El Ayuntamiento de Motril no cederá el estadio municipal a Luis Rubiales y sus amigos para que disputen el partido que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol había anunciado. Rubiales había pedido jugar el partido entre sus amigos en el estadio municipal Escribano Castilla de Motril, a las 20:30 horas de este sábado, a puerta abierta, a pesar de los problemas de seguridad que podría suponer ante la concentración de grupos feministas para protestar contra el presidente. Finalmente, el Ayuntamiento de Motril ha suspendido "dentro de las competencias municipales" de las que dispone, el partido de fútbol organizado por el CF Motril que se iba a celebrar esta tarde en el recinto deportivo.En un comunicado emitido por el Consistorio, la institución justifica su decisión "ante la posibilidad de que se produzcan actos que puedan suponer un posible delito de alteración del orden público". Así, "dentro de las competencias municipales​ se procede a la suspensión del partido de fútbol organizado por el CF Motril que se iba a celebrar esta tarde en el Estadio Municipal Escribano Castilla".💥 ÚLTIMA HORA | Comunicado del Ayuntamiento de Motril🚨 El ayuntamiento retira el permiso para jugar el partido de fútbol "Amigos de Rubiales" esta tarde en las instalaciones municipales 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/xnH82LB3VI— El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 26, 2023 Diversas asociaciones feministas habían convocado una concentración esta tarde en Motril para expresar su protesta por el beso en la boca "sin consentimiento" que le dio a la jugadora selección española Jennifer Hermoso en la final del Mundial. El encuentro, que contaba con el apoyo de los clubes Motril CF, CD Costa Tropical y Puerto de Motril, se iba a celebrar a puerta cerrada."Por razones de seguridad"Los organizadores aseguraban que el partido estaba "programado para jugar en el Polideportivo desde hace varios meses entre un grupo de compañeros y amigos de Luis Rubiales, como hacen desde hace mucho tiempo, coincidiendo con las vacaciones de la RFEF", pero precisaron que los acontecimientos de última hora y los actos convocados por distintas asociaciones a la puerta de la instalación deportiva "han hecho que lo cambiemos de sitio y hora".Según apunta el Ideal de Granada, Rubiales había hablado con la alcaldesa de Motril, García Chamorro, para pedirle que les deje jugar a puertas abiertas como estaba previsto, enarbolando "la defensa de la libertad en todos los ámbitos". El presidente de la RFEF le escribió: "Estoy en una situación compleja en la que defiendo la verdad y la libertad, no puedo dejar de hacerlo cuando pienso que me puede perjudicar: si alguien quiere pitarme o abuchearme, que pueda hacerlo libremente, a vosotros no os va a afectar directamente. Otros habrá que aplaudan porque piensen que lo que me hacen es una cacería".El Gobierno diseña ahora un desalojo exprés de Rubiales para detonar su remota vía de escapeAlejandro RequeijoEl Ejecutivo prevé suspender al presidente de la RFEF a mediados de la semana que viene. Un informe de Justicia sostiene que la apertura de una causa penal frena el proceso sancionador del CSD ante el TADEl propio Luis Rubiales había anunciado con euforia que iba a volver a retomar sus orígenes en Motril. "Me pondré de nuevo la camiseta del Motril CF en el polideportivo para volver a jugar con los compañeros con los que empecé hace casi 40 años, cuando era un crío de cuatro o cinco: con todos ellos". Finalmente, el partido se suspende y no se jugará ni a puerta abierta ni a puerta cerrada.

Al menos dos de los heridos han tenido que ser evacuados en helicóptero.

Macron certifica el final de la Françafrique, un concepte geopolític històric que plasmava la influència de París a les antigues colònies africanes. 

El Granollers ha marxat de dos després del descans i ha sabut administrar aquest avantatge

   Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido muy grave, con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, en una explosión registrada sobre las 19.10 horas de este domingo en un inmueble en la avenida Jaime I de Alicante.

Según ha confirmado la organización, tiene las imágenes y está tratando de hablar con la familia de la agredida. Leer

El sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo 24 de septiembre de 2023 ha dejado dos acertantes de primera categoría (cinco números más la clave), que se reparten el bote: 3,3 millones de euros para cada uno.

Un coreano prueba la paella por primera vez y reacciona con estas caras: "Vaya delicatesen"¿Necesitas una paella auténtica? Estas son nuestras favoritas dentro y fuera de ValenciaLa paella es un plato muy característico de la cocina española, y más concretamente de la valenciana, aunque su popularidad se ha extendido mucho más allá de nuestras fronteras, a veces con mejor fortuna que otras. No solo es posible encontrar este plato en restaurantes de numerosos países, sino que hay quienes se atreven a prepararla ellos mismos por muy lejos que estén de España.Eso es lo que han hecho los españoles @yosoyrebo y @sebasnf, que residen en Miami y han querido demostrar que pueden preparar una paella con ingredientes adquiridos en supermercados de Estados Unidos. Al final, consiguen hacer realidad una completa y enorme paella para 10 personas, habiendo invertido únicamente 50,59 dólares (47,48 euros al cambio actual). Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A Rebo

Els dos jugadors matalassers tenien comptes pendents amb l'equip blanc, però en el derbi els han resolt en forma de gol

"La estructura de la empresa y de la familia se han de desarrollar de forma paralela y simultánea", concluye en esta tribuna el consejero de familias empresarias Jordi Tarragona. Leer

El joven exbanquero, desconocido entre las bases del partido hasta hace un mes, tomará el relevo a Alexis Tsipras. Leer

Debido a la gravedad del herido, ha sido trasladado al hospital de La Fe de Valencia.

“Todos vinimos a Túnez pensando que podríamos tener algo mejor para nuestra familia. Sin embargo, aquí no podemos. Ni trabajar ni respirar. Aquí no somos bien recibidos. Ni siquiera lo ocultan”, dice Fátima*, migrante subsahariana de 32 años, rescatada por Médicos Sin Fronteras (MSF) en aguas del Mediterráneo por el barco de esta ONG. Sus palabras reflejan la realidad vivida por miles de personas en Túnez, adonde llegan huyendo de la pobreza, los conflictos o la persecución en países del África subsahariana. Pero Túnez también se ha convertido en un territorio hostil para los migrantes, que buscan una vida mejor allí o esperan cruzar el Mediterráneo para alcanzar las costas europeas. El país norteafricano se ha convertido en el principal punto de partida de los que intentan llegar a Europa a través de la ruta del Mediterráneo central, superando a Libia. En los primeros seis meses de 2023, el 53% de las personas que llegaron a Italia vía mar embarcaron en Túnez, el doble que en el mismo periodo del año anterior. MSF ha recogido los testimonios de esos migrantes que sufrieron torturas, abusos, detenciones arbitrarias, expulsiones al desierto y ataques racistas en el país árabe, donde desde febrero las autoridades han fomentado un discurso de odio contra los negros.Fátima fue una de las 421 personas rescatadas en el Mediterráneo central por el barco de MSF, Geo Barents, entre el 15 y 16 de julio de 2023. Dos días en los que los equipos de la ONG realizaron once operaciones consecutivas de rescate, debido a la gran cantidad de embarcaciones que partían desde Sfax (Túnez). Esos mismos días, la UE y el país norteafricano firmaban un acuerdo millonario para frenar la inmigración.“Dicho acuerdo amparará con impunidad y sistematizará la violencia contra los migrantes en Túnez, y convierte a la UE en cómplice de sus muertes y abusos. Estas políticas migratorias irresponsables ponen en último lugar el bienestar y los derechos de las personas en movimiento y las atrapan en ciclos de violencia, abuso y desesperación”, denuncia en un comunicado Juan Matías Gil, coordinador general de Operaciones en el Mediterráneo de MSF. El acuerdo ha sido cuestionado por la Defensora del Pueblo de la UE debido a la falta de garantías sobre los derechos humanos y también por varios estados miembros y los grupos políticos de la izquierda. Sin embargo, Bruselas desbloqueó el viernes 127 millones de euros "en apoyo de la aplicación del Memorándum de Entendimiento (ME) sobre una asociación estratégica y global entre la UE y Túnez". De ese monto, 60 millones corresponden a programas que ya estaban en marcha mientras que el resto irán destinados al control migratorio: 24,7 millones ya aparecían en programas de 2022 y 42 millones forman parte de un paquete de 105 millones incluido en el memorando.“Este nuevo paquete proporcionará el reequipamiento de buques de búsqueda y rescate, vehículos y otros equipos para la guardia costera y la marina tunecinas, la protección de los migrantes en Túnez en cooperación con el CDHNU y el retorno y la reintegración desde Túnez a los países de origen, en cooperación con la OIM. También está previsto el suministro de nuevas embarcaciones, cámaras térmicas y otras ayudas operativas, junto con la formación necesaria”, según un comunicado de la Comisión Europea.La asociación de la UE con Túnez ha seguido adelante a pesar de las violaciones de los derechos humanos e, incluso, de las expulsiones de cientos de migrantes y su abandono en el desierto en las fronteras con Argelia o Libia, donde muchos de ellos fallecieron por deshidratación en verano. La foto de Matyla Dosso y su hija de seis años muertas sobre la arena del Sáhara dio la vuelta al mundo y puso cara a las consecuencias de las políticas racistas del presidente tunecino, Kais Said. “Antes de que hablara el presidente, Túnez ya estaba mal. Cuando habló diciendo que los negros tenían que volver [a su país], todo empeoró”, explica Fátima, refiriéndose a las palabras pronunciadas por Said el 21 de febrero. En un discurso incendiario y racista, el mandatario afirmó que la migración irregular procedente del África subsahariana tenía como objetivo cambiar la identidad de Túnez, lo cual provocó una ola de ataques por parte de los propios ciudadanos y también campañas de arrestos de las fuerzas de seguridad.Achille, rescatado en julio por MSF, recuerda la sensación de que algo iba mal, a la mañana siguiente de que Said pronunciara su discurso. Cuando cogió el autobús para ir a trabajar, no vio a otros africanos negros. “En un momento dado, alguien del autobús golpea mi teléfono contra el suelo y empieza a pegarme mientras la policía, que estaba cerca, no hacía nada. Me sacaron a rastras del autobús y siguieron golpeándome por la calle y algunos me apuñalaron con un destornillador”, cuenta a la ONG.“Fue la población la que nos desalojó de nuestra casa en Sfax. Vinieron con machetes; empezaron a romper las puertas, a golpear, a asaltar las casas. Para ver si había dinero. Empezaron a tirar nuestros colchones para ver si teníamos dinero escondido. Lo dejamos todo”, recuerda una mujer de 34 años rescatada por el Geo Barents en julio.Entre el desierto del Sáhara y el mar Mediterráneo, sólo queda la violencia para los migrantes subsaharianos y la deshumanización en Túnez. “Túnez es otro mundo. Cuando caminas, la gente te escupe. Se tapan la nariz como si olieras mal. El negro allí no tiene ningún valor. Los animales son más respetados”, dice una mujer de 32 años a MSF. Expulsados al desierto y perseguidos dentro del país, muchas personas sólo tienen la opción de cruzar el Mediterráneo. Pero ni en el mar consiguen escapar de la violencia. “En abril fue mi tercer intento. Estábamos sólo a seis kilómetros de la orilla […] y había pescadores. Vinieron y nos detuvieron por la fuerza. Intentaron quitarnos el motor. Permanecimos cuatro días en el agua. Íbamos a la deriva. El agua nos arrastraba. Los pescadores se llevaron el motor para venderlo”, recuerda un joven de 16 años rescatado por la ONG. En los primeros meses de 2023, los hospitales, tanatorios y cementerios de Túnez no daban abasto debido al gran número de migrantes que naufragaron al intentaban cruzar el Mediterráneo. A principios de mayo, más de 300 cadáveres llegaron a las costas tunecinas, sólo en la región de Sfax. Sin embargo, el peligro que acecha en el mar parece ser la única vía de escape de la violencia en tierra de Túnez. Achille lo tiene claro: “Túnez no es un lugar seguro para las personas negras”. “A todos mis hermanos negros les desaconsejo encarecidamente que vayan a Túnez. No es un lugar seguro. Hay un racismo extremo. Nunca fue mi intención cruzar el mar. Jamás. Para mí cruzar el mar era un riesgo enorme”.Otro migrante afirma a MSF que prefiere arriesgarse a perecer en el Mediterráneo: "Prefiero morir en el mar que volver a Túnez. Todo es difícil allí. La policía no nos deja [en paz], los tunecinos no nos dejan [en paz]".*Nombre ficticio para proteger la identidad de la persona.

