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El Gobierno se apoya en la polémica de Ayuso y el rey para cortar los ataques del PP sobre los indultos
Los intentos de los últimos días de la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de vincular al rey en la polémica de los indultos a los presos del procés, ha dado aire este miércoles al Gobierno en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, que ha utilizado las salidas de tono de la dirigente madrileña para cortar los ataques del PP por esos inminentes perdones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de utilizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para desviar la atención sobre los casos de corrupción de su formación política. "Ustedes envían a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el rey. Utilizan los resortes del Estado para tapar su corrupción", le ha espetado Sánchez a Casado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. "Nosotros no vamos a utilizar ni la Constitución, ni la monarquía, ni la bandera para dividir a los españoles", le ha advertido el jefe del Ejecutivo al líder del PP.Casado, por su parte, ha acusado a Sánchez de "mentir" para seguir en la Moncloa y se ha mofado de la conversación que mantuvo el jefe del Ejecutivo el lunes con el presidente estadounidense, Joe Biden, en el marco de la cumbre de la OTAN en Bruselas. "Su penoso monólogo de 29 segundos detrás de Biden causó vergüenza a todo el mundo", ha zanjado el líder del PP.Sánchez reprochaba a renglón seguido al PP que no tenga ninguna propuesta para resolver el conflicto en Catalunya y a Vox que la suya sea la "de hace 80 años" en referencia al franquismo. El jefe del Ejecutivo ha reivindicado su apuesta por el diálogo con el independentismo para buscar una solución en aras de la "convivencia y la concordia". Y al líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, le ha recriminado que considere "ilegítimo" al Gobierno y, por tanto, al Parlamento, así como que cuestione la legalidad de fuerzas políticas allí representadas. "Aquí hay hijos y nietos de quienes defendieron la democracia", le ha dicho el presidente, que le ha echado en cara que "añoren" la dictadura. Abascal le había echado en cara que "su único principio es mantenerse en el poder a cualquier precio" y ha asegurado que no es el indulto el que le va a situar en la "ilegitimidad" porque, a su juicio, el origen de su mandato –especialmente por los pactos con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalista– ya lo ha hecho. "Han traicionado al Tribunal Supremo, a la justicia y al conjunto de españoles honrados que cumplen las leyes", le ha dicho Abascal antes de rematar: "Acabará pagando por ello y esperamos que sea delante de un tribunal".La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, también han protagonizado este miércoles un nuevo rifirrafe a costa de los inminentes indultos. Gamarra ha asegurado que "España se enfrenta a una crisis constitucional de primer orden que ha provocado el Gobierno" ya que los independentistas están tratando de "socavar los cimientos del estado de derecho".En su respuesta, Calvo ha asegurado que el PP tiene "un problema casi genético" y es que "no sabe estar en la oposición y aceptar el resultado de las urnas". "Su discurso además de incoherente es irreal. La ilegalidad en Catalunya se rompió con sus compañeros de partido en la Moncloa", ha añadido la vicepresidenta. Calvo ha recordado además que el PP "ha perdido todo el apoyo electoral en Catalunya". "¿Qué proyecto tienen si no pintan nada ni en Euskadi ni en Catalunya?" se ha preguntado. "No son creíbles porque están sometidos a la ultraderecha", ha concluido, recordando la protesta de este domingo en Colón, que estuvo claramente dominada por Vox.
6 h
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El Congreso abre la reforma del Código Penal para despenalizar los delitos de opinión e injurias a la Corona
El Pleno del Congreso ha apoyado abrir la reforma del Código Penal para despenalizar los delitos de opinión e injurias a la Corona e instituciones del Estado, los delitos contra los sentimientos religiosos y el enaltecimiento del terrorismo. La iniciativa ha sido defendida por Unidas Podemos y ha contado con el apoyo del PSOE, que ha ofrecido diálogo y consenso. Tanto PP como Vox han rechazado la propuesta. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado que la intención de su iniciativa es "blindar el ejercicio de derechos fundamentales, ahora amenazados por delitos obsoletos"; "modernizar" un Código Penal con "rémoras franquistas"; "cumplir" con el programa de Unidas Podemos y con el mandato de Europa; y garantizar que ningún artista acabe en la cárcel.Asens ha defendido que "con esta ley España va a dejar de liderar la lista de artistas más condenados" y ha insistido en que "hoy es un día importante" porque las "fuerzas progresistas" van a "demostrar que se puede dar una respuesta democrática diferente".En el marco de su intervención, ha hecho referencia a los raperos condenados Valtònyc y Pablo Hasél y ha cargado contra el sistema judicial español, que --a su juicio-- tiene una "cúpula" que está "colonizada y secuestrada por la derecha" y unos "censores disfrazados de jueces".El diputado del PSOE Odón Elorza ha coincidido en la necesidad de "acomodar" la normativa a "una realidad que ha cambiado" al considerar que el Código Penal cuenta con "conceptos que no se corresponden con los tiempos", pero ha reconocido que "no está de acuerdo con alguna de las derogaciones que plantea el proponente".En este sentido, ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa de Unidas Podemos, pero ha adelantado que el PSOE hará "aportaciones" para afrontar el debate con la premisa de "buscar consenso", invitar al "diálogo social" y "atender" las recomendaciones de las instituciones internacionales.Elorza ha recordado que existe "un conjunto importante de recomendaciones" del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que "invitan a revisar el Código Penal". Ha insistido en que se trata de un requerimiento que "debe atenderse" y no una "cuestión de antojo".Durante su turno de palabra, el socialista ha asegurado que con la reforma no se va a "desproteger a nadie" ni "conceder impunidad hacia nada" y ha recordado que el honor de las personas y de los símbolos "ya tienen su marco de defensa". "No va a haber indefensión", ha dicho para luego precisar que el objetivo es tipificar los delitos "con proporcionalidad".También el PNV ha pedido calma. Su portavoz de Justicia e Interior, Mikel Legarda, ha