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Javier Gallego: "El capitalismo es poderoso hasta para convertir la rebeldía en series de televisión"
"Os odio a todos porque podéis ser imbéciles pero tenéis la inteligencia justa para respirar, vuestra angustia no os paraliza, no es más fuerte la ansiedad que vuestro instinto, sabéis dar un paso y después otro, sabéis lo que decir y lo que hacer, sabéis cómo y por qué, y si no lo sabéis, disimuláis, sabéis estar, sabéis nadar, o al menos, flotáis, y yo me hundo y me ahogo, abajo". Este es el sentir de uno de los protagonistas de La caída del imperio (Random House), el debut en la novela del periodista Javier Gallego, que irrumpe, desata euforia y posteriormente escuece como las tres noches –y encadenamiento de resacas– en las que se desarrolla; y que coinciden con el estallido del 15M.El director del podcast Carne Cruda y colaborador de elDiario.es reflexiona en su libro en torno a dos cuestiones: cómo seguir viviendo según tus principios cuando no existe la opción de elegir, y cómo asumir el paso del tiempo. "Todas las generaciones jóvenes han vivido un momento de rebelión contra la herencia recibida", sostiene ante este periódico, augurando que el estallido que provocó la de la suya en 2011 se repetirá pronto para responder a la de precariedad laboral, los precios desorbitados de la vivienda y unos problemas de salud mental cada vez más crónicos.En los ocho años que han pasado desde que empezó a escribir la novela, tanto el 15M como sus consecuencias han evolucionado también, así como la generación de la que habla. ¿En qué medida afectó esto a la historia?Es una novela muy generacional porque describe a una en concreto, la mía, que vivimos el 15M como catarsis de la crisis; pero muy transversal para muchas, porque describe lo que vive prácticamente cada generación cuando es joven. Las que han venido después también han vivido un momento de desencanto y rebelión contra la herencia recibida. Quería hablar de algo que es universal y común a toda juventud: el momento del auge, la exaltación del imperio, de sentirte emperador e inmortal, y la caída. Cuando empieza a desvanecerse, los sueños empiezan a romperse y la realidad se impone al ideal. Esa lucha, esa confrontación de los personajes por mantener sus sueños. Seguir viviendo al margen de lo establecido cuando las posibilidades son muy pocas porque viven en una precariedad, una incertidumbre y una falta de horizonte que les hace muy difícil elegir. Pero aun así, elegimos.Uno de los personajes, que es policía, plantea el debate sobre la dificultad de elegir entre vivir en contra de lo normativo y la legitimidad de elegir la norma. Como él, hay quien puede decir que no quiere vivir en los márgenes, arrastrados, en la precariedad y sin certezas; y el resto le responde que cree haber elegido, pero en realidad no hace más que encajar en un molde que está hecho. Y ellos quieren romper el molde. Me gusta el discurso contracultural de romper el molde que a todos nos dan cuando nacemos. La educación lo es. Ellos dicen que es más bien domesticación, que desde que nacemos hasta que nos hacemos mayores lo que nos están haciendo es cortar las alas, limitar las posibilidades y reducir nuestras expectativas para que encajemos. La salida puede llevar al descarrilamiento. Esa es la dificultad, cómo habitar los márgenes sin acabar siendo marginal.¿Por qué situó la novela en el 15M?Porque me interesaba explicar el contexto sociopolítico a través de las vidas personales y la colectiva de un grupo de amigos; que están marcadas por sus condiciones materiales. Y sus dos opciones de enfrentarse a la realidad son la evasión y la confrontación. El compromiso político y al mismo tiempo un querer escapar. No quería hacer una novela del 15M, porque entonces habría explicado qué pasó después. Quería contar qué llevó a ese estallido social, que creo que volverá suceder. El malestar que se está generando con la vivienda y la precariedad los problemas de salud mental en la juventud... En cuando se acumule un malestar prolongado en el tiempo, estallará por algún lado.¿Cree que estamos en un limbo esperando a que llegue la catarsis?Hay un momento de cronificación de la crisis que lleva a un conformismo y a cierta aceptación de que la realidad es así y no se puede cambiar. Eso ha generado una cierta anestesia. Una desesperanza. Hay unos indicios muy preocupantes de medicalización, suicidios, depresión y ansiedad en los más jóvenes. La sensación de que las cosas no pueden ser de otra manera porque llevan siendo así desde que tienen conocimiento lleva a una parálisis pero en algún momento dará una reacción.También yo vengo de una generación en la que vivíamos un cierto hedonismo y escapismo porque las cosas habían sido fáciles. Habíamos vivido bien. Sin embargo, de repente nos llegó un mazazo, y tardas en reaccionar hasta que sales del shock y te enfrentas a la realidad. Eso siempre termina por suceder. No hay momento de crisis ante el que alguien no responda con cierta violencia. Ahora mismo hay estupor o conformismo, también porque el capitalismo va haciendo mella. Tiene mecanismos muy poderosos hasta para convertir la rebeldía en series de televisión. Estamos viendo la distopía todo el día en Netflix, pero no salimos a la calle contra la distopía climática, social, política, la vuelta de las ultraderechas y los herederos del fascismo... Lo vemos en las series pero parece que sabiendo que existen, ya no tenemos que hacer nada. Cómo la televisión y los medios de comunicación están canalizando esa rebeldía y enfrentamiento con la realidad pero no lo está sacando a las calles, es un fenómeno a estudiar. ¿Somos los medios parte de esta anestesia?Hay una parte de los medios que son parte del contrato social en el que el sujeto acaba convertido en objeto. Pero a raíz de la crisis del 2008 ha habido un periodismo crítico que se ha rearmado y tomado posición; y que está tratando de degradar el discurso hegemónico que dice que las cosas son como son y no se pueden cambiar. O incluso el que ante un presente incierto y horizonte aterrador, mejor volvamos a lo de antes. Es la lucha ideológica que estamos viviendo: entre la vuelta al pasado de los reaccionarios y los más progresistas que no saben ofrecer a la población un futuro alentador. Por eso se están imponiendo las ultraderechas. Ante una catástrofe climática, las oleadas migratorias, problemas de hambruna, de paro, de guerra... la izquierda y los medios de izquierdas tienen la obligación de ofrecer no solo diagnóstico, sino también soluciones. Intentar hacer pedagogía de que las cosas pueden cambiar a mejor. Si no, apaga y vámonos.¿Podemos desde los medios generar realmente cambio?Los medios son una herramienta fundamental de la democracia. No existe manera de ejercerla sin un periodismo que fiscalice a los poderes políticos y económicos. No existe una sociedad sana si no está bien informada ni se le dan las herramientas para tener criterio. Una sociedad manipulada la puedes llevar a donde quieras, y más en esta época, donde la información es más viral que nunca. Vivimos con un apresuramiento que nos lleva a consumir información y a que esta nos consuma más que madurarla.Hay discursos que sí se han alterado y que están reflejados en la novela, como el cambio del relato en torno a la Transición, por ejemplo.Se rompieron muchos consensos a raíz, precisamente, del 15M y de la crisis. El libro habla de La caída del imperio porque hay varios imperios que se caen. El de la juventud, el amor y el del discurso hegemónico del sistema y el relato que nos habían contado. En el caso de España, de la Transición. Esta acaba con el 15M y con él empieza un nuevo ciclo político, en las calles, que fragua luego en Podemos, Unidas Podemos, las mareas y los partidos del cambio de este ciclo que se está cerrando diez años después, aunque tiene todavía muchas derivas.¿Qué consecuencias imaginaban entonces que tendría el 15M? ¿Es optimista de cara al futuro?Soy un realista... esperanzado [ríe]. Los cambios son muy difíciles, lentos y a largo plazo. Pero quien creyó que la revolución iba a ser total y que se iba a dar de la noche a la mañana, fue ingenuo. Ha habido cambios muy considerables en la mentalidad, de poner en cuestión al mercado, las instituciones y el funcionamiento de las cosas. Evidentemente el sistema político es muy poderoso y hay que seguir cuestionándolo. Es difícil luchar contra él. Una manera de hacerlo es vivir al margen y buscar las escapatorias, que como dicen los personajes: "No es huir, es no dejarte atrapar". Que son dos cosas diferentes.La parte de las fiestas, el alcohol, las drogas... Salir es signo de querer pasarlo bien, pero hay otra parte de necesitar tomarse ya no una, sino cinco cervezas al salir de trabajar.Hay una necesidad de evasión ante un presente inhabitable. Y de a veces diluirse en la noche y en las sustancias para no sentir. Anestesiar el cuerpo para no sentir la mente. Esto ha venido ocurriendo generación tras generación. Pero sí que es verdad que ante un presente y futuro inciertos, uno busca la oscuridad de la noche precisamente para diluirse y escapar. En la novela debaten sobre si seguir escapando por los paraísos artificiales a riesgo de acabar siendo otro peón del sistema o realmente salir fuera e intentar cambiarlas.Los personajes hablan sobre el paso del tiempo. Entienden que no pueden vivir siempre como si fueran adolescentes pero a su vez se preguntan: ¿Qué es ser joven y qué es dejar de serlo?En las últimas generaciones se está repitiendo el mismo fenómeno, que no es ni siquiera una juventud, es una adolescencia eterna, obligada por las circunstancias materiales. La dificultad de salir de casa y abandonar el nido, porque cuando se hace sí que es con los lazos unidos a tus padres porque dependes de ellos económicamente. O porque vives en una precariedad que te hace mirar todo el rato para atrás. Esto genera la sensación de que no podemos ser mayores y al mismo tiempo no queremos serlo porque la vida de los mayores es muy incierta, precaria, desoladora. Hay una especie de limbo. Se habla del síndrome de Peter Pan cuando una generación no quiere crecer, pero 'Nunca Jamás', a donde les lleva, es a un limbo. Ahí están los niños que han muerto, detenidos en el tiempo.¿Qué hacemos con los compañeros que actúan como si creyeran que van a heredar la empresa en la que trabajan?Cuando hay un perro pastor de las ovejas que cree que es parte del pastoreo y no deja de ser una oveja disfrazada de perro pastor. Abrirle los ojos, decirle que no va a heredar la empresa, que esta prescindirá de ti cuando lo necesite porque eres absolutamente prescindible. Nosotros somos piezas intercambiables del sistema, no significamos nada. Quien trabaja para el sistema y cree que va a heredar la empresa no se da cuenta de que es un utensilio más de esa maquinaria. Hasta que no te des cuenta de que eres un sujeto pensante, que cuestione el orden de las cosas, no serás más que otra oveja vestida con piel de lobo.
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Los cazafantasmas originales regresan para enfrentarse a la nostalgia que asola Hollywood
El cine se enfrenta a un nuevo enemigo que amenaza con contagiarlo todo, la nostalgia. En una industria que ve cómo los nuevos públicos huyen de las salas y está preocupada solo por la máxima rentabilidad de cada producto, la nostalgia se ha convertido en el arma preferida por los productores para intentar asegurar el éxito. Cada año se aprueban y ruedan decenas de remakes, reboots, secuelas y precuelas de franquicias que funcionaron en su momento y que intentan resucitar para atraer a aquel público y a nuevas generaciones. De todas las nostalgias, la ochentera es la más peligrosa, y la más exitosa. Solo hay que ver cómo lo aprovechó una serie como Stranger Things, que bebía de las películas de aquellos años para enganchar a espectadores adolescentes que no habían, en muchas ocasiones, ni visto esos títulos.No es casualidad que en aquella serie, sus protagonistas se disfrazaran de los cazafantasmas en un episodio. Las dos películas dirigidas por Ivan Reitman se convirtieron en títulos de culto por su capacidad de mezclar el humor y un toque de terror para toda la familia. Una franquicia que ya vivió su intento de resurrección con un reboot (un reinicio de la saga) que ponía a las cómicas más populares del momento, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Melissa McCarthy, al frente. Aquel filme fue un fracaso porque para que las franquicias se hagan su hueco deben encontrar el equilibrio exacto entre esa nostalgia y ofrecer algo nuevo como cebo para los más jóvenes. Hollywood aprendió la lección, y decidió que si querían revivir una saga como Los cazafantasmas había que recurrir a…. Los cazafantasmas originales. Se les introdujo un poco en la primera película de esta nueva etapa en 2021, en un filme que se vio muy afectado por la pandemia, con varios retrasos y un estreno cuando la gente todavía no había vuelto del todo a las salas. Aun así la gente respondió. Los guiños a la saga original eran suficientes, los cameos se anunciaron a diestro y siniestro y quedaba la puerta abierta para una secuela; la que se estrena este viernes, donde vuelve casi todo el reparto del filme del 84. Es su principal herramienta comercial, y tanto Bill Murray, como Dan Aykroyd, como Ernie Hudson aparecen desde el primer tráiler y en el póster final.Otra de las claves de esta nueva saga es que cuentan con la aprobación del padre fundador de todo esto. Ivan Reitman apoyó el filme de 2021, y fue su hijo Jason quien lo dirigió y escribió junto a Gil Kenan. Es este último quien dirige la secuela, que sufrió la baja de Jason Reitman por, precisamente, la muerte de su padre a quien, cómo no, va dirigido este Cazafantasmas: imperio helado que quiere destronar a Dune 2 al frente de la taquilla mundial. Para ello se han sumergido en una gira promocional que cuenta con Paul Rudd como protagonista a Finn Wolfhard como enganche con las nuevas generaciones, ya que el actor es uno de los protagonistas de, oh sorpresa, Stranger Things. Paul Rudd reconoce que hay algo nostálgico en ver “a los antiguos actores vestirse de nuevo con el traje y disparar la mochila de protones”; pero también que “Hollywood tiende a volver una y otra vez a lo que funcionó”. “Con suerte podemos encontrar nuevas formas de hacerlo y hacerlo fresco y diferente para un público que tal vez no creció con estas cosas”, añade y dice que para ello hay que tener un buen guion. Su director, Gil Kenan, no entiende la nostalgia “como algo fijo o conciso”, y explica que tiene su propia relación con ella y con el recuerdo de la primera vez que vio la película original en una sala de cine y que define como “una experiencia reveladora”. “Para mí, ese sentimiento es nostalgia, ese sentimiento en la sala, y no podemos negar que hay una iconografía que para muchas personas desencadena una respuesta emocional, y eso es maravilloso siempre y cuando esos elementos se usen de una forma que parezcan auténticos y satisfagan una historia”, explica pero también subraya sus peligros, como el que “pueda convertirse en un ancla cuando se presenta sin estar al servicio de los personajes".A Gil Kenan le tocó la complicada misión de sustituir a Jason Reitman, que no pudo encargarse tras la muerte de su padre Ivan, el auténtico creador de la saga. Kenan pensó “en la influencia de Ivan todos los días durante estas dos películas y todavía ahora”. Antes de morir le contaron la historia de esta película. “Su alegría al escucharnos y su validación respecto a la dirección que estaba tomando la saga fue un impulso de confianza y un viento en las velas durante todo el rodaje”, añade. Para Paul Rudd, Ivan Reitman era “el patriarca de la familia”. Un patriarca que “ya no está ahí para supervisar”, y que hizo que todo el equipo pensara en él todos los días. Los nuevos Cazafatasmas también muestran nuevos modelos familiares, más modernos que los que regían el Hollywood de los 80, y Gil Kenan toma esa forma de representación como “una responsabilidad de los cineastas por mostrar relaciones modernas y auténticas”. “Creo que si miro a mi alrededor, para las personas más cercanas a mí, las familias no son iguales que en las películas que veía cuando yo era niño. Una de las cosas de las que me di cuenta, tanto como fan como escritor de esta película, es que, de alguna manera, los Cazafantasmas originales crearon su propia familia en 1984. Estos cuatro, cinco si se cuenta a Janine, son personajes extraños que realmente no tenían un lugar en el mundo ni entre sí pero encontraron una manera de formar una comunidad, y también una familia en la que apoyarse. Así que creo que hay una tradición en Los Cazafantasmas de reconocer esto”. Es ahí donde estos nuevos cazafatasmas desafían a la nostalgia y a aquellos que ven siempre en el pasado un lugar más cómodo en el que quedarse. 
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Mejor un fondo soberano que una nueva empresa pública
Para no quedarse atrás frente al impulso estatal en nuevas tecnologías digitales y en tecnología profunda de Francia, Alemania y otros países, en una Europa que se queda pequeña frente al dinero público que aporta con estos fines nacionales Estados Unidos o China, el Gobierno ha impulsado la constitución de una nueva empresa pública, la SETT, Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Con su tramitación urgente decidida por el Consejo de Ministros el pasado 5 de marzo, puede estar operativa en mayo y contar con 20.000 millones de euros. Aunque está por ver cómo entra en la operadora, servirá también para proteger a empresas como Telefónica, que hay que proteger (como Talgo). Pero mejor hubiera sido constituir con ellos un Fondo Soberano, del que España carece, de gestión independiente.20.000 millones de euros no es una nimiedad, aunque en su mayor parte sean partidas ya comprometidas, como el PERTE Chip, dotado con 12.000 millones de euros para semiconductores y microelectrónica, o Next Tech, con 4.000 millones de euros para la inversión en empresas de alto nivel de innovación tecnológica. Debería conllevar simbiosis con otros organismos públicos inversores con el ICO, la CEDETI o ENISA). Es, sin duda, un esfuerzo importante para una economía española, en la carrera o batalla en la que están inmersos el mundo y Europa, por la política industrial vertical, hasta hace n o tanto objeto de burla, pero que regresa con fuerza. Incluso en pleno furor neoliberal, EE UU, que carece de fondos soberanos, regaba las grandes empresas tecnológicas con nutridos fondos del Pentágono y otros departamentos. La Administración Biden ha promovido la Ley de Chips y de Ciencia, por la que destinará 52.000 millones de dólares al sector de los semiconductores, mientras que Ley de Reducción de la Inflación (IRA) financiará masivamente con 342.000 millones de dólares para energías limpias, además del Buy American Act. China, con su capitalismo de Estado, lleva décadas de política industrial. Ahora más, con los intentos estadounidense de asfixiar su desarrollo tecnológico. Todo ello ha hecho sonar las alarmas en Europa, que se está viendo forzada a cambiar de enfoque. ¿Qué es el Fondo NextGeneration de la UE, del que 140.000 millones de euros están destinados a España, sino política industrial? Es improbable que se repita, incluso para impulsar, como quiere la Comisión Europea, no ya una política europea de defensa, sobre la que no hay acuerdo, sino una Estrategia Industrial de Defensa. Si se ha de aumentar el gasto militar que sea en provecho de la industria europea -lo que tomará tiempo-, o al menos que se coordinen las compras fuera, como pretende la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Cuando era presidente -y puede volver a serlo- Donald Trump exigió más gasto militar por los europeos, sí, pero comprando material estadounidense. La UE ha entrado en la política industrial por necesidad, pero de una forma ante todo nacional. Con el peligro de que las economías grandes sean las que más ayudas públicas puedan dedicar a sus industrias, en detrimento de las más pequeñas o menos ricas. España no podía permanecer pasiva. Menos aún cuando carece de suficientes empresas tecnológicas grandes, de big techs.Los 20.000 millones de la SETT se pueden comparar con la cifra similar que invirtió en España el fondo soberano noruego en 2023. O con los 4.300 millones de euros anuales (0,8% del PIB nominal) con los que de 2024 a 2035 se va a nutrir el nuevo Future Ireland Fund. O más, si, como se prevé, el déficit de las cuentas públicas de Irlanda. El francés BPI llegará a más, y el alemán Zukunftsfonds (Fondo del Futuro), de 10.000 millones de euros, que espera multiplicar por tres con otras aportaciones públicas y privadas.La SETT no dependerá de esa heredera del INI franquista que es la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), sino que estará adscrita al ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su objetivo es impulsar y ejecutar las inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital, desarrollar el PERTE Chip y participar en el Fondo Next Tech y en el Fondo Spain Audiovisual Hub, además de en otros proyectos tecnológicos emergentes relacionados con la digitalización y el sector audiovisual. Claro que las Administraciones Públicas deben lograr mayor capacidad de gestión. Los retrasos en el gasto de los Fondos NextGeneration, demuestran que en España falta Estado, entendido en un sentido amplio. Y que ese Estado debe impulsar una ósmosis con el sector privado, en forma de inversión, no de subvención.¿Qué ventajas tendría que en vez de una empresa pública se constituyera en Fondo Soberano? Para empezar, podría ser el grano de arena sobre el que se fuera generando el nácar un gran fondo soberano español (el único que existe es la COFIDES Compañía Española de Financiación del Desarrollo), algo que países competidores tienen o están constituyendo. Contribuiría a una cierta recuperación de la soberanía sobre nuestro desarrollo tecnológico. Incluyendo la tecnología profunda (deep tech), sobre cuyo desarrollo se va a presentar un plan, y la financiación de capital riesgo.Sobre todo, un fondo soberano podría, tendría que, ser independiente, lo que una empresa pública no es. Algo de valorar en un país donde la independencia de las empresas públicas o reguladas, y de algunas instituciones, brilla por su ausencia, y donde la política de conveniencias o intercambio de favores políticos ha sido la norma bajo gobiernos de distintos signos. Desde luego el fondo noruego, el mayor del mundo, lo es. También la BPI francesa actúa con autonomías, aunque dependa del Gobierno. O el alemán y el irlandés. Independencia implica que su gestión no dependa del Gobierno de turno, sino que fuera estrictamente profesional, y más eficaz. Ahora bien, el Gobierno, o el Parlamento, a través de los presupuestos, tendría libertad para utilizar los beneficios (o la parte que se entregara una vez compensado el déficit incurrido para crearlo) que generara el fondo, y contribuir a reducir la abultada deuda pública. Pues un fondo así nacería para impulsar las nuevas tecnologías, pero generando beneficios. 
