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El Parlamento andaluz impide a 10 diputados no adscritos "colar por la puerta de atrás" un grupo de Falange y otro Anticapitalista
La polémica en torno a las dependencias del Parlamento andaluz que ocupan desde hace unas semanas los diez diputados no adscritos -nueve expulsados de Adelante Andalucía y una expulsada de Vox- acaba de convertirse en un asunto político más grave. No se trata sólo de las banderas que estos diputados han colocado en las paredes de dicha estancia: el equipo de Teresa Rodríguez se ha llevado consigo las que adornaban su anterior despacho en Adelante -la bandera de Andalucía, la arcoiris de los derechos LGTBI y la del pueblo gitano-, pero la indignación y el foco mediático lo provocó la bandera de Falange Española, colocada por la ex diputada del grupo ultraderechista, Luz Belinda Rodríguez.No se trata de banderas ni de despachos, sino del "intento" de estos diputados no adscritos de funcionar dentro de la Cámara como un grupo parlamentario "asimilable" a las cinco formaciones políticas que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones andaluzas de 2018. El letrado mayor del Parlamento, siguiendo instrucciones de la Mesa, está exprimiendo el reglamento de la Cámara para impedir que esto suceda, consciente de que la existencia de diez diputados no adscritos -el 10% del hemiciclo- es un "anomalía inédita" que la normativa de régimen interno no contempla. Nueve de esos diez diputados salen de la ruptura interna de Adelante Andalucía, que originalmente tenía 17 escaños, pero el reglamento no les permite integrarse en el Grupo Mixto (los otros ocho, siendo menos, mantienen sus derechos de representación como grupo).Hay lagunas en el reglamento, pero la decisión política del órgano rector de la Cámara es taxativa: "No podemos permitir que se cuelen por la puerta de atrás dos partidos -Anticapitalistas y Falange Española- que no han logrado representación parlamentaria en las urnas. No son dos grupos ni podemos tratarlos como grupos, son diez diputados no adscritos y tienen derechos individuales como diputados, pero aunque trabajen juntos no son asimilables al resto de formaciones que están aquí porque a ellos sí les han votado", explican a eldiario.es fuentes próximas a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet.Los diputados no adscritos tienen muy mermada su capacidad política dentro del hemiciclo, por ejemplo, no pueden dirigir preguntas al presidente de la Junta en las sesiones de control al Gobierno. Conservan derechos individuales, pero no como grupo, aunque si reúnen diez firmas pueden impulsar una iniciativa legislativa. Ocurre lo mismo en el régimen interno de la Cámara: no tienen dependencias propias, como PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Adelante Andalucía, ni asignación presupuestaria como grupo. Dado que nunca en la historia autonómica había existido un número tan alto de diputados no adscritos -fruto de la implosión de Adelante y la guerra interna entre Podemos, IU y los Anticapitalistas-, la presidenta de la Cámara decidió cederles unos espacios comunes, que hasta entonces no tenían una función específica, para que pudieran reunirse y trabajar.El problema vino cuando los diputados no adscritos hicieron uso de esas dependencias y trataron de adaptarlas a sus necesidades: los de Teresa Rodríguez desplegaron sus banderas y sacaron una mesa para ganar espacio y estar separados de la ex parlamentaria de Vox; y ésta, a su vez, colocó la bandera de España y la de Falange Española, formación con la que ahora colabora, e invitó a sus dirigentes a una sesión plenaria. También se hizo fotos y las difundió en redes sociales, y la imagen del yugo y las flechas en la sede del Parlamento andaluz provocó la indignación de muchos y una sonora protesta social. El busto de Blas Infante, padre de la patria andaluza, preside la entrada al salón de Plenos, y a menos de 100 metros, en un despacho, hay desplegada la bandera de los falangistas, que ordenaron fusilarle en 1936. Todo esto ha saltado, además, en la semana que se conmemora el Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero.La semana pasada, la Mesa del Parlamento instó a los diputados no adscritos a retirar sus "símbolos" de los espacios cedidos para su labor parlamentaria, dando como fecha tope este miércoles 24 de febrero. Los de Teresa Rodríguez, y por extensión el PSOE y Adelante Andalucía, protestaron porque se "trataba de equiparar la bandera de todos, como la andaluza, o la de los derechos LGTBI, con la de Falange". Entonces se abrió un debate paralelo sobre la libertad de expresión y los derechos de los diputados a expresar su afinidad política -algunos recordaron que Falange es un partido legal que se presenta a las elecciones (con nulo éxito) y que su bandera y sus símbolos no son ilegales-, justo la semana en la que España debatía sobre los límites de la libertad de expresión a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.Pero la presidenta del Parlamento andaluz no ha querido entrar en ese marco mental, y se ha aferrado al reglamento de la Cámara para evitar que los diputados no adscritos tengan recursos y derechos exclusivos de los grupos con representación. Las dependencias que les han cedido -un habitáculo bastante estrecho para diez personas, más si se tiene en cuenta la limitación de aforo por la pandemia- son equivalentes a la biblioteca de la Cámara o la cafetería. "La normativa no permite poner banderas o símbolos a mi antojo en estos espacios", explican fuentes parlamentarias, de ahí que se inste a su retirada. Fuentes jurídicas consultadas por el Parlamento matizan que "no hay una norma específica" en el reglamento que confirme esto, aunque en última instancia es la Mesa quien preserva las normas de régimen interno.También se les ha conminado a no tocar el mobiliario: ni cerrar armarios ni separar las mesas. Cuando los nueve ex diputados de Adelante han pedido por escrito a la Mesa que les provea de material fungible -folios, bolígrafos, una grapadora, una papelera-, el letrado de la Cámara les ha respondido que sí, pero que lo pidan individualmente, no como grupo. "Se pondrá a su disposición para su uso exclusivo, pero deberán formular la solicitud individual de lo que desea", dice el escrito de respuesta. El objetivo es el mismo: no darle la consideración de grupo parlamentario a un conjunto de diputados no adscritos que, en términos reglamentarios, "no son nueve o diez, sino uno más uno más uno más uno...".Las mismas fuentes argumentan que se les ha dado el mismo espacio a todos ellos para facilitar su trabajo pero, dado que no constituyen un grupo a ojos del reglamento, podían "haber ubicado a cinco en la biblioteca y a otros cinco en los pasillos del archivo". Todo esto es considerado "una humillación" por parte de los diputados de Teresa Rodríguez, que se sienten "perseguidos" tras la operación para expulsarles de su grupo acusados de "tránsfugas", en el marco de una reforma urgente del reglamento de la Cámara que aún no está aprobada, pero que dará carta de naturaleza a esa expulsión. "Por darles más dignidad, le hemos facilitado un espacio propio a todos juntos", replican desde la Mesa.Con todo, la bandera de Falange junto a la bandera de los derechos LGTBI, más la cuenta atrás para que la retiren de inmediato, ha despertado el interés mediático en una jornada de Pleno monótona y con escaso potencial legislativo. A primera hora de la mañana, un periodista de Canal Sur subió al citado despacho, hizo una foto con las dos banderas enfrentadas y la subió a su red social. En paralelo, Antena 3 Televisión solicitó poder tomar imágenes del despacho de las banderas, y el letrado mayor, siguiendo instrucciones de la Mesa, no sólo denegó el permiso, sino que puso a una vigilante apostada en la puerta para evitar que entrase toda persona ajena, incluida la prensa. "No podemos permitir que el Parlamento se convierta en un circo", explican fuentes próximas a Bosquet.El reglamento de la Cámara prohíbe circular libremente