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Economía de guerra en el PP: tras anunciar la venta de la sede, Casado fuerza a los barones a aumentar su contribución económica
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha forzado a sus barones a aumentar la contribución económica que destinan al PP nacional ante la profunda crisis financiera por la que atraviesa la formación conservadora tras encadenar una derrota electoral tras otra desde las primarias de 2018. La petición fue trasladada por el tesorero del partido, Sebastián González, a todos los líderes autonómicos durante el Comité Ejecutivo Nacional que tuvo lugar de forma telemática el pasado 16 de febrero, solo dos días después de encajar la enésima debacle en las urnas en las elecciones catalanas del 14F en las que el PP obtuvo el peor resultado de su historia –solo tres escaños, uno menos que en 2017– y fue aprobada por el citado órgano que reúne a la dirección nacional del PP con sus barones, según han confirmado fuentes del equipo de Casado. La dirección estatal no hizo pública esa decisión a la que se dio el visto bueno en la reunión que se celebró de forma privada –sin que fuese transmitida a los medios–, a diferencia de la drástica medida anunciada ese mismo día por el propio Casado durante su discurso ante los barones, que fue el principal mensaje del líder del PP ante la prensa: la marcha de la histórica sede del partido de la calle Génova de Madrid. Las dos medidas pillaron, en todo caso, por sorpresa a los líderes territoriales que, según ha podido conocer este diario, a excepción de la madrileña Isabel Díaz Ayuso –una de las apuestas personales de Casado– no habían sido previamente informados de las pretensiones de su jefe de filas para hacer frente a los problemas de tesorería que padece desde su llegada a la presidencia del partido y que están directamente relacionados con la pérdida de los ingresos públicos derivada de las sucesivas derrotas electorales.El argumento que esgrimió entonces el líder del PP para dejar el mítico edificio fue su intento por romper con el pasado corrupto de su partido, el mismo que reapareció durante la campaña catalana por la confesión de Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal del partido y el inicio del juicio de la caja B, y al que Casado culpó de la derrota en Catalunya. Distintos dirigentes como el propio secretario general, Teodoro García Egea, reconocieron después públicamente que detrás de la marcha de Génova hay también razones económicas. De hecho, los ingresos que podría recibir el PP de la venta de Génova 13 rondarían los 36 millones de euros según el portal idealista, una cifra que le permitiría afrontar prácticamente todas sus deudas que, según las últimas cuentas del partido publicadas, las de 2019, ascienden a más de 38 millones.El "objetivo" del incremento de la aportación que se pide a las delegaciones territoriales es también tratar de asegurar la rentabilidad económica de un partido con serios problemas financieros. Según las fuentes oficiales consultadas, con el aumento de esa cuota se busca "contribuir entre todos los territorios a aquellos gastos transversales de la organización". La dirección de Casado evita concretar la cuantía de la subida y tampoco especifica cuál era la contribución que realizaban hasta ahora sus delegaciones autonómicas a la caja común. Los estatutos del partido, aprobados en 2017 cuando Mariano Rajoy aún lideraba el PP y además gobernaba, se limitan a señalar que entre los recursos económicos de la formación conservadora están "las aportaciones que pueda recibir de los grupos institucionales", en alusión a los distintos grupos parlamentarios en el Congreso y Senado, pero también en los parlamentos autonómicos. A esas contribuciones se suman "las subvenciones oficiales que las Administraciones Publicas aporten al Partido", las "cuotas y aportaciones de sus afiliados" o las donaciones, fondos procedentes de préstamos y herencias. "El Comité Ejecutivo Nacional establecerá el importe mínimo de las cuotas a satisfacer por todos los afiliados y de las aportaciones de sus cargos electos", recalcan las normas internas del PP. Dirigentes territoriales consultados por elDiario.es explican que las aportaciones que realizan los territorios al PP nacional vienen determinadas primero por su representación institucional en sus respectivos parlamentos autonómicos, lo que determina la cuantía de las subvenciones que reciben –cuantos más escaños conseguidos, más ayudas públicas–, y después por el número de militantes adscritos a cada una de las comunidades autónomas –cuantos más afiliados, más aportan a la caja común–. Según ese criterio, una de las comunidades más afectadas por el aumento de la contribución a las arcas nacionales sería el PP gallego, durante muchos años la sede autonómica con más simpatizantes. Su líder, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, encarna el principal contrapeso interno de Casado. No solo por identificarse con un perfil más moderado sino por su peso institucional y sus logros electorales: cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia, reforzadas en las elecciones del pasado julio.De momento, Feijóo no se ha pronunciado sobre el esfuerzo que le plantea la dirección nacional, pero tras recibir esa noticia ha sido uno de los dirigentes más críticos con las últimas decisiones de Casado, incluido el anuncio sobre la marcha de Génova 13. "Si cada vez que un partido tiene problemas con algunas personas se tiene que ir del lugar en el que está, es que igual aquí no quedaba ninguna sede", dijo hace dos semanas en una entrevista en TVE en la que también reconoció que el PP a nivel nacional "debe un porrón de dinero". Sobre ese incremento de la cuota solicitado por la dirección nacional horas antes de esas declaraciones, Feijóo no dijo nada públicamente. La de los populares gallegos es la delegación territorial del PP cuyo grupo en el parlamento gallego es el más numeroso del partido entre las cámaras autonómicas de todo el Estado, con 42 escaños. Por tanto, es también uno de los que más aporta al PP nacional por ese criterio en función del que las delegaciones que más contribuyen a la caja común son las que más representación institucional lograron en sus respectivas elecciones. Según el regimen de ayudas publicado por dicho parlamento, todos los partidos con representación reciben 9.971 euros al mes por igual, a lo que se suman 1.837 euros mensuales por cada uno de sus diputados