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eldiario.es - Pedro Águeda
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El policía de la caja B del PP sitúa a Fernández Díaz al frente de las maniobras para apartarle del caso
El policía encargado de la investigación de la caja B del Partido Popular ha ofrecido este martes un completo relato del sabotaje que la formación presidida entonces por Mariano Rajoy realizó a la investigación judicial desde el Gobierno de la Nación. En la cúspide de las maniobras para apartarle del caso, el inspector jefe Manuel Morocho situó al ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz. “Me deja usted un panorama desolador”, ha llegado a interrumpirle el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, en un momento de la declaración de Morocho como testigo. Durante sus comparecencias ante las comisiones de investigación del Congreso sobre las actividades de la brigada política, en general, y del espionaje a Bárcenas, más recientemente, Morocho había ofrecido episodios del acoso al que había sido sometido por sus superiores cuando investigaba los casos Gürtel y caja B a las órdenes del juez Pablo Ruz. Pero hoy ha hecho precisiones en sede judicial desconocidas hasta ahora, como que Fernández Díaz estuvo detrás del ofrecimiento de un destino en la Embajada de España en Portugal para que dejara el caso. Según ha relatado Morocho, el ofrecimiento le llegó en persona de su jefe directo, el comisario José Luis Olivera, al frente de la UDEF entonces, en pleno apogeo del caso de la caja B. Olivera se reunió con él, le ofreció el destino en Lisboa y Morocho se negó. El comisario quedó contrariado y entonces recibió una llamada: “Sí, ministro, estoy con él”. A continuación, Olivera le hizo otros ofrecimentos que también rechazó, ha explicado el inspector jefe Morocho, según fuentes presentes en la declaración. El grado de presión sobre el policía fue tal que cada vez que iba a reportar al juez Ruz en su despacho de la Audiencia Nacional, el directora adjunto operativo, Eugenio Pino, era informado de ello. Incluso proporcionaron a Morocho una dirección de correo electrónico por la cual tenía que remitir los informes de la financiación irregular del PP a los jefes policiales que había puesto el partido en esos cargos, a lo que Morocho se negó, ha contado esta mañana a García-Castellón. El policía ha dicho que las trabas a su trabajo comenzaron a finales de 2011, pero que el ofrecimiento para dejar la UDEF llegó antes del verano de 2013. Se da la circunstancia de que Bárcenas ingresa en prisión en junio y es entonces cuando tira de la manta y rebela la financiación irregular del partido en el Gobierno durante al menos dos décadas. También en esas fechas se pone en marcha la Operación Kitchen que investiga el juez del caso Villarejo. El inspector jefe Morocho, que sigue trabajando en una segunda derivada de la caja B, ha asegurado que sus jefes le impidieron poner en los informes el nombre de responsables politícos del PP perceptores de sobresueldos procedentes del dinero negro de los empresarios, pero que él logró incluirlos en un anexo. Es entonces cuando el juez, atónito, ha dicho que le presentaba “un panorama desolador”.Morocho se ha explayado en las presiones sobre un nombre concreto que no debía aparecer en los informes, el del empresario Ignacio López Hierro, marido de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, e imptuado ahora en el caso Kithen, al igual que su esposa, por participar en el sabotaje del caso de la caja B. Uno de los mandos le pidió retirarlo, él se negó, y al día siguiente Villarejo escribió en su agenda: “Problema con Moroc”.Con este clima de trabajo, Morocho y sus colaboradores, junto al juez, tuvieron que reforzar las medidas de seguridad contra las filtraciones a la hora de registrar la sede de Génova y de la constructora Unifica, ha explicado el policía. 
