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La gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla se vuelve contra el Gobierno
La exdelegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos va camino del banquillo de los acusados. Hace unas semanas dimitió de su cargo y está procesada por la deportación "grosera" de 55 menores en agosto de 2021. El adjetivo es del juez que ha tramitado el expediente y acusa tanto a la exalto cargo del Gobierno de Sánchez como a la vicepresidenta de Ceuta de prevaricar por ignorar la ley de extranjería a la hora de devolver a Marruecos medio centenar de niños sin seguir el procedimiento reglado. En la otra frontera sur, en Melilla, la Fiscalía investiga la actuación de las fuerzas del orden españolas y también de algunos gendarmes marroquíes a este lado de la valla en el episodio que acabó con la muerte de al menos 23 inmigrantes el pasado junio. No solo el ministerio público ha puesto la lupa sobre este episodio y viene reclamando más pruebas, también los socios del Gobierno insisten en pedir explicaciones al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y el visionado de las imágenes no ha hecho más que incrementar sus dudas. El viernes varios de los aliados parlamentarios calificaron de "inhumano" el trato dado a los migrantes en la valla. La presión judicial y política sobre la gestión de ambas fronteras acorrala al Gobierno mientras el ala socialista presume de "cooperación ejemplar" con Marruecos que persigue "un enfoque global y equilibrado" del "fenómeno" migratorio. Casi ocho meses después de la reconciliación con el reino alauí, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, volverá a comparecer el miércoles ante el Congreso, mientras partidos aliados del Gobierno insisten en pedir una Comisión de Investigación sobre la tragedia del pasado junio en Melilla.A la espera de proyectos como la ley de vivienda o la derogación de la ley mordaza, todavía encallados en el Congreso, la inmigración se ha convertido en la gran brecha del PSOE con sus socios de Unidas Podemos y la mayoría de aliados de la investidura, los mismos que acaban de aprobar los presupuestos los terceros presupuestos de este mandato.“Ambos casos demuestran que a la política migratoria basada en el papel de Marruecos como gendarme de España y Marruecos se le ven las costuras en cuanto las actuaciones no se quedan al otro lado de las vallas”, analiza el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, uno de los parlamentarios que este viernes ha podido ver las algo más de seis horas de grabaciones que ha facilitado Interior de lo acontecido en Melilla el 24 de junio, cuando al menos 23 migrantes africanos fallecieron intentando acceder a territorio español.Los vídeos captados por tres cámaras fijas, un dron y un helicóptero “demuestran” a juicio del congresista vasco que el núcleo de la tragedia “sucedió en suelo nacional y no tangencialmente, no en ‘tierra de nadie’, sino en zona controlada de forma efectiva por la Guardia Civil”; que “no se ofreció atención médica ni a los migrantes ni a los agentes españoles heridos”; que las Fuerzas de Seguridad marroquíes “accedieron a España no para evitar rodeos sino para seguir actuando” y que se produjo “cerca de medio millar de devoluciones en caliente”.El PSOE prometió en el programa con el que concurrió a las elecciones generales de 2019 desarrollar “una gestión de forma responsable y acorde con la dignidad humana” de las políticas migratorias, pero sobre el terreno esa vocación se ha traducido en poco más que en la retirada de los alambres con cuchillas que coronaban los vallados de Ceuta y Melilla, decisión que Marruecos acompañó con los mismos elementos agresivos en su territorio.La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que el PP introdujo en 2015 la figura del ‘rechazo en frontera’ como fórmula para ‘legalizar’ las ‘devoluciones en caliente’ no ha prosperado todavía y la contención de los flujos migratorios sobre las ciudades autónomas sigue dependiendo fundamentalmente de la disposición de Marruecos a colaborar para evitarlas, tras el giro que el Ejecutivo de Sánchez escenificó sobre el conflicto del Sáhara.El Gobierno que arrancó la legislatura escenificando una nueva era con la acogida de los migrantes del Aquarius mantiene tres años después dos crisis abiertas, con investigaciones de la Justicia, que sitúan contra las cuerdas a Marlaska, y comprometen aquel cambio de rumbo en las políticas de inmigración. El PP, por su parte, está dispuesto a cobrar la factura a la izquierda por la crisis del Tarajal. Ni en la investigación sobre Ceuta