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Vídeo, en directo | Siga la sesión de control al Gobierno en el Congreso
Siga a partir de las 09:00 horas la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a la que no acudirá el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York donde se reúne este miércoles con el secretario general de la ONU, Jens Stoltenberg.
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elconfidencial.com
La inhabilitación de Rodríguez, la querella a Batet y el choque sobre la reforma laboral enturbian la relación PSOE-UP
Varios cargos del espacio confederal lanzan críticas a la presidenta del Congreso y muestran su malestar por la "injerencia" de Calviño
europapress.es
Maneras de vivir
El periodista Fernando Navarro acaba de dar a la imprenta una recopilación de sus piezas escritas durante la pandemia. Al contrario de otros textos pandémicos, los de Navarro no están escritos desde la primera persona, pues los verdaderos protagonistas de sus piezas son los músicos; las víctimas laborales de un virus que ha causado estragos en un Madrid que, a la hora de votar, se decantó por la libertad de mercado representada por Isabel Díaz Ayuso.Porque la gente de Madrid es, ante todo, gente hospitalaria. En uno de los textos del libro de Fernando Navarro, el cantaor granaíno, Enrique Morente, afirma que Madrid recibe a todos "sin señalar de dónde eres". Por eso la gente de Madrid somos la gente menos nacionalista de todo el país. Para confirmarlo, baste apuntar que los dos himnos más representativos de Madrid son canciones de odio hacia la ciudad. "Este Madrid", de Leño y "Pongamos que hablo de Madrid", de Joaquín Sabina, no son precisamente canciones de amor. Están escritas desde la rabia –Leño– y desde la pesadumbre -Sabina-. Pocas ciudades se pueden permitir eso.Ahora sigamos con Ayuso, pues los Cayetanos y los que no lo son, y aspiran a serlo algún día, han votado a Ayuso, dicen, por la valentía demostrada durante la pandemia, al permitir que teatros y salas de espectáculos no echaran el cierre junto a los baretos, manteniendo así un pulso con el Gobierno cuyo resultado se ha traducido en votos a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid.Lo que ha hecho Ayuso es mantener una actitud temeraria. Y lo que aquí sucede es que se confunde la valentía con la temeridad; siendo la primera una virtud por la cual el ser humano se enfrenta a una situación difícil, cosa que nada tiene que ver con la temeridad, que viene a ser una solución imprudente con resultados catastróficos. Tener al frente de las instituciones a alguien temerario es malo, pongamos que nefasto. Recordemos lo ocurrido en Rusia, durante la crisis de rehenes del teatro Dubrovka de Moscú, cuando más de un centenar de rehenes murieron gaseados en la acción encargada por el presidente Putin a las fuerzas especiales. Pero como los terroristas fueron eliminados, pues la gente más mostrenca aplaudió a Putin por su mal llamada valentía, que aquí, en España, es sinónimo de grandeza testicular. Algo parecido ha hecho Ayuso, abriendo bares y lugares de ocio durante la pandemia. Si analizamos la situación, hacer lo que hizo Putin o Ayuso es lo más fácil. Lo prudente, y lo suyo en el caso de Ayuso, hubiese sido establecer ayudas a los músicos y a los cómicos, a los artistas y a la gente que se gana la vida dando lo mejor que tiene sobre un escenario. Por decir no quede que las ayudas se hubiesen extendido a sus amados hosteleros, pues, en este país de servicios, la hostelería es patrimonio cultural y Madrid no se entiende sin su Mahou y sin su bocata de calamares. En pocas palabras, un poquito de sensibilidad hacia los que se levantan con el despertador a dar el callo. Y esta es una de tantas reflexiones que uno se hace tras leer el libro de Fernando Navarro, una recopilación de piezas donde la crítica subyace en cada línea; una historia triste de Madrid y de sus lugares más emblemáticos, así como de sus músicos, víctimas de la pandemia y de una política institucional que no ha estado a la altura. Los buenos libros son los que, una vez terminados, no dejan de formularnos preguntas. Este es uno de ellos. Se titula "Maneras de vivir", y lo acaba de editar Muddy Waters. No lo pierdan de vista.
eldiario.es
Urszula Grycuk, activista: "El acceso al aborto en Polonia es una cuestión de clase"
Hace un año, el Tribunal Constitucional de Polonia decidió que el aborto por malformación del feto era inconstitucional, eliminando el que era uno de los pocos supuestos legales bajo la ya muy restrictiva ley del país. Urszula Grycuk recuerda la "gran conmoción" que sintió, junto a sus compañeras de organización, aquel 22 de octubre de 2020. Hasta entonces, pensaban que se trataba de un intento más para restringir el aborto, uno de los varios que llevaban sufriendo durante años, especialmente desde que el partido ultraconservador Ley y Justicia está en el poder. La situación del acceso al aborto ya era difícil, dice en una entrevista con elDiario.es, así que les parecía imposible que esta restricción pudiera prosperar."Nos parecía totalmente irreal que estuviera pasando", dice por videollamada Grycuk, coordinadora de incidencia internacional de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar (Federa), una ONG que lleva más de dos décadas luchando por la igualdad y los derechos reproductivos en Polonia. Cuenta que se sintió impresionada por las multitudinarias protestas que se sucedieron los días posteriores, con decenas de miles de mujeres en las calles de Varsovia y el resto del país, hasta en los pueblos más pequeños. "Tenía la sensación de estar en un momento muy importante de la historia de los derechos de las mujeres polacas". Este viernes, durante el aniversario, ha vuelto a haber protestas en el país. Aborto Sin Fronteras, seis organizaciones de varios países que ayudan a las mujeres a acceder a servicios de aborto seguro, ha atendido a 34.000 personas de Polonia durante este año e indica que más de 1.000 polacas han recurrido a clínicas en el extranjero en el segundo trimestre. Aunque la decisión del Constitucional no entró en vigor final de enero, explican que al día siguiente les llegaron las primeras peticiones de ayuda de mujeres a las que se les denegó el aborto en hospitales polacos. En Polonia, el aborto solo se permite ahora en casos de violación, incesto o si la salud de la madre está en riesgo, lo que suponía solo un 2% de las interrupciones del embarazo legales en el momento de la sentencia, dice Grycuk. Federa y 13 entidades más denuncian que la decisión del Constitucional está causando "un daño incalculable" y ataques contra quienes defienden los derechos de las mujeres en el país.Junto a varias organizaciones, denuncian "barreras extremas" para acceder al aborto en este año. ¿De qué barreras hablan?Hablamos de una prohibición casi total del aborto en Polonia. Los casos de aborto por malformación fetal representaban casi el 98% de los practicados legalmente. Son estadísticas oficiales, que claramente no reflejan la realidad previa a la sentencia: las mujeres ya iban al extranjero y ya se sometían a abortos con medicamentos. Quienes buscan atención para abortar no pueden acceder a ella por casi ningún supuesto y esto provoca un dolor y un sufrimiento incalculables para muchas mujeres y sus familias. En la federación tratamos de hacerlo posible a través del supuesto de la amenaza a la salud y la vida, incluyendo la salud mental, pero va despacio por el efecto en los médicos, que pueden no estar dispuestos a asumir el riesgo en su diagnóstico. Según nuestras estimaciones, solo se han practicado 300 abortos en los hospitales polacos durante este año, lo que no es nada para un país de 38 millones de habitantes. ¿Qué otros problemas están notando?La consecuencia terrible de esta sentencia ilegítima es el efecto amedrentador sobre los médicos, que temen la responsabilidad penal y se muestran reacios a prestar servicios de aborto, aunque haya una amenaza para la vida y la salud. Hay una gran desorientación e incertidumbre entre las personas que necesitan abortar, o que quieren ayudar a alguien a acceder a él, sobre lo que es legal y lo que no lo es. Según la ley, las mujeres no son castigadas por sus propios abortos, pero después de la sentencia no están seguras, temen por sus allegados. Nuestras abogadas están representando a una demandante en un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Es una mujer que tenía acceso al aborto legal (por enfermedad del feto) certificado en enero de 2021 –la sentencia entró en vigor el 27 de enero de 2021–, pero debido a la publicación del fallo, solo recibió un SMS del hospital que decía que esto ya no era legal y se negaron a proporcionarle la asistencia. ¿Se imagina el nivel de desesperación y el drama en una situación así? Finalmente, se fue a una clínica de Holanda y abortó allí. Pagó ella misma el transporte y los gastos médicos, que ascendieron a 1.220 euros. Otra consecuencia se deja notar en el acceso a las pruebas prenatales. Los médicos prescriben menos pruebas porque, como algunos de ellos declaran abiertamente, si después una embarazada quiere abortar, no pueden. Hasta las mujeres que están en edad reproductiva y quieren quedarse embarazadas temen no recibir una atención ginecológica adecuada, especialmente si sus embarazos son complicados. Conocer las complicaciones y las enfermedades del feto es traumático en sí mismo, pero para el Estado polaco no es suficiente. Quieren quitarnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Es un enorme ataque a nuestra libertad, a nuestra autonomía y a nuestra capacidad de decisión. Es sencillamente humillante.Denuncian que esta restricción está afectando sobre todo a mujeres y niñas pobres, de áreas rurales o marginadas. ¿Qué casos de este tipo se encuentran?En Polonia hay personas que experimentan diferentes discriminaciones y desigualdades que se entrecruzan y que hacen que no tengan un acceso adecuado a la información y, a menudo, a los recursos económicos que podrían permitirles pagar un aborto. Algunas de esas mujeres ni siquiera saben que tienen la posibilidad de decidir libremente qué hacer con su cuerpo. Puede que no tengan acceso a nosotras, a otras organizaciones que proporcionan ayuda, incluida ayuda económica. A esto se suma el estigma que rodea al aborto, sobre todo en las poblaciones más pequeñas y tradicionales. Así que pueden quedarse sin ninguna ayuda. El acceso al aborto es una cuestión de clase: las que tienen dinero, las que viven en las grandes ciudades, pueden pedir una pastilla o abortar en el extranjero. El problema se resuelve para algunas, pero esto crea otra capa de desigualdad que debe ser abordada por el Estado, porque garantizar el acceso a los servicios esenciales de salud es un deber primordial. Me da pavor imaginar por lo que pasan las mujeres que son rechazadas en nuestras fronteras respecto al acceso a la atención médica y ginecológica. Están completamente abandonadas por el Estado.Federa ha registrado unas 8.100 consultas en los 11 meses posteriores a la sentencia, tres veces más que en el mismo periodo de años anteriores. ¿Cómo ayudan a las mujeres en un entorno así?Hacemos un seguimiento del acceso al aborto, actividades de sensibilización nacional e internacional y ayudamos a las mujeres a acceder al aborto legal en los hospitales polacos. Como este se limitó tras la sentencia, tenemos líneas telefónicas de ayuda con especialistas y en nuestra oficina proporcionamos información a todo el mundo sobre (según la situación, según la etapa del embarazo) cuál es la mejor solución en sus circunstancias y cómo pueden recibir ayuda.Intentamos forjar el estado de salud metal en el supuesto de la amenaza de la salud. Estamos construyendo una red con quienes están dispuestos a afirmar que esto constituye una amenaza para su salud, para su vida, lo que podría hacer que el aborto legal sea accesible en este supuesto. Los médicos siguen siendo reticentes, pero en muchos casos las mujeres están desesperadas y angustiadas, y no es en absoluto exagerado que pueda constituir un grave riesgo para su salud. No solo recibimos llamadas sobre abortos, hay muchas sobre educación sexual y sobre anticoncepción, también de personas que quieren ayudar a sus parejas embarazadas a acceder al aborto. Tienen miedo y se preguntan en qué condiciones podrían ser castigadas. Dar información como tal no está penalizado, pero al mismo tiempo, con la propaganda del Estado, nos estamos exponiendo y puede ser peligroso. También hay consultas legales. Tenemos casos de víctimas potenciales en el TEDH. Estamos creando una red de ginecólogos afines. Hay mucho trabajo para las que somos, cuando esto debería ser lo básico en los servicios estatales. Y el Estado no nos apoya en absoluto.¿Qué hacen entonces las mujeres que quieren abortar y no cumplen los supuestos legales?En la mayoría de los casos, recurren al aborto con medicamentos o se van al extranjero, pero no es fácil. Aunque las mujeres no sean castigadas, hay dudas y miedos en torno a la ayuda al aborto, que puede ser castigada con hasta tres años de cárcel. Por ejemplo, si tu pareja pide pastillas por Internet y alguien informa a la Policía, puede haber una investigación penal. Todo esto ocurre en un ambiente de enorme estigma y opresión, y es simplemente inhumano.Denuncian que, desde el fallo, las defensoras de derechos humanos se enfrentan a un "entorno cada vez más hostil y peligroso". ¿Cómo es ser mujer activista en Polonia?Es muy duro porque no tenemos apoyo. Estamos abrumadas por la cantidad de trabajo. A veces es bastante difícil tratar estas historias y ayudar a las mujeres, escuchar su angustia y tener vías de acción limitadas. Pero no dejamos a ninguna sola. No recibimos ningún tipo de apoyo económico o de otro tipo por parte del Estado. Al contrario, hay propaganda contra las organizaciones de derechos de las mujeres. La semana pasada, una compañera vio en la puerta de nuestra oficina un letrero que decía "aquí se matan niños". Es algo simbólico, pero demuestra hasta qué punto las autoridades aceptan este tipo de comportamientos. Las activistas de la huelga de mujeres son especialmente perseguidas, su líder se enfrenta a amenazas de muerte y a muchos procesos penales. El ambiente es muy hostil y totalmente desfavorable. Pero sabemos que estamos haciendo cosas importantes y es lo que nos importa a mí y a mis compañeras activistas. Hablamos de derechos humanos básicos, de servicios sanitarios básicos y de tratar a las mujeres como iguales. Desde que el partido Ley y Justicia llegó al poder en 2015, el Gobierno ha actuado repetidamente para frenar aún más los derechos de las mujeres, dicen. ¿Qué otras medidas y acciones le preocupan?Hay muchas. El Tribunal Constitucional, el mismo tribunal constitucional que carece de legitimidad y cuyos jueces fueron elegidos sin seguir el procedimiento, va a decidir sobre la constitucionalidad del Convenio de Estambul [tratado para combatir la violencia machista]. Nuestro ministro de Justicia ha pedido este mismo Tribunal Constitucional que examine la constitucionalidad del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que daría la base para debilitar las sentencias del TEDH. La próxima semana se va a tramitar un proyecto de ley que consiste en prohibir el Orgullo LGTBI. Organizaciones fundamentalistas han presentado una iniciativa para prohibir totalmente el aborto, tratándolo como homicidio y metiendo a las mujeres en la cárcel hasta 25 años por abortar. Este es un gobierno misógino y contrario a los derechos humanos que parece no detenerse aquí en el ataque a nuestros derechos. Organizaciones y miembros de la oposición están recogiendo firmas para presentar un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que permitiría el aborto hasta la semana 12 de embarazo. ¿Esperan conseguirlo? Este tipo de iniciativa requiere que los ciudadanos reúnan 100.000 firmas. Ya la hemos registrado en la comisión legislativa del Parlamento. Hay organizaciones de derechos de la mujer, incluida la nuestra, en esta comisión y diputados de la izquierda. Todos estamos recogiendo firmas, y para esto no habrá ningún problema porque hay más de 100.000 personas que apoyan la idea. Así que el proyecto de ley se presentará con toda seguridad en el Parlamento, pero luego no sabemos qué va a pasar. Tengo grandes esperanzas de que sea votado cuando pueda obtener suficiente apoyo de los diputados. Reunir las firmas es importante porque moviliza a la sociedad en torno a un objetivo común. Es un símbolo de nuestro trabajo y un proyecto jurídico concreto que puede llevar a un cambio en la legislación. Actuamos en todos los niveles. La sentencia sobre el aborto procede del mismo tribunal que ha rechazado recientemente que la legislación de la UE esté por encima de la nacional. ¿Qué opina de esta decisión?Soy abogada de derechos humanos y una persona para la que los derechos fundamentales tienen una importancia primordial. Por eso, cuando veo hacia dónde va mi país, siento que no tengo nada que compartir con él. La ley se está utilizando como herramienta política para imponer la estrategia del partido en el poder. La ley debería servir como herramienta para proteger los derechos de las personas, no para oprimir a los ciudadanos. Y en el caso de nuestro Gobierno, se está utilizando para restringirlos y cada vez va más lejos. Es decepcionante. Parece que la ley no tiene fuerza en mi país. Solo tiene fuerza política. Piden a la Comisión Europea y al Consejo que actúen para ayudar a las mujeres polacas. ¿Cómo deberían hacerlo?Las instituciones de la UE deberían utilizar todas las herramientas disponibles ahora mismo en muchos niveles. En el plano jurídico institucional, utilizando el artículo 7 del Tratado de la UE. Pero se trata de una herramienta política, por lo que puede ser complicado movilizar a los Estados miembros.El dinero es importante a la hora de hablar con Polonia. El dinero debe redirigirse, porque el Gobierno lo está utilizando contra los ciudadanos con frecuencia. No protege nuestras vidas, nuestra salud ni nuestro bienestar. Las organizaciones de la sociedad civil y los propios ciudadanos están del lado de los valores de la UE y es ahí donde debería ir el dinero. Polonia entró en la Unión no solo como parte del mercado común, sino también de la comunidad de valores que nuestro país está violando descaradamente ahora. La UE se ocupa ahora de la crisis del Estado de derecho en Polonia, pero a veces parece pasar por alto que la consecuencia de esta crisis y de las instituciones estatales disfuncionales son las violaciones de derechos humanos y la prohibición del aborto es, por desgracia, un buen ejemplo de ello. No hay protección de los derechos en un Estado de derecho que ha caído. La UE tiene que actuar ya al respecto. La prohibición del aborto es casi total en Polonia y esto crea un riesgo tan grande para la vida y la salud de las mujeres que la UE no puede decir más que no tiene competencia sobre ello. El Parlamento Europeo ya ha dicho que el derecho al aborto es un derecho humano, pero esto debería ser reconocido y debería entrar en las políticas sanitarias de la Comisión, sobre todo, que sigue siendo muy reticente. Ya no bastan las declaraciones ni las muestras de preocupación. Hay que actuar de verdad porque Polonia es ahora una gran prueba para toda la UE. si no hay una reacción real a lo que está pasando en Polonia, habrá muchos países que le seguirán. Hay muchas fuerzas en la Unión que están en contra de la integración de la UE. Tendrá un efecto dominó.A nivel mundial, hay ejemplos opuestos, como Argentina y Texas. ¿Qué lecciones deja la experiencia de Polonia? ¿Es el aborto un derecho en constante riesgo? Se trata de una lucha global de las mujeres. Hay países hasta en Europa en los que, sobre el papel, el aborto es accesible pero hay algunas barreras. Mire Italia y muchos otros países europeos occidentales y cómo se abusa de la objeción de conciencia, mire los intentos en Eslovaquia de restringir el acceso al aborto. Esto demuestra que estamos en una lucha constante. Argentina tardó 15 años en acceder al aborto legal, nosotras también lo conseguiremos. No me gusta que utilicemos esta retórica de guerra constantemente, pero, por desgracia, cuando se trata de los derechos de la mujer, y especialmente del aborto, parece una lucha constante: dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás. Estamos interconectadas y necesitamos que la solidaridad vaya más allá de las propias fronteras. La lección es que necesitamos de verdad ser solidarias, unirnos aunque haya algunas diferencias entre nosotras, apoyarnos mutuamente en diferentes niveles. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos está bajo constante ataque. Hablamos de lo más básico y por eso nos hemos salido este viernes de nuevo a las calles de Polonia, permaneceremos unidas y continuaremos nuestro trabajo.