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Las olvidadas
Hace muy poco, el 4 de marzo, Francia nos daba una lección de libertad con la noticia de que el derecho al aborto queda anclado en su Constitución. En el país vecino, las mujeres, desde ahora, tendrán derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida sin tener que dar explicaciones a nadie ni depender de la voluntad o la arbitrariedad de ningún hombre o mujer -médicos, sanitarios, jueces, farmacéuticos, etc.-, sin que nadie pueda poner trabas a su decisión.El 8 de marzo se ha celebrado el Día Mundial de la Mujer (antes Día de la Mujer trabajadora, lo que no dejaba de tener su gracia porque es como si celebráramos el día de la mar salada, no de la mar dulce. ¿Alguien conoce a alguna mujer que no sea trabajadora?) Pero ya tenemos costumbre de leer pleonasmos como este y peores: “Cita previa” por poner un ejemplo de algo que se usa cada vez más. ¿Hay alguna cita que no sea previa al momento en el que va a producirse? Pero no es de esto de lo que yo quería hablar.Todos los años, en la semana anterior al 8 de marzo se llenan los diarios y las redes de menciones a la mujer, exactamente igual que cuando toca el día del oso siberiano, el tigre blanco o el colibrí. Luego, hasta el año siguiente, se abandona el tema, igual que pasa con el Día de los Difuntos o con la Navidad. Se cumple con el expediente y se olvida hasta doce meses más tarde. ¡Y eso que vivimos en un país occidental y primermundista!Por tanto, no es de extrañar que nos olvidemos de que, en otros países, las mujeres, la mitad de la población -no somos una minoría, somos por lo menos la mitad-, son tratadas peor que los animales. Es precisamente para reparar en lo posible ese olvido, por lo que quiero hablarles de una exposición fotográfica itinerante –“29 miradas”- que hace apenas un mes tuve el honor de clausurar en mi ciudad -Elda (Alicante)- y que me ha impresionado profundamente, tanto en lo humano como en lo artístico, y me gustaría compartir con todas y todos ustedes, las personas que leen estos artículos cada quince días y a quienes estoy muy agradecida por dedicarme su tiempo y sus comentarios.Se trata de un proyecto en el que han participado 29 fotógrafas y fotógrafos españoles junto con 29 profesionales de otras ramas que han puesto breves textos a las fotografías, tomando como base las 29 prohibiciones que los talibanes decretaron hace ya tres años en Afganistán para cambiar el comportamiento social de las mujeres en su país, convirtiéndolas en objetos de uso, robándoles la dignidad y el futuro. Desgraciadamente, pasado el primer momento de escándalo y enojo general, del rechazo oficial de todos los países que se consideran a sí mismos civilizados, la situación de las mujeres en Afganistán ha caído en el olvido, sepultada por otros horrores más recientes, y ya nadie recuerda ni quiere que le recuerden que la mitad femenina de ese país vive como esclava de la mitad masculina en una sociedad en la que las mujeres tienen prohibidas cosas tan básicas como ir a la escuela o ser atendidas por un médico o salir a la calle solas o asomarse a la ventana. También está prohibido maquillarse, reír, hablar en presencia de un hombre o hacer ruido al caminar. Todo por razones supuestamente religiosas. El borrado de las mujeres se ha consumado de tal forma que cada vez hay más suicidios porque el sufrimiento es excesivo y el futuro para ellas es nulo, ya que no tienen derecho a acceder a la formación, no pueden trabajar, no pueden elegir a su marido y tienen que conformarse con ser vendidas por su padre a cualquiera que pague el precio, sin considerar la edad o el deseo de la hija.En esta magnífica exposición creada por F Tours/F 8 Estudio, cada artista fotógrafo ha recibido por sorteo una de esas prohibiciones y ha tenido que plasmarla en una sola imagen que habla por sí misma.Los seres humanos somos eminentemente visuales y muchas veces una foto dice mucho más que el texto que la ha inspirado. También es más potente y fácil de recordar. Quizá por eso, una de las leyes que han impuesto los talibanes, inspirándose en la sharia, es la prohibición de todo tipo de imágenes, pinturas, fotografías y películas que muestren seres vivos. Por eso esta exposición es doblemente rebelde: porque da voz y existencia a las mujeres borradas por un gobierno de criminales, y porque lo hace usando un medio que ellos consideran haram -inaceptable, prohibido- y que, si hubiese sido mostrada en un lugar que estuviera bajo su jurisdicción habría comportado penas de flagelación y de cárcel para los hombres y quizá, en algunos casos, de lapidación para las mujeres por haber ido contra el namus (la virtud) al permitir ser fotografiadas, especialmente por un varón.Desde tiempos inmemoriales las mujeres han sido oprimidas, aplastadas, humilladas, violadas, menospreciadas, explotadas, canceladas, asesinadas -lapidación, decapitación, envenenamiento, estrangulación, hoguera …- y ahora, en pleno siglo XXI, aún hay muchos lugares donde sigue siendo así: India, Pakistán, Arabia Saudí, Irán, Congo, Nigeria, Somalia… la lista es enorme, y lo escandaloso de Afganistán, lo terrible, es que se trata de un conjunto de leyes y normas creadas para destruir a las mujeres robándoles no solo su presente, sino también su futuro, ya que, si las niñas no pueden ir a la escuela ni recibir una educación, no tendrán futuro.Las flagelaciones, lapidaciones y otras torturas forman parte de la historia de la humanidad. No hay más que leer la Biblia para saber qué trato se dispensaba a las mujeres hace dos mil años. Lo que resulta incomprensible es que en muchos lugares del planeta no solo no se ha avanzado absolutamente nada, sino que se ha vuelto atrás a una sociedad bestial, sanguinaria y profundamente misógina que debería avergonzarnos a todos los seres humanos civilizados; una sociedad como la afgana del régimen talibán. No sé por qué sucede (y llevo mucho tiempo pensándolo). No sé si es porque los hombres temen a las mujeres, o porque los seres humanos tienden a la crueldad, o porque, simplemente, se lo pueden permitir, igual que los nazis podían permitirse masacrar a todos los que habían definido como enemigos del régimen.Lo importante, para mí, y lo terrorífico, es que no se hace nada internacionalmente para detener ese horror. ¿Por qué? Posiblemente porque las víctimas son mujeres. “Solo” son mujeres. Y eso, por desgracia, no le importa demasiado a nadie.Recientemente, en Venecia, descubrí una placa de mármol con la siguiente inscripción: “En esta casa, en 1646, nació Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la primera mujer del mundo en doctorarse por una universidad el 25 de junio de 1678.”No pudo doctorarse en teología, a pesar de los esfuerzos emprendidos por su profesor de filosofía, Carlo Rinaldini, amigo de Galileo Galilei, porque tanto el obispo de Padua como el cardenal Barbarigo defendían la postura de la Iglesia de que una mujer debe callar y no puede impartir clases públicas, apoyándose en San Pablo, el más misógino de los apóstoles. Nosotros, los occidentales del siglo XVII también pensábamos -al menos era la opinión oficial- que las mujeres deben guardar silencio y usar el velo. Supongo que todas las lectoras recordáis, porque no hace mucho tiempo de cuando se usaba, la famosa expresión “calladita estás más guapa”. Eso era solo la forma social y familiar de referirse a esa prohibición de que las mujeres hablaran, especialmente en presencia de varones. La doctora Piscopia, para poder seguir su vocación de aprender, tuvo que renunciar a la posibilidad de casarse y formar una familia y entró como oblata en las benedictinas, donde murió a los 38 años, de tuberculosis.A pesar de que ella logró lo que deseaba, desde entonces hasta el siglo XX, en Occidente, apenas un puñado de mujeres consiguieron eso que ahora nos parece tan evidente: aprender las primeras letras, formarse en otras lenguas, viajar, estudiar en la universidad, pensar por sí mismas. Esa lucha costó mucho esfuerzo y sufrimiento. Muchas mujeres fueron insultadas, golpeadas, encarceladas, destruidas en su reputación, su honor, su vida… para que nosotras, ahora, podamos disfrutar de una existencia en libertad. No fue un regalo caído del cielo. Hubo que luchar mucho y convencer a muchos hombres y, por desgracia, también a muchas mujeres, de que teníamos derecho, de que es absurdo pensar que la mitad de la población es una minoría y que, además, esa mitad de la población, simplemente por haber nacido hembra, es necesariamente inferior a los varones.En Afganistán, las mujeres están ahora encerradas en sus casas, con los cristales tapiados, sometidas a los varones, violadas, humilladas, golpeadas, sin esperanza. Por eso, entre ellas, hay grupos de ayuda al suicidio; porque hay algunas que no pueden más y la muerte, que es el borrado definitivo, es preferible a una existencia sin libertad, sin risa, sin música, sin diálogo. Y no se trata de que “es su cultura” como defienden algunos. Hace tres años vivían como vivimos aquí, iban a la universidad, podían comprar y vender, salir solas… eran ingenieras, juezas, atletas… cualquier cosa que eligieran ser.No podemos hacer mucho, pero al menos no debemos endulzar lo que está pasando en Afganistán, ni decir que todo pasará, con el tiempo. Lo menos que podemos hacer es tenerlas presentes, no borrarlas de nuestra mente, no engañarnos diciendo que habrá un futuro luminoso.Nosotras, las mujeres de aquí, podemos hablar. ¡Hablemos! Usemos lo que tanto nos ha costado conseguir. Vamos a pasar la voz y la palabra a hombres y mujeres de nuestro país para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo a miles de kilómetros a mujeres que hasta hace tres años vivían como nosotras y ahora son esclavas, muertas en vida, rehenes de unos hombres crueles, ignorantes, criminales.Esta exposición es importante. No la olvidemos. Es la única forma que tenemos desde nuestro país para solidarizarnos con las mujeres afganas. Cultural y artísticamente es una maravilla. Humanamente es una forma de decir que no cerramos los ojos y el corazón ante el sufrimiento de esas mujeres. Pronto estará expuesta en Zaragoza después de haber recorrido otras ciudades, pero también se puede ver desde casa, en cualquier dispositivo, en el siguiente enlace: https://www.29miradas.com/
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Dinamarca se rearma: más presupuesto de defensa y servicio militar obligatorio para las mujeres
La guerra en Ucrania ha arrastrado a los países nórdicos hacia una mayor preocupación por su capacidad de defensa. En respuesta al incremento de las tensiones con Rusia y a las exigencias de la OTAN, Dinamarca ha presentado un plan para rearmar y modernizar sus fuerzas armadas. El Gobierno de Copenhague ha anunciado recientemente su intención de aprobar una ley que prevé incluir el reclutamiento de mujeres en el servicio militar obligatorio, además de aumentar los meses de su duración y el presupuesto en defensa, todo ello a partir del año 2026. Actualmente, las mujeres del país nórdico pueden unirse de forma voluntaria a las fuerzas armadas, pero no están sujetas a cumplir el servicio militar. Sin embargo, en la presentación del plan de reforma de la defensa, la primera ministra del país, la socialdemócrata Mette Frederiksen, dijo: “Proteger a tu país es una de las cosas más honorables que puedes hacer. Por eso el Gobierno propone ampliar el servicio militar obligatorio, hacer que la responsabilidad sea mayor y las tareas más numerosas”. "Proponemos la plena igualdad de género en el Ejército", agregó.En 2022, en Dinamarca hicieron el servicio militar 4.616 personas, de las cuales el 27% eran mujeres. Frederiksen defendió la medida asegurando que “una mayor igualdad de género creará una defensa más moderna y diversa que refleje los tiempos en que vivimos". "Desafortunadamente, la situación de la política de seguridad en Europa se ha vuelto cada vez más grave y tenemos que tener eso en cuenta cuando miramos la defensa futura”, dijo a su lado el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en la presentación del plan la semana pasada. En cuanto al incremento del presupuesto, el plan presentado prevé añadir 40.500 millones de coronas (5.530 millones de euros) a defensa entre este año y 2028. De esta manera, Dinamarca destinará este año y el siguiente el 2,4% del PIB en defensa, contando con la ayuda militar que actualmente envía a Ucrania. A partir de 2026, el país nórdico tiene previsto destinar el 2% del PIB íntegramente a su defensa, tal y como se le exige desde la OTAN, tras décadas de no dedicar más del 1% de los recursos.Dinamarca es el tercer país en Europa que incluye a las mujeres en el servicio militar obligatorio, mientras que la mayoría de los 28 miembros de la Unión Europea lo han abolido completamente. De hecho, los otros dos países que obligan tanto a hombres como a mujeres a servir en las fuerzas armadas son sus vecinos de Suecia (que reinstauró el servicio militar para hombres y mujeres en 2017), y Noruega, donde se introdujo en 2015 el servicio militar obligatorio para ambos sexos. Con la nueva reforma, el servicio militar danés dejará de durar cuatro meses para ampliarlo hasta los 11, de los cuales los primeros cinco se destinarán a adquirir una formación militar básica, y en los siguientes seis meses se continuará la formación en una unidad operativa del Ejército de tierra, la marina o la fuerza aérea. Con la inclusión de las mujeres, el Ministerio de Defensa ampliará la llamada a realizar el servicio militar obligatorio a 5.000 jóvenes cada año, una fuerza que se sumará a los 9.000 soldados profesionales (en un país con 5,8 millones de habitantes). Pero, en la práctica, hasta ahora eran muy pocos los jóvenes daneses que cuando cumplían la mayoría de edad (18 años) eran llamados al servicio militar. Esto se debe a que cada año se presentan suficientes voluntarios para hacer la mili. Solamente en el caso de que en un año no se ocupen todas las plazas destinadas, se realiza un sorteo para determinar quién debe ir, aunque los elegidos siempre pueden alegar objeción de conciencia y prestar otro servicio civil. A lo que sí que están obligados a participar los hombres daneses (y dentro de dos años también las mujeres) es a presentarse en el Forsvarets dag (Día de la defensa). Cuando los jóvenes cumplen los 18 años, automáticamente se les cita un día en el que deben acudir a una instalación del Ejército para evaluar si son aptos para hacer el servicio militar. Hasta ahora las mujeres podían acudir de forma voluntaria. Las consecuencias de no acudir a la cita son una multa de 1.000 coronas (134 euros) en la primera llamada, y de 2.000 coronas (268 euros) en la segunda llamada. Si a la tercera llamada la persona aún no se ha presentado a la cita, corre el riesgo de ser detenida por la Policía y obligada a acudir. La evaluación de aptitudes para hacer el servicio militar consta de un chequeo médico y una prueba escrita de lengua danesa, otra de matemáticas, y una última de pensamiento lógico. Durante este día, también se asesora a los jóvenes que quieran realizar el servicio militar de manera voluntaria y se alistan los voluntarios. El Ministerio de Defensa prevé que, con la ampliación del servicio militar de cuatro a 11 meses, se presentarán menos voluntarios, por lo que “probablemente a partir de ahora habrá personas que se verán obligadas a entrar a filas”, admitió el ministro Poulsen. A raíz del debate de la igualdad entre hombres y mujeres en el Ejército, en los últimos meses el ministerio de defensa también se ha señalado que se han puesto en marcha una serie de iniciativas para erradicar el acoso sexual y las discriminaciones de género. Según la última encuesta realizada por el ministerio en 2023, el 32% de las mujeres que forman parte de las fuerzas armadas ha sufrido en el último año un episodio de acoso, siendo los comentarios no deseados de carácter sexual los casos más frecuentes. La participación de las mujeres en el servicio militar obligatorio también representa un paso más para intentar remediar con la falta de efectivos, uno de los mayores problemas que las fuerzas armadas danesas llevan décadas arrastrando. De hecho, según el Ministerio de Defensa, cada año, uno de cada cuatro puestos de trabajo en el Ejército profesional quedan vacantes por falta de personal. Además, un contexto de décadas de ajustes y recortes en defensa ha llevado a las autoridades militares a denunciar en numerosas ocasiones la escasez crítica de munición, la falta de recursos suficientes en la Armada para vigilar el Mar Báltico y el Mar del Norte, o la falta de mantenimiento y de condiciones salubres en los cuarteles. Sin embargo, este panorama está cambiando significativamente desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, ya que desde entonces Dinamarca se ha involucrado plenamente en la mejora de su Ejército y en el envío de ayuda militar a Kiev. Como ejemplo de ello, el Ejecutivo de Copenhague afirmó que este verano abastecerá a Ucrania con los aviones de combate F-16. "No nos estamos rearmando porque queremos una guerra, destrucción o sufrimiento, nos estamos rearmando para evitar la guerra en un mundo donde el orden internacional está siendo desafiado”, dijo la primera ministra Mette Frederiksen. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, añadió que “si bien Rusia no representa una amenaza para Dinamarca, no nos pondremos en un lugar al que puedan venir a hacerlo". 
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¡No disparen al periodista!
