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Una plataforma "por la mayoría social", el reto de la izquierda andaluza de tejer "unidad" como frente contra Moreno
La Plataforma andaluza por la mayoría social nace de la "indignación" compartida por un grupo de progresistas que sueña con una Andalucía "con más servicios públicos, más derechos sociales, más igualdad y más futuro". Entre ellos, catedráticos como Carlos Arenas o Miguel Toro, que pasaron de hablar sobre los problemas de Andalucía a actuar en busca de soluciones "que beneficien a la mayoría social". Para ello, fueron "tirando del hilo" hasta tejer una plataforma respaldada por 16 organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas y políticas, que ha logrado reunir por primera vez a los principales partidos de izquierdas (PSOE, Podemos y Sumar) en un frente común contra las políticas del Gobierno de Juan Manuel Moreno.La presentación oficial de esta iniciativa se ha celebrado este lunes 18 de marzo en el centro cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta de Sevilla, sobre los terrenos donde se levantaba "la antigua cárcel franquista de la Ranilla", como ha recordado la periodista María Iglesias, quien se ha encargado de conducir el acto junto a su colega Roberto Lakidain. En nombre de la plataforma, sólo ha intervenido Carlos Arenas, si bien ha contado con la compañía en el público de representantes de todas las entidades firmantes, como el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, o la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López. "La indignación se convierte en insoportable desde el momento en que todo lo que ha construido el PSOE en 40 años lo está dilapidando el PP estos últimos cinco años", ha resumido uno de los promotores de la iniciativa. Desde su condición de historiador, Arenas ha recordado el espíritu de unión que inspiró la Platajunta, aquel organismo unitario también impulsado por fuerzas progresistas en 1976 como oposición al régimen dictatorial. Episodio de la historia de España que le ha servido para lanzar un mensaje a sus compañeros: "Hace 50 años que no sucedía algo así, no podemos defraudar, la mayoría social demanda unidad". Al igual que la Platajunta, la Plataforma andaluza por la mayoría social parte de la firma de un manifiesto, que sirve como "punto de partida" y como hoja de ruta para guiar los pasos que se han marcado seguir dando hasta la próxima convocatoria electoral en Andalucía. Precisamente, el acto de presentación ha servido para definir las líneas de actuación (extender el proyecto a nivel provincial e implicar a expertos para elaborar propuestas de mejora), así como para sembrar el germen de lo que esperan sea un “revulsivo capaz de concienciar a la ciudadanía de que es posible el cambio político en Andalucía”. Y también para aclarar lo que no es. "No es una coalición electoral", han remarcado desde la plataforma. En su lugar, han optado por asumir el término "coalición de ilusión electoral" con el que los ha bautizado Roberto Lakidain, haciendo alusión a la vocación de "fundar una nueva Andalucía" que apueste "por la mayoría social", frente a la mayoría absoluta que ostenta el PP de Juan Manuel Moreno. En resumen, aunque la plataforma descarte una perspectiva electoral conjunta, el objetivo que les une es el de movilizar a la gente de izquierda en aras de abonar el terreno social para propulsar un vuelco político en las próximas elecciones autonómicas. En este sentido, el líder socialista en Andalucía, Juan Espadas, al terminar el acto, ha descrito así "el germen" que ha sembrado la plataforma este lunes: "Lo que hoy se empieza a dibujar aquí es que la gente empieza a ver que una mayoría absoluta de la derecha no es la mejor solución para Andalucía, empieza a hacer una reflexión crítica, en voz alta, de lo que está ocurriendo, que no es ni de lejos el cuento de hadas que nos cuenta Moreno Bonilla, se trata más bien los problemas de la gente y la falta de un proyecto de verdad, un proyecto ambicioso, un proyecto para Andalucía, para los andaluces y las andaluzas, un proyecto que tenga futuro, no simplemente estar encantados de conocerse y sin aportar realmente soluciones a los problemas reales". Hasta ahora, el PSOE andaluz nunca se había adherido a una plataforma de estas características, fundamentalmente porque ha sido el partido que ha pilotado la Junta casi 37 años seguidos. Sin embargo, al haberse consolidado los populares como primera fuerza político y al no vislumbrar visos de cambio, el partido de Juan Espadas ha abrazo la iniciativa que alumbra la plataforma por la mayoría social en pos de "construir una alternativa" al actual presidente andaluz. Junto a Espadas, se han dejado ver otros rostros de la política andaluza como la portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, la parlamentaria Alejandra Durán (Podemos), el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, o el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba.Los propósitos fijados implican trabajar desde "la unidad", pero también desde la "autocrítica". "Va a hacer falta mucha autocrítica y renovación para ganarse la credibilidad y confianza de la mayoría social en la que es posible tener esa alternativa", ha subrayado María Iglesias. Tampoco Carlos Arenas ha obviado la división que ha lastrado históricamente a los movimientos de izquierda. "No podemos trabajar de espaldas a unos o en frente de otros", ha advertido el catedrático dirigiéndose a las formaciones políticas que integran la plataforma, pero también al resto de colectivos y asociaciones que la conforman (Marea Blanca, Facua, la Federación Andaluza de Memoria Democrática, la Asociación Redes o la Fundación Savia, entre otros). Por lo pronto, según ha confesado este promotor de la iniciativa, "no ha habido dificultad ninguna" en poner de acuerdo a las diferentes entidades y personalidades que secundan la plataforma. "Parece que estaban esperando a que algo así surgiera", ha apostillado Arenas, después de que se proyectara un vídeo en el que se ilustraban los problemas que arrastra Andalucía, algunos endémicos como una tasa de paro del 17,6% o una de riesgo de pobreza y exclusión social del 37,5%, y otros de actualidad como el millón de andaluces en listas de espera en la sanidad pública. Para revertir esos lastres, la plataforma por la mayoría social plantea una serie de soluciones que giran en torno a seis bloques temáticos: el sector público como eje vertebrador; el ejercicio de los derechos y de las oportunidades en condiciones de igualdad para las clases, generaciones, géneros e inmigrantes excluidos; la defensa del protagonismo político de la mayoría social, la sociabilidad inclusiva, la información veraz, la cultura feminista y el compromiso cívico; el cambio de modelo productivo en favor de un desarrollo auto-centrado y sostenible y el empleo de calidad; la protección del ecosistema y una regulación transparente y equitativa de los recursos hídricos, así como políticas de desarrollo contra el despoblamiento del medio rural; y un encaje igualitario de Andalucía en la España federativa y en la Comunidad Europea.Todo ello lo resume Arenas –parafraseando a su tocayo Carlos Cano– en "que haiga trabajo, cultura y prosperidad". "El dinero público no puede ir a parar a los bolsillos de las empresas privadas, necesitamos gobiernos de izquierdas que gestionen lo público en favor de la mayoría social", ha defendido el autor de Lo andaluz: historia de un hecho diferencial. "Necesitamos otro modelo económico autocentrado, soberanista, que luche contra los problemas de la juventud y por su futuro", ha añadido el historiador para terminar abogando por trabajar conjuntamente en lograr que "la gente que no vota o que vota en contra de sus intereses vuelva a confiar en nosotros como en los años 80".Así pues, el acto de presentación de esta iniciativa que nació de una indignación ha concluido con un deseo también compartido: "Ojalá que este germen arraigue y se gane la credibilidad y apoyo masivo de la mayoría andaluza".
