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La justicia europea rechaza los contratos 'fijos de obra' de la construcción por permitir abusos al encadenar trabajos
En pleno debate sobre la contratación temporal en España, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado un varapalo a los contratos 'fijos de obra' del sector de la construcción. Se trata de un contrato temporal específico de la construcción, regulado en su convenio colectivo, por el que se ligan relaciones contractuales a las obras. Los magistrados han concluido este jueves que el contrato 'fijo de obra' no previene de los abusos en la temporalidad, como exige la legislación europea, al permitir encadenar sucesivos contratos de este tipo "indefinidamente". Los magistrados europeos analizan los contratos 'fijos de obra' de la construcción en España a raíz de una cuestión prejudicial planteada por un juzgado español. El tribunal le consulta varias dudas sobre el caso de un trabajador que encadenó seis contratos fijos de obra, entre los años 1996 y 2017, con la empresa Obras y Servicios Públicos S.A. En 2017, el trabajador pasa a depender de Acciona Agua tras hacerse esta con la adjudicación de un contrato público de Canal de Isabel II que antes tenía la empresa para la que trabajaba el afectado. Su último contrato 'fijo de obra' se extendió durante más años, tras lo que el empleado demandó su condición de fijo. El TJUE considera que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar a los tribunales españoles, "no cabe considerar que el artículo 24 del Convenio Colectivo controvertido" –el que regula el contrato 'fijo de obra'– "permita justificar la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada" dado que "entraña un riesgo real de provocar una utilización abusiva de este tipo de contratos".Los jueces europeos apuntan que si bien en general se limita este tipo de contrato a una sola obra, esto "se aplica a cada contrato 'fijo de obra' considerado por separado" y "pueden celebrarse diversos contratos de este tipo sucesivamente para diferentes obras".Las condiciones que recoge el convenio colectivo de la construcción para estos contratos "permite renovar los contratos 'fijos de obra' indefinidamente por el efecto acumulado de esos sucesivos contratos o la agregación de estos", lo que en opinión del tribunal europeo pone "de manifiesto que dicho trabajador en realidad desempeña de modo permanente y estable tareas que forman parte de la actividad ordinaria de la entidad o de la empresa que lo emplea".Así lo ven los magistrados en el caso enjuiciado por el tribunal español que plantea la cuestión prejudicial. "La situación del litigio principal ilustra a la perfección esta apreciación, pues el demandante ha suscrito seis contratos 'fijos de obra' sucesivos con Obras y Servicios Públicos por una duración total que excede de 25 años".El TJUE recuerda además que el Tribunal Supremo también ha limitado la posibilidad de encadenar contratos como permite el convenio colectivo. "Viene aplicando límites temporales" a estos contratos 'fijos de obra' propios de otros contratos temporales según el apartado 5 del Estatuto de los Trabajadores, "de manera que, cuando un trabajador ha suscrito dos o más contratos de este tipo y se ha superado el límite temporal legal previsto en dicha disposición, adquiere la condición de indefinido", recoge la sentencia. Los magistrados resuelven por tanto que "una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite atender necesidades que no son provisionales, sino, al contrario, permanentes y estables, no está justificada" en la legislación europea, que obliga a la existencia de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de los contratos temporales.El TJUE emplaza al tribunal español a que analice si hay "medidas legales" para prevenir este abuso de los contratos 'fijo de obra' que se analizan. Las empresas alegaron la existencia de una indemnización por cese de este tipo de contrato 'fijo de obra', que también regula el convenio colectivo. Los magistrados europeos apuntan que, para que esta funcione como una medida preventiva en los términos exigidos por la normativa de la UE, "la concesión de una indemnización debe tener específicamente por objeto compensar los efectos de la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada". Además, la indemNización tiene que ser no solo proporcionada, "sino también lo bastante efectiva y disuasoria como para garantizar la plena eficacia de dicha cláusula".El pronunciamiento del tribunal alcanza a uno de los sectores que más utiliza la contratación temporal en España, un país que tiene una tasa media muy alta de temporalidad, del 26,3% en 2019. España es de hecho el país con más peso del trabajo temporal de la UE. En el caso de la construcción, de media, el 40% de sus trabajadores tienen contratos temporales. Con una visión más detallada, en el sector de la construcción de edificios la tasa alcanza a más de la mitad de sus afiliados a la Seguridad Social, al 55%.
8 h
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El Gobierno aprueba la rebaja temporal de impuestos a la luz y prorroga el blindaje antiopas hasta diciembre
El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria, la anunciada rebaja de impuestos a la electricidad ante el fuerte encarecimiento del mercado mayorista, junto a otras medidas como la ampliación hasta fin de año del blindaje antiopas frente a intentos de compra de inversores extranjeros.El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley con medidas urgentes para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica y, con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas. Tal y como estaba previsto, la norma va a reducir de manera temporal el IVA de la luz del 21% hasta el 10% y a suspender durante un trimestre el impuesto del 7% a la generación de electricidad. Asimismo, según ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la norma incluye una prórroga, hasta el 31 de diciembre, y a petición del Ministerio de Industria, del blindaje antiopas de compañías estratégicas frente a la compra de compañías extranjeras que se puso en marcha tras el estallido de la pandemia, y que finalizaba el 30 de junio. El objetivo es "proteger" a esas compañías, que "tengan seguridad" y no puedan ser adquiridas por terceros aprovechando la "debilidad" consecuencia de la COVID. La vicepresidenta Ribera ha señalado que la norma va a incluir además un "reforzamiento de los mecanismos de control" en los concursos de acceso a las redes eléctricas de nuevas instalaciones de generación renovable, con "nuevos criterios de adjudicación que tengan en cuenta los beneficios económicos y ambientales" para el ámbito local, ante la "creciente preocupación en algunos territorios" por el despliegue de nuevas plantas. También se incluirán medidas para la regulación de la eólica marina, de "gran potencial en la cadena de valor industrial para España", para dotarla de "seguridad jurídica".La vicepresidenta cuarta ha subrayado el "compromiso" del Gobierno "desde el primer día" para tener una factura de la luz "asequible" y ha recordado que el Ejecutivo también ha planteado como medidas estructurales el fondo para sacar de la tarifa de la luz las primas a las renovables y el anteproyecto para rebajar los llamados beneficios caídos del cielo de hidráulica y nuclear, que supondrán un ahorro adicional a largo plazo del 15%.Coyuntura "compleja"Ribera ha advertido de que el mercado eléctrico afronta una "coyuntura compleja" por el incremento "exponencial" de gas natural de Asia y el encarecimiento del mercado de carbono, "mucho más allá" de lo que preveía la Comisión Europea "hace seis meses".En el caso del IVA, se aplica una bajada al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh). También se aplica un IVA del 10% a los más de 600.000 consumidores vulnerables severos hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.En lo que se refiere a la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya se suspendió temporalmente a finales de 2018, tendrá vigencia durante el tercer trimestre de este año.María Jesús Montero ha explicado que Hacienda dejará de ingresar 857 millones por la rebaja del IVA de la luz, mientras que la suspensión del impuesto a la generación tendrá un impacto de 400 millones que "no va a afectar al déficit público" puesto que los ingresos de este impuesto se destinan al sistema eléctrico.Desde marzo de 2021, el precio del mercado mayorista de la electricidad en España está marcando precios inusualmente altos, que amenazan con mantenerse en la segunda parte de este año. El recibo de la luz de un usuario medio se ha disparado un 46,5% en las tres primeras semanas de junio, frente al mismo periodo del año pasado, apuntando así a la factura más cara de toda la historia, según datos de Facua-Consumidores en Acción.El rally del denominado pool eléctrico se ha intensificado desde la llegada de la nueva factura que desde el 1 de julio penaliza el consumo en las horas más caras. En paralelo, el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley para recortar los llamados beneficios caídos del cielo para la hidráulica, la nuclear y los parques eólicos anteriores a 2005 por el encarecimiento de los derechos de emisión, cuyo mayor coste se traslada al pool por tratarse de un mercado marginalista, en el que la última tecnología que casa oferta y demanda determina el precio que cobran las demás.
