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Botín: "Existe un impuesto a la maternidad en las empresas y no a la paternidad"
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha aprovechado este miércoles su presencia en la reunión anual del Cercle de Economia, en Barcelona, para criticar las diferencias en las carreras profesionales entre hombres y mujeres. "Las carreras van en paralelo hasta que se forma una familia", ha señalado. "Existe un impuesto a la maternidad, pero no para la paternidad", ha apuntado, remarcando que las normas en todos los países deberían ser "como España" y hacer "obligatorio" un permiso igual para hombres y mujeres.Botín ha participado en una mesa junto con el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y el de Inditex, Pablo Isla. A ellos les ha espetado: "De las mujeres hablad los hombres, que sois los que todavía mandáis". Según un informe de CCOO realizado a finales del año pasado, Santander tiene solo un 22% de directivas pese a que las mujeres son el 48% de la plantilla. Es un nivel más bajo que otros grandes bancos como CaixaBank, BBVA o Sabadell. "A las mujeres también nos gusta ser directivas", ha defendido Botín ante los otros dos directivos del Ibex."La diversidad es buena para los equipos", ha respondido Isla a la interpelación de Botín, quien ha espetado que "el tema del género cuesta más que otra diversidad por el tema de la familia".Botín, Pallete e Isla dirigen tres de las 10 empresas más grandes del Ibex y han analizado la situación de la economía española tras el COVID y el impacto que tendrán los fondos europeos. Tanto la presidenta del Santander como el de Telefónica han coincidido en señalar que el PIB español va a crecer por encima de lo previsto durante este año. "Las estimaciones se van a quedar cortas", ha subrayado Pallete durante su intervención. "Lo importante es el ritmo de vacunación y en España, donde se está vacunando casi al 1% de la población cada día, es una garantía", ha enfatizado.El presidente de Telefónica se ha mostrado confiado en que el plan de ayudas europeas va a servir para hacer crecer la economía en España. "Tenemos experiencia en saber ejecutar los fondos europeos", ha apuntado Pallete. "España ha sabido hacerlo bien históricamente", ha subrayado. Al igual que sus compañeros en la mesa, Pallete ha señalado que lo fundamental es que los fondos lleguen a las pymes para su digitalización.Sin embargo, los tres empresarios han aprovechado para poner deberes al Gobierno en el contexto de las ayudas europeas. En concretos, todos ellos han coincidido en hacer peticiones como una reforma fiscal, un cambio en las leyes y una reivindicación del empresario. Botín y Pallete han vuelto a hacer un frente común, como acostumbran desde hace años, para pedir un cambio en la regulación de sus respectivos sectores para hacer frente a las grandes tecnológicas. "Está habiendo una simetría brutal en las reglas del juego", ha señalado Pallete. "Mis competidores o los de un banco ya no son los tradicionales, sino que son nuevas empresas", ha apuntado. "El sistema regulatorio se ha quedado anclado en el siglo pasado".Botín, por su parte, ha criticado, sin citar directamente a ninguna compañía, a los "nuevos monopolios verticales". "Hay que hacer algo en materia de competencia contra estos monopolios", ha apuntado. En este sentido, ha añadido también su propuesta de una reforma fiscal que afecte también a estas empresas. "Yo estoy encantada, entre comillas, de que suban los impuestos a las empresas españolas siempre que otros paguen lo que tienen que pagar aquí", ha apuntado. Por último, en materia fiscal, también se ha referido a la competitividad con otros mercados. "Debemos ser competitivos en temas fiscales, de cargas sociales, de atracción de talento", ha apuntado. "Debe ser una política fiscal competitiva con Europa y regulatoria con Estados Unidos".Por último, los tres grandes ejecutivos han reivindicado el papel del empresario, especialmente Isla, uno de los directivos mejor pagados de España. "Tenemos que poner en valor la figura del empresario, en España existe un déficit brutal", ha apuntado, señalando que los empresarios trabajan "mañana tarde y noche". "Ni de lejos se les reconoce suficientemente su valor en ningún ámbito", ha apuntado. "Todos estamos de acuerdo en que queremos una economía digital, feminista y verde", ha señalado Botín al hilo de las palabras de Isla. "Pero no puede haber inclusión social e igualdad sin empresas que creemos empleo y paguemos impuestos", ha defendido. "Tenemos que apoyar a la empresa pequeña, mediana y grande, esto tiene que mejorar en Europa", ha zanjado.
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Sánchez enfría la subida del salario mínimo en 2021
Pedro Sánchez ha enfriado la posibilidad de subir el Salario Mínimo Interprofesional en 2021 ante la batalla que se abre ahora en el seno del Gobierno de coalición después de que el comité de expertos mandatado por el Ministerio de Trabajo haya culminado el informe sobre el crecimiento que debe producirse para alcanzar el objetivo de que se sitúe en el 60% del salario medio en España, que es lo que marca la Carta Social Europea y el compromiso del Ejecutivo para esta legislatura. Las posiciones son divergentes en los ministerios económicos: Nadia Calviño pretende que siga congelado mientras que Yolanda Díaz aspira a que se incremente este mismo año ante el crecimiento de los precios. El presidente ha inclinado la balanza hacia la primera, aunque ha dejado el asunto abierto para el diálogo social. "Ahora mismo lo relevante es la creación de empleo y la consolidación del crecimiento económico", ha afirmado Sánchez siguiendo el argumentario de la vicepresidenta económica. "Vamos a hablar con los agentes sociales, pero el principal objetivo del Gobierno es consolidar la recuperación económica, consolidar los extraordinarios datos de afiliación a la Seguridad Social y recuperar el empleo perdido", ha agregado el presidente en una rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, que se ha trasladado a España para oficializar el visto bueno al plan de recuperación, transformación y resiliencia con el que se invertirán los 69.000 millones de fondos europeos. Sánchez ha aprovechado para "reivindicar" que el suyo es el Gobierno que más ha subido el SMI. Desde que está en Moncloa ha pasado de 735,9 euros al mes a los 950 euros actuales. El objetivo es alcanzar en torno a unos 1.200 euros mensuales, que es el salario medio en España. Ese es el compromiso del Gobierno. En lo que hay divergencias es en los plazos en los que se deben acometer las correspondientes subidas para alcanzar esa cifra. La parte socialista del gabinete se inclina por dejarlo como está e incrementarlo en 2022 y 2023, mientras que Unidas Podemos quiere que el primer incremento sea inminente.El debate sobre la subida del SMI ya se produjo a finales de 2020 y Sánchez decidió no subirlo. En aquel momento, el Gobierno aseguró que la posibilidad de subir el SMI se estudiarí de nuevo en el segundo semestre de este año para valorar si las condiciones económicas lo aconsejan.