y una ayuda a justificar de 5.898 euros al mes a cada grupo para contratar asesores o para adquirir material. El PP gallego percibe así 93.023 euros al mes solo en las subvenciones concedidas por la cámara autonómica, 1.116.276 euros al año. Pese a disponer de muchos menos escaños, solo 26, el PP andaluz supera, no obstante, al gallego en las subvenciones que recibe por su representación en el parlamento autonómico y, por tanto, es otra de las delegaciones territoriales del partido más afectadas por la subida de al aportación al PP nacional anunciada por Génova 13. La agrupación que encabeza el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla –otro de los barones considerados del sector moderado y, por tanto, crítico con la deriva derechista de Casado– recibe 590.000 euros anuales en función de los escaños logrados en las elecciones de 2018, a lo que hay que sumar los 640.000 por el número de votos conseguidos, lo que alcanza la cifra de 1.230.000 euros al año. Esa cantidad supera con creces a la que reciben los grupos parlamentarios del PP en los otros dos territorios con más número de escaños. En la Comunidad de Madrid –en cuya Asamblea el PP de Isabel Díaz Ayuso tiene 30 escaños–, los populares reciben en subvenciones 1.024.102 euros anuales (489.832 euros en una subvención directa, que es la misma para todos los grupos y 534.270 por los resultados electorales). Y en Castilla y León –los populares tienen allí 29 representantes–, el PP recibe 870.000 euros año en subvenciones (469.000 por los resultados electorales y 401.000 en ayudas directas). En todos los casos se debe sumar la cantidad que deben aportar cada uno de los cargos públicos del partido a las arcas de su formación política, que tampoco se especifica ni en los estatutos ni en las cuentas anuales del PP. Lo que sí reflejan esas cuentas es que los ingresos del partido por esos conceptos han sufrido una merma importante en los últimos años, primero por el hundimiento en escaños en las dos elecciones generales que tuvieron lugar en 2019 –en las de abril, las primeras tras el triunfo del actual líder de los populares en las primarias de 2018, la formación conservadora logró el peor resultado de su historia, solo 66 escaños, 71 menos que los 137 logrados solo dos años antes por Rajoy; y en la repetición electoral de noviembre de ese año Casado logró mejorar levemente y obtuvo 88 escaños, 22 más, lejos en todo caso de las cifras de su predecesor en el cargo–. y, después, por las caídas en las autonómicas y municipales de mayo de ese año. En 2018, el año en el que Rajoy fue expulsado de la Moncloa por la moción de censura de Pedro Sánchez y en el que Casado ganó las primarias, el PP declaró haber ingresado en concepto de subvenciones 20.448.000 euros y por las aportaciones de los grupos en los distintos parlamentos –Congreso, Senado, Parlamento Europeo y cámaras autonómicas– 18.959.703 euros. Esas cifras se redujeron a 14.653.078 –seis millones menos– y 16.812.395, respectivamente, en 2019. También se redujeron considerablemente en ese año –las últimas cuentas publicadas son las de 2019– los ingresos por las cuotas de los afiliados. Pasaron de los 3.625.378 euros de 2018 a los 2.981.805 de 2019.A pesar de que las cifran apuntan a una caída de la afiliación desde que Casado preside el partido, desde la dirección nacional del PP apenas han actualizado el censo de militantes desde antes de las primarias, cuando la cifra ofrecida –869.535 afiliados– ya estaba inflada, dado que la dirección de la formación conservadora, aún en manos de Rajoy, no especificó cuántos eran militantes, con obligación de cuota y cuántos simpatizantes, que no pagan. En 2019 y a preguntas de elDiario.es, la dirección popular ofreció una cifra similar: 868.693 afiliados, de los cuales 324.794 eran mujeres y 543.899, hombres. Tampoco especificaron entonces cuántos pagaban y cuántos no. En las primarias que ganó Casado tan solo participaron 66.384 afiliados, el 7,6% de la cifra total de militantes ofrecida entonces por Génova 13. La primera comunidad en peso de afiliados era entonces Andalucía, con 169.602, a la que seguían la Comunitat Valenciana (149.177) y Galicia (101.100). En cuarto lugar se situaba Madrid, con 94.607. Siempre según los dirigentes consultados, que citan como el segundo criterio para aportar al PP nacional el número de militantes, esas serían las delegaciones más afectadas también por el incremento de la contribución a la caja común impuesto por Casado.El líder del PP no mencionó ninguno de estos problemas económicos por los que atraviesa su partido, al menos públicamente, cuando anunció la marcha de Génova 13 durante su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del 16 de febrero, en el que apuntó los primeros pasos que dará para iniciar una suerte de refundación del Partido Popular con el objetivo de volver a situarlo como alternativa de Gobierno frente a la izquierda. El traslado que, según el equipo del líder del PP, se producirá "lo antes posible", se debe, dijo Casado, a su intento por romper amarras con el pasado corrupto de la formación conservadora. "No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales", dijo, haciendo alusión al juicio sobre la llamada caja B. Pero como después reconocieron dirigentes como Feijóo y García Egea, tras la marcha de Génova 13 está también el intento por sanear las cuentas del partido. Las publicadas sobre 2019 cuantificaban las dificultades económicas del PP en una deuda acumulada de 38.205.497,5 millones de euros, que se reparte entre los 20.758.014,58 que debe a largo plazo y los 17.116.570,67, a corto, además de otros pasivos por 338.033 euros. Una de las principales deudas es, precisamente, la hipoteca que solicitó la dirección popular en 2006 para comprar el edificio de Génova 13, que ahora podría saldar con su venta. De los 37 millones pedidos a Banesto –hoy Banco Santander–, el PP aún adeuda 11.339.260,86 euros.También por hipotecas de sus distintas sedes repartidas por toda España, a finales de 2019 el partido tenía deudas con La Caixa, Banco Popular –hoy Santander–, BBV –BBVA–, Caja Rural de Granada y Unicaja, entre otros. Además, según sus últimas cuentas, el PP debía 14.875.640 euros repartidos entre distintas entidades solo por los créditos solicitados para sufragar las distintas campañas electorales de ese año: las generales del 28 de abril de 2019, las europeas, autonómicas y municipales de mayo y la repetición de las generales que se celebró el 10 de noviembre.