eldiario.es
Las Huecas, punk sobre las tablas
Las Huecas son cinco jóvenes que aún no pisan la treintena y que la están armando desde un pequeño teatro de Barcelona, epicentro de la creación contemporánea catalana, L’Antic Teatre. Se llaman Esmeralda Colette, Andrea Pellejero, Júlia Barnaby, Núria Corominas y Sofía Ana Martori. Después de un estreno que acabó en aplauso atronador en el Teatre Principal de Terrasa, en el Festival TNT, han pasado dos semanas actuando bajo el cartel de "No hay entradas". Pero esta historia no va de éxito, sino de respiraderos de una escena que a veces peca de aburrida. La prueba es que con esta obra, su segundo montaje, tienen a gran parte del sector teatral hablando de ellas.Su nueva obra, Aquellas que no quieren morir, una pieza sobre la muerte y el negocio que la rodea, es simple como un tema de los Ramones: tres acordes y al lío. No quieren ser modernas ni parecerlo y han decidido tirar de raíces netamente teatrales. En algunos momentos de la pieza parecen un Els Joglars transmutado. Pero no se equivoquen: en esta obra las cantan directas: teatro feminista que lo es sin declararlo, una visión del cuerpo femenino desexualizado hasta el extremo y una actitud punk que abole el virtuosismo al mismo tiempo que reivindica lo colectivo.Las Huecas, tras una de las funciones, acogieron sobre el mismo escenario a este periódico. Un diálogo ameno y eléctrico en el que responden sin dobleces, cortándose la palabra la una a la otra, con un pensamiento de colmena que llama la atención. En cierto sentido, haciendo lo mismo que hacen en la escena: actuar como una compañía. Por eso en sus respuestas una voz colectiva surge entre las individuales."Las Huecas nace de la necesidad de hacer cosas fuera del Institut del Teatre. El ambiente del Institut era axfisiante, pura ansiedad. Todo empezó porque nos presentamos a Croquis, un pequeño festival que organizaba el colectivo Atresbandes en el Sala Beckett de Barcelona", explica Esmeralda. "Había que enviar un vídeo de un ensayo y nos inventamos uno de una obra que no existía. Y en ese primer no ensayo, ¡pum!, vimos que ahí explotaba algo, que nos entendíamos. Y nos cogieron para hacer una residencia de la que saldría nuestra primera pieza, Projecte 92".Projecte 92, que se estrenó en este mismo teatro en 2018 y ya asombró a propios y extraños, estaba más enraizada en el teatro posdramático de los noventa. Entre pogo hardcore y baile sincopado, Las Huecas repasaban esa Barcelona fundacional y desmesurada en la que nacieron. Pero tienen claro que no pretenden hacer historiografía romántica con ellas mismas: "Bueno, vieron que estábamos un poco colgadas", apunta Júlia. "Y también influyó que hace cinco años no había grupos de teatro de mujeres. Eso enganchó. Además, no performábamos desde ese lugar ñoño del malentendido teatro de mujer. Por eso caló, porque estábamos jugando a hacer el feo, a hacer de feas", concluye Núria. "Pero no venimos solo del Institut o la sala Beckett. Con ese primer montaje nos chupamos pocos teatros pero muchos garajes, mucha plaza, mucho local autogestionado, trasteros, mataderos abandonados… Ese también es el lugar que nos explica", sigue Núria. "No es lo mismo estar actuando en la Beckett que en el Sant Feliu Fest donde estaban todos los punkarras del hardcore gritándote 'Muuuu bien", explica Andrea sobre su participación en este mítico festival de punk que en 2019 celebró sus 25 años y en el que hicieron una versión más trash de Projecte 92 tirando de la otra cara de la compañía, su banda de punk-rock La Buides.Todas ellas menos Martori, que es la parte técnica de la compañía, acaban de concluir estudios en el Institut del Teatre, entidad docente por antonomasia de las artes escénicas en Cataluña. Tienen un recuerdo de su paso por el Institut ambivalente. Saben que, en cierto sentido, las formó y en otro se reconocen en la definición de las escuelas que diera Thomas Bernhard: puros calabozos educacionales.A la pregunta de cómo se formaron y qué obras les dejaron huella, Andrea dice que su referente es su propia compañera Júlia. "Cuando la veía en clase me decía: ¡cómo mola esta friki! No tengo referentes épicos, tengo a la Júlia", dice. "En mi caso, me acuerdo mucho de la compañía mexicana Lagartijas tiradas al sol y antes, cuando era muy pequeña, de El año de Ricardo de Angélica Liddell", escoge Núria. "Y el montaje de Guerrilla de El Conde de Torrefiel, bueno y La plaza, a ese montaje fuimos todas, me acuerdo de estar volviendo juntas en autobús flipadas", explica Esmeralda. "Yo, si tengo que escoger una función, es la de unas abuelas en Logroño, no sé qué hacían, alguna obra de texto, solo recuerdo que allí encontré algo que no veía en otros lugares cuando miraba: la necesidad, la necesidad de estar ahí, haciendo. Me vi reconocida, hasta entonces solo había visto las obras que ponían en el Teatro Principal de Logroño y aquello no me traspasaba", explica Andrea. "Bueno, también nos inspiran las obras que nos transmiten mucho grinch, mucha vergüenza, en Bachillerato hice mucho clown para empresas de festejos y eso marca", apunta Júlia. "Exacto, cuando haces una animación infantil de mierda, en un cumpleaños de mierda en el que eres la última mierda: ese ridículo…", explica Núria. "Eso en un teatro grande es revolucionario", concluye Júlia.Las Huecas hasta hoy tan solo han actuado fuera de Cataluña una sola vez, en Bilbao con su anterior montaje. Todo indica que eso está a punto de cambiar, pero recelan del mercado teatral, de sus necesidades y sus apremios. Hasta estrenar Aquellas que no quieren morir han pasado más de dos años de creación. Se autodefinen de "creación lenta", algo a lo que se unió la pandemia y la dificultad de crear sin tener ningún tipo de ingreso económico por ello. El resultado es una pieza sobria sobre la ausencia, la muerte y la falta de libertad para vivirla como uno quiera. Siguiendo los gustos del momento del teatro contemporáneo actual, la obra contiene una escena de teatro documental donde Núria Isern, una asistente funeraria encargada de maquillar y preparar a los difuntos, escenifica el procedimiento que lleva a cabo desde que acoge un cuerpo. La escena funciona, el malestar del público al saber que algún día serán ellos los que estén tumbados en esa camilla se palpa durante la función, y además está sobriamente realizada y actuada. Pero la obra tiene varios momentos antológicos. Aparte de un comienzo y un final deslumbrantes, la pieza contiene un baile de las cuatro huecas apoyadas en unos títeres bidimensionales, verdaderas piezas de arte povera, de gran carga poética. Bailan con los muertos, con las ausencias, bailan y las manipulan como a los ciudadanos en los tanatorios. El baile no es ilustrativo, su semántica es oscura y poderosa, y la energía y el movimiento en escena son arrasadores, pura actitud punk agarrada a una profunda investigación del cuerpo y el movimiento. Algo que el tiempo y los teóricos dirán si es un "nuevo lenguaje escénico" pero que cuando uno asiste a él sabe que está frente a algo no visto. Ellas lo denominan el antibaile."El antibaile es bailar mal. Bien pero mal. También se relaciona con el hecho de ser mujeres en escena. Como salir desnudas sin ser sexualizadas. Somos tías. Tenemos una edad determinada, no tenemos cincuenta. Y sabemos que eso genera unas lecturas y unos juicios con los que jugamos. También se trata de encontrar un movimiento propio, no aprendido. Es un baile que se alimenta de la manera de movernos de nosotras cuatro. Nos miramos y nos copiamos pero no hay codificación, no hay coreografía", explica Júlia. "Lo bueno de esta pieza es que hemos comenzado a instaurar un vocabulario propio sobre lo que estábamos haciendo. Hemos estado hablando mucho sobre cómo trabajar con lo sincero pero desde lo impostado, de los niveles de teatralidad, de lo que nosotras llamamos estar siempre de 'retirada permanente', sin acabar nunca de instaurar una tesis, un discurso, que nuestros cuerpos estén siempre en una fragilidad vulnerable. Nunca estar en firme", dice Núria.Las Huecas, con esta obra, quería sobrevivir a su creación. "Ver que éramos capaces y podíamos resistir y seguir juntas", dice Andrea. "Y de alguna manera también queríamos revindicar el teatro. No nos estamos inventando nada, no queremos ser originales, no queremos generar vanguardia. Estamos haciendo teatro de toda la vida, el prehistórico. No somos modernas. Utilizamos el mecanismo teatral, la convención. Y mola. Esta obra es máscara, cuerpo, objeto y diagonales, ya está", dicen.
eldiario.es
Juicio sin olvido a los seísmos del Castor: "Se maltrató al medio ambiente y a las personas"
"En 20 minutos hubo dos temblores. Yo estaba leyendo y en el primero casi me caigo de la silla. En el segundo estaba de pie y fue como si una ola me diera en los pies". Evelio Montfort rememora así uno de los centenares de seísmos causados por la inyección de gas en la plataforma Castor que en 2013 sacudieron Alcanar y otros pueblos del sur de Catalunya y el norte de la Comunidad Valenciana. El juicio que se celebra desde esta semana contra dos exdirectivos de la empresa que explotaba la plataforma ha hecho aflorar de nuevo la angustia de los vecinos de la zona. Algunos lo han contado en primera persona en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Castellón, en cuyo banquillo de los acusados se sientan el expresidente de Escal UGS y su exconsejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau. Ambos se enfrentan a peticiones de hasta siete años de cárcel. La empresa se declaró en concurso de acreedores en 2019.Entre los vecinos afectados hay una mezcla de sentimientos: satisfacción porque por fin el caso llega a juicio, pero a la vez contrariedad por la versión exculpatoria que han dado los acusados. Y los recuerdos de lo que algunos vivieron como los peores momentos de su vida. "En el juicio hay dos acusados, pero no están todos los que son responsables", lamenta Joan Ferrando, portavoz de la plataforma de afectados por el Castor, que ejerce la acusación particular.En su declaración como acusados, Del Potro y Martínez aseguraron que la actividad del Castor no alteró la peligrosidad de la zona y desvincularon los terremotos de las inyecciones de gas, asociándolos a una actividad sísmica natural de la zona. "Mientras inyectamos nadie sintió nada", zanjó Del Potro, mientras que Martínez Dalmau rechazó que la actividad del Castor causara "daño o peligro" al medio ambiente."Entendemos que como acusados mantiene su estrategia de defensa, pero es duro escuchar cómo rehúyen cualquier responsabilidad", reflexiona Ferrando, para quien la actitud de los exdirectivos de negar los terremotos se asemeja "al conductor que va contra dirección por la autopista y dice que son el resto de coches los que se equivocan". "Le llegaron a echar la culpa a un directivo que murió. Tanto cinismo es indignante", apostilla Montfort, que forma parte de la plataforma en defensa de las tierras del Sénia.Además de a los acusados, el tribunal ha empezado a escuchar ya a los primeros testigos. Vecinos de Vinaròs, Alcanar, Sant Mateu, Sant Carles de la Ràpita, pero también de poblaciones más alejadas del epicentro de los seísmos, como Amposta, han relatado los temblores que sintieron desde la cama –la mayoría de seísmos ocurrieron de madrugada– y las grietas que aparecieron en sus domicilios. "La casa se movió toda", relató Neus Magrané, de Amposta. "Se movía la cama y el perro corría por el pasillo como un poseso", rememoró María Josefa Redó.En su interrogatorio, la defensa de los acusados ha insistido en el hecho de que el Consorcio de Seguros rechazó indemnizar a los afectados porque, a su juicio, los seísmos no tuvieron la intensidad suficiente para provocar los daños. "Pero a mí me salió una grieta en casa", respondió gráficamente David Juanena, uno de los afectados, que precisó además que tuvo que abonar personalmente los 1.200 euros en reparaciones que ahora reclama porque el Consorcio de Seguros le indicó que solo podía compensarle por seísmos de origen natural "pero no por los producidos por actividad industrial derivada de la acción humana".Montfort tampoco ha olvidado el seísmo de mayor magnitud –4,3 en la escala de Richter– que tuvo lugar la madrugada del 1 de octubre de 2013 y los dos terremotos consecutivos ocurridos dos noches después. "Todo el mundo se llamaba por teléfono, yo vivo en el campo y no se oía a los perros como siempre, fue una sensación rarísima, de mucha angustia, como si de repente después del temblor hubiera subido la temperatura".Para los vecinos de las comarcas afectadas en la lista de responsables de los seísmos hay una larga lista de políticos y empresarios, además de los dos que se sientan en el banquillo. Pero jamás irán a juicio: la Audiencia Nacional rechazó en en 2018 investigar a los exministros de Industria Joan Clos y Miguel Sebastián –del PSOE–, y a su sucesor bajo el Gobierno del PP, José Manuel Soria; así como al presidente de ACS, accionista mayoritario de Escal, Florentino Pérez. "Florentino ya ha cobrado, pero los vecinos afectados dependen de este juicio", se queja Montfort, en referencia al decreto ley aprobado a principios de año y que autorizó al Estado a endeudarse para devolver a Santander, CaixaBank y Bankia los 1.350 millones de euros que adelantaron estas entidades a Enagás en 2014 para indemnizar a la promotora del Castor, controlada por la constructora ACS que pilota el también presidente del Real Madrid.A la hora de reclamar las indemnizaciones, Ferrando explica que los afectados no quieren solo recuperar lo gastado en obras en sus casos, sino también que se les compense por los daños morales y el pánico y la inseguridad provocadas por la onda sísmica. Ello hace elevar la petición de indemnización a 15.000 euros por afectado, 1,84 millones de euros en total. Ferrando reconoce que la jurisprudencia en España es limitada a la hora de indemnizar por daños morales, pero confía en que los jueces sigan el ejemplo de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, donde sí son más habituales.Tampoco olvidan los vecinos que la actual ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, fue quien firmó la declaración de impacto ambiental (DIA) de la instalación como secretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Ni los políticos del PSOE en el Ministerio ni del PP en Castellón quisieron escucharnos cuando exigíamos más estudios geológicos", critica Ferrando, que tiene clara la respuesta a ese desdén político: "El punto débil del negocio era la geología, con unos estudios precisos sobre el riesgo de terremotos no hubieran podido ni presentar el proyecto". "Se maltrató al medio ambiente y a las personas", apostilla Ferrando. Un sufrimiento y una angustia que, según Ferrando, se podían haber evitado si se hubiera escuchado a los vecinos y a las plataformas que avisaban de los riesgos sísmicos del proyecto. "Pero se optó por el negocio", concluye, a la vez que espera que no se repitan los errores en futuras obras. Mientras los vecinos siguen viendo cada día, a 22 km. de la costa, la mastodóntica infraestructura del gaseoducto. Las inyecciones de gas han cesado, pero el Castor todavía no se ha desmontado.
eldiario.es
Vetar la entrada a niños o rojos: ¿por qué nadie actúa ante esta ilegalidad?