8 h
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La patronal bancaria justifica el cierre de sucursales: "Hay más gente sin atención primaria que sin banco"
En una década han desaparecido más de una de cada dos oficinas bancarias en España, lo que ha acelerado un proceso de exclusión en las zonas rurales y menos pobladas, dejando a millares de localidades sin ninguna sucursal. Los bancos han incrementado este año las clausuras de sus oficinas. El presidente de la Asociación Bancaria Española (AEB, que incluye a Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter) ha justificado este proceso dentro de la transformación digital que vive el sector y ha querido contextualizarlo: "Hay mas gente sin atención primaria que gente que no tiene banco".Roldán ha hecho estas declaraciones en los cursos de verano de la UIMP que se celebran esta semana en Santander. Será la última vez que acuda como representante de la patronal, puesto que dejará el cargo el próximo año. El que fuera directivo del Banco de España antes de su paso al sector privado ha defendido que "para los servicios bancarios hay soluciones". En este sentido, ha destacado alternativas como utilizar los supermercados y las farmacias como "proveedores de efectivo". También incluso los ayuntamientos. "En todos los pueblos hay uno", ha defendido. En este sentido ha recordado medidas como los acuerdos de Correos como Santander para que la empresa pública intermedie algunas operaciones del banco que preside Ana Botín en zonas rurales.Roldán ha justificado la situación que ha llevado a los bancos a anunciar más de 15.000 despidos este año y el cierre de cientos de sucursales. "Tenemos que entender los efectos de la revolución digital, ha habido un salto cualitativo de clientes que usan estos canales", ha enfatizado durante su ponencia en la universidad cántabra. Además, ha señalado que con ello se busca "responder a una nueva competencia", por los nuevos actores proveedores de servicios financieros.Sobre este punto ha centrado Roldán su ponencia en la UIMP, la conocida como la banca en la sombra. Este concepto engloba a todos los proveedores de servicios que no son bancos y, por tanto, cuentan con otras reglas y exigencias supervisoras. El líder de la patronal se ha mostrado muy crítico con el crecimiento que está teniendo este sector. "El desplazamiento hacia el sector no bancario aumenta los riesgos de inestabilidad financiera que son difíciles de evaluar", ha señalado.El responsable de la patronal considera que "a misma actividad y mismos riesgos, debe existir misma regulación y supervisión". Roldán ha defendido que esto no se está produciendo, especialmente en el caso de las grandes empresas tecnológicas que han comenzado ha ofrecer servicios financieros. "Estamos obligados a abrir información de nuestros clientes, pero ellos no nos abren sus datos", ha lamentado Roldán. En concreto, ha destacado el aumento de los nuevos actores no bancarios en servicios como los créditos al consumo o los medios de pago. Respecto a las fusiones en el sector, Roldán ha defendido que "han sido una buena manera de responder a los desafíos y a la nueva competencia" en la banca. Sin embargo, considera que las posibilidades de nuevas operaciones en España "son cada vez menos". "Habría que pensar ya en escala europea, en España hay menos margen de maniobra", ha señalado.
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La imputación de Galán por el caso Villarejo emborrona sus 20 años en Iberdrola en pleno pulso con el Gobierno
La imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los encargos presuntamente ilegales realizados por la compañía al ex comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a rivales y políticos ha empañado el 20 aniversario del ejecutivo en la primera eléctrica española en un momento clave: a la espera del inicio del reparto de los fondos de ayuda de la UE, y en pleno pulso del sector con el Gobierno por el recorte planteado a hidráulicas y nucleares para intentar frenar la escalada de la luz, una propuesta que Galán ha rechazado públicamente. El aniversario de Galán se cumplió el 21 de mayo, días antes de ponerse "a disposición" de la Audiencia Nacional ante una imputación que entonces ya parecía inevitable. La fecha sirvió como excusa para que el New York Times le dedicase un elogioso artículo que, sin obviar el escándalo judicial, calificaba a Iberdrola como "la Exxon de la energía verde" gracias a la visión de su primer ejecutivo, con loas de, entre otros, el excomisario europeo y exministro Miguel Arias Cañete, y un aviso de Galán a quienes creen llegado el momento buscarle relevo: "Creo que tengo que continuar creciendo y dirigiendo esta compañía".El ejecutivo salmantino cumplirá 71 años en septiembre (le quedan dos años de mandato). Aterrizó en Iberdrola en 2001 como vicepresidente y consejero delegado y se hizo con el poder absoluto hace 15 años, tras la retirada del fallecido Íñigo de Oriol. En dos décadas, ha convertido una empresa de ámbito doméstico en una de las grandes multinacionales españolas gracias a su temprana apuesta por la eólica (extendida más tarde a la fotovoltaica) y a la internacionalización a golpe de talonario en Reino Unido, Estados Unidos o Brasil. Galán olió pronto el negocio tras la descarbonización de la economía y los números le avalan. Cuando llegó al grupo, Iberdrola era la tercera energética española en Bolsa, con un valor de 11.000 millones, muy por detrás de Repsol (17.000 millones) y Endesa (16.000 millones). Hoy, pese al batacazo del miércoles (cayó un 3,56%, su mayor caída desde marzo de 2020, en plena crisis del coronavirus), es, con casi 67.000 millones de capitalización, la segunda compañía más valiosa del Ibex tras Inditex, a la que llegó a superar puntualmente el pasado verano, aunque la dueña de Zara ha vuelto a tomar la delantera y su valor actual ronda los 95.000 millones.Ajena al siniestro trasfondo de corrupción del caso Villarejo, Iberdrola confía en pulverizar este año el récord de beneficios (3.610 millones) que logró el año pasado a pesar de la pandemia. En el marco del histórico plan para el periodo 2020-2025 que anunció en noviembre, con 75.000 millones de inversión, ha anunciado que destinará 35.000 millones a duplicar su capacidad de generación de energía limpia en el próximo lustro en eólica, solar y el vector energético de moda, el hidrógeno. El 80% de la inversión irá dirigida fuera de España. La empresa ha presentado 175 proyectos para optar a los fondos europeos que movilizarían 30.000 millones de inversión.Su presidente, un fijo en los rankings de los ejecutivos mejor pagados del Ibex (en marzo se embolsó acciones valoradas en otros 6,7 millones por un plan plurianual y el año pasado ganó más de 12 millones), ha amasado en estos años un sueldo acumulado que se estima cercano a los 200 millones. Está entre los popes del Ibex que más tiempo lleva al frente de sus empresas. Entre los pocos que le superan está su archienemigo Florentino Pérez, que preside ACS desde 1993 y es una de las personas a las que presuntamente espió Villarejo para Iberdrola. El juez del caso, Manuel García-Castellón, ha citado como investigado a Galán en una decisión que ha llegado más tarde de lo esperado. En mayo, la eléctrica trató de anticiparse a los acontecimientos remitiendo un escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lamentando los "ataques" contra "la reputación y el buen nombre de la compañía" por parte de exempleados y "competidores" desde que se abriera hace dos años una pieza de la causa Tándem para investigar los encargos a Villarejo y poniendo a la cúpula de Iberdrola, Galán incluido, a disposición de la justicia.Finalmente, su imputación se ha materializado tras pedirlo la Fiscalía Anticorrupción y una vez celebrada el pasado viernes la junta de Iberdrola. García-Castellón ha citado como investigados a Galán, a su ex número dos, Francisco Martínez Córcoles, al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker y a Rafael Orbegozo, exjefe de gabinete del presidente. Los cuatro son investigados por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.Según un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional incorporado al sumario de la pieza separada número 17 del caso Tándem, Iberdrola pagó 1,13 millones entre 2004 y 2017 a Villarejo para financiar una decena de operaciones encubiertas. El comisario realizó supuestamente labores de espionaje contra Florentino Pérez por los que la primera eléctrica española le pagó 232.000 euros en los años del frustrado asalto de la constructora al capital de la eléctrica.Varios encargos a Villarejo se realizaron cuando Galán todavía era vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola: el denominado proyecto Arrow (entre 2004 y 2006), para agilizar los permisos de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), y cuyos pagos fueron encubiertos a través de la empresa de seguridad Casesa, lo que indicaría según el juez "una voluntad por parte de la compañía de ocultar estos trabajos"; y el espionaje a Manuel Pizarro en 2004 y 2005, año en el que Endesa fue objeto de una opa de Gas Natural de la que Iberdrola intentó sacar tajada apalabrando la compra de activos del grupo resultante que le obligara a vender la autoridad de la Competencia. Se da la circunstancia de que hoy Pizarro es consejero independiente de El Corte Inglés, al igual que otro de los imputados, Fernando Becker, una persona considerada muy cercana a Mariano Rajoy.Con un estilo personalista, siempre cercano a las esferas del poder, como corresponde a un sector tan regulado (y con decenas de expolíticos fichados en los últimos años), el salmantino está curtido en mil batallas y está por ver cuál es el impacto del caso Villarejo en su futuro. A corto plazo, sobre su imputación tendrá que pronunciarse el consejo de administración de la eléctrica, que está configurado a su medida.El ejecutivo ya salió indemne de la pugna a cara de perro con ACS y las caídas de Bankia y la CAM, antiguas accionistas de Iberdrola a las que reemplazó el fondo soberano de Qatar, primer accionista con el 8,7% (pero ausente del consejo). Ahora ve cómo se le abre el frente penal. Un terreno que no es nuevo para Iberdrola, tras la apertura de una investigación por presunto delito contra los consumidores por manipular el precio de la luz en España a finales de 2013 que lleva desde 2017 en la Audiencia Nacional.El golpe reputacional del escándalo del comisario jubilado ha tenido un serio impacto en buena parte de lo más granado de la élite empresarial española. En el Ibex se ha saldado por ahora con la imputación de Francisco González, expresidente del BBVA, Antonio Brufau, presidente de Repsol desde 2004 (aunque sin funciones ejecutivas desde 2015), el omnipresente Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank y presidente de la Fundación La Caixa, y ahora, Galán.