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Unidas Podemos pide una investigación parlamentaria sobre los vuelos del rey emérito tras su abdicación
La Mesa del Congreso tendrá que volver a pronunciarse el martes que viene sobre una investigación parlamentaria sobre el nuevo escándalo financiero que afecta al rey emérito. Unidas Podemos, junto a ERC, PNV, JxCat, PDeCat, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, han registrado este viernes una solicitud de creación de una comisión sobre "las irregularidades fiscales cometidas por D. Juan Carlos de Borbón en ocasión de la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka de vuelos privados posteriores a su abdicación".El grupo confederal y el resto de firmantes resaltan expresamente que el ámbito de actuación de la comisión se ceñirá al periodo posterior a la abdicación, para intentar evitar así el veto de PSOE, PP y Vox alegando que la figura del jefe del Estado es "inviolable", según la Constitución. Este es uno de los motivos esgrimidos habitualmente por estos partidos para rechazar cualquier iniciativa parlamentaria sobre el padre del actual rey. El prolijo y cuidado escrito (más de lo que es habitual en este tipo de peticiones) presentado al Congreso repasa los escándalos financieros surgidos alrededor de Juan Carlos de Borbón y de otros miembros de su familia y hace especial hincapié en las dos regularizaciones fiscales acometidas por el rey emérito en los últimos meses, así como en las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo y que fueron comunicadas en su momento al propio investigado. El escritos señala que estas regularizaciones fiscales, "sobre todo las que traen causa de actuaciones posteriores a la abdicación, podrían implicar la confesión de delitos contra la Hacienda Pública que no están cubiertos por el privilegio de la inviolabilidad"."Las informaciones publicadas sobre el caso de los vuelos privados no descartan que los intentos de regularización 'voluntaria' se hayan producido, al igual que en el caso de las tarjetas opacas, porque el Rey emérito sabía que existía una investigación en marcha", prosigue el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es. Y añade: "Las investigaciones abiertas en otras jurisdicciones, como la que lleva adelante la Fiscalía del Cantón de Ginebra, en Suiza, tampoco permiten asegurar que se trate de una regularización veraz y completa". Para zanjar: "Tampoco están claro los orígenes del dinero utilizado para saldar los 4,4 millones adeudados al fisco en relación con los viajes privados realizados por el exrey".Además, los firmantes recuerdan que "el préstamo concedido para pagar la deuda con Hacienda podría vulnerar la normativa sobre regalos de la propia Casa Real y podría constituir nuevos delitos o graves irregularidades añadidas", tal y como ha informado elDiario.es esta misma semana. Los hechos son "suficientemente graves como para que las Cortes, en tanto máxima representación de la soberanía popular, tomen cartas en el asunto", señala el documento. El escrito también se intenta anticipar a otro de los motivos alegados de forma habitual para impedir estas investigaciones: el secreto en los datos fiscales. Pero la propia Ley Tributaria recoge en su artículo 95 que dicha información sí podrá cederse a terceros, entre otros, en el marco de una comisión de investigación parlamentaria.El escrito pone varios ejemplos de investigaciones parlamentarias que han roto ese secreto fiscal, como la que se produjo "sobre la actuación, evolución y gestión del patrimonio de Don M.R.J (Mariano Rubio), así como el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias en operaciones privadas, durante el período en que ejerció cargos públicos de responsabilidad en el Banco de España (V Legislatura) o la Comisión de investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil, mientras fue Director General Don L.R (Luis Roldán), también en la V Legislatura".El escrito recuerda que el Congreso también ha investigado hechos que formaban parte de procedimientos judiciales contemporáneos, como fueron las investigaciones "sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, la Comisión sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago, o la relativa al vuelo JK 5022 de Spanair".Cinco puntos a investigarPara intentar amarrar el informe favorable de los letrados del Congreso, algo que Unidas Podemos ya consiguió en otra propuesta de investigación al rey emérito, el escrito delimita a cinco los asuntos que podría sondear el Congreso.Primero, si la fundación Zagatka "habría financiado a Don Juan Carlos de Borbón y sus amistades vuelos privados de placer, con posterioridad a su abdicación como Jefe del Estado"; segundo, "si a partir de su abdicación como jefe del Estado, omitió deliberadamente la obligación de declarar ante la Hacienda pública las cantidades percibidas o utilizadas para pagos de vuelos"; "si las cantidades utilizadas por el exrey para regularizar sus cuentas provienen de préstamos o de donaciones sujetas a obligaciones tributarias con posterioridad a junio de 2014"; "si el pago de dichos préstamos podría recaer sobre sus herederos, incluido el actual Jefe del Estado, Felipe VI"; y, por último, "si hacen falta cambios normativos que impidan que estos hechos puedan producirse en el futuro".