En los últimos tiempos se están poniendo de moda ciertos establecimientos que en lugar de seleccionar a sus clientes mediante técnicas de marketing, haciendo más atractiva la experiencia a determinado público en función de su edad, su opción sexual, sus ganas de juerga o de descanso... intentan prohibir la entrada a los que consideran indeseables. Y lamentablemente ninguna administración ha tomado medidas sancionadoras ante prácticas tan ilegales como no permitir el acceso a un hotel o un restaurante a un niño o advertir de que no es bienvenida la gente de izquierdas.Más allá de las reglas de etiqueta que tradicionalmente han impuesto ciertos restaurantes, llevamos décadas viendo cómo así funciona el negocio de las discotecas, donde no permiten entrar a chavales que no vistan, calcen o incluso se peinen como ordenan sus normas de admisión ante la ausencia de inspecciones por parte de las administraciones porque los políticos que las dirigen han decidido que los abusos sólo se cometen de día o incluso dan el visto bueno a que los chavales sean segregados en función de su apariencia igual que subvencionan a escuelas concertadas donde lo hacen por su sexo. Normas que en muchas ocasiones son improvisadas por el anabolizado portero de turno, que tiene órdenes del dueño de inventarse cualquier excusa para no dejar que accedan al local gitanos, inmigrantes latinos o africanos, salvo que se trate de futbolistas o artistas de éxito.La falta de actuaciones por parte de las autoridades con competencias en el control de la hostelería y la restauración ha dado lugar a que lleguemos al extremo de encontrarnos con establecimientos regentados por ultraderechistas donde además de simbología fascista exhiben con total impunidad carteles en los que dejan claro que no quieren dentro a personas de izquierda. En el Asador Guadalmina, en la localidad malagueña de Marbella, mostraban mensajes con la advertencia "rojos no" en una cartelería donde promocionaban un gel hidroalcohólico de la casa -también colocaron un cartel homófobo donde llamaban "ministra" al titular de Interior Fernando Grande-Marlaska-. En la Cafetería Iris, en Logroño, señalaban en una pizarra que sirven comida a "perros" pero no a "rojos" ni "perros flautas" (sic). A la entrada de Casa O Ferrador, en la aldea coruñesa de Chamín de Abaixoes, además de pegatinas de Vox y carteles ensalzando a Franco, incluían uno con el texto "rojos no hay perdón al paredón".Más allá de que hay que tener un estómago de titanio para meterse en sitios como esos, impedir la entrada por motivos ideológicos es una práctica que vulnera claramente la Ley de Turismo, donde se recoge que el acceso a los establecimientos turísticos y de restauración no puede "ser restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social que suponga discriminación".Y si ante esas fascistadas nadie actúa, poco puede sorprender que proliferen los hoteles y restaurantes que no permiten la entrada de menores. En lugar de al clasismo de las discotecas, recurren a una idiota alergia que de forma indiscriminada tienen a los niños ciertas personas que deberían hacérselo mirar. Y sí, está claro que resulta bastante molesto tener que oír a renacuajos que intentan romper copas de cristal con la voz o que corren por los pasillos aterrorizando a los camareros mientras sus puñeteros padres -los de los niños, no los de los camareros- recurren al alcohol para olvidarse de que existen. Pero más allá de que son esos padres los culpables de ese tipo de situaciones, lo cierto es que resulta injusto generalizar criminalizando a cualquier crío porque unos cuantos sean víctimas de la mala educación que les han dado sus progenitores, la misma que tienen ellos haciéndose los suecos cuando ven que molestan al resto de clientes.Salvo que se trate de una discoteca, un bingo, un club de estriptis o el plató de Sálvame, impedir la entrada de un niño a un recinto no tiene ninguna justificación objetiva ni tampoco base legal. Prejuzgar a un menor y decidir que por el hecho de serlo va a incomodar al resto de la clientela es una idiotez. Particularmente, no hay nada que me moleste más en un restaurante -aparte de tener cerca a alguien que use como perfume esencia de cebolla- que la gente que compite por contar su anécdota más alto que el resto, provocando que todo el mundo en el local tenga que acabar hablándose a gritos. Son esos establecimientos donde los alaridos de un niño pidiendo atención resultarían prácticamente imperceptibles.En FACUA hemos pedido a las administraciones competentes de sus respectivas comunidades autónomas que actúen contra varios hoteles y restaurantes que consideran que la posibilidad de reservarse el derecho de admisión les da carta blanca para incurrir en conductas tan arbitrarias como prohibir la entrada a menores. Los empresarios que están detrás creen que el hecho de que los establecimientos sean de su propiedad les da derecho a establecer cualquier criterio para decidir quién entra y quién no. Pero un local abierto al público no es una vivienda, por lo que sus responsables tienen que asumir una serie de normas. Así, denunciamos al restaurante sevillano Ozama por establecer un "acceso reservado para personas mayores de 18 años" y al bilbaíno Balicana, en cuya web advertía: "recordamos que nuestro local está reservado exclusivamente a mayores de edad". También actuamos contra el hotel Vivood, de Alicante, por presentarse como "un espacio only adults", un eslogan supercuqui para para restringir la entrada a mayores de 16 años.Las normativas autonómicas de espectáculos públicos y actividades recreativas suelen fijar criterios razonables por los que se puede impedir la entrada a menores. Por ejemplo, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Euskadi establece una serie de limitaciones al acceso "con el fin de proteger la infancia y la adolescencia". Entre ellas, a "establecimientos y locales de juegos" y aquellos donde "se efectúen, exhiban o realicen actividades calificadas como no aptas para menores" como "proyecciones, exhibiciones o actuaciones en directo sean de naturaleza pornográfica o de extrema violencia". También "salas de fiesta, salas de baile y discotecas" e impide "la entrada y permanencia de las personas menores de 16 años en bares especiales, pubs y disco-bares, salvo que estén acompañados de mayores de edad, sin consumo de alcohol y hasta las 22:00 horas".Otro ejemplo: la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana determina que son obligaciones de las empresas turísticas "respetar los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los derechos de los niños y las niñas". Y su reglamento de desarrollo indica que los alojamientos turísticos no pueden discriminar "por razón de sexo, nacionalidad, origen racial o étnico, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género, grupo familiar, desarrollo sexual, diversidad funcional o discapacidad, religión o creencias, ideas políticas, pobreza, lengua, cultura, enfermedad, estética, cuerpo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".Así que si el motivo real para la restricción del acceso no es una enfermiza niñofobia sino el intento de evitar que el ruido moleste a los demás clientes, la clave es no poner de música ambiente el primer disco de Melendi y advertir de que no se permiten los gritos, dando una llamadita de atención a quien se le escapen unos cuantos en algún momento de exaltación de la amistad tras la tercera copa.Y por supuesto, aunque la lógica respuesta que darán muchos usuarios es no entrar en locales donde no permitan entrar a sus hijos o en los que se discrimine por motivos ideológicos o de orientación sexual, la clave es que los responsables de las administraciones autonómicas hagan su trabajo y erradiquen este tipo de prácticas. Se trata de dejar de hacer sentir a los ciudadanos que ciertas leyes que protegen sus derechos están de adorno y aplicarlas abriendo expedientes sancionadores a los infractores.
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El triple control de España para empuñar un arma en una película y las diferencias con EEUU
Alec Baldwin ha matado por accidente a una mujer en un rodaje. Esta tragedia ha vuelto a poner sobre la mesa el espinoso asunto de las armas de fuego en el cine. Se trataba de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película Rush, en la que trabajaba junto a Baldwin cuando este disparó una pistola que debía ser de fogueo y que resultó estar cargada. El director, Joel Souza, también recibió el impacto, pero ya se encuentra a salvo, según la policía del estado de Nuevo México.Las características de la muerte de la mujer de 42 años recuerdan a la de Brandon Lee, hijo de Bruce, durante el rodaje de la película El cuervo, en 1993. El actor Michael Massee, que encarnaba a Funboy, apretó el gatillo y salió una bala directa al abdomen de Lee. Normalmente se usan proyectiles de fogueo, pero eran tan caras que la productora decidió adquirir munición normal y vaciarles la pólvora. Nadie inspeccionó el arma y el resultado fue fatal para el joven actor, que falleció a los 27 años, 17 días antes de su boda y a 8 de acabar el rodaje. La investigación posterior concluyó que había sido una negligencia a tal escala que no podía señalarse a un único culpable. La productora tuvo que indemnizar con 700.000 dólares a la familia Lee. Casi dos décadas después de la desgracia, Massee confesó que quedó traumatizado y que estuvo de baja por depresión durante más de un año. "Uno nunca se recupera de algo así", dijo el actor antes de fallecer en 2016. La hermana de Brandon también se ha pronunciado este viernes por la muerte de Hutchins y ha pedido que se eliminen todas las armas de los set de rodaje para evitar que esta fatalidad se vuelva a repetir una vez más. Pero el debate no es nuevo. Aunque en Estados Unidos existe el derecho a la posesión de armas de fuego, estas suelen estar muy controladas en las películas. Se usan las llamadas armas reconvertidas, cuya estructura es real, pero llevan salvas en lugar de balas. El encargado de esto es el props master o jefe de utilería, que es un nivel superior al de jefe del departamento de arte. De ellos dependen todos los accesorios de la producción, desde su adquisición y organización hasta un uso seguro y responsable. Los accesorios pueden ser un tenedor, una televisión, un coche o un arma de fuego, que las suministra un armero. También son ellos, junto a los jefes de utilería, quienes acompañan a los actores antes y durante el rodaje de una escena peligrosa, ya sea con pistolas o, por ejemplo, con "drogas" falsas. Tampoco se pueden considerar atrezzo porque son objetos y sustancias manipuladas por los profesionales durante el rodaje. En el caso de Brandon Lee se usó un cartucho real para rodar un primer plano de la pistola cargándose. Para la escena del disparo a corta distancia, el cartucho tenía que sustituirse por una munición de fogueo, que contiene pólvora pero no dispara proyectiles. La teoría es que una de las balas del primer cartucho se quedó atascada y salió disparada con la pólvora y el fulminante."En lugar de usar una bala, las salvas usan fajos de papel, plástico, fieltro o algodón; este trozo de textil garantiza que la pistola obtenga un cierto nivel de llama", explican dos cineastas estadounidenses que suelen trabajar con armas de fuego en The Conversation. Eso no significa que no sean peligrosas, y quedó demostrado mucho antes del incidente con Alec Baldwin e incluso con Brandon Lee. En 1984, el actor Jon-Erik Hexyms falleció en medio del rodaje de una serie al dispararse en la cabeza con una pistola de salvas. Al parecer estaba jugando a la ruleta rusa, pero la fuerza del jirón de tela fue tal que le hirió letalmente. Los dos expertos de The Conversation reconocen que es tan delicado que últimamente ellos solo la han usado en una escena y en la que no se disparaba contra nadie: "Aun así, hay un armero, un oficial de seguridad y un coordinador de escenas de riesgo. Al menos tres personas que siempre están atentas a las armas en el set", defienden. La policía aún investiga el suceso del rodaje de Rust, pero ya han empezado a alzarse las voces en contra de cualquier arma real dentro de los rodajes de cine. "Este es un gran problema de seguridad laboral", reconocen los cineastas del artículo.El accidente ha conmocionado al sector cinematográfico del planeta. En España, el actor Tristán Ulloa revela que "existe todo un protocolo para que un actor llegue a empuñar un arma de fuego en la ficción". Aquí, "el arma es entregada por el equipo de props –como en EEUU– que son quienes deben chequear e incluso mostrar al actor el cargador y recámara antes de cada toma". Ulloa se encuentra trabajando en estos momentos en una producción estadounidense en la que usa armas de fuego, "y aun sabiendo que los cargadores son de aire comprimido, la aprensión es inevitable"."Es un tema delicado", comparte Mario de la Rosa, ducho en escenas de acción, entre ellas las de La casa de papel, donde interpreta al agente Suárez. "Hay una diferencia grande respecto a si las armas van a dispararse en el set o no". En el primer caso, con las llamadas "armas detonadoras", que producen sonido o expulsan algún material, un equipo de especialistas en armamento se hace cargo de la situación. "Hacen miles de ensayos, se dispara antes al suelo, están muy cerca de ti, se controla hacia donde vas a disparar en el set, te enseñan las recámaras y hasta que los cargadores estén vacíos", revela el actor, que añade que entre toma y toma, estos coordinadores les retiran las armas con cuidado.De la Rosa agradece este acompañamiento y lo echa en falta cuando no se da, que a veces ocurre con las armas de airsoft usadas solo de atrezzo. "Hay gente que lo hace mejor, corrobora que no está cargada contigo y la prueba delante de ti para que todos estemos tranquilos y seguros; y gente que te entrega el arma y ya está", reconoce. "El 99% de las veces pido hacer la comprobación antes de cada toma. Tengo hasta algo de TOC. Una bolita de esas se puede maldisparar y no te va a matar, pero si te da en un ojo te puedo dejar tuerto". La otra diferencia con EEUU es que en España se suelen terminar las escenas de disparos con efectos especiales.El protocolo que mencionan ambos actores está desgranado en una directiva europea. El texto precisa que los países miembros "deben tener la posibilidad de autorizar la adquisición y la tenencia de armas de fuego, componentes esenciales y municiones de la categoría A, cuando sea necesario por motivos educativos, culturales, incluidos el cine y el teatro". La Spain Film Commission, la asociación principal encargada de los rodajes en España, lo explica así a elDiario.es:"Está hiperregulado. Es un doble sistema de control. Primero, haces una solicitud a la autoridad competente para obtener armas detonadoras o material explosivo, que suele ser la Guardia Civil o las policías autonómicas. Estas hacen una evaluación para ver si es justificado y, si el técnico te otorga el permiso, en segundo lugar es obligatorio que un experto armero te acompañe durante el rodaje para revisar y verificar continuamente el material. Si además el rodaje se lleva a cabo en emplazamientos militares, ese control es triple", dice Cristina Gómez desde el departamento de prensa."El sistema de control que tenemos en países como Francia, Alemania, España y hasta Reino Unido es sumamente estricto porque está ligado a los permisos de portación de armas. No tiene nada que ver con Estados Unidos", compara. Gómez asegura que la trazabilidad de las armas y la munición es absoluta desde el momento de la compra, "que se hace a distribuidores autorizadísimos, y hay muy pocos". La persona designada para acompañar durante el rodaje hace un informe detallado sobre las escenas en las que se utiliza el arma, quién la toca, cuántas veces y dónde se guarda. "Durante el rodaje es un fastidio, pero lo agradeces porque sabes que tu personal está sumamente protegido y nunca va a pasar algo así", dicen desde la Spain Film Commision. Todavía hay muchas lagunas en el caso de Alec Baldwin. Si la pistola debía ser de salvas y tenía balas reales, no hubo las comprobaciones necesarias. Se desconoce, además, si el actor estaba rodando o si ocurrió fuera de cámaras, momento en el cual debería haber entregado el arma al prop master. "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega, profundamente admirada", ha tuiteado Baldwin horas después del accidente.
