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La Junta presenta al Supremo su recurso para cerrar Montefrío alegando que "limita" pero "no suspende" derechos fundamentales
La Junta de Andalucía ha presentado este viernes un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del pasado lunes día 10 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Granada, del TSJA, de no avalar el confinamiento del municipio de Montefrío (Granada) que había decidido la administración autonómica por tener una tasa de incidencia de más de 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. La Junta defiende en el recurso que se trata de una medida "proporcionada al estar limitada temporal y espacialmente"."La existencia de informes técnicos que recogen los datos sobre la alta incidencia de la enfermedad en un determinado ámbito territorial constituye suficiente motivación para la adopción de la medida de confinamiento, que, además, debe entenderse proporcionada al estar limitada temporal y espacialmente y contar con excepciones (supuestos en los que se permite la entrada y salida del municipio)", según la Junta, que también expresa entre los argumentos que incluye en el recurso al TS que "la no inclusión de las personas vacunadas dentro de las excepciones a la medida de confinamiento no justifica por sí sola la falta de proporcionalidad de la misma".Este viernes se ha conocido además que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha vuelto a rechazar por segunda vez la medida de confinar el municipio de Montefrío y no ha ratificado la orden del 12 de mayo que la Consejería de Salud y Familias le trasladó a este respecto, advirtiendo de que la Ley de Salud Pública no ampara restricciones de derechos fundamentales a gran escala como esta, algo que "solo tiene cobertura con la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio".Según han informado fuentes de la Junta, el recurso interpuesto ante el TS se fundamenta en la competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, de Andalucía, "para adoptar ciertas medidas sanitarias, dirigidas al control de enfermedades transmisibles, de carácter general y no vinculadas únicamente a personas enfermas y su entorno inmediato y que puedan afectar a derechos fundamentales, como es el confinamiento de un término municipal"."El confinamiento de municipios es una medida que puede adoptarse al margen de los estados excepcionales regulados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, toda vez que la adopción de ciertas medidas sanitarias dirigidas a controlar enfermedades transmisibles encuentra amparo legal en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, cuyo ámbito concreto y específico es la salud pública y su rango orgánico permite que las medidas adoptadas puedan afectar a derechos fundamentales", según la Junta.Argumenta que el confinamiento "no supone suspensión de derechos fundamentales, sino solo limitación". "La existencia de informes técnicos que recogen los datos sobre la alta incidencia de la enfermedad en un determinado ámbito territorial constituye suficiente motivación para la adopción de la medida de confinamiento, que, además, debe entenderse proporcionada al estar limitada temporal y espacialmente y contar con excepciones [supuestos en los que se permite la entrada y salida del municipio]", según el Gobierno autonómico.
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Andalucía empezará a vacunar la próxima semana a menores de 55 años y a mediados de junio a menores de 49 años
Andalucía tiene previsto empezar a vacunar la próxima semana a los ciudadanos de menos de 55 años, mientras que en la segunda semana de junio se podría comenzar con la vacunación de los menores de 49 años.Así lo ha manifestado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Jaén, donde ha expuesto que si el ritmo de llegada de vacunas a la comunidad se mantiene como en este momento, la semana que viene está previsto que se empiece a vacunar a los menores de 55 años y en torno a la segunda semana de junio a los menores de 50 años.En definitiva, el presidente ha confiado en que en las primeras semanas de junio puedan estar ya vacunados menores de 50 años, aunque todo va depender siempre del volumen de vacunas que llegue a Andalucía.Juanma Moreno ha insistido en que Andalucía está preparada para poner hasta un millón de dosis de vacunas a la semana, de lunes a domingo, con más de 900 equipos de vacunación y unos 3.000 profesionales de enfermería, y contando con grandes instalaciones para desarrollar una vacunación masiva."Vacuna que llegue, vacuna que vamos a poner", según ha insistido el presidente de la Junta, quien ha confiado en que, en julio, más del 70 por ciento de la población diana andaluza (los mayores de 16 años) pueda contar ya con al menos una dosis y el 40 por ciento con las dos dosis de la vacuna.Para Moreno, ya estamos muy cerca de poder tener esa inmunidad de rebaño para recuperar espacios de libertad y movilidad, pero ha querido pedir a los ciudadanos mucha responsabilidad y precaución aún, para evitar que todo el esfuerzo y trabajo que se ha hecho durante tantos meses de la pandemia se vaya al "traste".