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La Fiscalía rechaza la petición de Cifuentes de reabrir la causa contra los periodistas que destaparon el caso Máster
La Fiscalía no ve motivos para reabrir la causa que Cristina Cifuentes inició contra los periodistas que destaparon su máster falso, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique. El pasado 21 de enero el juzgado de instrucción número 29 de Madrid archivó el caso por descubrimiento y revelación de secretos alegando que no había indicios de que la información que publicó elDiario.es se hubiese obtenido por una vía ilícita. Cifuentes recurrió esa decisión y el ministerio público insiste en esa línea: "No es posible atribuir el acceso y filtración de los pantallazos a ninguno de los investigados".La querella se presentó tras las primeras informaciones sobre el caso Máster. El Juzgado la admitió a trámite en abril de 2018. En ella se acusaba a los dos periodistas, autores de la exclusiva, de "la ilícita obtención de documentos académicos personales, amparados por la Ley de Protección de Datos". Los abogados de Cifuentes aseguraron en la querella que los periodistas de eldiario.es actuaron "con fines lucrativos" y que, por todo ello, se les debería condenar a penas de entre dos años y medio y cinco de cárcel."De las diligencias de investigación practicadas durante más de dos años no se han revelado indicios suficientes frente a persona alguna de comisión de los actos delictivos imputados: acceso no autorizado a base de datos de la URJC, apropiación de datos protegidos de la querellante y cesión de los mismos en perjuicio de tercero, o publicación de dichos datos con conocimiento de su origen ilícito", sostuvo el juez para argumentar el archivo.Ahora, ante el intento de Cifuentes de seguir adelante con la causa, el fiscal Fidel Solera Guijarro le recuerda que el sistema informático de la URJC "no registraba los accesos a datos concretos, por lo que no se dispone de información alguna relativas a consultas sobre asignaturas de expedientes". Añade en su escrito que la Universidad facilitó una lista de hasta 400 personas autorizadas para entrar en ese sistema y hacer cambios."No es posible conocer quién realizó los pantallazos que posteriormente fueron divulgados" por elDiario.es, argumenta la Fiscalía porque "podrían haber accedido más de 400 personas al contenido publicado".El escrito dice que el profesor Salvador Perelló admitió haber recibido unos pantallazos sobre las notas de Cifuentes en su correo físico de la Universidad, y que él remitió a los medios para que los investigaran. "A lo largo de la instrucción no se ha podido acreditar ni que accediera a la intranet de la URJC para capturar los documentos publicados ni que los pantallazos que reenvió a los periodistas fueran los mismos que se publicaron", aclara el escrito.La Fiscalía recuerda que tanto Ignacio Escolar como Raquel Ejerique declararon que que no podían revelar sus fuentes, que ignoraban el origen de los documentos y que contrastaron la información recibida, y que no se ha acreditado durante la investigación que tuvieran vinculación alguna con el resto de los investigados. Tampoco que conocieran el origen ilícito de la información, pero sí "la relevancia pública de la misma y la veracidad de la información publicada"."La incertidumbre sobre la obtención de los documentos publicados, por exigencia de la dimensión objetiva de la libertad de información, no puede resolverse mediante una presunción de ilicitud y más teniendo en cuenta que, en el presente caso, los datos publicados eran los estrictamente indispensables para, cumplir la finalidad perseguida de justificar la veracidad de la noticia", concluye la Fiscalía.Los periodistas se limitaron al ejercicio "legítimo del derecho fundamental a la libertad de información" y no publicaron ningún dato personal que no estuviera relacionado con la noticia. Por lo tanto, la Fiscalía pide que no se atienda al recurso de Cifuentes y se archive definitivamente la causa.
