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Desnudo integral y exploración genital para comprobar la edad de menores: unas pruebas "innecesarias" que la ONU pide prohibir en España
La reciente condena de la ONU a España por desnudar y examinar las partes íntimas de Arcange, una niña migrante víctima de violencia sexual, ha aumentado la presión sobre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado, que acumulan años de reproches del Comité de los Derechos del Niño ante el procedimiento de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, que incluye invasivas pruebas como estas. Para el organismo internacional, este tipo de examen médico "infringe su dignidad, su privacidad y su integridad corporal y debería estar prohibido".Aunque es la primera vez que el Comité sugiere a España de manera específica la prohibición del desnudo integral y la exploración genital para comprobar la edad, no es la única que la ONU urge al Estado a transformar la manera en la que determina los años de los niños y niñas que migran solos: el organismo internacional ya ha condenado en 14 ocasiones a España por someter a estos menores a pruebas que, más allá de los exámenes de partes íntimas, no se ajustan al Convenio de los Derechos del Niño. "La condena de la ONU a España por el caso de Arcange demuestra la necesidad de modificar sustancialmente el procedimiento de determinación de la edad de los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a nuestro país", dice a elDiario.es una portavoz de Ministerio de Derechos Sociales. "Es imprescindible evitar la realización de pruebas innecesarias, muy especialmente las que implican desnudos de los menores", añade. Tras los constantes varapalos de organismos internacionales, el Gobierno creó a finales del año pasado un grupo de trabajo que busca impulsar un reglamento que rija el procedimiento de determinación de edad. En este grupo, coordinado por el Ministerio de Justicia, participa la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y varias organizaciones especializadas en infancia. Sin embargo, algunos grupos parlamentarios y ONG piden más celeridad: solicitan introducir en el Proyecto de Ley de Protección de la Infancia, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, la prohibición expresa de estas pruebas invasivas -Ciudadanos, Más País-Equo y Bildu-, así como otras reformas pendientes sobre menores extranjeros no acompañados -Ciudadanos, Más País-Equo-.Los grupos de PSOE y Unidas Podemos prefieren la inclusión de una disposición final que obligue a desarrollar , durante los próximos doce meses el reglamento en el que ya están trabajando con el objetivo de garantizar "el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España" en el procedimiento de la determinación de la edad de estos menores. La Fundación Raíces, la organización que apoyó a Arcange en su denuncia ante la ONU, pide que no se posponga. "Si se está preparando una ley ahora, contra toda forma de violencia contra la infancia, la pregunta no sería: ¿por qué no hay que hacerlo ahora? ¿los niños y niñas extranjeros no son niños como los demás? ¿no son objeto de prácticas violentas cuando se les obliga a someterse a pruebas invasivas, como los desnudos integrales y la exploración de sus genitales?", se pregunta su presidenta, Lourdes Reyzábal. La ley es la manifestación de la voluntad del parlamento, y es en la ley donde deben reconocerse los derechos: hay que reconocer ahora el derecho a la integridad física y moral de estos niños y niñas", defiende.Una vez que la Fiscalía ordena la activación del procedimiento de la determinación de la edad, no hay ningún marco jurídico unificado a nivel estatal que marque o controle las pautas a seguir en la realización de las pruebas médicas. El actual protocolo sobre menores extranjeros no acompañados solo detalla que "corresponde a los facultativos médicos según las leyes de su ciencia determinar las pruebas adecuadas y suficientes para eliminar la inseguridad sobre la minoría de edad del extranjero afectado" y recomiendan seguir los parámetros de la Jornada de Trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los MENA.En un informe de 2011, el Defensor del Pueblo ya exponía sus reticencias al uso del desnudo integral y la exploración genital en las pruebas de determinación de la edad. Según el documento, el examen de los órganos genitales de los menores, que suele combinarse con pruebas oseométricas, parte de la base de que el desarrollo sexual en las chicas se calcula según la edad de la menarquia (primer período menstrual), la etapa del vello púbico (cantidad