2 h
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El BCE advierte que ningún banco europeo cumple con sus expectativas frente al cambio climático
El Banco Central Europeo (BCE) ha destacado que casi todos los bancos han desarrollado planes para abordar los riesgos relacionados con el cambio climático, aunque ha advertido de que "ninguna de las entidades supervisadas" cumple con todas las expectativas de la institución al respecto, según ha señalado Frank Elderson, miembro del directorio del banco central y vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE."Todos están todavía muy lejos de cumplir con las expectativas de supervisión que hemos fijado", ha reconocido Elderson durante una conferencia, donde ha advertido de que todos los bancos "tienen varios puntos ciegos" y es posible que se encuentren expuestos a riesgos climáticos importantes.De hecho, en función de los datos más recientes Elderson ha señalado que el 90% de las prácticas informadas son consideradas por los propios bancos solo parcialmente o en absoluto alineadas con las expectativas de supervisión del BCE, mientras que más de la mitad de entidades no tiene un enfoque para evaluar el impacto de los riesgos climáticos y solo alrededor del 40% han asignado la responsabilidad explícita de la gestión de estos riesgos al órgano de administración."Los bancos a menudo afirman que su falta de progreso en la incorporación de los riesgos climáticos en sus marcos de gestión de riesgos se debe a la falta de datos disponibles, pero, en realidad, pocos bancos han hecho algún esfuerzo para hacer un balance de qué tipo de datos necesitarían realmente para comenzar a contabilizar los riesgos climáticos", ha añadido.Por este motivo, el ejecutivo del BCE ha asegurado que todos los bancos "deben ponerse al día" con rapidez en la incorporación de los riesgos climáticos, ya que sus compromisos sobre esta cuestión eventualmente influirán en sus requisitos de supervisión. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas) tiene previsto celebrar el próximo año un examen a la banca europea sobre sus riesgos climáticos.
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La plantilla de CaixaBank irá a la huelga ante la falta de acuerdo para el ERE
Los sindicatos de CaixaBank han convocado una huelga general en el banco para el próximo día 22 de junio. El acuerdo para formalizar el ERE en la entidad participada por el Estado todavía se encuentra lejos y los representantes de los trabajadores han optado por movilizar a la plantilla. En este caso la convocatoria cuenta con el respaldo de todas las fuerzas sindicales del banco.La negociación del ERE en CaixaBank comenzó hace más de mes y medio, pero el acuerdo no llega. De hecho, ya se tuvo que ampliar el periodo legal de la mesa de negociación, que venció a principios de junio sin que se sellase un acuerdo. Se pospuso la fecha a finales de junio, pero los días pasan y sindicatos y el banco no alcanzan un punto en común. La próxima reunión de la mesa es, precisamente, el próximo 22 de junio, a pocos días de que venza de nuevo la prolongación del proceso.El banco ha informado este miércoles a los sindicatos de que tiene disposición de "facilitar al máximo que las salidas de la entidad sean voluntarias". "Ha de ser el criterio absolutamente prioritario", han señalado fuentes del banco. El banco se ha abierto al establecimiento de cupos máximos de salidas por tramos de edad o la incorporación de criterios de prelación que ordenen qué personas tendrían prioridad a la hora de aceptar su solicitud de baja voluntaria. Este tipo de medidas serían alternativas a la limitación del porcentaje de salidas de mayores de 50 años al 60% del total. En los últimos días el banco también ha mejorado su propuesta económica.Sin embargo, los sindicatos mantienen su oposición al ERE tal y como está propuesto y, entre otras cuestiones, piden que se retire de la mesa la posibilidad de los despidos forzosos. Además, han manifestado su "profundo malestar" por el plan de recolocaciones que el banco ha ofrecido a los sindicatos.
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El precio del suelo urbano se desploma en toda España y cae al nivel más bajo desde 2004
El precio del suelo urbano se desplomó en toda España en el primer trimestre de 2021, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. La caída no es solo respecto al mismo período del año pasado —que podría estar alterado por el estado de alarma, declarado el 14 de marzo de 2020— sino también respecto a 2019, el año antes de la pandemia. Así, un metro cuadrado de suelo está ahora mismo a 136,4 euros, frente a los 164,1 euros de 2020 y los 159,7 euros de 2019. Es el precio más bajo registrado de toda la serie, que empieza en 2004, cuando por un metro de suelo urbano se pagaba una media de 206 euros.La caída del precio del suelo se da en prácticamente todas las provincias de España. Solo se salvan Palencia (+73%), Ourense (+54%), Jaén (+30%), Álava (+30%), Cantabria (+23%), Cádiz (+19%), Lleida (+17%), Huelva (14%), Asturias (+9%), Badajoz (+8%), Sevilla (+(5%) y Baleares (+1%). Las caídas más pronunciadas son las de Burgos, Zaragoza, Granada y Teruel, donde los precios del suelo son hoy hasta un 50% más baratos que hace un año y un 30% más baratos que en 2019, el dato que mejor se ajusta a la realidad pre-pandémica.En las grandes áreas urbanas también bajan. Madrid registra una caída interanual del 6%, aunque sube ligeramente respecto a 2019. Un metro cuadrado cuesta hoy una media de 270 euros, frente a los 309 de hace dos años. En Barcelona, el metro cuadrado cuesta 186 euros, menos que en 2019, cuando costaba 214 euros. En Málaga ha bajado de 249 euros a 195 euros. En Valencia, de 190 a 143. Pese a la caída de los precios, las transacciones de suelo aumentaron en casi todas las provincias respecto al mismo período de 2019. En el primer trimestre del año se produjeron 6.631 transacciones en toda España, frente a las 4.743 de hace dos años. Suben las transacciones de personas físicas (de 3.189 a 4.569) y también las de personas jurídicas (de 1.554 a 2.062), aunque sin alcanzar los niveles pre-crisis financiera. El valor conjunto de las transacciones cayó respecto a 2019: si entonces hubo transacciones por valor de 878 millones de euros, ahora, aunque hay más, tienen un valor conjunto de 856 millones.