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El expolítico del PP Rodrigo de Santos será juzgado en septiembre por agredir sexualmente a dos hombres en una ONG
La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgará los próximos 20, 21 y 22 de septiembre al expolítico del PP Rodrigo de Santos por agredir sexualmente a dos reclusos mientras disfrutaban de permisos en las casas de acogida de la ONG Horizontes Abiertos-Padre Garralda, en la que el exteniente de alcalde Palma fue contratado tras salir de prisión, según el caso que desveló elDiario.es en julio de 2018. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para De Santos, 15 por un delito de agresión sexual continuada a uno de los reclusos y otros cinco por otra agresión sexual a un segundo. Una de las acusaciones particulares eleva su petición a 94 años de cárcel. De Santos fue contratado en Horizontes Abiertos, próxima al PP, pese a sus antecedentes por delitos sexuales.Rodrigo de Santos llegó a Horizontes Abiertos en septiembre de 2014, seis meses después de salir en tercer grado. Había pasado cinco años en la cárcel por abusar de dos menores, amigos de sus hijos, y por gastarse 50.000 euros del Ayuntamiento de Palma en cocaína y prostitución masculina mientras exhibía militancia ultracatólica. A los pocos meses pasó de voluntario a contratado en la ONG y terminó ascendido a responsable de una de las casas de acogida en abril de 2017, esto último con la también política del PP María Dolores Navarro como presidenta de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. Navarro tuvo que dimitir tras la detención de Rodrigo de Santos, que tuvo lugar en diciembre de 2017. Exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Lola Navarro fue diputada en autonómica en el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero se quedó fuera de las listas para las elecciones del pasado 4 de mayo. En los últimos días ha estado recogiendo firmas contra los indultos del procés en el distrito madrileño de Arganzuela, donde sigue ejerciendo como presidenta del PP bajo el lema 'Indultos, no. Justicia, sí'.El relato de la Fiscalía explica cómo entre los meses de febrero y julio de 2017, Benjamín (nombre supuesto), que entonces tenía 29 años, estuvo residiendo durante sus permisos penitenciarios en las casas Javier I y Javier II que la ONG fundada por el Padre Garralda, ya fallecido, tiene en Madrid. Los presos que no tienen arraigo son acogidos por la ONG para que puedan disfrutar de las salidas y ésta informa a Prisiones de su comportamiento durante las mismas. Durante la estancia de Benjamín en las casas, Rodrigo de Santos "le obligó en siete ocasiones, sin que puedan concretarse las fechas, a mantener relaciones sexuales con él", escribe el fiscal. Según consta en las actuaciones, De Santos practicaba felaciones a la víctima para que luego éste le realizara penetraciones anales. Rodrigo de Santos, añade, lo hacía bajo "la amenaza de retirarle el aval por parte de la Fundación, imprescindible para poder disfrutar de los permisos penitenciarios". De la segunda víctima, la Fiscalía concluye que sufrió dos delitos de agresión sexual con la agravante de reincidencia por tocamientos realizados en el domicilio de De Santos, a donde llevó a Rachid (también nombre ficticio) en uno de los permisos penitenciarios del joven. La Fiscalía suma a los veinte años años de cárcel que Rodrigo de Santos no se pueda acercar a sus víctimas a menos de 500 metros durante otros veinte años en el caso de Benjamín y 10 en el de Rachid. También solicita la libertad vigilada cuando salga de la cárcel y que participe en programas de educación sexual. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular solicitan que la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, en el ámbito de cuya actividad se produjeron las presuntas agresiones sexuales, sea condenada como responsable civil subsidiario para que atienda las multas e indemnizaciones a las que pueda condenarse a De Santos si este se declara insolvente.La Fundación Padre Garralda, con un patronato vinculado al PP, intentó personarse como acusación popular contra De Santos dos años después de que el antiguo concejal de Urbanismo de Palma fuera detenido, tiempo en el que la ONG se desentendió de los jóvenes presuntas víctimas del depredador sexual. El juez Escalonilla rechazó la pretensión de Horizontes Abiertos y declaró su responsabilidad civil subsidiaria. La acusación particular señala en su escrito de acusación que De Santos fue contratado tras salir de la cárcel “por afinidad ideológica”.Cuando se produjeron los hechos, el Patronato de la fundación estaba integrado por dos exconsejeros de Esperanza Aguirre, Regina Plañiol y Luis Perales, así como por el exsecretario de Estado de Comercio con Rajoy, Jaime García-Legaz, quien se marchó por la gestión del caso de la entonces presidenta, Lola Navarro, y volvió después como vicepresidente. Todos pertenecen a la corriente más conservadora en asuntos de moral dentro del PP. En la actualidad solo tres personas componen el patronato: su presidenta, María Matos González de Careaga, el propio García Legaz y Celia Ordoñez.
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