y distribución del vello púbico) y el nivel de desarrollo del pecho. En los chicos se calcula, apunta, según la longitud del pene, el volumen testicular y la etapa del vello púbico (cantidad y distribución del vello púbico). "Sin embargo, las señales físicas de la pubertad no guardan estrecha correlación con la edad cronológica", concluyó hace diez años el organismo. Más allá de su aparente ineficacia para determinar la edad de una adolescente, el Defensor del Pueblo alertaba también sobre el "abuso sexual" en el que podía convertirse el uso de la exploración genital de los menores. "El desarrollo sexual es, para los adolescentes, y en particular para muchos grupos étnicos, un asunto muy delicado de privacidad y sensibilidad", dice el documento, que recuerda que los y las menores a las que se les practica pueden ser víctimas de mutilación genital femenina, violaciones u otro tipo de acoso sexual. "Existen importantes cuestiones éticas sobre la conveniencia de estas exploraciones sólo para fines administrativos" a pesar de que "raramente se discuten", advertía el Defensor en 2011, por lo que solicitaba que cualquier estimación de la edad se realizase con un enfoque multidisciplinar y con la aportación de pediatras. Desde 2013, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo recuerda en sus guías sobre determinación de la edad que "los exámenes que conlleven el desnudo, observación o medidas antropométricas de genitales o las partes íntimas deben excluirse" al ser "muy intrusivas" especialmente para personas que pueden haber sufrido episodios de abuso. Ante la falta de un protocolo que unifique criterios sobre cómo realizar las pruebas de determinación de la edad, la Fiscalía General del Estado se ha mostrado a favor en varios de sus informes anuales de la "necesaria articulación de un procedimiento administrativo" de determinación de la edad regido por "un protocolo médico definido legalmente y verificado por las clínicas médico forenses". Más allá del tipo de pruebas practicadas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que, si los menores tienen documentos válidos que acrediten su minoría de edad, estos no deben ser sometidos al procedimiento de determinación de la edad. Tras la doctrina del Alto Tribunal, el gobierno modificó en 2015 la Ley de Protección a la Infancia para matizar el procedimiento por el cual se decidía la necesidad de someter a los menores migrantes a las pruebas médicas. La normativa dejó sobre la Fiscalía la potestad de decidir si el pasaporte que presenta el adolescente es o no "fiable". Si no le da credibilidad, puede someterle a pruebas médicas que contrasten lo que dice su documento oficial.En su última condena España, así como en resoluciones anteriores, el Comité de los Derechos de los Niños pidió al Estado que "en el caso de que los documentos hayan sido emitidos o confirmados por los Estados que emitieron los documentos o por las embajadas, sean aceptados como auténticos" y, por tanto, no sean sometidos a ninguna prueba para comprobar su edad. Arcange tenía documentos a su llegada a la Comunidad de Madrid, pero la Fiscalía los consideró poco fiables. A pesar de haber sufrido agresiones sexuales durante años por parte de su padre y dejar constancia de ello, fue sometida a desnudo integral y exploración genital. Su apariencia de niña, reflejada en las diligencias policiales iniciales y en un informe médico previo, no lo frenaron. Ninguna autoridad evitó que la niña camerunesa pasara por ello a pesar de sus antecedentes como víctima de violencia sexual. Aunque una de las pruebas oseométricas apuntaba a una edad de 17 años, el informe médico que la recogió decía que tenía 18 por "error". A través del examen de sus partes íntimas, ese que varios organismo tachan de "innecesario" por su falta de rigor en adolescentes desarrolladas, también se decidió que esta niña de 16 años era mayor de edad, por lo que fue expulsada de su centro de acogida en la Comunidad de Madrid.Su caso, dice Reyzábal, evidencia la falta de control de estos procedimientos: "La arbitrariedad en el uso de pruebas para determinar la edad es total, desde el momento en el que no hay un marco legal claro y respetuoso con los derechos humanos y desde que la Ley de Protección de Infancia otorgó a la Fiscalía la potestad para determinar la edad sin control jurisdiccional y sin ninguna garantía legal", sostiene. "La ley no puede esperar porque son cientos de niños y niñas los que son sometidos a estas prácticas que les dejan en una situación de indefensión absoluta pudiendo ser víctimas de cualquier tipo de explotación".