Si se encontrara en paro, ¿dónde buscaría empleo? Y, si fuera una empresa con una vacante, ¿dónde publicaría la oferta para cubrir el puesto de trabajo? Si se le ocurren varias opciones antes que acudir a los servicios públicos de empleo, replica una situación frecuente, consecuencia y lastre de uno de los problemas laborales que generan más consenso: las deficiencias del SEPE y los servicios de empleo de cada comunidad. Sindicatos, empresarios y expertos coinciden en la urgencia de un cambio sustancial de este servicio público en un país con más de 2,7 millones de personas desempleadas, algo menos del 12% de paro, la tasa más alta de la Unión Europea. "Estamos más ante un registro de parados que ante un servicio de empleo", resumía esta semana Pepe Álvarez, líder de UGT, que reclamaba que las oficinas públicas acompañen a las personas desempleadas en la elaboración de un currículum, en la orientación personalizada para saber a qué sectores dirigirse y dónde hay más oportunidades de empleo para ellas, así como en la formación para ampliar sus conocimientos hasta que encuentran el siguiente trabajo.Los servicios públicos de empleo tienen dos caras para las personas en paro. Por un lado, el SEPE –organismo estatal–, que gestiona la protección por desempleo a los ciudadanos, ya sea la prestación o algún otro tipo de subsidio. Es lo que se conoce como la política "pasiva" del desempleo. Por otro lado, están las oficinas públicas de empleo de cada comunidad autónoma, que son las que tienen las competencias en las políticas "activas" de empleo, las que deberían ayudar a las personas a encontrar un nuevo trabajo.Esta segunda faceta es la que, desde hace muchos años, especialistas en el mercado laboral, organismos como el Banco de España y la AIReF, empresarios y sindicatos advierten de que tiene un amplio margen de mejora. Aunque hay varias maneras de calcularlo, se estima que los servicios públicos intermedian en entre un 2% y un 4% de las colocaciones en el mercado laboral. Es decir, que la inmensa mayoría de ellas se fraguan en otros ámbitos: a través de conocidos, por ofertas en otros portales de empleo, en ETT, etc. El Gobierno de coalición aprobó en la pasada legislatura una nueva Ley de Empleo, que busca modernizar estos servicios públicos, con la transformación del SEPE en una 'Agencia Española de Empleo', y plantea un enfoque más personalizado para la inserción laboral a través de las políticas activas, pero sindicatos y patronal consideran que es "insuficiente". "La ley tiene buenas intenciones, veremos los resultados, pero sobre todo tiene que desarrollarse en planes concretos y políticas presupuestarias para hacerlos posibles", explica Raúl Olmos, de la secretaría de Acción Sindical de CCOO. De momento, varias cuestiones clave están pendientes de desarrollo reglamentario, como la estructura de la nueva Agencia, que se ha visto atrasada por la convocatoria de las pasadas elecciones y la espera para la formación del próximo Gobierno.Santiago estuvo unos diez años en paro. Dedicado al sector de la hostelería y afectado por la pasada crisis financiera, que le pilló con una edad avanzada, no logró reengancharse de nuevo de manera estable al mercado laboral. "Me salían trabajillos, una semana, tres meses, seis meses... Iba haciendo lo que podía, pero casi todo me lo buscaba yo, de conocidos, empresas de trabajo temporal, portales de empleo... Apenas me llegaban cosas de la oficina pública de empleo", explica el hombre, jubilado hace un año. Rocío, en la treintena y que busca trabajo en el sector audiovisual y periodístico, está en una situación similar. "Llevo ocho meses y apenas me han contactado de la oficina de empleo. Oferta de empleo me ha llegado una y no se ajustaba mucho a mi perfil. Cursos de formación sí, te mandan muchísimos, que tampoco lo veo muy útil porque genera cierto agobio", explica. Hizo un curso, que se suponía que tenía un periodo de prácticas entre julio y diciembre. "Pero no sabemos nada aún. Yo tampoco lo hice por las prácticas, ni esperaba mucho de ellas, pero hay gente que sí, que está esperando y no sabemos nada", añade. No ha sido la primera experiencia de Rocío con los servicios públicos de empleo, con una ficha como demandante de empleo de "hace 13 años" y ahora simplemente han vuelto a activar su perfil, sin una revisión ni orientación para ajustarse a su situación actual, explica la afectada. "Creo que la gente de la oficina pública no tiene ni idea de cuál es mi perfil y la sensación es que no vas a encontrar ahí ofertas interesantes, que vas a ver mejor cómo está el mercado laboral en tu sector a través de LinkedIn o conocidos". Carmen (nombre ficticio) acaba de acudir por primera vez al SEPE a tramitar el paro, para lo que ha pasado "mucho agobio" por la dificultad para coger citas en Madrid, algo que también ha sufrido Rocío. "Es muy angustioso porque se te pasan los 15 días que te dan de plazo y no consigues cita, se pasa mal", explica. En caso de dudas, como sobre si pueden hacer algunas colaboraciones o trabajos a tiempo parcial mientras perciben el paro, ambas trabajadoras acuden a una gestoría. "Pero entiendo que no todo el mundo pueda permitírsela", afirma Carmen.En su caso, le hicieron una entrevista en la oficina pública de la comunidad para activar su perfil como demandante de empleo. "Te van preguntando qué has estudiado, qué idiomas hablas, otros perfiles que te interesen... La persona que me atendió fue super amable y la entrevista fue muy bien, creo que hacen lo que pueden", sostiene la joven, menor de 35 años. En principio, no le hablaron de ninguna próxima visita, ni tiene una persona de referencia como orientadora en la oficina pública de empleo. "Tengo que ir a sellar el paro y me han dicho que me llegará alguna oferta y cursos de formación, pero los que he recibido de momento no me han cuadrado", cuenta.Las tres personas consultadas explican que no miran en las oficinas públicas para buscar empleo (o apenas lo hacían), con la sensación de que ahí no hay muchas oportunidades para ellas. Pero no solo es una sensación. Más allá de la falta de orientación o acompañamiento por parte de los servicios públicos, la realidad es que hay muchas empresas que no comunican al SEPE ni a sus oficinas territoriales sus puestos vacantes. Ni siquiera en un momento como el actual en el que las patronales se están quejando de dificultades para encontrar trabajadores en varios sectores, como la construcción y la hostelería, en ocasiones debido a las malas condiciones laborales que se ofertan. La patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme apuntaba esta semana que siete de cada diez empresas respondía en una reciente encuesta (entre 200 compañías) que tenían dificultades para encontrar personal. Al ser preguntadas por qué fórmula utilizaban para buscarlo, solo el 9% afirmaba acudir a los servicios públicos de empleo, frente al 45% que recurría a "contactos personales" y un 29%, a "portales de internet y redes sociales". El sector de la construcción, uno de los que más están advirtiendo de los puestos sin cubrir, realizó una encuesta similar a través de su Fundación Laboral formada por los sindicatos y la patronal, aunque más ambiciosa, entre 1.000 compañías. En este caso, solo un 23% recurría al SEPE, mientras las fórmulas favoritas volvían a ser los amigos/familiares y otros portales de empleo. La Ley de Empleo prevé regular la comunicación de las vacantes por parte de las empresas, pero es un elemento que quedó descafeinado en la norma y se dejó finalmente a expensas de desarrollo reglamentario. "En la gran mayoría de Europa, las empresas están obligadas a comunicar sus vacantes a los servicios públicos de empleo, algo que no tiene que ver con ningún otro tipo de fiscalización, sino que es necesario para que estos puedan funcionar", afirma Raúl Olmos. Françoise Calvo, representante de UGT en el SEPE, advierte de que los cambios normativos deben ir acompañados de refuerzos de personal, así como mejoras tecnológicas para poder llevarse a cabo. "Tenemos un sistema informático de hace 30 años, que necesita un cambio radical. Se cae constantemente el sistema y no podemos trabajar", afirma. En CCOO consideran que es clave la inversión de los fondos europeos para la modernización y digitalización de los servicios públicos de empleo, pero también mucha inversión estructural, permanente a futuro, para reforzar el personal con orientadores y posibilitar una atención más personalizada.

Noralba Galvis suele regresar a su aldea en la selva colombiana con provisiones frescas de arroz, carne, sal y otros alimentos metidos en bolsas. Sin embargo, hoy, cuando esta mujer de 40 años se sube a una barca para emprender el viaje de dos horas por el río Putumayo, sólo lleva una caja de cartón."Mi madre me dio estos pollitos", explica: "Los pollos son un excelente recurso en momentos de emergencia como éste, cuando ya no queda nada más que comer". Como la mayoría de los campesinos del Putumayo -un extenso departamento del sur donde los Andes se unen con el Amazonas y donde Colombia limita con Ecuador y Perú-, Galvis depende de la venta de coca para ganarse la vida.A pesar de los esfuerzos realizados durante décadas por los sucesivos gobiernos colombianos para erradicar la planta verde con la que se elabora la cocaína, desde la década de los noventa se cultiva en las zonas más remotas del país.Si las familias de la región no cultivan coca, es muy probable que trabajen en los campos deshojando la planta o en laboratorios rudimentarios que la transforman a través de un proceso químico en polvo blanco. Muchos han abandonado por completo el cultivo de alimentos para centrarse en este pequeño arbusto verde y dependen de los compradores de coca para obtener ingresos.Desde hace tres meses no llega ningún comprador a la aldea de Galvis, lo que hunde aún más en la pobreza a su familia y a casi medio millón de hogares más."Para la mayoría de nosotros, la coca es nuestro único ingreso", cuenta Galvis, que es la representante de la comunidad de una aldea remota en la que viven 50 familias. "En estos momentos, nadie compra coca y muchas madres estamos pasando hambre".Tras tres años de precios al alza, en los últimos doce meses el mercado de la coca en Colombia se ha desplomado inexplicablemente. Esta situación ha propiciado que funcionarios gubernamentales y expertos en crimen organizado especulen sobre los motivos que han llevado a los cárteles a dejar de comprar.Mientras los expertos se preguntan si el colapso del mercado ha sido provocado por el auge del fentanilo en Estados Unidos, por la intromisión de los cárteles mexicanos en el tráfico de drogas en Colombia o por un simple exceso de oferta en el mercado, muchas familias colombianas se preguntan si serán capaces de pagar la próxima bolsa de arroz.La caída de los precios ha sido tan drástica y repentina que ha suscitado la preocupación del Gobierno colombiano y de organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que temen que pueda provocar una hambruna generalizada."La coca es el sustento de muchas familias. Durante varias décadas ha sido el recurso al que la gente ha recurrido en tiempos de crisis, como cuando fallan otros cultivos. Así que la pregunta es: ¿A qué pueden recurrir ahora?", dice Elizabeth Dickinson, analista principal para Colombia del International Crisis Group, una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que contribuyan a la construcción de la paz.Unos 400.000 hogares dependen del cultivo de coca para subsistir, pero en departamentos como Cauca, en el centro de Colombia, el precio de la base de coca, que representa el primer paso en la elaboración de la cocaína, se ha reducido casi a la mitad, pasando de 0,70 euros el gramo a la mitad.Como el valor de mercado de la coca se ha desplomado, el coste de los pesticidas, la gasolina y los productos químicos utilizados para fabricar la base de cocaína se ha disparado. También lo han hecho los precios de los alimentos.En comunidades como la de Galvis, el comprador de coca que venía todas las semanas empezó a venir solo una vez al mes y luego desapareció por completo. Ahora las familias se preguntan ansiosas cuándo volverá. "Aquí las cosas nunca son fáciles. La coca es una forma incómoda de sobrevivir, pero ahora ni siquiera tenemos esta posibilidad", lamenta Galvis, madre de tres hijos, mientras sirve una ración de pollo con arroz en un plato de metal a su hijo de cuatro años.Según cálculos de la ONU, la producción de coca en la región del Putumayo se disparó un 77% el año pasado, contribuyendo a aumentar la producción nacional de cocaína un 24%, hasta 1.738 toneladas, el nivel más alto en más de 20 años.El tráfico ilícito de cocaína genera miles de millones de dólares, que en Colombia han perpetuado seis décadas de conflicto entre guerrillas armadas, escuadrones de la muerte paramilitares y el Ejército nacional. Lo cierto es que apenas una pequeña parte de esa riqueza ha llegado a los asentamientos de la selva donde comienza la ruta de la droga.En la aldea de Galvis, donde los habitantes viven a horas de distancia del pueblo más cercano en desvencijadas chozas de madera, hay poca presencia del Estado. Sacan el agua de un pozo y construyen sus propios puentes de hormigón y tablones de madera.Meily Calderón, de 50 años, explica que los cocaleros viven con el miedo constante a la violencia, pero siguen adelante con este negocio, ya que es la única forma de ganarse la vida dignamente.Un kilo de plátano cuesta unos 15.000 pesos (3,5 euros) en el mercado más cercano, pero cuando el agricultor ha pagado para que lo arrastren por la selva en una mula y para que un barco lo transporte río arriba, sólo le quedan unos 6.000 pesos (1,3 euros). "¿Qué se supone que vas a hacer con 6.000 pesos?", se pregunta Calderón mientras camina por un claro del bosque lleno de hileras e hileras de plantas de coca listas para ser cosechadas.Las plantaciones alcanzaron la madurez para la cosecha hace semanas pero, al no tener compradores, las familias no han cortado las plantas.Los efectos de la crisis de la coca también se han extendido más allá de los campos y han afectado a las capitales regionales. Tras tres años de subida de los precios de la coca, la ciudad de Puerto Asís se ha llenado de nuevos restaurantes y bares. Los propietarios de pequeños negocios indican que, a medida que el dinero de la coca se va agotando, la economía local se ralentiza."Muchos de mis amigos que estudian en Puerto Asís han dejado de venir a clase de repente", señala Neider Cortes, estudiante universitario de 20 años. "Sin el dinero que aporta la coca, no pueden pagar este semestre y han tenido que dejar de estudiar".El Gobierno colombiano es consciente de la crisis, pero hasta ahora su respuesta ha sido limitada. Abordar el problema es complicado por la falta de claridad sobre las razones exactas por las que los grupos armados han dejado de comprar coca repentinamente.Un informe publicado recientemente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos enumera 12 teorías principales sobre el desplome del precio de la coca, entre ellas el auge del letal fentanilo en Estados Unidos, que afecta a la demanda de cocaína, y la fragmentación de los cárteles de la droga colombianos en pequeñas empresas que compiten entre sí."Muchas de estas teorías no tienen sentido, ya que el mercado de la cocaína en Estados Unidos es relativamente estable y sigue creciendo en Europa y Asia", afirma Gloria Miranda Espitia, directora de Política de Drogas de Colombia, durante una visita para dialogar con productores de coca en Putumayo. "Por eso pensamos que este es un problema sólo en Colombia y sólo en ciertas regiones, que está asociado a la dinámica de los grupos armados. Hay algunos grupos armados que están logrando vender al mercado internacional y hay otros que no".El Gobierno ve esta crisis como una oportunidad para alejar a los campesinos de la economía ilícita de la coca y de la órbita de los grupos armados. En la aldea de Galvis, los campesinos están retomando cultivos legales como el plátano, la yuca y la caña de azúcar, que fueron sembrados por generaciones anteriores antes de que la coca arrasara la región.Sin embargo, los cocaleros también podrían cambiar fácilmente de una economía ilícita a otra: en las zonas con yacimientos minerales, los campesinos en apuros están abandonando el cultivo de coca por la minería ilegal.Los sucesivos Gobiernos han intentado frenar la producción de coca y acabar con el tráfico de cocaína, pero ni la fumigación con herbicidas desde el cielo ni el pago de dinero a los campesinos para que cultiven alternativas legales han impedido la incesante expansión del cultivo. Ahora que las familias campesinas ya no pueden garantizar que el cultivo de coca les lleve comida a la mesa, Galvis espera que por fin puedan dejar atrás el cultivo y, con él, el conflicto armado."Aunque ahora estemos jodidos, quizá esto pueda ayudar a los campesinos a encontrar de nuevo el camino de vuelta a sus raíces", afirma. "Tal vez esta sea la llamada de atención que necesitábamos".Traducido por Emma Reverter.