Una de las peores cosas de vivir en un estado informativamente confusional es que se digan mentiras –aunque luego pueden ser rebatidas– pero sobre todo que se haya inoculado en la población la idea de que todo es dudoso o todo puede ser mentira. Esa enmienda a la totalidad del periodismo sirve para que casi todo pueda ser ya creíble o increíble, al margen de los hechos. Ya no importa si algo fue así, sino los intereses de quien pasó la información o la filiación del medio que lo publica, que desplaza al titular que denunciaba los hechos. Frente a la desnudez del rey, se manda callar a los niños y se les dice que no hagan preguntas estúpidas, porque si lo hacen, se les puede querellar, se les puede filtrar el whastapp, se puede dar su nombre, al fin y al cabo, se pueden meter en un lío. La pretensión de dar pase de normalidad a las amenazas e insultos que recibió Esther Palomera en su móvil a las once de la noche por parte de Miguel Ángel Rodríguez –que cobra 94.324,20 euros anuales de dinero público– es parte de ese estado confusional al que el periodismo en bloque debería negarse. ¿Es aceptable que el asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, te diga al móvil "idiotas", "adiós, preciosa", "os vamos a triturar?". ¿Es decente que amenace a un medio y use un tono displicente y pretendidamente humillante contra una periodista? ¿Es normal que no haya dimitido? ¿Sería aceptable que el jefe de prensa de la Casa Real o del Congreso o de la Moncloa enviara un mensaje así sin que hubiera consecuencias o sin que se pidieran disculpas? Esas deberían ser las preguntas, esas son las preguntas que haría el niño de la fábula del rey desnudo. En el caldo de ideologías en el que algunos quieren diluir el periodismo, ahora esas preguntas no se contestan, no se dan argumentos ni datos sobre el presunto fraude de la pareja de la presidenta, no se explica por qué Ayuso mintió en su comparecencia, ni siquiera se lamenta el tono maleducado e inaceptable de los whatsapp de Rodríguez a nuestra compañera Esther Palomera, que ha tenido que aguantar que se la utilice y se la ponga como la protagonista que ella no quiso ser. Rodríguez y la presidenta quieren desviar las preguntas de los hechos y mandarnos a mirar al cielo en lugar de al rey: "A ver si no nos podemos enfadar con alguien de confianza", ha minimizado Ayuso. Los mensajes son de un "ámbito particular y privado", quiso rebajar Rodríguez y, pese a ello, los ha filtrado. "Una riña con una amiga", remató al conocerse los mensajes. Obviar el tuétano del asunto, presentar otra polémica que tape la primera, amenazar a los medios, anunciar querellas o personalizar los debates públicos desdiciendo a los periodistas o utilizándolos como escudo humano es una táctica tan vieja como despreciable. Miguel Ángel Rodríguez puede seguir definiendo en la intimidad qué es un amigo y qué hace él en la Puerta del Sol o cómo se comunica con periodistas, si en mayúsculas o minúsculas –en 25 años de profesión he recibido presiones y hasta querellas, pero nunca unos mensajes directos de ese calibre–, pero los demás no deberíamos dejarnos arrastrar a un debate que ahonda en la confusión y maquilla la pregunta relevante: ¿Deben los periodistas sentirse tranquilos al publicar información contrastada o mejor que teman por las consecuencias personales y profesionales cuando tienen algo entre manos? Eso es lo que se ha puesto en entredicho, el artículo 20 de la Constitución. Pueden seguir disparando al periodismo si nadie los frena. Los periodistas seguiremos exigiendo respuestas respetuosas a preguntas oportunas.
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Vuelven las movilizaciones en Inditex para reclamar pluses para la plantilla en pleno despegue de beneficios y dividendo
Acaba de cumplirse un año desde que los trabajadores de las tiendas de Inditex en España –en su mayoría, mujeres– convocaron unas movilizaciones que derivaron en un acuerdo laboral clave para los empleados de la multinacional. Por primera vez, se fijó un salario base mínimo de 18.000 euros para todo el personal de los establecimientos, de todas sus marcas e independientemente de la provincia en la que trabajasen. Ahora, algo más de doce meses después, vuelven las movilizaciones.La razón por la que se retoman las protestas, según explican fuentes sindicales, es que hace un año quedaron cuestiones pendientes y ahora, en un momento en el que la empresa dueña de Zara, Bershka, Pull&Bear o Stradivarius ha presentado los mejores resultados de su historia –ha ganado 5.381 millones de euros- y va retribuir a su fundador y principal accionista, Amancio Ortega, con más de 2.800 millones, es el momento de reclamar una mejora de las condiciones para las plantillas de los puntos de venta. Para ello, los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones para este viernes 22 de marzo. Por un lado, UGT ha indicado que se llevarán a cabo protestas en Madrid, ante la tienda de Bershka en la Gran Vía; en Barcelona (Zara de Paseo de Gracia), Valencia (Zara de Juan de Austria), Sevilla (Zara de la plaza del Duque de la Victoria) y Málaga (Zara de la calle de Liborio García). Por otro, CCOO indica que también habrá concentraciones ante establecimientos de Bilbao, Las Palmas y Vigo."El motivo de la movilizaciones es la falta de acuerdo en los procesos de negociación abiertos actualmente", explica UGT. En concreto, fuentes del sindicato señalan que, hace un año, ya se puso sobre la mesa cuestiones como la consolidación de horas de quienes trabajan a tiempo parcial o las libranzas de fin de semana.Representantes de la plantilla y de la multinacional ya han mantenido dos reuniones este año, el 22 de febrero y el 8 de marzo. Y hay dos más convocadas, una este martes 19 de marzo; otra, a finales de abril. Sin embargo, según las citadas fuentes, la empresa solo ha querido abrir un proceso de negociación sobre "la madurez y la experiencia de las plantillas de las tiendas en toda España". Es decir, plantear mejores condiciones para los empleados con más edad y más experiencia a sus espaldas. "Sería para hablar de medidas concretas donde se primará la experiencia en la empresa y se negociarán medidas de adaptación de puesto y reducción de jornada cobrando lo mismo para las plantillas con edad avanzada", argumenta UGT. "Inditex sólo quiere hablar de una prima de vinculación" que valoraría "la experiencia de la plantilla que tiene una antigüedad muy elevada, que no concreta pero se intuye que sería a partir de los 20 o 25 años de antigüedad, lo que supone una afectación de poco más de un 5% de la plantilla", indica este sindicato.Al mismo tiempo, reclama un "plus de antigüedad por cuatrienios que tenga una afectación real en el conjunto de la plantilla", independientemente de la edad y que no se veten temas sobre los que hablar. En este sentido, apunta que el plan de igualdad aprobado en 2023 contemplaba iniciar este año un proceso de consolidación de horas para los contratos a tiempo parcial, reducir este tipo de contratos y aumentar el número de horas de los mismos. "También se acordó pactar un número mínimo de fines de semana libres al año". Algo que ahora, según las citadas fuentes, no se está barajando.Por otro lado, CCOO menciona que, además de tratar la prima de vinculación, un plus de antigüedad o las jornadas en fin de semana se valoren también posibles prejubilaciones, reducciones de jornada, aumentos de los días de vacaciones o un plan de pensiones. Asimismo, CCOO plantea otros puntos a negociar en las próximas reuniones, como la carga de trabajo, la transparencia en las comisiones y los sistemas de incentivo –para igualarlos en las diferentes cadenas– así como los cierres de tiendas. Sobre estos últimos, no es que Inditex esté cerrando establecimientos para reducir su presencia en España. Desde hace varios años, el grupo gallego está prescindiendo de locales pequeños para concentrar su espacio comercial en tiendas más grandes, con más oferta comercial y donde logra mejores datos de ventas por metro cuadrado. Inditex no ha valorado a elDiario.es la nueva convocatoria de movilizaciones y las propuestas de los sindicatos. En su memoria, la multinacional sí da pistas sobre las condiciones laborales de su plantilla. Desglosa la estructura en tres categorías: dirección (el 6% de sus trabajadores, 9.811 personas), responsables (el 9%, 14.976 empleados) y especialistas (el 85%, 136.494). Son los mismos porcentajes que un año antes. De esa plantilla total, 47.761 empleados están en España, pero no desglosa por categorías. Sí apunta en la memoria de 2023, que el 78% de la plantilla con calificación de especialista (donde está el personal de tienda) tenía contrato indefinido y el 67% contaba con un contrato con jornada a tiempo parcial. También, que el 74% de los especialistas eran mujeres, frente al 78% de la dirección.Y sobre los salarios, el sueldo medio de la categoría especialista se situó en 2023 en los 25.132 euros, con un crecimiento del 9,4% respecto a 2022. Mientras, el sueldo medio de la plantilla con categoría de responsable se situó en 43.336 (creció un 9,7%) y el de la dirección, 70.567 euros de media (avanzó un 6,2%).La situación laboral y las condiciones de la plantilla de Inditex se desarrollan en paralelo a otra mesa de negociación en la que también está la multinacional gallega. Se trata de la Asociación Retail Textil España (ARTE). Una negociación que no acaba de arrancar porque los sindicatos están encallados sobre quien tiene representatividad o no para defender los intereses de las plantillas.
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María tendrá mejor nota que Youssef: un estudio analiza los prejuicios de los profesores
Si su hijo se apellida Alaoui, su vida académica será más complicada que si es Rodríguez. Si el oficio de sus padres es la carpintería, también le será más difícil que si son notarios. Los profesores viven en sociedad y les afectan los prejuicios, también a la hora de evaluar a sus alumnos, según concluye el estudio ‘Sesgo del profesor en las evaluaciones según el estatus atribuido al alumno: Un experimento factorial sobre discriminación y reproducción cultural’, publicado por la Comisión Europea y realizado por investigadores españoles. El informe evalúa el corto y el largo plazo. Se elaboró contactando a 1.717 estudiantes de magisterio de 20 universidades españolas —15 públicas y cinco privadas— a través de una encuesta. En ella se les enviaba una redacción de alumnos de la que debían valorar aptitudes como la ortografía y la calidad gramatical. También tenían que determinar las expectativas que tenían sobre el alumno en el futuro.Según los autores del estudio, se escogió a estudiantes de diferentes cursos para que el resultado fuese lo más conservador posible, ya que al no ejercer aún no han entrado en contacto con otros profesores con más prejuicios en base a su experiencia. La muestra del estudio es de las más grandes que se han conseguido para estudiar experimentalmente el sesgo de los profesores.Los resultados en el corto plazo —la prueba del ensayo— difieren de los del largo plazo. En primera instancia los futuros profesores ayudarían más a los hijos de migrantes (se analizan solo hijos de marroquíes nacidos en España), a las niñas y a los que tienen un capital cultural más alto. “Vemos un mecanismo compensatorio hacia los hijos de extranjeros, sobre todo porque sospechamos que tienen un desconocimiento del idioma. Piensan que los de origen migrante no hablan español en casa y les ayudan aquí”, determina Irene Pañeda-Fernández, una de las autoras de la investigación. En cuanto a las chicas y a los hijos de personas de clase alta, entra en juego el comportamiento en el aula. Según el estudio, a priori se considera que se van portar mejor. Y también el capital cultural: “Si en la redacción el alumnado hace referencia a La Isla de las Tentaciones [un reality show de televisión], tendrá peor nota que si hace referencia a haber visto un cuadro de Monet”. “Esto es preocupante si tenemos en cuenta que solo se les pidió que valoraran la ortografía y la gramática”, valora Pañeda-Fernández. Los profesores confundirían el capital cultural con la calidad objetiva de la prueba. El estudio apunta que la discriminación hacia ciertos perfiles se ve en los resultados a largo plazo. Ser hijo de migrante o ser de clase baja hace que un docente tenga menos esperanza en el estudiante. “Las expectativas que un profesor tenga impactan directamente en el alumno. Entonces, el sesgo incide en el alumno”, advierte la también investigadora en el WZB Berlin Social Science Center. Todos estos resultados, según el estudio, también influyen en el trato hacia los padres y la implicación del profesor con el alumno.Los sesgos hacia las pocas expectativas, según el estudio, son inducidos por creencias populares, datos de fracaso escolar que no tienen por qué perpetuarse o simples estereotipos. En España, un cuarto de los menores de edad son ya descendientes de migrantes, según el estudio del Observatorio Demográfico del CEU de 2023 Inmigración: un quinto de la España actual, más de un cuarto de la futura. Y hasta un 32% de los bebés nacidos en 2021 eran hijos de un padre o madre extranjero y esta cifra, según el informe, va en aumento.¿Es racista pensar que el hijo de un marroquí va a obtener peores resultados académicos solo por su origen? “Es difícil afirmarlo, pero sí vemos un prejuicio. A nivel social se asocia ese origen con el hecho de 'perderse por el camino' y es muy negativo”.En cuanto a los datos de género, el “favoritismo” hacia las chicas no se ve afectado aún (los evaluados serán maestros de Primaria) por la brecha de género, que se alcanza en momentos más adelantados de la vida laboral. “Aunque en la vida estudiantil se dan las primeras opresiones de género, la brecha o la diferencia en la vida académica no se da tanto. De hecho, ellas suelen obtener mejores resultados que ellos y hay un sesgo en que las alumnas van a portarse mejor que los alumnos”.Los resultados que trae este estudio, defiende Pañeda-Fernández, acercan al debate el rol de los profesores sobre la discriminación en los alumnos. “Es algo que no se ha estudiado tanto por su dificultad. Se debe abrir un debate sobre cómo evaluar y hay que prestar atención a estos sesgos”, defiende, y subraya que “esos prejuicios ayudan a que se concentre el fracaso escolar siempre en los mismos grupos”. En definitiva, los factores socioeconómicos de un alumno importan a la hora de evaluar objetivamente a un alumno. “Cuando no debería ser así”, zanja. 
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Violencia vicaria en Almería: cuando la Justicia aleja al maltratador de la mujer, pero no de sus hijas
Llegar por carretera desde el municipio almeriense de Gérgal, en la frontera del desierto de Tabernas, a Abla, en las estribaciones orientales de Sierra Nevada, apenas lleva 20 minutos. A ambos pueblos los une la A-92, la autovía que atraviesa Andalucía de punta a punta, que aquí apenas le sirvió a Alina, una joven rumana llegada al pueblo hace unos cuatro años, para poner algo de distancia entre ella y su maltratador. No fue suficiente. El hombre, que seguía pudiendo acercarse a sus dos hijas de 2 y 4 años a pesar de tener una orden de alejamiento de Alina, las mató presuntamente con veneno, antes de ingerirlo él mismo, la noche del domingo. Esta es la principal hipótesis que manejan los investigadores.La vida de esta familia rumana había discurrido en los últimos años en el triángulo que conforman los vértices de Gérgal, Alboloduy y Abla, donde este lunes todo era desolación. En el primer municipio residieron inicialmente los cuatro, antes de separarse e instalarse él en un cortijo de Las Alcubillas (pedanía compartida entre Alboloduy y Gérgal) y ella y las niñas en Abla, donde trabaja como camarera en uno de la media docena de restaurantes y posadas del pueblo. Habían llegado a esta zona de Almería hace poco más de tres años, cuando la niña mayor era apenas un bebé y Alina estaba embarazada de su segunda hija. En la pedanía conformada en torno a la estación de Gérgal vivieron año y medio, él (de 35 años) trabajando en los invernaderos y ella (23) cuidando de las niñas. El detonante de la separación fue una paliza más terrible aún que los malos tratos que ella sufría de continuo. La Guardia Civil tenía que acudir frecuentemente al domicilio. “Siempre le pegaba. Le pegaba cada dos por tres, y cuando la niña tenía unos mesecillos le pegó una tremenda. Fue entonces cuando vinieron los servicios sociales y se la llevaron a una casa de acogida en Almería”, recuerda la alcaldesa, Antonia Contreras, que dejó de verlos por el pueblo. Él, solo, se reubicó en un cortijo de otra pedanía compartida con Alboloduy. Y ella y las niñas, tras su estancia en la casa de acogida, encontraron un nuevo hogar en Abla. La mujer y sus hijas volvieron sobre sus pasos desde la capital almeriense hasta la comarca de Filabres porque Alina encontró trabajo en un bar. Nuevamente a tiro de piedra del agresor, que acabaría matando a las niñas. El domingo, la mujer acudió a recogerlas a la hora convenida, en torno a las siete de la tarde. Ante la tardanza y que él no respondiera al teléfono, se dirigió al cortijo, donde descubrió lo sucedido. El 112 recibió el aviso a las 22:30. Cómo pudo ocurrir que él, con sus antecedentes, siguiera viendo a las niñas fue durante las primeras horas del lunes una incógnita, hasta que fuentes judiciales emitieron una nota para aclarar lo sucedido: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería había instruido una denuncia por malos tratos y amenazas, y había dictado una orden de alejamiento de 500 metros, ordenando colocar una pulsera de seguridad al agresor. La nota asegura que la mujer se había negado a denunciar al hombre, pero Fiscalía había mantenido la acusación. En declaraciones a EFE, un amigo de la mujer ha asegurado que "Alina se quejaba porque se llevaba mal con el padre de las niñas". El caso ya tenía fecha de juicio: el 10 de abril, ante el Juzgado de lo Penal 2. "A raíz de la denuncia penal", el mismo juzgado especializado en violencia machista había abierto un proceso civil sobre la guardia y custodia de las niñas, el régimen de visitas y la cuantía de la pensión. Y aquí se había establecido que el padre podía estar con sus hijas los sábados y domingos entre las 12:00 y las 18:00. La madre debía trasladar a las niñas al Punto de Encuentro Familiar, un espacio "neutral" a disposición de los juzgados y las familias, donde se facilita el contacto entre los menores y sus progenitores no solo en casos de violencia machista, sino de separaciones conflictivas. “Sin embargo, la madre solicitó en varias ocasiones que la entrega se realizara sin la intervención del Punto de Encuentro. La última de las peticiones en este sentido se realizó el pasado 4 de octubre”, señala el comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia. “Desde el Punto de Encuentro se informó de que las partes ya no estaban acudiendo a este mecanismo para realizar la entrega de los menores”. El 9 de noviembre, el juzgado acordó que el Punto de Encuentro ya no interviniera, con el visto bueno de Fiscalía y las “reiteradas peticiones de la madre”. El Código Civil se reformó hace apenas dos años precisamente para cambiar la regla general: ahora, no se establece régimen de visitas (o se suspende) si se abre un procedimiento penal contra el cónyuge o hay “indicios fundados de violencia doméstica o de género”. Sin embargo, la regla general admite excepciones basadas en el “interés superior del menor”, fundamentado en un informe psicosocial que suele tener en cuenta (entre otros factores) la situación de violencia (puntual o habitual), lo que digan los niños (en función de su edad) y sus progenitores. Pero estas declaraciones pueden estar condicionadas por la propia situación de violencia. En este caso, se desconoce en qué se basó el juzgado para exceptuar la aplicación de la norma general. “Hay que tener en cuenta que los menores son ajenos a cualquier instrumento de valoración de riesgo. Se valora la situación de riesgo de la madre, pero no hay herramienta para los niños y niñas”, lamenta Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe e integrante de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España: “Al final están invisibilizados y son apéndices de las madres”. A