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El Gobierno estudia volver a suspender el impuesto a la generación de electricidad ante la escalada del recibo
El Gobierno estudia volver a suspender el impuesto del 7% a la generación de electricidad, como ya hizo a finales de 2018, ante la espectacular escalada del mercado mayorista eléctrico, el conocido como pool. La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha señalado este miércoles en el Congreso que “no es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento”, la “suspensión” de alguna figura impositiva “con carácter excepcional y provisional”, para “facilitar” a los consumidores “hacer frente” a un incremento de costes que ha atribuido al encarecimiento de los combustibles fósiles.El Gobierno ya suspendió ese tributo 6 meses, desde octubre de 2018 hasta abril de 2019. El impuesto aporta al sistema eléctrico (no financia las arcas públicas) unos 1.500 millones anuales. Grava con un 7% el valor de la generación de todas las centrales y en buena medida se traslada al precio mayorista (esto es, lo acaba pagando el consumidor). Las eléctricas lo han recurrido sistemáticamente en los tribunales, sin éxito. Fue avalado por la Justicia europea en marzo pasado y por el Tribunal Constitucional en julio de 2017. Fue introducido en la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2012 para intentar embridar el déficit tarifario, aunque el propio PP lleva años pidiendo su supresión. “Este Gobierno debe ser sensible y debe preocuparse por los consumidores, por lo que no descartamos medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad con rigor y congruencia la reforma de nuestra fiscalidad energética”, ha dicho Ribera. “Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato”, ha señalado durante una interpelación urgente del PP para rendir cuentas sobre el encarecimiento del recibo.“Nos preocupa enormemente la evolución del precio de la electricidad, las previsiones de precios del gas y las previsiones de precios del CO2 y sobre todo nos preocupa su impacto en el recibo de las familias, la industria y las pymes”, ha señalado la vicepresidenta, en el día en el que el mercado mayorista marca el tercer precio más elevado de la historia. La espiral alcista se ha agudizado tras la entrada en vigor, el 1 de junio, de la nueva factura que penaliza las horas más caras y en pleno pulso del Gobierno con las eléctricas para tratar de recortar los denominados “beneficios caídos del cielo” que reciben la tecnología hidroeléctrica y la nuclear por el encarecimiento del CO2.Ribera ha anunciado también que, junto con el Ministerio de Hacienda y el de Industria, Transición Ecológica prepara una dotación extra de 100 millones de euros en créditos para compensar a la industria por el espectacular encarecimiento del CO2, que ha propiciado la actual escalada del pool eléctrico. La vicepresidenta ha defendido la nueva factura eléctrica por tramos horarios porque permite incentivar el ahorro y la eficiencia y no se ha pronunciado sobre la petición de dos ministros de Unidas Podemos de adelantar a las 22.00 horas el tramo más barato de la nueva factura. Ribera ha señalado que, más allá de las posibles medidas extraordinarias, el mercado eléctrico necesita soluciones “estructurales”, como el proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno para sacar de la tarifa el coste de las primas a las renovables y cargarlo al conjunto de consumidores eléctricos y al anteproyecto que prevé atacar los denominados “beneficios caídos del cielo” de hidráulica y nuclear. Esas medidas no van a entrar en vigor en el corto plazo.La vicepresidenta ha defendido que, pese el episodio alcista de estos días, España ha logrado una reducción “histórica” del diferencial de precios de su mercado mayorista de electricidad con respecto a Alemania y Francia en los dos últimos dos años y medio. “Quien compre hoy electricidad para 2022 y 2023 en España ya lo hace más barato”, ha asegurado. 
9 h
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La CNMC abre expediente a Santander, Sabadell, Bankia y CaixaBank por posibles prácticas anticompetitivas en los créditos ICO
La CNMC ha incoado un expediente sancionador contra Banco Sabadell, SA, Banco Santander, SA, Caixabank, SA y Bankia, SA., por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO COVID. Estos avales fueron habilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en 2020, para facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos y hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
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La publicidad de criptomonedas deberá incluir advertencias visibles sobre sus riesgos para proteger al consumidor
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha puesto el foco en la publicidad de los criptoactivos, como el bitcoin, y avanza en su intención de restringir los mensajes que pueden aparecer en estas campañas. En los últimos meses han proliferado las plataformas de compraventa de este tipo de activos de inversión y la CNMV pretende crear un marco regulatorio que evite la falta de transparencia y los mensajes que atraigan a inversores que no comprenden los riesgos que pueden tener. Por ello, ha abierto hasta el próximo 31 de agosto a consulta pública un proyecto de normativa para la publicidad de estas inversiones."Las impactantes revalorizaciones de algunos criptoactivos han aumentado su atractivo como inversión, que se ha venido intensificando por las numerosas campañas publicitarias que han podido incitar a inversores minoritarios a invertir en estos nuevos activos sin disponer de información suficiente sobre su naturaleza y los riesgos que conllevan", explica la CNMV. El Consejo de Ministros dio en marzo la capacidad a la CNMV para regular esta publicidad y es en este contexto en el que se desarrolla la nueva norma que, en cualquier caso, sería complicado que entrara en vigor antes del final de este año.La norma que desarrolla el supervisor del mercado de valores incluye algunas obligaciones que afectarán a cualquier tipo de publicidad que se haga sobre estos criptoactivos. La primera de ellas provocará que los anuncios contengan advertencias sobre los riesgos de esta inversión. "Los criptoactivos no están regulados, pueden no ser adecuados para inversores minoristas y perderse la totalidad de la inversión". Este será el mensaje que deberá aparecer en las comunicaciones comerciales. Eso sí, no valdrá con que se esconda entre la letra pequeña del final del anuncio. "Se incluirán en la comunicación comercial, con formato y posición que garantice su relevancia dentro de la pieza publicitaria y no debiendo incluirse como información secundaria o en notas a pie de página", zanja el organismo supervisor.A ello se sumará que la empresa estará obligada a ofrecer un enlace donde los consumidores puedan acceder a un informe detallado de los riesgos que tiene la inversión en estos activos, bajo la advertencia de 'Importante leer'."La publicidad sobre criptoactivos deberá ser, clara, equilibrada, imparcial y no engañosa", apunta la CNMV. Para ello, asegura que se deberá utilizar un "un lenguaje sencillo y fácil de comprender" y que no incluya información sesgada o ambigua sobre el carácter de estas inversiones. Obligará a que, en caso de informaciones periodísticas patrocinadas, quede patente desde el comienzo que se trata de una comunicación comercial. Además, exigirá que haya coherencia entre el mensaje de la campaña publicitaria y los riesgos a los que estarán obligados a informar con la nueva norma.El organismo supervisor pretende que se limiten las alusiones a "elevadas rentabilidades pasadas". De hecho, si se eligiera un periodo para informar de una gran revalorización, se debería notificar también, en igual tamaño, el periodo anterior y el