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El TSJA vuelve a rechazar confinar Montefrío (Granada) por entender que no lo ampara la Ley de Salud Pública
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha vuelto a rechazar por segunda vez la medida de confinar el municipio granadino de Montefrío y no ha ratificado la orden del 12 de mayo que la Consejería de Salud y Familias le trasladó a este respecto, advirtiendo de que la Ley de Salud Pública no ampara restricciones de derechos fundamentales a gran escala como esta, algo que "solo tiene cobertura con la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio".En un auto fechado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados argumentan que si las autoridades sanitarias pudieran limitar o suspender derechos fundamentales con la Ley de Salud pública --que los faculta para tomar las medidas que consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible-- no sería necesario siquiera decretar el estado de alarma.Concluyen, por tanto, que el enunciado de tomar "las medidas que consideren necesarias" que recoge la Ley de Salud Pública no puede ser interpretado como "un cajón de sastre" que afecte con carácter general a un amplio número de ciudadanos y a cualquier derecho fundamental. No es posible por tanto, "amparar interpretaciones extensivas que dieran cobertura jurídica, en una materia tan sensible como la que nos ocupa, a una limitación de derechos fundamentales de forma indiscriminada y masiva", agregan.Recuerda la Sala que la medida adoptada por la Junta afecta a todos los ciudadanos de Montefrío, "con total abstracción de su estado de salud" o el "eventual contacto" que hayan podido tener con personas contagiadas y "por tanto sin atender de forma individualizada al verdadero riesgo que su circulación pudiera conllevar para la salud pública".Añade el auto que "de aceptar la interpretación de la Administración autonómica" se estaría aceptando que "las medidas que puede adoptar la Administración durante un estado de alarma, en caso de pandemia, serían menores que las reconocidas por el ordenamiento jurídico fuera de esta situación excepcional". De esta manera, agregan los magistrados, "la declaración del estado de alarma supondría, contradictoriamente una limitación de las herramientas puestas a disposición de la Administración para evitar la propagación del virus".Por otra parte, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha ratificado el cierre perimetral del municipio de La Campana hasta el día 19 de mayo, conforme a las determinaciones del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, reunido el día 12 de mayo, por razones de salud pública para la contención del coronavirus Covid-19, pues ese día La Campana arrojaba una tasa de incidencia de 1.298 contagios por cada 100.000 habitantes en la acumulación de los últimos 14 días y actualmente su tasa es de 2.214,6.En el auto emitido este viernes, la sala sevillana de lo Contencioso Administrativo del TSJA considera que, "apreciada la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas y descartadas otras menos gravosas, debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía, que determinó en España la declaración del estado de alarma mediante Reales Decretos 433/2020, de 14 de marzo, y 926/2020, de 20 de octubre, cuya vigencia, en este último caso, ha cesado hace apenas unos días".Ello, según este auto recogido por Europa Press y que sigue al pronunciamiento de la Fiscalía, "justifica ratificar la medida sanitaria urgente acordada aunque implique la restricción de derechos fundamentales".En este sentido, la Sala aprecia la debida proporcionalidad de las medidas adoptadas "en cuanto imprescindibles para garantizar la salud pública de los vecinos del municipio, erradicando el alto riesgo de contagio inminente que existiría de contrario, y con un alcance temporal que se extiende durante siete días naturales, pudiendo ser revisado si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica de mantenerse las circunstancias que motivan su aprobación", punto en el que señala que "no es por otra parte una restricción de movilidad absoluta", ya que en la orden de la Junta de Andalucía "se recoge un catálogo de supuestos en los que se permiten los desplazamientos", además de que "no se establece restricción alguna para la circulación en tránsito".Especialmente, la Sala señala "los datos que expresamente se recogen en el Informe de Evaluación específica de riesgo en La Campana, revisados y estudiados por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla", un informe que concluye que "el riesgo de expansión y pérdida de control de la situación de COVID-19 en el municipio de La Campana es muy alto".Además, el TSJA considera que "se motiva su proporcionalidad en la medida de que se trata de la ratificación de medidas de carácter temporal, limitadas a un periodo de siete días y fundamentadas en los indicados datos de contagio"."Apreciada la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas y descartadas otras menos gravosas, debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía", zanja la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.