pedido que la toma en consideración no suponga una tramitación inmediata, dado que cree pertinente aguardar al proyecto de ley que el Gobierno ha prometido públicamente y que aborda también la reforma de la normativa.Jon Iñarritu, de EH Bildu, también ha avanzado que su formación apoya iniciar esta reforma porque considera que el Código Penal cuenta con "artículos arcaicos" con "origen en el franquismo" que "protegen de sobremanera a la jefatura del Estado". Eso sí, según ha dicho, presentará enmiendas al articulado.Para la portavoz adjunta de Esquerra Republicana, Carolina Telechea, la iniciativa de Unidas Podemos "es un buen comienzo" y esperan que "se tramite con celeridad", aunque también ha criticado que no se haga mención a otras reformas pendientes como la de los delitos de sedición y rebelión, o la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadanos, conocida por sus detractores como 'ley mordaza'.También Más País, la CUP y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) han respaldado en el debate la tramitación de la iniciativa de UNidas Podemos.Por el contrario, desde el Partido Popular, Vox y Ciudadanos ya han adelantado su rechazo a la iniciativa. La portavoz 'popular' en la Comisión Constitucional, Edurne Uriarte, ha criticado la propuesta al considerar que "persigue" la "impunidad para todos aquellos que quieren atacar símbolos e instituciones", así como a quienes quieren "hacer apología al terrorismo".En su intervención, Uriarte ha hecho referencia a las normativas de otros países europeos como Alemania, Bélgica y Francia para defender que el Código Penal español es acorde a una "democracia avanzada" y se ha dicho "preocupada" por el hecho de que el PSOE vaya a apoyar la iniciativa porque eso "sí va a ser grave para nuestra democracia".El diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real ha confirmado su voto en contra porque cree que Podemos solo busca "impunidad". "¿Por qué necesitan esto ahora? ¿Qué barbaridades tienen preparadas?", ha preguntado para luego invitar a los diputados de la formación 'morada' a 'controlarse un poquito' en lo que dicen para no ser sancionados en virtud del Código Penal.Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz también ha expresado su rechazo y ha criticado a Podemos por querer cambiar la ley. "Tienen problemas porque son unos faltones, lávense la boquita", ha dicho a Asens.Carlos García Adanero, de Unión del Pueblo Navaro (UPN) en el Grupo Mixto, se ha mostrado en contra de la propuesta y ha recriminado a los 'morados' por "poner en cuestión el sistema judicial" español y "decir que los jueces están al servicio de un partido político", así como por poner de ejemplo las leyes de Estados Unidos y no las de Cuba o Venezuela.
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El policía de la caja B del PP sitúa a Fernández Díaz al frente de las maniobras para apartarle del caso
El policía encargado de la investigación de la caja B del Partido Popular ha ofrecido este martes un completo relato del sabotaje que la formación presidida entonces por Mariano Rajoy realizó a la investigación judicial desde el Gobierno de la Nación. En la cúspide de las maniobras para apartarle del caso, el inspector jefe Manuel Morocho situó al ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz. “Me deja usted un panorama desolador”, ha llegado a interrumpirle el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, en un momento de la declaración de Morocho como testigo. Durante sus comparecencias ante las comisiones de investigación del Congreso sobre las actividades de la brigada política, en general, y del espionaje a Bárcenas, más recientemente, Morocho había ofrecido episodios del acoso al que había sido sometido por sus superiores cuando investigaba los casos Gürtel y caja B a las órdenes del juez Pablo Ruz. Pero hoy ha hecho precisiones en sede judicial desconocidas hasta ahora, como que Fernández Díaz estuvo detrás del ofrecimiento de un destino en la Embajada de España en Portugal para que dejara el caso. Según ha relatado Morocho, el ofrecimiento le llegó en persona de su jefe directo, el comisario José Luis Olivera, al frente de la UDEF entonces, en pleno apogeo del caso de la caja B. Olivera se reunió con él, le ofreció el destino en Lisboa y Morocho se negó. El comisario quedó contrariado y entonces recibió una llamada: “Sí, ministro, estoy con él”. A continuación, Olivera le hizo otros ofrecimentos que también rechazó, ha explicado el inspector jefe Morocho, según fuentes presentes en la declaración. El grado de presión sobre el policía fue tal que cada vez que iba a reportar al juez Ruz en su despacho de la Audiencia Nacional, el directora adjunto operativo, Eugenio Pino, era informado de ello. Incluso proporcionaron a Morocho una dirección de correo electrónico por la cual tenía que remitir los informes de la financiación irregular del PP a los jefes policiales que había puesto el partido en esos cargos, a lo que Morocho se negó, ha contado esta mañana a García-Castellón. El policía ha dicho que las trabas a su trabajo comenzaron a finales de 2011, pero que el ofrecimiento para dejar la UDEF llegó antes del verano de 2013. Se da la circunstancia de que Bárcenas ingresa en prisión en junio y es entonces cuando tira de la manta y rebela la financiación irregular del partido en el Gobierno durante al menos dos décadas. También en esas fechas se pone en marcha la Operación Kitchen que investiga el juez del caso Villarejo. El inspector jefe Morocho, que sigue trabajando en una segunda derivada de la caja B, ha asegurado que sus jefes le impidieron poner en los informes el nombre de responsables politícos del PP perceptores de sobresueldos procedentes del dinero negro de los empresarios, pero que él logró incluirlos en un anexo. Es entonces cuando el juez, atónito, ha dicho que le presentaba “un panorama desolador”.Morocho se ha explayado en las presiones sobre un nombre concreto que no debía aparecer en los informes, el del empresario Ignacio López Hierro, marido de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, e imptuado ahora en el caso Kithen, al igual que su esposa, por participar en el sabotaje del caso de la caja B. Uno de los mandos le pidió retirarlo, él se negó, y al día siguiente Villarejo escribió en su agenda: “Problema con Moroc”.Con este clima de trabajo, Morocho y sus colaboradores, junto al juez, tuvieron que reforzar las medidas de seguridad contra las filtraciones a la hora de registrar la sede de Génova y de la constructora Unifica, ha explicado el policía. 