Cuando Toni Solano (Montilla, Córdoba, 1968) habla o escribe, el sector educativo escucha con atención. No siempre para darle la razón, pero la opinión del director del Instituto Bovalar, en Castellón, tiene peso. Catedrático de Literatura, algo parecido a un divulgador educativo y escritor, Solano acaba de publicar Aula o Jaula (La esfera de los libros), un ensayo en el que trata de acercar a neófitos al sistema educativo y entra en los grandes debates que cruzan la educación estos años: habla de repetición, de deberes, de contenidos y competencias, del papel de las familias o de cómo el sistema tiende a dejar atrás por la falta de recursos a quien más ayuda necesita.Solano, que acumula una experiencia de 26 años con la tiza, se muestra preocupado por el círculo vicioso que supone la segregación escolar como consecuencia de la segregación social y educativa, critica que la idea detrás del sintagma "cultura del esfuerzo" solo sirve para culpar a los vulnerables de su fracaso, cree que la repetición de curso como tal tiene poca utilidad para la mayoría del alumnado, urge a que la administración actúe contra los problemas de salud mental del alumnado ("los profesores no somos psicólogos") y confiesa que le "duele" cuando ve que un estudiante viene con carencias que le van a llevar a fracasar pero no puede hacer nada porque no tiene los recursos que necesitaría para atenderle como merece.Empiezo con su título. ¿Aula o jaula?Para mí aula. El sueño es que sea aula, no que sea jaula. Jaula muchas veces se entiende en sentido negativo, para evitar que alguien salga. Pero también puede ser en sentido positivo, la jaula también te puede proteger del exterior como cuando bajas a ver los tiburones.¿Y para el alumnado? En el libro reflexiona sobre el interés que despierta ahora la escuela en la juventud.Hemos llegado a este sistema tan fabril, tan de permanencia... Pasa en el trabajo también, te obligan aunque estés perdiendo el tiempo. Para los chavales depende: a la mayoría creo que les gusta estar ahí, socializan y tienen relaciones, pero es verdad que a muchos se les hacen largas las jornadas escolares. Les gustaría estar en otro sitio o que fueran más variadas y versátiles.¿Qué piensa cuando oye eso de que el alumnado ahora sabe menos y llega peor preparado tanto a la Secundaria como a la universidad?Pienso que quien lo dice está utilizando modelos de comparación que no son los que tocan. Es habitual comparar libros de texto, por ejemplo. “Fíjate en los que usábamos antes en 1º de BUP y el de 3º de la ESO, que sería el equivalente”. Están comparando 1º de BUP, donde iba el 30% de la población, con un 3º de la ESO al que va el 90% de la población. Estás comparando el ideal de lo que se daba en clase hace 30 años frente al ideal de lo que las editoriales creen que se debe dar ahora. Que esa es otra, comparamos libros pero luego decimos que no usamos el libro. Se dice: “En mi época yo me sabía todos los afluentes y ahora no saben dónde está Alemania”. ¿Pero tú te das cuenta de que eres una excepción, el triunfador de un sistema? ¿Todos los que estaban en esa clase saben lo mismo que tú? Seguramente no.“No se enseña si no se aprende”, escribe. Últimamente se discute mucho sobre la evaluación. ¿Cuál es su visión sobre cómo valorar lo que se enseña?Esta es una discusión muy habitual. El buen profesor tiene que saber mucho, esto lo tenemos claro, pero a uno le pagan por enseñar, no por saber mucho. Esto se olvida sistemáticamente. “Hay que escoger a los que más saben”, se dice. No, hay que escoger a la gente que sabe, pero también que sepa enseñar. A mí no me pagan por ser buen filólogo, me pagan por ser buen profesor. Yo puedo recitar versos de Quevedo a destajo, pero si al primer alumno que me molesta en educación obligatoria lo echo de clase igual no estoy haciendo bien mi trabajo. Mi labor no es recitar, es conseguir que ese chaval aprecie el valor de Quevedo y lo incorpore a su patrimonio.¿La Lomloe se ha implementado con prisa, sin formar lo suficiente en competencias?El sistema de competencias lleva muchos años...Pero más sobre el papel que real.El problema que subyace es que las leyes, por más que les echemos la culpa, parece que están hechas para que no se cumplan. No digo que todos, pero una ley implantada hace cuatro años sigue siendo una ley en desarrollo que mucha gente no sabe aplicar. Te aseguro que este curso, con tres años ya de Lomloe, todavía hay gente que mantiene sistemas no ya de la LOMCE, sino de la LOGSE. Quizá sea una manera que tiene el profesorado de blindarse ante estos cambios de leyes tan seguidos, que como no llevan aparejada una aportación de recursos para hacerlas efectivas de verdad, para qué te vas a meter a cambiar. Haces lo de siempre. Pero si luego fallan las cosas, le echamos la culpa a una ley que seguramente no estamos aplicando.Otro de los debates recurrentes estos últimos años es el de quienes defienden que se enseñen contenidos frente a quienes están a favor de las competencias. ¿Qué opina? Hay una tendencia a contraponer. Con el carné de conducir hay un examen teórico y otro práctico. Nadie daría el carné solo con uno. Pues lo mismo. Las competencias se desarrollan a través de contenidos. Hay un debate absurdo que dice que quien defiende las competencias quiere enseñar la nada. Es absurdo. Cuando trabajo la literatura sigo trabajando los contenidos. Yo no puedo desarrollar una competencia sin contenido. Lo contrario sí se puede, puedo hacer un enfoque totalmente teórico y no desarrollar ninguna competencia. Tan sencillo como poner un PDF con teoría y mañana examen. Pero hemos llegado a un punto de demonización de las competencias como si fueran algo malo. “Se piensa en el mercado laboral”, se dice. Bueno, la escuela prepara también para el mercado laboral. Es como si hasta ahora la escuela solo hubiera formado eruditos y con las competencias solo formase proletarios.¿Qué pasa en las redes? Hay unos debates entre docentes muy agrio, con fuertes discusiones e insultos personales entre docentes que piensan diferente.Creo que pasa como en el resto de ámbitos, como la política o el deporte. En el momento en el que nos metemos en unas redes que fomentan el odio y mucha gente escribe desde el anonimato... Yo llevo desde 2006 en redes de profesores y esto ha existido siempre, el trol que se metía en los blogs a hacer comentarios faltones. Cuando escribes con tu nombre es otra cosa, no puedes engañar y decir que haces cosas que no estás haciendo. Pero una cuenta anónima puede decir lo que quiera.Y hablando de opiniones, ¿opina demasiado la gente sobre educación? Es un mal común de las ciencias sociales: “Como entiendo de qué se habla, puedo opinar”.El filólogo Emilio Alarcos decía que como todo el mundo sabe hablar se creen filólogos. En educación todo el mundo tiene soluciones sencillas para problemas complejos. Por eso el libro pretende dar a conocer que el sistema educativo es muy complejo. Ahora sale la inteligencia artificial, el acoso... y todo el mundo tiene opiniones: que los expulsen, que los metan en la cárcel. Pero hablamos de menores, tienen derecho a la educación. Las familias tienen mucho que aportar, los profesores a veces nos olvidamos de que detrás de un niño hay una familia y tiene una visión que nosotros no tenemos y pueden ayudar a que vaya mejor. Pero hay una parcela, la profesional, donde nosotros somos los especialistas y ahí no debería ser tan ligera la crítica.Menciona las familias. Se dice a veces que en los últimos años han pasado de alinearse indefectiblemente con el profesor a defender a sus hijos. ¿Tiene esta experiencia?Muy pocas familias tienen esa visión de negarle las razones al colegio y dárselas al hijo. Hay familias que tienen una visión parcial porque solo cuentan con la versión del hijo, pero ahí fallamos nosotros si no somos capaces de darles la visión completa. Cuando no convocamos a la familia y le explicamos. Nos falta dar más transparencia a la gestión para que las familias estén de nuestro lado.¿Qué le frustra más como director?La falta de recursos. Lo que más nos duele es ver un alumno que entra en 1º de la ESO, que ves que tiene unas carencias y que estaría bien atendido en un grupo reducido y con una persona de apoyo, pero lo tienes en una clase de 30 sin apoyos. Y vas viendo que va a fracasar y al final se consuma. La gran petición que tenemos es una ratio baja porque te permite actuar mejor. También hay problemas que no vamos a poder resolver, como el chaval que no viene nunca a clase por circunstancias. Si no actúa la sociedad y facilita que la marginación social de sus casas se arregle, yo no puedo hacer mucho. Pero hay casos que se podrían resolver con recursos.Siempre se habla de las ratios, pero no acaban de bajar. ¿Cree que quienes toman las decisiones no son conscientes de todo el bien que haría?La ratio está bajando ahora por la bajada de la natalidad y va a favorecer a la concertada, que es donde menos falta hace porque hay menos abandono. Pero es triste que con la diversidad de ahora –que antes no existía– no los puedes tratar igual. Con 30 alumnos en clase no se pueden tratar de manera individualizada, como dice la ley. Y tienes seis grupos, hablamos de 180 alumnos por curso. Es inviable. Al final van cayendo precisamente los que más necesidades tienen, o los que no tienen una familia detrás. La brecha educativa también es social, es evidente. Se salva el que tiene la familia detrás que le da un apoyo, que puede pagar la academia... Es un problema de segregación social. Hay políticas que lo favorecen y otras que no. Las que apuestan por privatización de servicios públicos favorecen esto. El único sistema que no se reserva el derecho de admisión es el público; el concertado y el privado eligen a quién quieren tener.Esta idea de que tu mayor predictor de éxito educativo es el código postal, la familia en la que naces.Hemos pasado 40 años de escuela democrática, eso se tendría que haber corregido un poco.Pero seguimos con la cultura del esfuerzo, como si fuera cuestión de voluntad.Es como las competencias. ¿Quién no va a estar a favor del esfuerzo? Yo soy muy crítico con el sintagma “cultura del esfuerzo” porque esa etiqueta justifica la segregación y la selección a partir del entorno social y económico. Porque cuando dices “cultura del esfuerzo” dices que si alguien fracasa es porque no se ha esforzado lo suficiente. En mi clase se trabaja muchísimo el esfuerzo, pero lo que no hacemos es que esa cultura del esfuerzo se convierta en un listón y el que llegue se ha esforzado y el que no, no. Igual el que no llega al listón es porque le faltan las piernas o lleva una mochila de 50 kilos, pero el que lo ha pasado lleva unos muelles en las zapatillas.Algunas cuestiones recurrentes para acabar. ¿Cuál es su opinión del sistema de repetición, que la Lomloe trata de desligar ahora del mero suspenso de asignaturas?Nosotros este año, por instancia de la inspección, hemos mirado a cuántos ha beneficiado la repetición de curso. Tendría que repasar los datos, pero en 1º y 2º prácticamente en el 80% no sirve para mejorar. Repiten, y al año siguiente obtienen peores resultados y luego se descuelgan. En niveles más altos, 3º y 4º, acertamos alrededor del 50%. Es algo tan aleatorio y tan poco eficaz que no vale la pena. Lo que vale la pena es que el profesorado considere caso a caso si vale la pena que repitan o no. Y nos podemos equivocar, pero no será en función de las asignaturas suspendidas. Habremos estudiado su situación, si ha tenido un mal año, etc. Me sorprende porque nos quejamos de lo poco que se nos considera, y para una vez que nos dejan nos parece mal.Me ha sorprendido que en el libro cuenta que en la secundaria postobligatoria se ha dado un poco la vuelta a la tortilla: la gente satura la FP y en el Bachillerato acaban muchos que van más justos, cuando antes era al revés.Solo hay que fijarse en el auge que están teniendo las empresas de FP privadas. No son tontos, saben dónde apuestan. Cada vez hay más chavales que ven que las salidas profesionales les brindan unas oportunidades que quizá una carrera no, acaban 4º de la ESO con buenas notas y se cogen FP, que les resultan atractivas. Y los que han acabado la ESO con notas más bajitas, que les gustaría una FP, se ven sin plazas. Si tienen dinero, se la pagan en la privada. Si no, en vez de quedarse en casa hacen un Bachillerato general –que es el Bachillerato de los que no quieren hacer Bachillerato– y ya verán. Es extraño. Habría que sacar más plazas de FP.Desde su perspectiva de persona que pasa muchas horas entre adolescentes, ¿qué pasa con la salud mental de los jóvenes? ¿Hay ahora tantos problemas como parece desde fuera o es igual que siempre, pero ahora se visibiliza?Ahora estamos empezando a visibilizarlo. Ha existido siempre y creo que está vinculado a las redes sociales, aunque no soy especialista en el tema. Móviles, redes sociales, hiperconectividad, la sociedad tan competitiva, tan de comparar los físicos, la imagen. Creo que está contribuyendo. Se habla mucho de la pandemia como detonante, pero creo que venía de antes y que ahí hay mucho que hacer. Quizá también muchos chavales han aprendido a no ocultarlo, y eso es bueno.¿Debe la escuela ocuparse de esta cuestión?Le estamos cargando a la escuela muchas cosas que corresponden a servicios sociales o sanitarios, y esta es una de ellas. No somos capaces de diagnosticar. Tiene que venir un profesional a darnos pautas. Nosotros podemos ver cosas raras, pero no podemos hacer de falsos psicólogos, porque igual hacemos algo pensando que está bien pero podemos hundir a un chaval. Hace falta más intervención especializada en los centros. Tendría que haber un psiquiatra que pase al menos una vez a la semana, hay chavales que necesitan terapia. Y no vale decir que eso existe fuera, porque la psiquiatría infantil está desbordadísima y le dan cita en cuatro meses. Pero tú tienes un chaval que igual se ha intentado quitar la vida. Te dicen: “Vigílalo”. ¿Qué le ponemos, una persona a su lado todo el día? ¿A quién? ¿Un profesor? Esto requiere personal especializado, y no de educación, de otros ámbitos.

Llevamos meses en los que la frase “ya no se os puede decir nada” se está convirtiendo, paradójicamemente, en una de las sentencias más dichas del panorama nacional. La han repetido recientemente varios hombres de renombre en canales propios o en entrevistas a medios nacionales con respecto a las mujeres. El caso Rubiales ha terminado por desbordar el hartazgo. Y el ya no es os puede decir nadismo avanza firme e imparable, focalizado en la recuperación de un status previo de supuesta libertad de expresión arrebatada. No creo que la frase en cuestión sea siempre una exhibición de machismo explícito. A veces el emisor simplemente teme ser malinterpretado cuando habla con una mujer. Y si el “ya no se os puede decir nada” se emite desde la duda a resultar molesto puede convertirse en un ejercicio saludable de reflexión. Estos son los casos más extraños, eso sí. Lo habitual es que el “no se os puede decir nada” venga impregnado por la convicción de que la mujer actual es un ser amargado, que se toma todo demasiado en serio y con el que ya no se puede bromear. La convicción de que las feministas del ahora son cofrades del imbatible templo de la moral. Ya, ni siquiera, son capaces de recibir un piropo bienintencionado sin llevarse las manos a la cabeza y las dagas voladoras a Twitter. Esto antes no pasaba, claro. Lo cierto es que normalmente se nos puede decir de todo salvo si es algo soez, grosero o machista. Y he pensado en justo lo contrario, en todo lo que no os hemos podido o querido decir nosotras, en todo lo que no podemos o no queremos seguir diciendo ahora por temor a la reacción ajena. En todo lo que nos hemos callando, vamos. Porque casi todas hemos tenido miedo en algún momento a resultar excesivas. No solo en entornos laborales, también en nuestras relaciones personales. Temor a hablar demasiado. A agobiar. A ser pesadas. A parecer demasiado vulnerables.La consecuencia es que en aras de la tregua o tranquilidad con el otro, o con la sencilla intención de agradar, a veces nos asfixiamos con silencios auto impuestos. Y, en caso de decidirnos a hablar y no obtener la respuesta esperada (algo frecuente), hasta llegamos a pensar que mejor teníamos que haber permanecido calladas, que quizá hemos dicho o hablado demasiado. Incluso nos llegamos a culpabilizar de reacciones externas que no podemos controlar. Mantenemos una vigilancia excesiva sobre todo lo que sale de nuestras bocas.Aquí hay, por tanto, un sinfín de vulnerabilidades de un lado y del otro. Y a nadie le gusta sentirse vulnerable o fuera de lugar, como un Quijote desubicado pilotando una nave espacial. El “no se os puede decir nada” actúa, por tanto, como escudo protector de la vulnerabilidad masculina frente a un tiempo que está cambiando y en el que cada vez nos cuesta menos elevar un poquito la voz. Lo cierto es que el feminismo no es un movimiento de autoayuda, a veces tiene que causar cierto malestar. Sería ideal, en aras de esa tregua o tranquilidad antes mentada, que los hombres fueseis conscientes de vuestro poder y lo utilizaseis, no para quejaros de nuestras quejas, sino para acompañar a las mujeres. Hablando con otros hombres y, por supuesto, hablando con nosotras. Porque sí, se nos pueden decir muchas cosas. 