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Violencia vicaria en Almería: cuando la Justicia aleja al maltratador de la mujer, pero no de sus hijas
Llegar por carretera desde el municipio almeriense de Gérgal, en la frontera del desierto de Tabernas, a Abla, en las estribaciones orientales de Sierra Nevada, apenas lleva 20 minutos. A ambos pueblos los une la A-92, la autovía que atraviesa Andalucía de punta a punta, que aquí apenas le sirvió a Alina, una joven rumana llegada al pueblo hace unos cuatro años, para poner algo de distancia entre ella y su maltratador. No fue suficiente. El hombre, que seguía pudiendo acercarse a sus dos hijas de 2 y 4 años a pesar de tener una orden de alejamiento de Alina, las mató presuntamente con veneno, antes de ingerirlo él mismo, la noche del domingo. Esta es la principal hipótesis que manejan los investigadores.La vida de esta familia rumana había discurrido en los últimos años en el triángulo que conforman los vértices de Gérgal, Alboloduy y Abla, donde este lunes todo era desolación. En el primer municipio residieron inicialmente los cuatro, antes de separarse e instalarse él en un cortijo de Las Alcubillas (pedanía compartida entre Alboloduy y Gérgal) y ella y las niñas en Abla, donde trabaja como camarera en uno de la media docena de restaurantes y posadas del pueblo. Habían llegado a esta zona de Almería hace poco más de tres años, cuando la niña mayor era apenas un bebé y Alina estaba embarazada de su segunda hija. En la pedanía conformada en torno a la estación de Gérgal vivieron año y medio, él (de 35 años) trabajando en los invernaderos y ella (23) cuidando de las niñas. El detonante de la separación fue una paliza más terrible aún que los malos tratos que ella sufría de continuo. La Guardia Civil tenía que acudir frecuentemente al domicilio. “Siempre le pegaba. Le pegaba cada dos por tres, y cuando la niña tenía unos mesecillos le pegó una tremenda. Fue entonces cuando vinieron los servicios sociales y se la llevaron a una casa de acogida en Almería”, recuerda la alcaldesa, Antonia Contreras, que dejó de verlos por el pueblo. Él, solo, se reubicó en un cortijo de otra pedanía compartida con Alboloduy. Y ella y las niñas, tras su estancia en la casa de acogida, encontraron un nuevo hogar en Abla. La mujer y sus hijas volvieron sobre sus pasos desde la capital almeriense hasta la comarca de Filabres porque Alina encontró trabajo en un bar. Nuevamente a tiro de piedra del agresor, que acabaría matando a las niñas. El domingo, la mujer acudió a recogerlas a la hora convenida, en torno a las siete de la tarde. Ante la tardanza y que él no respondiera al teléfono, se dirigió al cortijo, donde descubrió lo sucedido. El 112 recibió el aviso a las 22:30. Cómo pudo ocurrir que él, con sus antecedentes, siguiera viendo a las niñas fue durante las primeras horas del lunes una incógnita, hasta que fuentes judiciales emitieron una nota para aclarar lo sucedido: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería había instruido una denuncia por malos tratos y amenazas, y había dictado una orden de alejamiento de 500 metros, ordenando colocar una pulsera de seguridad al agresor. La nota asegura que la mujer se había negado a denunciar al hombre, pero Fiscalía había mantenido la acusación. En declaraciones a EFE, un amigo de la mujer ha asegurado que "Alina se quejaba porque se llevaba mal con el padre de las niñas". El caso ya tenía fecha de juicio: el 10 de abril, ante el Juzgado de lo Penal 2. "A raíz de la denuncia penal", el mismo juzgado especializado en violencia machista había abierto un proceso civil sobre la guardia y custodia de las niñas, el régimen de visitas y la cuantía de la pensión. Y aquí se había establecido que el padre podía estar con sus hijas los sábados y domingos entre las 12:00 y las 18:00. La madre debía trasladar a las niñas al Punto de Encuentro Familiar, un espacio "neutral" a disposición de los juzgados y las familias, donde se facilita el contacto entre los menores y sus progenitores no solo en casos de violencia machista, sino de separaciones conflictivas. “Sin embargo, la madre solicitó en varias ocasiones que la entrega se realizara sin la intervención del Punto de Encuentro. La última de las peticiones en este sentido se realizó el pasado 4 de octubre”, señala el comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia. “Desde el Punto de Encuentro se informó de que las partes ya no estaban acudiendo a este mecanismo para realizar la entrega de los menores”. El 9 de noviembre, el juzgado acordó que el Punto de Encuentro ya no interviniera, con el visto bueno de Fiscalía y las “reiteradas peticiones de la madre”. El Código Civil se reformó hace apenas dos años precisamente para cambiar la regla general: ahora, no se establece régimen de visitas (o se suspende) si se abre un procedimiento penal contra el cónyuge o hay “indicios fundados de violencia doméstica o de género”. Sin embargo, la regla general admite excepciones basadas en el “interés superior del menor”, fundamentado en un informe psicosocial que suele tener en cuenta (entre otros factores) la situación de violencia (puntual o habitual), lo que digan los niños (en función de su edad) y sus progenitores. Pero estas declaraciones pueden estar condicionadas por la propia situación de violencia. En este caso, se desconoce en qué se basó el juzgado para exceptuar la aplicación de la norma general. “Hay que tener en cuenta que los menores son ajenos a cualquier instrumento de valoración de riesgo. Se valora la situación de riesgo