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La Guardia Civil investiga un incendio en las cabañas de un centro de acogida de menores en Melilla
La Guardia Civil ha abierto una investigación por el incendio que han sufrido en la noche de este sábado dos de las casetas de madera del camping de Rostrogordo, reconvertidas en un centro de acogida de menores desde el pasado mes de abril, en el que se han utilizado líquidos inflamables. La rápida intervención de los bomberos, que han acudido a la zona con varias dotaciones, ha impedido que las llamas se extendieran por los pinos que hay en la zona, a pesar de que en los vídeos que se han viralizado en las redes sociales puede verse la considerable altura que han alcanzado algunas de ellas.Según ha informado en un mensaje grabado el consejero de Distritos, Mohamed Ahmed, los bomberos han podido controlar el incendio "sin ningún problema, con la suerte de que no prendió ningún árbol de los que hay alrededor de las cabañas". El consejero, que se ha desplazado a la zona tras ser alertado de lo que había sucedido, ha explicado que el suceso no ha provocado daños personales ya que en el momento en el que empezaron a arder las cabañas no había ningún menor en su interior.Aunque las casetas están fabricadas de una madera tratada para evitar que puedan sufrir incendios, han prendido "de manera repentina y rápida al haber usado líquidos inflamables", tal y como ha apuntado el consejero. La investigación de la Guardia Civil podría tardar "dos o tres días" y, mientras tanto, la zona permanece acordonada.
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Huir de la ciudad a la selva en pandemia: el viaje de vuelta de cientos de jóvenes indígenas
En plena pandemia siete amigos de la comunidad originaria awajún emprenden escondidos en un camión un viaje de regreso a su tierra, en la provincia de Condorcanqui, frontera norte del Perú con Ecuador. Como ellos, al menos 600 personas indígenas en situación de vulnerabilidad en grandes ciudades quisieron volver a este pueblo, el segundo más numeroso de la Amazonía peruana.–Al menos terminaré enterrado en mi pueblo, ¿no?Cerca de las seis de la tarde del martes 9 de junio, Salomón había abordado un tráiler conducido por un desconocido en la vía Panamericana. Los mototaxistas del distrito de Paramonga, al norte de Lima, le recomendaron subirse en él porque "no pasaba por muchos controles" en esos días de estado de emergencia. Arriba, en la parte trasera del camión, lo acompañaban seis amigos con dos maletas, menos de 30 años y una sola dirección. Todos viajaban sentados, inmóviles, rozando sus cuerpos en un bloque de madera de un metro cuadrado, encerrados entre plásticos y cajas de cartón con fechas de vencimiento. En aquel lugar, en un contenedor lleno de tarros de leche, Salomón, 26 años, hijo del pueblo originario awajún pasó su primera noche de regreso a la selva.El día anterior supo que era momento de abandonar la ciudad que habitaba desde hace diez años y donde estudiaba administración bancaria. En las calles de Lima se hablaba de los casi 200.000 infectados y más de 5.000 muertos por COVID-19 a nivel nacional. Salomón compartía una pequeña habitación con su sobrino Fredy, de 24 años, graduado en agronomía y ex empleado de una tienda de ultramarinos. Ya no tenían dinero para pagar el alquiler, ni la comida. En los últimos tres meses de cuarentena no había trabajo ni estudios y su familia no podía enviarles dinero desde la selva. "¿Cómo íbamos a sobrevivir?". Entonces, dejó electrodomésticos como parte de pago, desempolvó sus últimos ahorros y envió un par mensajes por Whatsapp. "En la selva nuestra alimentación será gratis, porque es nuestra tierra", decía Fredy. Esa tierra era la de la comunidad Nuevo Kanam, adonde llegan las aguas de los ríos Marañón y del Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, frontera norte del Perú con Ecuador.