pesar de que la modificación del Código Civil, la falta de una herramienta para valorar de forma independiente el riesgo de los menores sigue haciendo recaer sobre la madre gran parte del peso de la decisión. Y su voluntad no siempre es libre. “Puede valorarse que la mujer diga que no hay situación de riesgo, pero no puede ser el único criterio, porque hay quienes no relatan la situación de riesgo precisamente por miedo a que pase algo a sus hijos. ¿Hasta qué punto una mujer en situación de violencia tiene capacidad de decidir sobre la seguridad y protección de sus hijos?”, se pregunta la jueza, que advierte de otro problema: el informe psicosocial suele demorarse un año. En Andalucía hay al menos once Puntos de Encuentro, uno de ellos en Almería capital, según el directorio de la Consejería de Justicia, que gestiona el servicio y amplió los puntos el año pasado. El equipo técnico de un Punto de Encuentro (psicólogas, trabajadores sociales, expertas en tratamiento familiar) tutela e informa al juez del desarrollo de las entregas. "Pero lo que ocurre fuera no lo pueden ver", explican desde la Consejería. El objetivo es que el recurso se utilice un máximo de 18 meses, pero en algunos conflictos graves este plazo se alarga. El hecho de que la propia mujer pidiese cancelar la intervención del Punto de Encuentro tampoco da la foto de la situación. “No sabemos los motivos. ¿Por qué lo pidió? ¿Qué distancia había al punto de encuentro? ¿Qué situación económica tenía?”, se cuestiona García. Abla está a 23 minutos en coche de Gérgal (donde residía el hombre), y a 49 de Almería capital (donde estaba el punto de encuentro). “Muchas veces no tienen recursos para desplazarse y los puntos no tienen personal especializado, de modo que a veces son de nueva victimización y violencia contra las mujeres. Si hablas con las madres, la experiencia muchas veces es negativa”. Su conclusión es que la reforma del Código Civil alivió el peso sobre las mujeres, pero es insuficiente porque siguen haciendo falta recursos y herramientas para valorar el riesgo de forma independiente: “Sabemos cuál es el ciclo de la violencia. No se puede dejar toda la responsabilidad en la madre”, señala la jueza, que advierte contra la tentación de culpabilizar a las mujeres en este tipo de casos, y zanja: "Un padre agresor no puede ser buen padre. Y el derecho que debe prevalecer siempre es el del interés superior del menor, no el del padre a relacionarse con los niños". La noticia del presunto asesinato vicario ha impactado de lleno sobre unos pueblos que rara vez se ven en las noticias. Las alcaldesas de Gérgal y Alboloduy trataban este lunes de transmitir la rabia y la frustración por el crimen, aunque en los dos primeros municipios no había ya trato con la familia. Las Alcubillas es una pedanía partida por una rambla. Y aunque el cortijo donde hasta ahora vivía el hombre pertenece a Alboloduy, nada sabían de él en este municipio. En Gérgal no dejó buen recuerdo. En Abla, donde ella trabaja, dicen que Alina y las niñas se integraron “perfectamente” y que eran conocidas en la localidad, que cuenta con 1.255 habitantes. Llegó allí huyendo de su maltratador, pero la zanja no fue tan profunda como para alejarlo de sus hijas. Eso le permitió matarlas. Las pequeñas serán enterradas en Abla por deseo de su madre. En los tres municipios repudiaron el crimen con tres minutos de silencio y en Abla se han declarado tres días de luto oficial. _____________El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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Sumar mantiene el peso de los partidos en la dirección estatal pero llega a un acuerdo para el despliegue territorial
Sumar llega a su asamblea fundacional con un clima de acuerdo después del choque con las fuerzas con arraigo territorial. La dirección de la plataforma de Yolanda Díaz ha aceptado una serie de enmiendas para dar más peso a esos partidos en las futuras direcciones autonómicas aunque mantendrá el esquema previsto para la dirección estatal. Las direcciones de las formaciones políticas tendrán una cuota reservada del 30%. Este sábado, en el espacio La Nave de Madrid, Sumar celebrará su primer congreso para empezar a dotar de estructuras democráticas y orgánicas a un proyecto que hasta ahora únicamente funcionaba como coalición electoral. Ese día saldrá refrendada la lista que encabeza Yolanda Díaz –solo hay una candidatura alternativa, con mínimas opciones– y también los documentos que ha redactado la dirección provisional creada ad hoc para organizar la asamblea. Para el desarrollo de la asamblea, Sumar creó hace unos meses una dirección ampliada (Grupo Promotor) y una ejecutiva (Grupo Ejecutivo) con presencia de dirigentes de los partidos políticos que quieren integrarse en el futuro frente amplio y también de personas de la sociedad civil con los que Yolanda Díaz quiere dar forma a la “pata ciudadana” del proyecto. De esa dirección salieron los primeros borradores de documentos para la asamblea del 23 de marzo. Pero las ponencias, sobre todo la organizativa, se presentaron sin un acuerdo real con los partidos que forman el Grupo Promotor: Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya en Comú, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Por un lado, algunas formaciones pedían que las organizaciones tuvieran un peso superior al 30% en la dirección estatal. Por otro, el despliegue territorial de Sumar incomodaba a formaciones como Más Madrid o los comuns, que tienen un fuerte arraigo en sus comunidades.Sumar abrió un plazo, que terminó la semana pasada, para que los inscritos plantearan enmiendas a los documentos. Aunque ningún partido impulsó correcciones, sí las canalizaron a través de su militancia. De todas las enmiendas presentadas, Sumar ha aceptado algunas, transaccionado otras cuantas y desechado la mayor parte. Las cinco más votadas de todas las que no han sido aceptadas total o parcialmente se votarán el mismo día de la asamblea. Una de las modificaciones incluidas ya en el documento final –que los inscritos pueden votar hasta el 20 de marzo junto con las candidaturas– aumenta el número total de integrantes de la dirección y toca ligeramente el peso de los partidos en ella. Hasta ahora, esa dirección (Grupo de Coordinación, según la nomenclatura del documento) contaba con 113 miembros. 76 correspondían a inscritos de Sumar (personas de la sociedad civil o militantes de otros partidos), 4 inscritos de Sumar elegidos por sorteo para las votaciones, y 33 para personas elegidas directamente por las organizaciones políticas. Esto es, una relación de 70,8% a 29,2% entre la ‘pata ciudadana’ y los partidos. Ahora la dirección pasa a estar formada por 121 miembros. 80 serán inscritos de Sumar integrados en las listas, 4 serán inscritos elegidos por sorteo y 37 provendrán de las organizaciones. La relación apenas cambia: 69,41% a 30,57%. Este punto preocupaba especialmente a los partidos de corte estatal y particularmente a Izquierda Unida, que había pedido en público y en privado modificar una relación que, consideran, no se corresponde con la realidad del proyecto. En esa formación creen que su peso para el desarrollo de Sumar primero como proceso de escucha, después como coalición y ahora como frente amplio ha sido fundamental, mucho más grande que una parte dentro de ese 30% a repartir entre cinco formaciones. El responsable de Organización y coportavoz de IU, Ismael González, ha celebrado que la dirección haya aceptado las enmiendas que dan más peso a las organizaciones en los territorios pero ha precisado que “siguen siendo necesarios mecanismos como las primarias o los referéndums” para que los inscritos puedan votar. IU es la principal fuerza estatal de Sumar y la que, a priori, puede aportar el mayor número de inscritos para las votaciones. La asamblea de este sábado será el inicio de un proceso que Sumar quiere culminar el otoño que viene –un plazo que no comparten todas las organizaciones, que creen que no hace falta correr– y donde se terminarán de definir las reglas para la construcción de ese frente amplio. Será la frontera que definirá si ese frente amplio se constituye con éxito o todo queda en una coalición electoral como la que ya funciona o lo que fue Unidas Podemos en las pasadas legislaturas. Sumar sí ha logrado una suerte de consenso para uno de los principales dolores de cabeza en estas negociaciones: el despliegue territorial. El proceso hasta llegar aquí ha sido complejo. La creación de una formación política con asiento en las provincias y comunidades irritó primero a Compromís, que no forma parte de la construcción orgánica del proyecto pero sí de la coalición electoral. Y después enfadó a Más Madrid, que incluso salió públicamente a quejarse de la celebración de asambleas autonómicas de Sumar en la capital y en la comunidad. Todo se encaminó en las semanas posteriores con pactos bilaterales, primero con los comuns en Catalunya, después con Más Madrid y finalmente con la pata andaluza de la formación, en la que están organizaciones como Iniciativa del Pueblo Andaluz. En un intenso ciclo electoral con gallegas, vascas, europeas y ahora catalanas, el debate territorial está siendo central en todo el proceso de construcción orgánica. “La propia existencia de SUMAR está en riesgo en las comunidades autónomas por el tremendo error teórico y práctico que supone no contar con las comunidades autónomas en el proceso constituyente de SUMAR”, advertía la Plataforma Sumar Andalucía en un post en este diario.Algunas de las cuestiones que plantearon se han atendido, según indican fuentes de ese espacio. Entre ellas la “federalización” de la organización que reclamaban, para pasar de un “modelo provincializado por uno más plurinacional”.Pero sobre todo, el nuevo documento introduce cambios en la composición de los Grupos de Coordinación territoriales. Aquí también se establece una relación del 70/30, aunque el nuevo texto introduce una enmienda para que se puedan hacer “excepciones” en función de la “realidad territorial”. El otro 70%, dice el nuevo texto, estará formado por personas inscritas en Sumar, “sean o no militantes de los partidos”. Una clarificación del documento anterior sobre un extremo que ya estaba previsto y que de hecho ya ocurre en la lista para el Grupo de Coordinación estatal: dentro del 70% pueden entrar miembros de otras formaciones políticas. En la lista de Yolanda Díaz para el grupo estatal, por ejemplo, figuran cuatro personas de los comuns y otras cuatro de IU. El nuevo documento también introduce una enmienda para que la elección de esas listas territoriales se haga por “consenso” de todos los componentes de Sumar. “En el caso que el consenso no fuera posible para la elección del 70% de los grupos territoriales”, dice el nuevo texto, “se articularán procesos democráticos de elección basados en el principio de una persona un voto de las personas inscritas en Sumar en el correspondiente territorio”. Esto es, serán los inscritos, entre los que también figuran los militantes de cada partido, quienes podrán elegir el contenido de esas direcciones, aunque no está claro si ese tipo de procesos democráticos se harían mediante primarias abiertas o siguiendo otra fórmula de elección. El despliegue definitivo de estos grupos es una de las cuestiones que el documento define que se hará a partir de la asamblea constituyente de otoño. Los acuerdos con las fuerzas políticas en los territorios, también incluyen, por ejemplo en el caso de los comuns, el respeto a la fuerza preexistente y la no competición electoral. 
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Los sindicatos penitenciarios redoblan la presión al Govern a costa de los derechos de los presos
El teléfono de Carles Martínez no ha dejado de sonar desde primera hora de la mañana. Este abogado, presidente de la comisión de derecho penitenciario del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), ha canalizado las quejas continuas de sus colegas ante una de las jornadas más complejas de la historia reciente del sistema penitenciario catalán: la protesta de los sindicatos penitenciarios por el asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un interno ha derivado en una vulneración de derechos de los internos, a los que, en algunos casos, se ha impedido reunirse con sus letrados o realizar las visitas familiares programadas. "Llevo 20 años en la abogacía y nunca había visto esto", confiesa, a título personal, Martínez.Las prisiones catalanas vuelven a ser un polvorín. Un conflicto larvado desde hace tiempo sobre la seguridad en los centros –que todas las partes admiten que ha empeorado–, pero que ha escalado de forma exponencial debido al crimen de la cocinera de Tarragona. Colectivos a priori dispares como abogados, familiares de presos o exresponsables políticos del sistema penitenciario catalán han llamado a los funcionarios para que el conflicto se canalice por vías que no supongan aumentar más la tensión en las cárceles y la vulneración de derechos de los internos. De momento la petición no ha tenido éxito."Yo estoy de acuerdo con algunas reivindicaciones de los funcionarios, pero lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores". Así se expresa, en conversación con elDiario.es, Marta, una familiar de un interno de Quatre Camins que prefiere no revelar su apellido por miedo a represalias. "Algunos presos empiezan a estar más agresivos, y no dejar entrar a los trabajadores sociales y a los educadores no ayuda", denuncia.Uno de los miembros de estos dos colectivos relata a esta redacción el ambiente en este centro penitenciario catalán. La condición vuelve a ser el anonimato. "Los trabajadores nos sentimos inseguros, en eso todos estamos de acuerdo", expone. Al mismo tiempo, este profesional penitenciario constata cierta división entre los empleados directamente enfocados a la reinserción –juristas, trabajadores sociales, educadores–, más partidarios de la negociación con el Govern, y los funcionarios responsables de la seguridad en los centros y de régimen interior, favorables a mantener la línea dura en la protesta. Esta percepción la corrobora otra fuente penitenciaria, que también solicita no ser identificada."He escuchado gritos de 'esquirol' a compañeros que querían ir a trabajar... Al final los que están pillando son los que están dentro, que están con turnos de 24 horas", constata este profesional penitenciario, que advierte: "Nos pueden sancionar perfectamente por no ir a trabajar sin tener una huelga convocada".El responsable de UGT-Prisiones, Xavier Martínez, ha admitido, a preguntas de este diario, que los sindicatos no convocan formalmente una huelga porque los servicios mínimos que se impondrían harían perder efectividad a las protestas. "Estamos dispuestos a negociar, pero siempre con la premisa de que el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, sea cesado", ha apostillado.Por su lado, un nutrido grupo de exresponsables políticos de las prisiones catalanas ha hecho este lunes, en una carta en el diario ARA, un llamamiento a que la calma vuelva a los centros y retomar la vía de la negociación. "Las situaciones de bloqueo suponen un grave riesgo para mantener el orden interno en los centros penitenciarios, que depende de un equilibrio difícil entre ejercicio de autoridad y capacidad de persuasión para hacerla aceptable sin violencia", recuerda el exconseller de Justicia Josep Maria Vallès, uno de los firmantes de la misiva.Los colegios de la abogacía de toda Catalunya también han censurado los métodos sindicales. "El legítimo derecho a la protesta en ningún caso debe impedir el derecho a la defensa", ha criticado el Consejo Catalán de la Abogacía, que ha advertido de que el hecho de que la acción no se desarrolle mediante la convocatoria de huelga (y la correspondiente implantación de servicios mínimos) "afecta a la asistencia letrada y de comunicación de las personas privadas de libertad con sus abogados y abogadas". Además del derecho a la defensa y de la reinserción de los presos que no han podido acudir a su centro de trabajo fuera de la cárcel, el bloqueo sindical también ha comportado que en varios centros los internos no hayan podido acudir al economato, salir de permiso o a visitas médicas, así como las actividades educativas, laborales y de tratamiento que se realizan a diario.Una abogada, que no ha podido acudir a una visita programada con un cliente en la cárcel de Figueres, ya ha denunciado los hechos ante el juzgado de guardia, que ya abierto diligencias. Por su lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha mostrado la preocupación de la judicatura en la que pide a la Generalitat que le informe sobre la afectación de la "huelga" de funcionarios, pese a que las protestas se desarrollan de forma alegal, sin una huelga formal convocada.Lejos de ceder a las críticas, los sindicatos penitenciarios han redoblado el pulso contra el Govern y no han asistido a ninguna de las dos reuniones a las que el Ejecutivo catalán les había convocado este lunes. Tampoco lo harán este martes. Conscientes de la debilidad de un Ejecutivo en funciones y que acaba de convocar elecciones anticipadas, los sindicatos han advertido de que no se sentarán en la mesa hasta que cese el el responsable de las prisiones catalanas, Amand Calderó.Con todo, se ha abierto una grieta en el inmovilismo sindical. Este lunes, en un reconocimiento implícito de errores en la gestión del asesinato de la cocinera de la prisión de Mas d'Enric, la conselleria de Justicia se ha comprometido a reforzar la vigilancia de las cocinas de las cárceles tras una reunión con el comité de empresa del Centro de Iniciativas de la Reinserción (CIRE), la empresa pública en la que trabajaba la cocinera asesinada por un interno (que después se suicidó)De esta forma, la Generalitat empieza a hallar una interlocución con trabajadores penitenciarios, si bien el Govern no ha tomado ninguna decisión sobre si se debe cesar al responsable de la prisión de Mas d'Enric que decidió que un preso condenado por asesinato con arma blanca podía trabajar en una cocina en la que se manejan cuchillos. Durante cinco años el interno no tuvo conductas problemáticas en la cocina, pero el riesgo "estaba ahí", admiten fuentes penitenciarias.La conselleria de Justicia, Gemma Ubasart, ha emplazado a los sindicatos penitenciarios a una nueva reunión de este martes tras el plantón de este lunes para darles más información sobre el asesinato. Además, ha insistido en negociar y en convertir en estructurales las medidas temporales para incorporar a más profesionales penitenciarios que ya aprobó el Govern. "El bloqueo al diálogo no se entiende", ha afeado Ubasart a los sindicatos.El dirigente sindical Xavier Martínez también ha restado importancia a las quejas de familiares de presos y abogados, que ha tildado de "daños colaterales". "Que un abogado no pueda contactar con un interno un día pues no es el problema más importante, si todo va bien podrá hacerlo la semana que viene. El problema principal es que nuestra vida corre peligro dentro de las cárceles porque trabajamos en un ambiente hostil y violento", ha aseverado.Las posiciones siguen enconadas, toda vez que el Govern no tiene intención de cesar a Calderó, que pese a ser el blanco de las críticas sindicales es un responsable penitenciario muy bien considerado por políticos de todos los colores. Calderó representa la apuesta histórica del sistema penitenciario catalán, que celebra 40 años del traspaso de competencias, por un modelo que priorice el derecho constitucional a la reinserción y abandone la concepción decimonónica de la prisión como castigo.La protesta de los trabajadores también se ha dejado notar en el mundo judicial: se han anulado ocho traslados de presos y se han visto afectados 41 juicios, 18 videonconferencias y otras 60 diligencias judiciales. Además, este lunes no se han podido realizar videoconferencias o visitas pactadas entre clientes y letrados. El impacto de la protesta no se limita al derecho de defensa de los internos. Más allá del efecto en las actividades diarias de los centros que este lunes no se han podido desarrollar, también se han visto truncados aspectos fundamentales como la visita mensual de hijos de presas a la cárcel de Wad-Ras. "Para ellas ver a sus hijos es la vida y este sábado se la quitaron", lamenta la familiar de una de las internas.