de la madre, pero no hay herramienta para los niños y niñas”, lamenta Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe e integrante de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España: “Al final están invisibilizados y son apéndices de las madres”. A pesar de que la modificación del Código Civil, la falta de una herramienta para valorar de forma independiente el riesgo de los menores sigue haciendo recaer sobre la madre gran parte del peso de la decisión. Y su voluntad no siempre es libre. “Puede valorarse que la mujer diga que no hay situación de riesgo, pero no puede ser el único criterio, porque hay quienes no relatan la situación de riesgo precisamente por miedo a que pase algo a sus hijos. ¿Hasta qué punto una mujer en situación de violencia tiene capacidad de decidir sobre la seguridad y protección de sus hijos?”, se pregunta la jueza, que advierte de otro problema: el informe psicosocial suele demorarse un año. En Andalucía hay al menos once Puntos de Encuentro, uno de ellos en Almería capital, según el directorio de la Consejería de Justicia, que gestiona el servicio y amplió los puntos el año pasado. El equipo técnico de un Punto de Encuentro (psicólogas, trabajadores sociales, expertas en tratamiento familiar) tutela e informa al juez del desarrollo de las entregas. "Pero lo que ocurre fuera no lo pueden ver", explican desde la Consejería. El objetivo es que el recurso se utilice un máximo de 18 meses, pero en algunos conflictos graves este plazo se alarga. El hecho de que la propia mujer pidiese cancelar la intervención del Punto de Encuentro tampoco da la foto de la situación. “No sabemos los motivos. ¿Por qué lo pidió? ¿Qué distancia había al punto de encuentro? ¿Qué situación económica tenía?”, se cuestiona García. Abla está a 23 minutos en coche de Gérgal (donde residía el hombre), y a 49 de Almería capital (donde estaba el punto de encuentro). “Muchas veces no tienen recursos para desplazarse y los puntos no tienen personal especializado, de modo que a veces son de nueva victimización y violencia contra las mujeres. Si hablas con las madres, la experiencia muchas veces es negativa”. Su conclusión es que la reforma del Código Civil alivió el peso sobre las mujeres, pero es insuficiente porque siguen haciendo falta recursos y herramientas para valorar el riesgo de forma independiente: “Sabemos cuál es el ciclo de la violencia. No se puede dejar toda la responsabilidad en la madre”, señala la jueza, que advierte contra la tentación de culpabilizar a las mujeres en este tipo de casos, y zanja: "Un padre agresor no puede ser buen padre. Y el derecho que debe prevalecer siempre es el del interés superior del menor, no el del padre a relacionarse con los niños". La noticia del presunto asesinato vicario ha impactado de lleno sobre unos pueblos que rara vez se ven en las noticias. Las alcaldesas de Gérgal y Alboloduy trataban este lunes de transmitir la rabia y la frustración por el crimen, aunque en los dos primeros municipios no había ya trato con la familia. Las Alcubillas es una pedanía partida por una rambla. Y aunque el cortijo donde hasta ahora vivía el hombre pertenece a Alboloduy, nada sabían de él en este municipio. En Gérgal no dejó buen recuerdo. En Abla, donde ella trabaja, dicen que Alina y las niñas se integraron “perfectamente” y que eran conocidas en la localidad, que cuenta con 1.255 habitantes. Llegó allí huyendo de su maltratador, pero la zanja no fue tan profunda como para alejarlo de sus hijas. Eso le permitió matarlas. Las pequeñas serán enterradas en Abla por deseo de su madre. En los tres municipios repudiaron el crimen con tres minutos de silencio y en Abla se han declarado tres días de luto oficial. _____________El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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Vecinos de Sanlúcar retienen a dos ladrones que trataban de huir en moto después de atracar una joyería
Un grupo de vecinos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha logrado retener a los presuntos autores de un robo con violencia e intimidación perpetrado en una joyería a plena luz del día. Los dos encapuchados trataron de huir en moto tras cometer el delito, pero varios viandantes lo impidieron. El atraco se ha cometido este lunes sobre las 10:35 horas en una joyería de la calle Barrameda en el citado municipio gaditano. Dos indicativos del Grupo ZETA de la Policía Nacional se personaron en el lugar tras recibir la alerta al pulsarse la alarma del establecimiento. Una vez allí, observaron que los dos presuntos autores, ataviados con casco y mono azul, se encontraban retenidos por los vecinos.La escena, grabada por otro ciudadano y que ya se ha viralizado, muestra cómo los dos ladrones tratan de escapar subidos en una motocicleta, pero rápidamente varios viandantes se interponen, cortándoles el paso y logrando finalmente retenerlos en el suelo hasta la llegada de los agentes.Tras la intervención de los viandantes, los agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de los detenidos, a quienes se les ha intervenido un arma corta, una maza, las llaves de una furgoneta, dos cascos de moto, un spray y dos mochilas con numerosas joyas.Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que los dos individuos procedían de Sevilla y se habían desplazado hasta este municipio en una furgoneta.La investigación continúa abierta al tratarse de delincuentes itinerantes, por lo que se realizarán gestiones para verificar o descubrir su participación en otros hechos de similares características.