por determinados pasillos y dependencias comunes, incluido a los periodistas acreditados, que necesitan una autorización expresa de la Mesa (aunque suele haber cierta relajación en este aspecto). La orden de apostar a un vigilante a la puerta del despacho para pedir la entrada a los periodistas ha tenido el efecto contrario, porque ha despertado un mayor interés por entrar en las dependencias y conocer los pormenores de la decisión. "No podemos darles derechos como grupo, sino como diputados individuales. De lo contrario esto sería la anarquía y el caos, figurarían siete grupos parlamentarios en lugar de los cinco que fueron avalados por las urnas", insisten desde el órgano rector del Parlamento. El cabreo en las altas instancias es mayúsculo por el hecho de que un asunto de esta naturaleza esté eclipsando, no sólo la sesión plenaria de este miércoles, sino "todo lo que está cayendo con la pandemia". "La situación en Andalucía merece algo más. El mundo no puede girar en torno a mi ombligo", subrayan fuentes parlamentarias. Sin embargo, el trasfondo de este asunto es más complejo: por un lado, está la necesidad de Teresa Rodríguez y sus diputados expulsados de captar el foco de los medios de comunicación, ahora que carecen de un espacio político propio dentro de la Cámara, escasas intervenciones, pocas iniciativas legislativas y al perder la financiación como grupo, carecen de asesores y personal parlamentario. Esto les obliga a crear y desarrollar una agenda propia al margen del hemiciclo, pero dentro de la Cámara, y su frustración manifiesta en este sentido es que la presidenta y el equipo jurídico "no les quiere reconocer como grupo".Por otro lado, y este aspecto tiene más aristas, la situación anómala de los diputados no adscritos deviene de una clara "laguna en el reglamento de la Cámara". Los grupos de la Mesa se acaban de poner de acuerdo para reformar por la vía urgente dicho reglamento, pero sólo para acoplar el Pacto nacional Antitransfuguismo, que dar carta de naturaleza a la expulsión de Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados. En el borrador de esa propuesta de ley no hay, de momento, ningún artículo que plantee también una solución ad hoc para los diputados no adscritos, cuya situación es tan excepcional como lo ha sido la ruptura de Adelante y sus consecuencias políticas (está por ver si habrá consecuencias jurídicas, dado que los afectados han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional).
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De la Torre no se sube al carro de la campaña de Bendodo contra el Ministerio de Consumo por el jamón y el aceite
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha echado el freno y no se ha sumado a la campaña desatada por el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo (PP), por el supuesto boicot del Ministerio de Consumo a alimentos como el jamón y el aceite de oliva con el uso de la herramienta de etiquetado Nutriscore. En un acto precisamente junto al ministro del ramo, Alberto Garzón (UP), el regidor ha asegurado en relación con la polémica que ha podido haber “un malentendido”, asegurando que, al final, “todas las administraciones tenemos que converger en la misma finalidad” que es, ha dicho, defender la salud y la economía. A su juicio, “al final, sin dar lecciones a nadie, viendo las cosas con serenidad” y mirando, por un lado, el mundo de la salud y por otro de la producción, “se llegará a los acuerdos necesarios”. “No soy un especialista”, ha apuntado en relación con la aplicación Nutriscore, contra la que está cargando Bendodo, aunque valora “lo que sea bueno para que España esté bien posicionada si la UE considerara obligatorio tener estos indicadores”.Las declaraciones tuvieron como marco la presentación en Málaga de un plan de promoción de alimentación sostenible y saludable, en el que el ministro de Consumo sí ha criticado abiertamente la “polémica absolutamente inventada” tras las críticas del consejero de Presidencia, con quien ha dicho no compartir “las palabras, ni el estilo, ni las formas” y al que ha pedido que se lo tome “en serio”.“Creo que debemos aterrizar este debate en un debate que beneficie al conjunto de la población”, ya que, a su juicio, “hay un consenso muy amplio, independientemente del partido o de la formación política; esto es un problema de salud pública y vamos a abordarlo como tal”, ha asegurado, añadiendo que se puede llegar a un acuerdo y pidiendo a Bendodo que si lo quiere hablar “lo hablaré con él o con cualquier persona”. “No hay ningún otro objetivo que no sea proteger la vida y, por tanto, la salud”.Así, Garzón ha lamentado que Bendodo iniciara una “campaña difamatoria contra este sistema y, en particular, contra mi persona, que yo no comparto”. “En general, no comparto las formas ni el estilo de Bendodo, pero creo que lo único que puedo hacer es pedirle que se tome en serio” esto, en la medida que “entiendo que pueda haber una crítica de los sistemas que estamos valorando, que queremos implantar, pero tiene que hacerse por los cauces apropiados”.A juicio del ministro, “uno de esos cauces es no mentir”. “Es evidente que desde el Gobierno nunca hemos dicho nada de lo que se nos ha acusado por parte de Bendodo”, lamentando, de nuevo, “la campaña un poco particular” de ir “poniendo sus desayunos por la mañana en redes sociales”. “Yo no comparto esa forma de hacer política y menos que se esté basando en una falsedad”, ha advertido el ministro de Consumo.En cuanto a Nutriscore, “es un etiquetado internacional, que nosotros estamos mejorando”, añadiendo que el aceite de oliva es un elemento central de la dieta mediterránea y “tenemos que fomentarla”. “Esto lo dije una semana antes de que Bendodo iniciara su campaña”.Así, ha dicho que es “incapaz” de comprender las motivaciones últimas del consejero de la Presidencia de la Junta: “No creo que me corresponda decir más allá de que ojalá se tome en serio este problema porque es un problema que podemos abordar desde las administraciones públicas de forma exitosa y creo que hay un consenso amplísimo en la sociedad”, ha sostenido.Por otro lado, Garzón ha incidido en que desde el Ministerio de Consumo se está abordando la problemática de la obesidad infantil y la dieta no saludable desde diferentes perspectivas, siendo una de ellas Nutriscore, “una herramienta útil, a nivel internacional, respaldada por numerosos estudios científicos, e implantada ya en países como Francia o Alemania”.Ha recordado, en este sentido, que es un sistema que utiliza un algoritmo para simplificar la información nutricional de determinados productos para una comparabilidad. Es más, ha dicho que es un sistema voluntario, por lo que “si alguna empresa considera que su producto no debería incorporar esa etiqueta no hace que lo haga”. “Estamos hablando de incidencia modesta pero de una aplicación internacional ya consolidada y que tiene una numerosa experiencia científica detrás”.También ha recordado que se anunció su implantación en España en 2018, antes de que llegara al Gobierno, al tiempo que ha agregado que está acreditada por los organismos científicos. “El beneficio de este sistema es que genere incentivo positivo a la propia empresa”, ha valorado, asegurando, además que “es bueno y voluntario, porque, al final, las personas también tienen su propia parte de decisión de consumo”. “Empresa o sector que no quiera incorporar su etiqueta puede no hacerlo, la clave está en que es un sistema que invitará a las empresas a tener como una especie de plus para mejorar la calidad nutricional”, lo que ha calificado de “importante”.Por último, ha dejado claro que Nustricore “no dice si un producto es bueno o malo, ni dice lo que tenemos que comer, simplemente que lo que encontramos detrás de los productos, una lista casi infinita de ingredientes y muy enrevesada, lo simplifica a partir de un criterio científico que es si tiene exceso o no de una serie de componentes nutricionales que están demostrados científicamente que su consumo duradero puede ser perjudicial”.