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Ocho detenidos por los altercados en La Línea, donde habrá antidisturbios hasta restituir la normalidad
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han practicado las primeras ocho detenciones en relación con los altercados registrados durante los últimos días en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción tras la muerte de dos jóvenes ahogados tras zozobrar la embarcación que usaban supuestamente para el suministro de combustible para narcolanchas, en las que se han registrado incendios e instalación de barricadas en el núcleo urbano, lanzamiento de objetos a la Policía Nacional e incluso un impacto de escopeta, fuego real, en un furgón policial sin alcanzar a ningún agente.Según el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Pacheco, en la Junta Local de Seguridad extraordinaria celebrada a última hora del jueves se informó sobre la detención de siete personas, a las que se suma una más registrada a lo largo de la pasada noche, que ha sido "más tranquila" que las anteriores según el alcalde linense, Juan Franco.En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Pacheco ha informado de que, al margen de estas detenciones que se encuentran judicializadas, también se ha llamado a declarar a otras muchas personas como "investigadas" y se ha mostrado convencido de que con el "avance de estas investigaciones" se irán produciendo "muchas más detenciones".El subdelegado del Gobierno ha garantizado que los refuerzos de los antidisturbios de la Policía Nacional de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Cádiz y Algeciras y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplegados en La Línea se mantendrán "de forma permanente hasta que se restituya completamente la normalidad en estos barrios"."Lo que no podemos permitir es que se atentara contra el principio de autoridad. Ya nos costó mucho en 2018, con un gran plan dotado de 48 millones de euros para fortalecer toda esa zona a nivel policial y plantar cara al narcotráfico como para que ahora por altercados así volvamos a perder este principio de autoridad. No podemos permitirlo", ha subrayado.Respecto a la muerte de los dos jóvenes ahogados que desencadenó todos los incidentes, Pacheco ha señalado que "desde el primer día quedó meridianamente claro que la Guardia Civil no estaba en ese momento haciendo ningún tipo de operación antidroga, sino que estaba en la búsqueda de un helicóptero que había caído al mar y casualmente, como le que pillaba cerca de donde ocurrieron los hechos, fueron los primeros en acudir y atender a estas personas que ya venían remolcadas por otra embarcación de Gibraltar que fue la primera en atenderlos directamente en el mar"."Fue una operación de rescate y desde el minuto uno la Guardia Civil intentó hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar y rescatar a estas personas que ya prácticamente estaban fallecidas", ha añadido el subdelegado, que no ha podido aportar más datos sobre la investigación para determinar "qué estaban haciendo estas personas allí en el mar y cuáles fueron las causas por las cuales cayeron al mar y se produjo este desenlace fatal" porque "son actuaciones judicializadas al amparo de la Fiscalía".Por su parte, el alcalde de La Línea, Juan Franco, ha relatado en Canal Sur Radio que la noche "ha sido tranquila" en la localidad después de "tres en la que cada noche fue peor que la anterior" y ha confiado en que las cosas empiecen a "volver a la normalidad".Tras agradecer el llamamiento a la calma de un hermano de los fallecidos, Franco ha cifrado en 244.000 euros los daños materiales registrados hasta ahora en los altercados sin contabilizar el coste de un vehículo de la Policía Local que ha quedado "destrozado" y ha subrayado que ahora "el objetivo principal es parar este sinsentido, parece que anoche por lo menos se consiguió y esperemos que en un corto plazo siga esta situación de calma".Para ello, el alcalde ha defendido la necesidad de mantener el "refuerzo policial que acabe con detenciones" y así que como para tranquilidad de las familias de los fallecidos "se esclarezcan los hechos para evitar cualquier tipo de rumor o bulo" aunque ha dejado claro que él cree en la versión que ofrecen la Guardia Civil y la Policía Nacional.Durante las protestas registradas desde la misma noche del lunes, los manifestantes han proferido amenazas contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en concreto contra un agente de la Guardia Civil, difundiendo su foto por redes sociales y señalándolo como responsable de no socorrer a los dos fallecidos que se ahogaron tras zozobrar la embarcación que usaban para supuestamente, según los mismos que amenazan al agente, "soltar una petacas", con las que se suministra a las narcolanchas.Cabe recordar que esa versión ya fue descartada por la Guardia Civil, que ha explicado que la patrulla del puesto de La Línea observó una embarcación tipo patera vacía a la deriva a la altura del brazo largo del Puerto de la Atunara y observaron otra embarcación tipo patera con tres tripulantes saliendo de Tonelero --playa próxima al Puerto de la Atunara--, los cuales se aproximaron a dos bultos que había flotando en el agua y los subieron a su embarcación, observándose que eran dos cuerpos.Una vez alertado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a su llegada al lugar de los hechos informaron que había dos cuerpos inconscientes en la segunda embarcación, realizando maniobra reanimación que resultó negativa en ambos casos. Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Puerto de la Atunara, donde se personó una ambulancia del 061, que continuaron con las maniobras de reanimación durante otros 25 minutos.