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El Régimen del 78 se embarra en un pantanal
Es como si hubieran perdido hasta el pudor, ya ni disimulan. Asistimos a una progresión de hechos inquietantes y un tanto bochornosos que se suceden sin que nadie les ponga coto, nadie en absoluto de quienes deben y pueden hacerlo. Por eso está ocurriendo. En un marco muy preciso - que tiene un gran papel en la historia- asistimos a una escalada judicial que se ceba -como última cota hasta ahora- en el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al tiempo que se realizan nombramientos verdaderamente obscenos para renovar, dicen, la dirección de las altas instituciones. Los trazos de este pantanal son tan claros que es fácil encontrar el rastro. Solo hay que seguir la línea de puntos. "Si se persiste en el error, será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso sí a largo plazo, el que vuelva a anular una sentencia que busca instaurar un antidemocrático gobierno de los jueces sobre la totalidad del espectro de los poderes del Estado", asegura José Antonio Martín Pallín, ex fiscal y ex magistrado del Supremo, en un muy razonado artículo. Numerosos juristas de prestigio como él llegan a la misma conclusión. Lo que están haciendo con Alberto Rodríguez es un escándalo, uno más en esa línea.  Están todos los elementos del manual. Sin pruebas concluyentes, según la propia sentencia judicial, sino atendiendo a testimonios policiales, es condenado a 45 días de inhabilitación por hechos sucedidos 8 años atrás. Se le acusó de delito de atentado contra la autoridad y falta o delito leve de lesiones durante una manifestación. Si ya chirría el origen, la cacería actual es de dejar perplejos. El juez Marchena, asumiendo la representación del Tribunal Supremo, se empecina en echar a Rodríguez del Congreso pese a que la inhabilitación a la que ha sido condenado solo contempla la inelegibilidad y queda anulada con una multa que ha pagado.Y acude todo el ejército desplegado en estas ocasiones. Pablo Casado vuelve a Bruselas. Va, dice, a "defender a la justicia española frente a diputados delincuentes". Gesto agresivo y obviando la larga lista de latrocinios e impunidades de su partido. Salen todos, hasta la presidenta del partido exiguo, Inés Arrimadas, y toda la ultraderecha. La tropa mediática dispara en primera línea de fuego. Todos, desde los valles televisivos, a los púlpitos radiofónicos y a la prensa de puro papel. Porque sí, faltaba Batet, Meritxell Batet. La presidenta del Congreso se muestra partidaria de suspender la condición de diputado de Rodríguez como le pide Marchena en otro procedimiento sorprendente. Y lo hace en contra de la mayoría de la Mesa del Congreso, y sobre todo, de los juristas de la Cámara en unanimidad. Al final, cede en preguntar al Supremo por qué cauces se les ocurre quitarle el acta a Rodríguez. Y Marchena responde a Batet que no cabe aclaración pero evita mencionar la pérdida del escaño. insiste el juez del Supremo en que se ejecute la sentencia pero no explica cómo lo entiende él, si quitándole el escaño, suspendiendolo por un tiempo o qué, para que sea la presidenta del Congreso quien se moje y evitar ser acusado de prevaricación según algunos expertos. Finalmente Meritxell Batet claudica y cumple la voluntad de Marchena y las derechas: expulsa a Alberto Rodríguez de diputado, le retira el acta. Unidas Podemos se ha querellado contra ella por prevaricación. En esas denuncias que gestionará la justicia española. Batet ha quedado marcada, y no solo ella porque dudosamente es suya solo la decisión tan trascendente. La prensa conservadora le daba palmaditas de apoyo y presión a un tiempo. El dilema de Batet, le decían varios medios, es cumplir con la ley… o con los socios de Sánchez. ¿Quiénes son a estas alturas los socios de Sánchez, por cierto? Los partidarios del mal menor que se entusiasman a la menor brizna de indicio se congratulan de que PSOE y PP hayan llegado a un acuerdo para renovar las instituciones, para eso que llaman renovar. Han sido cuatro, menos el Poder Judicial (CGPJ) que es la traca final. Al Tribunal Constitucional manda el PP nada menos a Concha Espejel, "querida Concha" como la llamó Cospedal, recusada en el Tribunal de la Gürtel por su afinidad manifiesta con el PP, y a Enrique Arnaldo, un catedrático que maniobró con Ignacio González y que aparece él mismo en el sumario del caso Lezo. Estuvo también imputado por sobornar a Jaume Matas, pero la causa fue archivada por prescripción a pesar de que el Juez José Castro acreditó la existencia de ese contrato. A los propuestos por el PSOE, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán, no les oponen grandes pegas desde la derecha, salvo que él es "el preferido de Podemos". García Egea declara: gracias al PP no queda "atisbo de politización" en los órganos constitucionales renovados. En serio. Y así distrae al personal. También hay aplausos generales para el nombramiento de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, el sereno filósofo sin duda alguna que, sin embargo, vio crecer a Ayuso al infinito en su nula oposición. Hasta tres años ha costado llegar a estas esplendorosas renovaciones que no dejan de seguir la estela de lo ocurrido con el Consejo de RTVE en el que -en este caso todos los partidos- votaron lo acordado incluyendo por el PP a Carmen Sastre y Jenaro Castro (éste con un flamante cero en su proyecto para el cargo), dos de los más señalados profesionales de la manipulación. Amén de algún otro submarino. Y siguiendo la línea de puntos llegamos al marco: el reciente Congreso de la unidad y la reconciliación del PSOE. Han pasado cuatro años de aquel que defenestró con escarnio a Pedro Sánchez un 1 de octubre –fecha de grandes acontecimientos-. Y ahí está Felipe González, el expresidente que orquestó ese derribo de Sánchez en compañía de otros. Ya desde enero de 2016 se puso en acción: González reunirá a la vieja guardia para frenar a Sánchez, se dijo y se hizo.  En 2021, González acude a apoyar al presidente Sánchez. Y el presidente Sánchez, avalado por el éxito por el que tanto luchó, indulta a quienes le traicionaron, incluido un Antonio Hernando que parecía irrecuperable con su defensa de dejar gobernar a Rajoy y… no querer a Podemos por nada del mundo, lo que implicaba quedarse en la oposición. ¿Qué ha pasado? Además de lo que Pedro Sánchez considera su misión histórica en la reivindicación del PSOE que camina hacia su siglo y medio de trayectoria. Lo diré en palabras del periodista de La Vanguardia Enric Juliana, lo resume a la perfección: "En casa de los militantes socialistas ya no preocupa el hijo que vota a Podemos. Ahora el tema de conversación es el primo que simpatiza con Vox y los compañeros de trabajo que van a votar a Santiago Abascal". Sigamos la línea ya que va del embrollo judicial y la cacería de Alberto Rodríguez, la claudicación de Batet, a los acuerdos con el PP y el nuevo y viejo PSOE de Sánchez. Y ya lo tienen. De momento, porque se suceden los datos sin respiro. Antes de la agitada tarde de este viernes, Unidas Podemos pide una reunión urgente al PSOE. Y explican que es por la "intromisión" de Calviño en la derogación de la reforma laboral. La vicepresidenta del PSOE no es partidaria de derogar completa la del PP y ha declarado que "la negociación se inicia realmente ahora". Los socios minoritarios del Gobierno lo entienden como un incumplimiento del acuerdo pactado y como una "injerencia" en el diálogo social desplegado desde hace cinco meses. Pedro Sánchez desde Bruselas respalda el papel de Nadia Calviño en la reforma laboral y niega que haya intromisión: "Afecta a cinco ministerios", dice. Luego Calviño escribe a Yolanda Díaz y le dice que el asunto de la Reforma Laboral lo coordina ella. Se está mascando una crisis grave. Está el dinero de la UE y la supuesta tendencia europea hacia la socialdemocracia con los ojos puestos en nuestra Alemania de siempre. Aunque el socialdemócrata haya ganado por un puñado de puntos y sea considerado más heredero de Merkel que el candidato de la CDU, y se perfile como ministro de Hacienda un miembro del coaligado partido liberal que quería echar a Grecia de la UE. En Italia también le han dado un buen sopapo a la ultraderecha, pero solo fueron a votar el 44% de los electores. España es diferente y todos lo deberíamos saber.  El PP está presidido por Pablo Casado, un señor que cree haber logrado un sorpasso al PSOE como le dijo a Carlos Alsina ¡en solo dos años!, esos dos años, porque se ha creído las encuestas que le fabrican ad hoc. Ese presidente del PP que va a Bruselas día sí y día no para sembrar desconfianza en España por puro interés... en los fondos UE. El que puso en peligro el proceso para el fin de ETA, como afirmó con datos el mediador británico Jonathan Powell.  El que sí logró José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy conserva su gran humanidad.Pero a Felipe González le gusta mucho más Pablo Casado que ningún líder de la izquierda, normalmente sus diatribas son contra estos últimos. Orgulloso de su legado, aduce que todo el mundo que ha hecho algo sin vivir del cuento lleva una mochila –de esas cerradas y opacas-, lo importante es el legado, por eso pide que vuelva Juan Carlos I y que se respete su presunción de inocencia porque quien no lo haga es "anticonstitucionalista". Las mochilas pesan tanto que relajan la ética.La añoranza por el Régimen del 78 –forzado a firmarse con algunas trampas- ciega a la España que manda hoy. La que ignora que se dejó impune el fascismo criminal, revitalizado hoy con la ayuda de sus diferentes tropas. Y que ni siquiera prevé quién pierde más en los juegos de trileros. Ojalá no sea lo que parece y nadie menosprecie las capacidades para salir triunfante de una lucha en el barro. Al final se va a por lana, y se sale trasquilado, desnudo y enfangado. Un error de cálculo puede sentar a la ultraderecha en La Moncloa, pero no lo pagará ninguno de quienes lo han propiciado. Espabilen.
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Albert Botran: "Hay una desconexión enorme entre el Gobierno español y lo que quiere la sociedad catalana"
Desde su fundación, en 1987, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) nunca se había presentado a unas elecciones generales hasta los comicios de noviembre de 2019, en los que obtuvo dos escaños en el Congreso de los Diputados. Albert Botran (Molins de Rei, Barcelona, 1984), que ocupa uno de ellos, realiza un balance positivo de sus dos años en Madrid al considerar que la coalición ha logrado que se oiga en el conjunto del Estado "un discurso radicalmente independentista y de izquierdas". Durante la entrevista con elDiario.es que se celebró el pasado miércoles en el pequeño espacio de la Cámara Baja en la que se encuentran sus despachos, pegados a una planta ocupada por la fuerza mayoritaria, el PSOE, Botran reivindica su independencia de los poderes políticos y económicos como vía para poder defender mensajes y propuestas más "transformadoras" que las de otras fuerzas de izquierdas e independentistas, como ERC o EH Bildu.Cuando a otras fuerzas de izquierda del Parlamento se les pregunta por ustedes afirman que la CUP va en contra de todo. Estamos a favor de cosas que algunas fuerzas de izquierda comparten, pero como están lejos del debate político nadie quiere desgastarse defendiéndolas para no parecer muy excéntricos. Nosotros no tenemos compromisos con el poder que nos impidan defender estas ideas. Tanto en políticas económicas como en lo que se refiere a la estructuración del Estado y a políticas de autodeterminación sí somos muy radicales. ¿ERC o EH Bildu sí tienen esos complejos?No les llamaría complejos, pero es cierto que tienen más compromisos con el Gobierno actual y eso les lleva a defender otras opciones distintas a las nuestras. Tenemos un mensaje muy claro. Creemos que Catalunya está preparada para ejercer su autodeterminación, de hecho ya lo hizo en octubre de 2017, y cualquier trato con un Gobierno del Estado español debe contemplar este derecho de autodeterminación. La otra cara de la moneda es el fin de la represión. Si no cesa la represión no entendemos que el Gobierno español merezca los votos del independentismo. ¿Qué elementos de represión se mantienen por parte del Estado en Catalunya?Hay unas 3.300 personas encausadas en distintos procesos. Lo del Tribunal de Cuentas nos parece delirante. Un tribunal que ni tan siquiera está formado por jueces sino por representantes políticos y que está ejerciendo un tipo de represión sin ninguna garantía de defensa para las personas que están en esos procesos.Ese tribunal no depende del Gobierno y, de hecho, hay miembros del Gobierno que se han manifestado en contra de las actuaciones por el procés. Sí, pero se podría estar haciendo mucho más. Además, hay personas detenidas en manifestaciones de hace dos años que están recibiendo peticiones de penas de cárcel por desórdenes públicos, y todo ello es por los cambios legales que se hicieron en 2015, que deberían estar revertidos por el Gobierno. En materia antirrepresiva la agenda del Gobierno ha quedado totalmente pospuesta: ni la ley mordaza, ni la derogación del delito de sedición, ni la del endurecimiento del Código Penal de 2015. El Gobierno cumplió un único compromiso que fue la derogación del endurecimiento sobre las acciones de los piquetes, pero queda todo lo otro. También el hecho de que no hayan querido ni tramitar una ley de amnistía. Este Gobierno ha indultado a los presos del procés y ha puesto en marcha una mesa de diálogo con la Generalitat. ¿No son para ustedes pasos suficientes?Los indultos los vimos como una cuestión de mínimos puesto que ya cumplieron casi cuatro años de cárcel, no lo olvidemos, por organizar un referéndum. Además, tenían ese doble filo para tratar de dividir a la gente encausada entre los que eran indultados mientras los exiliados no lo eran. Era una cuestión de muy mínimos pero no atendía a la cuestión de fondo. Incluso fue un indulto parcial, porque los indultados siguen inhabilitados.¿Qué margen de maniobra tiene el Gobierno para actuar sobre los encausados que se marcharon fuera del país como Carles Puigdemont o Marta Rovira?Esa ley de amnistía podría ser tramitada y debatida en el Congreso. Lo defendemos porque en Catalunya lo defiende la mayoría. Esto que en otros sitios del Estado está muy criminalizado en Catalunya no es así. Allí hay mucha gente que pese a no ser independentista entiende que la lucha por la autodeterminación no debe ser perseguida ni por penas de cárcel, ni por embargos del Tribunal de Cuentas. Hay una desconexión enorme entre lo que quiere mayoritariamente la sociedad catalana y la posición del Gobierno español. ¿La única posibilidad sería entonces esa ley de amnistía?Sí, es nuestra prioridad porque además nos ha aglutinado a distintos sectores de la sociedad. Durante meses se estuvo trabajando, representa a una mayoría del Parlament, corresponde con una mayoría de la sociedad y eso no se lo pueden quitar de encima. Ustedes sí plantean propuestas sociales y económicas en el Congreso. ¿Qué puede reivindicar la CUP que no hacen otras fuerzas de izquierda?En materia económica hemos defendido muchas veces que ciertos sectores económicos, especialmente los estratégicos, deben volver a manos públicas. Aunque sea una pequeña voz en el desierto, tenemos la necesidad de continuar defendiéndolo porque es de sentido común. Que se estén lucrando las empresas energéticas por el precio de la luz y se estén repartiendo dividendos entre sus accionistas mientras a la gente nos cuesta pagar los recibos, unido a la transición energética, obliga a tomar decisiones que es mejor que las tome un poder público y controlado que uno privado. En cuanto a la nacionalización de sectores estratégicos nos sentimos predicando en minoría. Lo mismo con la expropiación de ciertos activos de la banca o de especuladores inmobiliarios. Es de sentido común que si hay gente que no tiene casa o que la están echando de su casa mientras que hay pisos vacíos para especular, esas viviendas se deberían retirar a los especuladores.¿Valoran las políticas de izquierdas del Gobierno?No somos tan imprudentes como para decir que este Gobierno es lo mismo que si estuviera la derecha. Pero eso no quiere decir que el Gobierno actual esté haciendo políticas que estén consiguiendo transformar la sociedad, que reduzcan las diferencias entre ricos y pobres. Aunque esté este Gobierno los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres. En materia de vivienda el PSOE mantiene compromisos con sectores económicos que le impiden tomar decisiones de izquierdas. La CUP tiene dos diputados en el Congreso y, con un Gobierno que no tiene mayoría absoluta, hay momentos en los que les podrían haber necesitado para aprobar algunas medidas. ¿Descartan negociar los Presupuestos, teniendo en cuenta que uno de los interlocutores del Ejecutivo, Unidas Podemos, mantiene algunas posiciones similares a las suyas?Nuestra experiencia con el PSOE es que incumple muchísimo sus acuerdos. Entrar a negociar con el PSOE suele ser contraproducente, porque no cumplen sus compromisos. ¿Menos aún para los Presupuestos?Es que no cambian nada, primero, por el marco político general. Las más de 200.000 personas que nos votaron y que quisieron que estuviéramos aquí quieren que sigamos defendiendo esos mínimos de amnistía y autodeterminación, que aquí parecen excéntricos pero que en Catalunya son mínimos mayoritarios. En materia económica nosotros no vemos que se vayan a partir la cara para hacer transformaciones. Para poder hacer políticas sociales es necesario recaudar más, y no se entra en una fiscalidad a grandes empresas o a la banca, que es la gran beneficiada siempre, gobierne quien gobierne, en el Estado español. Fue rescatada y ahora sigue haciendo beneficios. Habla de la dificultad de lograr acuerdos con el PSOE, pero en Catalunya ustedes sí han logrado acuerdos con el PSC, como para formar gobierno en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) o, más recientemente, para presentar una moción de censura contra Xavier García-Albiol, en Badalona. ¿Ese pragmatismo no se podría trasladar al Congreso de los Diputados?Las correlaciones son algo distintas. En Sant Cugat la alcaldía no fue para el PSC sino para una alcaldesa independentista. En Badalona no es exactamente la CUP, es Guanyem Badalona de la que nosotros participamos, y hay que recordar que la alternativa allí es que gobierne el PP más racista y xenófobo. Eso obliga a llegar a acuerdos de muy amplio espectro. La CUP mantuvo un debate interno sobre si debía concurrir a las elecciones generales. De hecho, las primeras a las que se presentaron fueron las de noviembre de 2019. Haciendo balance, ¿consideran positivo estar presentes en el Congreso?Ha sido positivo porque se ha escuchado más nuestra voz. Nos presentamos con muchas reservas porque los grandes partidos son máquinas que necesitan del poder institucional para seguir funcionando y nosotros no queremos convertirnos en eso. A juzgar por los dos años en el Congreso, han servido para que nuestra voz se oiga más, para que se oiga un discurso radicalmente independentista y de izquierdas. Cuando ustedes presentan propuestas en Madrid, ¿solo piensan en Catalunya?No tan solo en Catalunya sino primeramente en los Países Catalanes, el País Valencià y las Illes [Balears]. Esto queremos que vaya a más y conectar más con la realidad que viven estos territorios. La independencia es una prioridad, pero no una prioridad egoísta. Es nuestra opción de ruptura con el régimen del 78. Nuestro deber es construir nuestra república, pero esto lo vemos como una contribución para terminar con una estructura injusta. Como respondió Castelao a Calvo Sotelo, "España solo será roja si antes es rota". Es a través de la fuerza de estas naciones históricas que consigan su autodeterminación, soberanía e independencia, que el Estado español deberá replantearse desde la base y retomar cosas que defendía Podemos no hace tantísimo, como un proceso constituyente, república, etcétera.