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Se venden casas a precio de ricos en el barrio más pobre de Madrid
Cuando Bilbo García-Conde de los Ríos se asoma a su azotea —con una coqueta piscina propia color turquesa, repleta de vegetación que da sombra y evita mirones— ve varias cosas. Por un lado, dos pequeños talleres de coches; por otro, las casas de Pepe y Manolo, vecinos que en algún momento construyeron una planta más en sus viviendas. Es posible que algún día vea pasar al antiguo ocupante de su planta baja, un señor que cuando le echaron se mudó a 50 metros y "va con una bicicletita y un remolque cogiendo todo lo que pilla". Era, cuenta, un ocupa problemático porque acumulaba mucha porquería y al pinchar la luz podía provocar desgracias, razón por la cual el resto del vecindario se alegró de su expulsión cuando él llegó. "Decían: menos mal, porque teníamos miedo de que se incendiase", añade.Si tuviera el mapa de la renta en la mano, García-Conde también vería una de las secciones censales más pobres de todo el país: un lugar donde los ingresos medios por hogar no llegan a los 20.000 euros anuales. "Creo que la gente no empatiza con los barrios humildes. Es donde mejor se vive. Estoy seguro de que si hago un experimento y dejo mi moto un año en la acera, no me la roban. Y en el barrio de Salamanca sí", dice. "La gente es súper amable, nada carca. He hecho fiestas y esto es como un pueblo en el que se oye todo, pero nadie se ha quejado". García-Conde es arquitecto, hijo de arquitectos y propietario de una casita recién reformada en el barrio de San Diego, que encabeza el ranking de vulnerabilidad de Madrid (solo por detrás de San Cristóbal, en Villlaverde). Hace tres años, esa misma casa era poco más que cuatro paredes de ladrillo destartaladas, con ocupas arriba y abajo. La propietaria era La Caixa y la vendía por 280.000 euros. Siempre pendiente de lo que sale en Idealista, García-Conde hizo una oferta sin ni siquiera verla por dentro. Compró, hizo su propia obra por 400.000 euros —manteniendo la fachada y ganando una planta al poner una nave encima— y tras un año viviendo en ella ha decidido ponerla a la venta. "¿Por qué vendo? Porque soy muy activo. Si alguien compra, gano algo de dinero y me hago otra en este mismo barrio. Y si no pues no pasa nada, me quedo feliz aquí", cuenta. Su pareja, representante de actores, prefiere no vender.La casa tiene 263 metros cuadrados y se vende en Home Hunter, una inmobiliaria de proyectos de diseño, por 860.000 euros con los muebles incluidos. La fachada está pintada de colores para prevenir el vandalismo, porque, según explica, si pintas tu propio mural el resto de grafiteros del barrio lo respetarán. A poco que sumes los gastos de compraventa y el coste de la hipoteca te plantas en el millón. No hay una sola casa en la zona que alcance ese precio. Lo más cercano es un adosado por 600.000 euros (de 428 metros cuadrados, a 1.400 euros el metro cuadrado) y un ático en la misma calle, aún sin construir, por 575.000 euros (de 109 metros, a 5.275 euros el metro cuadrado, como en los barrios pudientes). La media del barrio es 1.952 euros por metro cuadrado. Los alquileres también son relativamente baratos, por debajo de la media madrileña, aunque si algo ha caracterizado al área en los últimos años es la llegada de inversores que compran pisos pequeños para alquilar con alta rentabilidad.Es justo con ese ático que supera el medio millón con el que se compara el arquitecto. "Gentrificación es que subas el precio del barrio por encima de lo que está. En mi vivienda, el metro cuadrado sale a 3.200 euros con muebles. ¿Si pagas 5.000 en el barrio de Salamanca no es gentrificación, porque ya está gentrificado y lo vale?", razona. "Me parece que el que gentrifica no soy tanto yo, que hago una casa, la disfruto y la vendo, como el que hace áticos de 575.000 euros y va a meter a cinco como yo ahí". El que hace áticos de 575.000 euros es un pequeño promotor con dos parcelas en la zona. Esas parcelas fueron un día dos cines —los Bristol y los Río— y sobre ellas hay proyectadas sendas urbanizaciones "de lujo". Será un lujo extraño, porque una promoción da a una autopista de catorce carriles (la M-30, con ocho elevados y seis a pie de calle) y la otra a la Parroquia de San Ramón Nonato, donde aún se forma una de las mayores colas del hambre de la ciudad. El reciente acuerdo de todos los grupos del Ayuntamiento para desmontar el famoso puente de Vallecas (que es más bien un scalextric y no da nombre al distrito, porque el puente original era para cruzar el arroyo sobre el que se hizo la carretera) ha mejorado sus expectativas. Esta vía elevada divide actualmente dos distritos: el pobre, Puente de Vallecas, y el rico, Retiro. La posibilidad de que desaparezca y sea sustituida por un parque anima a los vendedores de suelo de la zona. "No ha generado mucho más interés, pero sí ayudará a futuros compradores tomar la decisión", comenta el jefe de ventas de la promotora de los áticos, Coliseum Inversiones Estratégicas, Luis Pérez. Además de cambiar el diseño, meter piscinas individuales en cada ático (antes iban sin ella) y subir los precios, han añadido a los portales inmobiliarios imágenes del proyecto de demolición que presentó Más Madrid. En ellas se concibe un Puente de Vallecas verde, muy verde, con gente feliz y carriles bici. Tanto vende el verde que la empresa ha 'pegado' su edificio a estas imágenes y las usa como material de promoción."La gentrificación verde se da cuando hay una agenda de planificación ambiental alrededor de nuevos espacios públicos en las ciudades, vinculados a procesos de exclusión social y desigualdad. Sucede porque, por procesos de especulación inmobiliaria, no todos los grupos sociales podrán tener acceso a esos nuevos bienes", valora la investigadora y directora del Laboratorio de Justicia y Sostenibilidad Medioambiental Urbana de Barcelona, Isabelle Anguelovski. "Es más insidiosa que la normal. Está escondida tras un proceso que supuestamente solo trae beneficios. Esa ola verde puede ser muy de derechas, porque se dirige a promotores de lujo, viviendas caras y ningún tipo de control sobre el alquiler".La gentrificación de toda la vida —en la que barrios deteriorados y baratos atraen a clases creativas que terminan regenerando la zona y subiendo los precios, como hemos visto en Chueca y Malasaña (Madrid), el Raval y Poblenou (Barcelona) o El Cabanyal (Valencia)— sombrea desde hace tiempo el San Diego vallecano, como lo hace sobre Tetuán. Son zonas bien conectadas, asequibles y en las que un gran porcentaje de población migrante lleva años asentada. El arquitecto García-Conde lo sabe bien. "Después de 12 años en Madrid, me he dado cuenta de que los latinos saben situarse muy bien en las ciudades", cuenta. "Se van a Prosperidad, a Tetuán, aquí... a zonas económicas cerca del centro. Pero la ciudad crece y se las acaba comiendo". No es casualidad que tanto Tetuán como Puente de Vallecas hayan sido señaladas como zonas peligrosas como paso previo a la instalación de cámaras de vigilancia, aunque no siempre haya habido motivos para el pánico. En Vallecas hubo una gran crisis de narcopisos en 2017, un proceso de tugurización (de tugurio) que expulsó a muchos vecinos. "Hubo presión mediática y la policía se puso a trabajar", cuenta Jorge Nacarino, de la Asociación de Vecinos del Puente. "Y las cámaras ya están puestas", añade García-Conde. "Yo todo lo que leía el año pasado sobre Vallecas eran cosas como hombre acuchillado por una pelea de perros. Pero el barrio me ha gustado".La gentrificación verde es otra cosa. Y un proceso posterior. Algunos ejemplos, continúa Anguelovski, son el distrito 22@ de Barcelona —donde ha cambiado la población y ahora vive gente que gana mucho más que la media de la ciudad—, toda Nantes (en Francia) o Vancouver (Canadá). "Vancouver es la ciudad más verde, la más vivible del mundo. Y ahí es muy potente la gentrificación". En el caso de Vallecas se juntan ambas fuerzas con los sueños húmedos de los promotores, que ya imaginan un nuevo espacio urbano limpio y en el que poder edificar. El anuncio del parque tiene mucho impacto en estos casos, dice la investigadora. "Están comprando toda la primera línea, lo más cercano al Puente", explican en una de las inmobiliarias de la zona. Los dueños de un edificio de dos plantas, de 125 metros cuadrados cada una, venden por 700.000 euros (2.800 el metro cuadrado) para el que lo quiera tirar y construir, según fuentes del mercado. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) llegó a declarar en El Mundo que habría que "sopesar la demolición de manzanas enteras para hacer vivienda eficiente". "Sí. Y dos huevos duros", responde Nacarino. "Eso supondría hacer un plan parcial que no está ni por asomo previsto. Determinados actores están deseando que haya un proceso especulativo. Hay quien da la batalla por perdida antes de empezar. Al final, el que está construyendo es un promotor muy pequeño que ha comprado dos parcelas. No es alguien muy potente, porque si lo fuera se guardaría el suelo para cuando la demolición del puente estuviera licitada. Ahora mismo, una infografía lo aguanta todo y por eso intenta vender a ese precio". Tanto él como las inmobiliarias y algunos vecinos consultados son escépticos respecto a que alguien con capacidad para gastarse más de 575.000 euros en una casa vaya a hacerlo en el Puente. Desde la inmobiliaria de Bristol y Río aseguran que ya han vendido la mitad de los pisos a gente de Vallecas, hijos o nietos del barrio que han prosperado.Por lo pronto, la casa de Bilbo García-Conde ha salido en la revista de arquitectura AD, está en varios listados de localizaciones para productoras de cine y espera la visita de Vogue Holanda. Es parte del plan. "Le da mucha publicidad a mi estudio, CDP Arquitectos, y me sirve como carta de presentación. Haremos todo el ruido que podamos. A raíz de esto me han salido varios clientes: me ha llamado María Forqué, la hija de Verónica Forqué, Los Javis, Arón Piper, empresas que quieren que les haga las oficinas...", explica. Aunque él ficha suelos y casas en venta por la zona, no todos los clientes se atreven a mudarse allí. Si lo hicieran, considera el portavoz de la Asociación de Vecinos, sería "un movimiento muy puntual". "Imagínate que aparecen 20 personajes como Bilbo, se compran parcelas y hacen este tipo de operaciones. ¿Sería un proceso de expulsión? Es cierto que te cambian el mapa porque demandan otro tipo de negocios, de restauración... Pero el efecto de 20 propietarios sobre un barrio de 30.000 personas no es muy grande".Hay fórmulas para evitar que el hipotético nuevo parque —porque ahora mismo solo hay dibujos, no un proyecto aprobado— provoque subidas de precios y expulsión de lugareños. Todas pasan por la intervención del mercado. La primera es que la administración compre suelo, construya y ponga vivienda en alquiler. "Que marque los ritmos", indica Nacarino. "Hay ciudades en Europa donde, pese a haber verde, no se ha dado este proceso de gentrificación. En Lyon hay regulaciones muy específicas sobre zonas revitalizadas, como que el 30% de los pisos en bloques nuevos sean de protección oficial, impuestos a los promotores que se usan para construir vivienda pública o limitaciones al alquiler, tanto en vivienda como en locales comerciales", concluye Anguelovski. La última es crear pequeños parques, no grandes. "Un buen ejemplo es Valencia, que tiene los parc de barri en los que no hemos visto señales de gentrificación verde".
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El potencial y el futuro del 5G, a examen
elDiario.es ha organizado este miércoles una jornada de debate sobre el impacto y el futuro del 5G, en vísperas de la subasta de las frecuencias que se celebrará en julio por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como ha recordado el director del periódico, Ignacio Escolar, durante la presentación, está prevista una inversión de 2.000 millones de euros para las infraestructuras necesarias. El objeto del evento era exponer cómo va a afectar esta tecnología a nuestras vidas y en qué vamos a notar los cambios.El secretario de Estado, Roberto Sánchez, ha inaugurado la sesión recordando que la evolución tecnológica que supondrá el 5G es un proceso que ya hemos atravesado como sociedad, como por ejemplo con 4G, aunque la nueva generación tiene un potencial mayor. “El 5G va a cambiar nuestras vidas tanto o más como las cambió el 4G, no tanto en nuestras comunicaciones personales, que van a aumentar su velocidad, sino que va a ser muy rupturista en las comunicaciones máquina a máquina, sin intervención humana”, ha explicado: “Esto es lo que va a transformar muchos de los procesos productivos”.Ese potencial transformador de la economía, que puede extenderse desde campos tan dispares como los coches autónomos o el sector agrario, aumenta la importancia de la ciberseguridad, ha recordado Sánchez. Con el objetivo de reforzar la secretaría de Estado de Telecomunicaciones está preparando una ley de ciberseguridad del 5G que espera presentar al Congreso el próximo otoño. “Todos estamos viendo los ataques que hay con las tecnologías actuales. En el ámbito del 5G hay que tratar la ciberseguridad de manera específica y por eso la ley es tan importante”, ha manifestado Sánchez.La primera mesa redonda se ha centrado en los aspectos más básicos del 5G. Bajo el título “¿Cómo nos cambiará la vida?”, los ponentes, Daniel Ollé, subdirector de la dirección de Telecomunicaciones de la CNMC, Cayetano Carbajo, director de Core, Transport and Business de Telefónica, Carmen Sánchez, directora de Regulación y Políticas Públicas de DigitalES y David Alonso, director de Negocio de Movilidad de Samsung Electronics Iberia, coincidieron en que aún es pronto para hacer grandes predicciones. “Podemos adivinar algunas cosas, pero lo interesante es avanzar con la tecnología”, ha dicho Ollé. “Con el 4G hay muchas aplicaciones que hemos descubierto por el camino. Por ejemplo, WhatsApp. El potencial es muy grande”. Ollé ha explicado por qué se ha elegido el sistema de subasta para sacar las frecuencias al mercado. “Es un recurso público que hay que poner en manos de empresas privadas. Con la subasta evitamos la complejidad: nadie puede discutir por qué gana el que gana. Es el método que se usa en todos los países de la Unión Europea”. “Por mucho que extendamos la tecnología, quien se queda fuera se queda insatisfecho. Es algo en lo que tenemos que trabajar”, ha añadido, refiriéndose a la posible brecha digital entre ciudades y mundo rural.La directora de Regulación y Políticas Públicas de DigitalES ha destacado que España es uno de los países con más proyectos piloto en marcha para probar el 5G, solo por detrás de Alemania. Entre otros, mencionó el de Barcelona Smart City 5G. “Si esta red va a tener éxito es porque va a cumplir una serie de necesidades reales”, ha dicho.Cómo puede afectar el 5G a las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos y la sociedad ha sido el tema de debate de la segunda mesa de la mañana. “El 5G nos da una gran oportunidad de optimización, pero también conlleva riesgos y tendremos que protegernos mucho más”, explicaba una de las ponentes, Lucía Velasco, directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.Esa optimización y mejora de la eficiencia puede llevarse a cabo gracias a la mayor presencia de sensores y extensión del llamado Internet de las Cosas, lo que obliga a extremar las precauciones sobre la privacidad. “Todos los datos deben estar anonimizados”, ha pedido Francisco Hortiguela, director general de Ametic. Este aspecto será clave en aspectos como la salud, para que el ciudadano sea “dueño de sus datos y donante de conocimiento”, añadía. La ciberseguridad será un aspecto clave tanto para proteger la información de los ciudadanos pero también la información de las empresas, que con el aumento de la robotización y las conexiones podrían tener que asumir más riesgos para sus secretos industriales.La mesa ha tenido un ponente especialista en la parte más práctica del 5G, Juan Carlos Fernández Galindo, cofundador y CEO de LeoRobotIA. Este empresa está desarrollando una inteligencia artificial que podrá automatizar algunos de los trabajos de los periodistas, algo que entronca con el potencial del 5G para automatizar muchos procesos productivos. “Lo que puede hacer un robot periodista es complementar y mejorar el trabajo del periodista. El periodista es más libre e independiente porque tiene más tiempo para investigar”, ha explicado.