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Los que concedieron la patente de corso a Villarejo duermen peor estos días
Ya es mala suerte que ahora que estamos en España en el Gran Debate de la Democracia Plena haya abandonado la prisión el comisario José Manuel Villarejo, el símbolo más conocido de la guerra sucia del Gobierno de Mariano Rajoy contra sus rivales políticos. Como se espera del personaje, ha salido de toriles embistiendo con fuerza: "Ellos han decidido hacer una catarsis de España, pues de acuerdo, encantado de que eso ocurra", dijo el jueves a los periodistas. Salió de la Audiencia Nacional después de declarar el jueves ante un juez y lo primero que hizo fue acercarse a los periodistas para empezar a largar. Sin decir nada en concreto, pero da igual. Se trataba de anunciar 'aquí estoy yo y algunos se van a enterar'. Los programas de televisión estaban encantados de conectar en directo con la escena, aunque alguno cortó antes de tiempo porque a saber lo que podía decir.Villarejo apareció con su gorra de costumbre y un parche en el ojo, por un problema médico, que le daba ese aire de pirata de las cloacas que tanto se ha trabajado. Quizá la palabra adecuada sea la de corsario, ya que contó con la correspondiente patente de corso entregada por las autoridades para reclutar una tripulación con la que cumplir la misión encomendada. Porque una de las falsedades que escucharemos con frecuencia en los próximos meses será la de afirmar que Villarejo trabajaba solo en sus maquinaciones ilegales, como si no hubiera contado con la colaboración de políticos, mandos policiales y hasta periodistas. Ningún hombre es una isla y Villarejo es una península de gran extensión conectada con un continente. Qué decir de María Dolores de Cospedal, que se reunió con el comisario en 2009 siendo secretaria general del PP, con la presencia nada casual de su marido, para encargarle "trabajos puntuales". Villarejo le dijo que sólo le iba a cobrar los gastos, señal de que lo que tenía delante era más una inversión que un negocio. O el PSOE, que tuvo la peregrina idea de confirmar sospechas no sustanciadas cuando se mostró reacio al principio a solicitar la convocatoria del policía como testigo en la comisión de investigación de la operación Kitchen. Ya de Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz ni hablamos, porque el hombre del parche estuvo detrás de un número apreciable de operaciones policiales y periodísticas con las que se atacó a Podemos y los partidos independentistas catalanes. Todo es un remix en la política española. Ya hemos estado aquí antes. En los años 90, un alto cargo del CESID –luego bautizado como CNI–, el coronel Juan Alberto Perote, alcanzó el estrellato al llevarse del espionaje una nutrida lista de grabaciones ilegales a gente tan poco relevante como el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, ministros y empresarios. El Gobierno de Felipe González alegó que la publicación de la noticia era un "chantaje al Estado" –lo mismo que se está diciendo ahora con Villarejo–, aunque más tarde tuvo que admitir las consecuencias políticas del escándalo, que puso fin a las carreras del vicepresidente Narcís Serra, el ministro de Defensa y el director del CESID. Esto pasa con una cierta frecuencia en España. Se descubre que personas con cargos importantes en el Estado han cometido delitos y la respuesta es denunciar que se está intentando acosar al pobre y desvalido Estado.La realidad es que siempre que sale un Perote o un Villarejo la imaginación va más rápido que los hechos probados. La idea de que una sola persona puede poner de rodillas al Estado está sobrevalorada. Eso no quiere decir que todos se vayan a ir de rositas. El servicio de inteligencia francés puso una bomba en 1985 en el barco Rainbow Warrior, de Greenpeace, que intentaba obstaculizar las pruebas nucleares en el Pacífico, y mató a un fotógrafo. El ministro de Defensa tuvo que dimitir. La connivencia de los espías italianos con grupos terroristas de extrema derecha y la logia masónica P2 está documentada a todos los niveles, como lo que se espera de un Estado con tantos rincones siniestros como el de Italia. El jefe de los servicios de inteligencia internos alemanes fue cesado en 2018 al hacerse pública una grabación en la que aparecía haciendo comentarios xenófobos.Lo que sí ocurre en estas situaciones es que algunos cargos públicos se ponen nerviosos ante lo que pueda salir y empiezan a hacer movimientos que se terminan volviendo contra ellos. A saber por qué la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió celebrar el jueves una reunión privada con Eduardo Inda y Manuel Cerdán, los responsables de OK Diario. No en su despacho, como sería lo normal con vistas a una entrevista, sino en una casa en la que resulta que vivió Baltasar Garzón. Además de exjuez de la Audiencia Nacional y buen amigo de Delgado, Garzón trabaja en un despacho jurídico que defiende al ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y a los comisarios jubilados Enrique García Castaño y Carlos Salamanca en causas producto de los años locos de Fernández Díaz en Interior. Si por la cabeza del lector ha pasado la idea de un conflicto de intereses, no crea que se está poniendo paranoico.A Delgado e Inda les pilló por la calle un periodista de CTXT. La fiscal general bajaba la cabeza, porque no se esperaba toparse con una cámara. Al día siguiente, salió una entrevista en el medio con Delgado de interés informativo bastante escaso, aunque con un titular maravilloso: "No me considero una víctima de Villarejo". A Inda y Cerdán se les olvidó llevar fotógrafo, que es como dejarse en la redacción la grabadora, el cuaderno, el bolígrafo y los pantalones. Eduardo Inda ha sido el vehículo mediático de varias filtraciones de informes policiales contra Podemos que no pasaron el corte de los tribunales, pero sí el de algunos medios de comunicación. Informes policiales de Asuntos Internos citados por La Vanguardia aseguran que Villarejo utilizaba su influencia en esos medios en favor de sus negocios. Es un aliciente especial para un cliente saber que un intento de difamar a un adversario, sea un político o un empresario, puede multiplicar su efecto si aparece publicado. Esos informes dicen de Manuel Cerdán que se trata de una persona "estrechamente relacionada con el comisario Villarejo, existiendo numerosas referencias a contactos y citas con esta persona".Unidas Podemos tiene cuentas pendientes con Villarejo, y también con Delgado, y no podía dejar escapar esta oportunidad. Ha reclamado junto a ERC y Bildu la comparecencia de Delgado en el Congreso para que dé explicaciones sobre ese encuentro. Una reunión que no se celebre en su despacho oficial de la fiscal general con periodistas conocidos por sus contactos con Villarejo es una idea muy poco inteligente en estos momentos. En el caso de Delgado, a la que una grabación clandestina de una cena con comisarios le provocó una pesadilla cuando era ministra de Justicia, la cita con Inda lleva a pensar que su deporte de riesgo favorito es la ruleta rusa. "Voy a desenmascarar a todos", presumió el jueves Villarejo. Todos los que pensaron que hacer tratos con este comisario era una buena idea van a tener que ponerse ciegos de melatonina para conciliar el sueño.