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La Junta de Andalucía retira un libro de bachillerato que omitía la existencia del Reino de Granada
La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación, se ha visto obligada a ordenar la retirada de un libro de primero de bachillerato que omitía la existencia del Reino de Granada. Un manual de la editorial Algaida en el que se borra esta jurisdicción territorial en un mapa del siglo XVI y que ha estado en los institutos andaluces, al menos, desde 2016.La retirada se ha producido después de que la Asociación de Jóvenes Granadinistas denunciara este error el pasado mes de julio. Esta organización regionalista alegaba que el mapa en cuestión hace referencia a la densidad de población en España en 1530 señalando Andalucía como la región que es hoy. Algo que no es correcto ya que el Reino de Granada no pertenecía a tierras andaluzas en aquel momento.Según la queja presentada por la Asociación de Jóvenes Granadinistas, lo que hace ese mapa del libro de Geografía es obviar que Granada, Almería, Jaén y Málaga no formaron parte de Andalucía hasta que el reino se disolvió en 1833. Es decir, lamentan que se forme a los estudiantes andaluces haciéndoles creer que la comunidad ya existía en el siglo XVI cuando no fue así. Un hecho que llama la atención porque el mapa sí reconoce la existencia de las dos castillas de entonces o la unión del País Vasco y Navarra.Aunque esta organización regionalista solicitaba que el libro fuese retirado para que no se estudiase ya en este curso, lo cierto es que no ha sido hasta ahora cuando la Junta de Andalucía se ha pronunciado al respecto. Jóvenes Granadinistas lamentan que “miles de niños en Andalucía habrán estudiado con esos libros de texto que pretenden ocultar la existencia del Reino de Granada durante muchos siglos, y adoctrinarlos por tanto haciéndoles creer que Andalucía como tal existía desde hace ya casi 500 años”.El portavoz de esta organización, José Ángel Castro, va más allá. Sostiene que no es un hecho “casual”, sino que hay “mala fe” para “adoctrinar a los niños en las escuelas, haciéndoles creer que Andalucía existe desde hace cientos de años, algo rotundamente falso”. A su juicio, que se produzca la retirada de este libro de bachillerato es una victoria de David contra Goliat.Por su parte, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación ha reconocido el error después de elevar un informe a Inspección Educativa. Motivo por el que se ha procedido a la retirada de todos los ejemplares que se han puesto en circulación en los institutos de Andalucía para que no puedan ser estudiados con ese fallo histórico.Cabe recordar que el Reino de Granada existió durante 500 años y en dos fases. En primer lugar, fue reino nazarí bajo la dominación de los musulmanes entre los siglos XIII y XV cuando los Reyes Católicos lograron conquistarle Granada a Boabdil, el último sultán árabe de la ciudad. También en ese periodo es cuando las tierras granadinas alcanzaron mayor cota de relevancia política al ocupar Granada, Almería, Jaén, Málaga y parte de Córdoba y Cádiz, ser el último reducto musulmán de la península Ibérica y construir en ese tiempo la fortaleza de la Alhambra.Posteriormente, ya con los Reyes Católicos y los sucesivos monarcas, el Reino de Granada continuó existiendo como castellano. Lo hizo entre 1492 y 1833 cuando se produjo la división territorial de España, que es prácticamente igual a la que hoy conocemos. Una realidad histórica que el libro de bachillerato retirado ignora mostrando que Andalucía ocupaba el mismo territorio que tiene actualmente en el año 1530, 300 años antes de que eso ocurriera.Durante la existencia del Reino castellano de Granada, aunque la relevancia de siglos anteriores comenzó a perderse, este territorio español siguió siendo muy importante a nivel institucional. No solo porque los Reyes Católicos y Carlos V mantuvieron a Granada dentro del mapa internacional con la construcción de la Catedral y del Palacio del emperador en la Alhambra, sino porque en ese periodo, entre otros hitos, se crearon la Universidad de Granada y la Real Chancillería que hoy alberga el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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Andalucía suma otro centenar de muertes por Covid y sitúa su tasa por debajo del "riesgo extremo"
Andalucía ha situado este miércoles 24 de febrero su tasa de incidencia acumulada de coronavirus en 235,11 casos por 100.000 habitantes, por debajo de 250 que se califica como riesgo extremo, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 93 muertes y 1.311 casos de Covid-19, que duplican a los 634 del martes y a los 650 del lunes pero son inferiores a los 1.788 del miércoles pasado.En concreto, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este miércoles a 235,1 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 23,9 puntos inferior a la tasa del martes (259) y 176,1 puntos inferior a la de hace siete días (411,2).Los 93 fallecidos son inferiores a los 100 de la víspera y superiores a los 77 del miércoles pasado. Entre medias, se sumaron once decesos el lunes, 39 el domingo, 69 del viernes y 83 del jueves.En esta jornada, Málaga y Sevilla son las provincias que más muertes suman, con 24 y 22, respectivamente. Por debajo de la veintena de fallecidos se encuentran Granada y Cádiz con 14 cada una, Almería con seis, Jaén con cinco y Córdoba y Huelva con cuatro.Los 1.311 positivos de esta jornada duplican a los 634 del martes y los 650 del lunes, pero son inferiores a los 1.788 del miércoles pasado. Entre medias, se sumaron 1.220 el domingo, 1.634 el sábado, 2.293 el viernes y 1.803 del jueves.Sevilla es la provincia que más contagios registra, con 364, seguida de Málaga con 299, Granada con 159, Almería con 148, Cádiz con 138, Jaén con 76, Huelva con 65 y Córdoba con 62.