Ya habrán oído mil veces la frase ingeniosa atribuida a Eugenio D’Ors sobre la vida cultural de la capital: “En Madrid, a las ocho de la tarde, o das una conferencia o te la dan”. Últimamente podemos parafrasearla para hablar de una costumbre también muy madrileña (pues estas cosas casi siempre salen de la capital): “En Madrid, a las ocho de la tarde, o creas un nuevo partido o te lo crean”. O si prefieren, podemos adaptar también el viejo “sujétame el cubata…”Cada poco tiempo alguien se queda sin partido (derrotado internamente, expulsado, desaparecida su formación) y decide, ¡oh, sorpresa!, fundar uno nuevo. Cada poco tiempo un grupo de ex dirigentes políticos, ex cargos públicos, profesores universitarios, columnistas de prensa, profesionales independientes y demás etcéteras se juntan y presentan con toda la ilusión del mundo lo que todos estábamos esperando: ¡un nuevo partido político!Estos días se ha dado la graciosa coincidencia de que se anuncie no uno, sino dos partidos a la vez. Tan parecidos, tan intercambiables en sus planteamientos, que hasta comparten alguno de los firmantes. Ya podían haberse puesto de acuerdo para sumar fuerzas en uno solo, aunque yo no descartaría que lo hubieran intentado sin entenderse, y que uno fuese ya la primera escisión del otro.A un lado tenemos a La Tercera España, nombre de inspiración machadiana (si don Antonio levantase la cabeza…) que se inscribe este lunes como asociación. Hasta ahora lo único que tenemos es un manifiesto (que es también una cosa muy nuestra, firmar un manifiesto como paso previo) entre cuyos firmantes hay ex de Ciudadanos y de UPyD (se hacen idea de por dónde va el asunto), y el periodista ese, el jurista aquel, el filósofo tal y el escritor cual, que me suenan de algo, dónde he visto yo estos nombres antes. ¡Ah, sí, firmantes en su día de manifiestos fundacionales de partidos ya desaparecidos! Parece que hay poco banquillo entre los fundapartidos.Al otro lado, o más bien en el mismo lado, se presenta Nexo, “plataforma de ideas” que se propone impulsar un nuevo “proyecto político” (otro partido, aunque siempre queda mejor lo de “proyecto político”). Entre sus impulsores, ex miembros de Ciudadanos, algunos de los cuales lo fueron antes también de UPyD (se hacen idea de por donde va el asunto). Entre ellos, Francisco Igea, procurador por Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, que también ha firmado el manifiesto de La Tercera España, cosa graciosa que impulses dos partidos al mismo tiempo en la misma semana. En el caso de Nexo, no ha habido manifiesto fundacional, sino un grupo de WhatsApp creado en un bar, confiesa su cara más visible, Edmundo Bal (que también me suena de algo). Yo tenía un amigo de joven que a la cuarta cerveza siempre proponía fundar un partido, menos mal que no había WhatsApp entonces.Los dos partidos son tan intercambiables en sus impulsores y en sus antecedentes, como en sus ideas. Oyes lo que dijeron los de Nexo en su presentación, y lees el manifiesto de La Tercera España, y menos entiendes que no hablaran entre ellos para hacer un solo ridículo en vez de dos. Unos dicen que son progresistas y aspiran a ocupar el centro (no se rían, esperen), y no están “ni con la izquierda ni con la derecha”, “ni rojos ni azules”; que a los que tenemos una edad nos suena a aquellos mecheros de mercadillo que tenían la leyenda: “soy apolítico, lo mismo me da la derecha que los hijos de puta de la izquierda”. Los otros prometen un partido “de izquierda no populista”, “moderno, de corte socialdemócrata, europeo”, hasta que lees su manifiesto, que en su antisanchismo visceral podría firmarlo Feijóo, y donde defienden que el PSOE apoye al PP para que gobierne, y una Gran Coalición, y entonces se entiende todo.Lo más gracioso es que, en este rebañar ex de partidos muertos, los dos le echan la caña a la vieja guardia del PSOE. Edmundo Bal elogia a González y Guerra, y en su presentación estuvo el ex ministro Corcuera. Los de La Tercera España no se quedan atrás: quieren recuperar “los valores de la Transición, universalmente admirada”, y han contactado con Nicolás Redondo Terreros, recientemente expulsado del PSOE. Ilusión y renovación generacional a tope, en ambos casos.Les ahorro enumerar las medidas que unos y otros prometen para “regenerar España”, porque son casi las mismas en ambos casos, pero también las mismas que ya antes ofrecía Ciudadanos, y aún antes UPyD, el corta y pega programático que nunca cesa. Por supuesto, ambos partidos quieren presentarse a las próximas elecciones europeas, que ya sabemos que son como el sorteo del Niño, las que más reparten. A ver si cae algo.

Últimamente siento que toda conversación sobre actualidad termina en las elecciones, mucho más que hace cuatro u ocho años. Se esté hablando de literatura, de tecnología, de sexo, lo que sea: todas las charlas terminan en la gran incógnita. Creo que se trata justamente de eso: por primera vez en mucho tiempo estamos ante una auténtica incógnita, no por el resultado —que siempre es algo que no se sabe— sino porque lo que muchos descubrimos es que realmente no entendemos ni siquiera los términos de la discusión; que las categorías que pensábamos que organizaban las discusiones políticas en Argentina sencillamente ya no las organizan. Desde que voto, más o menos (cumplí 18 años en el 2007), la certeza de que era “la grieta” entre el peronismo y el antiperonismo lo que explicaba los clivajes más importantes de este país me parecía más o menos innegable. Desde siempre escucho a gente quejarse de esto, como si fuera naturalmente más virtuoso o más estético tener un partido de izquierda y un partido de derecha. Cuando muchos de mis amigos con sensibilidades progresistas pero “no peronistas” se preguntaban cuándo aparecería una alternativa por fuera de ese clivaje, no sabía cómo explicarles que esa alternativa no tendría nada que ver con la Argentina: que un partido que no tiene nada que decir sobre el peronismo y el antiperonismo en el fondo no tiene nada que decir sobre las discusiones más calientes de este país, que ese partido con el que soñaban era una especie de tabula rasa que permitiera pensar los problemas argentinos en el idioma de la política de otros países, y que aunque en un sentido fuera necesario, había en esa aspiración una fantasía escapista que en el fondo no lograría ser productiva. No imaginé —mis amigos tampoco— que esa alternativa al antiperonismo clásico del PRO y al peronismo la veríamos en vida, mucho antes de lo que esperábamos, y que de ninguna manera sería una alternativa “para nosotros”. Los candidatos de “la casta” no parecen haberlo imaginado, tampoco, y de hecho tampoco parecen verlo ahora; Bullrich sigue invitándote a su fiestita de terminar con el kirchnerismo, y Rossi invoca el nombre de Astiz para hacer confesar a Victoria Villarruel algo que es perfectamente sabido y que a sus votantes no creo que los motive especialmente (dudo mucho que Milei gane “por” negacionista), pero que es evidente que no les importa ni para bien ni para mal. Los entiendo a ambos, igual, siguiendo en los bailes que conocen y los vocabularios que manejan: es todo muy extraño y yo tampoco sabría qué decir.No suelo escribir sobre política en estos términos tan explícitos porque no tengo nada muy lúcido para decir, pero necesitaba introducir este estado de la cuestión sobre las conversaciones que me rodean para explicar algo que no entiendo sobre Milei y Villarruel, algo en lo que me quedé pensando después de ver unos pedacitos del debate de vices. Hay una parte de todo este asunto (“todo este asunto” vendría a ser la novedad política de La Libertad Avanza) que tiene que ver con la profunda crisis económica que atravesamos, y probablemente sea la parte más importante; pero me gustaría entender, aunque sea un detalle, y quizás porque no creo que lo sea, el cambio cultural que implican estos candidatos. Estuve escuchando el podcast de Moria producido por el equipo de Anfibia para Spotify Originals: es divertidísimo, está muy bien hecho y te da la sensación de que la Argentina tenía que existir para hacer nacer a Moria, porque no podría haber nacido en ningún otro lado y es un ser que el universo no podía perderse. Más allá de todo eso, por supuesto, hay un capítulo en el que se habla de la relación de Moria con Menem, y con el menemismo más en general como proyecto cultural. Se podrían decir mil cosas sobre eso, pero me quedé pensando en el modelo de hombre que vendía Menem, en la vida privada que vendía, en el contraste con De La Rúa que se autodenominaba “aburrido” para dar cuenta de su falta evidente de carisma en la comparación con su predecesor, pero también para presentarse como “serio”. Me quedé pensando en eso porque en algún sentido, el arquetipo Menem y el arquetipo De la Rúa representaban dos formas del varón argentino más o menos aceptadas, el chanta y el formal, el mujeriego y el padre que da miedo; ambos tipos con hijos, con familias en el centro de la escena. Tipos que querían presentarse como normales, encarnar la norma; alguna clase de norma, alguna clase de aspiración posible. En realidad, ni siquiera sé si lo querían, ser normales: el hecho es que lo eran. Volviendo a las conversaciones con mis amigos: si alguna vez en alguna conversación sobre utopías queer alguien soñó con candidatos freaks, monstruosos, sin hijos ni familias convencionales para mostrar en la revista Caras, dudo muchísimo que alguien supusiera que así se cumplirían estas fantasías.  Se viralizó en estos días el video de un militante de Milei, un muchacho muy violento, muy homofóbico, diciendo con una expresión amenazante que él era un hombre al que le gustaban las mujeres, de una manera que, como bien escribió Malena Pichot en Twitter, a una mujer no puede provocarle otra cosa que miedo. Estaba junto a otros muchachos y todos me daban la misma sensación: a esos chicos, cuando yo era chica, los normales les hacían bullying. Villarruel y Milei son gente que predica a favor de vidas supuestamente normales que no llevan, y sus militantes virtuales (que por supuesto, no son representativos de sus votantes, pero de cualquier modo no es un dato menor cómo sean) no tienen el perfil de los ganadores que dicen ser: más bien encarnan esa masculinidad tóxica de internet en la que los varones se enamoran de un ideal que los expulsa, se obsesionan con aquello que son incapaces de encarnar. Hace años que pienso, como muchas otras feministas (porque no descubrí nada) que la pregunta de cómo hablarles a los varones debería estar no solo en el centro de la discusión de género, sino de casi cualquier discusión política contemporánea, y la realidad nos dio la razón; cuando veo a quienes sí logran hablarles e interpelarlos, no obstante, siento que cada vez estoy más lejos de esa respuesta.    

En un gran día para la historia moderna del transporte de viajeros por autobús, miles de votantes del Partido Popular se han manifestado en Madrid para protestar porque no va salir lo que ellos votaron y para darle un gran abrazo al candidato Feijó, apenas unas horas antes de una investidura que ni los suyos creen posibleEn la misma plaza, ideal para convocar cuando no estás muy seguro de llenar, dirigentes populares proclamaron su indignación y cansancio porque tanta gente siga empeñada en votar a otros que no son ellos; pese a haberles advertido durante más de un lustro de los riesgos legales y degeneraciones morales del sanchismo y su gobierno rojosatánico, la voracidad desleal del independentismo, el carácter torticero del nacionalismo, el abismo moral de los filoterroristas, el horror autoritario del feminismo o el ecologismo mal entendidos o el chavismo comunista y socialista agazapado en el turbio corazón de la izquierda española.  Votantes y dirigentes populares acreditaron, en el mismo acto contra las cosas tal y como se han votado, cuánto les unen el asombro y el fastidio al comprobar que, según todas la encuestas publicadas a día de hoy, la inmensa mayoría volvería a votar lo mismo que eligió el 23J –nueve de cada diez según el barómetro del CIS de septiembre 2023–; incluso ahora que muestra su verdadera faz ese maligno poder que maquina la amnistía y sirve a la coalición de horripilantes y temibles enemigos de España que sólo quieren despiezarla y venderla por lotes al mejor postor. Ya lo aclaró Aznar ante sus fieles congregados: no hay excusa posible, nadie podrá decir que no sabía lo que iba a ocurrir.  La conclusión resulta tan obvia como ilustrativa. La resumió el propio Núñez Feijóo: “No querían –ellos en general– que estuviéramos aquí y aquí estamos”. El PP y su líder se han manifestado este domingo 24S contra el mundo en general contra “ellos”, contra un país que no les gusta y que pretenden cambiar a todo costa, pero que no se deja cambiar y se resiste a aceptar la verdad revelada.Manifestarse contra la realidad y quejarse de que los demás la prefieran al paraíso que ofreces supone una opción tan estéril como legítima. Su mayor ventaja reside en que siempre resulta muy fácil saber qué hacer, decir o pensar: lo contrario de lo que digan los demás porque siempre será ilegal, inmoral o inconstitucional. Su mayor inconveniente se halla en que únicamente se puede hacer lo que tú permitas y sólo vale lo que tú quieres. Eso hace que los demás pierdan el interés rápidamente y se resistan cada vez más a tus grandes planes para ellos; de modo que, al final, lo único que sabes hacer bien consiste en pedir que se repitan las elecciones una vez más hasta ganarlas y gobernar, sea por cansancio o por probabilidad. Suele resultar bastante más productivo trabajar sobre la loca hipótesis de que los demás puedan tener algo de razón en lo que piden. Cuatro elecciones después la realidad permanece inamovible, a pesar los centenares de veces que se rompía España y se quebranta la igualdad entre todos los españoles. No se puede gobernar España sin entenderse con los nacionalismos vasco, catalán y gallego. Ni la izquierda, ni la derecha. La manifestación del 24S, convertida en la demonización y el exorcismo del “nosotros” contra “ellos” y sus demandas nacionales infamantes, alejan aún más a la derecha del gobierno y la atrapa aún más en el abrazo del oso de la extrema derecha. Es la realidad. También pueden manifestarse contra ella las veces que quieran. No va a cambiar por eso; al menos de momento. 

