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eldiario.es - Pedro Águeda
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PP y Vox utilizan un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo para acusar al Gobierno de hacer "propaganda"
La derrota de ETA por el Estado de Derecho, una de las pocas afirmaciones que han provocado consenso entre PSOE y PP en la última década, no consiguió este jueves reunir a ambos partidos en torno a al acto de escenificación que se celebró en el cuartel de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid). Ni el líder de la oposición, Pablo Casado, ni ninguno de los cuatro expresidentes del Gobierno asistieron a la destrucción de centenares de armas pertenecientes en su mayoría a la organización terrorista.El presidente del Partido Popular utilizó Twitter para exponer sus motivos: "La sociedad española derrotó a ETA con la Ley, los Cuerpos de Seguridad y la cooperación internacional. Al Gobierno le sobran los actos de propaganda, los pactos con Bildu y los acercamientos de presos etarras. Por la memoria, dignidad y Justicia de las víctimas del terrorismo". La afirmación de Casado choca con el origen de la iniciativa, que corresponde a la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, constituida en 2016 y que lleva intentando que se celebre un acto de estas características desde entonces, según confirman fuentes de esta fundación. En sus estatutos consta que es el presidente del Gobierno de turno el presidente del patronato, que integran igualmente varios ministros del Ejecutivo central, los mismos que acudieron ayer a Valdemoro. Consciente de quien impulsa la iniciativa y de su valor simbólico, la principal asociación de víctimas, la AVT, asistió al acto, no aplaudió el discurso de Pedro Sánchez y, una vez acabado, su presidenta, Maite Araluce, se encaminó hacia donde estaba el jefe del Ejecutivo para reprocharle que no les reciba. "Esas son las armas que empuñaron los presos que acercas cada viernes sin que hayan colaborado la justicia y se han utilizado para matar a nuestros familiares. Eso duele a las víctimas". Araluce aludía a la política de acercamiento de presos de ETA para que cumplan condena cerca de sus familias que comenzó a practicar el Gobierno esta legislatura (176 hasta ahora, 68 de ellos con delitos de sangre, según la AVT) y que las víctimas vinculan al apoyo parlamentario que le presta EH Bildu. La polémica por el acto de destrucción de armas de la organización terrorista tendrá un próximo episodio en la siguiente sesión de control al Gobierno ya que PP y Vox han registrado preguntas al Ejecutivo en el sentido de denunciar un supuesto carácter "propagandístico". "¿Cómo encaja el acto propagandístico de destrucción de armas de ETA con el acuerdo con Bildu de acercamiento de cinco etarras a la semana?", reza la pregunta que ha registrado para el ministro la diputada del PP Teresa Jiménez Becerrill, cuyo hermano y cuñada fueron asesinados por la banda terrorista. Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Gil-Lázaro, puntal de la teoría de la conspiración en torno al 11-M cuando ocupaba un escaño del PP, preguntará al Ejecutivo "qué medidas" va a adoptar para "dejar de humillar a las víctimas". El líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, escribió en Twitter sobre el acto: "Está por ver si también destruirán los cócteles molotov cuya mecha prenden hoy sus socios de gobierno. Es un escándalo".Otras asociaciones con menor representación que la AVT, caso del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), rechazaron la invitación al considerar que se trataba de un acto "propagandístico" que, según su presidenta, Consuelo Ordoñez, busca ocultar el "rotundo fracaso del Estado de derecho con las víctimas del terrorismo, especialmente con las de ETA".Ordoñez puso en duda que las armas destruidas no vayan a ser útiles todavía en el esclarecimiento de crímenes de ETA. El Ministerio del Interior facilitó un listado de los comandos y el momento de su incautación, constatando de que se han seleccionado las utilizadas en atentados ya juzgados, como recoge la resolución de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional de 2016 autorizando su destrucción. El presidente del tribunal especial, José Ramón Navarro, fue uno de los asistentes ayer al acto. Fue en 2016, con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa ,cuando el director de la Fundación del Centro de la Memoria para las Víctimas del Terrorismo, el periodista Florencio Domínguez, uno de los mayores expertos en la organización terrorista, propuso por primera vez la celebración de un acto como el que tuvo lugar ayer. Tanto en la época de Fernández Díaz como en la de Juan Ignacio Zoido no se atendió tal requerimiento. El actual departamento de Interior también rechazó la posibilidad de realizarlo en la pasada legislatura porque estaba reciente la petición a ETA del traslado del material incautado a la organización terrorista y no pareció conveniente hacerla coincidir con un acto de destrucción de armas en España, explican desde el Ministerio. Hace aproximadamente dos meses se empezó a dar forma a la idea, que se aceleró hace tres semanas para que se materializara antes del 11 de marzo, aniversario de los atentados yihadistas de Madrid y que este año sirve para conmemorar el día europeo de las víctimas del terrorismo. La celeridad impuesta responde a que en abril está previsto que se inaugure el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Las invitaciones para el acto de este jueves se cursaron entre los días 24 y 25 de febrero, hace una semana, también a los expresidentes del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero se puso en contacto personalmente con Fernando Grande-Marlaska para excusar su presencia por un acto acordado previamente y que está relacionado con el Día de la Mujer. Mariano Rajoy también se disculpó por motivos de agenda mientras que José María Aznar excusó igualmente su presencia, según comentan fuentes del entorno de los tres exvicepresidentes. En el caso de Felipe González una personas de su círculo dijo a elDiario.es desconocer la convocatoria y añadió que el expresidente socialista se encuentra fuera de Madrid. Al realizarse en la Comunidad de Madrid, al acto también estaba invitada su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien ya tenía la agenda ocupada para este jueves, según fuentes del Gobierno autonómico. Esas mismas fuentes han mostrado su sorpresa por la invitación de Moncloa a un acto en el que participa Pedro Sánchez en Madrid porque, según dicen, eso no suele ocurrir.El acto consistió en que una apisonadora destruyó 1.400 armas incautadas a ETA, un 90% y a los GRAPO, el 10% restante. En el acto participaron activamente agentes de la Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Precisamente, el director general de la policía autonómica catalana, Josep Lluís Trapero, acudió al homenaje a las víctimas y departió a su término con el presidente del Gobierno. Con información de Esther Palomera, Fátima Caballero e Iñigo Aduriz.