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Adelante Andalucía 'abandona' la sede de Podemos en Sevilla y cambia su domicilio social a Cádiz
El barrio de La Viña de Cádiz es la nueva sede de Adelante Andalucía, la confluencia política que, tras romper con Podemos e IU, volverá a presentar Teresa Rodríguez y su equipo de Anticapitalistas a las próximas elecciones autonómicas -y generales-, tras un proceso de refundación que tendrá lugar en una asamblea constituyente el próximo 26 de junio, según anunció el pasado lunes la propia Rodríguez. La modificación en el domicilio social de Adelante Andalucía ya consta en Cádiz, en concreto en la calle José Cubiles 33, según el registro de partidos del Ministerio del Interior.Hasta ahora, en el registro de partidos Adelante Andalucía aparecía con el mismo domicilio social que Podemos Andalucía, en la calle León XIII, 18-19, en Sevilla, y como representante legal única constaba el nombre de Olga Negrón Rojas, militante de Anticapitalistas, la formación de Teresa Rodríguez que se integró en 2014 en Podemos. La dirección andaluza de IU aseguró entonces que el registro del partido instrumental no se había hecho de espaldas a su formación y que en la documentación también constaba un miembro de IU, el responsable de finanzas, Salvador Fuentes.Según comentan desde el entorno de Teresa Rodríguez, el cambio del domicilio social obedece "simplemente" al hecho de "adaptarse a la nueva situación del partido". "Podemos ha optado en Andalucía por Unidas Podemos de Andalucía en vez de por Adelante y no tenía sentido que la sede del partido de Adelante fuese la de Podemos", detallan a preguntas de este medio. Fuentes de Podemos, consultadas también a este respecto, señalan que la modificación que aparece en el registro de partidos no creen que tenga más implicaciones que el destino de la correspondencia. Cabe recordar que desde el pasado 28 de febrero, día de Andalucía, las direcciones regionales de IU y Podemos vienen usando en sus actos políticos el nombre de la coalición estatal de sus formaciones -Unidas Podemos por Andalucía-, con idea de mantener la marca en las próximas elecciones andaluzas, previstas para diciembre de 2022. También prevén sustituir en breve el nombre actual de su grupo parlamentario -Adelante Andalucía- con el que concurrieron a los comicios de 2018, aprovechando la recién aprobada reforma del reglamento de la Cámara, que acaba de incluir una cláusula contra los tránsfugas.La división entre los socios cofundadores de Adelante nace prácticamente el día después de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, cuando el bloque de derechas superó por primera vez al de izquierdas y da lugar al Gobierno de PP y Ciudadanos, sustentado en Vox. La coalición de Rodríguez y el ex líder de IU, Antonio Maíllo, logró menos diputados juntos que por separado (Podemos e IU), y no convencen como alternativa de izquierdas al PSOE.El 26 de septiembre de 2019, el equipo de Teresa Rodríguez registró como partido político Adelante Andalucía en el Ministerio de Interior. Cuatro días después, el 30 de septiembre, "un miembro de la dirección federal de IU intentó registrar el mismo partido, con el mismo nombre, pero el Ministerio se lo echó para atrás, porque ya existía", confirmaron a este periódico fuentes de Interior. En la documentación presentada por el dirigente de IU constaba, como domicilio social propuesto para Adelante, una dirección coincidente con la sede federal de IU en Madrid: calle Olimpo, 35, razón por la que el departamento de Fernando Grande-Marlaska terminó "desestimando" la solicitud, según consta en el archivo del registro de partidos políticos del Ministerio.Ni Podemos ni IU informaron en ese momento de aquello. Adelante Andalucía apareció en el registro actualizado de partidos del Ministerio de Interior tres meses después de su inscripción (una vez se hubo certificado toda la información presentada): el 20 de diciembre de 2019. Tres días después, eldiario.es adelantó la noticia con este titular: Teresa Rodríguez e IU registran Adelante Andalucía como partido al margen de la dirección de Podemos. La explicación que se ofreció entonces es que habían decidido inscribir la marca "ante el temor de que los aliados de Íñigo Errejón les robara el nombre de cara a las generales del 10 de