La Fiscalía General del Estado sigue dando pasos en la búsqueda de nuevas opciones de  reparación para los menores que han sido víctimas de abusos y agresiones sexuales en el seno de la Iglesia. Su última propuesta aborda la “necesidad” de afrontar en profundidad la responsabilidad de la Iglesia católica en los casos de pederastia cometidos por miembros de la institución al “extender la acusación” a los posibles encubridores dentro de las congregaciones u órdenes religiosas y centrarse en las vías para que la institución tenga que afrontar el pago de indemnizaciones a las víctimas. La iniciativa, recogida en la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa al año 2022, es relevante porque hace énfasis en los resarcimientos por parte de la Iglesia por casos de pederastia y apunta directamente a las dinámicas de ocultamiento que han funcionado en muchas congregaciones u órdenes religiosas y que tanto daño ha hecho a los menores y sus entornos. Una mecánica que, hasta ahora, ha sido muy difícil romper en una institución habituada a lavar los trapos sucios de puertas para adentro. Fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por elDiario.es precisan que se trata de una recomendación dirigida a los fiscales superiores de los diferentes territorios para que, en los posibles casos de abusos en la Iglesia que se denuncien a partir de ahora los hechos se estudien de forma “más detenida” con el objetivo de “evitar que las actitudes encubridoras queden impunes”. Esto es, no se trata de promover una “revisión” de todos los posibles encubrimientos que hubieran podido tener lugar hasta la fecha. En todo caso, la propuesta ha sido recibida con interés por los colectivos de víctimas y sus asesores legales, aunque los juristas especializados se muestran cautelosos por los efectos reales que pueda tener. Los actores implicados son conscientes del impacto limitado que ha tenido, hasta el momento, la persecución judicial a los propios agresores. Principalmente, por los plazos de prescripción o el fallecimiento de los victimarios, causas que están detrás de casi el 40% de los procedimientos archivados, según datos de la Fiscalía. Una situación que lleva a los colectivos a seguir reclamando que se garantice el derecho de toda víctima a ser resarcida y cobrar una indemnización, independientemente de que su caso haya o no prescrito. En todo caso y más allá de las lógicas reservas, la visión general es que la propuesta es positiva porque pone el foco de nuevo en el fenómeno de los abusos en la Iglesia tras décadas de silencio y se centra, precisamente, en la opacidad que ha caracterizado a los obispos y las órdenes religiosas. Juan Cuatrecasas, cuyo hijo fue víctima de abusos del Opus Dei en el colegio Gaztelueta, en Bizkaia, reconoce que aunque algunas congregaciones se han puesto en los últimos años “de parte de las víctimas” la “mayoría” de los casos de violencia sexual en el ámbito religioso están atravesados por dinámicas de “encubrimiento” o “complicidad”. “Durante muchos años lo único que hicieron los responsables fue trasladar de centro al pederasta. A veces hace más daño el encubrimiento que el propio delito. Denunciar se convierte en un calvario y que se cuestione a la víctima y se intente tapar lo ocurrido forma parte de la revictimización. Es una conspiración del silencio”, denuncia Cuatrecasas, fundador de la asociación Infancia Robada y uno de los rostros más significativos de la lucha contra los abusos en la Iglesia. En su memoria, la Fiscalía no da demasiados detalles sobre qué vías explorará para señalar a quiénes son sospechosos de haber tapado casos de pederastia de los que han tenido constancia. El documento se limita a pedir a los fiscales que valoren la “extensión de la acusación” a “las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas que han podido llevarse a cabo previamente a la denuncia”, siempre y cuando “se den los elementos incriminadores necesarios” y de ellas puedan emanar “tanto responsabilidades penales como civiles”. Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro de la Comisión asesora del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia, considera que conductas a las que se alude generalmente —como la actuación obispos, superiores provinciales u otras autoridades o miembros de la Iglesia que no actúan cuando conocen un caso de abuso o lo niegan— “no encajarían en lo que el Código Penal vigente define como delito de encubrimiento”. A su juicio, habría que examinar si algunas conductas de omisión pueden ser consideradas como abusos sexuales en comisión por omisión. Esto es, por no haber actuado cuando estaban obligados a hacerlo por tener una "posición de garantes" sobre la integridad de los menores. No obstante, advierte de que es una “posibilidad compleja” y que no ha sido apreciada en ninguna ocasión por los tribunales en casos de responsables de instituciones religiosas, aunque sí han sido condenados por esta vía el padre y la madre de un niño abusado por un sacerdote. Este experto detalla que el Código Penal también prevé el delito de omisión del deber de impedir o denunciar determinados delitos (con penas menos severas) y el delito de amenazas o de coacción a testigos de delitos. “Pero una acusación por tales delitos no podría hacerse a modo de una causa general, sino sólo ante casos concretos en que existieran pruebas de que personas concretas los hubieran cometido”, insiste Tamarit, que también ha sido coordinador de uno de los más extensos proyectos de investigación sobre abusos sexuales en instituciones religiosas, realizado junto a las victimólogas Noemí Pereda y Gemma Varona. Por otro lado, la memoria de la Fiscalía alude a la “necesidad” de revisar la posible solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de la institución religiosa donde han tenido lugar los hechos constitutivos de delito. Esto es, buscar la vía para que las diócesis y las órdenes religiosas indemnicen a las víctimas por las agresiones cometidas en su seno. El Ministerio Público se remite, para ello, al artículo 120.4 del Código Penal, que considera responsables civiles a las personas jurídicas “por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”. “Es obvio que existe una responsabilidad in vigilando. Las instituciones de la Iglesia tienen una responsabilidad que tienen que asumir. En el momento en que dejas a un menor a cargo de una institución tienes todo el derecho a que te lo devuelvan en el mismo estado”, señala Cuatrecasas. A este respecto, Tamarit explica que “sí hay precedentes” sobre la petición de responsabilidad civil subsidiaria de los obispados o de las congregaciones religiosas. “No habría mayores problemas si concurren los requisitos que se exigen normalmente por los tribunales”, afirma este experto. La realidad es que no existen datos oficiales sobre cuánto dinero ha pagado la Iglesia en concepto de indemnizaciones a víctimas de pederastia. Pero según ha podido comprobar elDiario.es, la institución o las distintas parroquias, órdenes y congregaciones rara vez son condenadas como responsables civiles a hacerse cargo de los abusos de sus religiosos. Buena parte de las sentencias dictadas desde 2010 no consideran responsable civil subsidiaria a la institución o a las congregaciones donde trabajaban los pederastas por no tener una relación laboral directa, aunque el Tribunal Supremo sí avaló una condena a una iglesia evangélica por los abusos cometidos por un pastor. Según una recopilación realizada por El País, la Iglesia solo ha indemnizado al 10% de las 2.183 víctimas que se conocen, según la base de datos realizada por el diario de Prisa, pues todavía no existe un recuento oficial. El cerco a los encubridores y las vías para que la institución tenga que afrontar el pago de indemnizaciones a las víctimas pueden chocar de nuevo con el muro de la prescripción que hace que muchos casos de abusos se queden al margen de la vía penal. Según datos de la Fiscalía, en la actualidad hay abiertas 147 investigaciones tanto en fiscalías como en juzgados encaminadas a esclarecer delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Además, se han dictado una veintena de sentencias de las que 19 fueron condenatorias. En su memoria, el Ministerio Público advierte de que se trata de datos “muy parciales” como consecuencia de dos aspectos: la dificultad de detectar estos procedimientos al no existir un registro específico para estos supuestos en las aplicaciones informáticas de los juzgados y el acotado espacio temporal al que pertenece la documentación remitida. La mayor parte de los testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en el año 2021 y 2022 y solo puntualmente se remitieron de años anteriores. Además, hay que tener en cuenta que muchos de estos delitos no llegan a la justicia ordinaria porque se instruyen en procesos eclesiásticos o nunca llegan a denunciarse. Los casos que se han podido sentenciar se refieren a hechos relativamente recientes, pues los expertos consultados sostienen que uno de los principales escollos de la denuncia y el enjuiciamiento de la pederastia en la Iglesia son los plazos de prescripción. Es una circunstancia a la que trató de poner remedio la ley de infancia, que aumentó el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores. Desde su entrada en vigor, el tiempo que tiene la víctima para denunciar empieza a contar a partir de que cumple 35 años. Antes, ese límite estaba fijado en la mayoría de edad. Dependiendo de la gravedad de los hechos, la prescripción de estos delitos se sitúa entre los 5 y los 15 años. Es decir, hasta la aprobación de esta ley, como máximo, una víctima podía denunciar hasta los 33 años en el caso del delito sexual con mayor pena y ahora ese margen se alarga hasta los 50. Pero lo habitual es que las víctimas necesiten largos periodos de tiempo para romper el silencio debido a las singulares características de un tipo de violencia que tiene lugar a una corta edad y donde lo normal es que los agresores, que son personas del entorno, utilicen técnicas de manipulación. Además, la denuncia también suele tener un alto coste personal en términos psicológicos. “La propuesta de la Fiscalía es parte de la solución, pero hay muchos casos que ya conocemos y otros que desgraciadamente no conocemos en los que las víctimas no van a poder recibir una respuesta judicial porque la ley no permite perseguir el delito. En esos casos, la Iglesia católica tiene una responsabilidad que tiene que ver con su naturaleza y su misión”, afirma Teresa Compte, presidenta de Betania, una asociación de acogida y acompañamiento de víctimas. La conclusión es que más allá de estas iniciativas, las víctimas siguen demandando vías de reparación para las víctimas que se quedan fuera de la justicia ordinaria. Principalmente, reclaman que se garantice el derecho de toda víctima a cobrar una indemnización, independientemente de que su delito haya prescrito o no. Así ha ocurrido en Irlanda, donde el Estado ha asumido parte de esas compensaciones; o en Francia, donde la Iglesia venderá parte de su patrimonio para hacerse cargo de esas cuantías tras una investigación que destapó más de 300.000 casos de pederastia, perpetrados por más de 3.000 curas pederastas en los últimos 70 años. 

Las ocupaciones de vivienda llevan meses reduciéndose, pero el discurso 'antiokupación' es creciente, alimentado por las formaciones políticas de derecha. Un contexto que da pie a nuevos tipos de negocios. Así está ocurriendo en el caso de las aseguradoras que han comenzado a comercializar productos que otorgan a los clientes coberturas en caso de que ocupen su vivienda, su segunda residencia o algún inmueble que tengan vacío. Algunos productos incluso abarcan la contratación de empresas especializadas en 'desokupar' pisos. "Existe una necesidad que hay que cubrir, fundamentalmente por la sensación de desprotección que vemos en los propietarios ante la ocupación ilegal de la vivienda", asegura a elDiario.es Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, compañía que ha lanzado un producto específico, de "protección por ocupación ilegal". En este caso, comercializa un seguro que incluye cobertura jurídica para la recuperación del inmueble, así como una compensación económica por los daños que los propietarios puedan sufrir. Entre ellos, cita los suministros que gasten los ocupantes o el alojamiento alternativo si se trata de una primera vivienda. También, la "pérdida de rentas del alquiler y la responsabilidad civil por los daños a terceros derivados de la ocupación", cuando sean inmuebles arrendados. "Cada año se vienen registrando en España una media de 15.000 denuncias por ocupación", indica Mar Garre. Y apunta a la percepción que tienen la ciudadanía. Precisamente, Línea Directa acaba de presentar un informe donde argumenta, en base a 1.700 encuestas, que el 24% de los españoles creen que hay posibilidades “medias o altas” de que le “okupen” su vivienda y el 77% considera que ya se trata de un problema social. "Es un fenómeno que está ahí y ante el cual, como aseguradores, creemos que podemos ofrecer protección", ahonda.Los datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que la ocupación es una realidad en retroceso. En el primer trimestre de este año, se produjeron 3.898 delitos penales relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles, según los datos que publica el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Es un 11% menos que un año antes, cuando se alcanzaron los 4.385. También es menos que en los tres primeros meses de 2021, cuando fueron 4.634 delitos. La comunidad autónoma que registra más casos, casi la cuarta parte, es Catalunya. En el primer trimestre de este año, 1.673; pero también caen, porque en el mismo periodo de 2022 fueron 1.875; y, en 2021, 1.966, según las citadas estadísticas de Interior.Por detrás están Andalucía, con 594 infracciones penales ligadas a la ocupación durante los tres primeros meses del año -no hay datos posteriores-; Comunitat Valenciana (420) y la Comunidad de Madrid (369). Otra estadística oficial son los desahucios, que publica el CGPJ. En el conjunto de 2022, el número total de lanzamientos se redujo en un 7,5%. En total se practicaron 38.266 actuaciones para desocupar inmuebles. De ellas, siete de cada diez estuvieron vinculadas a impagos de alquiler y, el resto, a ejecuciones hipotecarias y otras causas. Y, de nuevo, los desahucios por ambos motivos caen. En concreto, un 5% los realizados por impago de alquileres y casi un 16% los vinculados a ejecuciones por no pagar la hipoteca. Sin embargo, el debate político sobre la ocupación ha sido constante a lo largo de este 2023. Lo fue durante la tramitación de la Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado mes de mayo, donde las formaciones políticas de derecha alimentaron la premisa de que es un "chollo" para los okupas. Algo que trató de rebatir el Ejecutivo.También en los programas electorales de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y en las generales de julio se fomentó la idea de que la ocupación es un problema creciente.El PP propuso, por ejemplo, que se impida que los "ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados", algo que dejaría sin derechos básicos, como la educación o la sanidad, a las personas -menores incluidos- que por el motivo que sea estén ocupando.Al hablar de su cobertura 'antiokupas', que lleva tres meses en el mercado, Línea Directa desglosa que el perfil del asegurado es "hombre, casado, de entre 40 y 55 años" y que el seguro fundamentalmente se ha contratado en Andalucía, Catalunya y, en menor medida, Madrid y la Comunitat Valenciana.Hay más aseguradoras que también ofrecen seguros con coberturas ligadas a la ocupación. También, corredurías que comercializan los productos de otras entidades. La multinacional francesa Axa indica que en uno de sus seguros de hogar "ofrece la posibilidad de contratar la garantía 'Allanamiento de morada y ocupación ilegal' para proteger al cliente en caso de sufrir una ocupación ilegal en su vivienda", explica Francisco Olmedo, director de Particulares de Axa España. Cubre, por ejemplo, daños derivados del allanamiento u ocupación ilegal; el alojamiento, si se produce allanamiento, hasta el momento del desalojo; gastos judiciales y los "daños causados a la hora de acceder a la vivienda para su desalojo a cargo de la autoridad competente", añade. En cuanto al porqué de poner en el mercado este tipo de coberturas, Olmedo argumenta que "es normal que el cliente quiera proteger su vivienda". Otra aseguradora que ha entrado en este nicho de negocio es el Grupo Catalana Occidente (GCO), a través de un seguro enfocado a hogares no habitados, en un contexto donde, en España, existen cerca de 4 millones de pisos vacíos. En esta información desglosamos donde están esos inmuebles sin habitar. En el caso del seguro de GCO explica que incluye "un servicio jurídico completo formado por responsabilidad civil y protección jurídica específica ante procesos de ocupación ilegal".Junto a las aseguradoras, hay corredurías que ofrecen productos más enfocados en la asesoría legal y en la reclamación de los daños que puedan derivar de una ocupación, como el que ofrece la división de seguros del grupo de distribución Carrefour.Otros, como el de Mio Seguros, afirman que se han basado en la experiencia personal de su consejero delegado, Suilem Fernández. "Él tenía una vivienda en proceso de venta y no pudieron desalojar a esas personas", explica Yago Vidal, executive manager de Mio. "Perdieron el negocio de la venta y tuvieron que contratar a una empresa de desocupación. Fue un golpe psicológico". Esta correduría comercializa un producto de la aseguradora Ges y sí incluye una empresa de "mediación con okupas". "La mayoría son segundas residencias y alguna casa vacía en proceso de venta". Los desalojos se hacen con una empresa dedicada a la mediación, que no indica por "confidencialidad".Al margen de este tipo de seguros están las alarmas "antiocupación" que comercializan empresas como Securitas Direct o Prosegur. Estas, básicamente, avisan a la policía en caso de allanamiento. "La rapidez es la forma más fácil de echarles de tu hogar", asegura la empresa presidida por Helena Revoredo.Sin embargo, no todas las aseguradoras respaldan esta estrategia de lanzar productos específicamente centrados en la ocupación. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, cambió el paso del sector durante un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. "Tenemos que ser serios, hay que ofrecer productos que respondan a las necesidades de la gente", aseguró en un auditorio donde también estaba la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, quien defendió que "nadie se plantea que no sea necesario un seguro contra incendios. Igual que nadie lo hace sobre un seguro contra la ocupación". Mapfre no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre por qué considera que este tipo de seguros no son necesarios en el mercado.