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La economía de España conquista a los inversores internacionales pese a la inestabilidad política
"Los inversores tienen razón al preferir España a otros grandes países europeos", titula un informe reciente de Natixis, uno de los bancos de inversión más importantes de Francia. La economía de nuestro país ha conquistado al capital internacional pese a la inestabilidad política. "La visión positiva que se tiene de España en comparación con Francia, Alemania o Italia es razonable", continúa la entidad. El mundo financiero está transigiendo con la fragmentación parlamentaria y el accidentado calendario electoral regional (Catalunya en mayo y Euskadi en abril) y destaca la fortaleza del crecimiento de nuestro país."España avanza más deprisa que los otros tres grandes países del euro", dice Natixis. "La exposición de España al comercio mundial [que se ha desacelerado] es mucho menor que la de Alemania. La competitividad de costes de España es positiva. La producción industrial no disminuye. La balanza comercial es excedentaria [es decir, el sector exterior suma al PIB]. Y España ha desarrollado significativamente las energías renovables", sintetizan los analistas del banco."La economía española, competitiva e impulsada por los servicios, debería registrar tasas de crecimiento superiores a la media de la eurozona durante el periodo entre 2024 y 2027", afirma la revisión del 'rating' [calificación, en inglés] de la deuda de nuestro país que S&P publicó el pasado viernes. Esta agencia internacional, una de las tres de referencia junto a Moody's y Fitch, mantuvo la 'nota' de España en una A (lo que sería equivalente a un notable) con "perspectiva estable", pese a que admite que "el Gobierno en minoría tendrá que contar con el apoyo de un grupo heterogéneo de partidos para aprobar leyes, lo que podría dificultar la aplicación de las políticas".El mismo día, Moody's coincidió en dejar a nuestro país en un aprobado holgado y mejoró la perspectiva de estable a "positiva", el paso previo a un aumento de la calificación, porque considera que el modelo de "crecimiento es más equilibrado". Los informes de ambas agencias se dieron a conocer días después de que el Gobierno de coalición diera por imposible la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. En el caso del de Natixis, ni siquiera menciona la inestabilidad política. Este último se publicó el 11 de marzo, antes de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconociera que el adelanto de las elecciones catalanas al 12 de mayo alteraba "el tablero político" y hacía imposible llegar a acuerdos con los grupos nacionalistas de Junts y ERC, cuyos votos en el Congreso son necesarios para sacar adelante cualquier iniciativa.El dato que mejor recoge estas afirmaciones y comentarios es la prima de riesgo. Este indicador que hoy parece de otro tiempo es el resultado de comparar el tipo de interés que se exige a la deuda de España en los mercados financieros con el que paga Alemania, considerado el socio del euro más fiable. La prima de riesgo sirve para medir cuántas dudas hay sobre la capacidad de una economía para cumplir con sus compromisos. Actualmente, este indicador está cerca de su mínimo de los últimos años, y eso que el Banco Central Europeo (BCE) ha reducido sus compras de deuda, que fue la principal vía con la apaciguó la crisis de deuda hace una década y con la que evitó una situación similar en 2020.Concretamente, la prima de riesgo está por debajo de los 80 puntos básicos. El tipo de interés de la deuda de España de referencia (con vencimiento a 10 años) es de cerca del 3,25%. El de Alemania, en el 2,45%. En 2012, este diferencial llegó a escalar por encima de los 600 enteros. En lo peor de la pandemia, superó momentáneamente los 140 puntos básicos. Hoy, Francia apenas paga un poco menos que nuestro país."El tipo de interés a largo plazo de la deuda pública española ha caído en relación con los bonos alemanes y franceses y es inferior al tipo de interés a largo plazo de Italia. Esto demuestra que los inversores prefieren España a los otros tres grandes países de la zona euro", describe Natixis.Moody's incluso aprecia que el riesgo de "la política interna" es "moderado". "Las tensiones políticas entre el Gobierno central y las fuerzas independentistas en Catalunya son una característica clave de la legislatura", observa la agencia de 'rating'. "Sin embargo, estas tensiones no tendrán un impacto negativo", añade. Estas visiones dan aire al aplomo con el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este domingo en una entrevista con elDiario.es que, "en términos prácticos, el espacio que genera [la prórroga de los PGE de 2023] es suficiente para seguir avanzando con las prioridades políticas para este año 2024, y concentrar ahora el esfuerzo en los Presupuestos del año 2025". El Gobierno de coalición está convencido de encajar el tropiezo que supone no contar con PGE este año, y se dispone a remachar las cuestiones que sean necesarias con Reales Decretos-leyes y otras vías. Por ejemplo, el pasado martes ya anunció una subida del 2% de los salarios de los trabajadores públicos mediante una enmienda en la tramitación del real decreto de medidas frente a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.Las dificultades son inevitables. "Hay vías alternativas a los Presupuestos Generales para seguir impulsando las políticas, pero ofrecen un enfoque asimétrico y parcial. Y muy posiblemente son más tortuosas y difíciles de aprobar que unos nuevos PGE", lamenta Carlos Martín Urriza, portavoz de economía y hacienda del grupo parlamentario de Sumar.Eso sí, el ritmo de crucero que ha tomado la actividad económica no está en peligro. "A pesar de la fragilidad política, la economía española parece relativamente resistente, con un crecimiento medio del PIB real del 2% en 2024-2027, frente al 1,2% de la eurozona", incide S&P. "Las exportaciones netas seguirán siendo clave. Los boyantes ingresos por turismo mantuvieron a flote las exportaciones en 2023, pero esperamos que otros componentes aumenten con la recuperación de la demanda exterior en 2024-2027. Esto compensará parcialmente el aumento de las importaciones debido al dinamismo de la demanda interna y las importaciones de capital", detalla la agencia de calificación.S&P resalta el "sólido consumo privado (tres cuartas partes del PIB). Al igual que para otros países de la eurozona, la relajación de las condiciones de financiación [por la futura bajada de los tipos de interés del BCE] y la disminución de la inflación impulsarán los ingresos reales y el gasto de los consumidores. Pero España se recuperará a partir de una base más sólida tras una ligera desaceleración en 2023 gracias, en parte, a la prórroga parcial de las medidas de choque del Gobierno"."En comparación con sus homólogos industriales de la eurozona, España se ha beneficiado de la mayor agilidad de su economía, impulsada por los servicios (70% del PIB) y ha diversificado significativamente su suministro energético frente a la crisis de los precios de la energía de 2022", prosigue. Además, acentúa la fortaleza del mercado laboral y el apoyo de la inversión pública, en parte por el despliegue del Plan de Recuperación. Al margen de la inestabilidad política, que precisamente advierte que podría retrasar los desembolsos de los fondos europeos, el otro punto negativo que reseña es "la atonía de la inversión privada".
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Identifican los primeros posibles casos de transmisión de una enfermedad cerebral en España
El Servicio de Neurología del Hospital General de Albacete ha identificado a tres pacientes diagnosticados con una angiopatía amiloide —que produce hemorragias cerebrales por acumulación de la proteína beta-amiloide—, que habrían desarrollado esta enfermedad tras recibir un implante de duramadre cuando eran niños y se sometieron a una operación cerebral en el hospital de La Fe de Valencia hace 40 años. Esta técnica —que hace décadas que no se practica— consistía en cerrar la herida producida por la operación mediante tejidos de un cadáver. Si estos tejidos estaban contaminados con beta-amiloides, como han demostrado recientemente investigadores británicos, estas proteínas mal plegadas pueden actuar como semillas que inducen la propagación y acumulación de nuevas proteínas defectuosas. Y con el paso del tiempo estas placas pueden dar lugar a distintas enfermedades, como el alzhéimer o esta angiopatía que hace sangrar las arterias por la acumulación de esta proteína.“Tenemos ya identificados tres pacientes diagnosticados de hemorragias cerebrales a los que hemos dado el diagnóstico de angiopatía amiloidea que en la infancia fueron operados de problemas cerebrales”, adelantaba este lunes Tomás Segura, jefe de Neurología del hospital, en declaraciones a la cadena SER Castilla-La Mancha. “Esto nos hace pensar que en los próximos años pueden surgir muchos más casos aquí en España”. El hecho que les parece más convincente es que se trata de tres pacientes jóvenes, en torno a 50 años, que desarrollaron esta enfermedad sin antecedentes genéticos y los tres fueron operados en el hospital de La Fe, en Valencia, en los años 80. “Las pruebas definitivas en estos pacientes las hemos obtenido mediante PET y el análisis LCR [líquido cefalorraquídeo] de beta-amiloide”, confirma Segura.“En estos tres pacientes indagamos sobre su infancia porque diagnosticamos esta enfermedad a los cuarenta y pico años de edad, una edad en la que no se puede dar angiopatía amiloidea salvo que tengas una mutación genética muy concreta”, explica. Aunque el hallazgo aún no se ha publicado en un artículo científico, el especialista está convencido de su validez. “Tienes una enfermedad prácticamente desconocida en la cuarentena de la vida, y en todos los casos hay el antecedente de que en tu infancia te pusieron una plastia de duramadre liofilizada, ¿qué otra posibilidad hay?”, se pregunta. Por eso, según adelanta a elDiario.es, ya está en contacto con otros neurólogos de diferentes hospitales para coordinar un proyecto de recogida de datos a nivel nacional que permita localizar nuevos casos.“Nuestros tres casos fueron operados en el mismo hospital, pero por supuesto no sabemos si la duramadre liofilizada procedía del mismo grupo de pacientes o no”, detalla. “Pero si nosotros, en un hospital de 300.000 personas de área de referencia, hemos diagnosticado tres pacientes con angiopatía amiloide entre 40 y 50 años, operados hace tres o cuatro décadas, creo que es probable que surjan más casos a partir de ahora, sobre todo si la comunidad médica se pone alerta a la hora de investigar antecedentes neuroquirúrgicos tan lejanos en el tiempo”.Alberto Rábano, neuropatólogo de la Fundación CIEN, cree que este anuncio es relevante y recuerda que cuando la angiopatía se diagnostica por debajo de determinada edad y existe una historia de cirugía pediátrica pasa a ser considerada iatrogénica (transmitida involuntariamente por procedimientos médicos). Aunque habrá que esperar a ver los datos concretos que aporta el equipo del doctor Segura, apunta, el hecho de que los tres pacientes fueran operados en el mismo hospital en un periodo corto en el que se estaban utilizando técnicas como el trasplante de duramadre es para él “una prueba muy poderosa”.  Joaquín Castilla, profesor de investigación Ikerbasque del CIC BioGUNE y presidente de Fundación Española de Enfermedades Priónicas, lamenta que no sea posible confirmar la presencia de beta-amiloide en los tejidos de los donantes (como sí demostró el equipo británico que trabajó con los casos de alzhéimer) por la falta de registros, y a diferencia de Segura no cree que vaya a haber muchos casos, ya que estos tejidos de duramadre se recogían de pacientes sanos. “Pero la realidad es que hay personas que han sufrido una enfermedad que, de no haberse trasplantado con la duramadre, probablemente no la habrían desarrollado”, asegura. “Aunque hay que dejar claro que ahora eso no puede volver a pasar”. Los expertos recuerdan que las angiopatías no son exactamente una enfermedad neurodegenerativa, aunque estén íntimamente asociadas a las placas que produce el alzhéimer. “Básicamente porque la angiopatía amiloide no cursa con muerte neuronal, al menos directamente”, apunta Joaquín Castilla. “Es un signo que se asocia a una enfermedad neurodegenerativa, pero a veces aparece sola, o como signo principal”. “La angiopatía esporádica (no la genética) prácticamente se asocia en el 100% de los casos con alzhéimer —señala Rábano— y el tipo de beta-amiloide es el mismo; es una enfermedad vascular pero íntimamente asociada a la neurodegeneración”.“Quizás, algo que se podría hacer ahora es investigar el tipo de práctica que se pudo realizar hace décadas con algún riesgo, trazar la posible causa y, en el caso de que fuera éticamente aceptable, advertir a los pacientes receptores del tejido responsable”, concluye Castilla. “Pero el problema es que esta información de los donantes estaba muchas veces anonimizada y ahí se pierde la trazabilidad. Realizar una llamada pública sin conocer realmente el riesgo potencial y sabiendo que actualmente estas prácticas hace décadas que no se llevan a cabo, llevaría a asustar innecesariamente y puede ser peor el remedio que la enfermedad”, señala.Para Alberto Rábano no es alarmista decir que van a aparecer más casos, sobre todo si tenemos en cuenta que no es una enfermedad tan grave como el alzhéimer y se puede controlar si se detecta a tiempo. “Es interesante que se sepa y que se puedan detectar pacientes en vida que tengan riesgo”, apunta. Ahora queda pendiente seguir investigando sobre si estas angiopatías suponen un mayor riesgo de demencias, algo que él y su equipo no han visto en las pruebas patológicas que practican en los cerebros de pacientes fallecidos. “Cuando se da en el contexto de alzhéimer, la angiopatía cerebral no suele hacer sangrar a los pacientes, pero cuando se da de forma aislada, en personas mayores, sí”. Este es, a su juicio, uno de los muchos misterios que ahora quedan por aclarar.
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Un periodista hace una pregunta lógica a Ayuso y ella no da crédito ante tanta osadía
"Es que me pincho y no sangro con la pregunta". Isabel Díaz Ayuso no daba crédito ante la osadía del periodista. Le había recordado en la mañana del lunes sus propias palabras cuando defendió a muerte a su pareja la semana pasada, denunciada por la Fiscalía por fraude fiscal. Entonces dijo que no había delito, incluso que el Estado le debía dinero, 600.000 euros nada menos, y que todo era una conspiración contra su amado Alberto González Amador. El periodista le había preguntado por cómo le puede afectar políticamente que su novio haya admitido haber cometido dos delitos fiscales. Cómo se atreven los periodistas a hacer preguntas sobre la investigación de un delito. A informar de un caso que afecta personalmente a Ayuso, de la misma forma que también publican noticias sobre el 'caso Koldo'. "Hablamos de crédito a estas alturas con todo lo que está pasando en este país", dijo la presidenta madrileña, que vive en un piso valorado en un millón de euros cuya compra fue financiada por los ingresos del novio, inflados en ese momento por no haber pagado a Hacienda. Una vez que Ayuso hizo la defensa numantina de su pareja el 13 de marzo, pasó a iniciar un tiempo de silencio y no tener que responder ante las evidencias de que el novio la había engañado a ella o bien ella había mentido a todo el mundo. "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", es la frase definitiva que apareció en el mensaje enviado por Amador a la Fiscalía a través de su abogado en una fecha tan temprana como el 2 de febrero. ¿No se lo cuentan todo Amador y Ayuso o esta última ocultó algo que ya sabía porque le convenía lucirse una vez más como víctima de la maldad de sus enemigos? La presidenta no quiso responder a la pregunta de si estaba enterada de esa notificación a la Fiscalía. Y se lo preguntaron más de una vez.En esta reaparición del lunes en un acto oficial, Ayuso respondió a varias preguntas sobre el caso. Le daba igual lo que se hubiera conocido en los días anteriores. Incluso lo que había hecho su propio jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Junto a múltiples referencias al 'caso Koldo' que afecta al Ministerio de Transportes del Gobierno de Sánchez, dijo que es un “gravísimo escándalo” que se hayan conocido los negocios de su novio. Para darle colorcillo tradicional, dijo también que todo era "chavista". "Esos sumarios, ¿por qué tienen que estar en los medios de comunicación?”. La respuesta es sencilla: por la misma razón que han aparecido los datos del sumario del 'caso Koldo' en los medios. Los periodistas se enteran de estas cosas cuando aparecen reflejadas en mensajes entre instituciones, cuando llegan a los juzgados o si aparecen en autos judiciales, entre otras muchas vías. De la investigación del 'caso Koldo', Ayuso no está molesta de que los medios informen.La queja adquiere niveles gloriosos de descaro cuando fue Rodríguez en persona el que envió a El Mundo un email de la Fiscalía para hacer circular una información falsa. El diario lo publicó de inmediato, firmado por el mismo periodista que escribió el artículo que decía que Xavier Trias, alcalde de Barcelona, tenía una cuenta corriente en Suiza que en realidad no existía. Se vendió que la Fiscalía ofrecía un trato a Amador, cuando en realidad era este quien había hecho el ofrecimiento e iniciado la comunicación. Rodríguez cerró el círculo conspiratorio difundiendo el artículo en Twitter y añadiendo por su cuenta que "desde arriba" se había presionado al fiscal para que no negociara con el letrado del acusado.Eso es lo que Ayuso denomina "estrategia de defensa de un particular" que no tiene nada que ver con ella ni con su Gobierno ni con los mensajes de su jefe de gabinete. Ni con la casa en la que vive ni con el Maserati al que se ha subido a veces.Dos millones de ingresos en un año por comisiones en la venta de material sanitario. Unos beneficios admitidos ínfimos. 1,7 millones justificados con facturas que luego se admite que son por trabajos inexistentes. Un fraude fiscal por valor de 350.951 euros en 2020 y 2021. "Un delito continuado en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles e inaceptables", dice el informe de la Agencia Tributaria, según El País. Un intento de vender vacunas a Costa de Marfil por un precio cinco veces superior al real. ¿Y qué tiene que decir Alberto Núñez Feijóo sobre todo esto? Que todo es "absolutamente machista" y que existe una "trama mediática". No se esperaba otra reacción tomando en consideración cómo se las gasta Ayuso. En relación a las amenazas de Rodríguez a una periodista de elDiario.es, Ayuso lo ciñó a un hecho trivial: "Dos personas que tienen una relación de confianza de treinta años discuten por WhatsApp. Qué hacen esos mensajes circulando por ahí" (que se lo pregunte a Rodríguez, que fue el primero que filtró las imágenes de los mensajes). Ni son amigos ni un medio de comunicación está obligado a ocultar que ha sido amenazado en términos nada ambiguos: "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar". Vamos, lo que le dices a un amigo de toda la vida. Rodríguez no sólo amenazó a este medio, sino también personalmente a la periodista Esther Palomera, que ha explicado en un artículo cómo fue esa comunicación y que su relación con Rodríguez ha sido siempre estrictamente profesional, nunca personal.El estilo de matón y sus ataques de furia son un sello particular de la carrera de Miguel Ángel Rodríguez desde hace décadas. Sus maniobras y su incontinencia verbal en público le costaron el puesto en la Junta de Castilla y León y en el Gobierno de José María Aznar. "Era un personaje muy conflictivo", dice un periodista que lo sufrió en Valladolid. "Lo ha seguido siendo durante todo este tiempo y, además, era una persona muy belicosa, que arremetía contra todo y amenazaba a todo el mundo".Ayuso le dio una segunda oportunidad que no se puede negar que ha sido exitosa a la vista de los resultados electorales. Esta vez, Rodríguez optó por tener un papel público discreto sin conceder entrevistas, pero en las conversaciones privadas continuaba siendo el mismo de siempre. Los insultos y amenazas de este episodio revelan como mínimo su nerviosismo por el caso del pelotazo, fraude fiscal incluido, que permitió a Ayuso cumplir uno de sus sueños, no seguir viviendo de alquiler a través de un comisionista sin escrúpulos.Eso siempre es bonito. Pero los medios no pueden obviar la relación causa-efecto de las dos situaciones (con piso de lujo - sin piso de lujo) y cómo ella se ha visto beneficiada personalmente por los negocios de su pareja. La reputación de la presidenta de Madrid está en juego, digamos que por culpa de las acciones de su novio y de sus singulares explicaciones ante los medios. Hacerse todas esas preguntas es una misión obligada, al menos para los periodistas que no están cagados de miedo con Miguel Ángel Rodríguez.––––––En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
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El PP mantiene una ventaja de seis puntos sobre el PSOE y Sumar recupera la tercera plaza por encima de Vox
El PP se mantiene este marzo como la primera fuerza del país, seis puntos por encima del PSOE. Los cambios son mínimos respecto a febrero: los populares retroceden un poco, unas pocas décimas, y los socialistas recuperan incluso menos. Así, el principal giro se produce en el tercer puesto. De celebrarse ahora unas elecciones generales esa tercera posición sería para Sumar, mientras Vox, que se mantenía en ese puesto desde el pasado diciembre, ahora estaría en cuarto lugar.El sondeo elaborado por Simple Lógica para elDiario.es se realizó entre el 1 y el 8 de marzo y refleja que los de Alberto Núñez Feijóo se quedan con el 36,1% de los votos, cinco décimas por debajo del dato de febrero y enero. El porcentaje crece en más de tres puntos respecto al resultado que obtuvo el PP en las últimas generales del 23 de julio, cuando logró el 33,1% de los votos, que se tradujo en la asignación de 137 escaños.El PSOE sigue seis puntos por debajo del PP, aunque logra un crecimiento casi imperceptible de una décima y logra su mejor porcentaje en cuatro meses: un 29,8% de los sufragios. Los socialistas caen así más de un punto desde el 23J, cuando alcanzaron el 31,7% de los votos. Sumar crece también de manera testimonial respecto a la encuesta de febrero, pero la caída de Vox le vuelve a situar en tercera posición. El proyecto de Yolanda Díaz logra el 11,6% de los apoyos (frente al 11,1% de febrero y el 12,3% del 23J). También desciende Podemos, al que en febrero iba a votar el 2,3% de los ciudadanos y ahora el 2%.La extrema derecha cae ocho décimas y se sitúa en cuarto lugar con el 10,8% de los votos (el mes pasado obtuvo un 11,6%). Los de Santiago Abascal continuan en caída libre y se sitúan casi dos puntos debajo del resultado logrado el 23J, cuando apenas superaron a Sumar por una décima, al quedarse con el 12,4% de los sufragios.Respecto al reparto del electorado entre los bloques izquierda y derecha el sondeo de marzo señala que la diferencia entre ambos se reduce, aunque las posiciones conservadoras siguen siendo predominantes sobre las progresistas. La suma de aquellos electores que apoyan a PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos alcanza el 46,9%, mientras la de PSOE, Sumar y Podemos se sitúa en el 43,4%. La brecha es, por tanto, de 3,5 puntos.En la encuesta anterior, la de febrero, la ventaja de la derecha era más pronunciada. El espectro conservador obtuvo el 48,6% de los apoyos, frene al 43,1% de las izquierdas, por lo que el margen de la derecha era de 5,5 puntos. Respecto a la fidelidad de los votantes, el PP vuelve a ser el partido que más electores retiene. El 79,4% de los españoles que el 23J optaron por la lista de Alberto Núñez Feijóo volvería a apostar por él, mientras que solo el 3,9% de quienes le votaron en 2023 se pasaría ahora a Vox. Los votantes de Sumar son los segundos más fieles, siempre según el sondeo de Simple Lógica. El 68% de quienes apoyaron al proyecto de Yolanda Díaz en julio volvería a votarla, aunque perdería el 9,6% de sus apoyos, que se marcharían al PSOE, y otro 6,3%, que optaría por Podemos. En cuanto a los socialistas, la encuesta refleja que el 68% de quienes les votaron el verano pasado seguirían fieles a Pedro Sánchez, aunque un 3,5% optaría ahora por el PP, el mismo porcentaje que se marcharía a Sumar. El 22% de sus electores optaría, además, por otras formaciones políticas. En la cola del ranking, Vox mantiene una fidelidad del 65%, pero el 17,4% de quienes les apoyaron el 23J ahora votarían PP. Además, el sondeo refleja que la popularidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a crecer. Un mes más, y ya son cuatro consecutivos, el jefe del Ejecutivo es el líder de los cuatro partidos políticos con más apoyo que recibe una mejor valoración. Su gestión es aprobada por el 35,3% de los ciudadanos, tres décimas por encima que en febrero. En el ranking le sigue de nuevo la vicepresidenta segunda y líder de Sumar. Yolanda Díaz recibe una aprobación del 34,2% de los españoles, apenas cinco décimas más que en febrero. Cae, en cambio, la popularidad del líder del PP que pasa de un porcentaje de aprobación del 27,3% de febrero al 25,4% de marzo. Es su peor nota desde septiembre. No obstante, a la cola se mantiene el líder de Vox, Santiago Abascal, que apenas logra el aprobado del 14,7% de los ciudadanos.