posterior donde se hubiera podido observar una depreciación. La CNMV aclara, eso sí, que no se detallarán rentabilidades para periodos menores de un año. Además, deberá indicarse de "forma destacada" que las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Es decir, que su evolución en el pasado no debe servir como una guía para el futuro.Así, la CNMV confía en que la normativa evitará crear "impresiones o expectativas desproporcionadas o falsas" que resulten como incentivo para operar con el criptoactivo. La norma asume que no todos los soportes publicitarios podrán incluir toda la información solicitada, por lo que obligará a incluir enlaces y avisos que lleven a una comunicación detallada sobre el carácter de estas inversiones. Por último, la CNMV prohíbe que se incluyan mensajes sobre limitación de responsabilidades de la empresa en cuestión y la hará responsable del cumplimiento de la norma en redes sociales cuando reenvíe comunicaciones hechas por terceros (por ejemplo, influencers), incluso aunque la empresa no haya generado este contenido.El supervisor del mercado de valores entra incluso al detalle del lenguaje. Señala que en caso de utilizar adjetivos superlativos o diminutivos, "deberá basarse en factores o datos objetivos y verificables que permitan acreditarlo". Las advertencias deberán ocupar al menos la quinta parte del anuncio, con un tipo de letra o un ritmo de lectura que permita su comprensión por parte del potencial consumidor.La CNMV se reserva la capacidad de solicitar una comunicación previa de cualquier campaña comercial. Aunque señala que solo será obligatoria para aquellas de carácter masivo (las que lleguen a más de 100.000 personas), apunta que se podrá solicitar cuando se considere necesario. Las empresas tendrán que dar información detallada sobre las características de la campaña (medios utilizados, tiempo, etc.) y de la información de las piezas publicitarias. Tras ello, la CNMV podrá exigir el cese o modificación de cualquiera de estas campañas si entiende que no se adaptan a las exigencias de transparencia o no incluyan las advertencias requeridas.Por último, la CNMV recuerda los riesgos en esta normativa que tienen los criptoactivos. En especial, señala que estas inversiones no están cubiertos por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores. A ello se suma que los grandes cambios pueden provocar que se pierda todo lo invertido o que no existen mecanismos claros sobre la formación del precio de estos activos, como sí sucede con otras inversiones. Los vínculos con la ciberdelincuencia también aparecen referidos en la circular de la CNMV, así como que todavía no sea un medio de pago comúnmente reconocido.
1 d
eldiario.es
El precio de la luz no da tregua y roza el máximo de la borrasca Filomena para el miércoles
El precio medio de la luz en el mercado mayorista de electricidad vuelve a subir para este miércoles y se sitúa, según datos provisionales de OMIE, en 94,63 euros por megavatio hora (MWh), 3,68 euros por encima del precio medio del martes y apenas 36 céntimos por debajo del pico de 94,99 euros alcanzado el pasado 8 de enero, en vísperas de la llegada de la borrasca Filomena y una ola de frío y nieve. El pool, que este martes ya superó los 90 euros por MWh por primera vez desde enero, continúa así su escalada y marca para este miércoles uno de los precios más elevados de la historia. Esta espiral alcista se ha agudizado tras la entrada en vigor, el 1 de junio, de la nueva factura que penaliza las horas más caras y en pleno pulso del Gobierno con las eléctricas para tratar de recortar los denominados “beneficios caídos del cielo” que reciben la tecnología hidroeléctrica y la nuclear por el encarecimiento del CO2.El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura a entorno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y algo más del 21% a los impuestos.Solo en los quince primeros días de junio, el recibo de la luz de un usuario medio se ha disparado un 45,4% en la primera quincena de junio, frente al mismo periodo del año pasado, según datos de Facua. La asociación de consumidores estima que, si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 15 de junio, el recibo del usuario medio sufriría una subida interanual de 27,53 euros y se situaría en 88,11 euros (impuestos incluidos).De esta manera, junio apunta a la segunda factura más cara de toda la historia, teniendo por delante sólo los 88,66 euros del primer trimestre de 2012, "aunque sospechamos que puede haber más subidas a lo largo del mes", ha apuntado en una rueda de prensa telemática el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. El incremento interanual de estos quince días representa para el usuario medio, según Facua, un 45,4% más con respecto a junio de 2020, cuando el recibo mensual se situó en 60,58 euros. La factura del usuario medio del pasado mayo fue de 82,13 euros.El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el actual perfil de usuario medio sin discriminación horaria publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario 'valle', el 29% en el horario 'punta' y el 26% en el horario 'llano'.Por su parte, el precio medio del kilovatio hora (kWh) del 1 al 15 de junio ha sido de 13,62 céntimos en horario 'valle' (impuestos incluidos), de 18,19 céntimos en horario 'llano' y de 30,35 céntimos en horario 'punta'.En junio de 2020, el precio medio sin discriminación horaria fue de 11,31 céntimos, y un año antes, en junio de 2019, de 13,78 céntimos. En cuanto a la media del pasado mayo, fue de 17,20 céntimos.Según los datos de Facua, si se ponderan los consumos del usuario medio en cada tramo horario, el precio medio del kWh estos primeros quince días de junio asciende a 19,65 céntimos, un 73,7% por encima de los 11,31 de junio de 2020. El precio se acerca al pico histórico de la segunda semana de enero de 2021 (del 8 al 14), cuando alcanzó los 20,64 céntimos.Con independencia de los picos diarios que se han alcanzado en determinados momentos, el precio mensual más elevado de la historia se dio durante todo el primer trimestre de 2012, cuando el kWh se situó en 20,85 céntimos.En un comunicado, la asociación reclama al Gobierno soluciones ante "los brutales incrementos tarifarios" que continúan aplicando las eléctricas y un cambio en el nuevo sistema de facturación por tramos horarios en vigor desde el 1 de junio, "que representa por sí solo un incremento en el precio de la energía consumida para un altísimo porcentaje de consumidores y perjudica especialmente a las economías más desfavorecidas".Asimismo, considera que la bajada media del 14,2% en el precio del término fijo de la factura resulta "absolutamente insuficiente, máxime teniendo en cuenta que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se incrementó en un 103%" y lamenta que la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "no haya manifestado públicamente que la CNMC debe modificar los horarios, con el adelanto del periodo 'valle' a las 22.00 horas de lunes a viernes" que reclama Facua.Este organismo ha señalado ya que es precipitado para hacerlo tras pedirlo dos ministros de Unidas Podemos, aunque el Gobierno tiene la potestad de actuar sobre la parte regulada del recibo que controla, los cargos.No obstante, Facua valora "positivamente" la propuesta de recorte de 1.000 millones de euros anuales en las sobre retribuciones a las eléctricas por la no emisión de CO2 en las centrales hidráulicas y nucleares.Además, la asociación exige "una reforma de calado" del bono social para que sean muchas más familias las que puedan acogerse a él y una bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la factura de los consumidores domésticos, que pagan más de un 27% de impuestos indirectos al repercutírsele el IVA general, del 21%, más el impuesto especial sobre la electricidad.