Aquel día Maialen no llegó a la comida familiar. Su cuerpo sin vida yacía en la habitación de un apartahotel, en Vitoria, junto a su hija de tres años. Su asesino, Jaime Roca, fue detenido por la Guardia Civil a la altura de Zaragoza poco después, cuando intentaba huir en un taxi. Pesaba sobre él una orden de alejamiento, el caso estaba registrado en el sistema VioGén con riesgo "alto", pero el hombre acabó matando a su pareja, que estaba embarazada de gemelos.El de Maialen se convirtió en el vigésimo asesinato por violencia machista en lo que va de 2023. El contador que cada año se pone a cero –pero acumula ya 1.232 víctimas mortales desde 2003– no ha dejado de subir desde entonces. Y lo hace a un ritmo que ha hecho saltar las alarmas: solo en los meses de verano (julio y agosto y los 24 días que llevamos de septiembre) 23 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Es un asesinato cada casi cuatro días. Son 48 en lo que va de año, una cifra muy superior a la contabilizada en los últimos tres. Aunque hay que tener en cuenta que hablamos de diferencias que estadísticamente son reducidas, hay que remontarse a septiembre de 2010, cuando a estas alturas fueron 51 casos, para encontrar un registro por encima. En 2019, año que terminó con 56 crímenes, este mes se registraban 47, una menos. Aún así, un vistazo más global permite deducir un descenso tras la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género: en dos décadas de aplicación se ha pasado de los 69 asesinatos de media en los primeros cinco años a los 51 de los últimos.El asesinato de Maialen ocurrió a finales de mayo, un mes en el que ocurrieron seis casos y que acabó con la convocatoria de un comité de crisis, el organismo creado por el Ministerio de Igualdad para analizar cada uno de los asesinatos y ubicar posibles fallos. Estas reuniones se celebran cuando en un mismo mes se concentran cinco o más crímenes, algo que ha ocurrido en hasta cuatro ocasiones desde enero. Igualdad ya ha convocado el próximo comité para el próximo 4 de octubre ante los ocho asesinatos de septiembre.Del intercambio de información entre administraciones acaba saliendo siempre una batería de conclusiones y propuestas que no son de aplicación directa, pero sirven para identificar las lagunas del sistema en la protección de las víctimas. En el comité de crisis que analizó los asesinatos entre los que se encontraba el de Maialen, por ejemplo, se llamó a revisar el embarazo como factor de riesgo a la hora de evaluarlo y se instó a los profesionales con los que se encuentran las víctimas a ser proactivos a la hora de identificar los recursos a los que tienen derecho.Y es que que el Estado llegue a donde están las mujeres es una de las conclusiones más repetidas en este año: llegar allí donde la violencia se produce y no esperar a que sean las víctimas las que denuncien como única vía para salir de la violencia. El objetivo es sacar a flote el maltrato oculto, el no denunciado, que es la inmensa mayoría. Según los datos de lo que va de año, solo nueve de las 48 víctimas, el 18%, había acudido a una comisaría o al juzgado a pedir ayuda. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, recalca sin embargo que prácticamente todas las mujeres que han sido asesinadas, salvo las que acaban de aterrizar en España o están pasando unos días de vacaciones, habían tenido contacto con alguna institución, sea sanitaria, educativa, policial o de servicios sociales. "Tenemos la obligación de detectar la violencia de género y de poner todos los medios, protocolos y formación para ello", dice. Rosell asegura que desde el ámbito de la salud se puede detectar esa violencia desde los departamentos de salud mental o urgencias, pero también ginecología y obstetricia o pediatría. "Hay mujeres maltratadas que van a urgencias incluso con lesiones graves. Cuando hablamos de la violencia más flagrante y que por tanto es más fácil de detectar, aún así a veces en su expediente eso se escapa a pesar de que sea evidente que hay un patrón anormal de lesión", explica. Lo mismo puede suceder en el ámbito educativo, formal e informal, o en los servicios sociales: "Si los profesionales tuvieran muy presentes las cifras, que dicen por ejemplo que el 57,3% de las mujeres en España hemos sufrido algún tipo de violencia machista, quizá no se harían chistes sexuales o machistas que hacen a las mujeres sentirse en lugares no seguros y se podrían detectar más casos, se ampliaría también la lupa", señala Rosell.A lo mismo alude la psicóloga especializada en acompañar a víctimas de violencia de género. "Falta una pata muy importante que es la de la coordinación entre distintos ámbitos. Desde los servicios de psicología deberíamos poder coordinarnos con centros de salud o centros educativos de sus hijos e hijas, por ejemplo, y eso permitiría un acompañamiento más completo", cree la experta, que incide también en que los recursos públicos de atención psicológica "son limitados" y a veces no permiten abordar "traumas complejos" que "llevan años de terapia".Aún así, cree que las instituciones "se están activando mucho" aunque "unas más que otras". Un ejemplo es el llamado "título habilitante" puesto en marcha a nivel estatal, que permite acreditar la condición de víctima de una mujer para acceder a recursos y derechos sin la obligación de denunciar. Si bien se trata de una acreditación civil, es decir, no sirve para dictaminar medidas contra el agresor, como órdenes de alejamiento o protección, sí hace que las mujeres "entren en un sistema de expertas en género que las van a ayudar y a orientar, que las acompañan, y ahí las mujeres son más capaces de detectar, contar y empoderarse", cree Rosell.El silencio del entorno de las víctimas es también otro de los factores que han identificado en los asesinatos de este año las instituciones como un elemento que acaba desprotegiendo a las mujeres. Lo ha llamado el Ministerio de Igualdad "silencio cómplice y encubridor" de la violencia machista y así es cómo el Tribunal Supremo lo calificó en una pionera sentencia en 2019 en la que afirmó que esta situación "provoca y coadyuva" a la ocultación de las víctimas.Mercedes Alcañiz, socióloga experta en género de la Universitat Jaume I de Castellón coincide en la importancia de abordar este silencio de familia y amistades. "Todavía hay una normalización de la violencia, no tanto ya de la más evidente, que es la física. Pero de violencia psicológica y de control, que por otro lado es la que más se da, podemos tener a una víctima al lado y no percibirla como tal, quizás ni ella lo haga... A veces tiene que pasar algo muy grave y explícito para reaccionar", sostiene la experta.Pero opuesto a la ruptura del silencio es, sin embargo, tratar de diluir la violencia machista y negar su especificidad en un discurso enarbolado por Vox y sectores sociales y políticos afines. El aumento de poder de la extrema derecha, que gracias a los pactos con el Partido Popular, ha entrado en ayuntamientos y gobiernos de comunidades autónomas preocupa también a las expertas. "Ahora mismo de forma rigurosa no podemos saber qué consecuencias va a tener pero claramente es contradictorio que por una parte tratemos de que las víctimas denuncien y por otra haya voces que alienten el negacionismo", afirma Alcañiz.La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género aporta un matiz más. Este discurso no solo está abonando el silencio de las víctimas, sino que envalentona a los agresores con mensajes "que reafirman las masculinidades más violentas", asegura. Rosell habla también de una "violencia simbólica" contra las mujeres que "retroalimenta el odio". Como ejemplo, menciona los tuits que tanto la cuenta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como ella ponen comunicando y lamentando los asesinatos machistas: "Nos responden con insultos."A la precariedad económica de las víctimas han apuntado las conclusiones de los comités de crisis como elemento que frena la salida de la violencia. Precisamente en la primera reunión celebrada este año por los siete asesinatos de enero se dio cuenta de este factor: en dos de los casos evaluados las mujeres seguían conviviendo con sus asesinos solo porque no contaban con alternativa habitacional y cohabitaban con el agresor únicamente por motivos económicos tras haberse separado.Demostrado está que en épocas de crisis económica se reduce el número de denuncias. El desempleo, los recortes de salarios y el aumento de las cargas familiares suelen disuadir a las víctimas y así ocurrió en la recesión de 2008 y en la sufrida a raíz del coronavirus. El empleo "reduce las situaciones de dependencia" económica que muchas veces vincula a las mujeres con los agresores, destaca el último informe de la Fundación Adecco, basado en entrevistas a víctimas. Para el Instituto de las Mujeres, tener trabajo "resulta esencial para su recuperación" por la "autonomía que proporciona".Pero no es solo tener empleo. Y es que no es poco frecuente que los salarios no alcancen para pagar una vivienda y afrontar los gastos. La precariedad en un sentido amplio "influye muchísimo", subraya Rosell, especialmente en el acceso a una casa. "Hemos asistido a asesinatos de mujeres que no convivían con sus agresores porque mantuvieran relación, la relación estaba rota, sino que lo hacían por falta de vivienda. Eso elevó el riesgo en el que estaban. Estamos hablando incluso de mujeres que tienen orden de alejamiento pero que han seguido en contacto con el agresor por precariedad, porque no tenían a nadie con quien dejar a los niños para irse a trabajar y se los dejaban a él. Decimos que la violencia de género se da en todas las clases sociales y eso es verdad, pero las que no tienen posibilidad de encontrar un techo, las que son más precarias, están más en peligro".La propuesta a la que llegaron las instituciones tras el encuentro en el que abordaron específicamente esta cuestión fue que las víctimas sin recursos y en riesgo alto pudieran acceder prácticamente de forma automática a una vivienda y ayudas como el Ingreso Mínimo Vital tras denunciar. Una medida que, sin embargo, aún no se ha llevado a cabo. Los comités identifican lagunas y fallos en la cadena de protección de las mujeres y apuntan a posibles soluciones, pero, al menos de momento, las propuestas se han convertido más en llamadas de atención que en medidas en vigor.

La carrera de Gerardo Camps en política es alargada. Lo ha sido prácticamente todo: diputado en el Congreso, parlamentario en las Corts valencianas, vicepresidente de la Generalitat, conseller de Economía, y actualmente, senador. Paralelamente a su faceta política tiene una relevante fuente de ingresos en el alquiler de pisos, locales y garajes. Su caso es uno de los 115 diputados y senadores que declaran una parte de sus rentas procedentes del capital inmobiliario.El de Camps, senador del PP, es el caso más llamativo por su cantidad. En su declaración de intereses por el arranque de la legislatura en el Senado apunta más de 57.000 euros procedentes de los alquileres. En su haber, cuenta con nueve viviendas y 18 locales comerciales en Benidorm y València.Sin embargo, Camps no es una excepción. Un repaso por las declaraciones de los 350 diputados y los 254 senadores evidencia que casi uno de cada cinco representantes en las Cortes cuenta con ingresos procedentes de rentas inmobiliarias. Aunque con grandes diferencias. En concreto, son 49 senadores y 66 diputados, esto último ya avanzado por Público.El modelo del documento por el que los representantes en las Cortes hacen sus declaraciones de bienes es bastante abierto y, por ello, los ingresos por alquileres aparecen en multitud de conceptos y sin discriminar entre las rentas obtenidas por viviendas, garajes o locales comerciales.Estas declaraciones permiten, eso sí, trazar un mapa en el Congreso y el Senado sobre qué representantes de cada partido tienen intereses en el sector inmobiliario. Destaca, por ejemplo, que un 22% de los senadores del PP y un 20% de sus diputados declaran ingresos por esta vía, que se suman a los que ya obtienen por sus trabajos públicos o privados. Pero también en el PSOE el número es relevante, ya que el 22% de sus diputados y el 15% de sus senadores perciben rentas procedentes del arrendamiento de inmuebles de su propiedad. Ambos grupos suman 98 de los 115 representantes que tienen rentas inmobiliarias en las dos cámaras. No en vano, son los dos partidos mayoritarios de las Cortes. El resto se lo reparten seis diputados y senadores de Vox o tres de Junts. Destaca el caso de UPN, que tanto su único diputado como su senador declaran ingresos por rentas inmobiliarias.La recopilación de los datos y la suma de las partidas en el caso de los que declaran más de una vía de ingresos de alquileres permiten concluir que hay una veintena de senadores y diputados que logran unos ingresos superiores a los 20.000 euros anuales procedentes de rentas inmobiliarias. Por poner en contexto, la mitad de los españoles declara un salario inferior a los 19.000 euros, según el INE.Además de Camps, en la lista de senadores con mayores rentas de alquiler se encuentra también su compañero de partido Jesús Caicedo. Ha declarado al Senado casi 40.000 euros por esta vía, que se suman a los 71.000 que recibió de la Autoridad Portuaria de Almería y otros 5.000 euros de la Junta de Andalucía. Caicedo ya fue senador entre 2008 y 2011 y ha sido designado ahora para la Cámara Alta por el parlamento andaluz. En su declaración aparecen tres viviendas, varios locales y un solar, todo ello en Cuevas de Almanzora, un municipio de casi 14.000 habitantes situado en la costa de Almería. Camps y Caicedo encabezan el listado de los diez senadores que más ingresaron por esta vía. Es una lista que copan los dirigentes de PP, un total de ocho, y que completan dos representantes del PSOE. Un dirigente histórico de los populares, Pío García Escudero, que llegó a presidir la Cámara Alta, declara 36.000 euros de rentas inmobiliarias. En su listado de propiedades aparecen tres viviendas y cuatro plazas de garaje en Madrid. Manuel Cobo es un político muy conocido por los madrileños. Fue vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón y se vio en el centro de las peleas internas que se produjeron en el PP madrileño con Esperanza Aguirre a la cabeza. Ahora, el partido le ha recuperado en el Congreso y tiene en su haber comenzar la legislatura como el diputado con mayores ingresos por alquileres. Según su declaración, son 36.400 euros, la mayor parte de ellos como partícipe en una comunidad de bienes junto a sus hermanos, de la que es partícipe al 25%. Esta sociedad engloba numerosas fincas rústicas, naves industriales, viviendas y locales de oficinas. A ello, suma como propietario directo cuatro viviendas y plazas de garaje, además de otras tantas fincas urbanas, repartidas por Madrid, Almería y León.El ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, es el segundo diputado con más ingresos por arrendamientos de inmuebles. El político catalán declara 30.000 euros por esta vía, que se suman a los más de 72.000 euros por su puesto en el Gobierno. Incluye en su declaración dos viviendas en Barcelona y un terreno en Menorca.La popular Isabel Borrego arranca su sexta legislatura en el Congreso y aparece como la tercera diputada en cuanto a rentas inmobiliarias. Percibió por esta vía 28.000 euros, prácticamente lo mismo que como dirigente del grupo parlamentario popular. A ambas cantidades se suman sus ingresos como diputada la pasada legislatura. Respecto a los ingresos por alquiler, la diputada por Murcia declara una vivienda en su tierra y otra en Baleares.Durante la pasada legislatura, el Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios aprobaron la primera ley que consagra la vivienda como un derecho y que establece un tope del 3% al alquiler en 2024 y un futuro índice de precios que limitará las subidas. El texto contó con el rechazo del PP y Vox, que durante su debate se centraron en hablar de cuestiones que nada tienen que ver con el problema de la vivienda, como ETA o la ley de 'solo sí es sí'.

Una manifestación masiva es el mejor remedio que se ha inventado para que un partido recupere la moral. Es tan potente como el mejor placebo que uno pueda encontrar. Los problemas que te martirizaban antes continúan existiendo un día después. Pero los ánimos se recuperan de inmediato. Es una inyección de adrenalina que te permite correr aunque tengas los ligamentos de la rodilla destrozados. La rodilla sigue estando hecha polvo, pero el cerebro te dice que te vas a comer el mundo. El Partido Popular se metió por la vena un chute de autoestima con la manifestación del domingo en Madrid. El partido calculó que el lugar elegido podía albergar a unas 10.000 personas de pie. Aparecieron tantas como cuatro veces esa cifra, según el cálculo hecho por la policía. Las calles laterales estaban llenas de gente. Los votantes del PP de Madrid se lo tomaron como si fuera una manifestación, no un mitin al que vas a escuchar a los oradores. La asistencia superó las expectativas del propio partido, que no colocó megafonía en esas calles laterales donde no llegaba el sonido. Muchos salieron a la calle para presentarse en el lugar del mitin, aunque no llegaron a oír nada. No es una sorpresa. El mitin se celebró en la comunidad en la que el PP recuperó la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de mayo. Acertaron los que pensaban que convenía desdeñar el debate de investidura. El momento central de la ofensiva contra una hipotética amnistía no podía ser el discurso de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, sino un acto en la calle. Daba igual qué tipo de acto. Necesitaban que sus votantes se quitaran de encima la decepción del fracaso sufrido en las urnas.Una de las consecuencias de estos mítines es que las diferencias internas se desvanecen hasta niveles difíciles de creer. José María Aznar llegó a denominar a Mariano Rajoy como "mi colega y mi amigo", que es algo que no ha pensado de su sucesor desde prácticamente 2004. Hasta ese punto alcanzó la 'suspensión de la incredulidad', que las obras maestras del cine utilizan con acierto en el cine de suspense y que en la política es precisamente eso, un placebo que consumes a puñados para que la realidad no siga provocándote pesadillas.Ante una multitud que pedía leña, Feijóo no podía decepcionarles con el hacha. La hipérbole era lo mínimo que esperaban escuchar. "Lo que no votaron los españoles (en julio) fue un cambio de régimen constitucional", dijo. Era el mismo mensaje con el que el PP aspiraba a obtener la mayoría absoluta, con el apoyo imprescindible de Vox, y que no funcionó en las urnas. Si no funciona una vez, prueba con lo mismo. Esa es la divisa que enarbolará la derecha si al final hay que repetir las elecciones.Los asistentes aplaudieron a Feijóo, pero no crean que se dejaron las manos y le interrumpieron con ovaciones cada dos párrafos. Sí rugieron con Isabel Díaz Ayuso cuando ella colocó a toda la izquierda en el bando del terrorismo. La presidenta de Madrid nunca deja que la realidad –esa que dice que ETA ya no existe– se inmiscuya en su mensaje. Se apropió del espíritu de Ermua, la movilización popular contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco, como si fuera patrimonio únicamente del PP: “Ese espíritu llenó las calles de hombres y mujeres de manos blancas. Pusimos la nuca y ellos bajaron la cabeza". Para Ayuso, el enemigo no ha cambiado.Ayuso encontró la frase con la que más se conectó el público: "Si Sánchez se deja humillar, allá él, pero nosotros, de ninguna manera". Muy adecuado para que los votantes del PP no asuman el fracaso electoral y piensen que todo depende de ellos, no de los que puedan conseguir una mayoría absoluta en el Congreso.Rajoy quiso estar a la altura de la pasión desmedida, un rasgo que nunca ha estado muy presente en su trayectoria. También quiso pintar un horizonte lleno de calamidades si Pedro Sánchez es reelegido, entre otros con el apoyo de Carles Puigdemont. Después de recordar que la amnistía de 1977 se aprobó en el tránsito de una dictadura a una democracia, anunció que "la amnistía supondría ahora el paso a un régimen distinto". Seguro que él no estaba pensando en eso cuando se publicó en octubre de 2017 la portada del ABC que informaba de que Rajoy ofreció una "amnistía" a Puigdemont si no proclamaba la independencia de Catalunya y aceptaba convocar unas elecciones autonómicas tras el 1-O, una portada que ha sido muy recordada en las últimas semanas. El expresidente quiso barrer para casa al defender sus decisiones sobre el procés. Contra toda evidencia, dijo que "lo único que mejoró la situación de Cataluña fue la aplicación de la ley y la del artículo 155". El público fue condescendiente, porque no es eso lo que piensan los votantes de la derecha en Madrid, que esperaban en su momento un 155 permanente y controlar a los catalanes desde Madrid durante algunos años más.Feijóo dejó en casa todas esas especulaciones con las que intentó hacer creer en agosto y buena parte de septiembre que él había ganado las elecciones y que por tanto sólo él podía gobernar. Para qué seguir golpeándose la cabeza contra una pared. Lo que hizo fue presentarse como el artífice del avance en las urnas conseguido por el partido. Se acabó eso de repartirse los méritos con los barones regionales. Afirmó que cuando llegó a la presidencia del partido "en la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos no había presidentes del PP", ni alcaldes del PP en muchos de los grandes ayuntamientos. El gallego se prepara por si acaso –y aquí el acaso tiene el rostro de Díaz Ayuso– algunos sienten la tentación de moverle la silla. Se quedará como líder de la oposición y avisará de que cualquier contestación interna sólo puede beneficiar a los enemigos de España. La dirección del partido necesita cuanto antes anular esa idea arraigada en la derecha mediática de Madrid de que Feijóo estaba dispuesto a volverse a Galicia a nada que sus planes se torcieran.Tanto Feijóo como los otros oradores insistieron en la bandera del PP de las últimas semanas. "La igualdad de todos los españoles es la garantía de que cada uno tenga los mismos derechos", dijo para sostener que la amnistía la conculca. Si hablas de igualdad en el plano económico, el PP lo considera un ataque a la economía de mercado. Eliminar el impuesto de sucesiones o de patrimonio favoreciendo a los más ricos, como se ha hecho en Madrid y en las regiones donde gobiernan desde mayo, no es un ataque a la igualdad, sostienen. Tampoco acabar con la gratuidad de los comedores escolares en Extremadura o reducir el gasto en educación pública. Para la derecha, esa desigualdad forma parte del orden natural de las cosas. Llegar a acuerdos políticos con los independentistas, no. Un debate profundo sobre la desigualdad no interesa al PP y mucho menos a sus partidarios más enfervorecidos. Lo que querían oír es que tienen razón en todo. Que el PP defiende los principios de la Constitución de 1812, aniquilada por los conservadores de esa época. Que España lleva 500 años viviendo "en la diversidad" (el lector puede insertar aquí el emoji del asombro) y que no necesita "pinganillos" y "karaokes" en el Congreso (todo esto es cosecha de Feijóo). Tocaba llevar a cabo una terapia de grupo masiva en la explanada que lleva el nombre de Felipe II, ese monarca para quien la diversidad era un invento del maligno y los impíos protestantes con el que acabar con la España católica. Si te das un castañazo como el del 23J, un psiquiatra te recomendaría empezar a ajustarte a la realidad. El PP ha optado por creer que eso sería una rendición y que lo que le pide el cuerpo es utilizar el fuego contra todos los incendios que se le presenten. Como en la fábula de la rana y el escorpión, está en su naturaleza.