ni tampoco en la de Melilla hay imputados miembros del Gobierno, una vez que la delegada en la Ciudad Autónoma presentó su dimisión y fue relevada a finales de octubre. Ese cese sirvió de cortafuegos al Gobierno que de momento no ha visto caer imputación alguna sobre el Ministerio del Interior, por más que los investigadores tengan muchas dudas de que las deportaciones de Ceuta pudieran haberse hecho al margen del departamento de Marlaska. Para la doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante Cristina Soler es evidente que el Reino alauita “hace uso (y abuso) de esa cooperación, utilizando a los inmigrantes como arma arrojadiza para fines políticos y económicos”, pero ello “no puede justificar que España incumpla sus obligaciones internacionales y europeas”.Especialmente “por lo que respecta a la salvaguardia de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, cuyo baluarte es la protección del interés superior del menor”. Por obviarlo terminarán con toda probabilidad en el banquillo como acusadas de presunta prevaricación continuada la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu (PP), ya encausadas por deportar al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería a 55 menores marroquíes no acompañados en agosto del año pasado.Lo hubieran hecho de una tacada con 145 que permanecían en la ciudad de los llegados en mayo de 2021, cuando Rabat abrió por última vez sus esclusas migratorias para mostrar su malestar con España. Según la instructora de la causa, tras concertar el regate de la legislación nacional durante meses con, entre otros, el propio Marlaska, a ambas les pudo la prisa “ante la disponibilidad [sin precedentes] de Marruecos de recibir a los menores”.“Las consecuencias políticas y de otro tipo que se derivan de la gestión migratoria en Ceuta y Melilla con Marruecos como receptor de fondos para ejercer el papel de gendarme dejan en evidencia la fragilidad de las costuras de ese traje en cuanto sus connotaciones traspasan las vallas y el oscurantismo del país vecino, que no ha facilitado ni las autopsias de los fallecidos en junio, no es capaz de empañarlas”, opina Iñarritu, que es consciente de la “situación sensible” e “incómoda” que genera la imprevisible reacción del Reino alauita a cualquier posición que interprete como una injerencia en su actuación, ya sea por anuencia o exceso de celo.Después de consentir o alentar la salida irregular de miles de nacionales sobre Ceuta en mayo de 2021, Rabat aceptó en agosto por primera vez la vuelta de cientos de sus niños migrantes solos e incluso aceptó reunirse para concertarlo con autoridades locales de la ciudad que considera “ocupada”, pero cuando la Justicia española vetó el procedimiento acordado porque “ponía en riesgo su integridad física y moral”, regresó a su habitual negativa radical a colaborar en ese ámbito.Marlaska, a quien una de las acusaciones populares personadas, la Red Española de Inmigración, y la propia Deu han intentado citar como testigo en la causa abierta en Ceuta, ha evitado de momento verse más salpicado por ese caso (su secretario de Estado de Seguridad “rogó” iniciar las expulsiones de niños, aunque “protegiendo siempre los intereses de los menores implicados”), pero en el Congreso solo el PSOE y Vox se niegan radicalmente a que se abra una Comisión de Investigación sobre lo sucedido en Melilla.A diferencia de la tragedia de 2014 en Ceuta, cuando al menos 14 migrantes fallecieron ahogados en el marco de un intento de salto del espigón marítimo fronterizo del Tarajal en grupo tras una intervención por la que estuvieron a punto de ser juzgados 16 guardias (la jueza llegó a procesarlos, pero una semana después archivó las diligencias apelando a la ‘doctrina Botín’), esta vez la polémica no se centra tanto en si la actuación de los agentes fue o no “proporcional”, como acepta describirla Iñarritu, sino en cómo gestiona Interior la custodia de las fronteras terrestres de España en África y si “miente” al respecto.“Las imágenes, que solo muestran parte de las más de 12 horas que deberían haberse registrado, demuestran que los hechos sucedieron en territorio español y no tangencialmente, como mintió el ministro, y que no es creíble que las autoridades tardasen cuatro horas en saber la magnitud de la tragedia que se había producido”, remarca el parlamentario a la espera de que el Ministerio Público tome alguna decisión sobre un asunto “incómodo” por sus potenciales consecuencias políticas nacionales y bilaterales ante “la excesiva dependencia que tiene España de Marruecos para controlar la inmigración irregular” que diagnostica Soler.