1 d
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Crisis en el Ayuntamiento de Alcobendas con los concejales de Ciudadanos a la gresca
El Ayuntamiento de Alcobendas se ha visto envuelto en una crisis interna provocada por los propios concejales de Ciudadanos, que no quieren que el hasta ahora vicealcalde del consistorio, Miguel Ángel Arranz, se convierta dentro de unos días en alcalde de la ciudad en virtud del pacto de Gobierno que suscribieron en 2019 con el PSOE por el que durante dos años gobernarían los socialistas y los otros dos años los de Arrimadas. Pero justo cuando ha llegado el momento del relevo, el alcalde socialista, Rafael Sánchez Acera, ha decidido acometer una "reestructuración" desplazando a Arranz a otros cargos y despojándole de la Vicelacaldía.A raíz de esa decisión se ha desencadenado una incómoda situación dentro del propio grupo de Ciudadanos en donde los cuatro concejales restantes no han puesto pegas a esos cambios. Arranz, que también ha sido obligado a dejar la portavocía de su grupo, ha anunciado que plantará batalla.En una nota de prensa hecha pública ayer el "el Gobierno municipal" anuncia la reestructuración de su organigrama "con el objetivo de seguir trabajando por y para Alcobendas y afrontar los retos y proyectos de futuro con un equipo coordinado y cohesionado". De esta manera Aitor Retolaza, de Ciudadanos, hasta ahora 4º teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, entre otras competencias, pasa a ser vicealcalde (1º teniente de alcalde) y nuevo portavoz de Ciudadanos y amplía sus poderes al hacerse cargo de las delegaciones de Urbanismo, Vivienda, Ordenación del Territorio, Licencias y Regeneración Democrática, que antes ostentaba Arranz. Según el comunicado, a Arranz solo se le mantendrá como "concejal de Relaciones Institucionales con San Sebastián de los Reyes". El Pleno de investidura para el inminente relevo está aún por convocar. En este municipio el PP cuenta con 10 ediles; el PSOE, con 9; Ciudadanos, con 5; Vox, con dos y Podemos con uno. El PP sumando a Vox no podría evitar que se lleve a cabo el pacto de Gobierno que cerraron los dos partidos. Pero al haber empate tras el desmarque de Arranz, la votación queda en manos del concejal de Podemos Eduardo Andradas, para que Retolaza previsiblemente se convierta en nuevo alcalde de Alcobendas. La primera reacción de Arranz tras ser despojado de sus cargos ha sido anunciar que se presentará a la elección de alcalde, retando a sus propios compañeros que no le apoyan ya que no le ven con el perfil adecuado.Alcobendas es una de las ciudades más importante de la región, con más 117.000 habitantes. Gracias al pacto con el PSOE ahora pasará a estar en manos de Ciudadanos, que se ha quedado sin representación en la Asamblea de Madrid en las pasadas elecciones autonómicas y prácticamente sin ninguna alcaldía importante en la capital. En Villaviciosa de Odón el PP le arrebató a mediados del pasado mes de enero la alcaldía más importante de las nueve que lograron en la región, en virtud de una moción de censura que fue apoyada por Vox. Con ello los de Casado extendía la opa hostil que habían iniciado contra Ciudadanos. La moción de censura contra el que había sido regidor, José Luis Pérez Viu, prosperó gracias a los votos de PP y Vox, y daba el bastón de mando al popular Raúl Martín Galán.
1 d
eldiario.es
El PP abandona el pacto antitransfuguismo tras la operación en Murcia
El PP abandona el pacto antitransfuguismo en una triquiñuela para que el presidente murciano, Fernando López Miras, y los diputados de Ciudadanos que truncaron la moción de censura contra él sean considerados tránsfugas. En una carta remitida por el partido de Pablo Casado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, le informa de que los conservadores salieron del pacto en el mes de abril por la negativa de Miquel Iceta a convocar la comisión de seguimiento del pacto en un plazo de 48 horas. El PP argumenta que su salida invalida los acuerdos alcanzados en el seno del pacto antitransfuguismo respecto a la operación en la Región de Murcia, donde la moción de censura pactada por PSOE y Ciudadanos fracasó después de que varios diputados de la formación de Inés Arrimadas votaran en contra a cambio de formar parte del Gobierno regional. El Partido Popular traslada al ministerio, que es de quien depende la comisión de seguimiento del pacto, su "extrañeza" por recibir "un informe evacuado en el seno de un pacto cuyos informes, acuerdos y resoluciones carecen de validez al no contar con la mayoría necesaria de representantes de las Cortes Generales". La carta firmada por la responsable de política local del PP, Raquel González Díez-Andino, sostiene que el partido salió del pacto en el mes de abril como consecuencia de que no se convocó la reunión de la comisión del seguimiento del mismo como había solicitado en sendos escritos del 30 de marzo y el 8 de abril. "Habiéndose incumplido por ese ministro su obligación de convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional, haber hecho caso omiso a las peticiones que se le hicieron, y utilizar torticeramente los acuerdos suscritos, la formación política que represento, y ello desde el pasado mes de abril, no forma parte del mencionado pacto", dice la dirigente conservadora. La carta sostiene que en una misiva anterior el PP advirtió al ministerio de que "daría por denunciado el Pacto" si no se convocaba esa reunión en un plazo de dos días y que avisaba de que cualquier decisión que se tomara posteriormente no tendría "validez" al tomarse sin la mayoría parlamentaria necesaria. El otro argumento del PP es que las resoluciones adoptadas en el seno del pacto antitransfuguismo solo aplican para los partidos que lo han suscrito y, por tanto, considera que en este caso no se dan las circunstancias porque ya lo había denunciado y, por tanto, abandonado. "Debo comunicarle [prosigue la carta de González a Iceta] que no podemos ni compartir, ni asumir, ni valorar, ni aceptar las calificaciones unilaterales que, en relación con los supuestos que, haya analizado o analice en el futuro, la Comisión de Expertos y la Comisión de Seguimiento en relación con los cargos electos del Partido Popular, y ello desde el mes de abril de este año, por cuanto el actual pacto carece del consenso de una mayoría cualificada de representantes de las Cortes generales", remata la misiva. La comisión de expertos del pacto antitransfuguismo concluyó que la actitud del presidente murciano, Fernando López Miras, que ofreció puestos en el Gobierno regional a los representantes de Ciudadanos para que votaran contra la moción de censura que habían firmado para que su líder fuera investida, se puede considerar transfuguismo. Los partidos que forman parte del pacto, excepto el PP, asumieron ese informe. La razón por la que el partido de Casado había solicitado la convocatoria de la comisión de seguimiento para recusar a Rafael Ibáñez Reche, exdiputado de IU, como miembro del comité de expertos en los casos que tuvieran que ver con el PP. En este caso fue el ponente de la resolución y la comisión no vio pertinente su recusación. El pacto antitransfuguismo fue suscrito en 1998 por PSOE, PP, Izquierda Unida, Convergència, ERC, y cerca de una decena de partidos autonómicos, tuvo dos renovaciones en 2000 y 2006. Desde entonces estuvo congelado varios años y en 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez lo reactivó e invitó a las formaciones políticas nuevas a sumarse. Hasta el abandono por parte de Génova, lo componían PSOE, Partido Popular, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, PNV, BNG, Coalición Canaria, Partido Aragonés, Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, Geroa Bai, Galicia en Común, Catalunya en Comú, Más País, Equo, Mes per Mallorca y Agrupación Socialista de la Gomera.