1 d
eldiario.es
Lorena Boix Alonso: "Después de esta pandemia, nos podemos esperar otra: la de la ciberseguridad"
Lorena Boix Alonso es la directora de Sociedad Digital, Confianza y Ciberseguridad en la Comisión Europea. Por sus manos y por su cabeza pasan muchos de los procesos que tienen que ver con la adaptación de la Unión Europea a una transición digital en curso. Uno de esos procesos más tangibles es la puesta en marcha, por ejemplo, del certificado digital COVID que entrará en vigor el próximo 1 de julio en toda la UE para viajar sin restricciones con la pauta completa de vacunación, un test negativo o haber pasado el coronavirus en los seis meses previos.Buena parte de los fondos de recuperación están vinculados a objetivos digitales. ¿Cómo está abordando la Comisión Europea esta transición digital?Como toda crisis, tiene un lado malo y un lado de tomarlo como una oportunidad para crecer, para ir en la buena dirección. Y esto ha sido con lo que hemos hecho con el fondo de recuperación y resiliencia. Y ha sido algo inédito que se demandase que un 20% por lo menos de los fondos se dedicasen a digital, y estamos contentos porque los Estados miembros han reaccionado. España, en concreto, ha ido más allá del 20%. Además, se ha fijado en lo que de verdad son las prioridades, como las capacidades digitales, la digitalización de la administración y la digitalización de la empresa. Somos muy optimistas en que esto pueda ser el principio de algo mucho más grande.También, de alguna manera, la pandemia nos ha cambiado en el día a día. ¿Qué lecciones nos ha trasladado desde el punto de vista tecnológico y digital?Una de las grandes cosas que hemos aprendido es que la sociedad está preparada para la digitalización. De hecho, lo que hemos visto es que se ha avanzado en digitalización entre 5 y 7 años. Muchas empresas nos dicen: 'Estamos en el estadio en que esperábamos estar dentro de 7 años'. Esto no es sólo en el ámbito de las empresas, también en lo público. Por ejemplo, el carné de identidad digital en Italia, que es completamente digital, ha pasado durante la pandemia de cinco millones a 18 millones de usuarios. Ha sido una explosión.Hemos conseguido también digitalizar la educación, algo que parecía complicado.El uso que se ha dado a las tecnologías también es una lección enorme. Estamos todos encantados de que se haya descubierto la vacuna tan rápido, pero sin las nuevas tecnologías esto habría sido absolutamente imposible. Hemos conseguido en meses lo que normalmente se hace en años, precisamente por la capacidad de manejar datos y la velocidad a los que los datos se manejan. Todo esto, evidentemente, se ha aplicado a la salud y a la gestión de datos también para monitorizar la evolución de la crisis.Nos hemos dado cuenta de que la digitalización y el uso de las tecnologías puede hacer que avancemos para bien en muchos sectores y que está ahí para quedarse. Y precisamente por eso en la Comisión Europea hemos tenido que ajustar nuestra estrategia y en marzo adoptamos una nueva comunicación sobre la década digital, en la que se intenta decir dónde podemos estar de una forma realista en 2030.Estamos imponiendo una serie de objetivos, como que todos los servicios públicos sean plenamente digitales en 2030; que haya capacitación digital básica por lo menos al 80%; que todos tengamos 5G y una conectividad gigabit en 2030... Hemos tenido que revisar al alza y ser más ambiciosos.La Comisión Europea también está en un proceso regulatorio de lo digital. Que lo que no se permite en el offline tampoco se permita en el online. ¿Cuáles son esos retos y qué propósitos tiene la Comisión?Llevamos trabajando en ello desde hace tiempo. En un principio se hizo mucho desde el punto de vista de la competencia, de ir caso por caso analizando si había abuso de poder de ciertas empresas. Y ahora se da otro paso, y a mí me gusta referirme a un artículo que publicó el comisario Thierry Breton, y es que el asalto al Capitolio supuso un antes y un después. Es decir, hasta qué punto si grandes plataformas deciden eliminar ciertas cuentas es porque han sentido que lo que estaba pasando allí ha tenido un impacto en la vida real y consideran que tienen capacidad de contrarrestarlo.De lo que se trata ahora con la ley de Servicios Digitales y la de Mercados Digitales es clarificar, poner orden y poner al día las normas que existían hasta ahora para regular qué responsabilidad tienen las plataformas.Es un gran avance. Hay que hacer una diferencia entre las conductas ilegales y aquellas que no son ilegales pero no nos gustan, entre la desinformación o ciertas actividades como la incitación a la violencia, que son claramente ilegales y que, por supuesto, hay que atajar.Desde el punto de vista de la desinformación tenemos el código de conducta y la ley de Servicios Digitales lo va a reforzar. Y con las conductas ilegales, se trata de agilizar y establecer cuáles son las responsabilidades para eliminar contenido ilegal lo más rápidamente posible.Es algo que había que hacer, que es necesario y que está generando un debate muy interesante, pero ese debate es necesario también. No se puede seguir como se está actuando hasta ahora porque no funciona. Las normas están ahí para ponerlas al día y es lo que estamos haciendo.En ese debate la Comisión define los gatekeepers, unas entradas principales a Internet, Google, Facebook, Twitter, WhatsApp...En el código de conducta sobre la desinformación están las grandes plataformas, hay un diálogo con ellas y durante la pandemia actuaron e intentaron hacer lo que consideraban estaba en sus manos.Es verdad que son unas pocas, pero con mucho poder. Y precisamente por eso está el concepto de gatekeeper. No es lo mismo el impacto en la sociedad que puede tener un mensaje en una plataforma pequeñita, que el impacto que puede tener cualquier información en este tipo de plataformas que en cuestión de segundos está alcanzando millones de usuarios. Son situaciones que se intentan regular en estas propuestas.Pero no es lo único que regulamos, y a veces hemos tenido que ajustar. Una propuesta que sacamos el 3 de junio, por ejemplo, es sobre la identidad digital. Estábamos revisando el reglamento a mitad de la pandemia y nos llevó a ser muchísimo más ambiciosos de lo que en un principio podíamos imaginar por la explosión del uso de la identidad digital en Internet y el hecho de que tenemos muchas empresas privadas metiéndose en este ámbito.Nos hizo ir con una propuesta muy ambiciosa en la que proponemos que todos los países de la Unión Europea deben ofrecer a sus ciudadanos una cartera digital donde puedan tener todos sus datos sobre su propia identidad, y otro tipo de datos como su carné de identidad, su certificado COVID digital, por ejemplo, y poder interoperar a nivel europeo con estas carteras digitales.Ver qué es lo que el ciudadano estaba pidiendo con la pandemia nos ha hecho ser tan ambiciosos que hemos hecho una recomendación para empezar ya a trabajar, para no esperarnos a que acaben todas las negociaciones, sino empezar a hablar con los Estados miembros para sacar este proyecto lo antes posible.Hablaba del certificado digital, que se está poniendo en marcha en muy poco tiempo con datos compartidos entre los 27. ¿Cómo se ha hecho?Ha sido mi equipo el que lo ha hecho desde el aspecto tecnológico, junto con los compañeros de otras direcciones generales. Está siendo un trabajo de día, noche, sábados y domingos. Y no sólo nuestro, también de todos los Estados miembros, que están haciendo un trabajazo impresionante.Es uno de esos proyectos en los que uno ve que si de verdad hay voluntad política, y es algo que de verdad es por el bien de la sociedad, se pueden hacer milagros y de verdad que esto es milagroso.Bélgica ha empezado el 