***"Condorcanqui espera su destino", había dicho semanas atrás el alcalde de aquella provincia, Héctor Requejo. A través de un audio difundido en redes sociales, advertía el retorno descontrolado hacia las comunidades indígenas de decenas de ciudadanos provenientes de Lima y otras localidades del país. Con la voz apagándose, Requejo enumeraba todo lo que no tenían para aislarlos: colchones, camas, equipo de bioseguridad y, sobre todo, presupuesto del Gobierno. "Ya no esperamos a los médicos: nunca llegarán. Y si llegan, no hay dónde atender". Esa era la confirmación de lo que sería la tragedia pandémica en Condorcanqui. Cada Apu tenía que recoger a los viajeros y aislarlos en su comunidad, lejos, por las montañas. "Comida van a tener, pero igual van a morir. Si se agrava, no hay cómo tratarlos. Mejor, como dijeron sus familiares, que fallezcan en su comunidad a que sean cremados". La población que, al inicio había resistido el ingreso de los foráneos, estaba resignada y su autoridad lo admitía:–El aislamiento será tipo la guerra mundial. Será aislarlos para la muerte.Aun así, cuando la muerte comenzaba a acechar al pueblo awajún, históricamente guerrero y defensor de sus territorios, sus hijos decidieron volver a él. Desde abril hasta junio, la Defensoría del Pueblo conoció que, al menos, 600 personas indígenas en situación de vulnerabilidad en ciudades como Lima, Trujillo o Chachapoyas querían retornar a este pueblo, el segundo más numeroso de la Amazonía peruana. En ese mismo lugar; los facilitadores culturales calcularon la llegada de casi 2.000 personas awajún y wampís. Muchos de ellos esperaron primero en las calles limeñas, durmieron en carpas. Sus padres los llamaban por teléfono para decirles: "Ven, hijito", porque tenían miedo de que murieran no por el virus, sino por el hambre. Después, el Gobierno los llevó, con poca organización, a albergues para que aguarden por pruebas serológicas, cuarentenas y traslados humanitarios. Otros comenzaron el retorno a sus hogares a pie. Entre ellos estaban Salomón, Fredy y sus cinco acompañantes en ese camión que trasladaba cajas de leche hacia el norte del país. "Ya no importaba si nos contagiábamos o no. Ya no importaba nada".Durante siglos, los awajún construyeron su reputación de guerreros por sus habilidades en la caza, por su resistencia a los innumerables intentos de invasiones, por no amilanarse frente a los incas o a los españoles. Para convertirse en guerreros, incluso, debieron pasar por pruebas físicas y espirituales. Los descendientes de esta etnia hoy superan los 60.000 en el Perú. En 1995, estuvieron en primera fila en una guerra contra Ecuador. En el 2009 hicieron lo mismo en una huelga contra decretos gubernamentales que afectaban el agua y el régimen de la tierra, también conocido como el "Baguazo". En el 2020 atravesaron el país en medio de una pandemia.***Por la mañana del nueve de junio, en el grupo de Whatsapp "Jóvenes caminantes del Cenepa", integrado por chicos de Lima, Trujillo, Chiclayo y otras ciudades, los siete hombres confirmaban el punto de partida. Todos sabían el lugar de destino, pero nadie sabía con seguridad cómo llegarían. Quienes los precedieron -y llegaron a inicios de mayo a Condorcanqui- les habían dado indicaciones generales de la ruta: el camino era hacia el norte y con escalas. Con esa premisa, Salomón y Fredy abandonaron su habitación y tomaron un taxi hasta la estación de buses en el distrito de Independencia. Cuando encontraron al resto del grupo, abordaron un colectivo hacia Ancón. "Fue el momento más aterrador", dice Salomón. Tenía miedo a que lo interviniesen, tenía miedo de volver a casa. En pleno camino, a punto de salir de Lima Metropolitana, cerca de una garita de control, el auto se detuvo: todos tenían que bajar y recorrer ese tramo a pie para evitar ser descubiertos.Fredy, poco más de 1,60 de estatura, gorro rojiblanco, y un polo oscuro que cubría sus juveniles músculos, cargaba dos