1 d
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La investigación suiza sobre Juan Carlos I encuentra una cuenta vinculada al emérito en Andorra
La investigación en Suiza que instruye el fiscal jefe del cantón de Ginebra Yves Bertossa ha encontrado una cuenta en Andorra vinculada al rey emérito, según ha desvelado este martes El Confidencial. El depósito, abierto en el banco Andbank, estaba controlado supuestamente a través de una sociedad instrumental —Stream SA— dirigida por testaferros.Los investigadores han llegado hasta la cuenta del Principado, activa hasta 2016, por una transferencia de la Fundación Zagatka, la entidad administrada por Álvaro de Orleans-Borbón —primo lejano de Juan Carlos I— que pagó viajes del monarca por valor de ocho millones de euros. El 19 de mayo de 2008 se realizó una transacción de Zagatka por 150.000 euros a STREAM SA, sociedad panameña especializada en la constitución de entramadas offshore, según El Confidencial. Ese dinero se envió a una cuenta de Andorra que tenía la mercantil panameña por orden del gestor Arturo Fasana, presuntamente testaferro del rey emérito. Se trataba de la número AD79 0001 0000 4029 2980 0100 de Andbank.De esta manera, según las pesquisas suizas, STREAM SA se habría utilizado como pantalla para ocultar su relación con la cuenta de Andorra. El depósito de este país formaría parte de la red que creó Juan Carlos I para acumular dinero fuera de las fronteras españolas.La cuenta de Andorra se canceló en 2016, coincidiendo con la aplicación de la norma por la que el Principado se comprometió a compartir con terceros países información bancaria de todos los extranjeros que tuvieran productos activos en su territorio, según El Confidencial. Como su aplicación comenzaba en enero de 2017, muchas personas cerraron sus cuentas de forma previa para evitar que se transmitiese esa información. Ese mismo año se inició también la disolución de la sociedad STREAM SA, que quedó finalmente anulada en mayo de este año por el impago de las tasas de mantenimiento mercantil.La Fiscalía del Tribunal Supremo en España tiene abiertas tres vías de investigación contra el emérito, la última iniciada en noviembre del año pasado tras recibir un informe de inteligencia del servicio antiblanqueo, que se suma a la que indaga sobre sus cuentas en Suiza y a las pesquisas sobre la utilización de tarjetas opacas. El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable.
1 d
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El expolítico del PP Rodrigo de Santos será juzgado en septiembre por agredir sexualmente a dos hombres en una ONG
La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará los próximos 20, 21 y 22 de septiembre al expolítico del PP Rodrigo de Santos por agredir sexualmente a dos reclusos mientras disfrutaban de permisos en las casas de acogida de la ONG Horizontes Abiertos-Padre Garralda, en la que el exteniente de alcalde Palma fue contratado tras salir de prisión, según el caso que desveló elDiario.es en julio de 2018. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para De Santos, 15 por un delito de agresión sexual continuada a uno de los reclusos y otros cinco por otra agresión sexual a un segundo. Una de las acusaciones particulares eleva su petición a 94 años de cárcel. De Santos fue contratado en Horizontes Abiertos, próxima al PP, pese a sus antecedentes por delitos sexuales.Rodrigo de Santos llegó a Horizontes Abiertos en septiembre de 2014, seis meses después de salir en tercer grado. Había pasado cinco años en la cárcel por abusar de dos menores, amigos de sus hijos, y por gastarse 50.000 euros del Ayuntamiento de Palma en cocaína y prostitución masculina mientras exhibía militancia ultracatólica. A los pocos meses pasó de voluntario a contratado en la ONG y terminó ascendido a responsable de una de las casas de acogida en abril de 2017, esto último con la también política del PP María Dolores Navarro como presidenta de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. Navarro tuvo que dimitir tras la detención de Rodrigo de Santos, que tuvo lugar en diciembre de 2017. Exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Lola Navarro fue diputada en autonómica en el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero se quedó fuera de las listas para las elecciones del pasado 4 de mayo. En los últimos días ha estado recogiendo firmas contra los indultos del procés en el distrito madrileño de Arganzuela, donde sigue ejerciendo como presidenta del PP bajo el lema 'Indultos, no. Justicia, sí'.El relato de la Fiscalía explica cómo entre los meses de febrero y julio de 2017, Benjamín (nombre supuesto), que entonces tenía 29 años, estuvo residiendo durante sus permisos penitenciarios en las casas Javier I y Javier II que la ONG fundada por el Padre Garralda, ya fallecido, tiene en Madrid. Los presos que no tienen arraigo son acogidos por la ONG para que puedan disfrutar de las salidas y ésta informa a Prisiones de su comportamiento durante las mismas. Durante la estancia de Benjamín en las casas, Rodrigo de Santos "le obligó en siete ocasiones, sin que puedan concretarse las fechas, a mantener relaciones sexuales con él", escribe el fiscal. Según consta en las actuaciones, De Santos practicaba felaciones a la víctima para que luego éste le realizara penetraciones anales. Rodrigo de Santos, añade, lo hacía bajo "la amenaza de retirarle el aval por parte de la Fundación, imprescindible para poder disfrutar de los permisos penitenciarios". De la segunda víctima, la Fiscalía concluye que sufrió dos delitos de agresión sexual con la agravante de reincidencia por tocamientos realizados en el domicilio de De Santos, a donde llevó a Rachid (también nombre ficticio) en uno de los permisos penitenciarios del joven. La Fiscalía suma a los veinte años años de cárcel que Rodrigo de Santos no se pueda acercar a sus víctimas a menos de 500 metros durante otros veinte años en el caso de Benjamín y 10 en el de Rachid. También solicita la libertad vigilada cuando salga de la cárcel y que participe en programas de educación sexual. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular solicitan que la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, en el ámbito de cuya actividad se produjeron las presuntas agresiones sexuales, sea condenada como responsable civil subsidiario para que atienda las multas e indemnizaciones a las que pueda condenarse a De Santos si este se declara insolvente.La Fundación Padre Garralda, con un patronato vinculado al PP, intentó personarse como acusación popular contra De Santos dos años después de que el antiguo concejal de Urbanismo de Palma fuera detenido, tiempo en el que la ONG se desentendió de los jóvenes presuntas víctimas del depredador sexual. El juez Escalonilla rechazó la pretensión de Horizontes Abiertos y declaró su responsabilidad civil subsidiaria. La acusación particular señala en su escrito de acusación que De Santos fue contratado tras salir de la cárcel “por afinidad ideológica”.Cuando se produjeron los hechos, el Patronato de la fundación estaba integrado por dos exconsejeros de Esperanza Aguirre, Regina Plañiol y Luis Perales, así como por el exsecretario de Estado de Comercio con Rajoy, Jaime García-Legaz, quien se marchó por la gestión del caso de la entonces presidenta, Lola Navarro, y volvió después como vicepresidente. Todos pertenecen a la corriente más conservadora en asuntos de moral dentro del PP. En la actualidad solo tres personas componen el patronato: su presidenta, María Matos González de Careaga, el propio García Legaz y Celia Ordoñez.
2 d
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Expertos en Derecho Constitucional contestan a Ayuso: "El rey no se puede negar a firmar los indultos"
Los expertos en Derecho Constitucional consultados por elDiario.es corrigen las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que utilizó la imagen del rey para cargar contra el Gobierno por la inminente aprobación de los indultos a los presos del procés. "¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", aseguró la presidenta madrileña minutos antes de participar en la concentración celebrada en la plaza de Colón este domingo. Este lunes, más de 24 horas después de esas declaraciones y tras una ola de críticas y correcciones –incluida la de Pablo Casado–, la lideresa del PP ha matizado sus palabras, asegurando que Felipe VI "no es cómplice de nada". Ante la pregunta lanzada el domingo por Díaz Ayuso, la respuesta de los docentes de Derecho Constitucional consultados por elDiario.es es tajante: "El rey no se puede negar a firmarlos". Y si lo hace, tendría que abdicar. "Hay unanimidad. Nadie discrepa. El rey no tiene legitimidad para negarse a firmar, no es su función", explica Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. En esa misma línea se posiciona la docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ana Valero, que expone que las actuaciones del monarca "son actos debidos", que consisten en formalizar "una decisión que previamente ha sido tomada por otros poderes del Estado que sí están legitimados democráticamente". La Constitución establece que los actos del monarca "serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes". Y si no están avalados por estas personalidades "carecen de validez". Por lo tanto, la responsabilidad de los actos aprobados recae sobre el representante del Ejecutivo que lo refrenda y nunca sobre el rey. Con este contexto, Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, indica que el monarca es "irresponsable" porque "en ningún caso" asume las consecuencias de las decisiones que rubrica. Por lo tanto, continúa Urias, la firma del monarca "es un acto puramente simbólico", que sirve para "darle dignidad estatal a cualquier acto de Estado, pero en sí no tiene ningún valor decisorio". El docente de la Universidad sevillana considera que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid son "un ataque a la línea de flotación de la monarquía". Por su parte, Valero señala que la interpelación de Díaz Ayuso a la corona demuestra "desconocimiento y desprecio hacia la Constitución". Un día después de las polémicas declaraciones de la presidenta autonómica, varios miembros de su partido se han desmarcado de sus afirmaciones, entre ellos, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, que ha recordado que en la Constitución el papel del monarca "está tasado". "La responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su Gobierno", ha añadido. Horas después, la presidenta ha rectificado y ha defendido que Felipe VI "no es cómplice de nada". "Toda la culpa que conste recae en el presidente del Gobierno quien está deteriorando todas las instituciones", ha señalado. Representantes de Vox y Ciudadanos, que coincidieron con los populares en la concentración de Colón, han enmendado igualmente las declaraciones de Díaz Ayuso este domingo. En la monarquía europea existe un precedente de abdicación por cuestiones ideológicas. Este episodio fue protagonizado por el rey Balduino de Bélgica en 1990, que renunció al trono durante 36 horas por su negativa a ratificar el proyecto de ley de despenalización del aborto. La hemeroteca recoge que el monarca tomó esta decisión por su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo. Para sacar la ley adelante, el Gobierno belga se amparó en un artículo de la Constitución que dejaba las funciones del monarca en manos del Consejo de Ministros si se alegaba una "incapacidad temporal para reinar del representante de la Corona". Y así sucedió, el Ejecutivo asumió los poderes del rey, ratificó la ley y Balduino recuperó el trono horas después.En España, los expertos en Derecho Constitucional entrevistados por elDiario.es insisten en que el papel del jefe de Estado en una monarquía parlamentaria queda recogido en la Constitución. "Si al rey le atribuyes la posibilidad de decidir algo, necesitaría legitimidad democrática, estar elegido, escoger públicamente cuál es su ideología", incide el docente de la Universidad sevillana, que destaca que "el rey no expresa su ideología nunca porque representa a todo el mundo". Asimismo, defiende que si hiciese pública su opinión "alteraría el papel que le da la Constitución y al final se produciría una crisis". Para Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, la negativa del monarca provocaría un "mayor perjuicio para la institución". "Si se negase, sería mucho mayor el daño que el remedio", sentencia el docente.