8 h
eldiario.es
El gigante energético de Colombia que prometía "desarrollo" pero trajo inundaciones, amenazas y más precariedad
De la casa de la madre de Nidia Barrera ya apenas queda nada. Un crucifijo, una silla vieja y una fotografía familiar descolorida por el paso del agua. En el cuarto principal, en vez de una cama, ahora hay varios pollitos y una gallina que campan a sus anchas. El caudaloso río Cauca corre a escasos metros de sus descascaradas paredes y su fuerza recuerda a los vecinos de Puerto Valdivia el día en que el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, el mismo que, les decían, traería “desarrollo”, los empujó a escapar y cambió su forma de vida para siempre. Cuando Nidia habla del río en pasado, sus ojos se iluminan, sonríe y casi se emociona. Habla de comunidad, de noches en la playa, de lo fácil que era pescar en sus aguas. Cuando lo observa ahora, su mirada, como la de tantos vecinos, cambia, y las lágrimas brotan con dolor. El río antes era ilusión. El río era vida y sustento. Ahora el río solo le da miedo. Ahora mira el río con rabia, nostalgia y pavor. El significado del río ha cambiado para los habitantes de Puerto Valdivia y sus alrededores. Entre una mirada y otra, entre una vida y otra, todos señalan el megaproyecto hidroeléctrico estrella de Colombia: el gigante Hidroituango. La represa, que comenzó a construirse en 2009 aún no se ha puesto en marcha, pero la empresa pública responsable, Empresas Públicas de Medellín (EPM), trabaja para activar sus turbinas el próximo 30 de noviembre. La firma pretende generar 2.400 megavatios de capacidad y 13.903 gigavatios por hora, pero muchos años antes de empezar a generar energía, la construcción de este mastodonte atravesó la vida de las comunidades próximas al Río Cauca, recorridas por elDiario.es en una misión junto a la ONG Zehar. Desde hace más de una década, EPM les promete un "desarrollo" que nunca han llegado a ver. Una fecha marcó un antes y un después: 12 de mayo de 2018. La obstrucción de la presa del ambicioso proyecto provocó el desbordamiento del río Cauca y provocó graves inundaciones a su paso, especialmente en los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres (Norte de Antioquia). 15.000 personas tuvieron que ser evacuadas de las tres localidades, según los datos de EPM. Nidia estaba en su casa de Puerto Valdivia cuando empezó a crecer el cauce de manera repentina. “¡Vamos a salirnos! ¡Esto se le salió de las manos a esta gente!”, recuerda que dijo entonces. Desde su vivienda, situada en una zona un poco más alta pero también afectada, descendió corriendo a rescatar a su madre anciana. “El agua le dio toda la vuelta a la casa. Esto era como una piscina”, dice a las puertas de la vivienda a la que nunca nadie pudo regresar. “Mientras yo llevaba volando hacia arriba, mis cosas nadaban. Bajé a salvar a mi mamá y mi hermana y no me dio tiempo a sacar nada más. Hasta pensaron que el agua me había llevado”, cuenta entre lágrimas cuatro años después. El tiempo aún no ha logrado sanarla. Habla atropellada. No parece haberse sentido escuchada. Tras su evacuación, EPM determinó meses después que tanto su hogar como el de su madre eran habitables. Se les acababan ayudas derivadas del desastre y debían regresar a casa, con un pequeño aporte para arreglar su hogar. Nidia lo intentó, pero no fue capaz. EPM ha reconocido a elDiario.es que el megaproyecto puso en peligro a 130.000 personas en 2018. "El mayor riesgo es el rompimiento de presa, lo que pone en riesgo y afectaría más de 130.000 personas en caso de que la presa falle", dijo Robinson Miranda, director social y ambiental de la empresa pública, en una reunión con elDiario.es y otros medios nacionales e internacionales. “Ahora da miedo. A mí me mandaron para acá, para la casita mía porque dicen que quedó habitable, pero todas las cosas se me mojaron. Pero yo con el miedo cómo voy a vivir acá. Me vine y no fui capaz de quedarme por el miedo. Me tuve que volver. Tuve que pagar un arriendo [alquiler] allí arriba. Estamos desplazados”, confiesa disgustada la mujer, de unos 60 años. A su alrededor, las casas abandonadas se suceden. La mayoría, junto al río, abandonadas, pero muchas lucen en sus puertas un símbolo verde con el que EPM pretende señalizar las viviendas aptas para el retorno. Los vecinos temen que vuelva a ocurrir, más aún cuando ven en las noticias que las turbinas de la hidroeléctrica se activarán en las próximas semanas. El director ambiental y social de la empresa pública defiende una y otra vez que todas las familias afectadas en 2018 regresaron a sus hogares o fueron realojadas, pero sus palabras contrastan con las hileras de