en el Mediterráneo para hacer cumplir el embargo de armas a Libia; y el Gobierno griego está también salpicado por las operaciones bajo sospecha de Frontex en el Egeo. Así, las miradas se fijan en España.Recientemente España y Frontex han tenido grandes tensiones en Canarias hasta el punto de que la agencia europea amagó con suspender su actividad. Al final, Frontex, renovó su despliegue en España tras resolver las discrepancias. Según publicó El País, Frontex pedía a España "mayor control sobre la información clasificada y el acceso a los datos de carácter personal en las fronteras españolas, competencias en materia de investigaciones transfronterizas (como las mafias de narcotráfico internacional) o el despliegue sobre el terreno del nuevo cuerpo de agentes europeos, un personal armado de cuya profesionalidad recelan las policías españolas". Un mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado citado por este periódico consideraba que aceptar estas propuestas supondría una "entrega de soberanía" que podría desembocar en un conflicto que "estallara cuando haya una desgracia".Frontex, finalmente, subrayó que "trabaja en estrecha colaboración con España" con los 257 agentes destinados en el Mediterráneo Occidental. Y destacó que en las Islas Canarias ese despliegue se amplió en 26 agentes en las últimas semanas para ayudar en el registro de migrantes irregulares, determinar su nacionalidad y recopilar información sobre grupos dedicados al tráfico de personas.Además de en Canarias, Frontex colabora en la operación Minerva en el paso del Estrecho y en Índalo, dedicada al control de la migración irregular y la lucha contra el crimen transfronterizo en la frontera sur. Esta semana el Parlamento Europeo ha puesto en marcha un Scrutiny Working Group, un grupo de trabajo que fiscalizará en los próximos meses la agencia europea de fronteras, Frontex, en el punto de mira tras las denuncias sobre operaciones en el Egeo que acabaron en devoluciones en caliente irregulares y supuestas violaciones de derechos fundamentales. Se espera que la primera sesión, con el director general de la agencia, Fabrice Leggeri, y la comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson (S&D), se celebre la próxima semana, si bien fuentes parlamentarias confirman que aún no hay fecha, pendiente de las agendas de los dos. El grupo de trabajo podrá realizar recomendaciones finales a la agencia en estas áreas: el respeto de la agencia por los derechos fundamentales; la gestión interna de Frontex, incluidos los procedimientos de notificación y tramitación de quejas; la transparencia y la responsabilidad de la Agencia ante el Parlamento Europeo.El presidente de la delegación del PSOE en la Eurocámara, Javier Moreno, ha subrayado que "Frontex es un instrumento esencial para luchar contra inmigración irregular" y que se debe llevar a cabo una investigación "transparente para supervisar todos los aspectos del funcionamiento de la agencia de fronteras, incluido su cumplimiento de los derechos fundamentales, y corregir los posibles errores y problemas de administración y de dirección". Varios grupos, entre ellos los Verdes y La Izquierda (GUE/NGL) se movieron para que el formato fuera una comisión de investigación. Sin embargo, fuentes de LIBE, la comisión de la que cuelga este grupo de trabajo, explican por qué se ha aprobado al final este formato de Scrutiny Working Group: "Si fuese una comisión de investigación las conclusiones se podrían alargar hasta un año. Y se ha optado por este formato por eficacia y operatividad: es más rápido y el control democrático se ejerce igualmente. En ambos casos el resultado final será un informe que se votará en el pleno"."Se trata de recabar toda la información posible sobre las investigaciones que están abiertas y para ello queremos contar con la presencia de responsables de Frontex, la OLAF, la Defensora del Pueblo Europeo, así como organizaciones humanitarias y periodistas que han estado denunciando los abusos en los últimos meses", señala la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Sira Rego, quien explica que el hecho de que las reuniones sean semanales "permitirá agilizar la investigación: cada mes daremos cuenta a la comisión de Libertades de lo que hemos ido encontrando". Rego también recela de un posible aumento de la presencia de Frontex en Canarias: "Puede contribuir a que se siga afianzando el modelo Lesbos en las islas".Una de las denuncias abiertas ante la Defensora del Pueblo Europeo es de la propia Rego, quien solicitó hasta en dos ocasiones información sobre el posicionamiento de unos buques de Frontex que supuestamente habían estado envueltos en operaciones de devoluciones en caliente en el Egeo: la agencia primero se negó a dárselos porque "contenían información sensible" y, después, alegó que no los tenía. La sospecha era que los barcos de Frontex desconectan los transpondedores cuando están en este tipo de operaciones para no ser detectados."Hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo", se justificaba Leggeri una entrevista reciente en El Mundo: "Una dimensión geopolítica, con Grecia contra Turquía y Turquía contra Frontex. No puede subestimarse en absoluto en el caso de las supuestas devoluciones en caliente, pues son parte interesada. Hay un debate político, a nivel europeo, en un tema extremadamente delicado: la migración y el asilo. Si a eso se suma que nos estamos convirtiendo en un cuerpo de policía fronterizo, con mayores poderes...".Mientras, España se prepara para colocar al sucesor de Leggeri, cada vez más en el alambre.
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