2 d
eldiario.es
Saber irse en el momento justo y amarrar su sucesión, los desafíos por delante del Espadas alcalde
A los cargos no sólo es importante llegar, "sino también saber irse". Este mensaje lo lanzó Juan Espadas en Dos Hermanas en el primer acto de su campaña en las primarias del PSOE andaluz, y no hizo falta ningún subrayado para entender que iba dirigido a Susana Díaz. Dos semanas después, y en un contexto muy diferente, le toca al propio Espadas aplicarse sus palabras para elegir bien cuándo y cómo irse del Ayuntamiento de Sevilla. Descartado cualquier amago de bicefalia Díaz/Espadas, aquí a día de hoy lo único que se va a permitir en ración doble van a ser los cargos del propio Espadas, que junto a su recién estrenada condición de candidato socialista a la Junta va a mantener la de alcalde de Sevilla. Es más, seguirá siendo regidor incluso si –siguiendo la secuencia lógica– es elegido secretario general del PSOE-A en diciembre.Los socialistas se enfrentan ahora a una doble cuestión: por un lado hasta cuándo estará Espadas como alcalde, y por otro cómo hacer su relevo sin cercenar las opciones del PSOE de seguir ocupando la Alcaldía de Sevilla tras las municipales de 2023. No hay que olvidar que es la principal capital en la que gobiernan los socialistas, de ahí que quieran hilar fino para no tirarse piedras sobre su propio tejado.Lo primero tiene fácil respuesta: Espadas quiere seguir de alcalde hasta que se convoquen elecciones en Andalucía, lo que –si los continuos rumores de adelanto no se concretan– ocurrirá a finales del año que viene. No obstante, fuentes socialistas admiten que será complicado que pueda apurar tanto y dan por hecho que al final tendrá que irse antes para dedicarse a tiempo completo a reconstruir el partido y reconectarlo no sólo con su electorado, sino con la sociedad andaluza en general.Salvo algún comentario aislado, Espadas ha podido hacer su campaña sin demasiadas críticas en el propio Ayuntamiento, a lo que ha ayudado que la situación interna de varios grupos municipales no sea precisamente boyante. Pero una cosa son dos semanas y otra un año largo haciendo malabares para intentar no desatender su doble condición municipal y regional. De hecho, este periodo de gracia se terminaba este mismo lunes, cuando desde Adelante Andalucía se le instaba a elegir entre sus dos funciones y Cs le reclamaba formalmente una reunión para que aclare "sus planes reales" en la ciudad ante el "escenario de incertidumbre". La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que con Cs aprobó el último presupuesto municipal, que contó también con la abstención de Adelante.Mientras, el PP (grupo municipal incluido) ya ha empezado a dispararle presentándolo como la bandera del sanchismo en Sevilla y Andalucía. Es verdad que Espadas tiene un antecedente directo de acumulación de cargos en su antecesor, Juan Ignacio Zoido (PP), que durante más de año y medio compatibilizó la Alcaldía hispalense con la presidencia del PP andaluz, aunque no es menos cierto que en su propio partido le reprocharon que esto le llevó a desatender la ciudad y que ahí estuvo buena parte de la culpa de que luego se estrellara en las municipales de 2015.Espadas insistía este lunes en que "tengo una responsabilidad con los sevillanos y voy a dejarme la piel en ello", pero la verdad es que a efectos políticos todos los grupos municipales ya lo dan por amortizado, así que uno de sus muchos retos ahora es saber cuándo irse. Elegir el momento adecuado será clave tanto para sus aspiraciones a la Junta como para no lastrar las opciones del PSOE a continuar gobernando en la ciudad.Y si importante es el cuándo se va, no menos lo es el cómo, es decir, quién será su relevo. A ello habría que unir la incógnita de si la persona elegida para sucederle será posteriormente el candidato socialista a la Alcaldía en 2023, tal y como se planteó inicialmente, aunque en este momento todas las posibilidades se consideran abiertas.Con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en la mano, el testigo como máxima autoridad municipal lo recogería la primera teniente de alcalde, Sonia Gaya, que fue consejera de Educación en el último Gobierno de Susana Díaz. Persona muy cercana a la expresidenta andaluza, que impuso su inclusión en la lista electoral, algunos ven en esta posibilidad el escenario idóneo para un último coletazo del choque Díaz-Espadas.Si Gaya quiere, podría enrocarse en su actual cargo y acabaría como alcaldesa con todas las bendiciones legales, por mucho que quisieran evitarlo en su partido. No obstante, fuentes municipales descartan esta opción e inciden en que Gaya "no va a ser un problema" y que, cuando corresponda, dará un paso al lado. Es verdad que su lealtad orgánica la ha mantenido al lado de Díaz, pero eso no significa que tenga aspiraciones de luchar para mantenerse como bandera susanista en el Ayuntamiento.Por si esta falta de ambición no fuese suficiente, "no vive en Sevilla, ni tiene arraigo en la ciudad ni contactos, por no tener no tiene ni un distrito en el que mande", se apunta desde el entorno de Espadas. Su responsabilidad en el Gobierno municipal como delegada de Hacienda es importante pero muy opaca, ni le da visibilidad en los medios de comunicación ni es de los ediles más conocidos. "Su trabajo es impoluto y en estos dos años no ha dado ni un dolor de cabeza", se insiste para resaltar su exquisita corrección pese a no provenir del círculo de confianza del alcalde.Si se descarta a Gaya, el abanico de concejales actuales con opciones reales de relevar a Espadas es muy limitado; si se cuentan con una mano sobrarían dedos. Aunque Ferraz siempre tendrá algo que decir, se reitera que la decisión sobre su sustituto recaerá básicamente en el propio Espadas, aunque el perfil de su sucesor también vendrá muy marcado por el hecho de si el elegido será o no el candidato en las municipales de 2023.La idea de partida es que sea así, para dar sensación de continuidad al actual proyecto, pero la verdad es que esta opción no está ni mucho menos cerrada. Ahora mismo, ese sería el camino a seguir siempre y cuando no aparezca un mirlo blanco (por ejemplo, un perfil muy reconocido en la ciudad que incluso ahora no esté en política) o que desde el partido se toque con la varita a algún tapado porque se considere que tiene más opciones en las elecciones.Sea como sea, lo que es seguro es que, en última instancia, habrá primarias para designar a la persona que lidere la candidatura socialista en las municipales de 2023. Aunque al final se apueste por darle entonces continuidad a quien asuma ahora la Alcaldía, al haber accedido de manera indirecta tiene que pasar por este trámite orgánico obligado, del que sólo está eximido un alcalde que se presenta a la reelección. Algo que, como ya se sabe desde este domingo, no será el caso de Juan Espadas.