viviendas aún dañadas y abandonadas que se suceden en las calles de Puerto Valdivia. “Las casas están cerradas. Otras destrozadas. Todos los días vengo por si me roban algo. Tengo unas gallinitas para vender esos huevitos”, describe la mujer, vecina del barrio de La Platanera. Si duerme algún día en su casa, su familia le dice que tenga el teléfono a mano por si algo ocurre. No logra pegar ojo. “Es como dormir con un caimán al lado, no sabes cuando va a atacar. Sufro un estrés horrible de ver mi casa ahí cerrada y pagar arriendo en otra casa que es tan estrecha que ni tengo casi espacio donde dormir”, relata. No solo los habitantes de las veredas próximas al Cauca vivían de él. Gustavo observa con nostalgia un punto en el que ahora solo hay vegetación. Señala al río y asegura que en ese lugar donde ya no se ve más que agua, antes había una extensa playa donde pasaba jornadas completas de trabajo. Se dedicaba al barequeo, un oficio basado en la minería artesanal, oficio tradicional en el Norte de Antioquia. “Se sacaba muy buen orito allá”, dice recordando aquellos años en los que el sustento del día estaba garantizado con una jornada en las orillas del Cauca. “Ahora solo podemos ir a las quebradas [arroyos] del río, porque ya aquí no se encuentra nada de oro. Antes uno rebuscaba acá a diario, ya no… Ya prácticamente no hay dónde”, asegura. “Antes teníamos a la familia con la comida, el estudio… todo. Ahora hasta mis hijos dejaron de estudiar porque no había con qué darles la ropita o los libros para estudiar. Porque acá es muy caro, así que uno anda sufriendo”, cuenta Gustavo, uno de los líderes sociales de Ríos Vivos de Valdivia, la organización fundada para luchar en contra del megaproyecto. Antes de Hidroituango, dice, comía tres veces al día, pero ni para eso le alcanza desde que el río empezó a sufrir los efectos de la construcción de la represa: “Ahora, hay días que ni dos comiditas comemos. Es muy duro ahora. Estamos aguantando necesidades y de todo”. Antes de Hidoituango, recalca, uno encontraba en el río lo básico para vivir. “Cuando no era el oro, era el pescado. O se rebuscaba la vida con platanito o yuca sembrado en las laderas, pero ya prácticamente no podemos hacer eso, porque el río ahora está demasiado bravo”, sostiene. "Los barequeros y barequeras que extraían oro en las riberas del río Cauca han sido las más afectados, y denuncian la pérdida de una cultura ancestral y la imposibilidad de encontrar nuevos modos de vida tras la desaparición de la minería artesanal", sostiene Raquel Celis, responsable de Incidencia de Zehar. Desde la pequeña ventana de la casa de Mariana, puede verse la fuerte corriente de ese río que arrasó la vivienda ya reconstruida. Ella también tiene mucho miedo de que vuelva a ocurrir, pero se niega a abandonar su territorio por culpa del proyecto hidroeléctrico sin unas condiciones dignas de realojo. Su mayor temor procede de las consecuencias que puedan traer sus palabras. Por ello prefiere usar un nombre ficticio. Como líder social de Ríos Vivos, sus protestas en contra de la represa han conllevado amenazas. “He tenido persecuciones y señalamientos por reclamar mis derechos y los de mi comunidad por teléfono, personalmente…”, lamenta la activista, quien ha tenido que interponer varias denuncias por distintos hostigamientos ligados a su labor. No tiene claro de dónde proceden, pero conecta la violencia sufrida en la comunidad con los intereses del megaproyecto. “Históricamente, han existido siempre grupos armados pero sabíamos los que estaban, sabíamos las normas. Sabíamos cómo podíamos caminar para evitar problemas pero, ahora, hay un montón de grupos y no sabemos quienes son: qué reglamentos tienen cada uno… Aquí, sospechamos que de Hidroituango salen algunas platas [dinero] para financiarse ellos mismos e impiden hacer un trabajo de denuncia. Si hablan mucho, los callan”, explica Mariana. A Ana la han intentado callar varias veces. Para seguir gritando en contra de los efectos del megaproyecto, no tuvo otro remedio que huir. Aguantó en su municipio hasta que los hostigamientos llegaron a sus hijas. Hasta que la mayor tuvo que correr para no ser alcanzada por un chaval que la perseguía, perteneciente a uno de los grupos armados asentados en el Norte de Antioquia. Hasta que la pequeña supo que aquel chico que trataba de conquistarla buscaba en realidad reclutarla. Hasta que no solo su vida corría peligro: también las de sus niñas. “A la mayor intentaron agarrarla. La persiguieron hasta llegar a la casa. A la menor, la empezaron a engatusar.  