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El Parque Nacional de Doñana suma diez crías de lince ibérico en lo que va de año
El centro de cría de El Acebuche en el Parque Nacional de Doñana (Almonte, Huelva) ha registrado ya el nacimiento de diez nuevos cachorros después de que este pasado sábado la hembra Parra tuviera una camada de cuatro crías. Estas se suman a las tres que dio a luz Narsil el pasado miércoles y a las dos de Kolia, ambas en el mes de febrero, así como al único cachorro de Sardina que sobrevivió al parto. Además, según han indicado a Europa Press desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), todavía se espera un parto más en el centro de cría de El Acebuche. Desde el programa de conservación Linx ex-situ han señalado en sus redes sociales que la pareja de este año 2024 de Parra ha sido el macho Esparto, un ejemplar de 16 años que "seguramente, por su avanzada edad, este haya sido su último año como reproductor en el programa de cría".Con estas nuevas crías de Parra ya son 229 los cachorros de lince ibérico nacidos en el Centro de cría de El Acebuche desde que en el año 2005 naciera allí la primera camada del programa de cría en cautividad.Por otra parte, desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales han informado de que en el centro de cría de Zarza de Granadilla (Cáceres), el primer parto se produjo el pasado viernes, cuando Hubara alumbró tres cachorros y se esperan tres alumbramientos más en ese centro, ya para el mes de abril.La nueva temporada reproductora 2024 del lince ibérico arrancó en el centro de cría en cautividad de El Acebuche con el emparejamiento de siete parejas conforme al objetivo principal de gestionar adecuadamente la diversidad genética de esta especie tan amenazada. Así, de las siete parejas establecidas, entre el 28 de febrero y el 21 de enero habían entrado en celo y copulado seis de ellas.De este modo, de las siete parejas establecidas según las prioridades genéticas se encuentran dos hembras que no habían criado previamente ninguna camada como son Sardina y Oleander, y cuatro hembras experimentadas: Narsil, Kolia, Parra y Juromenha, y una hembra, Macadamia, que en la temporada de cría de 2023 se consiguió por primera vez su reproducción exitosa tras varios años de fracaso reproductivo.Desde el organismo han explicado que el lince ibérico es una especie "muy estacional" y "solo muestra un celo al año", que tiene lugar generalmente en las primeras semanas del invierno. A partir de ahí, y con una gestación de 63-66 días, se esperan que nazcan las diferentes camadas que continuarán contribuyendo a la recuperación de esta especie.El centro de cría de El Acebuche está gestionado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, quien también lleva la gestión del centro de cría de Zarza de Granadilla, en Cáceres, donde también se establecieron siete parejas reproductoras.En 2023 salieron adelante un total de 13 crías de lince –de las 17 gestadas– en el Centro de Cría del Lince Ibérico de El Acebuche, en Doñana, seis más que en 2022 –salieron adelante siete–, y supone el dato más alto tras los años 2008 y 2011, cuando también salieron adelante 13 cachorros, según indican los datos publicados por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), consultados por Europa Press.La pasada temporada fueron 14 las parejas que se seleccionaron para la cópula en los centros de El Acebuche y Zarza de Granadilla y, entre ambos centros, han salido adelante un total de 20 cachorros de lince ibérico. El 71% de las hembras quedaron gestantes tras el celo y solo dos hembras, Nota en El Acebuche y Juno en Zarza de Granadilla, no gestaron ese año ninguna camada.
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El PSOE acusa al Gobierno andaluz de pagar más por las operaciones derivadas a la sanidad privada abusando de los contratos a dedo
El PSOE andaluz ha denunciado este lunes la existencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de sistemas tarifarios "sin cobertura legal" y sin justificación como procedimientos de extraordinaria emergencia, que han podido conllevar "sobrecostes y menoscabo de fondos públicos".Así lo ha manifestado en rueda de prensa el coordinador de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Rafa Márquez, quien ha explicado que, desde 2021 a junio de 2023, el Gobierno de Moreno ha mantenido procedimientos extraordinarios de emergencia "sin concurrencia" entre ofertas de empresas, además de emplear sistemas tarifarios para determinadas intervenciones quirúrgicas que suponen un posible "sobrecoste" respecto a las tarifas vigentes."No estamos hablando sólo de contrataciones arbitrarias sino que, además, y es tremendamente grave, tenemos la seria sospecha de que el posible sobrecoste de estas intervenciones ha beneficiado a empresas privadas al margen de la ley. Y esto exige una investigación", ha señalado Márquez tras reprochar al PP andaluz que no haya aceptado la comisión de investigación que registró el PSOE el lunes de la semana pasada y pedirle que "reconsidere" su decisión.De acuerdo con la explicación del portavoz socialista, de los expedientes que han podido analizar, se constata que hay intervenciones como la colecistomía laparoscópica que presenta diferencias de precio respecto a la tarifa vigente de entre 176 a 425 euros por operación, lo que supone un posible sobrecoste durante todo 2021 de entre 517.968 euros y 1.250.775 euros por cuanto ese año se produjeron 2.943 intervenciones de este tipo.También ha alertado el parlamentario socialista de otro posible sobrecoste de entre 1.331.085 euros y 1.511.493 euros en los procesos de sustitución de cadera. En 2021 se realizaron 1.290 intervenciones y la diferencia de precio por operación, sin la prótesis, oscila entre 1.036 y 1.171 euros.O de entre 7.157.244 euros y 7.753.240 euros en las intervenciones de sustitución total de rodilla, con la premisa de que se