1 d
eldiario.es
El recibo de la luz se dispara un 45% en la primera quincena de junio, con casi 28 euros más
El recibo de la luz de un usuario medio se ha disparado un 45,4% en la primera quincena de junio, frente al mismo periodo del año pasado, según datos de Facua. La asociación de consumidores estima que, si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 15 de junio, el recibo del usuario medio sufriría una subida interanual de 27,53 euros y se situaría en 88,11 euros (impuestos incluidos). De esta manera, junio apunta a la segunda factura más cara de toda la historia, teniendo por delante sólo los 88,66 euros del primer trimestre de 2012, "aunque sospechamos que puede haber más subidas a lo largo del mes", ha apuntado en una rueda de prensa telemática el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. Para este martes, el megavatio hora en el mercado mayorista, que determina el precio de la energía, ronda los 91 euros, el más alto desde enero.El incremento interanual de estos quince días representa para el usuario medio, según Facua, un 45,4% más con respecto a junio de 2020, cuando el recibo mensual se situó en 60,58 euros. La factura del usuario medio del pasado mayo fue de 82,13 euros.El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el actual perfil de usuario medio sin discriminación horaria publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario 'valle', el 29% en el horario 'punta' y el 26% en el horario 'llano'.Por su parte, el precio medio del kilovatio hora (kWh) del 1 al 15 de junio ha sido de 13,62 céntimos en horario 'valle' (impuestos incluidos), de 18,19 céntimos en horario 'llano' y de 30,35 céntimos en horario 'punta'.En junio de 2020, el precio medio sin discriminación horaria fue de 11,31 céntimos, y un año antes, en junio de 2019, de 13,78 céntimos. En cuanto a la media del pasado mayo, fue de 17,20 céntimos.Según los datos de Facua, si se ponderan los consumos del usuario medio en cada tramo horario, el precio medio del kWh estos primeros quince días de junio asciende a 19,65 céntimos, un 73,7% por encima de los 11,31 de junio de 2020. El precio se acerca al pico histórico de la segunda semana de enero de 2021 (del 8 al 14), cuando alcanzó los 20,64 céntimos.Con independencia de los picos diarios que se han alcanzado en determinados momentos, el precio mensual más elevado de la historia se dio durante todo el primer trimestre de 2012, cuando el kWh se situó en 20,85 céntimos.En un comunicado, la asociación reclama al Gobierno soluciones ante "los brutales incrementos tarifarios" que continúan aplicando las eléctricas y un cambio en el nuevo sistema de facturación por tramos horarios en vigor desde el 1 de junio, "que representa por sí solo un incremento en el precio de la energía consumida para un altísimo porcentaje de consumidores y perjudica especialmente a las economías más desfavorecidas".Asimismo, considera que la bajada media del 14,2% en el precio del término fijo de la factura resulta "absolutamente insuficiente, máxime teniendo en cuenta que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se incrementó en un 103%" y lamenta que la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "no haya manifestado públicamente que la CNMC debe modificar los horarios, con el adelanto del periodo 'valle' a las 22.00 horas de lunes a viernes" que reclama Facua. Este organismo ha señalado ya que es precipitado para hacerlo tras pedirlo dos ministros de Unidas Podemos, aunque el Gobierno tiene la potestad de actuar sobre la parte regulada del recibo que controla, los cargos.No obstante, Facua valora "positivamente" la propuesta de recorte de 1.000 millones de euros anuales en las sobre retribuciones a las eléctricas por la no emisión de CO2 en las centrales hidráulicas y nucleares.Además, la asociación exige "una reforma de calado" del bono social para que sean muchas más familias las que puedan acogerse a él y una bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la factura de los consumidores domésticos, que pagan más de un 27% de impuestos indirectos al repercutírsele el IVA general, del 21%, más el impuesto especial sobre la electricidad.