1 d
eldiario.es
El vicealcalde de Murcia denuncia por corrupción a su propio equipo de Gobierno ante la UDEF
Sucedió el pasado 19 de octubre. Aquella mañana Mario Gómez, de 45 años, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, salía de casa con su hija de once años cuando se encontró una pintada en la fachada de enfrente insultándolo. También la vio la niña. Eso fue, confiesa ahora a elDiario.es, la gota que colmó el vaso. Dos horas después se encontraba en la comisaría de la Policía denunciando tanto la pintada como el acoso que, según explicó, sufre desde comienzos del verano pasado. Un año antes, su partido, Ciudadanos, y el Partido Popular del alcalde, José Ballesta, alcanzaron un acuerdo de Gobierno y él se convirtió en vicealcalde, en concejal de Fomento y en el responsable de la mesa de contratación del municipio y empezó a actuar contra la corrupción en su Ayuntamiento, según revela la denuncia presentada ante los agentes. La misma tarde que acudió a comisaría recibió una llamada de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, la UDEF. Había hecho una acusación de supuestos delitos de corrupción y debía aportar pruebas. Tres días más tarde, Gómez comparecía en la sede de esa unidad policial con más de tres gigas de documentación. Expedientes del Ayuntamiento y contratos con empresas sospechosos de ser adjudicaciones directas y, por lo tanto, ilegales. Casi 200 carpetas de información como prueba para la denuncia que hacía así al equipo de Gobierno del Ayuntamiento; a su propio equipo de Gobierno. Esa denuncia, que adelanta ahora elDiario.es, fue la culminación de más de un año de disputa primero soterrada y después abierta en la coalición que gobierna el Ayuntamiento. Una guerra entre el PP, socio mayoritario, y Mario Gómez, líder de Ciudadanos, que esta semana ha alcanzado otro punto insólito, al anunciar los populares que se querellarán contra él por supuesta revelación de secretos. A pesar de que las relaciones en el consistorio son, como las define Gómez, "cordiales y profesionales", la situación ha llegado a un punto de inestabilidad que hace que estén "todas las opciones abiertas", lo que abarca desde una normalización de las relaciones a una moción de censura que podría desembocar en un cambio en el Gobierno de la ciudad tras más de 25 años de alcaldes populares.En medio de esa tormenta ambos partidos se sientan este viernes juntos en la reunión de la mesa de gobierno. Dice Gómez que Ciudadanos, donde se debatió hasta última hora de la tarde del jueves, lo hará por "responsabilidad". En su partido, que también gobierna con el PP en la región con el popular Fernando López Miras como presidente, están informados de la denuncia que puso en octubre y de la que no había noticia, según confirma Gómez. Desde hace meses, como revela, ha habido presiones del PP para que sea relevado de su cargo, dada la insostenibilidad evidente de las relaciones entre ambos socios de Gobierno. "El ataque y el bloqueo no es a mí, sino a Ciudadanos, y nosotros estamos juntos", afirma el vicealcalde, quien revela que durante meses ha tratado de dialogar con el regidor, José Ballesta, y alcanzar un acuerdo para sanear el Ayuntamiento y terminar con las prácticas de contratación que ha acabado denunciando a la policía. Pero afirma que se ha topado siempre con el silencio e incluso el veto cuando ha solicitado, entre otras actuaciones, una auditoría de los servicios.Entre los contratos que Gómez trasladó a la policía para que fueran investigados figuran desde pequeños proyectos hasta grandes adjudicaciones. Desde los contratos de mantenimientos de las motos de la policía local, que se adjudicaban recibiendo tres ofertas, como marca la ley, pero procedentes de distintos miembros de una misma familia; hasta contratos de decenas de millones de euros. Uno de los más importantes es el de la conservación, mantenimiento y restauración de los parques y jardines de la ciudad. Tal y como ha podido comprobar este periódico, todo el proceso del contrato, hoy denunciado también a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por el PSOE en la región, está salpicado de datos y hechos dudosos. Se formalizó en agosto de 2019, con la firma del propio Gómez como responsable de las contrataciones más importantes, pero había sido adjudicado por el equipo de Gobierno anterior a las elecciones que dieron como resultado el pacto entre PP y Ciudadanos. Un contrato por valor de casi 70 millones de euros repartidos en siete lotes de los cuales el primero y más importante, adjudicado a las empresas Actúa y STV, dos de las más potentes y que acaparan más contratos en la región, suponía casi 50 millones de euros. Los lotes 2 y 3, que alcanzaban casi 10 millones de euros, también fueron para STV.Según la documentación en poder de este diario, el contrato se anunció en octubre de 2018 y se establecía un plazo de tan sólo un mes para que las empresas hicieran sus ofertas. Hasta entonces el servicio lo había prestado la empresa STV en solitario. Entre las condiciones que requería el pliego, que no sólo incluía el mantenimiento de los parques y jardines, sino el rediseño de una veintena de ellos entre el núcleo urbano y las pedanías, figuraba la elaboración de renders, una recreación digital en tres dimensiones utilizada habitualmente por los estudios de arquitectura para sus proyectos, de las propuestas de diseño. Una exigencia atípica para un contrato de este tipo, por el alto coste de las infografías. Como apunta la denuncia en la Fiscalía, puede superar