concertaron 4.405 intervenciones en 2021 y las diferencias aplicadas en contratación de emergencia y la tarificación vigente, también sin la prótesis, es de entre 1.624 y 1.760 euros."Estos son solo tres ejemplos que hemos detectado en la visita que hicimos varios miembros del PSOE-A a las dependencias del SAS, y sólo respecto al año 2021, pero necesitamos saber más", ha advertido Márquez, para quien estos casos justifican la existencia de una comisión de investigación que permita saber "si estos ejemplos de posibles sobrecostes son anecdóticos o estamos únicamente ante la punta del iceberg de un menoscabo importante y fraude de fondos públicos", ha remarcado.El portavoz socialista ha avisado, además, de que este procedimiento se extendió desde 2021 hasta junio de 2023, por lo que el "desfase económico puede ser aún mayor" de lo que ya sospecha el principal partido de la oposición. Por esta razón, Márquez ha insistido en la necesidad de que el PP-A apruebe la comisión de investigación solicitada por el PSOE-A y se pueda analizar con "luz y taquígrafos" este asunto."Los andaluces y andaluzas nos merecemos un Gobierno y un presidente transparente, que no ponga cortapisas a esclarecer la verdad y que, ante la gravedad de los hechos que sospechamos, permita analizar el alcance y dimensión de este descontrol en el que se ha convertido la gestión sanitaria de Moreno Bonilla", ha afirmado.Al hilo, el coordinador de Presidencia del grupo socialista en el Parlamento andaluz ha pedido a la Junta que aclare si todos los contratos realizados por la vía de emergencia están publicados y colgados en el portal de contratación –ante la sospecha socialista de que no es así– y si constan las preceptivas actas de recepción que acrediten los responsables de los contratos que "lo contratado, efectivamente, se ha ejecutado conforme a lo previsto tal y como exige la ley". "Tenemos serias dudas de que ese control se haya producido", ha remachado Márquez. El portavoz socialista también ha hecho hincapié en las diferencias existentes entre la forma de actuar del PSOE y del PP ante posibles casos de corrupción. Ha criticado la "doble vara de medir" de los populares, quienes "exigen a los demás lo que no se aplican a sí mismos"."Ellos han solicitado comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado y el PSOE ha accedido para que se investigue todo y caiga quien caiga. Pero cuando las sospechas caen en el PP, las ganas de conocer la verdad desaparecen y solo quedan las trabas y las excusas", ha argumentado.Tras recordarle al PP andaluz y a Moreno que deben aceptar la comisión de investigación "si no tienen nada que temer ni esconder", Márquez también ha criticado que la Junta "haya justificado la vuelta a las contrataciones a dedo y a los procedimientos negociados sin publicidad a través de una ley europea para catástrofes naturales que nada tiene que ver" con la sanidad.
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Tres detenidos por la muerte de cinco migrantes que fueron arrojados al mar
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta en la que ha colaborado Europol, han detenido en Cádiz y Granada a dos hombres y una mujer como presuntos responsables de la muerte por ahogamiento de cinco migrantes que fueron arrojados al mar desde una embarcación, en aguas de Chiclana y San Fernando (Cádiz) el pasado 29 de noviembre.Los traficantes, ahora arrestados, obligaron con violencia e intimidación a los migrantes a saltar al agua desde narcolancha en la que viajaban, amenazándolos con un machete y a sabiendas de que la zona tenía fuertes corrientes y de que muchos de ellos no sabían nadar, según han informado Policía Nacional y Guardia Civil en una nota conjunta.En un primer momento se recuperaron cuatro cuerpos sin vida, encontrándose el quinto cuerpo días más tarde y debiendo ser identificado por el ADN obtenido de sus familiares en Marruecos, gracias a la colaboración de una ONG. A bordo de la embarcación viajaban al menos 37 migrantes que habrían pagado entre 3.000 y 12.000 euros por el trayecto entre Kenitra (Marruecos) y Cádiz.La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento del suceso, ocurrido el pasado día 29 de noviembre de 2023. En esa fecha, frente a la costa de los municipios de San Fernando y Chiclana una narcolancha navegaba con más de 30 migrantes hacinados a bordo y procedentes de Marruecos. Allí se llevó a cabo un primer desembarco a la fuerza, obligando a los migrantes a saltar al agua en una zona con fuertes corrientes y donde no hacían pie con el agravante de que muchos de ellos no sabían nadar.Con la embarcación de nuevo en movimiento, los nueve pasajeros que aún estaban a bordo fueron forzados a saltar al agua mientras eran amenazados con un cuchillo, llegando incluso a cortar varios cabos a los que se sujetaban los migrantes. En esos momentos los tripulantes de una embarcación que se encontraba en la zona en Sancti Petri (Chiclana) lograron rescatar a cinco migrantes con vida.La investigación, realizada por un equipo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil, permitió localizar la embarcación y desvelar, entre otros aspectos, cuál había sido el itinerario realizado desde Marruecos, las circunstancias de la travesía, la identidad y el rol de cada uno de los ahora detenidos, así como el importe pagado por los migrantes.Una vez identificados los presuntos responsables, se llevó a cabo la entrada y registro en tres domicilios en Granada y en los municipios gaditanos de Algeciras y San Roque, durante los que se llevó a cabo la detención de dos hombres y una mujer. A todos ellos se les imputan cinco delitos de homicidio además de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, lesiones y contrabando.La operación, que continúa abierta sin descartar nuevas detenciones, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número tres de San Fernando e impulsada por la Fiscalía de Cádiz.