noviembre".Por otra parte, este viernes se ha conocido que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado que los grupos parlamentarios de Adelante Andalucía y de Vox recuperen las asignaciones que reciben de la Cámara como si tuvieran el mismo número de diputados que obtuvieron tras las elecciones andaluzas de 2 de diciembre de 2018, cuando lograron 17 y 12 diputados respectivamente.El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) ha publicado un acuerdo de la Mesa del Parlamento que rectifica el que acordó el 3 de febrero, cuanto entonces contabilizó las asignaciones de estos grupos con los diputados que en la actualidad tienen, 8 por parte de Adelante Andalucía y 11 de Vox, después de que Adelante impulsara la expulsión de los 9 diputados afines a Teresa Rodríguez, y Vox sufriera la baja de Luz Belinda Rodríguez, y que ahora todos estos son los 10 parlamentarios catalogados como no adscritos, informa Europa Press.De esta forma la cuantía que recibirán ambos grupos serán, en el caso de Adelante Andalucía, 138.827,82 euros mensuales y 416.483,46 trimestrales, mientras que Vox percibirá 97.996,11 euros mensuales y 293.988,33 trimestrales.En el acuerdo que adoptó la Mesa del Parlamento el 3 de febrero supuso entonces que Adelante Andalucía perdía 881.964,72 euros sobre la financiación que tenía previsto recibir en este 2021, cifra que suponía percibir un 52,94% menos de la cantidad inicial. La asignación anual a Adelante Andalucía se rebajó a 783.969,12 euros, 881.964,72 euros menos del 1.665.933,84 euros que contemplaba el Presupuesto del Parlamento para este ejercicio 2021.
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La Fiscalía Superior de Andalucía vuelve a emitir dictamen favorable a los cierres perimetrales de Montefrío y La Campana
La Fiscalía Superior de Andalucía, coordinada desde las sedes de Granada y Sevilla, ha emitido sendos dictámenes favorables a los cierres perimetrales de los municipios de Montefrío en Granada y La Campana de Sevilla que han sido remitidos este viernes a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ayer recibió las órdenes dictadas por la Junta en ese sentido, para su posterior resolución.Con estos informes, la Fiscalía Superior ratifica la orden del pasado miércoles 12 de mayo de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía por la que se confinaba a estos municipios como medida sanitaria para controlar los elevados índices de contagio de la pandemia del COVID 19. Cabe recordar que el pasado martes se conocían resoluciones dispares en cuanto a los cierres decretados por la administración andaluza.Ambos municipios, con una población cercana a los 5.300 habitantes, presentan en el caso de Montefrío unos marcadores epidemilógicos que se han incrementado de 1.635 casos por cada 100.000 habitantes el 7 de mayo a alcanzar la cifra de 2.108 casos una semana después coincidiendo con la orden de confinamiento de la Junta de Andalucía.Según una nota de la Fiscalía, los factores epidemiológicos indican un alta transmisión, una afectación importante en la población vulnerable y una capacidad de control en la propagación muy reducida con unos valores que han empeorado en los últimos días, además de contar la provincia con un presión asistencial de muy alto riego, sobre todo en la la ocupación de UCI, que se sitúa en un valor medio del 30%. Mientras que el municipio de La Campana se han producido 68 nuevos casos en los últimos 14 días y tiene una tasa de incidencia de 1.298 por cada 100.000 habitantes.El dictamen de la Fiscalía señala la habilitación legal que sustenta esta orden de cierre perimetral de la Junta de Andalucía en la Ley Orgánica 3/1986 del 14 de abril en material de salud pública en la que se habilita a las autoridades sanitarias competente para adoptar las medidas que consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. También apunta el artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía en la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía y en la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía.La Fiscalía considera que las decisiones adoptadas encuentran una habilitación legal suficiente para que pueden acordarse y que todas las restricciones en derechos fundamentales acordadas resulten justificadas conforme a un criterio de proporcionalidad.Apunta