16 de junio, pero España ha empezado antes, ha sido uno de los países que ha estado en la avanzadilla desde 7 junio. Yo no voy a decir que ha sido fácil porque estaría quitando un crédito enorme a todo el trabajo que hay ahí. Aquí se buscaron tres objetivos: uno, que fuese algo muy rápido. Porque lo último que queremos en una situación de pandemia en la que todavía estamos son colas en los aeropuertos o en las estaciones de tren. Por eso es un código QR.Tenía que ser algo seguro. Porque sabemos que hay un mercado negro de certificados digitales, de PCR, y lo último que se quiere es estar viajando con certificados falsos, porque entonces no acabamos con la pandemia.Y un tercer gran objetivo muy de acuerdo con los valores de la Unión Europea, la privacidad. Ahí fue el gran reto de crear un sistema en el que no exista en ningún momento ninguna transferencia de datos personales entre países. Por eso tuvimos que construir un gateway o pasarela, en el que hay un sistema de llaves públicas y llaves privadas, y cuando tú vas con tu certificado a otro país, el que lo está verificando con su máquina no va a leer más que la llave pública sin datos personales que está en el gateway.Este fue el gran reto y ha sido un esfuerzo común entre la Comisión Europea y cada uno de los Estados miembros. Empezamos a trabajar en las especificaciones técnicas dos meses antes de la propuesta. En dos meses la propuesta estaba adoptada, entra el 1 de julio y ya tenemos más de 16 países que han empezado a usarlo antes.Estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido todos juntos, incluido el Parlamento Europeo, porque apoyaron muchísimo en ir hacer rápidas las negociaciones.¿Esta es una de esas cosas que parecen pequeñas, pero hacen tangible visualizar la Unión Europea?Me preguntabas antes algunas de las lecciones de la crisis y no he mencionado precisamente ésta, y es que nos hemos dado cuenta de que o actuamos juntos o aquí no sale nadie de esta. Es una situación en la que no había más remedio que coordinarse. Y, además, es una lección que nos ha llegado en un ámbito en el que las competencias son fundamentalmente de los países, en el que de repente todo el mundo nos miraba. Aunque esto es algo muy de salud.Son situaciones que nos ayudan a ver que hay que actuar juntos, como ha pasado en lo económico con el plan de recuperación y resiliencia.Luego es verdad que lo que más llama la atención son estas cosas que están tan en la mano del ciudadano, como la identidad digital personal. Son cosas que el ciudadano puede ver que le son útiles, que le hacen la vida mucho más fácil... Y si sirven para que se descubra qué es lo que se hace en la Unión Europea, pues bienvenido sea.Y luego hay otra cara parte diferente de la tecnología que es la ciberseguridad, las amenazas en las redes, como hemos visto en debates recientes en el G7, la OTAN o la Comisión Europea. Después de esta pandemia, nos podemos esperar otra pandemia, que es la de la ciberseguridad. Estábamos hablando de todas las ventajas del ámbito digital, pero si el ámbito digital no es seguro, nada de lo que estamos diciendo puede pasar. Porque como no confiemos en nuestras propias redes, no va a suceder nada.Como decías, la ciberseguridad antes era algo que se veía como muy lejos. Ahora nos hemos dado cuenta que los ciberataques tienen impacto en la vida real, que si se hace un ciberataque a un hospital se pueden perder vidas, que si se hace un ciberataque, como ha habido recientemente en Estados Unidos, sobre los oleoductos nos podemos quedar sin poder rellenar de gasolina el coche. Y no quiero mencionar escenarios mucho más trágicos. Esto es una realidad y el internet de las cosas, por ejemplo, hace también que la superficie de ataque sea mucho mayor, que la gente esté teletrabajando, el hecho de que los ciberataques se hayan convertido en una herramienta geopolítica es de una importancia enorme.Del mismo modo que todo el mundo podía esperar una pandemia en el ámbito de la salud y no estoy segura de si estábamos preparados, en el ámbito de ciberseguridad lo que queremos es estar preparados por si algo gordo puede pasar.Y luego es el coste económico. A finales de 2020, el coste del cibercrimen era de 5,5 billones de euros, es el la actividad criminal más lucrativa que existe. Estamos intentando acabar con todo esto. Es un esfuerzo que requiere trabajar en varios ámbitos, entre ellos el ámbito regulatorio reforzando la directiva sobre ciberseguridad para que se aplique a más sectores.Por ejemplo, se aplicaba al sector de la salud, pero no a la producción de medicamentos, a los laboratorios que investigan en temas de salud... Hemos visto que han sido objetivos de ciberataques y tendremos más. La administración pública, obviamente, tiene que estar cubierta, reforzando también la responsabilidad de los directivos de las empresas. Hoy mismo [por este miércoles] adoptamos lo que llamamos Joint Cyber Unit, la unidad común de ciberseguridad. Con ella se intenta que si hay un incidente a larga escala, es decir, que afecte a varios países, se pueda reaccionar de una forma rápida, conjunta e implicando a todas las comunidades de ciberseguridad.¿Qué quiero decir con esto? Pues no solo que sea un ataque civil, a veces es un ataque criminal. Por ejemplo, ahora tenemos los ransomware atack, es decir, los ataques en los que se pide un rescate, como ha pasado en Irlanda hace poco.Hay aspectos criminales, muchas veces sabemos que los ataques vienen de terceros países, con lo cual hay un ángulo internacional, y lo que queremos es reaccionar todos juntos a la vez, poniendo en contacto todas estas diferentes comunidades que engloban ámbitos diferentes.¿Y cómo se imagina el horizonte?Podemos imaginar el futuro de muchas formas y todo dependerá de asegurarnos de que la tecnología está al servicio de la humanidad. Desde este punto de vista, los grandes avances tecnológicos vendrán de la mano de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, los datos, la 5G, y aun mas, la 6G, en la que estamos trabajando a nivel de investigación. Y, por supuesto, vendrá de la mano de los superordenadores y las tecnologías cuánticas.Estas tecnologías podrían permitir al ser humano responder a los grandes retos de la humanidad: el cambio climático, haciendo una réplica virtual del planeta para analizar hipótesis y predecir terremotos, erupciones, evoluciones de especies...; la salud, haciendo una réplica virtual del ser humano para realizar diagnósticos personalizados, probar tratamientos adecuados, y todo de forma puramente virtual y personalizada; encontrar medicamentos en cuestión de horas en lugar de años; un sistema de transporte en el que ya no hay accidentes porque se predicen los comportamientos y los vehículos se comunican entre sí en tiempo real; sensores en la agricultura para evitar plagas, medir el gasto de agua... O poder realizar operaciones quirúrgicas a miles de kilómetros porque no habrá latencia o demora en las comunicaciones. Y, por supuesto, también divertirse, con juegos inmersivos, realidad virtual... Lo importante es que en Europa estemos a la avanzadilla y seamos líderes en los grandes cambios tecnológicos: superordenadores y tecnologías cuánticas, AI y datos, 6G, etc. Si esos cambios se hacen respondiendo a los valores fundamentales de la UE, entonces la tecnología estará al servicio y ayuda de los humanos, no al contrario. Por supuesto , la UE está trabajando en cada una de estas tecnologías: financiando I+D a través del programa Horizon Europe y aplicación de las tecnologías (Programa Europa Digital, Connecting Europe Facility, etc), pero también en el ámbito regulatorio con propuestas sobre la Inteligencia Artificial, la gobernanza de los datos, la caja de herramientas del 5G y de conectividad.