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El PP de Feijóo cierra filas con Isabel Díaz Ayuso pese a las amenazas de su director de Gabinete
“Esto es problema de un ciudadano que parece ser que es pareja de Ayuso y que tiene cuestiones pendientes con la Agencia Tributaria. Pues que las arregle”. La frase es del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien para defender a Isabel Díaz Ayuso ha llegado a poner en duda incluso que Alberto González Amador, denunciado por fraude fiscal tras un pelotazo con mascarillas, y la presidenta de Madrid sean pareja. Es una prueba de la hipérbole en la que ha entrado el PP en un cierre de filas que difiere con cómo actuó Pablo Casado cuando se descubrió el negocio del hermano de Ayuso con el Gobierno regional.El PP ha optado por una defensa cerrada de Ayuso, al menos en público. El mismo martes por la mañana, poco después de que elDiario.es desvelara el fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Feijóo dio la cara por ella en una entrevista en Onda Cero. “Ella no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria”, dijo.Aquél día, Alberto González Amador sí era “la pareja de la señora Díaz Ayuso”. Entonces solo se había publicado que la Agencia Tributaria le había hecho una inspección tributaria que había derivado en una denuncia de la Fiscalía por fraude. Después vino el pelotazo con mascarillas, los dos pisos (uno a nombre de la empresa del abogado del comisionista), el Maserati, el intento de negocio con Costa de Marfil con vacunas cinco veces más caras, la sociedad en Panamá o la de Florida con un directivo de Quirón, etcétera.Lejos de menguar, el apoyo del PP a Ayuso se ha consolidado. Incluso después de que su director de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, haya amenazado con “destruir” al medio que ha desvelado tanto los problemas legales de la pareja de la presidenta como el pelotazo que dio su hermano con la venta de material sanitario durante la pandemia gracias a una intermediación que usó a otra empresa para el contrato con el Gobierno regional. Las declaraciones de Feijóo no han sido las únicas que han servido para respaldar a Ayuso. Diferentes portavoces del PP, desde Borja Sémper a Miguel Tellado, pasando por Elías Bendodo o Ester Muñoz, han arropado a la presidenta de Madrid sin cuestionarse, por ejemplo, si sabía o no del fraude que su pareja reconoció o de sus intentos de retirar las facturas falsas para arreglarlo. Ayuso dijo que era Hacienda quien le debía 600.000 euros a su pareja cuando su propio abogado reconoció por escrito los delitos.En el PP tampoco se cuestionan quién ha pagado o paga las dos viviendas de las que disfruta Ayuso, una encima de la otra, y que están a nombre de su pareja y de una sociedad de su abogado. De hecho, en privado el discurso es el mismo o muy similar al que se puede escuchar en público: defensa cerrada de Ayuso. La dirección del PP no repite así los errores que sí cometió la anterior, liderada por Pablo Casado, quien mantuvo un duro enfrentamiento con Ayuso por el control del PP de Madrid que terminó con él y casi todo su equipo fuera de la política. Casado acuñó en una entrevista en la Cope una frase que el PP mantiene aún hoy en su cuenta de Twitter: “La cuestión es si es entendible que el día 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarilla”.Dos años después, ya nadie se plantea estas dudas, o similares, en Génova, 13. De hecho, la defensa de Feijóo, lejos de aminorar, ha aumentado. Este lunes, en una entrevista en OkDiario el líder del PP plantea que las informaciones sobre Alberto González Amador y Ayuso que ha publicado elDiario.es son un ataque “machista”, pese a que nadie ha podido desmontarlas.Las palabras de Feijóo llegan a la vez que una ofensiva del PP para incriminar a la esposa de Pedro Sánchez en una supuesta colusión de intereses entre el presidente del Gobierno y Begoña Gómez a cuenta del rescate público de Air Europa por los efectos de la pandemia. El PP ha registrado una serie de preguntas parlamentarias sobre supuestas reuniones de Gómez con directivos de la segunda aerolínea más grande de España, y que fue rescatada con más de 400 millones de euros. “Aquel que meta la mano en la caja, lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él”, dijo Feijóo en un acto de partido el pasado viernes. Una frase que, de momento, el PP no aplica al caso de Ayuso y su pareja. ---------En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
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La defensa del Mediador cree que la desaparición temporal de los móviles puede anular la causa
La defensa del intermediario que da nombre al caso Mediador sostiene que la desaparición durante varios días de los teléfonos requisados a su cliente, dos móviles de los que se extrajo buena parte del material incriminatorio, podría llegar a suponer la nulidad de la causa.Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, miembros del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional han entregado a la juez que investiga esta presunta trama de corrupción los teléfonos cuya desaparición había sido denunciada formalmente por el inspector jefe de la Policía que comenzó el caso.El letrado Rachid Mohamed, abogado del procesado Marco Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador, ha anunciado a EFE que pedirá a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que investigue lo ocurrido con la desaparición temporal de esos terminales, que su cliente dejó en manos de la Justicia hace un año.Con el resultado de esa investigación, decidirá si presenta otro recurso de nulidad del caso al haberse producido, presuntamente, irregularidades como la ruptura de la cadena de custodia de las pruebas.Mohamed precisa que en la actualidad está a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el incidente excepcional de nulidad en el que denunció que su cliente no entregó voluntariamente sus móviles, sino que fue coaccionado, y se queja de que la comparecencia de Navarro Tacoronte en la que sucedió todo ello no fuera grabada en vídeo (según el Juzgado, por problemas técnicos).Otros dos abogados más de las defensas que prefieren mantenerse en el anonimato coinciden en que la desaparición hace algunos días de varios terminales telefónicos y tarjetas de la caja fuerte de la Policía en la que estaban custodiados "supone la ruptura de la cadena de custodia" y podría implicar la nulidad del caso.Estos letrados se preguntan qué pudo ocurrir durante los días en los que los dispositivos estaban desaparecidos, ya que opinan que ahora nadie puede garantizar que no hayan sido manipulado.Hace algo más de un año, Navarro Tacoronte entregó dos terminales en los que se encontraban vídeos, fotos, documentos y conversaciones de audio y texto que dieron lugar al inicio de las investigaciones.Los dispositivos fueron depositados junto con otras pruebas en la caja fuerte del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Las Palmas de Gran Canaria, de donde desaparecieron hace algunas fechas.En el primer recurso presentado para anular la causa, Mohamed plantea que hace un año Navarro Tacoronte comparecía por un delito de estafa de poco más de 2.500 euros, pero luego tuvo que declarar sin asistencia letrada por una presunta trama de cohecho y tráfico de influencias en la que se han relacionado a políticos, empresarios y particulares, conocida desde entonces como caso Mediador.La desaparición de los terminales fue denunciada por el policía Francisco Moar, apartado en un principio de la causa, y a continuación la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres pidió su devolución, tal y como ha ocurrido hace escasos días.
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La empresa con la que la pareja de Ayuso facturó 3,7 millones: cero empleados, un ordenador, una impresora y un Porsche Panamera
El informe de la Agencia Tributaria que sustenta la denuncia que la Fiscalía ha presentado contra Alberto González Amador evidencia cómo la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso usó dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales para canalizar sus ingresos. La principal, Maxwell Cremona –que facturó 3,7 millones en dos años–, no tiene empleados por cuenta ajena pero sí consta a su nombre un coche de lujo: un Porsche Panamera.Además, la compañía adquirió con posterioridad otro vehículo de alta gama, un Maserati que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid, según adelantó El Plural y confirmó elDiario.es. La segunda compañía, que Hacienda califica como "una mera sociedad interpuesta", se llama Masterman & Whitaker y nunca tuvo ni empleados ni medios materiales para hacer los trabajos encargados por el gigante sanitario Quirón, el "principal cliente" de González Amador. La investigación se centra en la evolución de la principal empresa de González Amador: Maxwell Cremona Ingeniería SL. Y en cómo su cifra de negocio se multiplicó con la llegada de la pandemia y la necesidad de encontrar mascarillas y material sanitario. Esta es la sociedad que, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, se atribuyó hasta 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros de forma ilegal por servicios que los supuestos proveedores nunca prestaron y que sirvieron para deducirse gastos indebidamente. El propio González Amador confesó el pasado 2 de febrero por escrito haber cometido dos delitos fiscales. En 2017, un año después de su fundación, su facturación fue de 8.045 euros. En 2018 fue de 287.000 euros. En 2019 siguió subiendo y llegó a los 357.000 euros. En esos años, destaca Hacienda, la empresa firmó contratos de asesoría con Quirón, Arval o el Hospital San Francisco de Asís. Pero fue con la llegada de la pandemia cuando las cifras se dispararon: 2,3 millones de euros en 2020 y 1,3 millones en 2021. Ahí, tal y como ha revelado elDiario.es, entraron en juego las comisiones salidas de la compraventa de mascarillas. Los ingresos crecieron, pero no el pago de impuestos. Unos datos que "sorprenden significativamente a la Inspección", dice Hacienda en uno de sus informes. Los investigadores no cuestionan el negocio de la empresa de González Amador, pero sí que sus cuotas tributarias no se vieran incrementadas "en la misma proporción". Es, sostiene la Agencia Tributaria, "sumamente llamativo" que en 2020 su facturación creciera en casi dos millones y, sin embargo, pagase la mitad de impuestos que en 2019. Los gastos contabilizados con las facturas falsas hicieron la ingeniería contable que ahora denuncia la Fiscalía. En enero de 2020, antes de su explosión millonaria de ingresos, los bienes del activo empresarial de Maxwell Cremona se reducían a un ordenador portátil y una impresora, además de la fianza de una vivienda. Un año después, el primer día de 2021, la empresa sigue teniendo el mismo portátil, la misma impresora, 3.900 euros en cortinas pero un activo más: un Porsche Panamera Turbo valorado en casi 35.000 euros. La valoración invita a pensar en que se trata o bien de un Porsche de segunda mano o un modelo antiguo de alta gama. La página web de la compañía indica que, actualmente, ese tipo de vehículos no se venden por menos de 125.000 euros. En páginas de segunda mano el precio, en algunos casos, sí baja de los 40.000 euros. Además, el empresario cuenta también con un Maserati matriculado en 2017 que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid. Son hasta seis multas de tráfico por infracciones cometidas en el distrito de Chamberí que suman 385 euros, según ha podido comprobar elDiario.es. Además, acumula otras dos sanciones que suman 563 euros más relacionadas con el conocido como impuesto de circulación. Maxwell Cremona se constituyó en 2016 para dedicarse a las consultorías y auditorías energéticas y la promoción medioambiental y sostenible de los recursos, aunque la pandemia cambió su rumbo hacia los certificados de la International Standarization Organization (ISO). Son los certificados que se utilizan para avalar que un producto cumple la normativa internacional y que, en los primeros meses de pandemia, marcaban la diferencia entre las mascarillas útiles y las mascarillas inservibles. La empresa no tenía trabajadores como tal, pero sí recurrió continuamente a "un nutrido grupo de auditores externos" autónomos, dedicados a hacer auditorías y certificar que un producto podía obtener la pegatina ISO de calidad. La documentación de la Agencia Tributaria refleja pagos a 10 auditores que trabajaron para la empresa de González Amador entre 2020 y 2021 y a los que pagó, entre todos y a lo largo de esos dos años, un total de 235.500 euros, incluyendo un comercial cedido a Quirón Salud, su mejor cliente.La segunda parte de las investigaciones sobre la ingeniería societaria de González Amador para seguir mejorando su factura fiscal deriva de los movimientos que hacía con su segunda sociedad: Masterman & Whitaker. A finales de 2020, la empresa principal de González Amador compró esta otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos. Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la "expansión en Latinoamérica" y el "desarrollo e implantación de la Joint Commission International". Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según Hacienda y la Fiscalía. La empresa "pantalla" y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa "pantalla" al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, "pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas". La primera sospecha es que, en realidad, González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una "simulación relativa" de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, "originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar". El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal. Por lo contencioso-administrativo o por lo penal, como es este segundo caso. A veces, una sociedad pantalla se utiliza para que alguien canalice sus ingresos y que pague el Impuesto de Sociedades, más benevolente que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que tiene tipos más altos. En este caso, las acusaciones de la Fiscalía sobre González Amador y la empresa Masterman & Whitaker pasan por considerar que su objetivo era ubicar la carga fiscal en la sociedad que más le convenía, sin corresponderse con la realidad de los trabajos que había hecho para Quirón. El resultado de todo esto, según Hacienda y la Fiscalía, fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa "pantalla", emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Pero, previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. "Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil", zanja la administración.––––––En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es
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La Ertzaintza se integra en la base de datos estatal SIGMA para prevenir amaños en las apuestas deportivas
La unidad de Juegos y Espectáculos de la Ertzaintza se ha integrado ya en el sistema SIGMA del Estado, una base de datos cuyas siglas responden a Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas y que persigue evitar amaños o corrupción en competiciones deportivas. Para ello, el director autonómico de Juego y Espectáculos, Aitor Uriarte, y alto cargo del Gobierno central Mikel Arana, que antes fue parlamentario vasco y líder de IU en Euskadi, suscribieron un convenio de colaboración en febrero en términos similares a los que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha firmado con otros cuerpos como la Policía Nacional o incluso con organismos como la liga de fútbol masculino.SIGMA fue ideado como un sistema "coordinado e integral" para responder ante posibles alertas de comportamientos fraudulentos. Es una base de datos telemática que reúne a casas de apuestas, gestores deportivos y poco a poco también a cuerpos policiales. Señala Arana en el marco del convenio firmado con Euskadi que "uno de los fenómenos más preocupantes [...] es el de la corrupción vinculada a la manipulación de las competiciones deportivas". Es "una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atenta contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores", se indica. La Ertzaintza, como las Fuerzas de Seguridad del Estado, tendrá un acceso de máximo nivel a ese sistema de alertas, ya que a partir de ahora podrá conocer incluso "datos relativos a la identidad de los implicados" en el ejercicio de sus competencias de investigación penal. La Policía vasca, eso sí, tendrá que "seguir las instrucciones que emita" el Gobierno central como gestor del SIGMA. Se constituirá una comisión de seguimiento paritaria, con dos representantes de cada Administración, para impulsar la colaboración. Se reunirá al menos una vez al año.La base de datos de SIGMA incluye, si hay una indicio de amaños, el nombre de un deportista o apostante, su nacionalidad, su dirección, el equipo al que pertenece, los partidos que estarían bajo sospecha y también identificativos electrónicos como la IP, un teléfono, las cuentas en redes sociales o correo electrónico y otros datos sobre plataformas de apuestas. En principio, la Ertzaintza formará parte de SIGMA durante cuatro años, aunque se podría prorrogar por otros tantos.
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La Fiscalía pide 45 años de cárcel para el acusado de violar e intentar matar a una menor en Igualada en 2021
La Fiscalía ha pedido 45 años de cárcel y casi 260.000 euros en indemnizaciones para el hombre acusado de la brutal violación de una menor de 16 años la madrugada del 1 de noviembre de 2021, cuando salía de una discoteca en Igualada (Barcelona).En su escrito de acusación, el ministerio público atribuye al presunto violador, Brian Raimundo C., de 24 años, los delitos de asesinato en grado de tentativa y agresión sexual y pide que se le impongan otros diez años de libertad vigilada cuando salga de prisión, informa EFE.La brutal violación ocurrió la noche de Halloween de 2021, cuando la menor, que ingresó en la UCI en estado crítico a raíz de la agresión, se dirigía sola y a pie hacia la estación de tren para ir a su casa, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), tras estar de fiesta con unas amigas en la discoteca Epic de Igualada.Según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, el procesado siguió a la joven por las calles de Igualada y la atacó "de forma sorpresiva", tras lo que se la llevó a una zona "solitaria y huérfana de testigos, poco iluminada y sin cámaras", para agredirla sexualmente.A lo largo de 20 minutos, añade el ministerio público, el procesado golpeó a la chica en varias partes del cuerpo, mientras la sujetaba con fuerza, y la penetró "de manera brutal", incluso con objetos, demostrando así su "absoluto desprecio a su condición de mujer".Tras la violación, el procesado propinó a la víctima un "fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente", la dejó abandonada en el suelo y huyó del lugar.A consecuencia de la agresión, la menor sufrió un traumatismo craneoencefálico y una ruptura craneal, además de otras lesiones por todo el cuerpo, por lo que tuvo que estar ingresada durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y casi un año hospitalizada.Según el ministerio público, la joven arrastra como secuelas un "estrés postraumático grave y desestabilización personal", puesto que las lesiones causadas, en la mayoría de casos "mortales de necesidad", pusieron su vida en peligro.Por ese motivo, la Fiscalía plantea que el procesado pague casi 160.000 euros en indemnizaciones a la víctima por las secuelas físicas y psíquicas provocadas y otros 100.000 por los daños morales que le causó la violación.Dada la "extrema gravedad" de la agresión cometida, la acusación pública solicita que se acuerde la ejecución de la condena íntegra impuesta al procesado, y que, en todo caso, cuando acceda al tercer grado o a la libertad condicional se le sustituya la pena que le quede por su expulsión de España.También propone que, una vez salga de prisión, se inhabilite al procesado para ejercer cualquier oficio en el que pueda tener trato con menores y que se le prohíba acercarse y comunicarse con la víctima por un período de diez años una vez cumplida la pena de cárcel.