que ciertos límites al ejercicio de algunos derechos se imponen por la necesidad de evitar que su ejercicio pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales tan esenciales como los vinculados con una efectiva protección de la salud, especialmente, de personas vulnerablesAmbos dictámenes de la Fiscalía informan que la medida adoptada cuenta con “la habilitación legal suficiente y resulta proporcionada a la compleja situación de riesgo sanitario para la ciudadanía en que nos encontramos justificándose por el deber activo de garantizar la salud pública que compete a los poderes públicos en un estado de pandemia”.También indica que las restricciones van a ser limitadas a un duración temporal mínima, la evaluación continua del riesgo, la posibilidad de desplazamientos para situaciones de necesidad y la restricción también se vincula con la presión hospitalaria y el grado de ocupación que presentan las Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia.  
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Andalucía sigue la pista de unas 4.000 personas sin hogar para vacunarlas contra la Covid-19
La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, con ayuda de diversas organizaciones sociales, está tratando de localizar a personas sin hogar en las ocho provincias para vacunarlas contra la Covid-19. Aún no hay fecha concretada ni está establecida exactamente la logística para este colectivo de especial vulnerabilidad, pero la administración autonómica ha solicitado con antelación el apoyo de algunas entidades como Accem para conocer el número estimado de personas en situación de calle para preparar las dosis y desarrollar el operativo, según ha informado a este periódico Manuel Sánchez Montero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, que agrupa a una decena de organizaciones representativas de los derechos sociales en la comunidad autónoma y donde se ha centralizado el primer paso de este proceso especial de vacunación.El estudio 'Conocer para actuar' de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales arrojó en 2017 un número de 1.731 personas sin hogar en las mayores ciudades de Andalucía, pero las ONG han aportado ahora al departamento de Salud y Familias una cifra estimada cercana a las 4.000 personas de acuerdo a un rastreo en todas las provincias, en pueblos y ciudades (1.488 en Sevilla, 460 en Granada, 450 en Almería, 350 en Málaga, 34 en Córdoba, 325 en Huelva, 232 en Jaén y 20 en Cádiz), teniendo en todo caso en cuenta que se trata de una población "volátil" cuyo número es siempre muy variable y que, en muchas ocasiones, carecen de documentación.Este miércoles trascendía que será la vacuna de Janssen, la única monodosis ante el virus, la que se administrará a este colectivo vulnerable, entendiendo que sería más difícil la pauta de dos dosis. Así se prevé también para temporeros o inmigrantes en situación irregular. Según Sánchez, la organización prevé que, una vez la Junta determine el momento y protocolo oportuno, se volverá a contactar con Accem y otras entidades sociales para que sean los técnicos de las mismas los que acompañen a las personas sin hogar a los centros de vacunación que la Consejería de Salud y Familias determine, sin dejar que la vacunación quede en sus manos, "atendiendo a la realidad del colectivo". Es decir, no se les citará en un centro de vacunación masivo como a la ciudadanía general, según opina. Previsiblemente, comenta Sánchez, en una segunda fase Salud enviará las dosis aproximadas previstas a los distritos sanitarios que se determinen, y se establecerían dos o tres puntos de vacunación en diferentes espacios de grandes ciudades, donde se concentra principalmente el "grueso" de esta población, para proceder a la administración de la dosis para prevenir la enfermedad. "No se puede dejar a ningún colectivo fuera, eso es una realidad", apunta Manuel Sánchez.Por parte de Cruz Roja Andalucía, también presente en la Mesa del Tercer Sector, se indica a este periódico que la organización humanitaria aún no está interviniendo en este sentido, si bien ha ofrecido a la Mesa sus instalaciones de atención a personas sin hogar, de atención a personas drogodependientes y atención a mujeres prostituidas en Andalucía para que se pueda realizar la vacunación de estos colectivos.