¿Tienen entendimientos con otros movimientos del Estado como Adelante Andalucía, los castellanistas o EH Bildu?Con las fuerzas independentistas en Euskal Herria y Galicia tenemos sintonía porque compartimos la idea de la ruptura del Estado y de la defensa de nuestras repúblicas, no como una vía egoísta sino como nuestro deber. La relación con la Izquierda Castellana, los castellanistas, es muy buena, y ellos se han solidarizado con el proceso en Catalunya. Y en Andalucía, con Defender Andalucía, que están integrados en Adelante Andalucía, y con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, siempre hemos tenido una buena sintonía. Reconocemos el valor que tiene en Castilla, Madrid o Andalucía batirse a favor de nuestro derecho a la autodeterminación porque sabemos que el españolismo es una realidad y vive de demonizar al distinto. En este caso, los independentistas catalanes somos el enemigo público número uno y defendernos públicamente tiene mucho valor y nosotros lo queremos cuidar con esa solidaridad internacionalista que nos apega. ¿Es posible ir más allá y hacer algún tipo de alianza con esos partidos, quizá para unas elecciones europeas?Podría explorarse. De momento nosotros no nos hemos presentado nunca a unas elecciones europeas. Las próximas habrá que valorarlo y hacerlo en algún tipo de alianza con formaciones con las que compartamos objetivos no sería una mala idea seguro. Ustedes sostienen al Govern de ERC y Junts en Catalunya. ¿Está en riesgo ese apoyo?A lo que llegamos fue a un acuerdo de investidura, no de estabilidad. Pero les necesitan para aprobar sus iniciativas. Sí, pero a medida que se cumplan los acuerdos a los que llegamos para la investidura habrá más estabilidad a lo largo de la legislatura. Ahora mismo no estamos en un muy buen momento de cumplimiento de los acuerdos. El giro a la izquierda que prometió el Govern en su momento ha dejado paso a más de lo mismo. Estamos con la ampliación del aeropuerto, con los juegos olímpicos... Y, sin embargo, otros compromisos que estaban negro sobre blanco para que les diéramos nuestro voto están muy lejos de cumplirse. Por ejemplo, que se deje de utilizar a los antidisturbios de los desahucios. FOTOS: Nando Ochando
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El último caso de turbocapitalismo: Gorillas siembra protestas laborales y recoge financiación millonaria
Han de ser cosas de lo que se ha venido a llamar "turbocapitalismo". Pero no pagar en su momento a los trabajadores ni facilitarles ropa frente al frío o bicicletas seguras tiene premio. Al menos así parece para la empresa berlinesa Gorillas. Esta start-up, que fue fundada en mayo de 2020, opera actualmente en 21 ciudades alemanas y se ha expandido al Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos y España, celebraba esta semana la entrada en su capital del dinero de, entre otros, Delivery Hero, el gigante alemán de los envíos a domicilio.Nada más y nada menos que 860 millones de euros lograba la firma berlinesa, de los cuales 200 millones de euros son de Delivery Hero, propietaria ahora del 8% de Gorillas. Poco ha importado a los inversores que, durante meses, Gorillas sea en Alemania noticia por unas prácticas laborales, cuanto menos, cuestionables. Emmanuel, un treintañero norteamericano recién despedido por la firma berlinesa, conoce bien esas prácticas.De ahí que, en una conversación con elDiario.es, Emmanuel hable de haber vivido problemas en la empresa "desde el primer día de trabajo". Él, contratado como repartidor por Gorillas en enero, ya estuvo movilizado en febrero junto a otros compañeros por no querer trabajar en los días de la fuerte tormenta de nieve que azotó Alemania a principios de año."La empresa quería pese a la tormenta que siguiéramos repartiendo. Fue la primera vez que nos negamos a repartir", comenta Emmanuel. Este hombre, que ha trabajado en las duras condiciones de la hostelería berlinesa, no deja de trabajar así como así. "Recuerdo el primer día de trabajo con Gorillas muy bien porque fueron ocho horas en enero bajo la lluvia llevando una bici eléctrica a la que no le funcionaba la batería. Pesaba un montón", dice.A partir del parón organizado en febrero por culpa del conflicto asociado a la tormenta de nieve, "empezaron más y más problemas", cuenta Emmanuel. Hace unos días, él fue de los que recibieron por carta la notificación de su despido, algo que él relaciona con los paros de los trabajadores organizados de un tiempo a esta parte. La razón oficial del despido es "motivos extraordinarios", según cita Emmanuel la carta de Gorillas.Emmanuel ha estado, al igual que varios centenares de empleados, pidiendo mejoras laborales en Gorillas. Han protagonizado paros al margen de los sindicatos. En lo que se denuncia como represalias ante esas movilizaciones, Gorillas ha realizado despidos que se cuentan por centenares. El sindicato Ver.di, la mayor organización de trabajadores del sector servicios, cuenta no menos de 350 despedidos recientes de Gorillas en Alemania. No sorprende que, en los medios de comunicación, Gorillas haya aparecido calificada como "la más tensa y controvertida" de las firmas start-up de Alemania.Las huelgas en las que Emmanuel y compañía han partido son calificadas por la empresa y la crónica económica como "ilegales". Sin embargo, ya hay empleados despedidos que se han organizado para plantear una batalla judicial.El abogado laboralista Martin Becher representa a una veintena de los compañeros de Emmanuel. Becher entiende que las protestas "ilegales", por no producirse bajo los auspicios de un sindicato ni siguiendo las reglas que rigen las protestas laborales alemanas, son legales. A su entender, según ha explicado el letrado en el diario berlinés Die Tageszeitung, a trabajadores como Emmanuel los ampara la Carta Social Europea, tratado comunitario del Consejo de Europa destinado a proteger los derechos humanos.Según Becher, Gorillas ha caído en "prácticas turbocapitalistas de negocio en las que, independientemente del motivo, el que haga algo que no encaje se va fuera". En Ver.di, donde han criticado con dureza el comportamiento de Gorillas contra sus trabajadores, también han considerado "equivocado" el camino de protesta tomado por los empleados. Se ha dicho desde el sindicato que mejor hubiera sido para los trabajadores organizar sus movilizaciones a través de un comité de empresa.No se puede decir, sin embargo, que los empleados no lo hayan intentado. Emmanuel cuenta cómo un compañero suyo acabó siendo despedido el pasado mes de marzo tras tratar de hacer que se sindicaran los repartidores. "Lo despidieron por eso, pero la empresa argumentó oficialmente mala conducta", señala Emmanuel. "Pero hace dos semanas se filtró una conversación en la que la dirección explicaba realmente los motivos del despido", abunda.En el mensaje filtrado a la prensa, procedente de una comunicación interna, el CEO de la firma berlinesa, Kagan Sümmer, decía lo siguiente: "Tenemos una emergencia. Debemos cortar con un empleado. Por lo visto está tratando de organizarse sindicalmente, y está haciendo llamamientos en redes sociales". Sümmer, el verano pasado, cuando los empleados ya estaban movilizados, había prometido que no habría despidos para quienes hicieran huelga.Las revelaciones sobre Gorillas han dado lugar a titulares como el que ofrecía a principios de mes el Süddeutsche Zeitung: "El que hace huelga, se larga". Hay trabajadores que han recibido su notificación de despido por teléfono y a gritos. "¡Estás despedida!", tuvo que escuchar una ahora ex-trabajadora de Gorillas, según ha contado ella misma al Die Tageszeitung.A partir de entonces, el conflicto social en Gorillas no ha parado de crecer. Gente como Emmanuel, organizada a través del Colectivo de Trabajadores de Gorillas, ha estado pidiendo en vano mejoras laborales como "compensaciones cuando hay retrasos en los pagos", "bicicletas más seguras", "ropa de invierno" para proteger a los repartidores ante el frío, una "planificación más humana" y una "mejora de la comunicación entre dirección y empleados".Desde la compañía se defienden al asegurar que "en Gorillas hemos sido el contramodelo de la economía de plataformas desde que nos fundamos hace un año. Desde el primer día, hemos contratado a nuestros riders de forma permanente, con seguridad social, subsidio por enfermedad y vacaciones pagadas. Somos y seguiremos siendo una empresa centrada en los ciclistas. Por eso el diálogo constructivo con nuestros empleados, incluidos los del grupo Colectivo de Trabajadores de Gorillas, seguirá siendo nuestro objetivo".En los últimos planes alemanes de la empresa, llamados "Proyecto Ace", trata de optimizarse la tarea de los repartidores, haciéndoles acumular hasta cuatro entregas en una misma salida, según denuncian desde el Colectivo de Trabajadores de Gorillas. También a ese "proyecto", donde un programa de ordenador organiza los horarios de los trabajadores, se le reprocha no respetar los descansos de al menos once horas entre turnos que se supone que fija le ley.Con todo, el conflicto que a Emmanuel y a varios centenares de personas les ha costado el trabajo no ha impedido que Gorillas siga aumentando su negocio. El volumen de negocio en 2020 fue de 260 millones de euros, según recordaba esta semana el diario económico Handelsblatt. Su crecimiento se cuenta en valores superiores al 10%. Eso explica el demostrado interés de Delivery Hero y el resto de inversores que acaban de inyectar casi 1.000 millones de euros en la firma germana.
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Gonzo: "Los periodistas a veces fallamos, pero también la ciudadanía, que se da por satisfecha"
Estrena tercera temporada del Salvados post-Évole en Kabul, donde entrevista a ministros talibán, a periodistas amenazadas y a un pueblo que se siente traicionado por la comunidad internacional y temeroso de que la prensa extranjera deje de mirar. Fernando González, Gonzo, (Vigo, 1976) prepara 10 nuevas entregas de un formato que lleva en antena desde 2008 y que este invierno entrevistará a Greta Thunberg y emitirá un especial sobre las eléctricas. En la entrevista reflexiona sobre el momento que vive el periodismo y la televisión. Defiende que hoy en día "la independencia periodística se demuestra más con el IBEX que con los gobiernos" y lamenta que la sociedad no exija más al periodismo y a las televisiones. Recuerda que hace once años, cuando nació Salvados o el Intermedio, otras cadenas tenían programas satíricos o críticos que hoy serían imposibles y avisa: "Si una cadena consigue el mismo dinero sin molestar al poder, lo hará, es legítimo, lo que me jode es que los ciudadanos no lo reclamen". ¿Quedan periodistas en Kabul ahora que Afganistán ya no está en las portadas? Quedan algunos de agencias internacionales pero no los que hubo entre el 15 de agosto y el 10 de septiembre. De hecho, es la gran preocupación de la gente en Afganistán donde te dicen que mientras haya periodistas extranjeros podrán estar medianamente tranquilos. "Cuando os vayáis, esto ya vuelve a ser lo que lo que quieren los talibanes", te repiten. Ellos sienten pánico y es normal: ahora mismo el régimen talibán vive un periodo de marketing y propaganda. Pero es cierto, cada vez hay menos periodistas y cada vez hay menos hueco en los medios para lo que pasa allí y ese es el temor de ese pueblo. ¿En qué se nota esa propaganda cuando uno llega allí a hacer un reportaje para una tele española? Pues de entrada no hubo ningún problema para conseguir el permiso, el tali-permiso, porque la particularidad de Afganistán es que para conseguir el visado tú vas a la embajada de aquí, pero, claro, son funcionarios del anterior gobierno. Y con eso allí no haces nada, lo que pasa es que si no tienes ese visado, Pakistán no te permite llegar a la frontera. Y luego allí el permiso lo conseguimos rápido. Te lo explico mejor: para cruzar el paso de Torkham, que es la frontera entre Pakistán y y Afganistán, una carretera que une las dos capitales, estuvimos dos horas y media: dos horas y cuarto con los pakistaníes y 15 minutos con los talibanes. Con los talibanes fue enseñar el papel, preguntarnos si éramos periodistas españoles y ya para dentro. Una vez allí, pudimos trabajar con tranquilidad. Mónica Bernabé, la periodista del Diari Ara que vivió allí ocho años y lleva 21 yendo a Afganistán, lo destaca en el reportaje. Nunca trabajó tan fácilmente en Afganistán como ahora, ni siquiera durante la ocupación. Había muchos más controles, más zonas de la ciudad donde no se podía ir. Entrevistas a un ministro talibán y le puedes preguntar si hay terroristas en su gobierno y no le dice al de al lado "pégale dos tiros a este". Ellos están en un proceso de propaganda que a mí me llama mucho la atención, porque si ellos te permiten ir ahí, lo que te permiten es ver cómo está el país. Y no hay nadie en el país que esté a gusto con la situación, aunque luego hables con los talibán y te vendan una imagen muy naif de lo que son. Te encuentras con ellos por la calle y si eres periodista hasta te piden una foto, te quieren hacer ver que no son los monstruos que se dice que son. Pero cuando hablas con los afganos, incluso con periodistas afganos, te das cuenta de que son esos mismos monstruos.¿Y esto cuánto va a durar? ¿La parte propagandística? Ellos lo necesitan, sobre todo por lo de siempre, que es el dinero. Ahora mismo la comunidad internacional no reconoce a este gobierno y por tanto, los bancos donde tienen sus reservas en el extranjero les tienen bloqueadas las cuentas. Y esto hace que el gobierno no tenga acceso al dinero. Prácticamente viven de lo que se sacan del comercio del opio y no hay fondos para sanidad, ni para educación: si quieres ir a un hospital lo tienes que pagar de tu bolsillo. Y por otra parte, los bancos han hecho un corralito. Como no tienen acceso a sus reservas en el extranjero, van dando gota a gota el dinero. Allí no hay tarjetas de crédito, no funcionan los datáfonos, no existe eso. Entonces los ciudadanos solo pueden tener 200, sólo pueden sacar 200 euros a la semana. Y no llega para mantener una familia. Y a esto hay que sumarle que no hay trabajo. El trabajo en la ciudad estaba en los servicios para gobiernos extranjeros, para ONG... toda esa gente ya no puede ir a trabajar, las mujeres ya no van a trabajar, la universidad está paralizada, entonces no hay actividad económica en la ciudad. Hay dos cosas que los limitan: por un lado necesitan acceder a las reservas en el extranjero y por el otro lado no pueden facilitar rebeliones internas, que es lo que empieza a haber. Pero cuando la gente vea que su vida no va a poder seguir adelante, empezarán a apoyar a los insurgentes. ¿Hasta cuando? No se sabe porque la comunidad internacional... Estados Unidos se ha vuelto a sentar con ellos. Por ahora tienen el reconocimiento de Qatar, que tiene embajada allí, de China y de Rusia, pero el dinero no lo tienen todo en bancos de esos países. Habrá que ver cómo actúa la comunidad internacional, que yo creo que aprovechará también que se deje de hablar de Afganistán para empezar a reconocerles por detrás ciertas cosas porque es un país geopolíticamente muy interesante y si se deja en manos de Rusia y de China, Occidente pierde el control sobre una parte muy importante del mundo. En los adelantos que se han visto del reportaje, preguntas a una mujer periodista qué puede pasarle al ir o volver del trabajo y ella te hace el gesto de que le pueden cortar el cuello. ¿Eso está pasando?Sí, sí. Se han cargado a periodistas. No sólo mujeres, también hombres. Hay un grupo mediático allí que es Tolo TV, es una cadena conocida que se montó durante sus años de ocupación y para ellos es como la representación del mal. Son los infieles que han tenido un canal de comunicación. Todos los que han trabajado allí para ellos son agentes enemigos. Nosotros pudimos hablar con el presentador, el Jesús Vázquez de allí, y luego nos pidió que no emitiésemos la entrevista porque se arrepintió. Vive escondido, han azotado a su hermana... Lo ves en el hotel, pones los canales de televisión y solo hay señores hablando sobre el Corán, sobre el Islam o planos fijos de mezquitas. Para ellos los periodistas son uno de sus principales objetivos y ya están tomando represalias.¿Y qué os ha contado a pie de calle la gente sobre la comunidad internacional y su papel en Afganistán en estas últimas dos décadas?Básicamente, dicen que los traicionamos y que durante los años de la guerra en que hubo un descontrol brutal se favoreció la corrupción, se puso en el poder a gente que había hecho mucho daño en Afganistán. Los señores de la guerra no son bien vistos por la población y eso ha servido también para que en muchas zonas se apoyase esta sublevación de los talibanes. Estados Unidos ha matado a muchos civiles en sus ataques con drones.Entonces la sensación es un poco contradictoria: si tú hablas con gente de clase media de Kabul, por ejemplo, están súper agradecidos porque sus hijos pudieron ir a la universidad, la mujer pudo trabajar, podían vestir como occidentales. Pero si sales de Kabul y hablas con gente de los pueblos, te dice que se les ha traicionado desde el principio, que el dinero que tenía que llegar a los proyectos que les habían prometido no llegó, que se quedó por el medio. Y sobre todo, que se recompensó a gente que tras echar a los soviéticos se lanzaron al pillaje y el destrozo de toda la ciudad. Cuentan que cuando llegaron los muyahidines reventaron Kabul y saquearon todo lo que pudieron y que la comunidad internacional puso a esos mismos años después al frente del gobierno. Es una sensación de traición permanente, pero que ahora se hayan ido como se han ido y que ni siquiera hayan sacado a la gente que les ayudó durante estos años... Porque la evacuación fue atropellada y se pudo haber hecho mucho antes... Lo dicen siempre: "aquí en Afganistán todo el mundo se acuerda de lo suyo, menos de los afganos". Eso está presente siempre cuando hablas con la gente.Y aparte de tutearte, ¿Qué dice Obama de todo esto?