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Productores de jamón de Trevélez piden que se reconozca su singularidad en la nueva normativa europea
El jamón serrano protegido Trevélez y Serón está amenazado, según denuncian sus productores. El Ministerio de Agricultura, a petición de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), ha elaborado un nuevo pliego de condiciones para su elaboración que equipara cualquier jamón producido en España al jamón conocido como serrano por tener una producción artesanal y muy específica. Con el fin de que el jamón serrano solo se pueda denominar así si se produce en nuestro país. Es decir, Agricultura hace suya la petición de ANICE para que se permita que cualquier jamón que se haga en nuestro país, salvo el ibérico, sea considerado serrano y esté protegido como producto español ante el mundo. Motivo por el que más de una decena de instituciones, asociaciones y empresas han presentado su oposición al plan.Entender lo que está sucediendo no es sencillo porque entran en juego diferentes intereses que tienen que ver con las denominaciones que se hace de cada tipo de jamón. En España, este producto se clasifica en tres niveles. Existen la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). La primera de ellas no corre peligro, porque además en nuestro país se refiere solo a jamón ibérico, pero la segunda sí está en duda ya que ahí se clasifica el jamón serrano de Trevélez y Serón. Lo que ocurre es que ANICE propone eliminar las ETG, que engloban a todos los jamones que no son ibéricos y serranos, y equipararlas a las IGP.Dicho de otro modo, ANICE, tras pasar por el Ministerio de Agricultura, quiere que la Comisión Europea reconozca que el jamón serrano sea una IGP exclusivamente española, entendiendo que no es tan importante cómo se produzca un jamón para que sea considerado serrano, como que este sea reconocido como un producto nacional. El objetivo, defienden, es “limitar la producción exclusivamente a España” y “lograr una protección del término ‘Jamón Serrano’ en la Unión Europea y en terceros países a través de acuerdos comerciales”. Pero, por el camino, devalúan la calidad del jamón serrano, según denuncian algunos de sus productores.El jamón serrano es una variedad del jamón que no solo se produce en España, sino en otros países de nuestro entorno como Portugal e Italia. Países que también se han puesto en contra de este nuevo pliego porque les impediría denominar como serranos a sus propios jamones. Porque, hasta ahora, para que un jamón sea considerado IGP serrana debe ser producido en una serranía (es decir, en montaña) y en unas condiciones muy concretas de frío y humedad. Los cerdos han de ser blancos y su curación ha de ser natural y no frigorífica durante, al menos, 7 meses. En el caso de Trevélez la curación dura el doble de tiempo, como mínimo.El problema es que en España se conoce como jamón serrano a toda clase de jamones –salvo a los ibéricos-, por lo que hasta la fecha la única forma que tenía el consumidor de diferenciar uno real de otro fabricado de cualquier otra manera era la IGP que definía su origen. Así, en nuestro país solo existen la IGP de Trevélez en Granada, que se creó hace más de 20 años, y la de Serón en Almería, de creación más reciente. El resto de jamones, que no son ibéricos, están enmarcados dentro de la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), que es el cajón de sastre de este alimento. Pero ANICE quiere que, para que el jamón serrano solo sea un producto español, las ETG, que se pueden realizar en cualquier punto de Europa (como ocurre en Italia o Portugal), desaparezcan para que el jamón serrano solo sea considerado IGP.Una propuesta que ha enfadado mucho a los productores de jamón serrano IGP, especialmente de Trevélez. De hecho, estos ya consiguieron frenar en 2016 una propuesta similar y pretenden hacer lo mismo ahora con tal de proteger la singularidad del alimento que elaboran en unas condiciones muy especiales. Trevélez es el municipio que está a una mayor altura de la península Ibérica y allí los jamones se pueden curar de un modo que no tiene competencia posible en toda España, aseguran.Pilar Álvarez, presidenta de la IGP de Trevélez, se pregunta en primer lugar si el Ministerio de Agricultura y ANICE no han encontrado otra manera de proteger el jamón serrano que no sea devaluar su calidad. Álvarez considera que esta nueva denominación supone un claro caso de “competencia desleal” y engaña al consumidor “que ya no puede saber si está comprando jamón serrano de verdad o no”. La representante de la IGP de Trevélez insiste en que la nueva normativa es “laxa” a la hora de definir cómo se debe producir este jamón serrano y que eso devalúa la percepción que los compradores puedan tener de este producto.“Lo que nos dicen con esto es que da igual dónde se fabrique o cómo se fabrique, porque todo el jamón se va a poder considerar una IGP de jamón serrano”, lamenta. A modo de ejemplo, dice, sería similar a pasar de cabo a sargento sin haber hecho nada para merecerlo. “Ahora van a igualar el jamón que se hace en cámara frigoríficas a kilómetros de una playa, con el que hacemos nosotros en unas condiciones muy concretas e irrepetibles”. Además, fuentes del sector creen que esta nueva IGP solo busca beneficiar a las grandes industrias cárnicas del país que pueden producir mayor cantidad de jamón que zonas como Trevélez y Serón.Porque el jamón serrano como ETG se podrá seguir elaborando igual en la nueva IGP. Bastará con que el cerdo esté sano, pero no importará su origen, su raza, si se alimenta de una forma u otra y su curación podrá de ser 7 meses como mínimo, en lugar del doble que se exige actualmente para las IGP. Por eso, por igualar el tipo de jamón que se elabora al jamón serrano como tal, la IGP de Trevélez cuenta con el apoyo de la de Serón, de la Asociación Origen España, de denominaciones de origen del vino y la miel, de la Diputación de Granada, de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y hasta de cuatro productores de ETG de jamón serrano. En total, 14 instituciones, asociaciones y empresas que han presentado su oposición al nuevo pliego de la IGP.Por su parte, desde ANICE creen que se está exagerando el asunto. Su secretario general, Miguel Huerta, asegura que están tratando de proteger al jamón serrano y que llevan haciéndolo desde 1995 cuando trataron de conseguir que la Comisión Europea ya catalogara este producto como algo exclusivamente español, pero no fue posible porque se entendía que la denominación de origen correspondía a un lugar muy concreto y no a todo un país. "Con el tiempo las cosas han evolucionado y se han protegido los quesos holandeses o el tequila de México, por eso nosotros dijimos que por qué no se podía proteger al jamón serrano español".Según Huerta, "el único cambio es que la IGP solo se puede hacer en España y la ETG en cualquier sitio". Asegura que no se han cambiado los requisitos que deben cumplir los cerdos ni el método de elaboración del jamón. "Todos los jamoneros españoles podrán seguir haciendo jamón serrano como IGP en lugar de ETG". Además, cree que las protestas de Trevélez son egoístas porque no piensan en el bien común de todo el país, sino "en mirarse el ombligo". "Proteja usted su producto y no tema si se va a devaluar o se va a vender menos, porque precisamente estamos protegiendo el jamón que se hace en España", dice Huerta."En Trevélez no se hace jamón serrano, sino jamón de Trevélez, que tiene muy buena calidad y una gran reputación", argumenta el secretario general de ANICE, Miguel Huerta, que no entiende cómo se puede ser juez y parte de este asunto. "Otra IGP no tiene por qué ser una amenaza". Por datos, España produce anualmente más de 20 millones de piezas de jamón serrano y esta nueva denominación la puede convertir en la "más potente de toda Europa en lo económico y en lo social".El representante de ANICE niega que el jamón serrano, por definición, sea el que se haga en serranía: "No tiene limitación de altura y lleva haciéndose así 20 años". Por eso, no van a modificar el pliego de las ETG para pasarlas a IGP porque "hay jamoneros que no podrían elaborar sus productos al no estar, por ejemplo, en montañas". Huerta dice que "cualquier buen español debería apoyar esto". Sin embargo, a pesar de decir que no se modifican los requisitos y métodos de elaboración entre la ETG y la IGP, sí reconoce que a Trevélez "no le convendría que la nueva IGP fuese tan exigente como es, porque entonces sí que habría más jamones como el suyo".Más allá de esas cuestiones, lo cierto es que la oposición a la nueva IGP ya se ha presentado y están a la espera de que el Ministerio de Agricultura se pronuncie. No obstante, fuentes del sector consultadas dan por hecho que saldrá adelante la modificación, aunque no será el último paso. Después deberá recorrer el mismo camino en la Comisión Europea donde podrán presentar su oposición otros países. Algo que se espera que suceda.