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Andalucía mantendrá el horario del ocio nocturno hasta las dos de la madrugada a pesar de las críticas de Darias
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado que Andalucía mantendrá el horario del ocio nocturno hasta las dos de la madrugada, a pesar de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtiera este miércoles a las comunidades autónomas de que la orden de cierre nocturno que obliga a discotecas y bares de copas a cerrar como muy tarde a la una de la madrugada, sigue en vigor y es de obligado cumplimiento.En declaraciones a los periodistas, Marín ha afirmado que respeta todas las decisiones de la ministra y de todos los que tengan responsabilidades, "porque es muy difícil gestionar momentos como este".No obstante, ha señalado que el Gobierno andaluz "siempre se guía por lo que los expertos le dicen y cuando dicen que puede haber una apertura hasta determinadas horas, un determinado aforo o unas restricciones determinadas, el Gobierno andaluz lo que hace es aplicarlo, igual que supongo que hará la ministra cuando los expertos que la asesoran le den esas indicaciones"."El hecho de que en Andalucía se puedan estar celebrando actos con aforos importantes son pruebas de que la situación sanitaria está mejorando de una forma importante, que siguen bajando los hospitalizados, que se está vacunando cada vez a un mayor número de personas y que se espera alcanzar una inmunidad colectiva del 60% en el mes de junio", ha señalado.Así, Marín ha insistido en que respeta las opiniones de la ministra de Sanidad, así como en que el Gobierno andaluz "va a seguir haciendo lo que digan los expertos del Comité de Aleta y Salud Pública de Andalucía".
1 d
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Carmen Castilla afronta su reelección en UGT-A poniendo el foco en cómo se reiniciará la actividad económica tras la pandemia
La secretaria general de UGT Andalucía y candidata a la reelección, Carmen Castilla, considera que la pandemia abre nuevos retos a los que enfrentarse, entre los que ha citado cómo se reiniciará la actividad tras la Covid-19 y cuando decaigan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el que están aún muchos trabajadores o la digitalización y el teletrabajo."Nos enfrentamos a cómo va a quedar el mercado laboral en Andalucía; cómo será la vuelta completa de esos trabajadores, cómo se va a reiniciar toda la actividad", ha dicho, añadiendo que les preocupa "enormemente" la "política de recortes en lo público", en referencia al sistema sanitario público andaluz, "que necesita desde luego más financiación pública, más impacto del PIB andaluz y mantener unos servicios públicos potentes y que no existan desigualdades".También señaló a los periodistas, antes del inicio del 12 Congreso Ordinario de UGT Andalucía que se celebra en Antequera (Málaga), otras reivindicaciones en marcha y que continuarán, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la derogación de las reformas laborales, "sobre todo la última"; así como la de las pensiones del año 2013 y el factor de sostenibilidad. Según Castilla, estas tres reivindicaciones se suman a la "importancia de un cambio en el modelo productivo", apostando por más industrias: "ahí hay más empleo de calidad, más servicios públicos, privados, y eso es consumo y riqueza".En este sentido, la candidata a la reelección de UGT ha considerado "incomprensible" el caso de Airbus en Puerto Real (Cádiz) y que "continuamente estén amenazando con ese escenario de incertidumbre de cerrar" la fábrica. Es más, ha incidido en que "no se puede tener 300 millones de euros de beneficios en el primer trimestre y querer cerrar una planta tan importante", lo cual supondría no sólo el despido directo de muchos trabajadores sino también de las empresas auxiliares.Castilla se ha referido también a la situación de los jóvenes, las mujeres, los parados de alta duración así como "el reto de la Formación Profesional en Andalucía, tan necesaria para explorar nuevos nichos de empleo a propósito de esta nueva era". "Todos estos retos nos planteamos este mandato si los delegados tienen a bien que esté al frente de la UGT", ha señalado la candidata, única que se ha presentado en este congreso, al que han asistido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández o el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.En los mismos términos, Álvarez ha destacado el trabajo de UGT en Andalucía, que en estos últimos cinco años "ha llegado adelante un trabajo extraordinariamente positivo que se ha ido plasmando en la afiliación y en los resultados de las elecciones sindicales". UGT, ha sostenido, "está presente en todos y cada uno de los problemas que tienen los trabajadores andaluces, luchando por el empleo, trabajando no sólo con los temas habituales sino siendo sensibles a