maletas que juntas lo igualaban en peso. Adentro llevaba amontonadas colchas, galletas, yogures, gaseosas, latas de conserva y agua. Todo le debía durar lo que restaba de viaje, aunque no sabía cuánto era. Caminó junto a sus compañeros por los bordes de la carretera Panamericana Norte durante una hora. No estaban solos. A su lado, otros ciudadanos, muchos de ellos venezolanos, también abandonaban Lima. Había jóvenes, niños, mujeres con bebés. Si antes la capital del Perú había sido el principal destino de los migrantes, ahora se convertía en el más importante punto de partida. La mayoría buscaba volver a las regiones de Amazonas, Ucayali y Loreto. Fredy caminaba hacia una selva sin oxígeno.Con 160 kilómetros más al norte y casi 200 soles (45 euros) menos en los bolsillos, se les agotaron las opciones para continuar su recorrido. Terminaba la tarde en el distrito de Paramonga, al norte de Lima, no había dinero, ni taxis que los llevaran a otra provincia. Su única alternativa fue aquel tráiler lleno de cajas de leche. Cuando el chófer les abrió las puertas los muchachos corrieron hacia el vehículo, miraron a la izquierda, a la derecha, a sus espaldas, aventaron sus mochilas, y se acomodaron en el contenedor. "Estábamos encaletados. Había espacio ahí", cuenta Fredy. Cien soles por persona, y una paleta de madera -antes ocupada por productos lácteos- se convirtió en un espacio para todos. Los siete viajeros atravesaron provincias en la oscuridad. Lo que habían comido en la calle tenía que alcanzarles el resto del viaje. La noche caía, el frío se elevaba, ellos cruzaban los brazos."Bien horrible era", recuerda Fredy. Sus abrigos se habían quedado en las maletas, y estas estaban en otro espacio. Eso; sin embargo, ya no importaba: "Sí, hacía frío, pero cuando ya estás cansado sin darte cuenta, te duermes", dice Salomón.De los siete ocupantes, cinco eran awajún y wampís, y dos venezolanos: todos iban al norte. Los que no podían descansar lanzaban pronósticos sobre lo que sería los próximos días. Algunos, en la mitad del viaje, empezaron a dudar si la decisión había sido la correcta. El resto los calmaban: "Si llegamos a la comunidad, vamos a tener la libertad de salir, tomar aire, lo que no podíamos hacer en Lima". Luego recordaban que, en realidad, al pisar tierra indígena, deberían aislarse.Cinco meses después de su viaje, Salomón habla de esa caminata y escribe una frase en un post-it: "Utugchatnum pujakmek egakta wajuk epegmainitme nunu (Afronta el problema y haz que tus acciones hablen por sí solas, sin importar las consecuencias que te pueden pasar, lo importante es el resultado final)". El antropólogo James Regan decía que la cosmovisión del pueblo awajún considera que cada persona labra su propio destino a través de sus esfuerzos, antes que estar apelando a la ayuda de Dios. El padre jesuita David Samaniego, párroco en Condorcanqui, recuerda que los pobladores siempre se encomiendan a su espíritu guerrero, a ese que triunfa frente a la adversidad. Ruth Buendía, lideresa del pueblo ashaninka, explica que las comunidades originarias solo confían en ellos mismos. "No podemos esperar a que el ministerio nos traiga balón de oxígeno. Si esperamos, van a llegar cuando estemos muertos".Casi a la madrugada del 10 de junio, el tráiler se detuvo en la región norteña de Trujillo. El chófer quería dormir y los viajeros buscar comida. En esa parada apenas pudieron estirar las piernas. Volvieron luego a su habitación sobre ruedas para seguir su recorrido de tres horas hacia Chiclayo: habían completado la mitad del viaje. Una vez en esa ciudad, su travesía junto a las cajas de leche había acabado. Lo que vendría serían más kilómetros de caminata.Subieron a otro carro, bajaron para no ser descubiertos y, mientras caminaban ocurrió lo que no había pasado en las últimas veinte horas de viaje: la Policía los detuvo. Según recuerdan los retornantes, los agentes le impidieron el paso por