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APDHA denuncia ante el Defensor del Pueblo que España incumple los dictámenes del Comité contra la Tortura de la ONU
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha registrado una queja al Defensor del Pueblo Español (DPE) ante el incumplimiento por parte del Estado español de la decisión del Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, por la que obliga a reparar los “tratos crueles y la falta de atención médica” ejercidos contra una mujer detenida por cuatro oficiales de policía, en la estación de Córdoba en 2013.Tal como se desprende de la condena, según informa APDHA en un comunicado, la mujer fue interceptada por los policías, que solicitaron revisar su bolso. Al encontrar en él una cartera que no le pertenecía, comenzaron a golpearla, la esposaron, sin informarle sobre la razón de su arresto, le tiraron del pelo, la golpearon contra la puerta del vehículo policial y le procuraron numerosos golpes contra la mampara del vehículo, por el uso continuo y súbito del freno durante el camino a la comisaría, mientras se reían de ella. Asimismo, la mujer solicitó sin éxito asistencia médica. El hospital determinó que su nariz estaba rota y que necesitaba cirugía, además de constatar hematomas en una de sus muñecas.La condena a España en 2019 contra la agresión sufrida por esta mujer fue contestada por el Estado español el pasado año bajo el pretexto de que dichos dictámenes “no tienen fuerza jurídica vinculante”, argumento que utiliza el Estado para rechazar esta y otras decisiones de los Comités de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.A este respecto, solicitamos al Defensor del Pueblo que recomiende al Estado el respeto a las decisiones de los organismos internacionales, en especial, “las de los Comités de la ONU” y proceda, tal como establece la condena, a la “reparación adecuada de la víctima mediante medidas administrativas contra los responsables e impartir instrucciones preventivas para el futuro”. Además, instamos a que «se realicen las modificaciones legales oportunas para que las decisiones puedan revisar las resoluciones judiciales españolas de forma similar a las resoluciones emitidas por el TEDH».De igual forma, hemos remitido un escrito de respuesta a Naciones Unidas para pedir que entre en diálogo con el Estado con el objeto de que «se consiga el respeto de los tratados internacionales en materia de prevención de la tortura por parte de España».Desde la APDHA advertimos que «el mensaje que se traslada ante esta ausencia de reconocimiento es doble». Por un lado, “se transmite impunidad ante los excesos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que se ven respaldados e impunes”. Por otro, produce “desánimo de la ciudadanía y la sociedad civil organizada, que perciben como absurdo el esfuerzo de llegar Naciones Unidas”.En relación con la impunidad, sostenemos que “es un fenómeno que se puede constatar, por ejemplo, en relación con la agresión policial cometida en Linares hace unas semanas”. Así, recordamos que el Juzgado de Instrucción número 3 de Linares ha señalado que si el “sentimiento de impunidad que albergan los investigados como consecuencia de su condición de policías […] no es destruido contundentemente, es más que probable presagiar que los investigados podrían tratar de atentar contra los intereses, los bienes o los derechos [de la víctima] o sus allegados”.
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Las Medallas de Andalucía dejan sin premio individual a una mujer por primera vez en 30 años
La Junta de Andalucia ha dado a conocer este martes las distinciones con motivo del próximo 28F, Día de Andalucía. Entre ellas, por primera vez desde 1993, ningún galardón ha recaído de manera individual en una mujer en concreto, si bien se ha distinguido a la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Medalla de Andalucía de la Solidaridad y Concordia) y a la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente, Ansemac (Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental), copadas por mujeres en ambos casos.Son dos de las ocho entidades galardonadas, un aspecto que también destaca en esta edición del 28F, ya que nunca antes se habían distinguido a tantas asociaciones, federaciones o conjuntos de personas por encima de las medallas individuales, si bien en los últimos años este porcentaje ha ido in crescendo (dos en 2016, tres en 2017, cuatro en 2018, siete en 2019, seis en 2020 y ocho en 2021). Cuatro hombres de manera individual serán destacados el próximo 28F, peroEl año pasado 2020, por ejemplo, se nombró Hijo Predilecto a dos hombres y, de las 14 medallas otorgadas, cuatro fueron para mujeres, seis para entidades o asociaciones, y cuatro para hombres. O en 2019, de manera similar, dos hombres fueron elegidos Hijo Predilecto, mientras que dos hombres, dos mujeres y siete entidades fueron también distinguidas. Lo habitual, al menos hasta este año, es que tres, cuatro o cinco mujeres sean galardonadas de manera individual en cada acto de entrega de medallas. Sólo en 1989 y 1993 no se premió a mujeres de forma concreta.En los últimos años, aunque en menor medida que los hombres, ha habido mujeres elegidas Hija Pedilecta, aunque nunca de manera individual como en los casos de los hombres, con varios años a pares: María Galiana en 2017, Carmen Laffón en 2013, Josefina Ruiz en 2012, Juana Domínguez en 2011 o Francisca Díaz en 2010, compartieron máxima distinción con hombres.
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La jueza del caso Isofotón pide los expedientes de acuerdos del Consejo de Gobierno presididos por Chaves y Griñán entre 2007 y 2011
El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la extinta empresa malagueña Isofotón, declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada, ha requerido a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía los expedientes de diferentes acuerdos adoptados por el consejo de gobierno y la comisión de viceconsejeros en 2007, 2010 y 2011, así como el acta de la sesión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos celebrada el 3 de julio de 2012, con relación a los avales y préstamos concedidos a la mencionada empresa, según una providencia emitida este pasado domingo y avanzada por La Razón.En dicha providencia, recogida por Europa Press, esta instancia judicial se hace eco de las últimas peticiones de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que recientemente elevaba un escrito a dicha instancia judicial respecto al préstamo de 8,3 millones de euros concedido a Isofotón por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), filial de Idea, a la citada empresa.Según la Fiscalía, el préstamo fue concedido "con conocimiento de los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad por la agencia Idea y con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior, incluso sin que este se realizara"; y constando en el expediente de concesión un plan de negocio "sin fecha e identificación de autor" y una petición según la cual Isofotón no había "solicitado otros incentivos o financiación pública" en los dos años previos, sin que tal aspecto "fuera comprobado por los responsables" institucionales.Un informe técnico de la administración, en ese sentido, habría puesto de relieve que Isofotón tenía "avalados" entonces 29 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, así como la advertencia de que el plan de negocio no contaba con datos "verificados", los mismos serían "poco fiables" y el documento en sí se basaría en una simple "declaración de intenciones"."A pesar de ello, y con negligencia grave rayana en la intención, se propone un resultado apto" con relación al préstamo por la "importancia estratégica de la empresa" al contar la misma con más de 700 empleados, avisaba la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada con relación al citado informe técnico.PETICIÓN A BANKIAMerced a dicho escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la juez de instrucción Patricia Fernández Franco considera que hasta el momento, las actuaciones desplegadas no han "aclarado de forma suficiente" los términos correspondientes al citado préstamo, por lo que "se reputa necesaria, relevante y pertinente la solicitud a la entidad financiera Bankia, a fin de que aporte en relación al aval otorgado a Idea con fecha 6 de noviembre de 2007, por importe de 6.761.641,40 euros, toda la documentación, actuaciones, pagos, acciones de ejecución y cualesquiera otras circunstancias, relacionadas con el mismo".Además, para "un completo esclarecimiento de las circunstancias de otorgamiento y el importe por el que finalmente se concedieron" los avales y préstamos a Isofotón, la juez acuerda requerir a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía "los expedientes de tramitación de los acuerdos adoptados" al respecto por una sesión del consejo de gobierno celebrada en 2007, cuando el socialista Manuel Chaves ostentaba la Presidencia de la Junta; y de otros acuerdos aprobados por el consejo de gobierno en 2010 y 2011, ya durante la etapa de José Antonio Griñán como presidente.También solicita los expedientes de tramitación de los acuerdos aprobados con relación al mismo asunto por la comisión general de viceconsejeros en 2007, 2010 y 2011, así como la misma documentación sobre el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía el 3 de julio de 2012, durante la etapa de Griñán como presidente.A tal efecto, recordemos que en su mencionado escrito, la Fiscalía hacía especial incidencia en que fue "la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía" el órgano que "formuló las modificaciones" relacionadas con el préstamo de 8,3 millones de euros concedido a Isofotón.Al punto, el Ministerio Público precisaba que dicha comisión está presidida por quien ejerza la Presidencia de la Junta de Andalucía (entonces el socialista José Antonio Griñán), ostentando la Vicepresidencia el consejero de Economía, Innovación y Ciencia y la Secretaría el secretario de dicho departamento, toda vez que de dicho órgano también toman parte quienes encabecen las consejerías responsables de las áreas de Hacienda y Administración Pública, Obras Públicas y Vivienda, Empleo, Agricultura y Medio Ambiente y otras más.Entre los múltiples investigados en esta causa figuran el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, ambos condenados en la sentencia por el denominado "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o innecesarios; el exconsejero de Empleo Manuel Recio; el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz o el ex presidente de la caja de ahorros El Monte (posteriormente Cajasol hasta su absorción por Caixabank) José María Bueno Lidón, así como los responsables de la extinta Isofotón.