Allá lo que hacen para reclutar niñas es intentar seducirlas. Y una vez que estás dentro, no te puedes salir. La niña estuvo en ese punto, pero antes un amigo le advirtió de lo que estaba pasando. Me llamó a mí para avisarme. Y ya la saqué de allá”, describe la activista. Los problemas empezaron cuando la cara de Ana como líder social fue más visible en Caucasia, otro de los municipios afectados por la hidroeléctrica. Como miembro de una asociación local de pescadores, pasó a estar cada vez más involucrada en el movimiento Ríos Vivos. Implicarse de forma activa en la denuncia de los efectos de Hidroituango se tradujo en amenazas insostenibles. Ahora, Ana y sus hijas viven en Medellín. “A mis hijas les ha marcado bastante. Ellas quieren estudiar y aún no pueden porque yo no tengo la ayuda suficiente, no tenemos ni para pagar transporte…”, cuenta la defensora. La activista solo se rompe cuando piensa en fallarlas. “Me preguntan mucho que por qué yo elegí esta vida. Me dicen que desde que yo empecé con esto empezaron todos los problemas…”. Ella sufre por sus pequeñas, pero trata de contagiarlas los valores que la animaron hace tres años a levantar la voz en contra del megaproyecto: “Les recuerdo que ellos son los que actúan mal, que nosotras tenemos que defender lo nuestro”. Y entre “lo nuestro” está el río y sus formas de vida. Ese río del que Ana y su padre obtenía el pescado desde hacía décadas. Ese río que Mariana mira con ojos vidriosos en la cocina de su casa en Puerto Valdivia. Ese río que permitía a Gustavo comer tres veces al día. Ese río que ya es otro río.
1 d
eldiario.es
La Fiscalía llama a declarar al jefe del operativo y otros dos guardias civiles que intervinieron en la tragedia de Melilla
La fiscal de sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, que investiga la muerte de varias decenas de personas en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio, ha pedido interrogar al jefe del operativo y otros dos guardias civiles que participaron en ese dispositivo, según ha adelantado la Cadena Ser y confirmado elDiario.es. En concreto, pretende tomar declaración al teniente coronel Arturo Ortega, que era máximo responsable como jefe accidental de la Comandancia de Melilla y al piloto y copiloto del helicóptero que sobrevoló la frontera. La Fiscalía abrió el pasado 28 de junio una investigación sobre la muerte de varias decenas de personas en la frontera de Melilla. La entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encomendó a la fiscalía especializada en Extranjería que investigara las circunstancias de la muerte de las víctimas en territorio marroquí. El recuento oficial de víctimas habla de 23 fallecimientos mientras que las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra de víctimas hasta 37 personas. La investigación penal abierta por el Ministerio Público llegó después de que el Gobierno dejara en manos del Defensor del Pueblo la investigación sobre estos hechos y de que el Comité de Naciones Unidas haya exigido una investigación para evitar “que se repitan tales tragedias”.  En paralelo, este viernes, los portavoces de los grupos parlamentarios han visto a puerta cerrada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados 40 archivos con los vídeos de esa tragedia. La mayoría de los portavoces parlamentarios han censurado que se opte por una comisión a puerta cerrada sin la presencia de ningún responsable de Interior, que ha delegado en un responsable de la Guardia Civil de Melilla, por ser el “custodio” de la “totalidad” de las grabaciones que también se remitieron a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo en el marco de sus investigaciones.Cinco meses después del incidente en el perímetro fronterizo en el que murieron, al menos, 23 migrantes, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios mantienen sus críticas a la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los grupos, principalmente los socios del Ejecutivo -partidarios de convocar una comisión de investigación-, cuestionan la versión del Ministerio y quieren saber si hubo muertes en suelo español, como sostuvo la BBC en un documental. Las críticas se han centrado, de hecho, en si gendarmes marroquíes pasaron a España dentro de un dispositivo que Grande-Marlaska defiende como “proporcional” frente a un “ataque muy violento” en que resultaron heridos medio centenar de guardias civiles.Al hilo de lo sostenido por el Defensor del Pueblo, además, algunos portavoces critican que agentes de la Guardia Civil lanzaran piedras a los migrantes que trataban de llegar a España y quieren saber por qué no se ofreció auxilio sanitario a los heridos. También cuestionan el uso de material antidisturbio y los rechazos en frontera, que el Defensor del Pueblo cifró en 470 al margen de la legalidad.