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Andalucía justifica más contratos a dedo con clínicas privadas hasta 2025 con una ley europea para "catástrofes naturales"
El gabinete jurídico del Gobierno andaluz ha refrendado recuperar el marco de contratación pública excepcional que se usó en lo peor de la pandemia, en 2020, para justificar los nuevos contratos a dedo con clínicas privadas hasta 2025 que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 21 de febrero con un presupuesto de 120 millones de euros ampliable hasta los 275,6 millones. La gerencia del Sistema Andaluz de Salud (SAS) venía trabajando desde el verano pasado en un nuevo procedimiento abierto de contratación con la sanidad privada para reducir las abultadas listas de espera quirúrgica, que se han convertido en el mayor problema político en la gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno: 142.500 pacientes, 53.000 fuera del plazo máximo legal para ser atendido, y una demora media de 150 días (a diciembre de 2023).Dicho procedimiento -los Acuerdos Marcos con contratos basados- se aparcó el pasado mes de enero, justo tras el cese del viceconsejero de Salud y del gerente del SAS -el 27 de diciembre-, y una semana después la nueva gerencia puso sobre la mesa una vía alternativa, más rápida: contratos a dedo con clínicas privadas sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.Para ello, el SAS usó una variante de la contratación de emergencia que se habilitó durante la pandemia, argumentando una "imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo", los tres requisitos recogidos en el artículo 168.b de la Ley de Contratos Públicos. Esta fórmula generó "muchas dudas jurídicas", no sólo en el seno de la Consejería de Salud, sino al más alto nivel del Gobierno andaluz.A principios de febrero, la Comisión General de Viceconsejeros, que aborda semanalmente los asuntos que se elevan al Consejo de Gobierno, abrió un debate sobre "la idoneidad del procedimiento negociado sin publicidad para los contratos de servicio de asistencia sanitaria complementaria para derivar a pacientes en lista de espera quirúrgica a clínicas privadas". Es decir, sobre el giro de 180 grados en la fórmula de contratación que había dado la nueva gerencia del SAS: de un procedimiento abierto a adjudicaciones a dedo.Salud había presentado cinco expedientes de contratación sin publicidad para derivar más de 91.000 operaciones a la privada en cinco provincias, por un montante de 119,9 millones de euros ampliables, "como mínimo", por otros seis meses y por más del doble del presupuesto inicial. Cada expediente venía acompañado de dos informes preceptivos del SAS, pero en aquella reunión del consejillo presidida por el titular de Presidencia, Antonio Sanz, la jefa del gabinete jurídico de la Junta planteó "la necesidad" de aportar un informe jurídico "complementario" en el que "se desarrolle la idoneidad del procedimiento negociado sin publicidad" para los contratos con clínicas privadas.La dirección del SAS ordenó hacer ese informe extra, pero se lo encargó a la misma persona que ya había suscrito los dos informes ordinarios favorables y las memorias justificativas de cada expediente de contratación: la responsable del Servicio de Asuntos Consultivos, Elena Sanmartín Trejo, esto es, la asesora jurídica del SAS. Los nuevos contratos vienen avalados por dicho informe -que no entra en el fondo del asunto- y por la Intervención General de la Junta. Fuentes de Presidencia consultadas por este periódico declinaron aclarar por qué la "necesidad" de un informe jurídico extra para adjudicar a dedo 120 millones de euros a clínicas privadas, y si es habitual que la misma persona que firma los informes previos sea la que posteriormente rubrica el informe "complementario".La "cuestión jurídica" que trató aquel informe consistía en analizar, desde el punto de vista legal, si la Junta puede acreditar razones de peso para reactivar los contratos a dedo con clínicas privadas en abril de 2024, usando una variante de la contratación de emergencia para el Covid que ya estiró desde 2020 a junio de 2023, cuando elDiario.es revela que el procedimiento se prorrogó dos años y medio sin amparo legal.El informe jurídico, al que ha tenido acceso este periódico, justifica los contratos a dedo hasta 2025 argumentando que los efectos de la pandemia persisten cuatro años después, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la emergencia internacional por el Covid el 5 de mayo de 2023. El informe jurídico da por bueno que el crecimiento progresivo de las listas de espera quirúrgica en Andalucía durante el último año y medio fueron "acontecimientos imprevisibles" y "no imputables" a la gestión que hizo el SAS; y concluye que el volumen actual de pacientes pendientes de una cirugía representa "un problema de salud pública" que exige una respuesta de "imperiosa urgencia" por parte de la Administración. Esta vez, la Junta de Andalucía se acoge al marco regulatorio europeo para situaciones de "catástrofes naturales" que permite saltarse los procedimientos abiertos -la directiva 2014/24- y a unas "orientaciones" que la Comisión Europea emitió en 2020 sobre el uso de contratación publica rápida en situación de emergencia ante la crisis del Covid-19."Resulta evidente que las circunstancias actuales no son las que se tuvieron en consideración para la emisión de las citadas orientaciones, pero algunas de las mismas sí nos pueden servir como criterio interpretativo sobre lo que debemos entender por imperiosa urgencia, acontecimiento imprevisible y no imputabilidad al órgano de contratación", reza el informe jurídico del SAS.Tanto la directiva europea como la guía de orientación que emitió Bruselas en 2020 siguen vigentes y las administraciones pueden hacer uso de ellas como ha sucedido en posteriores situaciones de emergencia, véase la crisis de la guerra en Ucrania. No obstante, la Comisión Europea advierte en sus instrucciones contra el "abuso de la contratación sin publicidad más allá del tiempo necesario", la limita a casos "estrictamente necesarios" y advierte a las autoridades que deben justificar su uso "caso a caso" en un "informe específico" y siempre ateniéndose al cumplimiento de las condiciones que fija la directiva de 2014.Las administraciones deben cumplir todas -no sólo una- de las condiciones impuestas por Bruselas. El Tribunal de Justicia de la UE establece que este procedimiento de contratación debe ser "excepcional", porque representa por sí mismo una