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Villarejo sale de la cárcel con la mitad de sus grabaciones aún encriptadas
La detención del comisario de Policía José Manuel Villarejo Pérez el 3 de noviembre de 2017 obligó a contener la respiración a una parte de la élite del país. El balance de la macrocausa que instruye la Audiencia Nacional tres años después justifica aquella preocupación en políticos, mandos policiales, empresarios y banqueros que han desfilado por el tribunal especial desde que comenzara la instrucción del caso Tándem. Tres años después, la salida de la cárcel de Villarejo en libertad provisional vuelve a agitar la memoria de los tratos inconfesables con el policía: él tiene la llave del acceso a un archivo ingente de información cuando los investigadores solo han podido acceder a una cifra muy próxima al 50% del todo material digital incautado debido a las claves que lo protegen, según informan a elDiario.es fuentes del caso. Con el otro 50% que forman la treintena de piezas separadas ha sido imputado un exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por dirigir la "operación parapolicial" más grave desde los GAL; se ha visto obligada a abandonar la política la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; está imputado el segundo banco del país, el BBVA; y una de las investigaciones se centra en los contratos de la primera eléctrica, Iberdrola, con el comisario. El anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, se vio afectado por la pieza que lleva por nombre el de pila de su antigua pareja sentimental, Corinna Larsen. Es precisamente esta pieza, archivada por dos veces, la que sintetiza el peligro que representa para muchos todavía el archivo de Villarejo: los audios que la integran fueron publicados por El Español y Okdiario cuando no formaban parte de ninguna investigación judicial. Ocurrió lo mismo con una serie de grabaciones inéditas que publicó moncloa.com y que, o formaban partes de piezas secretas o siguen a día de hoy sin estar incorporadas a la causa. Y si no están en manos del juez es porque pertenecen a una copia distinta a la que está en manos de los investigadores y cuyo contenido aún se intenta desencriptar. La relevancia de aquellas grabaciones a Corinna Larsen, en las que la mujer atribuía varios delitos a Juan Carlos I, trascendió las fronteras judiciales. El fiscal de Ginebra Yves Bertossa abrió una investigación a raíz de su publicación en los dos medios citados, antes de que se conociera la investigación judicial sobre esas grabaciones, y a día de hoy mantiene imputados por blanqueo agravado de capitales a la propia Larsen, y a los gestores de la fortuna de Juan Carlos I en Suiza, Arturo Fasana y Dante Canónica. Las revelaciones de la investigación suiza han supuesto un terremoto en la actualidad española. Por esas pesquisas se conocen los 65 millones procedentes de Arabia Saudí que recibió Juan Carlos I en 2008 o los 8 millones de euros en vuelos pagados por la fundación Zagatka al rey emérito, que han provocado una regularización extraordinaria por su parte de 4,4 millones a la Hacienda española. Hasta el momento, Villarejo se ha negado a facilitar las claves que protegen su enorme patrimonio digital. Las piezas se han ido formando según la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y el Centro Criptológico Nacional del CNI han ido aportando sus progresos a los investigadores. La Unidad de Asuntos Internos, que trabaja en funciones de policía judicial a las órdenes del magistrado instructor, elabora unos atestados con lo que considera son indicios delictivos de un dosier de Villarejo concreto, la Fiscalía se posiciona y el juez decreta la apertura de la pieza. Tocado por la bandera de España en su mascarilla y chaqueta, con gorra y parche en el ojo debido a una afectación reciente, Villarejo salió de la cárcel de Estremera pasadas las 18:40 de este miércoles. En su intervención ante los medios se refirió a los "40 terabytes" que se le incautaron, volviendo a criticar que no haya sido entregada una copia a su defensa con el pretexto, según él, de que los distintos organismos que han tenido acceso al mismo no han podido desencriptarlo. Una grabación del comisario en febrero de 2017, nueve meses antes de su detención y cuando ya estaba en el ojo del huracán, recoge una conversación del propio Villarejo con un periodista en la que el policía advierte al reproducir el escenario de un hipotético arresto: "No se preocupe porque la rompa porque tengo muchas copias (...) ¡Pero tonto, si tengo siete copias obviamente! Tengo siete copias y tres de ellas en el extranjero".
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