1 d
eldiario.es
La Junta distingue con las medallas de Andalucía al Parlamento, Europa Press y Los Morancos
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes conceder el título de Hijo Predilecto de Andalucía al cantante Rafael Martos, Raphael, así como distinguir a doce personas o entidades con las Medallas de oro de la comunidad autónoma, entre ellas, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la agencia de noticias Europa Press Andalucía, el dúo de humoristas Los Morancos y el Granada CF; y con la Medalla 'Manuel Clavero Arévalo' al Parlamento de Andalucía.Así lo han anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que este martes, de manera excepcional y con motivo del Día de Andalucía, que se conmemora el próximo 28 de febrero, se ha celebrado en Ronda (Málaga) y no en el Palacio de San Telmo de Sevilla, como suele ser habitual.En concreto, la Junta ha distinguido con las Medallas de Andalucía, agrupadas en nueve categorías, al Círculo de la Amistad de Córdoba en la de Ciencias Sociales y las Letras; al cantaor y productor musical de flamenco Pepe de Lucía y al dúo de humoristas Los Morancos en la de Artes; al Granada CF en la del Deporte; a la congregación de las Hermanas Oblatas, comunidad de Almería, en la de Solidaridad y Concordia; a la a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y al consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, en la categoría de Economía y Empresas.También, a la Asociación Española Contra el Cáncer en la de Investigación, Ciencia y Salud; a la agencia de noticias Europa press Andalucía en la de Proyección de Andalucía; a la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac) en la de Mérito medioambiental, y a José María Pacheco, de la Fundación Alalá Konecta, en la de Valores Humanos.De igual modo, con la medalla de Andalucía 'Manuel Clavero Arévalo' ha sido galardonado el Parlamento de Andalucía, cuyos diputados a lo largo de su historia se han encargado de "impulsar el desarrollo social, político y económico de nuestra tierra", según ha puesto de relieve el presidente de la Junta.Estas distinciones se entregarán, como ha venido siendo habitual en los últimos años, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, si bien en esta ocasión con un aforo limitado debido a la pandemia, según ha confirmado Juanma Moreno, que ha comentado que el acto se ajustará al "exigente protocolo Covid que el propio Gobierno andaluz ha impulsado".DISTINCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Las distinciones honoríficas que concede la Junta se recogen en el Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea el Catálogo de Premios concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía, que a su vez fue modificado recientemente por el Decreto 221/2020, de 21 de diciembre.De esta manera, junto a los títulos de Hija Predilecta o Hijo Predilecto de Andalucía, la Junta concede las medallas de Andalucía en torno a nueve categorías --enfocadas en los ámbitos de las Ciencias Sociales y las Letras, las Artes, el Deporte, la Solidaridad y la Concordia, la Economía y la Empresa, la Investigación, la Ciencia y la Salud, la Proyección de Andalucía, el Mérito Medioambiental y los Valores Humanos--, además de la Medalla de Andalucía 'Manuel Clavero Arévalo'.Asimismo, con la reciente modificación del Decreto 221/2020, la Junta ha creado una nueva categoría de distinción honorífica de carácter extraordinario, la Medalla de Honor de Andalucía, cuya concesión excepcional reconoce a "aquella persona física o jurídica, grupo o entidad, de gran relevancia en agradecimiento a su vinculación con Andalucía y como reconocimiento a los valores dimanantes de su trayectoria vital". En su primera edición, este galardón ha recaído en el rey Felipe VI.El año pasado --el primero en el que las medallas se agrupaban en las referidas nueve categorías aparte de la de Manuel Clavero Arévalo-- fueron distinguidos el periodista y escritor Antonio Burgos y el torero Curro Romero como Hijos Predilectos de Andalucía, y el expresidente de la Junta Rafael Escuredo con la distinción dedicada a Manuel Clavero Arévalo por su trayectoria en defensa y fomento del interés general de Andalucía.Asimismo, con las medallas de la comunidad fueron distinguidos, a título personal, la catedrática especialista contra la violencia de género María Castellano Arroyo en la categoría de Ciencias Sociales y Letras; el actor Antonio de la Torre y la cantante Vanessa Martín en la categoría de Artes; el futbolista Joaquín Sánchez en la categoría de Deportes; el consejero real de Marruecos y copresidente de la Fundación Tres Culturas André Azoulay en la categoría de Solidaridad y Concordia; la ingeniera y catedrática Montserrat Zamorano Toro en la categoría de Mérito Medioambiental; y Ana Bella Estévez, que preside la fundación del mismo nombre en apoyo a víctimas de la violencia de género, en la categoría de Valores Humanos.Como instituciones que recibieron en 2020 la Medalla de Oro de Andalucía figuraron la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en la categoría de Solidaridad y Concordia; la comercializadora andaluza Verdita en la categoría de Economía y Empresa; el Instituto de Astrofísica de Andalucía en la categoría de Investigación, Ciencia y Salud; el Salón Internacional del Caballo (Sicab) y la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en la categoría de Proyección de Andalucía; y la Legión Española en la categoría de Valores Humanos.(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))
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Andalucía prorroga hasta el 4 de marzo las restricciones de movilidad y el límite del horario en la hostelería