2 d
eldiario.es
Los socios del PSOE denuncian el "trato inhumano" en la tragedia de Melilla tras ver las grabaciones
Los miembros de la comisión de Interior han acudido hoy a la visualización de algo más de seis horas de imágenes de la tragedia de Melilla que el ministerio del Interior y la Guardia Civil han organizado este viernes en el Congreso. Esos mismos diputados ya tuvieron la oportunidad de acudir personalmente al puesto fronterizo con Marruecos donde se produjeron al menos 23 muertos, aunque en esta ocasión se ha puesto a su disposición un mayor volumen de material audiovisual procedente de las propias cámaras de seguridad de la frontera, pero también de un helicóptero de la Guardia Civil y de un dron. La principal conclusión de los socios parlamentarios y de coalición del PSOE es que no se cumplió con la legalidad vigente y que los derechos de las personas migrantes fueron vulnerados. "Las imágenes son tremendas y ponen de manifiesto que no se está garantizando la legislación española y europea en frontera. No se está garantizando el acceso a dependencias diplomáticas o a puestos fronterizos de personas que tienen la necesidad de solicitar asilo o protección internacional. No se ha dado un trato debido a estas personas, es trato inhumano. Lo que hemos visto es una clara omisión de socorro", aseguró el diputado de Izquierda Unida y portavoz de Unidas Podemos en Interior, Enrique Santiago. Desde EH Bildu coinciden en que las imágenes son "dramáticas" y que demuestran, a su juicio, que no se cumplió la ley. "Se realizaron devoluciones en caliente, No hubo atenciones a heridos y hay imágenes controvertidas en las que se ve un intercambio de piedras. Se ve a agentes de la Guardia Civil utilizando piedras como material antidisturbios. Y se ven personas que caen desfallecidas al suelo por una desproporción en el uso de la fuerza", denunció el portavoz de la formación independentista vasca, Jon Iñarritu.Desde el PP, por el contrario, defienden la actuación de la Guardia Civil. Una defenso que compatibilizan con la petición de dimisión del ministro Marlaska. "Marlaska aseguró que estuvieron 150 agentes y hoy nos han dicho que es mentira, que en el momento que más se juntaron había 100 y con agentes doblando turnos. Había desproporción por el lado de Marruecos, con alrededor de unos 400 efectivos. Se ha constatado que mintió, que ha dejado a su suerte a la Guardia Civil. El responsable de los 55 agentes heridos es el señor Marlaska", planteó la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, tras ver las imágenes.Desde el PSOE defienden tanto la labor de su ministro como de las fuerzas de seguridad, que subrayan que se limitó a "defender la soberanía y evitar un asalto violento que pretendieron realizar más de 2.000 personas. Un asalto violento y una actuación correcta de la guardia civil que se ajusta a proporcionalidad", describió el diputado socialista, David Segarra. El PSOE sí admite ahora la presencia de agentes marroquíes en suelo español que en su día negó el ministerio, aunque asegura que se trató en todo caso de una "actuación coordinada" entre ambos países para el control de la frontera.  EH Bildu insistió en la necesidad de que las investigaciones sobre la tragedia de Melilla lleguen hasta el final porque se trata de "lo más grave que ha ocurrido en una frontera europea en las últimas décadas". Y por eso defienden la necesidad de una comisión de investigación en paralelo a los trabajos de la Fiscalía, a la que animaron a "llegar hasta el final". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá por segunda vez en el Congreso para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento y de las fuerzas de seguridad el próximo miércoles ante el Pleno.
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