la emergencia sanitaria y les cobraron 40 soles (9 euros) para olvidar la prohibición. Los muchachos se negaron a pagarlos. Los agentes les obligaron a permanecer dos horas en esa carretera. Pero después de eso, como si nada hubiera pasado, levantaron el castigo y los acompañaron en un tramo de su caminata.Tras ello, los viajeros tomaron una mototaxi que los llevaría a la puerta de ingreso de su natal Amazonas: Corral Quemado. La entrada al puente se había convertido en un punto estratégico de control sanitario. En la quincena de abril, la Policía detuvo a 11 personas que viajaban camufladas en un camión de carga. Medios locales informaban que algunos de quienes intentaban regresar se lanzaban al río Marañón sobre cámaras inflables para evitar ser frenados. A lo largo de la carretera Belaúnde Terry, que once años atrás fue escenario de un brutal enfrentamiento entre policías e indígenas amazónicos, estos jóvenes resistían una vez más.En las comunidades indígenas, los padres pedían desesperados a los alcaldes que ayudasen al retorno de sus hijos varados. "Prefiero que mueran acá que en la ciudad, donde no lo voy a ver", decían. En su habitación de Lima, antes de su salida, Fredy pensaba lo mismo: "Si muero acá, nunca veré a mi familia, entonces será mejor regresar".Para el padre jesuita David Samaniego, esa idea de volver a la tierra, de morir entre los suyos, ha sido una marca en esta crisis sanitaria. En los primeros días de la emergencia, los ciudadanos que morían en Santa María de Nieva (capital de la provincia) tenían que someterse a los protocolos sanitarios de Covid-19; es decir, ser inhumados o cremados, pero cuando fallecían en las comunidades se respetaba los ritos de su cultura.El histórico líder de los pueblos awajún y wampís, Santiago Manuin, murió víctima del COVID-19 en Chiclayo. Su muerte golpeó tan duro que, de manera excepcional, trasladaron su cuerpo en avión, luego en deslizador, para enterrarlo cerca de su hogar, en su tierra. La despedida se transmitió en las radios regionales a lo largo de los ríos.***De los siete viajeros continuaban solo cinco. Los venezolanos se habían quedado en el camino. Los jóvenes awajún montaron una carpa para intentar descansar al lado de la carretera de Corral Quemado. No había pasado mucho tiempo cuando una camioneta se detuvo en la vía y les ofreció acercarlos a la comunidad. Desarmaron como pudieron su tienda y subieron a la maletera del auto. Después de tres horas llegaron a una zona llamada Mesones Muro, donde descendieron y, otra vez, armaron su carpa. Ya no lo hicieron en la carretera, sino en una casa abandonada cerca de la vegetación.Para los awajún, la naturaleza entera se personifica: diversos espíritus habitan el bosque y el agua. Las plantas, los animales y los astros fueron gente en épocas anteriores, dice Regan. En la actualidad, agrega, sus espíritus protegen la naturaleza y ayudan a curar a las personas enfermas.En la madrugada del 11 de junio los cinco jóvenes awajún llegaron a Puerto Imacita, la parada más cercana a su casa. Separados por cuatro horas de viaje en río, ahí se tomaron dos fotos. En una, Salomón y Fredy posan juntos, delante de una minivan vacía, cerca del puerto. Ambos tienen ojeras. En otra, los acompañan cuatro muchachos. Parecen menores que ellos. Una jovencita lleva una mascarilla rojiblanca, un chico se apoya en las mochilas que cargaron todo el camino; y otra muchacha, al medio, sin mascarilla, hace señas con las manos y sonríe. A la derecha, otros jóvenes cogen sus maletas y le dan la espalda a la cámara. A la izquierda, se lee "Perú" en un solitario gorro.