los 80.000 euros por cuarenta renders. Una inversión desproporcionada para optar a un contrato de estas características. Además, la valoración de las ofertas tenía una "alta subjetividad", denuncia a elDiario.es Antonio Benito, concejal del PSOE en el Ayuntamiento. "Los servicios de mantenimiento eran la parte fundamental del contrato, casi el 90% del presupuesto. Sin embargo, la valoración de la parte de obras, de ese rediseño de los parques, superaba el 40% y estaba sujeta no tanto a criterios técnicos y cuantificables sino a subjetivos", detalla. Entre ellos, la presentación y valoración de esos renders.Las primeras dudas surgieron nada más anunciarse el contrato. Un mes no era plazo suficiente para presentar esas ofertas. Menos aún si había que seleccionar qué parques y jardines se remodelarían, medirlos, diseñarlos, presupuestarlos y, además, encargar los renders de los proyectos. La queja de la oposición entonces hizo que se ampliara a dos meses. En el contrato, además, se establecía como "esencial" que hubiera una gran parte de las obras finalizada en seis meses. "Una estrategia del Partido Popular para lograr una rápida adjudicación, que se hicieran las obras y llegar a la campaña electoral con ellas terminadas para poder inaugurarlas", afirma el concejal socialista. Pero la adjudicación terminó recurrida, los meses previos a las elecciones no se realizó ninguna obra y llegaron los comicios con el contrato adjudicado a Actúa y STV pero sin que estuviera aún firmado y por tanto sin ser válido todavía.Eso no impidió, en cambio, que tanto el alcalde como su equipo utilizaran en la campaña algunos de los renders presentados por las empresas ganadoras. Un uso de medios públicos para la campaña y un posible indicio de una presunta financiación ilegal del partido, según apunta el PSOE en su denuncia. El alcalde usaba entonces como argumento de campaña la imagen de unos parques propuestos por unas empresas que aún no eran legalmente las adjudicatarias del concurso.Sin embargo, el dato más revelador sobre los renders, que se han convertido en la clave del caso, no es ese uso electoral en redes sociales, sino el que muestra un informe pericial, aportado a la denuncia, y al que también ha tenido acceso elDiario.es. Según éste documento muchos de esos renders, como demuestran sus metadatos, comenzaron a realizarse meses antes de que fuera anunciado el concurso y por tanto de que se supiese de la necesidad de aportarlos en las ofertas al concurso. Se trataría, en este caso de un presunto delito de uso de información privilegiada, recoge la denuncia. La oposición sospecha, igual que sostiene el propio vicealcalde en su denuncia ante la UDEF, que el contrato habría sido elaborado sabiendo de antemano a quién se adjudicaría.Pero el escándalo no termina ahí. Tras haber sido asignado finalmente a ambas empresas, ese plazo de seis meses que se establecía en la licitación terminó sin que se realizaran las obras previstas. "Como habían pasado ya las elecciones, ya no importaba...", dice Benito, del PSOE. Desde entonces, cumplido ese tiempo, la oposición solicita al Ayuntamiento información sobre el estado de las obras y reclama la penalización correspondiente a las empresas. Como consecuencia de esa presión se anunció a comienzos de esta semana una sanción de 130.000 a las empresas adjudicatarias por incumplimiento. Una cantidad que para los socialistas resulta "ridícula". "Si era esencial que la obra estuviera en seis meses, la sanción debería ser por falta grave y por lo tanto entre el 5 y el 10% del presupuesto. Es decir, entre dos y cuatro millones de euros", argumentan en el PSOE. En las obras e instalaciones que debían realizarse en esos primeros seis meses figuraban, entre otras, plantar 15.000 árboles y colocar 3.000 bancos. "Pues bien, he pedido durante semanas información de dónde están puestos esos 3.000 bancos y no sólo no me la han dado, sino que el concejal del PP Pedro Guillén ha amenazado con denunciarnos y el jefe de ese servicio en el Ayuntamiento ha dicho que no me va a dar mas información", se lamenta el edil del PSOE.El jefe de servicio al que se refiere el concejal socialista es Francisco Carpe, un puesto directivo técnico en el consistorio. No sólo es la persona que debe supervisar ahora el cumplimiento del contrato, sino que fue también el responsable del pliego del mismo y participó en la adjudicación. El propio Carpe ha comparecido en una comisión del ayuntamiento creada tras las últimas elecciones, por exigencia de Ciudadanos, para supervisar los grandes contratos de la ciudad y que preside Gómez. En ella ha respondido con negativas a las solicitudes de información e incluso ha apuntado que cuando se redactaron las condiciones del contrato se tuvieron en cuenta tanto "inquietudes técnicas como del equipo de Gobierno", según recoge el acta de aquella comparecencia."Esta historia no tiene ningún interés periodístico", responde, escueto, al teléfono Carpe cuando elDiario.es contacta con él. Rechaza aclarar ninguna de las cuestiones relacionadas con el contrato y su seguimiento e insta a hacer cualquier solicitud en ese sentido a la oficina de prensa del Ayuntamiento. También declina hablar de la conexión que existe entre STV, una de las empresas adjudicatarias, y su familia. Un familiar directo suyo, piloto de motos, es patrocinado por la compañía. "No sé de qué habla", responde. La empresa STV tampoco ha respondido a este periódico. El Gobierno de la ciudad de Murcia, entretanto, pende de un hilo por este escándalo.