1 d
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La UE y EEUU acaban con 17 años de guerra comercial por Airbus y Boeing
La Unión Europea y Estados Unidos entierran 17 años de guerra comercial. Así es tras acordar prolongar durante cinco años una tregua arancelaria pactada en marzo para desescalar la guerra comercial por Airbus y Boeing. Así lo publicaba la agencia AFP, adelantando el anuncio de la prolongación de la suspensión de aranceles en su disputa por las ayudas a los gigantes de la aviación, amenazados también por la pujante industria de aviones comerciales de China.El acuerdo para aparcar la guerra comercial empresarial más grande del mundo ayudará al fabricante estadounidense, Boeing, y al europeo, Airbus, al tiempo que alivia docenas de otras industrias afectadas por los aranceles aprobados en el contexto de esa guerra comercial, y que fueron congelados en marzo y que se veían en medio de una nueva guerra comercial en unas semanas, a partir del 1 de julio, si no se producían avances.La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, se reunió el lunes con su homólogo de la UE, Valdis Dombrovskis, el lunes antes de la cumbre entre Estados Unidos y la UE de este martes, donde China también será un tema clave. Tai viaja a Gran Bretaña el miércoles.La Comisión Europea, que tiene las competencias de la política comercial de la UE, y Estados Unidos se habían comprometido a encontrar una solución para el 11 de julio, cuando se reanudarán los aranceles transatlánticos actualmente suspendidos, explica Reuters, que cita fuentes que habían apuntado a una solución permanente a través de dos tratados, uno entre Estados Unidos y la Unión Europea; y otro entre Washington y Londres, tras la salida de Reino Unido de la UE, sobre nuevas reglas básicas para la industria aeroespacial.Pero llegar a un acuerdo detallado ha resultado complicado, dadas casi dos décadas de disputas legales y miles de páginas de documentos, dijo una fuente a Reuters.Los aranceles sobre bienes por valor de 11.500 millones de dólares se impusieron progresivamente a partir de 2019 después de que Estados Unidos y la UE obtuvieran victorias parciales en la Organización Mundial del Comercio por reclamaciones de ayuda pública a Boeing y Airbus.La disputa se ha prolongado desde 2004, cuando Estados Unidos se retiró de un pacto de ayudas públicas a la aviación de 1992, y llevó a la UE a la OMC, alegando que Airbus había logrado igualar la participación de Boeing en el mercado aéreo gracias en parte a préstamos gubernamentales subsidiados. La UE presentó una contrademanda por lo que denominó apoyo injusto a la I + D e incentivos fiscales subvencionados para Boeing.En los últimos meses, funcionarios europeos, británicos y estadounidenses se han involucrado en intensas discusiones para resolver la disputa y enfocarse en otros desafíos, incluida China.
1 d
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La guerra familiar de Eulen: la presidenta pide a sus hermanos un CEO independiente en la sociedad dueña de Vega Sicilia
Nuevo capítulo en la guerra familiar de los hermanos Álvarez Mezquíriz, dueños de Eulen y de las bodegas Vega Sicilia, principal marca de lujo en España y productora de uno de los vinos más reconocidos en el mundo. La presidenta y máxima accionista de Eulen, María José Álvarez, ha solicitado que la próxima junta de accionistas de El Enebro, la sociedad patrimonial de la familia con la que sus hermanos controlan las bodegas y la cárnica Valles del Esla, debata entre otras propuestas nombrar un consejero delegado "independiente".La primera ejecutiva del gigante español de los servicios solicita también el cese de su hermano Juan Carlos como administrador de El Enebro y entrar en un consejo de administración de nueva creación. Y exige que se analice el efecto en El Enebro del reciente traslado a España de Mezqual Limited, instrumental británica que sus hermanos utilizaron durante años para controlar El Enebro. Pablo Manuel, Emilio, Juan Carlos, María Elvira y Marta Álvarez Mezquiriz, los cinco herederos "díscolos", como los denominaba su padre, el fallecido fundador de Eulen, David Álvarez, han liquidado recientemente esa firma ante la "pérdida de interés" que, según ellos, implicaba mantenerla allí tras el Brexit.María José Álvarez, que también vuelve a reclamar que El Enebro reparta un dividendo, ha incluido esas propuestas en un complemento a la convocatoria de la junta de accionistas que esa patrimonial prevé celebrar el 30 de junio, en primera convocatoria, o el 1 de julio en segunda. La presidenta de Eulen controla en torno al 60% del gigante Eulen (sus hermanos se reparten el resto) y tiene un 16% de El Enebro, en la que no manda, y ha pedido incluir esas propuestas al superar el 5% que estipula la Ley de Sociedades de Capital. Respecto a la británica Mezqual, exige un informe del órgano de administración de El Enebro "sobre el estado y grado de avance del proceso de fusión por absorción entre las sociedades Mezqual Limited y Mezqual Ibérica, SL, sobre la ecuación de canje de los títulos de las sociedades afectadas por la fusión, sobre las condiciones, incluidas las económicas, de la transmisión de las acciones de El Enebro, SA, entre las sociedades afectadas por la fusión y sobre la incidencia de esa fusión en la organización y actividad de la sociedad". También pide que ese informe explique las "relaciones contractuales entre Mezqual Ibérica, SL, y El Enebro, SA", según el nuevo orden del día de la junta. Fuentes cercanas a los cinco hermanos díscolos muestran su sorpresa sobre una petición de información que "se refiere a cuestiones que en sí no son competencia de El Enebro, ya que se refieren a unas Cuentas consolidadas que no aplica en este momento y al proceso de fusión por absorción de una empresa extranjera por otra española que tiene acciones de El Enebro". Se trata de un asunto "que tampoco es competencia de El Enebro".Mezqual Limited era el holding que controlaba la mayoría de El Enebro y, de forma indirecta, declaraba también en torno al 40% de los cinco hermanos díscolos en Eulen. Cuando en 2016 trascendió el traslado de Vega Sicilia a Reino Unido, estos argumentaron que serviría para reforzar sus inversiones en el sector agroalimentario nacional e internacional y suprimieron el consejo de El Enebro. Lo sustituyeron por un administrador único, Mezqual (cuyo cese exige ahora su hermana), e incluyeron restricciones a la venta de las acciones para evitar la entrada de nuevos socios.Las fuentes cercanas a los cinco díscolos muestran su sorpresa por que María José Álvarez reclame información sobre las inversiones de El Enebro, algo "innecesario ya que lo pueden preguntar en la Junta". También por que pida un cambio en el órgano de administración cuando "Eulen viene rechazando la existencia de