¿Me tutea? Me llama por ni nombre: "Fernandooo". Lo de Obama fue una suerte, ya llevamos tiempo detrás de él. Suerte poder tenerlo en el programa, pero insatisfacción porque lo que quieres es tener una entrevista normal y él está en promoción de un libro con Springsteen y lo que conseguimos es entrar en una videollamada con otros seis medios. Sólo puedes hacer una pregunta que pasa filtros. Al final casi resultó más complicado pasar una pregunta al ex líder del mundo libre que a un talibán... Bueno, cada uno está en su momento también y eso lo determina todo. Pero lo que le preguntamos es sobre el concepto de la América vigilante de la democracia en el mundo para saber si sigue presente. Y la respuesta... Pues lo que es un presidente norteamericano que reconoce algún error, pero sobre todo habla de lo bueno de Estados Unidos. Y ver todo lo que se ve en el reportaje, pues sirve para complementar su respuesta. No tenemos derecho a repregunta, pero lo bueno es que hemos tenido la posibilidad de meterlo en un contexto donde interpretar esas palabras de Obama va a ser más fácil.¿Teníais la sensación vosotros, al volar a Kabul, que estabais yendo a un sitio que nos queda informativamente muy lejos después de todo lo que ha pasado con lo rápido que va todo ahora? Teníamos la sensación de que íbamos sobre zona pisada y eso también nos motivó a ver cómo lo enfocábamos. No podíamos contar lo que se llevaba contando desde el 15 de agosto sabiendo que emitíamos el 24 de octubre. Pero esa sensación se te olvida al llegar allí, porque te vas dando cuenta de que muy poca gente estuvo tantos días como nosotros y, sobre todo, que podemos hacer un programa de una hora sobre Afganistán y eso prácticamente no se había visto. Llegamos un poco más tarde, pero cuando sigue teniendo interés. Al hacer un programa como Salvados, que prepara los temas con antelación, la primera pregunta que nos hacemos es si dentro de un mes y medio seguirá interesando. Y normalmente la respuestas es no. Este lo tenía.Tal vez permita una mirada más reposada sobre algo que sigue ahí: que los periodistas hayamos dejado de mirar o que lo situemos en espacios informativos menos relevantes no quiere decir que el problema haya pasado. Ha pasado la moda periodística, pero no el problema.Claro, es que esa es la cuestión, la moda periodística. Se aprovecha más que la atención del público, la sorpresa del público. Hay muchas noticias que cuando se convierten en el tema de la semana es porque sorprenden. Y lo de Afganistán sorprendió. Hacía años que no oíamos hablar de Afganistán y de repente lees que los talibanes conquistan otra provincia, que están cerca de Kabul, que no llegarán hasta... y de repente cae Kabul.Y que caiga una invasión americana, porque ha sido un nuevo final de Vietnam, pues es algo sorprendente, pero duró 10 días. También desde la política se hace por cerrar esto rápido. El acto en Torrejón de Ardoz de Pedro Sánchez con los cabecillas de la Unión Europea diciendo esa frase de "la evacuación ha sido exitosa", a mí me recordó a cuando George Bush en aquel portaaviones dijo "hemos ganado la guerra en Irak" y la guerra ha seguido tres años después. A veces los medios seguimos la agenda que quieren ponernos desde el poder. Y aquí ha pasado: se consideró que España ya no tenía interés allí porque habíamos evacuado a todos. Pues no, no habíamos evacuado a todos, no se hizo bien la evacuación. Está muy lejos de haber sido un éxito. Es más, puede llegar a ser insultante para los que quedan ahí decir que su obra ha sido un éxito. Dicho esto, toda la gente con la que hablamos allí nos decía que sabían que se está haciendo todo lo posible. Pero pedían por favor que se haga más rápido.Pero es lo que decíamos antes, sí llega el volcán de la Palma y de repente, por lo menos en televisión, que es mi medio, todos pasaron por allí. Hay una necesidad de aprovechar la sorpresa y la audiencia es hoy y mañana igual no es. Todo va muy rápido. ¿Qué acaba pasando? Que yo creo que no te acabas enterando de nada.Es como si se hubiera impuesto un consumo bulímico de la información. Hoy Kabul no existe, pronto no existirá el volcán de La Palma, como no existen los niños de Ceuta que en agosto lo copaban todo. ¿Cómo se debe responder a esto?Yo puedo decir cómo respondemos dentro de Salvados. Tenemos un debate interno porque nosotros hacemos un programa en una cadena generalista que te pide audiencia. Y si la semana de la explosión del volcán tú haces un programa sobre el volcán, sabes que tienes audiencia. Pero si hacemos lo que hacen todos los demás, dejamos de ser Salvados porque este programa se ha diferenciado mucho por traer temas que no estaban en la agenda o por recuperar temas que ya habían pasado. Entonces, si lo hacemos, tenemos que hacerlo de otra forma. Lo que intentamos es que el enfoque vuelva a despertar interés y vuelva a hacerle sentir al espectador que es útil para él ver eso. Ya no sólo porque se esté informando y sepa de lo que va a hablar todo el mundo y de lo que ve en redes sociales, sino porque le aporta algo que para su propia vida, para sus propias decisiones.Yo estoy muy orgulloso de un programa como los menores no acompañados que hicimos en Melilla o el de la ruta de Senegal a Canarias. Lo haces sabiendo que son programas que no van a tener mucha audiencia. Pero es que si renuncias a eso, renuncias al periodismo y sobre todo, traicionas a esa audiencia que sí se mantiene ahí contigo. Entonces la lucha es complicada: en la tele cuando hay algo de periodismo es en los informativos y las tertulias y ahí todo va muy rápido y las piezas son muy pequeñas. Y si no tienes tiempo para dar contexto, lo que necesitas son temas sorprendentes que generen interés. Y las redes sociales, incluso los digitales, en este sentido ayudan mucho: tú te levantas y abres el ordenador y empiezas a ver temas, temas, temas... Yo creo que eso genera una forma de pensar que es adictiva, que uno necesita enterarse de todo lo que pasa y ya no se para a profundizar porque si no, igual se está perdiendo cosas que están pasando. Yo creo que lo que tenemos es una falta de información por sobreinformación probablemente. De hecho creo que ni se puede utilizar el término sobreinformación porque no es que esté sobreinformado, está mal informado, probablemente.Está esa metáfora de la sobreinformación como las inundaciones donde paradójicamente lo primero que falta es agua potable. Este fluir de la información tan frenético ha llevado a algunos asesores de políticos a concluir que el pasado y la hemeroteca no importan. Que nadie recuerda más allá de 150 tuits. ¿Hasta qué punto esta forma de consumir o distribuir información no es una forma de blindar a quienes nos gobiernan?Es una victoria para ellos porque si no hay pasado, no hay memoria. Y si no hay memoria no puedes evaluar cuatro años, que es lo que suelen durar las legislaturas en un país. Si esto lo proponen desde la política, lo que deberíamos hacer los periodistas es poner una barrera. ¿Que los periodistas lo estemos haciendo mal? Pues probablemente porque es más fácil seguir y acudir a todas las convocatorias y seguir todas las miguitas que te sueltan desde el poder, porque eso te garantiza llenar tu espacio, lo que hace que la gente te vaya a ver. Más fácil eso que decir que este tema no te interesa y que quieres volver a hablar de esto otro y si no te hablan, tienes que dedicarle tiempo y tiempo... Y entonces ese espacio que necesitas rellenar para vender tu producto, ya no lo tienes. El ciudadano parece que ha aceptado la propuesta del poder que estamos catalizando los periodistas. Y eso abona las coberturas de brocha gorda y ahí entran las fake news. Esta mañana leía sobre el Louis Vuitton de Irene Montero [una noticia falsa difundida en las redes sociales]. Lo ves y como ya sabes que está saliendo otra noticia, no compruebas si eso es real o no. Al final es el mito de la caverna y tú lo que estás viendo son las sombras básicamente. Y a veces lo que se necesita es apagar la hoguera para ver bien. Yo creo que es cierto que los periodistas en algo fallamos, pero también falla la ciudadanía que se da por satisfecha con la simple sensación de poder llegar al bar y decir "sí, he leído esto, he visto esto o lo he escuchado". Saber qué pasa en el mundo requiere de reflexión y de tiempo.En esta nueva temporada entrevistas a Greta Thunberg y hacéis un programa sobre las eléctricas. Los medios a veces nos empeñamos en defender nuestra independencia zurrando al político de turno. ¿La independencia se demuestra más con las grandes empresas?Hoy en día es mucho más fácil que una gran empresa condicione la línea editorial de un medio a que lo haga un gobierno. Esto lo vemos en nuestro país perfectamente. Es más, creo que hoy en día una empresa tiene más posibilidades de condicionar la legislación de un gobierno, que al revés. Es más fácil eso que que un gobierno condicione las actividades de las empresas. Y en un medio que se nutre de la publicidad, al final quien tiene una capacidad potente de presión es el anunciante y en ese sentido las eléctricas, por ejemplo, son expertas. Nosotros lo hablamos en el programa, lo de las plumas mercenarias, lo de las mentiras que se cuentan en las tertulias y que siempre van hacia un lado. Hay un concepto que se ha generalizado, que es el hachazo a las eléctricas. Hostia, yo no he escuchado nada del hachazo a los ciudadanos. Cuando Salvados ha hecho programas en que se critica o se pone luz sobre una actividad de una empresa o sobre lo que no hace, en nuestro equipo tenemos que debatir más sobre cómo exponerlo, cómo no, porque tienen una capacidad de presión potente. Sí, la independencia periodística se demuestra más hablando sobre empresas del Ibex que sobre los gobiernos.Y en este contexto hacer un reportaje de las eléctricas, ahora mismo, ¿cómo ha sido de fácil?No ha sido fácil. Ellos no quieren hablar. Ninguna de las grandes eléctricas nos ha puesto ni al presidente ni al CEO ni a ningún portavoz. La patronal tampoco. El Gobierno no quiso. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no nos dio entrevista. Lo que pasa es que no podemos aceptar con la vicepresidenta tercera lo de poner un cartel explicando que no nos quiso atender. Así que la fuimos a buscar y por lo menos cuatro o cinco minutos nos tuvo que atender. Cuando en un programa como este hay tanta gente que no te quiere atender, has de buscar ejemplos de lo que pasa y también de lo que podría pasar. A mí lo que me gusta del reportaje de las eléctricas es que vamos un paso más allá y queremos ver si hay una posibilidad de que el consumidor o el ciudadano dependa menos de las eléctricas para conseguir electricidad en su casa. Y comparamos un pueblo como Ricobayo, en Zamora, donde les han fastidiado el verano porque les han vaciado el pantano y es la principal actividad económica que tienen allí, el turismo, que gira en torno al pantano. Y luego nos hemos ido a un pueblo en Alemania, donde ganan dinero con la electricidad y el autoconsumo está promocionado, incentivado y a veces hasta financiado por el gobierno. Y dices, "si todos estamos en la Unión Europea y aquí muchas veces nos dicen que la Unión Europea no nos permite hacer ciertos cambios, ¿cómo puede ser por lo que Alemania gane dinero con la luz de forma parte ecológica con renovables y a un pueblo de España le jodan su principal actividad económica en verano?".¿Has dicho que la patronal tampoco ha querido hablar? No es llamativo que la patronal, que representa a empresarios víctimas de subidas de la luz...Me refiero a la patronal eléctrica, es la que no quiso hablar. Sí hablamos con empresarios particulares que tienen negocios y a los que esto les están machacando la vida.Hablas de pequeños negocios. Que las organizaciones empresariales no hayan dicho ni mu... Es como si solo le molestasen los costes cuando son nóminas. Es de suponer que la subida de la luz influye tanto o más en el balance de resultados que la subida del salario mínimo.Es que la reforma del sistema eléctrico, yo creo que ahora mismo es tan importante casi como la reforma del mercado laboral. Es que el poder adquisitivo ya no solo de los ciudadanos, es que está teniendo un problema muy gordo y no sólo en España, con el precio de las materias primas y con el tema de la energía. Que la patronal no quiera meterse ahí lo que hace ver es otra vez el poder de las eléctricas. Ni el poder político ni el poder empresarial ni muchas veces el poder mediático es capaz de hacer frente a las eléctricas. Es que los tentáculos de esta gente llegan lejos.Llevas un par de temporadas ya, ¿cómo está siendo sustituir a Évole?Todo eso se da más hacia fuera que hacia dentro. Yo no estoy todos los días pensando que estoy sustituyendo a Jordi, lo pensé cuando acepté y pensé si ser el sustituto de Jordi podía ser un obstáculo o un peso demasiado potente como para que la gente se fijase en Salvados obviando esas comparaciones. Pero luego ves que todo pasa muy rápido. Es un peaje temporal que en algún momento dejará de existir. Es complicado porque sabes que van a comparar, porque tú coges un programa que ya existe y entonces es inevitable mirar hacia atrás y ver si está funcionando mejor o peor, si los programas tienen más o menos calidad, incluso si esto se ha hecho o no se ha hecho. Pero por otro lado, me monto en un tren de primera clase que va sobre la vía, que funciona, que es lo más difícil de un programa, y además es que sigo en la misma empresa. Jordi es el productor ejecutivo y si un día le digo que no sé cómo enfocar algo, él me va a ayudar porque además es el productor ejecutivo. Eso que puede parecer que es un hándicap, para mí es un beneficio. De lo que se pueda opinar fuera intento aislarme.Pudiera parecer una presión adicional sustituir a un periodista que hace un programa tan de autor y que además se queda como tu jefe.Sí, son esas cosas que hay alrededor de algo muy gordo que es poder presentar Salvados. Vamos a ver, yo me dedico a esto, me gusta hacer esto, me dan la posibilidad de hacerlo a lo grande, es que sería gilipollas diciendo que no. Me ha supuesto un cambio de vida importante a nivel personal: la oficina está en Barcelona, cuando grabo estoy muy poco en casa y he dejado de trabajar con gente que ya eran mis amigos en El Intermedio. Pero es si dijese que no, me estaría tirando de los pelos toda la vida. Sí, hay circunstancias muy raras, pero la principal es que puedo hacer reporterismo y entrevistas a un nivel que en televisión es imposible. ¿Cómo voy a decir que no?¿Por qué es imposible? ¿Por qué no hay más programas como Salvados en la tele? Hay muchas cadenas.No será porque no funcionan bien ni porque no den prestigio o rendimiento. No sé, habrá cadenas que lo que no quieren es tener que aguantar llamadas todos los días... La televisión ha cambiado mucho, este programa empezó hace 12 años, como El Intermedio, todo empezó en una época en la que Cuatro tenía un programa satírico, Telecinco tenía un programa satírico... La Sexta llegó a tener el Caiga quien caiga, El Intermedio y Salvados a la vez. ¿La respuesta a tu pregunta? Yo creo que cada vez el poder tiene más controladas las decisiones que pueden tomar los grandes medios de comunicación y es que yo sé las presiones que reciben, lo incómodo que es para un director de cadena o para un director de antena que vayas a hacer una entrevista o que pilles un político en la calle y que hagas unas preguntas... Pues les llaman y les presionan. Y si se puede conseguir el mismo dinero sin molestar y sin que te estén presionando todo el rato, pues muchos decidirán ir por ahí... Lo que me jode es que los ciudadanos no los reclamen más, esos programas funcionaban y eran de interés. Salvados en su época de más éxito coincide con el final del bipartidismo. Es un programa que yo creo que fue parte de ese boom que hubo en la postcrisis, como el 15M o la aparición de los nuevos actores políticos. Eso es beneficioso para la sociedad. Si no los ponen pero tampoco se reclaman esos programas, es que es legítimo, las cadenas están haciendo dinero y si lo pueden hacer sin tanta presión. Y últimamente ni siquiera se nota porque hoy la información, por lo menos en televisión, ha dejado de ser un reclamo, al menos para grandes audiencias.Si Gonzo hiciera periodismo fuera de la tele, lo haría distinto. ¿La tele exige un punto de espectacularizar, de que si no hay imágenes impactantes, la gente se va?Sí, el canal muchas veces es parte del mensaje que tienes que dar. Yo creo que sería distinto periodista, imagino que hubiese seguido en la radio, es el único medio en el que me veía y es distinto, básicamente porque no tienes la capacidad de llegar a cosas como las que te permite la tele. Creo que sería peor periodista, no lo sé, supongo que no hubiera tenido la oportunidad de hacer las cosas que he hecho gracias a la televisión.Y cuando cuando uno ve lo que viene detrás, los hijos con las pantallas todo el rato a los que les costará poner la tele convencional, supongo... ¿Qué opina del futuro del sector?Pues que hay que adaptarse. Me he abierto un canal de Twitch porque el periodismo no es exclusivo de radio, prensa y televisión, lo fue en un momento, pero es que ahora no lo es. Hay otras formas de comunicar y de llegar a la gente. Cuando montaron Twitch en casa, que te colocan dos ordenadores, una pantalla, una cámara con el foco LED y todo los aparatos que instalan, llegaron mis hijos del cole y la mayor, Noa, que ya tiene diez años y siempre ha vivido con su papá haciendo tele, vio todo eso y me dijo: "¿Ahora te vas a hacer Youtuber?". Le dije que Youtuber no, pero parecido. Y entonces mi hija respondió: "Así que ahora vas a ser famoso". Y ahí sí vi que si para mi hija que ha visto desde que nació que me paran por la calle, que piden fotos, que los amigos del cole le dicen me han visto en el Ipad de sus padres, pues resulta que para ella ser famoso es ser Youtuber. Ahí entendí que había que estar. Pero esto siempre ha sido un poco así: le pasó a la prensa cuando apareció la radio, le pasó a la radio cuando apareció la tele y a nosotros también nos iba a pasar. Hay que saber adaptarse y es una competencia muy potente porque da mucha autonomía al espectador.¿Y el siguiente proyecto cuál es? Pues justo estos días hemos estrenado un podcast también, se llama Falsos Culpables, sobre condenados que se demostraron inocentes... Estoy con el Twitch arrancando, pero lo nuclear es poder hacer Salvados muchos años. También me he puesto a dirigir un documental sobre María José Carrasco, Ángel Hernández y la ley de eutanasia. Ellos cambiaron la historia de este país. Lo hemos presentado internacionalmente y tenemos ya varios compromisos de compra. Así que si tenemos pasta, ganas y un guion, pues vamos a hacerlo. Contamos con todo el archivo audiovisual de Ángel, que era técnico audiovisual de la Asamblea, y María José Carrasco era secretaria judicial. Entonces uno sabía muy bien cómo contar cosas y otra sabía muy bien la necesidad legal de grabar algunas cosas para tener pruebas. Tenemos todo un archivo desde que ella empieza a estar enferma hasta el momento en que fallece ayudada por su marido cuando le da esa sustancia, el pentobarbital sódico. Ese documental que tardaremos tiempo en ver porque va muy despacito es el próximo gran barco en el que me he metido.