Andalucía ha prorrogado hasta el 4 de marzo todas las medidas de seguridad contra el coronavirus vigentes desde hace un mes en la comunidad: restricciones a la movilidad a escala autonómica, provincial y municipal en función de la tasa de contagios por zonas -cierre perimetral para áreas con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes y clausura de la actividad económica donde se rebasan los mil casos-, el toque de queda entre las 22.00 horas y las seis de la mañana y el cierre de la hostelería y los comercios no esenciales a partir de las 18.00 horas. El sector de la hostelería, uno de los más castigados por las restricciones impuestas por la pandemia, venía presionando a la Junta para que permitiese ampliar sus horarios de cara al puente del 28 de febrero, día de Andalucía. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha explicado que la decisión de aguantar la desescalada hasta el 4 de marzo no ha sido suya, sino del comité de expertos que orienta a su Gobierno. Ese foro de expertos volverá a reunirse ese día, por la tarde, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad para evaluar la posibilidad de aprobar medidas de desescalada, si continúa la tendencia de contagios a la baja. Moreno también ha recordado que son 8.000 los andaluces que han perdido la vida como consecuencia de la pandemia, a apelado a la prudencia y a la disciplina, y ha recordado que el ritmo de vacunación todavía es muy lento.En cuanto a los datos del día, Andalucía ha registrado 721 casos por coronavirus, más que los contabilizados este lunes (650), pero menos que el mismo día de la semana pasada (972), según datos publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y recogidos por Europa Press, que contabiliza 100 muertos en las últimas 24 horas, mayor cifra diaria desde el pasado martes 16, cuando se sumaron 113. Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este lunes a 259,0 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 20,4 menos que la contabilizada este lunes (279,4) y 192,1 menos que el martes pasado (451,1).Los fallecidos suponen un repunte, pues si bien hace dos semanas se registraron más de un centenar durante cinco días seguidos, los 100 de hoy son el dato más alto desde el pasado martes día 16. Posteriormente se sumaron 77 el miércoles, 83 el jueves, 69 el viernes, 46 el sábado, 39 el domingo y once este lunes día 22.Sevilla es esta jornada la provincia que más muertes suma con 28, seguida de Cádiz con 20, Málaga con 14, Jaén con diez, Córdoba con nueve, Granada con ocho, Almería con siete y Huelva con cuatro. Si se toma como muestra los datos de los últimos martes, se observa el descenso de la tercera ola este mes, ya que se sumaron 3.795 el martes 2 de febrero, 1.997 el día 9, 972 el día 15 y 721 ahora día 23. Esta jornada, Málaga es la provincia que más casos suma con 194, seguida de Sevilla con 149, Cádiz con 148, Almería con 106, Granada con 79, Jaén con 40, Huelva con solo cinco y Córdoba con ningún contagio.Andalucía, por otro lado, registra este martes 2.352 personas hospitalizadas por covid-19, 14 más que el día anterior y que supone un repunte que no hubo el mismo día de la semana pasada, cuando se redujo la cifra en nueve personas, de los cuales 564 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los mismos que el lunes y 100 menos que el martes pasado.
1 d
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Los sindicatos critican la reordenación en la “administración paralela” de la Junta de Andalucía: “Una tomadura de pelo”
El proceso emprendido por la Junta de Andalucía para reordenar las entidades instrumentales es visto con recelo por los sindicatos más representativos en el sector público andaluz. La administración ha anunciado que comienza a fusionar entes antes incluso de recibir los primeros informes de auditoría, como explicó ayer eldiario.es/Andalucía. Estos informes deben señalar cuántas personas trabajan en ellos, con qué vínculo laboral o qué tareas desempeñan, antes de iniciar un proceso que se preveía complejo. Tampoco ha culminado la licitación para contratar una consultora que le guie en el proceso. UGT denuncia la falta de transparencia, mientras que para Comisiones Obreras la anunciada decisión de crear Andalucía Trade y fusionar las fundaciones culturales demuestra que no era necesario contratar auditoras y consultoras privadas de asesoramiento. “No hay justificación ninguna. Primero se hizo una auditoría interna con recursos de la administración. Luego se licitaron las auditorías externas [contratos adjudicados en 16 lotes por un total de 2,2 millones de euros], que en teoría tenían que estar los resultados en la calle, y hasta la fecha conocemos solo por cauces extraoficiales. Y ahora tienen que licitar una tercera [por tres millones de euros], supuestamente para llevar a la práctica lo que diga lo segunda”, resume Pablo López del Amo, coordinador del sector de administración autonómica de CCOO Andalucía: “Saben perfectamente lo que hay, lo que está duplicado y los derechos de los trabajadores. Esto es un despilfarro de dinero público, una tomadura de pelo”.Según López del Amo, la Junta de Andalucía dispone de los datos, el personal de servicios jurídicos y las herramientas suficientes para evaluar y tomar las decisiones que respecto a su sector instrumental si desea hacerlo. “Están intentando justificar una decisión política gastando dinero público en auditorías y encomiendas de gestión. No pueden justificar con contratas una decisión política. Los trabajadores tienen derechos y no necesitas a nadie que te lo diga”, apunta. Los sindicatos han advertido de que se opondrán a cualquier reordenación que no respete los derechos adquiridos del personal de los entes instrumentales. UGT-A denuncia también la opacidad con la que se están llevando a cabo los anuncios, aunque confía en poder participar en el proceso más adelante. “Por ahora, tenemos una mezcolanza de distintos entes instrumentales, pero solo es una ficción sobre un papel”, advierte Esperanza Morales, secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT-A. La nueva Agencia Digital sí tiene asignación presupuestaria, mientras que la fusión en Andalucía Trade de las cuatro agencias de apoyo empresarial (IDEA, Agencia Andaluza del Conocimiento, Extenda y Andalucía Emprende) fue anunciada el 2 de febrero. La Junta de Andalucía también ha anunciado que va a fusionar las fundaciones Barenboim-Said, Legado Andalusí y Tres Culturas. Morales admite que extinguir, fusionar o reordenar entes instrumentales está entre las potestades de la administración, pero pide claridad. “No estamos teniendo acceso a información de cómo se va a llevar a cabo el proceso. De la Agencia TRADE nos enteramos simultáneamente a la rueda de prensa”, protesta. La Consejería de Regeneración Económica, responsable de la creación de la Agencia TRADE, alega que el proceso se ha acelerado para disponer de mejores herramientas para el reparto de los fondos europeos, incluidos los Next Generation, y asegura que ahora se abrirá un proceso de consultas con los sindicatos. Por su parte, CSIF ya aclaró que en su día que valoraba positivamente las “iniciativas encaminadas a acabar con la llamada “administración paralela””, incluyendo la realización de auditorías. Sin embargo, lamenta la falta de resultados y la “lentitud pasmosa” del proceso iniciado por la Junta de Andalucía y la incertidumbre que crea entre los empleados públicos. 