suerte de "derogación del principio básico de transparencia recogido en el Tratado". Al apelar a la directiva europea, el Gobierno andaluz se expone a que cualquier ciudadano, empresa o entidad presente una denuncia ante la Comisión Europea por "indicios de infracción" en la contratación pública, lo cual obligaría a Bruselas a contactar con el Gobierno de España e investigar esos contratos.En el seno de la Consejería de Salud, que dirige Catalina García, hay voces discrepantes que han alertado de la "posible irregularidad en el procedimiento elegido", y han aportado datos que contradicen las memorias justificativas de los contratos a dedo: en junio de 2022, Andalucía envió al Ministerio de Sanidad sus datos de listas de espera quirúrgicas, que entonces se situaban entre los mejores del país. "Las listas de espera no estaban mal entonces, están mal ahora", advierten desde el SAS.Los conciertos ordinarios estuvieron suspendidos más de un año, el presupuesto sanitario se quedó por debajo de lo previsto -por el pago de deudas atrasadas- y el refuerzo de recursos públicos (horas extra, apertura de quirófanos por las tardes y en fines de semana) no se dejó sentir hasta los últimos meses del año pasado. En 2022 se atendió a 5.500 pacientes con autoconciertos (en hospitales públicos) y en 2023 aumentaron a 11.117 pacientes (datos de enero a noviembre), pero más de la mitad fueron atendidos entre octubre y noviembre (6.018).En junio de 2023, la lista de pacientes rebasaba el millón de personas (un 12% de la población andaluza) y la cifra de los que habían rebasado el plazo máximo legal para operarse había aumentado un 227%. "El crecimiento fue paulatino, constatable, y público cada seis meses. No fue imprevisible", aseguran las citadas fuentes.Además, tanto las memorias justificativas que acompañan a los expedientes para la contratación a dedo con clínicas privadas, como el informe jurídico, esgrimen datos sanitarios "parciales" para avalar este procedimiento, admiten fuentes de la consejería:Esos datos "parciales" aparecen en el siguiente párrafo del informe: "Los incrementos de consultas de especialistas, derivados de los retrasos [provocados por la pandemia], de forma global ascienden a 945.281 consultas en 2022 más que en 2021, y en 2023 en 418.167 consultas más respecto al año 2022, lo que se traduce en un aumento de las necesidades de intervenciones quirúrgicas" y en un "incremento en el número de pacientes en lista de espera que supera el plazo máximo legal para operarse". Sin embargo, las consultas de especialistas no constituyen, por sí mismas, una expresión de la mayor presión en las listas de espera para una cirugía. No todas esas consultas se traducen en indicaciones quirúrgicas, es decir, no en todos los casos el especialista envía al paciente a operarse provocando un aumento en las listas de espera, como afirma el informe.Este periódico ha obtenido los datos completos del SAS tanto de actividad en consultas externas como en indicaciones quirúrgicas en 2021, 2022 y 2023, para contrastar el balance parcial que recogen las memorias justificativas de los contratos a dedo con la sanidad privada, y que da por válidos el informe jurídico. De 2021 a 2022, el incremento de pacientes derivados a la lista de espera para una cirugía fue del 9,4% (38.600 más); y de 2022 a 2023, el aumento fue tan solo del 1,4% (6.249 más), apenas un 0,46% (1.542) en el caso de pacientes garantizados (que superaban el plazo máximo legal parra operarse).Este último dato, que no aparece en la memoria justificativa de los contratos a dedo, es especialmente significativo, porque el SAS, además de las razones sanitarias, esgrime las "consecuencias económicas" que implicaría el que todos esos pacientes fuera de plazo reclamaran su derecho a ser operado en la privada a cuenta del erario público, como establece el decreto de garantía asistencial de la Junta. "Puede resultar oneroso para las arcas públicas y además se produciría un trasvase de pacientes desde la sanidad pública a la privada sin un seguimiento y regulación adecuados como establece el presente expediente", dice el documento. En realidad el impacto es muy relativo: el número de consultas en 2023 fue un 2,8% superior a 2022), y el incremento de pacientes garantizados en lista de espera quirúrgica fue sólo del 0,46%.En 2022, según los datos del SAS, se registraron 14,5 millones de pacientes en consulta para el especialista [4,4 millones de primeras consultas y 10,1 millones de revisiones], efectivamente 945.220 más que el año anterior, como recoge la memoria justificativa de los contratos a dedo. Y en 2023, hubo 14,9 millones de consultas externas [4,47 millones en primera ronda y 10,4 millones revisiones], 413.103 más que en 2022. Pero, ¿cuántos de estos pacientes pasaron a engrosar las listas de espera quirúrgicas? Del total de consultas en 2022, sólo un 3% de pacientes acabó derivado para una cirugía pendiente (441.482), y de ellos, un 2,3% eran pacientes garantizados. Del total de consultas en 2023, nuevamente sólo un 3% fue diagnosticado para operarse (447.731 pacientes), y de ellos, 331.042 eran pacientes garantizados (un 2,2%). El grueso de pacientes no ha sido repentino, sino algo sostenido en el tiempo durante, al menos, año y medio.El informe jurídico complementario que reclamó la letrada jefa del Gobierno andaluz no entra en el fondo del asunto, y así lo explicita en el encabezado: "No constituye objeto de este informe el análisis de la oportunidad o conveniencia de la decisión adoptada por el órgano de contratación, por exceder los límites de la función consultiva" prevista en la legislación, advierte la responsable de los servicios jurídicos del SAS.Los nuevos contratos a dedo con la sanidad privada se aferran al artículo 168.b de la Ley de Contratos Públicos, que esgrime el Gobierno de Moreno para recuperar la contratación a dedo con la sanidad privada, justo un año después de suspender los contratos covid de emergencia que la Junta prorrogó durante dos años y medio -de enero de 2021 a junio de 2023- amparándose en un Real Decreto caducado habilitado durante el primer año de la pandemia para flexibilizar las compras de servicios y suministros por parte de las administraciones. Esas adjudicaciones a dedo alcanzaron los 243 millones de euros y la Junta las interrumpió 24 horas después de que este periódico informara del procedimiento de contratación de emergencia prolongado sin anclaje legal y saltándose un informe contrario de la Consejería de Hacienda.