2 d
eldiario.es
Casado fuerza a Ayuso a rectificar sus palabras sobre el rey para intentar salvar la campaña del PP contra los indultos
La presión de la dirección del Partido Popular de Pablo Casado acabó este lunes forzando a la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a rectificar sus palabras sobre el supuesto papel del rey en la inminente concesión de los indultos a los presos del procés por parte del Gobierno. Todo con el objetivo de salvar la campaña contra esos perdones lanzada por el PP hace ya dos semanas, y que se ha convertido en el eje del discurso del principal partido de la oposición con el único objetivo de hacer caer al Gobierno progresista.El domingo, justo antes de participar en la protesta de la Plaza de Colón de Madrid, la dirigente madrileña aseguró que el Ejecutivo haría "cómplice" al monarca en el caso de aprobar esos perdones. La declaración sorprendió y enfadó entonces al equipo de Casado, ya que ensombreció por un lado el protagonismo del líder del PP en la concentración, puso en cuestión el respeto del partido al jefe del Estado y levantó críticas por parte del resto de formaciones políticas. Por eso, 24 horas después de la polémica declaración de Ayuso, a última hora de la tarde del lunes y tras haber sido corregida y desacreditada públicamente por el propio Casado y distintos miembros de la dirección nacional del PP, Ayuso tuvo que dar explicaciones y rectificar sus afirmaciones sobre el rey.La rectificación de Ayuso tardó en llegar. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid comparecía a última hora de la tarde desde la Asamblea de Madrid tras una conversación con Casado. Ayuso acudía a la Cámara madrileña para despachar en persona con la presidenta de la institución, María Eugenia Carballedo, la ronda de consultas para su investidura, pese a que el encuentro no estaba previsto en la agenda de la presidenta ni fue convocada hasta mediodía. La dirigente madrileña comparecía para rectificar las declaraciones del día anterior en la sede de Génova, y defendía que el rey "no es cómplice de nada" para responsabilizar de todo a Sánchez. Desde el entorno de Ayuso, habían asegurado un par de horas antes que la presidenta no quiso interpelar al rey y que se trataba de "una pregunta retórica" que fue mal interpretada."Mi preocupación es que esta decisión [la de los indultos a los presos del procés] va a llegar a la mesa del jefe del Estado", argumentaba en una declaración ante la prensa, en la Asamblea de Madrid. "El rey fue la voz y la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre, y me duele profundamente, es una opinión personal, el compromiso al que le van a someter. Por supuesto que él no es cómplice de nada. Toda la culpa, que conste, recae en el presidente del Gobierno, quien está deteriorando todas las instituciones", añadía.Con sus palabras, Ayuso había ensombrecido el domingo la estrategia de su propio partido que, en una plan calcado al que siguió el PP en 2006 contra el Estatut, se había volcado con recogidas de firmas, movilizaciones en las calles y la amenaza de acudir a los tribunales a recurrir esa medida de gracia. Al cuestionar el papel del rey, que está obligado constitucionalmente a firmar todas las decisiones del Gobierno, incluidos los indultos, la presidenta copó la atención mediática en una jornada muy delicada para la dirección nacional del PP. En un clima de división interna sobre la convivencia con la extrema derecha, Casado y su equipo se habían visto obligados a asistir a la concentración de Colón convocada precisamente para rechazar esos perdones a los presos del procés, a pesar de que la protesta, convocada por la plataforma Unión 78 –impulsada por, entre otros, la exlíder de UPyD Rosa Díez–, estuvo protagonizada por Vox y sus seguidores llegaron a abuchear a Casado mientras, al mismo tiempo, ovacionaban a Ayuso y a Santiago Abascal. La protesta no logró un éxito de asistencia similar al de otras citas –acudieron 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 126.000, para la Policía Local–, y ni siquiera el de la emblemática foto de Colón de 2019.Por eso las declaraciones de la presidenta, realizadas en la puerta de la sede central del PP junto al propio Casado y el portavoz nacional de los populares y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, incomodaron especialmente a la dirección nacional del partido que, en menos de 24 horas, se lanzó a desmentir a Ayuso recalcando el papel constitucional del monarca y negando que Felipe VI sea cómplice de nada de lo que hace el Gobierno. Las afirmaciones de la dirigente madrileña podían volverse en contra de los intereses del PP, sobre todo después de que varios partidos, incluidos los socios de los populares en autonomías y ayuntamientos, exigieran a Ayuso que rectificara.La ley del indulto ahora en vigor, un texto normativo que se remonta al año 1870, establece que "la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros". Y el artículo 62 de la Constitución Española establece que "corresponde al rey expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros". Es decir, que el monarca debe expedir los indultos, le guste o no esa decisión del Gobierno, porque está obligado a hacerlo, sin que ello signifique complicidad alguna, como insinuó Ayuso. En realidad, la dirección de Casado lleva semanas tratando de involucrar al monarca en su campaña contra los indultos a través de distintas conversaciones informales con periodistas en las que dirigentes de la más alta responsabilidad en el PP han asegurado que sería una "deslealtad" y un "despropósito" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este le hiciera firmar al rey unas medidas de gracia para los condenados por el procés independentista. "No puede ser que el Gobierno le haga firmar esto al rey de España", han sostenido una y otra vez desde la dirección del PP en las últimas semanas. Nadie del equipo de Casado, en cambio, tildó a Felipe VI de posible "cómplice" del Ejecutivo en ninguna de esas conversaciones, tal y como hizo Ayuso el domingo. Pero el líder del PP, con el fin de salvar su campaña contra los indultos, se vio este lunes obligado a desmarcarse de Ayuso, que se quedó sola dentro del partido defendiendo esa polémica tesis sobre el