Tres meses (con las vacaciones de por medio) le ha durado al nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), la Zona de Bajas Emisiones puesta en marcha en el cuarto municipio más poblado de Catalunya. Pretende desactivarla al dejar sin efecto sus restricciones. Era una de las únicas 14 zonas en funcionamiento –de 149– en poblaciones de más de 50.000 habitantes, donde es obligatorio desde el 1 de enero pasado, según el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Es apenas un 9%.Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una opción. Son un requisito legal desde el 21 de mayo de 2021, cuando entró en vigor la Ley de Cambio Climático, que persigue entre otras cosas "mejorar la calidad del aire". La contaminación del aire está directamente relacionada con la muerte de personas en las ciudades y con el cambio climático que está desbordando este año las escalas de los meteorólogos. Estos municipios (y los territorios insulares) tenían más de un año y medio para implementarlas. La fecha tope era el 1 de enero de 2023.Este proyecto de zonas de bajas emisiones, además de la obligación legal, ha contado con financiación proveniente de los fondos de recuperación europeos. Los distintos proyectos presentados por las ciudades suman, de momento, un desembolso de 1.500 millones de euros aprobado y entregado por el Gobierno central. A septiembre de 2023 hay vigentes esas 14 ZBE más otras tres de municipios alrededor de Barcelona (en Catalunya se llegó al acuerdo de extender la implantación de áreas con menos tráfico a poblaciones de más de 20.000 vecinos).“Vamos con muchísimo retraso y tendría que darse un avance gigantesco en este trimestre final para que se pusieran en marcha este año”, reflexiona la encargada de Movilidad en Greenpeace, Cristina Arjona. “Primero se ralentizó porque el real decreto sobre ZBE llegó en diciembre de 2022, de hecho el Ministerio está siendo flexible por eso, pero, después de la elecciones municipales han llegado cambios de gobiernos locales y se ha pasado de retrasar a, en algunos casos, dar pasos atrás”, remata.En el registro del Ministerio se califica como "en trámite" a la mayoría de ciudades restantes, aunque hay más de 15 "pendientes", es decir, "sin trámites iniciados", según describe Transición Ecológica. Lo que ha hecho García Albiol en Badalona es anunciar que aprobará una moratoria a las restricciones de tráfico de la ZBE. “No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil”, justificó el político del PP. En realidad, la normativa explica que esta medida debe buscar “impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público”. Y dentro de ese objetivo incluir “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”.Carmen Duce, coordinadora de Transporte en Ecologistas en Acción, explica que “como ni la ley ni el real decreto que desarrolla las zonas contempla sanciones eso ha permitido dilatar el proceso”. “Lo que hemos podido ver in situ es que, en un principio, los ayuntamientos no tenían ni idea de lo que significa una zona de bajas emisiones y como el decreto del Gobierno no llegó hasta diciembre de 2022, eso les permitió echar balones fuera”, abunda Duce.La cuestión es que antes de eso, en noviembre de 2021, Transición Ecológica publicó unas directrices sobre cómo podrían implementarse estas áreas. Un documento para orientar a las ciudades que estaban obligadas a desarrollar su ZBE. Ahí se recogieron cuatro vías para sacar coches de las urbes. Incluso el real decreto que se elaboró un año después contempla que aquellos municipios que hubieran puesto en marcha zonas de tráfico restringido antes del real decreto tendrían 18 meses para retocar sus planes y adecuarlos a la normativa si no encajaban.“Luego llegaron las elecciones municipales del 28M”, prosigue Duce. “Donde había voluntad política nos decían que hacerlo antes de la votación era un suicidio. Y después hemos detectado que donde ha habido cambio, parece que hubiera una consigna de esto no porque es lo que hacían lo otros, obviando, eso sí, el compromiso legal, el compromiso con la salud, la lucha contra el cambio climático y, además, unos fondos asignados”.La vicepresidenta de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha avisado a partir del anuncio de García Albiol que “el Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo”. Badalona ha recibido un millón de euros de fondos europeos solo para el proyecto de implementación de esa zona de bajas emisiones.Arjona entiende que en el asunto de las zonas de bajas emisiones ha habido “una falta divulgación y difusión a la población sobre qué suponen porque, al final, parece que sean una molestia en lugar de algo positivo”. Duce coincide: “Se ha explicado muy mal. Se ha jugado con la idea de que solo podrían usarse coches eléctricos, es decir, algo para ricos, y en realidad se trata de un montón de cosas más como la movilidad activa, la bicicleta o el transporte público”.Además, Carmen Duce apunta otra circunstancia: “Todos los recursos ante tribunales que se han presentado cuando había medidas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Gijón... han hecho que los ayuntamientos optaran por hacerlo vía ordenanza municipal que, si bien tienen su lado positivo porque hay más información pública, hacen el proceso más lento”.La idea de que haya estas áreas con menos tráfico es “reducir las emisiones [de gases] derivadas de la movilidad”, explica la ley. Más de un cuarto de las emisiones en España son producidas por automóviles, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. En Barcelona, por ejemplo, el 60% del dióxido de nitrógeno proviene de los vehículos, según el Ayuntamiento. En Madrid, aproximadamente un tercio de todos los gases de efecto invernadero salen de los tubos de escape. Es, con mucho, el principal contaminador, según las tablas municipales.“En realidad implementarlas va a mejorar la salud, el cambio climático, el espacio urbano, va a dar más espacio a peatones, hará que el transporte público funcione mejor...” detalla Cristina Arjona. “Ha sido un hándicap que no se haya hecho esa difusión positiva porque, una vez que se implantan estas medidas, la población ve cómo son y nadie las quiere revertir”, comenta esta ingeniera civil que ilustra el argumento con el caso de la peatonalización de Consell de Cent en Barcelona que una jueza ha ordenado eliminar una vez ejecutada, tras la denuncia de un grupo de comerciantes. Ahora, ninguno allí desea perderla. “Fui detractor, pero me gusta”, comentaba un vecino a elDiario.es tras conocerse el fallo judicial.Tanto Arjona como Duce insisten en la necesidad de que se completen todas las áreas previstas. Este jueves, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes, en medio de actos por la Semana de la Movilidad, han insistido conjuntamente en la importancia de las ZBE ya que “priorizan los desplazamientos a pie o en bicicleta y el transporte público, colectivo y descarbonizado, frente a otros modos de transporte más contaminantes”.“No puede entrarse en el revanchismo político”, remata Duce. “Lo primero debería ser la salud y el bienestar población. Los pasos atrás es que son a veces ridículos y también hay que decir que la mayoría de los trayectos diarios son a pie o en transporte publico y los coches son un minoría”.En este sentido, los datos oficiales de la Comunidad de Madrid dicen que el automóvil privado representa el 39% de los viajes a diario. En la ciudad de Barcelona, el coche supone solo el 25% de todos los desplazamientos. En el área metropolitana de Valencia y en Sevilla es un 40%.“Pero –remata la ecologista– los coches ocupan mucho espacio en las calles y parece que también en las mentes”.

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Son las 16.30 de la tarde y un grupo de amigas se sienta en una terraza a tomar el café de después de comer. A los pocos minutos pasa un simpático vendedor de la ONCE con varios cupones encima. "¿Queréis probar suerte?", pregunta al grupo de mujeres jóvenes. "Venga va, dame un 'rasca'", responde Laura. A su derecha, Marta confiesa que nunca ha comprado ninguno, pero al haber sobrado unos euros del 'bote' de la comida, la primera le anima. Y a los pocos segundos de rascar se da cuenta de que tiene premio. "Lo echado, genial", esboza con una sonrisa. Pero la Laura insiste: "Ahora tienes que comprar otro con el dinero que has ganado". Así lo hace y en menos de cinco minutos lo pierde todo."Los rascas son una modalidad de juego que cuentas con numerosas características para hacerlo adictivo: tienen un precio bajo, son fáciles de jugar y no requieren ninguna habilidad, todo depende del azar y las probabilidades. Cuentan con precios entre uno y cinco euros, y dedicando menos de diez segundos ofrecen premios más altos que las máquinas tragaperras, que ofrecen un máximo de 500€. Cuanto mayor es la cuantía máxima posible de ganar en una modalidad de juego, éste resulta más peligroso, ya que en aquellos con problemas de juego crea el pensamiento mágico de que si ganan el premio pueden recuperar todo lo perdido. Son adicciones invisibles o no tan visibles como otros juegos, aunque en cinco segundos pierdes lo ganado", alerta la psicóloga y experta en adicciones Jaione Berraondo.La escena de Laura y Marta es real, pese a que sus nombres no lo son. Laura confiesa en un primer momento comprar "muchos" 'rasca y gana', pero a los segundos se retracta. "Bueno, muchos no, pero cuando voy a otro pueblo suelo coger alguno. Aunque no más de dos al mes", sostiene. "Es un engaña bobos porque no toca más de un euro y luego con lo que has ganado te terminas comprando otro y pierdes todo. Te pones ahí a rascar y te da adrenalina. Tengo una amiga que ganó 700 euros, pero no es lo normal", reconoce, para después añadir que "normalmente los vendedores están en la calle parados o en quioscos, pero muchas veces estando comiendo en un restaurante o tomando algo, van por las mesas. Eso me parece mal", reconoce.Esa adrenalina de la que Laura habla está causada por la inmediatez, según explica Berraondo. "El juego es más adictivo cuanto menor es el tiempo entre que juegas y sabes el resultado. Por eso, la tragaperras o la ruleta, que son inmediatas, son tan adictivas. De hecho, en las apuestas deportivas se han dado cuenta de eso y ahora se apuesta no solo el resultado, también las jugadas a lo largo del partido de fútbol. La lotería, por ejemplo, no es tan adictiva porque pasa un tiempo entre que compras y conoces el resultado y, por eso, tiene menor capacidad de adicción. En el caso de los rascas, en menos de diez segundos sabes si ganas o no, por lo que la inmediatez hace que sea algo súper adictivo", detalla. Para Berrondo, la población a la que más afectan este tipo de juegos son los menores y las mujeres. "A los menores porque no tienen ningún tipo de control y el coste es muy bajo comparado con lo que puedes llegar a ganar. Tienes accesibilidad, es algo inmediato, no tienes que tener ningún tipo de habilidad y tiene un coste muy bajo. Los pocos estudios que hay dicen que el 40,7% de los menores de entre 14 y 18 años reconoce haber comprado en alguna ocasión un rasca. En el caso de las mujeres, como las mujeres tienden a jugar a juegos más azarosos, consideramos que son más vulnerables a este tipo de juegos", reconoce la experta. Otro de los motivos por los que las mujeres se sienten atraídas a estos juegos es la publicidad. "Al igual que los anuncios sobre apuestas deportivas o casas de apuestas van dirigidos a los hombres, la lotería y los rascas buscan cada vez más atraer a mujeres porque entienden que es su público. Además, al ser de la ONCE, hay quien lo ve como una obra social y tiene una aceptación social mayor", explica.En este sentido, desde ONCE indican a este periódico que sus juegos suponen "solo el 4,2% del total del mercado de juego en España" y que, todo lo obtenido, que calculan que son cerca de "2.400 millones de euros anuales" lo dedican a la "acción social". "Llevamos 85 años en el mercado del juego en España, somos un porcentaje muy pequeño y nunca hemos generado problemas, todo lo contrario, se trata de un modelo único en el mundo de juego seguro, responsable y social que emplea directamente a 20.000 personas, todas con discapacidad, y da pie a la gestión de servicios sociales para las personas ciegas y con discapacidad en España y se extiende solidariamente a varias partes del mundo, como la UE y 19 países de américa latina, con cooperación al desarrollo. Hacemos mucho ruido social porque la mayoría de los trabajadores tienen algún tipo de discapacidad, pero todos reciben al menos dos veces al año formación sobre el juego responsable", detallan. Insisten, además, en que si un jugador, ya sea a través de la página web que tienen como de los puntos de venta habituales "se pasa", es decir, gasta más de 500 euros semanales, se le da un aviso. Si sigue con ese consumo, se le prohíbe la compra de más boletos, ya sean lotería o rasca y gana. Desde la entidad reconocen que sus empleados tienen "trucos" para vender, que pueden llegar a incluir "acercarse a bares o a estaciones de servicio". No obstante, en el caso de que "haya alguna denuncia" por la venta de alguno de sus productos de juego a menores de edad, aseguran que "abren una investigación". "Cuando nos llega una denuncia de que alguno de nuestros vendedores ha vendido algo a algún menor, abrimos una investigación con una seriedad tremenda, porque nos va la vida en ello", reconocen. En el caso de los posibles problemas de adicción que acarrea el juego, desde ONCE detallan que en su página web cuentan con un cuestionario con el que el propio usuario puede comprobar si "tiene un problema con el juego". En dicho cuestionario, se pregunta si se "niega u oculta su verdadera conducta de juego ante posibles críticas", si se han tenido "problemas familiares, laborales o económicos por culpa del juego" o si se siente "con frecuencia impulsado irremediablemente a jugar". Con más de dos síes, se recomienda ponerse en contacto con alguna asociación o profesional que trate la ludopatía.Dos de esas asociaciones son Ekintza Aluviz, y Alubiz Bilbao, especializadas en ayuda a ludópatas en Bizkaia y donde Berraondo lleva tiempo trabajando a atender a personas con esta problemática. "Nos dedicamos a la prevención en los colegios centrada en adicciones al juego, desde apuestas deportivas hasta los videojuegos. Luego, también hacemos intervenciones con personas con adicciones con y sin sustancia, como por ejemplo las adicciones a las compras o a la pornografía", detalla la psicóloga.Para tratar la ludopatía cuentan con terapias individuales, familiares y de grupo, pero reconoce que en muchas ocasiones, el paso más complicado es admitir que se tiene un problema. "Hay mucha estigmatización en los problemas del juego, sobre todo en las mujeres. Está muy mal visto que una mujer tenga un problema de adicción. También cuesta reconocerlo en pueblos pequeños, porque se piensa más en el qué dirán", por ello, en algunos casos considera que las terapias con el entorno social y familiar del paciente pueden ayudar a desestigmatizar la ludopatía, sin embargo, en otros no. "Tener a alguien en su entorno con un problema patológico puede ser una mochila demasiado grande, por eso, dependiendo de cómo sean las personas, es mejor no contarlo, justo por esa estigmatización que sigue latente en nuestra sociedad", concluye.