1 d
eldiario.es
Detenido un hombre tras apuñalar a su madre y a un hermano en Vélez-Málaga
La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este domingo a un hombre, de 37 años, por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio, ya que, presuntamente, ha apuñalado a su madre y a un hermano en el domicilio familiar.El suceso ha tenido lugar sobre las 09.30 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso alertando, al parecer, de una pelea familiar en un bloque de viviendas en la calle Domingo Heredia, del citado municipio malagueño. De inmediato, el 112 ha dado aviso a los efectivos de los servicios sanitarios, la Policía Nacional y la Policía Local.Así, según han precisado fuentes policiales, el arrestado, que padece una enfermedad mental, según las primeras averiguaciones, ha apuñalado con un arma blanca a su madre y un hermano, de 59 y 34 años, respectivamente, en el domicilio familiar.Tras la agresión, el detenido se ha autolesionado con el mismo arma. Según han señalado, todos ellos se encuentran ingresados en un hospital en Málaga.
2 d
eldiario.es
La Federación de Ateneos de Andalucía elige presidenta a Magdalena Romero, responsable de la entidad en Mairena del Aljarafe
La presidenta del Ateneo de Mairena del Aljarafe, la cordobesa Magdalena Romero, ha sido elegida presidenta de la Federación Ateneos de Andalucía, en la asamblea general en la que ha sustituido en el cargo a Juan Gaitán.Romero, según un comunicado de la Federación, ha sido elegida por unanimidad, y toma el relevo de Gaitán en cumplimiento de los estatutos de la Federación, que limitan a cuatro años como máximo la permanencia en el cargo de presidente. Natural de Espiel y afincada en Mairena del Aljarafe desde hace varios años, Magdalena Romero es licenciada en Filología Hispánica y en Historia y directora de un instituto de Secundaria. En su discurso tras resultar elegida por unanimidad de todos los ateneos representados en la asamblea, un total de 29 repartidos por toda Andalucía), afirmó que seguiría una línea “continuista, porque el trabajo se ha hecho bien”, aunque avanzó que desarrollará algunos aspectos, “como el Consejo Asesor de Ateneos y las relaciones con otras instituciones culturales”.Por su parte, el presidente cesante, Juan Gaitán, se mala que ha sido una “hermosa aventura, pero a ratos muy difícil”, al recordar que aceptó la presidencia de la Federación justo una semana antes del confinamiento, “y los dos primeros años los vivimos en pandemia”. Aún así, durante estos cuatro años la Federación ha incrementado en casi un 40 por ciento el número de ateneos federados, además de que hay varios gestionando en estos momentos su ingreso. Finalmente, Gaitán agradeció a los miembros de la junta directiva el trabajo realizado, asegurando haber tenido “la mejor junta directiva del mundo”.El acto concluyó con un homenaje de la asamblea a José Gómez Vela, del ateneo de Chiclana de la Frontera (Cádiz), quien durante años ha ejercido como Tesorero de la Federación “poniendo al servicio de los ateneos andaluces no solo su persona y sus conocimientos, sino a toda su empresa, una importante asesoría, gratuita y altruistamente”.
2 d
eldiario.es
El cajón que Paco de Lucía adaptó al flamenco suena en el Bronx en homenaje al genio de la guitarra
Una “cajoneada” compuesta por medio centenar de personas sonó en la tarde de este sábado en Nueva York, en una iniciativa organizada en el barrio del Bronx para recordar y homenajear al guitarrista Paco de Lucía, destacando el instrumento peruano que él introdujo con maestría en el flamenco. Se trata de una iniciativa del Flamenco Festival Nueva York, que ha reunido a los participantes en esta “cajoneada” en el ‘Rincón criollo’, un lugar que es punto de encuentro de la comunidad portorriqueña en la Gran Manzana, donde organizan actuaciones y talleres musicales durante todo el año.Allí se ha rendido homenaje al genio de la guitarra de esta original forma, recordando cómo hace más de 40 años pensó en llevar este instrumento desde Perú al flamenco, y hoy día forma parte ya de él, como la voz de una cantaora.En la cita se han unido todas las personas que han querido participar en este curioso homenaje, donde han recibido en algunos casos algunas nociones para que los cajones sonasen bien y al unísono.Algunos de los participantes ha llevado sus propios cajones, mientras que la organización del festival ha aportado varios fabricados en cartón por ‘Percusión Meinl' y que, a pesar de no tener los materiales habituales de este instrumento, suenan perfectamente para este tipo de eventos.Los cajones servirán ahora para actividades didácticas sobre este instrumento que se realizarán en Nueva York.Tanto los integrantes de la comunidad portorriqueña como vecinos del Bronx a título personal se han unido a la idea, donde se han explicado los orígenes del instrumento y cómo Paco de Lucía lo adaptó para ser parte del flamenco, convirtiéndose hoy día en un elemento más en muchos recitales de este arte.
2 d
eldiario.es
Un hombre asesina a su exmujer a tiros en la localidad malagueña de Pizarra
Un hombre mató ayer a su exmujer en plena calle en el municipio malagueño de Pizarra, en un nuevo caso de violencia machista. Posteriormente, el hombre se suicidó con la misma arma de fuego con la que atacó a su expareja. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a elDiario.es que ya hay una investigación abierta y que no existían denuncias previas entre ambos. Al parecer, ambos eran vecinos de Pizarra.La víctima se llamaba Gracia y tenía 49 años, según la información que publica Cadena SER, y llevaba una década separada del agresor, con quien tenía dos hijos, de 16 y 23 años. La mujer había iniciado los trámites para el divorcio.El Ayuntamiento de Pizarra ha decretado tres días de luto oficial, y el alcalde de la localidad, Félix Lozano, ha condenado este caso de "violencia de género" ante los micrófonos de SER Málaga. "El pueblo se levanta con mucho dolor", ha dicho, ante este "trágico asesinato". "Estamos consternados, tenemos que salir a defender y a decir que esto pare ya y que no haya ninguna muerte más", ha pedido el alcalde del municipio.
2 d
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