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El decreto canario de vivienda, visto por expertos: de todo menos resultados inmediatos
Ha pasado casi un mes desde la aprobación del decreto estrella de Coalición Canaria (CC) para responder a la emergencia habitacional del Archipiélago y las reacciones han sido dispares. Por un lado, la patronal de la construcción y los círculos insulares de empresarios han celebrado la norma. Por otro, la oposición, que ha llegado a calificar la legislación de “golpe de estado a la planificación urbanística”; la mayoría de los cabildos insulares, quienes consideran que el texto requiere de modificaciones; y los ayuntamientos, claves en el desarrollo de la normativa, pero marginados en su elaboración.Las medidas acordadas por el departamento que dirige Pablo Rodríguez (CC) nacen de una lógica simple: ante la escasez de oferta, es necesario ampliar el parque de vivienda con más edificaciones, reconversiones de locales comerciales, finalización de inmuebles inacabados por el crac financiero de 2008 y hasta la habilitación de suelo dotacional, pensado en un principio para levantar escuelas, hospitales o parques, y que ahora servirá también construir bloques de pisos. Coalición Canaria ha presumido de que responde en tiempo “récord” a la crisis y que las primeras repercusiones llegarán en un periodo “prudencial”. Media docena de personas expertas en políticas de vivienda han sido consultadas por Canarias Ahora para conocer sus valoraciones del decreto aprobado. Todas piden cautela, porque una cosa es lo que proyecta el documento y otra bien distinta lo que finalmente pueda ejecutar. También aclaran que no existe una “solución mágica” para atajar una emergencia, la de la vivienda, que presenta un carácter más estructural que coyuntural. Y, al mismo tiempo, la mayoría de las fuentes consultadas echa en falta actuaciones a corto plazo, como la captación de inmuebles vacíos o regulación de alquileres, pues la estrategia de apostarlo todo al ladrillo tardará muchos años en tener resultados, si es que los tiene, que eso tampoco está tan claro. Ángela García Bernardos es doctora en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y hace unos años publicó una tesis sobre el sistema de vivienda español durante la Gran Recesión (2007-2016). Ella es una de las voces que recuerda que el mercado inmobiliario no siempre sigue las reglas de la ley de la oferta y la demanda y que más casas “no tienen por qué suponer una bajada de precios”.El Gobierno canario espera acelerar con el decreto la edificación de alrededor de 3.000 viviendas de protección oficial ya planificadas más las que pueda construir el sector privado con las nuevas ganancias de suelo y recalificaciones que, en todo caso, no siempre serán públicas. El consejero de Vivienda ha reconocido que es muy difícil estimar cuántas obras podrán llevarse a cabo a lo largo de esta legislatura, pero ha admitido que muy probablemente no serán suficientes para cubrir la demanda existente. En las Islas hay en torno a 25.000 familias en la lista de espera por una vivienda pública más un número elevado de personas que no son capaces de acceder al mercado libre. Rodríguez es consciente de ello y por eso ha matizado que “el evaluador [de la norma] no va a ser cuánta vivienda vaya a construirse, sino cuánto va a bajar el precio del alquiler a partir de su aplicación”. Jordi González, doctor en Sociología por la Universidad de Leeds y colaborador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), ve muy complicado que algo así suceda. El experto explica que, para influir en el mercado inmobiliario, del que se desconoce prácticamente todo en las Islas, es necesario contar con porcentajes elevados de vivienda pública (entre el 30 y el 40% con respecto al total). Eso permitiría rebajar la tensión del alquiler y democratizar el acceso a un hogar digno. Sin embargo, la cifra en Canarias es irrisoria en este sentido. El parque de pisos sociales representa menos del 1% de las 820.000 casas levantadas en la Comunidad Autónoma, según el Diputado del Común, y harían falta 38.000 inmuebles destinados a alquiler social y otros 46.000 a alquiler asequible para alcanzar el objetivo que pretende el consejero, de acuerdo con un estudio de la promotora Culmia. De ahí la importancia esbozada por casi todos los académicos consultados en regular los precios del mercado del alquiler y captar vivienda vacía hasta equilibrar la balanza. Ambas medidas con presumible impacto en el corto y medio plazo, pero no recogidas en el texto del Ejecutivo regional. Iván Auciello-Estévez es investigador en la Universidad CY Cergy de París y fellow en el think tank Future Policy Lab. Para él, la primera de las actuaciones mencionadas, la del control de las rentas, sería interesante en el marco de las que no promueven una “congelación total” de los precios, sino una regulación que presente excepciones, como cuando hay reformas sustanciales en el apartamento o este acaba de incorporarse al mercado. Es el estilo que ha empleado el Ministerio de Vivienda con el recién aprobado índice de referencia y el que también utilizó Catalunya por su cuenta hace años. En este último caso, no ha sido posible probar si la intervención fue un éxito o no. Las conclusiones de los estudios son contradictorias y los expertos no se ponen de acuerdo. Pero que los costes bajaron en todos los municipios regulados es una realidad.La segunda propuesta, pensada en incentivar la adquisición de viviendas vacías, podría impulsarse con un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) según el nivel de actividad de las casas. La Ley estatal de Vivienda, de hecho, lo contempla. Así, a los propietarios les saldría más caro mantener los hogares sin ocupación por tiempo indefinido y tendrían una especie de “incentivo negativo” para anunciarlos lo antes posible. En el Archipiélago hay más de 211.000 viviendas vacías, un 25% del total. El programa del anterior Gobierno autonómico para captar pisos de este tipo fue un “rotundo fracaso”: solo se apuntó uno. Rodríguez ha adelantado que la Consejería quiere actuar como intermediara para garantizar tanto el depósito de la renta a los arrendadores como unos alquileres asequibles a los inquilinos. Aunque eso “no asegura que la vivienda vacía vaya a salir al mercado”, concluye Auciello. El decreto canario, no obstante, deja estos dos asuntos al margen y promueve edificaciones sin estudios de impacto ambiental en un territorio que cada vez siente más presión humana. Eso preocupa a María Tomé, arquitecta, urbanista y socia cooperativa en Oficina de Innovación Cívica. “La respuesta de construir más va a seguir siendo insuficiente. Nunca vamos a poder levantar casas igual de rápido que lo que está creciendo [la población] en Canarias. Por eso mismo no se puede entender la vivienda solo como un ente, sino como algo combinado”, razona. En la misma línea ahonda Ramón Bastida, profesor de la Universidad Pompeu-Fabra y director de la Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de esa misma institución. “En los países del norte global, los más desarrollados, se considera que las necesidades habitaciones de aquí hasta 2050 estarán cubiertas con el 80% de los pisos que tenemos ahora. Solo debería construirse durante este periodo un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que primar la reutilización o mejorar lo que ya existe”, señala el experto. Canarias es unas de las comunidades que lidera la clasificación de densidad urbana en España. Y la concentración poblacional en las Islas también es de las más altas, con 299 habitantes por kilómetro cuadrado (km2). Por eso “hay que ir con mucho cuidado”, insiste Bastida, porque “pueden llegar a urbanizarse áreas o zonas que igual no conviene tenerlas urbanizadas”. El Ejecutivo regional ha propuesto emplear suelo dotacional no explotado por los municipios (espacios en los que deberían ir centros sanitarios, colegios o zonas verdes) para construir vivienda protegida de promoción pública sin necesidad de modificar el planeamiento. La idea no es nueva. También se ha desarrollado en Barcelona o Madrid. Pero los expertos recuerdan que tiene que haber un equilibrio, porque en algunos ámbitos el Archipiélago ya parte con desventaja. En el referido a parques y jardines, por ejemplo, el 38,2% de la población canaria considera que no hay suficientes cerca de donde vive, el peor dato de todo el país. “Un parque es un elemento fundamental de salud pública en Canarias. Un hotel, no”, reflexiona Tomé. Construir casas donde tendría que haber árboles es “pan para hoy y hambre para mañana”, concluye la arquitecta. "Suburbios para dormir"Esta medida, por otra parte, no especifica el régimen por el que podrá accederse a las futuras viviendas y tampoco discrimina en favor de colectivos vulnerables. Bernardos precisa que la ley catalana sí lo hace, haciendo mención explícita de las personas jóvenes, jubiladas, con discapacidad, víctimas de violencia de género o inmigrantes que “requieren asistencia residencial”, lo que ayuda a conservar la “dimensión social” de los barrios. El único párrafo del decreto canario que especifica la aplicación del régimen de alquiler “a precio asequible” es el vinculado al derecho de superficie, en el que operadores privados disfrutarán de suelo público para levantar y gestionar bienes inmuebles durante un tiempo limitado. Ese “alquiler asequible” lo especificará la Administración Pública en las bases de los concursos. Bernardos apunta que sería atractivo que entidades del tercer sector o cooperativas entraran en escena en esta materia. En los países con más vivienda social en alquiler predomina el modelo de dirección sin ánimo de lucro. En la normativa de las Islas, sin embargo, “la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras se podrán contratar conjuntamente”, lo que “beneficia sobre todo a constructoras”, apostilla Tomé, que son las que tienen el músculo [económico]” para ello. González, por su parte, puntualiza al respecto que el sector privado siempre ha estado en busca de “pelotazos económicos” en el mercado inmobiliario. Y tiene la sensación de que la norma del Archipiélago viene “muy influenciada” por los actores de siempre. “Los políticos no saben de vivienda. Y como no saben, suelen confiar en supuestos expertos del sector privado que, podrán ser de izquierdas o de derechas, pero tienen intereses económicos marcados por la búsqueda de un gran beneficio. Lo que se está haciendo en Canarias es confiar en ese conocimiento que siempre se ha dado por descontado”, indica el investigador. Las políticas del Gobierno autonómico con el nuevo decreto también ponen la lupa en la rehabilitación de edificios inacabados, en torno a 3.000, ha estimado Rodríguez, y en la proliferación de más pisos mediante el incremento de la edificabilidad en suelo urbano, la reconversión de locales comerciales a inmuebles y la división de viviendas existentes. Estas dos últimas medidas, en concreto, alertan a Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y director de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, porque una residencia habitable no es sinónimo de digna y porque, en resumidas cuentas, “no es aceptable hacer infraviviendas” desde una administración regional, según el experto. Sin ir más lejos, en los alojamientos con espacios comunes complementarios creados con el decreto, la superficie mínima útil de la unidad privada será de 25 metros cuadrados (m2).“Si empiezas a convertir masivamente locales en viviendas, te queda un suburbio para dormir y nada más. Eso provoca empobrecimiento de la zona, de la vida. Estamos en una especie de proceso de conversión de las ciudades en ciudades dormitorio. Y eso tiene consecuencias muy negativas”, remacha Nasarre. 
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El Cabildo de Lanzarote usó un informe a la medida para dejar sin efecto la acusación contra el senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés
El actual presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, no solo mandó parar al abogado que representaba los intereses de dos organismos públicos dependientes de la Corporación frente a su compañero de partido Pedro San Ginés, sino que encargó un informe a la medida a los servicios jurídicos para presentarlo extemporáneamente al juzgado que instruía las diligencias previas.La empresa pública de aguas Inalsa y del Consorcio del Agua de Lanzarote habían denunciado al abogado Ignacio Calatayud, amigo íntimo del expresidente del Cabildo Pedro San Ginés (Coalición Canaria), por apropiarse sin autorización ni conocimiento de sus órganos de gobierno de dos millones de euros. Según la denuncia que dio lugar a la investigación judicial, la apropiación se produjo presuntamente con el conocimiento y la complicidad de San Ginés que, además, habría contratado a su amigo de manera irregular, según consta en la instrucción.La interposición de acciones penales fue acordada por los órganos de gobierno de las dos entidades tras someterse a su consideración un informe realizado por la gerencia del Consorcio y de Inalsa que dio lugar a un decisivo informe jurídico que recomendaba interponer los correspondientes procedimientos judiciales.Con la instrucción ya finalizada, y tras mandar cesar en su trabajo a la dirección legal contratada al efecto, el Cabildo de Lanzarote remitió al juzgado a comienzos de octubre de 2023 y por propia iniciativa, un escrito de 48 folios conteniendo unas alegaciones extemporáneas en el que no solo se aparta diametralmente del criterio seguido por el letrado durante toda la instrucción, sino que se alinea abiertamente con las tesis de la defensa.El informe está firmado por la directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo y su interposición supone en la práctica dejar de ejercer la acusación, toda vez que asume por completo el relato de la defensa en el sentido de negar que se hubieran producido una contratación irregular de Ignacio Calatayud y que este se hubiera apropiado de las costas judiciales.La firmante del escrito, que sirve a Oswaldo Betancort para cumplir con su objetivo de retirar a las entidades dependientes del Cabildo de cualquier tipo de acción penal contra su compañero Pedro Sanginés, está firmado por la directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo de Lanzarote, Maria Eugenia Torres, cuya amistad con Ignacio Calatayud es conocida en Lanzarote por haber sido propuesta por él mismo como testigo en los procedimientos sobre los que ha realizado el informe.Entre otros extremos, Torres afirma en su informe que “no se ha producido perjuicio económico alguno a Inalsa o al Consorcio y que se cumplió, como se deriva de lasactuaciones, con lo pactado” porque ninguno de los dos organismos “abonaron cantidad alguna por los incidentes” en los que intervino el letrado, quien ingresó “únicamente” las costas generadas en el proceso. Además, la letrada recuerda que el Tribunal Supremo estableció “la completa legalidad” de la cuota litis, que “no incluye gastos por los servicios de otros profesionales, salvo que se establezca y debe recoger de forma expresa el concepto de costas del proceso” y “tanto el Consorcio como Inalsa han contratado hasta 2023, con pacto de costas para el letrado”. Pero la letrada no solo se manifiesta ante hechos administrativos, sino que también se pronuncia sobre atestados de carácter penal introducidos en la causa por la Guardia Civil, como la investigación sobre la adquisición de una casa por parte de Pedro San Ginés a una empresa perteneciente a la empresa de la familia política del abogado Calatayud.Al igual que sucedió con los escritos en los que se desistía del incidente de nulidad de actuaciones y de recusación del juez instructor, Ricardo Fiestras, estas alegaciones extemporáneas desde el punto de vista procesal fueron aportadas al juzgado sin conocimiento ni autorización del letrado director de los procedimientos, lo que le condujo a renunciar de manera irrevocable a la dirección legal el 27 de octubre de 2023.El Consorcio del Agua de Lanzarote e Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (Inalsa), son dos entidades con personalidad jurídica propia. Además, el Cabildo es titular tan solo del 40% del Consorcio, siendo este, a su vez, el propietario único de Inalsa, por lo que resulta llamativo que sea sea el Cabildo de Lanzarote el que formule las alegaciones, a través de la directora-adjunta de su Asesoría Jurídica, actuando en contra de lo acordado previamente por los órganos de gobierno del Consorcio e Inalsa.La causa contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud se encuentra en estos momentos en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado del primero de ellos por haber sido elegido senador por la Comunidad Autónoma a propuesta de su partido, Coalición Canaria.
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Función Pública desbloquea la lista de empleo obsoleta que impide el acceso a cien opositores
Función Pública ha comenzado a agilizar los trámites para crear una nueva lista de empleo. Tal y como publicó en exclusiva Canarias Ahora hace dos semanas, el Gobierno de Canarias sigue utilizando para el cuerpo superior de Administradores Generales una lista obsoleta constituida hace cuatro años y que bloquea el acceso a cerca de cien opositores aprobados. Este lunes, la Dirección General ha abierto el plazo para que los aspirantes de la última convocatoria presenten sus méritos y así avanzar en la constitución de un nuevo listado. El pasado 2 de marzo, una de las personas afectadas denunció en este periódico que se trataba de una ''tardanza injustificada''. La lista de empleo actual se creó en 2020 como resultado de la convocatoria de junio de 2017. En este proceso de oposiciones se adjudicaron 63 puestos de trabajo. Los opositores que obtuvieron una puntuación por debajo de los cuatro puntos conformaron esta lista de empleo. Algunos de ellos, según la documentación consultada por esta redacción, ya han conseguido un puesto en la Administración Pública. En noviembre de 2021 se convocaron unas nuevas oposiciones para el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1). En ellas se ofertaron 29 plazas libres y dos reservadas para personas con discapacidad. Entre los aspirantes que se quedaron sin plaza y que ahora optan a formar parte de esta nueva lista de empleo hay casi cien personas con notas que superan los nueve puntos. Fuentes próximas al examen señalaron a esta redacción que la demora en la creación de una nueva lista está teniendo importantes consecuencias para el funcionamiento de la Administración Pública. ''El Gobierno sigue utilizando una lista de empleo en la que solo hay opositores suspendidos”, señalaron estas fuentes. Desde la Dirección General de Función Pública respondieron a este periódico que “en la medida en que los procesos selectivos van concluyendo, se abre el procedimiento para la constitución de listas de empleo”. Además, desde el área subrayaron que todo este proceso requiere de sus correspondientes plazos y no ofrecieron entonces ninguna fecha fija en la que se prevea que pueda estar constituida la nueva lista de empleo. Ahora, los opositores tienen un plazo de diez días para presentar la documentación que acredite sus méritos y experiencia a partir de este lunes 18 de marzo, fecha en la que se ha publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
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Vox fuerza al PP a un imposible: vetar derivaciones de adultos migrantes desde Canarias a las comunidades en las que gobiernan
Vox no quiere migrantes en las comunidades en las que gobierna con el PP. El partido de extrema derecha no solo se opone a la acogida, sino que defiende las expulsiones masivas y en caliente, contrarias a la normativa internacional. “Todo el que entra de forma ilegal debe ser expulsado de inmediato”, ha dicho el nuevo portavoz de la formación política, José Antonio Fúster. En el caso de los migrantes adultos, el Estado es el que tiene las competencias y el que se encarga de su asistencia y atención, por lo que las autonomías no pueden forzar el bloqueo que propone Vox.Por su parte, Fúster también ha rechazado la propuesta del Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores no acompañados. El Ejecutivo canario tutela en la actualidad a 5.500 niños y adolescentes llegados en patera. Por ello, ha exigido al Estado una reforma de la ley que obligue a los gobiernos autonómicos a acoger menores no acompañados que llegan a las islas y que así las derivaciones no dependan de la solidaridad de los gobiernos autónomos. Expertos y entidades especializadas en infancia ya han advertido de que el hecho de que Canarias tutele en soledad a más de 5.000 menores va en contra del interés superior del menor. ''Que el Archipiélago tenga que tutelar y dar formación a 5.000 menores hace que estos tengan menos oportunidades que los que están en cualquier otra ciudad con menos menores acogidos”, valoró en declaraciones a esta redacción la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García. En este sentido, el portavoz de Vox ha asegurado que trasladará al PP en las autonomías donde gobiernan juntos el rechazo a acoger migrantes. Los partidos gobiernan en coalición en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y en la Comunidad Valenciana. Además, el portavoz ha añadido que está seguro de que “llegarán al mejor acuerdo posible con sus socios”.No es la primera vez que la derecha muestra su rechazo a los traslados de migrantes desde Canarias hasta los centros de acogida de la Península. El Archipiélago recibió solo en 2023 cerca de 40.000 personas en cayucos y pateras. El Hierro y Lanzarote se convirtieron en los principales puntos de destino de las embarcaciones precarias que dejan miles de cadáveres en el Atlántico. Las cifras de supervivientes llevaron al Ministerio de Migraciones a declarar a Canarias en situación de emergencia. El objetivo era agilizar los trámites y la financiación de los recursos para evitar la saturación de los dispositivos y ofrecer una asistencia y acogida dignas a los recién llegados. Los traslados entre comunidades son una herramienta habitual del sistema de acogida español y, además, responden a las peticiones de solidaridad del Gobierno de Canarias al resto de autonomías. Aunque el PP gobierna en Canarias, se ha topado con el rechazo y el discurso xenófobo de su propio partido en otras comunidades. El PP ha llegado incluso a acusar al Gobierno de España de colaborar con las mafias y el tráfico de personas. Un argumento que ha vuelto a utilizar Vox este lunes. “El gobierno sanchista ha decidido colaborar con el negocio organizado por las mafias de tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena”, dijo el diputado del PP Rafael Hernándo. El portavoz de Vox ha aprovechado además para arremeter contra la religión islámica asegurando que es “incompatible” con la civilización occidental. 