1 d
eldiario.es
Guindos defiende la oleada de despidos y cierres de oficinas en banca para evitar "una crisis de solvencia"
La banca española ha despedido a más de 100.000 trabajadores desde la pasada crisis financiera y ha cerrado más de la mitad de sus oficinas. Un proceso que se ha acelerado este año, en el que se prevé la salida de casi 15.000 trabajadores. Esta oleada de despidos que vive el sector en España y, en menor medida, en otros países europeos se ha convertido en una herramienta para recuperar la rentabilidad del negocio. Así lo entiende el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha justificado este miércoles este proceso para evitar que la crisis de rentabilidad se convierta en una crisis de solvencia para la banca."En España se ha producido un efecto de consolidación bancario para mejorar la rentabilidad. Si no se mejora, en el tiempo habrá una crisis de solvencia", ha señalado De Guindos en su participación en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizados por la APIE. "Si no solucionamos los problemas de rentabilidad habrá problemas de solvencia", ha insistido el dirigente del supervisor bancario europeo. "Eso lleva a una reducción del exceso de capacidad que debe ser lo menos doloroso posible", ha afirmado.Guindos ha evitado valorar si España necesita todavía nuevos ajustes de plantilla, después de que en los últimos meses todos los grandes bancos, a excepción de Bankinter, hayan presentado un ERE. "Tengo que hablar a nivel de la zona euro", se ha justificado. Respecto a las fusiones y adquisiciones que vive el sector, más en España que en otros países, ha señalado que "va a continuar". Si bien, ha concedido que en España el nivel de consolidación es ya "muy importante".Guindos ha sido preguntado por la situación del banco malo, conocido como Sareb. Esta sociedad, que englobó los activos inmobiliarios tóxicos de la banca tras el rescate, fue creada por el exministro, con el objetivo de que no tuviera impacto sobre las cuentas públicas. Recientemente el Eurostat ha obligado a España a incluir la deuda de esta sociedad, 35.000 millones de euros, como deuda pública, lo que ha levantado el malestar en el seno del actual Gobierno y de su sucesora en el Ministerio, Nadia Calviño. En el mismo foro en el que ha participado Guindos, la ministra criticó el lunes la "herencia" de las decisiones del pasado, en referencia a Sareb.El hoy vicepresidente del BCE ha reivindicado aquel instrumento. "No voy a entrar en comparación de herencias, porque es evidente", ha señalado el exministro en referencia velada a la situación de la economía cuando él accedió al cargo. "Es una fórmula que se ha usado en todos los rescates bancarios", ha defendido Guindos. "Evidentemente ha sido una ayuda fundamental para que no haya dudas sobre el sistema bancario", ha enfatizado. "Ahora la deuda se ha incorporado pero eso no significa que España tenga que emitir más deuda, además tiene todavía una cartera que podrá vender para reducirla", ha justificado. "Si el sector inmobiliario español se mantiene, Sareb podrá reducir muy notablemente los 35.000 millones de deuda", ha zanjado al respecto.Ya respecto a otros asuntos, el vicepresidente del BCE ha reconocido que este año se va a producir un aumento importante de la inflación en la zona euro, con diferencias entre países, que se puede acercar al 3%. Sin embargo, Guindos ha querido matizar este crecimiento señalando que se debe a "razones transitorias" por las medidas de apoyo aplicadas para paliar los efectos de la pandemia. Guindos, al igual que hiciera la Airef en el mismo foro esta semana, ha urgido a los gobiernos a que preparen ya una senda de consolidación fiscal. "Es importante que los estímulos todavía acompañen a la recuperación", ha concedido, asegurando que todavía no se debe acometer esa revisión de las cuentas públicas. Sin embargo, ha advertido que se está produciendo un aumento considerable de la deuda y el déficit debido a estos estímulos. "Es importante que los aumentos del gasto que se están produciendo no se conviertan en estructurales", ha asegurado.
1 d
eldiario.es
Guerra abierta en Cervezas Gran Vía: querella por estafa contra Francisco Riberas, sus hijos y otros inversores
"Un plan de auténtica depredación del activo personal y empresarial". Así se describe la actuación del presidente y consejero delegado de Gestamp, Francisco Riberas, sus hijos y una serie de inversores en la querella que ha interpuesto un pequeño empresario de Sevilla contra ellos bajo la acusación de estafa, delito societario por imposición de acuerdos abusivos así como descubrimiento y revelación de secretos. La querella ha sido admitida a trámite en un juzgado de la capital andaluza el pasado 10 de junio. El conflicto judicial revela la pugna por la toma de control de una cervecera creada por Pedro Cánovas, un empresario que diseñó un modelo de negocio que "triplicaba el Ebitda del sector cervecero".En la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se describe que las "verdaderas intenciones" de los Riberas y otros inversores a la hora de entrar en la compañía era "apoderarse del proyecto empresarial de Pedro Cánovas y aniquilarle empresarialmente, impidiendo que diera continuidad a otros proyectos de expansión y emprendiendo una campaña de difamación en círculos financieros, empresariales y ante inversores y operadores del mercado con el objetivo de anular y procurar su 'muerte empresarial'". Además de Francisco Riberas y sus hijos Mónica y Francisco, los querellados son los miembros del consejo de administración de Cervezas Gran Vía: Javier Suárez Zapata (Suárez Joyeros), Mariano de Miguel Velasco (Clayton), Alberto Rodríguez Fraile-Díaz (A&G Banca Privada), Eduardo Ramírez Medina (Cuatrecasas) y los inversores Richard Egues y Ultano Kindelan. La denuncia también se dirige las mercantiles Socios Cerveceros Holding SL, Pensamiento Legal SL, Suárez Zapata SL y Halekulani SL.Cánovas comienza su proyecto cervecero en 2014, con la creación de la sociedad Miscelánea de bendiciones SL, donde invierte buena parte de su patrimonio familiar. La compañía tendría un potente impulso en 2017, tras recibir una subvención de 6,2 millones del programa de apoyo de fomento de la competitividad industrial, concedido el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para la edificación de una fábrica de cerveza en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. El respaldo público y los números que avalan el proyecto atraen a inversores. Eduardo Ramírez Medina, socio especializado en fusiones y adquisiciones del bufete Cuatrecasas, empezará las negociaciones para la entrada de nuevo capital, según se detalla en la querella. Finalmente el propio Ramírez Medina junto a los inversores Ulltano Kindelán, Mariano de Miguel Velasco, Fernando García de León y Joan Mir crearían la sociedad Socios Cerveceros Holding SL, que se haría con el 24,62% del capital social de la compañía de Cánovas, que retendría el 65% de la sociedad.De la mano de Ramírez Medina y los nuevo socios se propone que la auditora E&Y haga un análisis completo de la situación financiera, contable y fiscal de la sociedad mientras que Cuatrecasas realiza una Due Diligence legal. Tras estos informes, que no advirtieron irregularidades, los nuevos inversores propusieron a Cánovas dar entrada en el capital de la compañía "a importantes grupos patrimoniales familiares que se encontraban entre su nómina de clientes, socios y amigos", siempre según consta en la querella. Aquí entra la familia Riberas y comienza el infierno para Cánovas. A través de la sociedad patrimonial Halekulani SL, la familia Riberas se hace con el 49,0001% del capital mientras que Javier Suárez, propietario de Suarez Joyeros, utilizaría la patrimonial Suárez Zapata SL para comprar un 7%. El fundador pasa a tener un 26% de la compañía, aunque se firma un Pacto de Socios, el cinco de diciembre de 2019, en el que se recoge en dos puntos que Cánovas se mantendrá como consejero delegado y presidente de la compañía, que pasa a llamarse Cervezas Gran Vía SL. Este periódico se ha puesto en contacto con la familia Riberas, a través del gabinete de prensa de Gestamp, para recabar su versión de los hechos sin que haya recibido respuesta alguna. Sin embargo, según se describe en la querella "con esa mayoría, los inversores adquirían una posición de superioridad y lejos de tener voluntad de cumplir su parte del acuerdo, la utilizarían en el momento en que decidieran “quitarse las caretas”, para culminar su plan de apropiarse del proyecto, precisamente cuando empezara a reportar beneficios, eliminando, sorpresiva y radicalmente a quien hicieron creer que sería director ejecutivo, asegurándose por todos los medios de su muerte empresarial". El asalto de estos inversores comenzaría, según la denuncia, con una "urgente ampliación de capital" de seis millones de euros exigida por los accionistas mayoritarios a mediados de abril de 2020 por el impacto de la COVID-19. Aunque dicha ampliación coincide con el "positivo incremento de la actividad comercial que llevaron a más que duplicar la expectativa de ventas y beneficio", la prima de emisión fue de 5,35 euros por cada euro de capital, mucho menor que la prima de emisión pagada en diciembre de 2019, 11,70 euros, con la entrada de los inversores mayoritarios.Ante la dilución de las acciones de Cánovas, que se queda solo con un 12% de la empresa, se llega a un compromiso por el que los mayoritarios asumen la futura retribución en acciones de los directivos y compensarían con acciones al fundador "cuando la empresa estuviera en situación de pleno funcionamiento". Ese compromiso nunca llegaría. Seis meses después, el 27 de noviembre de 2020, el consejo de administración decide despedir a Cánovas por una "pérdida de confianza" y "para