rey. "Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general, y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su Gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI como jefe del Estado", aclaraba Casado en un acto en Madrid.Desde primera hora de la mañana, los distintos miembros de la dirección nacional del PP con intervenciones en medios de comunicación tuvieron que recalcar esa misma idea. "Todo el mundo sabe que estamos en una monarquía parlamentaria y que el papel del rey está tasado", aseguraba la portavoz 'popular' en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, en una entrevista en TVE, con una frase idéntica a la que repitió también el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos que dijo en la Cadena SER que "el rey tiene tasado su papel en la Constitución española, que está ejerciendo de forma ejemplar". "El problema", en su opinión, "es que Pedro Sánchez ha decidido llevar al límite las instituciones por mantenerse dos años más en La Moncloa".En otra entrevista, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideraba que "el debate no es el papel del rey, sino si proceden los indultos". "El rey cumplirá con su papel constitucional, hará lo que siempre ha hecho de manera impecable", afirmaba, en Antena 3. A su juicio, "Ayuso lo que quiso reflejar es esa indignación" del "uso que se está haciendo de las instituciones". "Estamos ante un Gobierno que se ha acostumbrado a un uso partidista de las instituciones. ¿Que si Ayuso debe rectificar o matizar? Creo que quien debe rectificar es el presidente del Gobierno", zanjaba él.Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que la polémica está "zanjada" y que todo se debió a un "mal entendido" ya que, a su juicio, lo que quiso decir el domingo la presidenta madrileña es "lo mismo" que viene sosteniendo el equipo de Casado en las últimas semanas: que consideran "indigno" que el Gobierno haga firmar al rey esos indultos. En sus textos internos, los argumentarios que envía cada día Génova 13 a todos los dirigentes del PP para que los repitan en sus intervenciones públicas, el equipo de Casado sostiene que "Sánchez debe rectificar y no llevar a las instituciones al límite con tal de estar en el poder tras el clamor de los españoles que no quieren que se venda la soberanía nacional y la unidad de España por un puñado de votos". La dirección 'popular' asegura que "Sánchez tiene ya cerrado el acuerdo con los secesionistas para sacarles de la cárcel sin arrepentimiento solo por seguir en Moncloa". Además, Casado y los suyos están convencidos de que el presidente del Gobierno "presentará un paripé de documento en el Consejo de Ministros para justificar lo que es injustificable hasta para el Sánchez de hace unos años, cuando denostaba los indultos políticos". "La mesa de negociación es su siguiente estación, que culminará con el referéndum unilateral. No permitiremos que la Constitución sea el rescate para seguir en la Moncloa. Si Sánchez viera en lo que ha acabado se haría una moción de censura a sí mismo", zanja el PP. El partido tiene previsto seguir ejerciendo su labor parlamentaria contra los indultos con preguntas y mociones al Gobierno.
2 d
eldiario.es
Sánchez, sobre Susana Díaz: "La democracia ha apuntado renovación y unidad y ese es el camino que debemos continuar"
Pedro Sánchez ha enseñado de nuevo la puerta de salida a Susana Díaz tras su derrota en las primarias de este domingo frente a Juan Espadas, que será el candidato socialista a la Junta de Andalucía. El presidente y secretario general del PSOE, cuyo favorito en esa batalla era el alcalde de Sevilla, ha afirmado que "la democracia ha apuntado renovación y unidad y ese es el camino que debemos continuar". Sus palabras se producen después de que la expresidenta andaluza haya asumido la derrota dando un paso al lado al anunciar que no competirá por seguir al frente de la federación en el congreso de fin de año, pero permaneciendo al frente hasta ese momento. A pesar de que Ferraz ha enfriado la posibilidad de forzar su salida de la secretaría general del PSOE-A, la bicefalia es una situación que incomoda a la dirección de Sánchez. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ya había advertido esta mañana de que los resultados son claros y que se ha abierto "un nuevo ciclo" representado en el "liderazgo" de Espadas. El presidente ha apuntalado esa afirmación al señalar el "camino" que deben seguir los socialistas tras las primarias de este domingo. Sánchez ha comparecido ante los periodistas tras la cumbre de la OTAN que se ha celebrado este lunes en Bruselas acompañado del secretario general de la organización internacional, Jens Stoltenberg, que ha anunciado oficialmente que España será la sede de la próxima cumbre en 2022. Aprovechando esa ocasión, Moncloa había anunciado un encuentro con el presidente de EEUU, Joe Biden, que se ha reducido finalmente a un saludo de menos de un minuto tras la foto de familia de los líderes. En la rueda de prensa, Sánchez se ha referido a ese encuentro. "No tengo un cronómetro, ha sido un poco más de esos segundos", ha respondido a los periodistas a los que ha explicado que han tenido una "breve conversación" durante un paseo hacia la sala de reuniones porque así se lo han indicado los servicios de la cumbre. En todo caso, el presidente ha asegurado que esos segundos han dado mucho de sí porque han hablado de "reforzar" los "lazos militares" que tienen España y EEUU para lo que pretende "actualizar ese acuerdo bilateral de Defensa". Sánchez ha asegurado que también han hablado sobre Latinoamérica y que le ha trasladado su preocupación por la situación de la pandemia en la región. "Le he felicitado por la agenda progresista sobre todo en relación con el acuerdo climático", ha apostillado. El presidente también se ha pronunciado sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que señaló al rey al asegurar que sería "cómplice" si rubrica los indultos a los líderes independentistas, y que el líder del PP, Pablo Casado, se ha visto obligado a corregir. "Me pareció una declaración extraña en la forma y en el fondo. Al igual que me pasó a mí, le habrá pasado al 99,9% de los españoles", ha respondido Sánchez, que ha vuelto a defender la concesión de la medida de gracia.
2 d
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