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El juzgado frena a cuatro bancos que querían imputar a Sandra Ortega por préstamos millonarios a Kike Sarasola
Cuatro entidades bancarias han fracasado en su intención de imputar a Sandra Ortega, la mujer más rica de España, y darle la vuelta a un juicio al que ella llegó como querellante por la presunta falsificación de su firma para la obtención de créditos por importe de 130 millones de euros que acabaron en manos del empresario hostelero Kike Sarasola. La defensa de Ortega acusa al antiguo gestor de su fortuna, José Leyte, de haber falsificado su rúbrica para conformar cartas de patrocinio, un documento similar a un aval y según el cual los bancos tenían la garantía de que la millonaria coruñesa cubría con su patrimonio un posible impago por parte de Sarasola. Ortega asegura que desconocía esa operativa y que la firma que aparece en esos documentos no es la suya. Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega, es propietaria de un 5% de Inditex y la cuarta persona más rica de España. Tiene 53 años, vive en A Coruña y preside la fundación Paideia, dedicada a la integración laboral de jóvenes discapacitados. Hasta el pasado noviembre delegaba la gestión de su riqueza en José Leyte, un ejecutivo que venía de la banca privada y que trabajó para ella y su madre, Rosalía Mera, durante más de veinte años. Leyte era el máximo responsable de la gestora patrimonial de Ortega, Rosp Corunna.Durante su declaración ante la jueza, el exgestor confirmó que los garabatos que le abrieron la puerta de cinco bancos y el acceso a 130 millones de euros eran falsificaciones. Pero además de lo anterior, Leyte intentó convencer a la jueza de que Sandra Ortega estaba al tanto de toda la operativa y permitía que su firma fuera emulada para impulsar operaciones millonarias. Apoyados en esas afirmaciones, los bancos vieron la ocasión de dirigir su ataque legal contra la única persona en el procedimiento con capacidad probada de solventar la deuda de 130 millones que Kike Sarasola nunca llegó a pagar. Los abogados de las compañías financieras, presentes en el proceso como perjudicados, exigieron que el juicio se detuviese para poder realizar alegaciones sobre las revelaciones que Leyte había aflorado en su declaración. Deutsche Bank decidió querellarse contra Ortega. Abanca, Bankinter y Banca March no presentaron querella pero sí pidieron que la empresaria fuese imputada y llamada a declarar "a la mayor brevedad". La quinta entidad, Société Générale, se limitó a solicitar su personación como acusación particular. En un auto, fechado el pasado 20 de octubre y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción número 2 de A Coruña frena en seco los principales movimientos de las entidades bancarias: inadmite la querella presentada por Deutsche Bank contra Ortega y paraliza las peticiones de imputación que sobre ella habían planteado Abanca, Bankinter y Banca March. Además, admite la personación de Société Générale como perjudicada por los hechos que se investigan, por el momento, únicamente contra el exgestor de la accionista de Inditex. El razonamiento de la jueza es sencillo: si los bancos quieren acusar a la hija de Amancio Ortega tendrán que esperar hasta que se resuelva la querella presentada por esta contra quien controlaba su patrimonio. Dicho en otras palabras, si queda probado que la firma de la empresaria fue usada sin su consentimiento para regar de millones a Kike Sarasola, los bancos no podrán reclamarle nada a Ortega, que dispone de una fortuna que, según datos de 2019, está valorada en 6.300 millones de euros.En su reclamación ante la justicia, Ortega argumentó que la falta de diligencia de los bancos y el fallo de sus sistemas de control para comprobar la autenticidad de documentos que les eran enviados "por correo y sin firma presencial" permitió que José Leyte pudiese beneficiar a Kike Sarasola usando el nombre de la empresaria coruñesa. elDiario.es se ha puesto en contacto con Abanca, una de las entidades que pretendían la imputación de la empresaria, para recabar su postura. La única respuesta la entidad gallega ha sido: "Sin comentarios". El procedimiento en el que se ha visto inmersa la propietaria del 5% del gigante textil tampoco ha pasado desapercibido en el entorno del patriarca del clan Ortega. Fuentes próximas al fundador de Inditex han asegurado a elDiario.es lo siguiente: "Amancio está preocupado. Igual que estaría cualquier padre". La sociedad patrimonial de Sandra Ortega, Rosp Corunna, empezó a invertir en Room Mate en 2008, cuando la primera mujer de Amancio Ortega y madre de Sandra, Rosalía Mera, aún vivía. Con el tiempo, y siempre bajo el mandato de Leyte en el gobierno de los números, aumentó su participación hasta el 31% en la compañía hotelera. Los préstamos que han motivado el procedimiento judicial en curso, y que la empresaria asegura que se urdieron a sus espaldas, fueron a parar a Room Mate, principalmente, pero también a Tafay 2000 y a Ergocrático, sociedades que pertenecen por completo a Kike Sarasola y a su marido, Carlos Marrero, y que no tienen relación con la gestora patrimonial Rosp.A cambio, el empresario hotelero habría favorecido a Leyte y a su mujer entregándoles opciones sobre acciones de Be Mate, la filial de apartamentos turísticos inspirada en Airbnb que montó en 2014. En conversación con este periódico, Sarasola ha resumido su posición sobre el conflicto del siguiente modo: "Esto es un tema de mi socio con su gestor y yo no estoy en nada de eso. Es un problema que no es mío".La magistrada que lleva el caso ha solicitado varios mandamientos para seguir adelante con sus pesquisas. A Room Mate le exige que en el plazo de diez días remita al juzgado todas las actas de los Consejos de Administración celebrados en la empresa entre 2018 y 2020 para aclarar si la decisión de pedir préstamos millonarios fue acordada por la cúpula directiva de la compañía que dirige Sarasola. La jueza también quiere saber por qué dos notarios de Madrid redactaron actas autentificando la firma de Sandra Ortega en los meses de marzo, abril y julio de 2020 y siempre una semana después de que los bancos recibiesen las cartas de conformidad que abrían las líneas de crédito para las empresas de Sarasola. En su reclamación a los fedatarios públicos, la magistrada solicita que se aclare quién pidió esas autentificaciones, qué proceso se siguió para configurarlas y quiénes participaron en la validación de unas firmas que la mujer más rica de España dice que son falsas.
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El último y más estruendoso choque de Nadia Calviño y Yolanda Díaz (al cierre de esta edición)
Nadia Calviño y Yolanda Díaz no conviven dentro del Consejo de Ministros. Se soportan. Una es, tras el cese de Carmen Calvo a finales del pasado julio, vicepresidenta primera y responsable de Economía; la otra ocupa, tras el abandono de la política de Pablo Iglesias, la vicepresidencia segunda con la cartera de Trabajo. Quienes las han tratado aseguran que ambas estaban llamadas a chocar desde el mismo momento en que se pactó la coalición, pero la virulencia de sus enfrentamientos –los más sonados, puertas adentro– ha sorprendido incluso a quienes desde el principio asumieron que ahí iban a saltar chispas. Quienes han asistido a algunas de las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el órgano donde están presentes todos los que tienen algo que decir en los números del Gobierno y que preside desde 2018 Nadia Calviño, relatan enfrentamientos por asuntos de lo más variopintos.Sus perfiles reflejan con bastante nitidez el abismo que separa a los dos polos de la coalición. Calviño es dentro del Consejo de Ministros la más insigne representante de la ortodoxia de esas élites de Bruselas con las que había tratado los últimos lustros antes de recibir en 2018 el encargo de Sánchez para incorporarse a su Gobierno. Tan poco lo disimula que algunos de sus compañeros de gabinete (y no solo en los bancos de Unidas Podemos) daban por hecho hasta hace no mucho que sus movimientos en la vicepresidencia económica estaban más encaminados a un intento de hacer carrera en altas instituciones de la UE que a labrarse un medio plazo en el Gobierno de Sánchez. Yolanda Díaz es una comunista bregada en las concejalías de Izquierda Unida en Ferrol, a la que salieron los dientes en las gradas de los astilleros de la ciudad naval, que se crió entre el humo del tabaco de las asambleas del metal contra la reconversión industrial de una comarca que no acabó de serlo. Como Calviño, Díaz también estudió Derecho, pero lejos de encaminarse hacia los altos despachos de la burocracia comunitaria, se especializó como abogada laboralista. Si los orígenes sirviesen para explicar algo, una es hija de José María Calviño, el director de Radio Televisión Española en el primer Gobierno de Felipe González. El padre de la otra es un obrero encarcelado por la dictadura que llegó a ser líder de Comisiones Obreras en Galicia y se manifestaba contra las reconversiones de aquellos primeros gobiernos socialistas.Díaz y Calviño coexisten en el Gobierno pero habitan dos planetas distintos. Y, a diferencia de lo que sucedió en la primera mitad de la legislatura, donde todo era pandemia, el éxito de la vacunación y la caída de los contagios han abierto un nuevo escenario político con los miles de millones de los fondos de Bruselas para hacer política más allá de la emergencia. Y la vicepresidenta segunda prometió hace un par de semanas en la fiesta del PCE que lo urgente es derogar la reforma laboral del PP, un compromiso fundacional de la coalición, que Sánchez llegó a refrendar con EH Bildu en una de las prórrogas del estado de alarma, y que se había ido aparcando en medio de la crisis sanitaria. Así que Díaz se había puesto manos a la obra. "Ahora la reforma laboral", ha repetido estas semanas a quien quisiera oírla. Antes que echar abajo la ley mordaza de Rajoy, que paradójicamente ha servido al Gobierno de Sánchez para multar durante el confinamiento, y de aplicar otros compromisos pendientes. El calendario le era propicio: apuntarse el tanto de tumbar el endurecimiento de las condiciones laborales impuestas por Rajoy contra el que claman desde hace casi una década la izquierda y los sindicatos sería el escaparate perfecto para que la dirigente más valorada del Gobierno lanzase su proyecto de unir a la izquierda del PSOE. El campo de juego también convenía a una dirigente comunista que ha llenado el Ministerio de técnicos muy reputados en derecho del trabajo y que acumula media docena de acuerdos con la patronal.Y entonces, cuando llevaba cinco meses de negociación en las mesas del diálogo social, con los sindicatos y el ala más zurda de Unidas Podemos metiendo prisa, volvió a cruzarse en su camino Nadia Calviño para decir que la negociación de la reforma laboral comienza ahora y que todo lo anterior habían sido preliminares. Díaz y Unidas Podemos creyeron ver de nuevo a Calviño actuando por su cuenta por encima del pacto de coalición. Denunciaron la "gravísima injerencia" y pidieron una reunión urgente al PSOE para hacer seguimiento del acuerdo de Gobierno, meter en cintura a la vicepresidenta primera del Gobierno y espantar el fantasma de la tecnocracia comunitaria que creían de vuelta. Y entonces, antes siquiera de que los dos partidos se citen para resolver sus discrepancias, apareció Sánchez, precisamente desde Bruselas, para dar a entender que esta vez no es una idea suelta de Calviño, sino que la reforma laboral va a pilotarla también el PSOE.
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La congestión de la sanidad pública con la COVID-19 da el mayor empuje a los seguros privados de salud en una década
Los seguros privados de salud llevan años registrando un crecimiento imparable, pero la congestión de la sanidad pública que ha provocado el coronavirus les ha dado el mayor impulso de la última década. El número de personas con pólizas de asistencia sanitaria creció un 4,4% entre 2019 y 2020, el incremento interanual más abultado desde 2011, según los datos que aporta la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa).Las cifras más recientes de la entidad, correspondientes al primer semestre de 2021, revelan que las aseguradoras ingresaron un 10,5% más en primas que en 2019. Por primera vez en la historia, el volumen de asegurados –entre los que se incluyen los mutualistas, funcionarios que eligen la atención privada sobre la pública– rebasa los once millones, un 23,4% de la población total, y la facturación superó los 9.000 millones de euros. Las empresas que se dedican a vender seguros privados de salud admiten que la pandemia ha generado más predisposición a contratar uno, aunque la tendencia ya existía antes de la COVID-19. Las listas de espera de la sanidad pública se dispararon en 2020. Los hospitales se entregaron al 100% a curar el coronavirus ante una avalancha de pacientes muy enfermos que requerían muchos cuidados y precisaban, además, de largas estancias en UCI. Esto obligó a cerrar quirófanos y se dejó de lado la atención de otras dolencias. Esa paralización se ha traducido en graves retrasos en los diagnósticos y, en los casos más dramáticos, muertes que se podrían haber evitado.Los datos de cierre de 2020 del Sistema Nacional de Salud son elocuentes: casi un 50% de los pacientes esperaron más de seis meses para tener una cita con el especialista, y el tiempo de espera medio para una operación era de 148 días, casi cinco meses. Las consultas con más demora son, por este orden: traumatología, dermatología y oftalmología.Miguel Ángel, de 58 años, contaba desde hace años con un seguro, pero no lo había usado hasta ahora. A finales de agosto sufrió un infarto a la espera de que su hospital, en Madrid, le realizara un electrocardiograma. Tres meses antes, había acudido a su médica de familia para informarle de que a uno de sus hermanos le habían diagnosticado una enfermedad genética en el corazón. Miguel Ángel fue citado para las pruebas diagnósticas en la sanidad pública madrileña en marzo de 2022. "Pienso que si me hubieran dado cita antes, lo habrían visto", relata en conversación con elDiario.es. La cosa no terminó ahí. "Mi sorpresa cuando salí del hospital tras seis días ingresado fue que la siguiente revisión no era hasta marzo. Estaba asustado después de lo que me había pasado, necesitaba sentirme seguro de que todo iba bien, así que fui a la privada y me hicieron el chequeo. En diciembre volverán a hacérmelo", explica Miguel Ángel, que apostilla: "Me gustaría que fuera posible en la pública, donde se supone que están los mejores médicos y los mejores medios".Los lugares donde más días de media hay que esperar para operarse son Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras Catalunya y Aragón están a la cabeza en demoras para las visitas al especialista. José Manuel-Freire, profesor emérito en la Escuela Nacional de Sanidad y exconsejero de salud en el Euskadi, cree que para explicar la subida hay que considerar "un factor temporal vinculado a la pandemia", que desaparecerá una vez los sistemas de salud recobren una relativa normalidad, más allá de las dos variables que siempre marcan una decisión así, a su entender: la riqueza disponible y lo insatisfactorio del servicio público."Las clases medias con posibles han migrado porque el nivel de actividad en la pública ha bajado y han decidido no esperar. Existe un aspecto coyuntural", señala este médico, que ha pasado casi dos décadas como diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid encargado de los asuntos sanitarios. Algunas empresas de seguros han empleado la pandemia como reclamo. "Los seguros médicos privados se hacen necesarios ante el colapso de la sanidad pública. Son la mejor forma de tener una atención médica sin arriesgar la salud por la demora de la atención", sostenía Seguros Cea en su web.La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública interpreta que "es probable que un sector de la población haya buscado respuesta en el aseguramiento privado" por miedo a no poder ser atendido en un futuro en unos centros públicos que podrían volver a estar desbordados por la crisis sanitaria. Su portavoz, Mariano Sánchez-Bayle, lamentaba hace un año en este medio que "cuanto peor funciona el sector público, más oportunidades de negocio tiene el privado". El gasto sanitario privado por habitante en España es de 719 euros, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Los hogares desembolsan casi 34.000 millones de euros al año en este concepto, que supone un 2,7% del PIB nacional. Y 9 de cada 10 euros de los pagos directos "se destinan a asistencia curativa y rehabilitadora (incluida la atención dental), medicamentos (incluido el copago), lentes y audífonos", según Sanidad.La patronal de las aseguradoras Unespa argumenta que el aumento de seguros privados "ahorra costes" a la administración pública y "ha contribuido a la contención de la pandemia". La sanidad privada pidió compensaciones públicas por sus servicios durante los primeros meses de emergencia sanitaria. Pretendía que parte de los fondos que el Gobierno iba a transferir a las comunidades autónomas cubriera "los costes de las peticiones" que les realizaron. El sector venía de una época próspera que se rompió con la COVID-19. Los hospitales privados facturaron 6.775 millones de euros en 2020, un 2,5% menos que en el ejercicio anterior. "La pandemia originó un moderado retroceso del mercado por primera vez en dos décadas", señala la aseguradora DBK. Otro ejemplo: Sanitas redujo sus beneficios un 11%. El consejero delegado, Iñaki Peralta, ya avanza que subirán los precios de las póliza porque el coronavirus "es una patología que antes no existía", según esta entrevista publicada en Cinco Días. Tres aseguradoras (Adeslas, Sanitas y Asisa) concentran casi el 60% del volumen de negocio en España. ¿En qué comunidades el impulso al seguro privado ha sido más acusado? La Comunidad de Madrid, la que menos recursos destina a la sanidad pública, se mantiene a la cabeza en población que adquiere estos servicios: alcanza casi un 37% frente al 33% de 2015 (casi dos millones y medio de personas); le sigue Ceuta, Melilla y Catalunya con crecimientos porcentuales similares. En el primer caso, la cifra se explica, en una parte, por la concentración de funcionarios de la administración general del Estado que viven en Madrid. Los datos de Unespa no discriminan entre seguros "públicos", es decir, los de los trabajadores del Estado que eligen Muface en lugar de la Seguridad Social (no pagan por ello), y privados (que los asegurados sí pagan). Este mismo motivo está detrás de las posiciones de Ceuta y Melilla, donde residen muchos militares que optan por Isfas. Castilla-La Mancha, por su parte, registra un retroceso en el porcentaje de población con seguro de salud en los últimos cinco años, del 20% al 15%. Las regiones con menos asegurados para la asistencia sanitaria son Navarra y Cantabria, que aún así crecen igualmente.En las cifras facilitadas por Unespa tampoco se diferencia entre los seguros individuales y los colectivos. Estos últimos son, por ejemplo, los que proporciona una empresa a su plantilla de trabajadores. De esta manera, resulta imposible, con el desglose actual, conocer cuántas personas, a título personal, se pagaron un seguro de salud privado en el último año y medio.