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eldiario.es
El Poder Judicial en funciones aprueba por la mínima un nuevo nombramiento en el Tribunal Supremo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde diciembre de 2018, ha acordado por la mínima nombrar magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a Antonio García Martínez, exportavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y cuyo destino actual estaba en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El magistrado ha obtenido el respaldo de 13 los 21 miembros del pleno, el mínimo apoyo exigible pues los nombramientos para el Alto Tribunal requieren una mayoría de tres quintos. Es decir, de al menos 13 miembros. El pleno ha llegado totalmente dividido a esta votación, en la que no ha habido consenso para adjudicar las otras dos plazas en liza en el Alto Tribunal, en la Sala Primera, de lo Civil y en la Sala Cuarta, de lo Social. De hecho, ambas propuestas de nombramientos se han retirado del orden del día. Los nombramientos en el Supremo se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. También por 13 votos, y en segunda votación, el pleno ha adjudicado las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y de Canarias, donde han sido nombrados los magistrados José Subijana Zunzunegui y Juan Luis Lorenzo Bragado, respectivamente. Estos mandatos tienen una duración de cinco años y requieren para su aprobación 11 de los 21 votos. Es decir, mayoría simple. El pasado jueves, los vocales acordaron por asentimiento posponer una semana los nombramientos mientras los partidos negociaban la renovación del órgano. Entonces, se daba por hecho que a estas alturas ese acuerdo sería oficial y, en esa coyuntura, la opción mayoritaria habría sido dejar las nuevas designaciones en manos de sus sucesores. El escenario cambió tras la ruptura de las negociaciones, pero tampoco eso ha provocado las amplias mayorías con las que se han aprobado nombramientos en los últimos meses. La designación de jueces en la cúpula judicial es una de las tareas clave del CGPJ. Precisamente esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, pues el órgano de gobierno de los jueces ha realizado hasta 71 nombramientos discrecionales con el mandato caducado y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta.Estos nombramientos podrían ser los últimos antes de que se apruebe la reforma que pretende limitar las competencias del CGPJ con el mandato prorrogado y que ha elevado la tensión entre ambos poderes del Estado. El órgano de gobierno de los jueces, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Está previsto que esa reforma se apruebe por el Congreso el próximo 11 de marzo, aunque faltaría la votación definitiva en el Senado. 
2 d
eldiario.es
Los desahucios bajan un 45,6% en 2020 por las medidas sociales en pandemia pero suben los embargos
El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España se desplomó un 45,6% en 2020, hasta los 29.406, coincidiendo con la suspensión de los plazos procesales por la pandemia y la decisión del Gobierno de no ejecutar estos procedimientos durante el estado de alarma, según informa EFE.Según las series publicadas este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayoría (21.145) fueron lanzamientos vinculados al alquiler, lo que supone un 42% menos que el año anterior, mientras que 6.915 proceden de ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito (un 51,3% menos).El último "Informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales" revela, en cambio, el repunte de las ejecuciones o embargos presentados en este mismo periodo, que aumentaron un 17,5% hasta los 20.460 procedimientos. Se trata de la primera subida desde 2012, aunque los registros se encuentran aún muy lejos de los 91.622 de aquel año.En materia de desahucios, el número de lanzamientos solicitados entre enero y diciembre fue de 53.911, un 21% menos; de ellos, 25.290 terminaron con cumplimiento positivo (un 36% menos).No obstante, el hecho de que sea solicitado a los servicios comunes de notificaciones y embargos no supone que éste haya sido ya ejecutado. Los lanzamientos, que confirman la tendencia a la baja que comenzó en 2015, afectan a distintos tipos de inmuebles, no sólo a viviendas o, dentro de estas, a viviendas habituales.Por comunidades autónomas, Cataluña, con 5.737 (el 19,5% del total nacional), destacó por número de desahucios en este trimestre, seguida de Andalucía, con 4.517; Comunidad Valenciana, con 4.501; y Madrid, con 2.872.Estos cuatro territorios acumularon cerca del 60% del total de lanzamientos practicados en España en 2020. Atendiendo únicamente a aquellos vinculados al impago del alquiler, Cataluña, con 4.211 (el 20% del total), aparece en cabeza, seguida de Andalucía, con 2.942; Comunidad Valenciana, con 2.765; y Madrid, con 2.398.Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan la Comunidad Valenciana, con 1.640; Andalucía, con 1.349; Cataluña, con 1.069; y Murcia, con 692.Con todo, el informe advierte del aumento en el número de ejecuciones o embargos, que en 2020 sumaron un 17,5% respecto al ejercicio anterior, y que supone la primera subida desde 2012. Estos procedimientos mostraron un significativo incremento interanual durante toda la segunda mitad del año, siendo del 52,7% en el tercer trimestre y del 42,5% en el cuarto.En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2020, con un total de 4.643. Le siguieron Andalucía, con 3.729; la Comunidad Valenciana, con 3.636; Madrid, con 1.771; y Murcia, con 1.293.El CGPJ añade a su estadística los litigios presentados por los consumidores ante los juzgados especializados en materia hipotecaria. En 2020 ingresaron 110.426 asuntos; se resolvieron 114.962 asuntos y quedaron en tramitación 239.445. Asimismo, los órganos judiciales dictaron 97.450 sentencias, de las cuales el 97,9% fueron a favor del demandante.
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