cuestiones de carácter territorial que se padecen en Andalucía de manera muy especial".UGT Andalucía ha inaugurado este miércoles su 12 congreso ordinario, en el que se debatirá y aprobará el programa de acción que definirá las líneas para los próximos cuatro años, se elegirá a la Comisión Ejecutiva Regional que dirigirá el sindicato en ese periodo y se ratificará la reelección de Carmen Castilla como secretaria general, al ser la única candidatura.En la inauguración del cónclave, Castilla, que ha estado respaldada por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el sindicato "no solo es esencial sino también muy decisivo en la vida de los andaluces" y ha dado las gracias a los delegados que participan y a los invitados institucionales y del sindicato.La inauguración ha contado con las intervenciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha instado a atajar "conjuntamente" la crisis sanitaria generada por el coronavirus y ha considerado que esta pandemia "está dañando la salud humana y también la social" y ha destacado el papel de los sindicatos en estos momentos.También ha participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ha subrayado el papel de los agentes económicos y sociales y ha reivindicado "el sindicalismo moderno, transversal, del siglo XXI, con responsabilidad constitucional que hoy juega un papel esencial en Andalucía a través del diálogo social, y que tiene que seguir en esa senda para la recuperación y reactivación económica".Ha señalado que una pandemia como la actual, con tres crisis por delante: sanitaria, social y económica, "no podría superarse sin la implicación y la colaboración de empresarios, sindicatos y demás fuerzas vivas", por lo que ha incidido en "el gran ejercicio de responsabilidad y altura de miras demostrado por los sindicatos y la patronal a lo largo de la historia y, especialmente, en los últimos 14 meses".Asimismo, han intervenido el presidente de la CEA, Javier González de Lara; la secretaria de CCOO-A, Nuria López; el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández; el secretario de Organización de UGT, Rafael Espartero; y el alcalde de Antequera, Manuel Barón.También ha participado el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, quien ha pedido a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España poder "sentir el aliento de nuestros representantes" para salvar el sector de la aeronáutica y trabajar "conjuntamente", al considerar que "no nos merecemos lo que nos quieren hacer en Andalucía y en todo el país" refiriéndose a Airbús.Hojas ha solicitado, igualmente, a todas las administraciones medios para potenciar la inspección en el sector del campo y acción para mejorar la situación de estos trabajadores, "porque necesitamos salarios y empleos dignos, que estas personas, ya sean españolas o vengan de otros sitios, tengan unas condiciones normales y no sufran abusos".
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La Junta volverá a confinar Montefrío y pedirá un nuevo aval judicial
El comité territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Granada ha propuesto que Montefrío vuelva al nivel de riesgo 4 grado 2 por coronavirus, por el que se decretará nuevamente su confinamiento perimetral y el cierre de la actividad comercial no esencial, a raíz de lo cual la Junta tendrá que volver a pedir aval judicial, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya resolviera no ratificar la orden emitida por la Consejería de Salud y Familias en el mismo sentido el pasado viernes.Se trata del único municipio para el que el comité de expertos de la provincia vuelve a pedir estas restricciones, según ha sabido Europa Press en fuentes de dicho órgano. La Junta volverá a pedir el aval judicial, toda vez que, además, ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo contra la resolución del TSJA sobre este municipio del Poniente de Granada, con una población de 5.313 vecinos y que, este miércoles, tiene una media de 2.108 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la tasa de incidencia acumulada más alta de la provincia.A la espera de la ratificación y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este nuevo confinamiento perimetral y del cierre de la actividad no esencial, ahora levantados, desde la medianoche del miércoles al jueves, el TSJA volvería a tener tres días para ratificar o no esta decisión de la Junta, según estas mismas fuentes.Este miércoles, el delegado de Salud de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, en declaraciones a los periodistas, ha llamado a la "serenidad" a los vecinos de Montefrío, y ha dicho que la Junta seguirá "asumiendo" su responsabilidad en la gestión de la pandemia y adoptando las medidas necesarias acorde con la situación sanitaria en cada uno de los municipios.
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