Alois Miedl (Rosenheim, Baviera, 1903) no era amigo de Adolf Hitler. Pero sí lo era de su fotógrafo oficial, Heinrich Hoffman, el único ser humano que le llamaba "señor Hitler" y no "Führer". Hombre de negocios y marchante de arte -o quizás simplemente trapisondista-, Miedl llevó a Berlín unos cuadros para el dictador alemán. Hoffman no quiso que le mostrara a Hitler uno en concreto, ya que lo consideraba falso. Pero, al terminar de ver el resto de la colección y ya cuando salía de la estancia, el genocida divisó una fracción de esa pieza y se enfadó con Hoffman. "¿Por qué no se me ha enseñado este magnífico Rembrandt?", preguntó. Alois Miedl sí era amigo íntimo de Hermann Göring, uno de los jerarcas nazis. Miedl hacía negocios en su nombre y, en los Países Bajos ocupados, se hizo con un buen botín, incluida la colección de cuadros del adinerado judío Jacques Goudstikker. Adquirió por menos florines de los debidos entre 500 y 700 cuadros, incluidos algunos de los maestros antiguos. Siempre esgrimió que aquel contrato era legal y no un saqueo.El 21 de agosto de 1944, en el puente internacional de Santiago, es decir, en la frontera hispanofrancesa de Irún/Hendaya, Miedl fue arrestado en compañía de otro alemán, Otto Grabener, del que luego se supo que era agente de la Gestapo. La Policía francesa les dio el alto cuando cruzaban con dos vehículos de la marca Mercury con matrícula neerlandesa, dos máquinas de lujo del grupo Ford. Las autoridades fronterizas enviaron a Miedl a un calabozo. Allí coincidió con otro detenido, el delincuente belga Georges Koninckx, un viejo conocido de sus estancias en Donostia. Era "rexista", esto es, afiliado del partido parafascista del país de los valones y de los flamencos. A las tres de la madrugada, el teniente Lamsfuss lo condujo de nuevo al puente. La esposa de Miedl era judía -lo que no impidió a la familia medrar en el régimen nazi y en los países ocupados por la protección directa de Göring- y acudió a la muga para pedir al jefe del contingente español, el coronel Ortega, que liberaran a su marido. En plena II Guerra Mundial, España todavía era un país hermano de la Alemania nazi -y de la Italia fascista- y, de hecho, allí mismo se habían entrevistado cuatro años antes Francisco Franco y Hitler. Y Miedl quedó en libertad. No eran días cualquiera en Francia: faltaban apenas unas horas para la liberación de París, una operación iniciada en junio con el desembarco de Normandía, del Día D. Miedl estaba en la calle, sí, pero, en la Europa que tenía a punto de caer tanto a Hitler como el italiano Benito Mussolini, los servicios secretos de buena parte de las potencias aliadas posaron sus ojos sobre el marchante.La historia que aquí se reconstruye, con ramificaciones en Irún, en Donostia, en Bilbao y en Madrid, aunque también en Ámsterdam, en Berlín y en Zúrich, está basada fundamentalmente en los informes de la CIA, entonces conocida aún como OSS (por las siglas en inglés de Office of Strategic Services). Pero en el caso Miedl intervinieron también los espías británicos, los franceses, los belgas, los suizos o los neerlandeses. Los documentos confidenciales son ahora públicos ya que, a diferencia de en España, en Estados Unidos la ley permite desclasificar todo el material una vez pasado un período de tiempo prudencial para la seguridad nacional. Se puede leer en una carta de este expediente, además, que "el caso de Miedl fue la primera investigación importante" sobre el expolio de arte a gran escala por parte de los nazis. Todavía hace menos de veinte años que los herederos de Goudstikker han recuperado la pieza más codiciada del material que se llevó Miedl, un Van Dyck. La joya de esta trama era un María Magdalena de 1615 del genio antuerpiense, pero en la lista de cuadros que se ocultaron en la actual Euskadi había piezas de El Greco y de otros artistas de gran prestigio. Algunos informes apuntan también a "dos Goyas" que intentaban ser vendidos en España, pero las periciales fotográficas y escritas no concretan si realmente había también cuadros del español. Sí había cuadros de "van Goyen", otro pintor neerlandés pero que podría traducirse igual.Miedl, que no se consideraba a sí mismo como nazi y que incluso hacía gala de que ayudaba a judíos a pesar de que también los saqueaba, llegó a Hendaya y se instaló en una villa de Jean Duval. Miedl y Duval -que también usaba otras identidades, como Jean Colonna- se conocieron en julio de 1943 en París. La familia bávara, al llegar a la costa vasca, dejó allí su 'equipaje', es decir, los cuadros expoliados. También viajaban con una importante cantidad de divisas, aunque Duval le tuvo que dejar pesetas para sus incursiones en España. En Hendaya, empaquetaron en tres cajas de madera 22 cuadros, incluida la María Magdalena de Van Dyck. La empresa hispanoalemana Baquera, Kutsche y Martín, que hacía de intermediaria de aduanas y que tenía su sede en el 93 del paseo de Colón de Irún, fue la que preparó el traslado del material entre Francia y España. Según los documentos en poder del Archivo Provincial de Gipuzkoa, esta agencia se mantuvo operativa al menos hasta la década de 1950. El 24 de julio de 1944, el agente de aduanas del puerto de Bilbao Ramón Talasac -que resultó ser un infiltrado del Reino Unido- elaboró un informe de admisión del despacho. Es casi el único documento en castellano de todo el caso. El depósito 562/44 en la zona franca consistía en "tres cajas, con marcas B.K.M. [las siglas de Baquera, Kutsche y Martín]" con un "peso bruto de 324 kilogramos". Contenían "pinturas artísticas y marcos de madera" con "origen Holanda", en referencia a los Países Bajos. Estaban "depositadas en nombre de Alois Miedl, de San Sebastián" y venían "procedentes de la aduana de Irún" con código 220/44. Miedl no era "de San Sebastián" pero sí consta que pasaba allí algunas temporadas alojado en los hoteles de Londres y de Inglaterra, en el Continental y en el desaparecido Úrsula. Vitoria, Bilbao y Donostia, en aquellos años, tenían una abundantísima presencia de alemanes en general y de nazis en particular. En Vitoria estuvo en la Guerra Civil el estado mayor de la Legión Cóndor, la que bombardeó Gernika. En Bizkaia y en Gipuzkoa había empresas, negocios tapadera y hasta bares frecuentados por esta colonia. Un dato: los hoteles guipuzcoanos registraron a 1.119 alemanes e italianos en los años 1940, 1941, 1942, 1943 y 1944, el 28% de todos los huéspedes extranjeros de ese período. Heinrich Himmler, el líder de las SS, fue uno de sos visitantes, a los que se recibía brazo en alto.El informe de Talasac era bastante detallado, aunque no fuera el de un experto en arte. Fijaba con claridad las dimensiones de las pinturas y las inscripciones que pudieran identificar su autoría, procedencia u otros detalles. pronto aparecieron grabados en neerlandés o incluso la marca "Collectie Goudstikker, Amsterdam". En la caja primera, el séptimo de los cuadros era el siguiente: "Una pintura sobre tabla, representando un retrato de mujer contemplando una calavera, sin firma, dimensiones 63,5 por 48,5 cm. Al dorso, una etiqueta igual al anterior con número 1355 y, a lápiz, Van Dyk [sic], soeger". El cuarto de la segunda caja era el siguiente: "Una pintura sobre lienzo, sin marco ni firma, representando un caballero en 3/4 cuerpo, dimensiones 104 por 87 cm. Al dorso, una etiqueta: Collectie Goudstikker, Amsterdam, Heerengracht 458, número 5418, y a tinta sobre ella, El Greco"."Tuve una larga charla con un representante del Ministerio de Justicia neerlandés y me dijo que el Gobierno, definitivamente, considera la colección Goudstikker como expolio de los alemanes. Todas las obras sacadas del país son parte del patrimonio nacional y han de ser recuperadas. La cuestión de si luego tienen que ser devueltas al dueño original la discutirían después", escribían los estadounidenses tras revisar el material y consultar con las autoridades no colaboracionistas. El propio Goudstikker contribuyó a la operación y entregó un catálogo de sus piezas para que fueran cotejadas con las llegadas al puerto franco de Bilbao. La esposa del magnate judío escribió a las autoridades neerlandesas legítimas exiliadas en el Reino Unido y les pidió que actuaran.En mayo de 1944, antes de la entrada ilegal de los cuadros, Miedl viajó de Donostia a Madrid para reunirse con un amigo y colaborador del director del museo del Prado, José María Huarte. Según los reportes de inteligencia, allí les habló de la posibilidad de introducir del orden de 60 piezas, incluido otro Rembrandt, una gran obra de un artista español que no se identifica y otros cuadros neerlandeses y flamencos. Miedl salió de la reunión con la idea de que el régimen le facilitaría cruzar la frontera aunque luego, una vez en España, los responsables de la pinacoteca elegirían los mejores ejemplares para su exhibición, sin ningún compromiso concreto. ¿Por qué se hablaba de 60 cuadros y luego llegaron 22 a Bilbao? Un informe británico (el SOE o Special Operations Executive era la rama especial creada para espionaje en la II Guerra Mundial) apunta a que parte del botín de Miedl se quedó retenido en Francia y también se alude a que en Suiza, en Zúrich, escondió igualmente otros cuadros, seis en total. Aquí había piezas de Van Gogh y de Cezanne.En el otoño de 1944, cuando Miedl ya había sido arrestado y estaba siendo vigilado, viajó de nuevo de Donostia a Madrid y es ahí donde mencionó a los responsables del Prado, quizás con el ánimo de que le hicieran una oferta, que "en su posesión tenía dos pinturas de Goya". Como argumento para que el franquismo los comprara, les dijo que habían sido "robados por los rojos" durante la Guerra Civil y que él los había recuperado. Sobre la María Magdalena de Van Dyck, Miedl nunca la ofreció: estaba apalabrada para su padrino Göring. En la misma época, el anfitrión de los Miedl en Hendaya, Duval, también fue a Madrid. Pasó la frontera en un coche de alta gama y con su esposa escondida en el maletero. La OSS sostiene que lo hizo para robar al ladrón, es decir, para hacerse con el botín de Miedl y poderlo rentabilizar él "para su propio beneficio".Según el espionaje británico, que tenía un agente doble en la aduana del puerto de Bilbao, el 1 de diciembre de 1944 llegaron otras tres cajas con cuadros, esta vez de París y también a nombre de Miedl "el de San Sebastián". Sostiene el informe de Talasac de que estas piezas eran aún más valiosas que las anteriores y se menciona otra Van Dyck y un Rubens. Estados Unidos consideraba que el confidente de los británicos era de total credibilidad, pero este hilo está mucho menos claro que de las 22 piezas anteriores.Miedl y toda la red fueron detenidos ya en 1945, cuando su país había capitulado ya ante las fuerzas aliadas. También fueron arrestados todos los neerlandeses que colaboraron con la adquisición inicial de la colección de Goudstikker. "Miedl es ante todo un hombre de negocios. Negociar es su único objetivo. Y, como buen hombre de negocios que es, especula y posiblemente no tiene escrúpulos. Es duro y listo, aunque también educado en el trato personal. [...] La cuestión judía ha jugado un papel importante en su vida. Su esposa lo es y, a pesar de las presiones en cualquier ocasión de las SS y que el propio Göring le pidió que se divorciara de ella, siempre se quedó a su lado", escribía el informe de inteligencia del momento. Varios países quisieron interrogar a Miedl, que fue incluido en un listado de nazis en España que tenían que ser puestos a disposición de la Justicia. Pero el franquismo rechazó la extradición. Otro informe recopilatorio sostiene que Göring, tras el desembarco de Normandía y vista de una pronta caída también de Berlín, ordenó a su hombre mover el patrimonio a España, un país amigo. Tampoco los cuadros fueron devueltos de forma ordenada.En 1949, Miedl fue requerido en los Países Bajos y 189 cuadros fueron recuperados por el Estado neerlandés. Pero no los de Bilbao. En el libro 'El expolio nazi', el profesor Miguel Martorell sostiene que "el Gobierno español entendió que no eran obras procedentes de un saqueo y se las devolvió a Miedl en lugar de al Gobierno neelandés", por lo que "desaparecieron en las tinieblas del mercado del arte". En 1949, precisamente, Miedl pudo hacerse con ellos. La experta neerlandesa Katja Lubina publicó en 2009 un libro sobre Miedl y el saqueo nazi con la María Magdalena bilbaína en la portada. El museo de arte de la Baja Sajonia, en Alemania, almacena ahora la obra de arte. Goudstikker la adquirió en 1924 pero antes había pertenecido a la galería del Gran Ducado de Oldemburgo. Esta pinacoteca informa de que, después de la II Guerra Mundial, viajó por Nueva York y Los Ángeles hasta que fue "restituida" en 2002 a los herederos de Goudstikker, que a su vez la entregaron al museo de la Baja Sajonia. Se puede ver aquí la dicha del cuadro.

Un hombre de 56 años vecino de Barcelona ha fallecido este domingo mientras hacía escalada en Benasque, en los Pirineos aragoneses. Según ha informado la Guardia Civil, la víctima se ha precipitado al vacío cuando escalaba la Cresta de Llosàs, en la comarca de la Ribagorça, con un compañero de 47 años. 

La Real Sociedad superó (4-3) al Getafe este domingo en la sexta jornada de LaLiga EA Sports gracias a un Mikel Oyarzabal que volvió a sentirse importante, mientras que la UD Las Palmas logró su primera victoria con un golazo de Kirian Rodríguez ante el Granada.

Los medios vascos y catalanes impulsan con fondos públicos plataformas de streaming que difundan los contenidos en lenguas cooficiales Leer

Els gols de Morata i Griezmann fan justícia a la gran primera part dels jugadors de Simeone

L'home s'ha precipitat al buit a Benasc, a la Ribagorça

"Sánchez es el primero que sabe que la amnistía es un paso necesario pero no suficiente", ha dicho.

Otoño en Madrid. Día de cielo azul velazqueño y ruido, mucho, mucho ruido político. Y en la Mercè, un torero de Montcada i Reixac, Serafín Marín, hacía el paseíllo en Las Ventas, ocho años después de su última vez allí.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este domingo "una salida ordenada de aquí a finales de año" del contingente militar francés en Níger, estimado en unos 1.500 soldados, debido al golpe de Estado que derrocó en julio al presidente Mohamed Bazoum y puso al frente del país a una junta militar.