evitar daños reputacionales a la sociedad que afectaren a su credibilidad en el mercado". El detonante es la aparición de una información en la edición sevillana de ABC sobre el concurso de acreedores de Sociedad Franquiciadora Mercado provenzal SL, el anterior proyecto empresarial de Cánovas.Alberto Rodríguez-Fraile Díaz, presidente de A&G Banca Privada y consejero de Cervezas Gran Vía, defendió entonces la justificación del despido de Cánovas porque "éste no comunicó al Consejo la situación en la que se encontraba". La decisión de la salida del fundador de la compañía se hace tan apresuradamente que no hay sustituto en el momento del cese. Según la querella, el despido es sorprendente cuando "apenas un mes" antes, en el consejo de administración del 19 de octubre de 2020, se aprueba que Cánovas disponga de poderes para suscribir con su firma contratos de préstamo por importe de 4 millones de euros. En la denuncia también se revela que "todos los socios y consejeros, conocían los problemas derivados de la crisis del anterior proyecto empresarial de Cánovas y no le dieron la más mínima importancia, pues, conociendo esos extremos, decidieron continuar adelante con la inversión en su nueva compañía". Los inversores sabían de la situación ya que "las incidencias derivadas de la crisis de la sociedad sobre la que apareció la noticia que supuestamente justificaba el cese de Pedro Cánovas, había sido ampliamente analizada y abordada en la Due Diligence legal elaborada por Cuatrecasas". A las preguntas de elDiario.es sobre el conflicto en Cervezas Gran Vía desde el bufete Cuatrecasas han respondido que se trata de "un tema particular de un socio".Por otro lado, en el acta del consejo en el que se aprobó el despido se recoge que el director comercial de Cervezas Gran Vía, Javier Segarra Martínez, explica que la información "no habría tenido impacto alguno en su ámbito". Además, en un informe contratado a la agencia de comunicación de la compañía se detalla que de la información de ABC "el alcance en cuanto a comunicación habría sido muy limitado, el daño reputacional asociado a la Sociedad habría sido también muy limitado, y la recomendación sería no reaccionar al artículo".Después del cese de Cánovas, según se recoge en la querella, "plenamente conscientes de la palmaria inconsistencia de la excusa ofrecida y documentada en el consejo encargaron un informe de los denominados 'forensic'" a Deloitte, con el objetivo de "rebuscar hacia atrás y poder encontrar alguna excusa revisando su gestión", aunque en la denuncia se asegura que la gestión del fundador de la cervecera era "conocida y aprobada por ellos, como acreditan las actas del consejo". Desde el día de su despido, Cánovas no pudo acceder a su correo electrónico ni a su despacho para recoger sus posesiones personales, según la querella. En la denuncia se explicita que el despido del fundador de la cervecera ha supuesto un daño a la sociedad por "la paralización de los trámites administrativos...disfunciones en los procesos de automatización y perfeccionamiento técnico de la fabricación de cerveza, lo que ha supuesto una drástica disminución de la capacidad productiva, así como un notable aumento de los costes asociados... y dio al traste con importantes acuerdos comerciales".La guerra entre ambas partes no ha hecho más que empezar en los tribunales. Fuentes cercanas a Cánovas aseguran que se ha puesto esta querella ante la nula voluntad de la familia Riberas y el resto de los inversores a negociar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Los inversores mayoritarios se adelantaron con una supuesta querella por estafa el pasado abril en la que acusan a Cánovas de utilizar "los fondos Reindus para realizar pagos no relacionados con el proyecto de cerveza", según publicó El Confidencial. Fuentes judiciales apuntan a la escasa solidez de dicha denuncia cuando la fábrica se ha seguido construyendo, ni la Due Diligence de Cuatrecasas ni la auditoría de E&Y apuntaron a problemas de algún tipo y no hubo objeciones anteriores en la gestión de Cánovas al frente de la compañía hasta su despido, según consta en las actas del consejo de administración de Cervezas Gran Vía. Las mismas fuentes judiciales muestran su extrañeza ya que esta querella fue presentada en Madrid, "cuando realmente tendría que haber sido presentada en un tribunal en Sevilla. Parece más una medida para presionar a la otra parte". Fuentes cercanas a Cánovas aseguran que todavía no se le ha notificado ninguna querella pese a que en teoría se habría presentado a mediados de abril de este año.
2 d
eldiario.es
Las nucleares notifican otro fallo y vuelven a funcionar al 60% en plena escalada del precio de la luz
Un nuevo fallo no previsto en un reactor nuclear ha vuelto a dejar el martes a esta fuente funcionando a menos del 60% de su capacidad, lo que añade todavía más presión a los precios del mercado mayorista de electricidad.Pasada la medianoche del lunes al martes, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informaba de que la central nuclear de Ascó I (Tarragona) había notificado una nueva parada automática por el cierre "imprevisto" de una válvula de control de agua de alimentación principal a uno de los generadores de vapor, debido al fallo de la membrana del actuador de la válvula. Esta nueva indisponibilidad de Ascó I se suma a las de las centrales de Trillo y Vandellòs II, que este martes todavía no se habían conectado a la red tras recargar combustible en las últimas semanas. Con ello, la nuclear funcionaba este martes al 57% de su capacidad y su producción, según datos de Red Eléctrica, se quedaba en la tarde del 22 de junio en unos 4.000 megavatios (MW), menos del 14% de la tarta de generación y muy por debajo del 21,3% de la electricidad que aportaron hasta mayo. Los siete reactores en operación, que en 2020 fueron la primera fuente de generación, suman casi 7.400 MW de potencia.La incidencia en Ascó I, sin riesgo para los trabajadores, el público ni el medio ambiente, es la segunda parada no prevista en esta central desde que comenzó la escalada del precio mayorista de la electricidad, que se ha disparado desde los 52 euros por megavatio/hora (MWh) del pasado 1 de abril hasta los cerca de 90 MWh actuales. Ascó I, perteneciente a Endesa, ya estuvo en el dique seco entre el 24 y el 29 de abril, tras notificar el fallo de una tarjeta electrónica que provocó el cierre inmediato de las válvulas de control de agua del sistema de alimentación principal. El otro grupo de Ascó (propiedad en un 85% de Endesa y un 15% de Iberdrola) también notificó una parada no programada que forzó su desconexión los pasados 10 y 11 de junio por "un malfuncionamiento en el regulador de tensión del alternador". Esta incidencia también se superpuso a las paradas programadas por recarga de Trillo y Vandellós II. Con ello, la producción nuclear se quedó también al 60% de su capacidad en esos días, con el consiguiente efecto inflacionista en los precios de la electricidad, tal y como destacaba un reciente informe de los analistas de Grupo ASE.La que acaba de notificar Ascó I es la sexta parada técnica de las nucleares españolas desde abril, incluyendo las tres paradas programadas que desde entonces han realizado otros tantos reactores para sus preceptivas recargas de combustible.Trillo dejó de verter energía el 16 de mayo y, según la web del CSN, volvió a estar disponible el 20 de junio, aunque este martes todavía no se había puesto en marcha. Por su parte, Vandellòs II se desconectó el 15 de mayo y este martes estaba todavía en fase de arranque tras la recarga. Esta última central también sufrió una parada no prevista los días 29 y 30 de abril por la activación de las protecciones eléctricas del generador principal. Antes, entre el 14 de marzo y el 22 de abril, también estuvo parada por recarga Almaraz II.Que un reactor se desconecte del sistema es una mala noticia para los precios del mercado mayorista. "Dejan de inyectar energía a precio cero en el mercado, y si salimos nosotros entra otro más caro", como explicaba en una entrevista a elDiario.es el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en alusión a que el hueco que dejan estas centrales tienen que cubrirlo los ciclos combinados de gas natural, que son mucho más caros.En esa entrevista, Araluce aseguraba que el proyecto del Gobierno para recortar los llamados "beneficios caídos del cielo" de hidráulica y nuclear va a ser "la ruina del sector" y puede hacer que las eléctricas no soliciten la prórroga de las licencias de los reactores que tienen pendientes de renovar. El presidente del Foro Nuclear pedía un precio fijo "razonable" para sacar a estas centrales de la casación diaria y permitirles "cubrir gastos" para cumplir su papel de respaldo de las renovables en la transición energética.La escalada del denominado pool, propiciada por el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y del gas natural, se ha agudizado tras presentar el Gobierno el citado anteproyecto de ley para atajar los llamados windfall profits. El repunte, que llevó a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, a pedir a principios de junio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que "analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos coincidentes con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria" que se puso en marcha el pasado 1 de junio, ha obligado al Ejecutivo a forzar una bajada del IVA de la luz al 10% y a suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante el tercer trimestre como medida extraordinaria. La bajada, que en principio será temporal, se va a aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef), va a tener un impacto de unos 1.000 millones en las arcas públicas este año.
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