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Los fertilizantes y la mala depuración amenazan el agua que llega a Doñana
Sin el nitrógeno y el fósforo no podríamos vivir. El primero, que es el 78% del aire que respiramos, es clave en las moléculas de ADN y ARN, los libros de instrucciones de los seres vivos; sin el segundo tendríamos imposible almacenar energía. Además, también se usan para aumentar los rendimientos agrícolas, en forma de fertilizantes de fosfatos y nitratos. El problema es que cuando aparecen en cantidades excesivas en un determinado entorno natural, el fósforo y el nitrógeno "sobrealimentan" a unos seres vivos por encima de otros, alterando el equilibrio del ecosistema: esto es la "eutrofización".Eso es lo que podría suceder en Doñana si no se toman medidas urgentes, según un reciente estudio elaborado a partir de las observaciones realizadas en arroyos y aguas superficiales que desembocan en la marisma. El agua que llega a Doñana está contaminada por efecto de la agricultura intensiva y de la mala depuración de las aguas residuales. Irene Paredes, autora principal del informe, advierte de que este proceso puede "acelerar un cambio en la biodiversidad" del parque. "Está todo conectado. Si una planta desaparece, la especie que se las come va a sufrir. Es una cadena de efectos", explica a eldiario.es/Andalucía.A pesar de la protección del parque nacional como Patrimonio de la Humanidad, y de toda la cuenca como Reserva de la Biosfera, los autores concluyen: "Hemos observado una mala calidad del agua persistente en las principales corrientes de entrada". En el estudio, publicado en febrero en la revista científica Wetlands Ecology and Management, participan investigadores del CSIC y de la Estación Biológica de Doñana.Este fenómeno ya había sido observado en otros trabajos anteriores. En 2012, investigadores del CSIC y de las universidades de Huelva, Sevilla y Pablo Olavide publicaron el estudio La contaminación por eutrofización en arroyos que vierten a la marisma de Doñana, que concluía señalando la necesidad de incluir tratamientos terciarios para eliminar eficazmente el nitrógeno y el fósforo de las aguas que acaban en la marisma. Años después, la situación sigue siendo la misma. "Los acuíferos están en mal estado cualitativo, y este informe demuestra que no se están tomando las medidas oportunas", resalta Felipe Fuentelsaz, coordinador del proyecto Doñana de WWF. Paredes y sus compañeros han medido la concentración de nitrógeno y fósforo (los nutrientes precursores de la eutrofización), la clorofila-a del fitoplancton, la conductividad, la profundidad o el caudal en 56 puntos de las cuencas que vierten a la marisma. En algunos tramos, Paredes detectó una concentración de estos nutrientes tan alta que el agua no era apta para que vivieran los peces. La investigadora matiza que no han determinado por cuánto tiempo se dio esa concentración, pero advierte: "Si nos encontramos esto de forma aleatoria significa que puede estar pasando más veces". El arroyo del Partido, uno de los principales afluentes a la marisma, destaca por encima de todos. Estos arroyos y ríos, que no siempre discurren en terrenos del Parque, están menos protegidos. Sin embargo, el sistema acuático no tiene fronteras. "Aunque haya división entre los parques sigue siendo el mismo", explica.El informe apunta dos causas que explican la mala calidad del agua. La primera, la agricultura intensiva, fundamentalmente el cultivo de frutos rojos. El área cubierta por invernaderos en las cuencas vertientes a la marisma de Doñana aumentó un 487% de 1995 hasta las 5.510 hectáreas en 2016, si bien desde entonces se habrían reducido a 3.204 en 2018, según el estudio. Los fertilizantes se aplican en estos invernaderos mediante irrigación, produciendo un sobrante en forma de escorrentía, superficial y de infiltración. "Cuando llueve eso se arrastra a los arroyos. En un modelo de agricultura intensiva aumenta el riesgo de infiltración y transporte de esos nutrientes, porque todo drena de forma natural a la marisma", explica Paredes. Es la llamada "contaminación difusa".Fuentelsaz aboga por reducir esta superficie. Al superponer la cartografía oficial de los terrenos regularizables con la superficie dedicada a invernaderos que muestra el satélite Sentinel, hay un exceso de 1.653 hectáreas. "Ese 16% hace una competencia desleal y provoca un daño al sector", lamenta. Por su parte, la Confederación Hidrográfica evalúa cada año la calidad de las aguas, pero advierte de que no puede hacer nada para reducir la contaminación agraria difusa en origen, porque es competencia de la Junta de Andalucía.La segunda causa está en la insuficiente depuración de las aguas residuales de asentamientos humanos. "Estamos en una zona sensible de valor ecológico altísimo. Deberíamos aplicar el máximo nivel de depuración, si lo tenemos en nuestras manos. Y eso no se está haciendo", señala Paredes. A todas les correspondería realizar tratamiento terciario, pero no se está haciendo. Nuevamente, la Confederación explica que la competencia de la depuración de aguas residuales reside en la administración local, con auxilio de la Comunidad Autónoma.La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural no ha contestado el cuestionario de eldiario.es/Andalucía.La concentración excesiva de nitrógeno y fósforo puede llegar a ser tóxica para animales acuáticos, pero tiene además un efecto indirecto: facilita que el fitoplancton crezca de forma masiva. Cuando muere, el fitoplancton se deposita en el fondo, descomponiéndose en un proceso que requiere oxígeno. Al final, el exceso de estos nutrientes acaba reduciendo el oxígeno, lo que afecta a todos los organismos. La eutrofización no es tan rápida y letal como otros tipos de contaminación, pero degrada el ecosistema de forma sigilosa e irreversible.De hecho, algo está ocurriendo ya. En los últimos veinte años, el aumento de los fosfatos ha provocado la expansión de un helecho invasor, la Azolla filiculoides, que tiene una perniciosa capacidad: es capaz de fijar el nitrógeno de la atmósfera. Si además aumenta el fósforo en el agua, se expande sin limitaciones y a gran velocidad. El problema es que ocupa mucha superficie con gran densidad e impide que penetre la luz en el agua, aniquilando indirectamente a todas las plantas sumergidas. El paso final es que esos restos se van a pudrir consumiendo oxígeno, cambiando el funcionamiento del sistema y alterando la biodiversidad.En otras ocasiones, este tipo de condiciones puede provocar una catástrofe repentina. En 2001, un tipo de cianobacteria provocó una mortandad masiva de varias especies de animales en Doñana: el calor, la falta de luz y la falta de movimiento del agua facilitó su propagación. "Si aumentamos la concentración de nutrientes se empuja al sistema a que estos eventos ocurran con más frecuencia", explica la investigadora. El informe pone el foco sobre masas de agua a las que generalmente se presta menos atención. En lugar de focalizar en la marisma, altamente protegida, observa el estado de sus afluentes; en lugar de centrarse en los acuíferos, se fija en las aguas superficiales. Al final, todas desembocan en el mismo lugar. "La marisma no es un sumidero. Esas zonas de arroyo hay que protegerlas porque son sistemas activos que pueden contribuir a reducir la contaminación", señala Paredes. "Un acuífero o un río contaminados por nitratos supone un impacto muy difícil de recuperar. Se tarda más de 50 años", asegura Fuentelsaz. "Hay que empezar a trabajar ya", concluye, en línea con el informe. La Confederación señala que el problema de la calidad de las aguas superficiales que desembocan en Doñana se ha incluido, por primera vez de forma independiente, en el Esquema de Temas Importantes, el plan que debe guiar las actuaciones públicas en los próximos años, y que ha tenido en cuenta este informe para elaborarlo. 
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