***El primer 'retornante' que había visto el padre Samaniego tenía 23 años, el rostro quemado, los labios resecos y ampollas en los pies. "Se notaba que la había pasado mal", dice el párroco. El primero que encontró el facilitador cultural Jotam Valverde Nequendey tenía 20 años, un hijo de cinco, una novia 19 y estaba infectado con COVID-19. "Había salido sano de Lima, pero se contagió en el camino", dice. Lo aislaron 30 días ni bien pisó tierra indígena. "Sufrió demasiado". El caso que más recuerda el obstetra Evelio Paz Tume, quien también fue víctima de virus, era el de un muchacho de la comunidad Wawaim que le pedía, por favor, que hable con el Apu porque querían expulsarlo tras su llegada de Lima. "Eso enfrentaba a la comunidad. Eran sus hermanos, pero a la vez, personas que podían contagiarlos"No se sabe qué número de retornantes fueron Salomón y Fredy. Lo que sí se sabe es que a los dos les tomó cinco días, lo que en otras épocas demora diez horas en avión y bus desde Lima. El lunes 14 de junio, después de navegar por el Marañón y el Cenepa, llegaron a su pequeña comunidad de Nuevo Kanam. No hubo bienvenidas, ni fiesta en las casas. Los enviaron a las montañas para su aislamiento. Ahí durmieron, durmieron mucho. Poco después el Apu les permitió que regresaran con sus familias. Volvieron a su hogar, abrazaron a sus padres agricultores, se sintieron vivos en una tierra bañada en tristeza.Esa misma tristeza hacía llorar al periodista Víctor Atausupa, de la radio Kampagkis de Amazonas, en un medio nacional: "No nos dejen morir", clamaba. A fines de junio, tras la masiva llegada de 'retornantes', el comunicador alertaba que se había identificado a más de 1.600 awajún infectados, que no había médicos para atenderlos y que los políticos solo llegaban para tomarse fotos en sus tierras. "Son peruanos", agregaba como si el resto lo hubiera olvidado.La COVID-19 atacó a un pueblo guerrero con las defensas bajas. El retorno de los desprotegidos aceleró el avance de la pandemia. "De lo que podemos ser claros es que la situación de retornos humanitarios superó las capacidades del Estado en su momento", dice Nelly Aedo, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría. Pero lo que también agravó el impacto fue la entrega de bonos rurales, que rompió la estrategia de aislamiento y empujó a los pobladores a viajar a comunidades lejanas para cobrar dinero, aglomerarse y exponerse al virus. Los indígenas amazónicos dicen que no se pensó en ellos hasta tal punto que comparan al Gobierno peruano con Iwa, un personaje de la mitología awajún y wampís que devora personas. "La venganza de los Iwa" fue como título un artículo sobre el tema la literata wampís Dina Ananco.***Hoy, Condorcanqui, la provincia con más población nativa en Amazonas, tiene más de seis mil casos de COVID-19 y 39 fallecidos, dicen las cifras oficiales. Sin embargo, hace cinco meses, la municipalidad ya había identificado a 154 víctimas con síntomas de esta enfermedad fuera del servicio de salud, según el portal Salud con Lupa. Más de la mitad eran de las etnias awajún y wampís. Nadie contaba esas muertes.La mayoría de los viajeros siguen en aquellas comunidades, dedicados a la crianza de gallinas, a la siembra de yuca, plátanos y hasta cacao, cuentan los pobladores. "La situación del empleo ahora no es buena en Lima", dice el facilitador cultural Jotam Valverde. Muchos de los que él conoce ya no estudian, abandonaron las universidades y los institutos por falta de dinero. El obstetra Evelio Paz tampoco ha visto que los jóvenes hayan decidido regresar a las ciudades. El padre Samaniego, quien logró contactar con dos chicos antes alojados en los albergues, dice que ambos ahora son obreros. "Del resto no sé absolutamente nada".Santiago y Fredy ya no están en tierras awajún. Dos meses después de aquella caminata decidieron regresar a Lima para trabajar y estudiar. "Para seguir con mis sueños. No podía quedarme ahí nomás a pesar de que la enfermedad se había calmado", dice el menor. Esta vez, lo hicieron en bus, sentados, con las piernas estiradas. Los descendientes de guerreros están de vuelta.Nota: Este reportaje ha sido publicado previamente en Periodismo Situado.
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