Consejo de Administración".Desde el entorno de la presidenta de Eulen se replica que, si bien sus hermanos no están en el consejo del gigante de los servicios y las externalizaciones, sí cobran dividendos, mientras en El Enebro "no se reparten hace años". María José Álvarez plantea repartir un dividendo "justo" con cargo a las reservas de la compañía. En el ejercicio 2019 (último disponible), El Enebro tuvo un beneficio neto de 23,18 millones con una cifra de ventas de poco más de 59 millones, y acumulaba unas reservas de unos 190 millones. Es una empresa mucho más rentable que Eulen, un negocio que antes del coronavirus facturaba 1.500 millones y "da un retorno del 1,5%", como explicaba María José Álvarez en una reciente entrevista en Actualidad Económica en la que confirmaba que la guerra con sus hermanos "está igual" . Álvarez contaba que algunos empresarios le habían ofrecido mediar en un conflicto de difícil solución: "Tengo algunos que me dicen: "Yo os voy a juntar a comer." Y respondo que vale, pero que no ponga ni tenedores ni cuchillos. Aprecio el esfuerzo, pero mejor que no".Sus cinco hermanos estuvieron enfrentados al padre, al que su amigo Juan Carlos I nombró marqués un año antes de su muerte, y la pugna se prolongó luego con la favorita del patriarca. El fallecimiento de David Álvarez en noviembre de 2015 también abrió un pulso entre Administraciones tributarias por ver dónde debía tributar la herencia del desaparecido magnate. En 2019, el Tribunal Supremo dictaminó que debía hacerlo en Madrid.Vega Sicilia, adquirida por David Álvarez en 1982, es el principal negocio de El Enebro. Con más de 150 años de historia, Vega Sicilia incluye también Bodegas Alión, Pintia en Toro, Bodegas Tokaj Oremus en Hungría, la finca agrícola El Quexigal y las empresas asociadas Benjamín de Rothschild (con la que elaboran en La Rioja su vino Macán) y Europvin (20%). En 2019, Bodegas Vega Sicilia tuvo unos ingresos de 36,6 millones y un beneficio de 26 millones y vendió por primera vez más en el extranjero que en España. En el año previo a la pandemia, exportó 157.233 botellas, el 50,1% del total, a un precio medio de 110,8 euros (10 euros más que un año antes), y por encima del obtenido por las botellas vendidas en España.En octubre, en una entrevista a El País, el consejero delegado de Tempos Vega Sicilia, Pablo Álvarez, anticipaba unos resultados aceptables para el ejercicio 2020 pese a la pandemia, gracias a la fortaleza del mercado del lujo, y restaba importancia a la aportación de Eulen al holding que comparte con sus hermanos: "Nunca nos ha ayudado financieramente… jamás. Creo que algunos años ganamos más que Eulen". También abría la puerta a vender la bodega si no veía un relevo claro al frente de la empresa que dirige desde 1986.
2 d
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El ingreso mínimo vital solo llega a un tercio de los hogares previstos un año después
El Ingreso Mínimo Vital cumple un año en estos días. Justo este martes, 15 de junio, han pasado doce meses desde que se puede solicitar la primera renta mínima estatal en España. La medida aprobada por el Gobierno de coalición supuso un hito en la lucha contra la pobreza en el país, al establecer un suelo mínimo de ingresos homogéneo en todo el Estado, una reclamación de las organizaciones sociales, las voces expertas en pobreza y la propia Comisión Europea. Un año después, la ayuda sigue siendo celebrada por la importancia de su puesta en marcha, con un importante "pero": ha alcanzado a muchas menos personas de las previstas, "725.000", algo menos de un tercio respecto a la meta de 2,3 millones que se fijó el Ejecutivo. La aprobación de la ayuda no fue un paso menor. Sobre todo por el momento en que salía adelante. En plena pandemia, el Gobierno de coalición aceleró la implantación de este compromiso electoral, que se preveía para desarrollar a lo largo de la legislatura. Bruselas reclamaba a España este mínimo de protección social desde hacía años, pero ningún gobierno lo había implantado hasta la fecha. España es uno de los países con mayor tasa de pobreza en la UE, con una de cada cinco personas en riesgo de pobreza, el 20,7% en 2019. La media de la UE es del 16,8%. El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que adelantaba la puesta en marcha del IMV dentro de su política de protección de rentas por la crisis de la pandemia. Pese a las diferencias de enfoque entre el Ministerio de Inclusión dirigido por José Luis Escrivá y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, en ese momento liderada por Pablo Iglesias, el Ejecutivo de coalición dio luz verde a la ayuda en un Consejo de Ministros a finales de mayo de 2020. Solo dos meses y medio después de la irrupción del coronavirus en el país. Se dirigía a hogares en pobreza severa, a las situaciones más graves dentro de este colectivo, con diferentes umbrales de ayuda según el tipo de hogar que iban desde 461,50 euros a 1.015 euros al mes.Uno de los éxitos más destacados de la medida fue su amplísimo respaldo de los partidos en el Congreso, en un momento de mucha crispación política. Todos los partidos votaron 'sí' a la ayuda, excepto Vox. La extrema derecha ni siquiera votó 'no', sino que se abstuvo finalmente, pese al discurso que habían iniciado en contra de lo que llamaban la "paguita" para pobres. Las organizaciones sociales y voces expertas en pobreza señalaban el avance logrado con este respaldo político, después de muchos años en los que se reclamaban medidas de este tipo dada la escasa inversión de España contra la pobreza. Así las limitadas transferencias sociales existentes apenas lograban aliviar la situación de los hogares con menos recursos. Ese respaldo parlamentario se vio empañado la semana pasada, por las fuertes críticas del PNV al ministro Escrivá debido al retraso en el traspaso de competencias de la gestión del IMV. La Seguridad Social ha mandado una propuesta de transferencia a Euskadi, que ha sido tachada de "inaceptable" por la consejera Idioa Mendia, del PSOE. El País Vasco no es la única comunidad que ha mostrado su descontento con el Gobierno por la falta de coordinación en la puesta en marcha del IMV, lo que complica la adaptación de las rentas mínimas regionales que ya existían. En estos doce meses desde que se puede pedir la ayuda, el IMV ha sufrido varias modificaciones vía real decreto con el fin de mejorar el acceso a la prestación. Ese ha sido el mayor reto de la ayuda: llegar con rapidez a las personas a las que va dirigida. La avalancha inicial de peticiones, sumada a la falta de personal de la Seguridad Social y a las complicaciones por la pandemia explicaron en parte el retraso en la tramitación en los primeros meses. Pero "sigue siendo una tramitación muy lenta", denuncian desde el colectivo RMI Tu Derecho, en contacto