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Los resultados electorales de Putin ya son astronómicos, y solo pueden seguir subiendo en el futuro
Vladímir Putin se acerca a cifras electorales astronómicas. Tras obtener este domingo el 87,32% de los votos con una participación del 77,44%, Putin se ha lanzado a la estratosfera.Es un axioma matemático para cualquier presidente que aspire a serlo de forma vitalicia: el apoyo nunca debe bajar, solo subir; la participación nunca debe bajar, sólo subir. Y a medida que el Gobierno unipersonal de Putin se extiende más allá de un cuarto de siglo, los dirigentes rusos mantienen la cara seria incluso cuando publican cifras astronómicas que harían sonrojar a muchos autócratas convencidos. El presidente ruso está ahora consagrado en el firmamento, con los difuntos Heydar Aliyev, de Azerbaiyán; e Islam Karimov, de Uzbekistán, cuyos regímenes de culto a la personalidad fueron respaldados por avalanchas electorales cuidadosamente controladas en los años 80 y 90 hasta su muerte. Sin embargo, Putin aún puede ir más lejos, en plena órbita con hombres como el kazajo Nursultan Nazarbayev, que obtuvo más del 95% en sus dos últimas elecciones; o el turkmeno Gurbanguly Berdymukhamedov, que obtuvo más del 97% en sus dos últimas elecciones. El récord lo tiene Saparmurat Niyazov, el líder de Turkmenistán, que obtuvo el 99,5% de los votos en 1992. En 1998 erigió una estatua de él mismo, de 12 metros de altura bañada en oro que giraba para estar siempre de cara al sol."Un resultado oficial del 87% de apoyo puede parecer ridículo, pero es un resultado lógico para el sistema autoritario personalista que Vladímir Putin ha construido", afirma Ben Noble, profesor asociado de política rusa en el University College de Londres. En su análisis, la presión para mejorar los resultados viene de arriba y de abajo. "Las cifras oficiales de votación son el resultado tanto de las claras señales de la administración presidencial para producir un resultado aún mejor que en 2018, como de los esfuerzos de los funcionarios de menor rango para impresionar a sus superiores, dos factores que empujan los resultados cada vez más arriba".Putin necesitaba este año un gesto, ya que se enfrenta a uno de los periodos más turbulentos de sus 25 años de gobierno. Estas eran las primeras elecciones desde que lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Las tensiones con Occidente están en su punto más alto desde la Guerra Fría. Y Rusia se enfrenta a sanciones sin precedentes a medida que su economía pasa a estar dominada por las industrias estatales, especialmente el sector de la defensa.En su discurso tras la victoria electoral, Putin trazó una línea de puntos entre la guerra y su aplastante victoria electoral. La victoria se debe "al dramatismo de los acontecimientos que vive el país... Al hecho de que nos vemos literalmente obligados a defender los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo, con las armas en la mano, para crear un futuro para el desarrollo pleno, soberano y seguro de la Federación Rusa, nuestra patria", dijo: "Los resultados, y sobre todo la participación, demuestran que la gente corriente lo siente y comprende que mucho depende de ella". Este es su relato. Pero no todo el mundo lo comparte. Los países europeos han criticado este lunes las elecciones. Alemania dice que no reconoce los resultados como "legítimos" y un portavoz no ha respondido directamente a una pregunta sobre si se referirían a Putin como "presidente". "No mantenemos un diálogo con Vladímir Putin, así que no es una cuestión en este momento", ha dicho.David Cameron, ministro de Asuntos Exteriores británico, ha declarado que la magnitud de la victoria "subraya crudamente la profundidad de la represión bajo el régimen del presidente Putin, que trata de silenciar cualquier oposición a su guerra ilegal". "Putin elimina a sus oponentes políticos, controla los medios de comunicación y luego se proclama vencedor. Esto no es democracia", ha dicho.Miembros de la oposición rusa habían pedido a la comunidad internacional que declarara ilegítimos los resultados. Mijail Jodorkovski, un exoligarca que ahora vive en el exilio, dijo antes de la votación que uno de los principales objetivos de Putin era mostrar a los líderes extranjeros que su control de Rusia es fuerte. Les instó a no respaldar los resultados.Alexander Baunov, investigador del Carnegie Russia Eurasia Center, explica que las cifras marcan "la ruptura definitiva con las convenciones occidentales". Y añade: "La primera parte del Gobierno de Putin tuvo lugar con el reconocimiento tácito de las normas occidentales ... [pero] un 85% al ser elegido para un quinto mandato es una soberanización completa de los números, un giro hacia el este y una de las formas de comunicar que el régimen ruso funciona ahora según leyes que no están relacionadas ni siquiera superficialmente con las occidentales".Las elecciones también tienen que ver con la estabilización del régimen de Putin en casa, donde la mayor amenaza para su gobierno puede no venir de una oposición democrática, sino de las fuerzas conservadoras o incluso de los miembros de su propio gobierno, a quienes ha confiado la dirección del vasto aparato de seguridad y estatal de Rusia.Noble califica el resultado de las elecciones de "importante mecanismo de alerta para diversos sectores, incluida, sobre todo, la élite. El mensaje es que Putin sigue firmemente al mando y es capaz de asegurar una victoria electoral aplastante, incluso mediante el uso de diversos tipos de manipulación. Eso probablemente disuadirá a los miembros de la élite de pensar en un mundo post-Putin, por ahora".Habrá una resaca postelectoral cuando se relajen las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar los precios de la gasolina y los alimentos (las principales cerveceras ya han advertido a los minoristas de que los precios de la cerveza subirán pronto entre un 8 y un 15%).Abbas Gallyamov, antiguo redactor de discursos de Putin, afirma: "Se acabó la fiesta. La gente empezará a tener pronto una sensación más clara de que les han engañado: prometieron una cosa, pero están haciendo algo completamente distinto". Pero el Kremlin volverá a engatusar, coaccionar o fabricar esos votos en 2030, y luego quizá de nuevo en 2036, cuando Putin probablemente busque cifras aún más altas.
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La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un turista británico en Puerto Rico
El cuerpo sin vida de un turista británico ha sido hallado sin vida en un complejo de apartamentos en Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria. La Guardia Civil investiga el suceso, ocurrido este mediodía del lunes 18 de marzo, en uno de los apartamentos Colina Mar, según han confirmado fuentes oficiales del instituto armado al periódico Canarias7Como ha informado dicho medio, la investigación ha sido declarada secreta a la espera que se le realice la autopsia, aunque la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis, incluso que se deba a una posible muerte accidental.El cuerpo sin vida fue hallado por el personal de limpieza del complejo turístico, que alertó de la aparición del cadáver cuando se disponía a limpiar el apartamento, y se personaron en el lugar los efectivos de emergencias, Policía Local y la Guardia Civil.Se trata de un irlandés, de unos 33 años, que estaba de vacaciones en la isla junto a un amigo, que también estaba presente en el apartamento cuando llegaron los efectivos policiales y que, según informó el citado periódico, no se encontraba en muy buen estado, producto, presuntamente, del consumo de sustancias estupefacientes.
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Iberdrola denuncia en los juzgados a Repsol por competencia desleal y la acusa de 'greenwashing'
Iberdrola ha presentado una demanda contra Repsol en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por "competencia desleal y publicidad engañosa", al considerar que ha incurrido en 'greenwashing' o blanqueo ecológico, según informaron a Europa Press en fuentes de la eléctrica.Esta demanda, presentada el pasado mes de febrero, ha sido admitida a trámite por el juzgado. No obstante, fuentes de Repsol señalaron a Europa Press que no les había sido aún notificada.En concreto, Iberdrola ha acudido a un juzgado de Cantabria ya que, de acuerdo con la normativa procesal, cuando se demandan empresas con diferentes domicilios sociales, el demandante puede elegir el lugar de cualquiera de esos domicilios. En este caso la sociedad competidora de Iberdrola en la venta de luz y gas, Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas, tiene su domicilio social en Santander.El escrito se interpone al amparo de la Ley de Competencia Desleal, basándose en los artículos de actos de engaño (art. 5), omisiones engañosa (art. 7) y publicidad ilícita (art. 18) en el marco de sus campañas de publicidad y comunicaciones corporativas.En la demanda, adelantada por 'El Confidencial' este lunes, Iberdrola acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, "cuando su oferta multi producto busca fomentar el uso de carburantes", así como de "centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales".Además, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán considera que las campañas de Repsol "constituyen una infracción de la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaños y omisiones engañosas sobre el compromiso medioambiental de la compañía".Para Iberdrola, "la generalización de estas prácticas de 'eco postureo' tiene consecuencias en los mercados, ya que termina por erosionar la confianza del consumidor en las iniciativas de sostenibilidad y socava los esfuerzos de las empresas que realmente estamos trabajando por construir un mundo más sostenible".Por su parte, fuentes de Repsol consultadas por Europa Press defienden que su estrategia y su propuesta de valor a los clientes "son únicas en la Península Ibérica y han generado nerviosismo en Iberdrola, una empresa que no está acostumbrada a manejarse en un marco competitivo, sino más bien a depender de las reglas propias de un mercado eminentemente regulado"."Prueba de ese nerviosismo es la presentación de esta supuesta demanda, carente de fundamento y de la que Repsol no ha sido notificada. Repsol seguirá creciendo en clientes de electricidad y continuará ofreciendo a la sociedad soluciones energéticas de presente y de futuro, como los combustibles renovables, que son vistos por parte de algunos, entre ellos Iberdrola, como una amenaza al discurso, falso, de que la electrificación es la solución única para reducir las emisiones de CO2 en el transporte", han añadido las mismas fuentes.En su escrito, Iberdrola solicita así que se declare que Repsol está llevando a cabo actos de competencia desleal, "condenando a dicha compañía a cesar en la realización de estos, prohibirle su reiteración futura y remover sus efectos".Asimismo, pide que se obligue a la compañía a cesar en dichas conductas y a no reiterarlas en el futuro, además de la remoción de los efectos producidos y a la destrucción de mercaderías, embalajes de productos, cartelería, entregables y folletos publicitarios, correspondencia comercial, videos o grabaciones acústicas, o cualesquiera otros materiales destinados a hacer llegar a los consumidores los contenidos publicitados.También, en caso de sentencia a su favor, exige publicar la sentencia en su página web corporativa, y en radio y televisión, al menos una vez al día durante una semana, en los mismos canales y la misma franja horaria y duración que tuvieron los contenidos declarados ilícitos, así como en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional, y en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr y TikTok).Según Iberdrola, Repsol es una compañía dedicada "principalmente a la exploración, explotación y comercialización de combustibles fósiles altamente contaminantes, teniendo en cuenta sus magnitudes económicas".En este sentido, la eléctrica recoge que en el año 2022 Repsol ha aumentado sus emisiones de CO2 en un 16%, "siendo el mayor emisor de CO2 de España, que ha destinado el 82% de sus inversiones a combustibles fósiles y solo el 0,82% a la producción de energía renovable en 2022 y que "tan solo el 0,4% de sus ingresos provienen de actividades de generación renovable en 2022". Además, recuerda que Repsol ha sido ya sancionada en dos ocasiones por 'greenwashing' por las autoridades de Reino Unido.De su lado, fuentes de Repsol destacaron que el grupo "se ha convertido en tan solo cinco años en una compañía multienergética, con una oferta comercial única en España que incluye ahorros a sus clientes y capacidad para satisfacer las necesidades energéticas y de movilidad de cualquier persona".A este respecto, recuerdan que el año pasado sumaron 246.000 nuevos clientes de electricidad en España -el operador con más altas en 2023- y superaron los 2,1 millones de clientes, situándose como la cuarta comercializadora del país.Además, señalan que en generación renovable la compañía -que en 2019 fue la primera empresa del sector en asumir el compromiso de ser cero emisiones netas en 2050- cuenta con 2.800 megavatios (MW) de capacidad instalada en España y, en el sector de la recarga eléctrica, ha firmado importantes contratos con empresas relevantes y tiene más de 1.700 puntos operativos."A esto se suma su red de estaciones de servicio, con más de 3.300 puntos repartidos por todo el país, donde ha iniciado el despliegue de combustibles 100% renovables; la aplicación Waylet, que llega a casi 8 millones de usuarios y ofrece todo tipo de ofertas, bienes y servicios; y el inicio, en octubre de 2023, de la producción de hidrógeno renovable, una de las vías para la descarbonización de los grandes centros industriales", añadieron.La Directiva sobre empoderamiento de los consumidores para la transición verde, introduce normas específicas para hacer frente a las prácticas comerciales desleales que inducen a error, como el 'greenwashing'.Asimismo, el Reglamento de Taxonomía europeo señala la exigencia de canalizar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, por lo que se deben los obstáculos a una circulación del capital a inversiones sostenibles, como sería el 'greenwashing'.
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El director de Frontex anuncia que viajará próximamente a Canarias ante la situación migratoria que califica como "muy preocupante"
El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, anunció este lunes que tiene previsto viajar próximamente a Canarias, donde existe una "muy preocupante" situación por el aumento de las llegadas de migrantes irregulares e indicó que la agencia europea está preparada para ayudar más a España, si así lo solicita.Leijtens compareció ante los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara para hablar de las operaciones de Frontex en el Mediterráneo, en particular en Grecia.El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos le preguntó sobre la situación en Canarias, que Leijtens calificó de "muy preocupante".Explicó que aunque se ha producido un "descenso del flujo" migratorio en el Mediterráneo Central, las cifras de migrantes irregulares han aumentado tanto en la parte este del Mediterráneo como en "el resto de la zona de África Occidental, a través de las Canarias"."Estamos en estrecho contacto con las autoridades españolas para averiguar si necesitan nuestra ayuda. De momento esa ayuda ha sido limitada pero, teniendo en cuenta la tragedia que está ocurriendo, estamos a su disposición. Pero necesitamos su solicitud antes", indicó el jefe de Frontex.Añadió que la agencia europea de fronteras está "en contacto" con las autoridades españolas y que él mismo tiene previsto desplazarse a Canarias "dentro de poco".A finales de enero el Ministerio del Interior y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) firmaron los planes operativos para las dos operaciones conjuntas que desarrollarán en 2024, una para el Mediterráneo occidental (la denominada Indalo) y otra que afecta a Canarias.Fuentes del Ministerio español del Interior indicaron entonces que con esta firma se retomaba la colaboración con la agencia europea con la que España "mantiene desde hace años una estrecha cooperación en materia de inmigración irregular".Entre el 1 de enero y el 29 de febrero pasados llegaron a Canarias en 181 cayucos y pateras 11.932 migrantes, frente a los 1.865 del año pasado
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Más de un millar de ertzainas se manifiestan de forma ruidosa en Bilbao por un convenio "digno"
Más de un millar de ertzainas se han manifestado esta tarde, a pie y de forma ruidosa en Bilbao, haciendo sonar bocinas, convocados por el colectivo asindical 'Ertzainas en lucha' y por el sindicato Euspel, en demanda de un convenio "digno". Tras una pancarta con el texto 'Por un convenio digno. 12 años sin convenio. Akordio duin baten alde', firmada por 'Ertzainas en lucha', la marcha ha partido a las cinco de la tarde de la sede de EiTB, para recorrer la Avenida Sabino Arana, la Gran vía, y acabar en Jardines de Albia, junto a la sede del PNV.A la cabeza de la manifestación, desde un vehículo se han lanzado lemas como "Sin negociación, no hay solución', mientras los participantes hacían sonar numerosas bocinas.El portavoz de Euspel, Joseba Saralegi, ha explicado que la movilización se lleva a cabo para luchar "por lo que se lleva muchos meses peleando: seguir trabajando para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la Ertzaintza". Además, ha transmitido al Gobierno vasco el mensaje de que los agentes que siguen firmes en su idea de negociar y poner sobre la mesa todas sus reivindicaciones, aunque ha lamentado que hace 15 días les han "expulsado" de las negociaciones."Estamos defraudados con todos los partidos políticos, sin excepción, y no vamos a permitir que nos utilicen de conejillo de indias y de señuelo para atraer a unos y a otros. Somos trabajadores del Gobierno vasco y nuestra idea es no parar de movilizarnos por nuestras demandas antes y después de las elecciones. Estamos convencidos que al final lo vamos a lograr", ha aseverado.Respecto a si el Departamento de Seguridad les ha dado algún tipo de explicación sobre los incidentes ocurridos con motivo de partidos de fútbol y otros eventos multitudinarios, en los que varios ertzainas resultaron heridos, Saralegi ha lamentado que la interlocución con el Departamento de seguridad ha sido "baldía"."Cuando nosotros nos hemos sentado para hablar, para negociar y para explicarnos, han dicho que había que pararlo, dejarlo en stand-by por el mal clima sindical, porque la Ertzaintza estaba en la calle en un conflicto y que, de momento, de todo lo que habíamos hablado, no se iba a hablar de nada. Entonces, la pelota en el tejado la tiene el departamento de seguridad", ha manifestado.Dicho esto, se ha mostrado abierto a hablar con la consejería dirigida por Josu Erkoreka. "Por eso está aquí una representación del colectivo, para decirle que seguimos con ganas. Porque nos hayan dicho que no, nosotros insistimos en confiar que tiene que ser un sí, pero está claro, va a ser muy complicado cuando el otro interlocutor no quiera hablar contigo, el problema viene ahí", ha indicado.Por ello, ha insistido en mostrar la voluntad de negociación del colectivo de ertzainas, que no va a parar de reclamar mejoras laborales. Para ello, tienen diseñada una "hoja de ruta" con sus movilizaciones para ir activando al colectivo.
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