con beneficiarios de rentas mínimas en Madrid. "La gestión sigue llevando meses. Ahora nos están respondiendo peticiones que hicimos en verano y algo después. Presentamos varias en febrero de las que no sabemos nada aún", explica Roberto Borda, del colectivo. El Gobierno estimó que el ingreso mínimo vital llegaría a unos 850.000 hogares beneficiarios, aproximadamente unas 2,3 millones de personas. Este escenario suponía triplicar el número de hogares pobres protegidos por una renta mínima hasta el momento, dado el alcance de las ayudas de las comunidades autónomas. Por el momento, la cifra de hogares protegidos ya se ha logrado superar en estos doce meses, teniendo en cuenta los datos de 2019, pero no se ha disparado la protección como se preveía.El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha difundido la cifra más actualizada de beneficiarios de la ayuda, "725.000 personas", según compartió este mes de junio en su cuenta de Twitter para celebrar el primer año de vida del IMV. En la Seguridad Social explican que el dato de hogares se sitúa alrededor de "los 300.000". El balance de estas cifras ha vuelto a encontrar importantes diferencias en el seno del Gobierno. El ministro Escrivá ha valorado en varias ocasiones como un "éxito" la puesta del IMV por la complejidad de la tramitación de este tipo de prestaciones. En unos meses y pese al reto de la pandemia, el titular de Inclusión ha destacado que el IMV alcanzó la misma protección que las comunidades autónomas tardaron "años" en alcanzar. Incluso "décadas". El ministro suele recordar también que se han rechazado muchas solicitudes. Es decir, que gran parte de los hogares que pidieron la ayuda, unos 700.000, no cumplían con los requisitos de acceso. La meta de los 850.000 hogares "se mantiene", indican en el Ministerio que dirige Escrivá, pero precisan que desplegar al 100% estas prestaciones "lleva tiempo". El Ministerio de Inclusión prometió un informe de balance del funcionamiento de la ayuda para el mes de enero, pero que aún no se conoce. Fuentes del Ministerio indican a este medio que esperan poder dar cuenta de la evaluación "en los próximos días", sobre todo, centrada en intentar saber "por qué aquellos que vimos previamente que tenían derecho a solicitar la prestación no la han solicitado". Cáritas es una de las ONG que ha destacado el importante número de hogares vulnerables que desconocían o no tenían suficiente información sobre el IMV, casi la mitad de las atendidas por la ONG. De hecho, solo "el 16%" de las personas atendidas por Cáritas percibe la ayuda. Desde Unidas Podemos en cambio son bastante más críticos con el balance de este primer año, que creen que ha sido insuficiente dada la meta marcada y la necesidad social en las calles. La pandemia afloró mucha pobreza ya existente, pero oculta, a través, por ejemplo, de las llamadas "colas del hambre". "La aprobación urgente del IMV durante la pandemia fue una demostración de la capacidad del Gobierno para dar respuesta a una situación muy grave que estaba afectando a muchas familias, especialmente las más vulnerables", destacan fuentes de Unidas Podemos. "Sin embargo, el año transcurrido hace muy evidente la necesidad de corregir algunos fallos de gestión y de diseño que están impidiendo que el IMV logre completamente los objetivos que se propuso, y en particular atender rápidamente las situaciones de falta de ingresos provocadas por la COVID", añaden.Tanto dentro del Gobierno, como en las organizaciones sociales, señalan la oportunidad de mejorar el ingreso mínimo vital a través de la tramitación parlamentaria que tendrá lugar en los próximos meses. Aunque la ayuda fue aprobada como real decreto ley y ya está en vigor, los partidos políticos acordaron tramitarla como proyecto de ley, para poder debatir enmiendas con aportaciones de otras formaciones políticas. Después de meses en los que se ha prorrogado el periodo para presentar enmiendas, el plazo terminó este mes con la inclusión de una medida salida del Ministerio de Escrivá, pero que presenta el PSOE en una enmienda: una ayuda de 50 euros por hijo que complemente el ingreso mínimo vital y que llegue también a familias con hijos en pobreza moderada, como adelantó elDiario.es. Unidas Podemos ya había presentado en febrero doce enmiendas por separado para intentar presionar al Ministerio y al grupo socialista en el Congreso con el fin de que se acelerase la tramitación de la ley. En el Ministerio de Inclusión destacan su apuesta por ampliar la protección de familias con hijos mediante el complemento propuesto por cada hijo, así como la necesidad de que la ayuda llegue a colectivos que no han pedido la ayuda. Desde Unidas Podemos insisten en su petición de modificar el criterio de acceso a la ayuda, para que en lugar de tener en cuenta los ingresos del año anterior se midan "los ingresos en función de lo que una familia gana en el momento de pedir el IMV". También destacan que hay que "reconocer el derecho al IMV a quienes ya estaban recibiendo las rentas mínimas autonómicas y revisar algunos criterios restrictivos y difíciles de demostrar que están dejando fuera a colectivos que sí necesitan la prestación”.Varias ONG, como Cáritas y Oxfam Intermón, han reivindicado que se amplíe el umbral de acceso al ingreso mínimo vital, ahora focalizado en la pobreza más aguda, para que puedan acceder a la prestación al menos todas las familias en pobreza severa. Organizaciones especializadas en infancia han destacado sobre todo la necesidad de revertir la desprotección de familias pobres con hijos provocada por el desmantelamiento de la prestación por hijo a cargo. Save the Children y Unicef recuerdan el grave problema de España en este sentido, que se sitúa como el tercer país con más pobreza infantil de la UE. En RMI tu Derecho recuerdan además la necesidad de revertir varias situaciones excluyentes, que dejan fuera de la ayuda a hogares muy vulnerables. Por ejemplo, el hecho de que todos los miembros de un hogar deban tener permiso de residencia en vigor para que la familia perciba la prestación. "Esto no ocurría ni con la RMI de la Comunidad de Madrid, que solo exigía ese requisito para el titular de la ayuda. Ahora hay familias que se quedan sin el IMV porque uno de sus miembros pierde el permiso de residencia", critica Roberto Borda. La plataforma y Cáritas coinciden en pedir también más protección para los jóvenes, ya que en general no se permite la concesión de la ayuda a los menores de 23 años y se exige un mínimo de tres años de emancipación para pedir la ayuda. Este criterio, insisten las ONG, está dejando fuera a jóvenes pobres solo por su edad y destacan en concreto al colectivo de jóvenes extutelados, de los que el Estado se deja de responsabilizar a los 18 años.
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