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A bordo del "bicibús": cientos de alumnos desafían a los coches para ir a clase pedaleando
El bicibús sale con unos minutos de retraso, pero no va a esperar a quienes lleguen más tarde. Son las 8.30 horas en la esquina entre las calles Tamarit y Borrell, en el distrito del Eixample de Barcelona, y antes de las 9.00 hay que estar en la escuela. Decenas de niños y niñas aguardan montados en sus bicicletas, pie en el suelo y manos al manillar. La gran mayoría están acompañados por sus padres o madres. Y todos ellos forman un pelotón ciclista de unas 150 personas que cada viernes toma la calzada para ir pedaleando al colegio.María Pitarch, de 9 años, está preparada con su bici rosa y su casco azul para comenzar el trayecto. Normalmente suele ir al colegio en bicicleta, pero no con la suya, sino en la sillita de la de su padre. "Los carriles bici son demasiado inseguros para alguien de su edad. Están al lado de los coches y da miedo", explica Xavi. Solo los viernes pueden ir cada uno con su bici, protegidos por el pelotón. "Lo mejor del bicibús es que luego pasamos a recoger a mis amigas y vamos juntas", añade María.  El trayecto de este bicibús es sencillo y tiene solamente tres paradas, las escuelas públicas Joan Miró, Xirinacs y Entença, por este orden. El grupo lo integran familias y alumnos de estos centros educativos, con la colaboración de la entidad Eixample Respira. A ritmo de música infantil –suenan los hits de la banda catalana Reggae per Xics–, la comitiva avanza haciendo sonar los timbres de las bicis, en ambiente festivo, y rápidamente se adueña de la calzada por la que suelen pasar los coches. A cada esquina que tuercen se van sumando familias con sus bicis, mientras dos patrullas de la Guardia Urbana les escoltan y controlan el tráfico.La razón de ser del bicibús es tan simple como su recorrido. Son familias que quieren que sus hijos puedan ir al colegio en bicicleta. "La infraestructura ciclista no está preparada para niños y niñas pequeños. Los carriles son de dos direcciones, estrechos y si das un golpe de manillar te metes en una calzada por donde pasan coches a más de 50 km/h. Por no hablar de las intersecciones, que son muy peligrosas porque los coches no respetan la prioridad", enumera Genís Domínguez, padre de la escuela de Primaria Xirinacs y miembro de Eixample Respira, el colectivo que reclama menos tráfico para reducir la excesiva contaminación que padece este céntrico distrito. Sin ser ni siquiera el primer bicibús que hay en la ciudad, puesto que se creó en septiembre y el año pasado ya había uno en Sarrià, desde luego sí se han convertido en el más popular. Un vídeo colgado en Twitter en el que se les veía circulando por las calles del Eixample, por donde pasan a diario 300.000 coches y motos, se difundió hasta el punto de que figuras internacionales como el urbanista y consultor Brent Toderian se hicieron eco de ello: "Dime que este no es el mejor tráfico que hayas visto".Ni los conductores ni los usuarios del bicibús del Eixample se han inventado nada. En Catalunya este innovador modelo de transporte se comenzó a popularizar el año pasado a través de una exitosa iniciativa en Vic. Dos maestras quisieron acompañar a varios alumnos al colegio en bici y la cosa se fue extendiendo. "Sabíamos que en los Países Bajos, en Bélgica, en Italia… hay experiencias puntuales parecidas. Lo que hicimos entonces fue definir una metodología", explica Eduard Folch, uno de sus impulsores en esa ciudad, que recuerda que en Madrid existe también un bicibús pionero: el que va al colegio Jesús Maestro, en Chamberí.El proyecto surgido en Vic está organizado a través de una entidad que recibe el nombre de Canvis en Cadena. Sus integrantes se dedican a asesorar y a fomentar los bicibuses por todo el territorio. A través de una app que han desarrollado para esta iniciativa han podido contabilizar más de 40 líneas, la mayoría en la comarca de Osona, pero también en Sabadell, Sant Cugat, Granollers… En total, han trabajado con 30 escuelas de nueve municipios y suman 790 niños y niñas solamente contando bicibuses de Catalunya. "Ahora que comienza el curso quizás algunos están inactivos y hay que volverlos a arrancar. Pero luego muchas iniciativas, como la de Barcelona, no la tenemos registrada", apunta Folch. "Calculo que estamos cerca del millar de niños y niñas", detalla este activista. No todos los bicibuses son iguales, pero la mayoría sí suelen ser una vez a la semana, para darle un carácter festivo y de protesta. Y porque para muchos a diario no es viable todavía. También suele ser denominador común tomar la calzada siempre que se pueda, aunque tampoco es lo mismo hacerlo en una trama urbana de casco antiguo o de pueblo que en medio de Barcelona. Uno de los escenarios a los que aspiran, cuenta Genís Domínguez, es avanzar hacia pelotones más pequeños y con pocos referentes adultos. "Nos gustaría que fuesen grupos reducidos, de 20 o 30, y con unos pocos monitores o familias", explica.Ahora mismo en el Eixample son unos 150 y subiendo. Entre ellos está Vanesa con sus tres hijas: Rita, Júlia y Arlet. Van al colegio Xirinacs. En su caso, el bicibús no les viene de camino, puesto que viven mucho más cerca del colegio, pero les gusta sumarse a él porque a las pequeñas les parece divertido. Y porque es una forma de reivindicación. "Siempre que podemos vamos en bici y en este distrito es más importante todavía", recalca la mujer.El Eixample es la mancha negra de la contaminación en Barcelona. Su trama cuadriculada hace que la atraviesen a diario miles de coches en hora punta. Durante el actual mandato, el gobierno de Ada Colau lo ha puesto en el punto de mira y ha anunciado varias acciones para quitar espacio al tráfico: peatonalizaciones de carriles, nuevas vías para bici, protección de entornos escolares… Y el plan Supermanzana Barcelona para pacificar casi un tercio de las calles del distrito, pero a diez años vista. Pero estos vecinos quieren más. "Somos un punto clave de Barcelona, lo llaman la pastilla negra por la contaminación. Por eso no sorprende que aquí haya nacido también la iniciativa de la Revuelta Escolar", recuerda Domínguez. Se refiere a las protestas mensuales de alumnos, familias y maestros que consiste en cortar la calle para exigir menos coches y más espacio para el peatón. Por ahora, no se han reunido con el Ayuntamiento, aunque la alcaldesa Ada Colau celebró la iniciativa en Instagram: "Son un orgullo para Barcelona y un claro ejemplo de la ciudad que queremos, donde el coche deje de ser el protagonista", escribía. El bicibús llega puntual a sus últimas paradas, en el recinto de la antigua cárcel Modelo donde hoy se encuentran dos escuelas públicas de Primaria. Se abre el portón de la prisión, las familias aplauden y los niños y niñas entran, algunos acompañados y otros no, para dejar las bicis aparcadas en un almacén. El próximo viernes volverá el bicibús y, por la cantidad de centros que han contactado con ellos en los últimos días, puede que haya nuevas líneas en la ciudad.
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Una polémica sentencia del Supremo y la decisión de Batet dejan sin escaño a Alberto Rodríguez
Alberto Rodríguez ha perdido su escaño en el Congreso de los Diputados. El parlamentario por Santa Cruz de Tenerife recibió este viernes el golpe definitivo cuando el presidente de la Sala penal del Supremo, Manuel Marchena, ha comunicado a Meritxell Batet que sus condenas de cárcel e inhabilitación están vigentes y la conclusión que han sacado tanto en el Alto Tribunal como en el Congreso es que debe abandonar la Cámara Baja. El desenlace que llega después de una sentencia con dos votos particulares apostando por su absolución, un informe de los letrados del Congreso argumentando a favor de su continuidad y varios expertos en derecho penal dejando claro que el asunto de su inhabilitación era, por lo menos, debatible. Tras el embrollo jurídico que ha vivido estos días el Congreso y después de la decisión final de Batet, a última hora de este viernes Unidas Podemos ha anunciado que va a querellarse contra la presidenta del Congreso por prevaricación, al haber tomado la decisión "de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa del Congreso". "La decisión que ha tomado cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha hace un daño enorme a la democracia y a nuestro país", añadían fuentes de la formación a la que pertenece Rodríguez.Horas antes, el magistrado Manuel Marchena arrancaba con esta frase su carta a la presidente del Congreso, contestando su petición de aclaración sobre cómo aplicar la condena a Alberto Rodríguez: "Como vuestra excelencia conoce, la Ley del Poder Judicial no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de la ejecución de una sentencia ya firme". Aclarando que no hay nada que aclarar, el Supremo se limitaba a recordar que la pena accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo está correctamente impuesta y subrayando de manera significativa que su condena de cárcel existe aunque no se ejecute. La Ley Electoral dice con claridad que un condenado a pena firme de prisión pasa a ser considerado inelegible, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha repetido varias veces que esta inelegibilidad puede llevarse por delante el acta de un diputado aunque llegue de manera sobrevenida. La duda que planteaba Batet y que ha solucionado entre líneas Manuel Marchena tampoco estaba clara para los letrados del Congreso: si la sustitución de su condena de 45 días de cárcel por una multa de 540 euros esquivaba esa inelegibilidad, y si la inhabilitación para presentarse a unas elecciones (sufragio pasivo) de su condena tenía el mismo efecto que la inhabilitación para ejercer un cargo público. En teoría el Congreso de los Diputados no tiene un conducto legal para preguntar estas cuestiones al propio Supremo y la defensa de Rodríguez, ejercida por la abogada Marta Flor, tampoco lo planteó en su petición de aclaración y corrección de la sentencia. Sólo cuestionó que se mantuviera la condena de inhabilitación y el Supremo explicó que es una condena accesoria impuesta por el mismo Código Penal que obliga a sustituir su condena de prisión por una multa. Un galimatías legal es habitual a la hora de calcular las consecuencias de una condena penal o un procesamiento contra un político. La suspensión de los políticos catalanes del procés cuando fueron procesados en firme por rebelión en 2018 también se tradujo en decenas de especulaciones sobre cómo había que aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Supuestos aparentemente cristalinos en la sede del Supremo pero con pocos antecedentes que en este caso incluso ha contado con un informe de los letrados del Congreso interpretando que Alberto Rodríguez podía retener su acta. El Supremo no dice explícitamente lo contrario aunque las constantes apelaciones a ejecutar su condena de inhabilitación apuntaban en una dirección: a cerrar por fuera la puerta del Congreso. Diversos juristas han puesto este debate sobre el tapete en los últimos días. Uno de ellos ha sido Jacobo Dopico, catedrático de derecho penal por la Universidad Carlos III de Madrid, que en su perfil en Twitter cuestionaba por ejemplo si la inelegibilidad de la Ley Electoral es aplicable cuando la condena de cárcel ha sido sustituida. "¿Cuál es el periodo de duración de una pena que no se ejecuta?", se preguntaba. En este otro hilo planteaba también sus dudas sobre si la inhabilitación para el sufragio pasivo puede acarrear la pérdida de un cargo que ya se ostenta. En otro tuit, el magistrado de Santander, Luis Enrique García, expresaba su opinión y explicaba que la condena impedía a Rodríguez presentarse a unas elecciones pero no perder el cargo que ya ostenta. La decisión final ha estado en manos de Meritxell Batet. Incluso una vez perdido el escaño, Alberto Rodríguez puede seguir impulsando acciones legales aunque ya desde fuera de la Cámara Baja. Por un lado, Rodríguez ha anunciado que tiene intención de llevar su condena ante el Tribunal Constitucional y allí tiene la posibilidad de pedir medidas cautelares para que su condena no se ejecute hasta que exista una sentencia de sus magistrados. Por otro lado, la retirada de su escaño también puede ser recurrida por la vía contencioso-administrativa. La sala tercera del Supremo ha solucionado varios casos de inelegibilidad sobrevenida en los últimos dos años con los políticos del procés, aunque en ningún caso existía la combinación de una condena de prisión sustituida por multa y una condena de inhabilitación de sufragio pasivo. El antecedente más aplicable no viene de la sala segunda sino de la sala tercera. "La condena firme a una pena privativa de libertad comporta la pérdida del sufragio pasivo, o sea, que determina la inelegibilidad, en este caso sobrevenida, del condenado", dijeron los magistrados cuando Junqueras quiso discutir que la Junta Electoral le hubiera quitado el escaño del Parlamento Europeo tras su condena del procés. En su caso se cumplían varios requisitos para poder retirarle el acta sin tener que entrar a examinar su derecho al sufragio pasivo: condena de cárcel ejecutada y condena de inhabilitación para ejercer cargos públicos.En los últimos años, varios diputados del Congreso e incluso presidentes autonómicos han sido condenados mientras estaban en sus cargos y los distintos organismos han tenido que decidir si su sentencia les costaba o no el puesto. En todo caso, la condena de Rodríguez no tiene similitudes con esos casos porque, o bien eran de prisión sin posibilidad de sustitución por una multa, o eran condenas de inhabilitación específicas para ejercer cargos públicos y no sólo para poder presentarse a unas elecciones.El líder de ERC, Oriol Junqueras, se quedó sin escaño en el Parlamento Europeo cuando en enero de 2020 la Junta Electoral Central decidió que su condena a 13 años de cárcel e inhabilitación por el procés le hacían incurrir en inelegibilidad sobrevenida tal y como confirmó posteriormente el Supremo. Previamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le había reconocido el derecho a ser eurodiputado. Además, otra sentencia del Supremo avaló su exclusión de las listas electorales de ERC en las generales de abril de 2019 explicando que "la efectividad de la inelegibilidad tiene lugar desde el comienzo del cumplimiento de la condena" de prisión.Dos expresidentes catalanes han pasado también por una situación similar. Artur Mas y Quim Torra fueron condenados en firme por el Supremo por sendos delitos de desobediencia a condenas de inhabilitación para ejercer cargos públicos: el primero por la consulta soberanista del 9N y el segundo por desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de 2019. Mas dejó el cargo antes incluso de ser condenado, pero Torra retuvo la Presidencia hasta el último momento. La Justicia le obligó a dejar su escaño en el Parlament a principios de 2020, poco después de ser condenado en primera instancia, aunque le permitió mantenerse al frente del Govern hasta que su condena fue declarada firme en septiembre de ese año.Otro caso es el del exconseller Francesc Homs, condenado por el Tribunal Supremo por su papel en la consulta del 9N cuando formaba parte del Govern de Artur Mas. En su caso no hubo ninguna duda y tuvo que dejar su acta del Congreso después de recibir su condena firme de inhabilitación. En ese caso, el Supremo no dejó lugar a dudas sobre cómo debía ejecutarse su sentencia: el final del camino, dijo el Alto Tribunal, era "la privación del cargo de diputado al condenado". No lo ha dicho con esa claridad esta vez.El caso de Alberto Rodríguez fue uno de los pocos que consiguió dividir a la sala de lo penal, siempre tan proclive a las sentencias unánimes. Los jueces no discutieron sobre las consecuencias de la condena sino sobre la credibilidad del agente pateado en La Laguna en 2014. La mayoría de la sala, con el magistrado Miguel Colmenero como ponente, entendió que el agente había reconocido desde el principio a Rodríguez como autor del golpe y que, además, el parte médico certificaba la existencia del golpe. Una conclusión contraria a la que llegaron dos de los magistrados: Susana Polo y Leopoldo Puente. Los dos magistrados consideraron que el relato del agente fue "lacónico" y "lejos de ser suficiente" para cimentar una condena, quitando valor probatorio al parte médico. Para estos dos magistrados procedentes de los tribunales madrileños, con los datos existentes, el agente "pudo haber recibido el golpe en la rodilla, procedente de Rodríguez o de otra persona, en el curso de la intervención policial (otros golpes hubo que recibió), de forma accidental, en la carrera o como consecuencia de un encontronazo".En un primer momento, la Fiscalía llegó a pedir un año de prisión para él atribuyéndole no sólo el golpe en la rodilla sino también otro distinto en la mano. En la calificación provisional redujo la petición a seis meses y ya al final del juicio a tres meses y 10 días de prisión, teniendo en cuenta los ocho años que el caso había tardado en llegar a juicio. En su sentencia el Supremo le impuso 45 días de presidio e inhabilitación para el sufragio pasivo además de una indemnización para el agente. La condena de cárcel, tal y como exige el Código Penal, fue sustituida por una multa de 540 euros al ser inferior a tres meses.
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Unidas Podemos denuncia por prevaricación a Batet y la coalición de gobierno entra en una grave crisis
Unidas Podemos lleva a las tribunales a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la misma que había elegido con sus votos cuando se constituyó el Parlamento que dio inicio a la legislatura. Han pasado un año y diez meses desde aquella sesión parlamentaria y la coalición de Gobierno vive uno de sus momentos más delicados. La chispa esta vez viene provocada por la pérdida del escaño de Alberto Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo condenó por dar una patada a un policía en una manifestación hace siete años. El ya exparlamentario y anterior secretario de Organización de Podemos fue condenado a un mes y medio de cárcel, que no cumplirá porque fue sustituido por una multa, por atentado a la autoridad. A partir de ahí el caso abrió otra discusión jurídica. Los letrados del Congreso concluyeron en un informe que la condena no obligaba a que Rodríguez, elegido diputado por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, tuviera que dejar el acta. Ese dictamen jurídico que reclamó la presidenta del legislativo señaló que la privación del derecho al sufragio pasivo dictada por el Supremo en la sentencia en la que le condenó por pegar a un policía en 2014 no afecta a la condición de diputado, dado que fue adquirida con carácter previo. Pero el propio Supremo, a través del presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, remitió sendas comunicaciones a la presidenta del Congreso para que retirase el acta de diputado a Rodríguez. Y este viernes, Batet ha accedido a las peticiones del Alto Tribunal. El grupo de Unidas Podemos, que ha reivindicado durante semanas la inocencia de Rodríguez, incluso después de la sentencia que contó con el voto particular de dos magistrados contrarios a la condena del diputado, ha respondido con una denuncia en los tribunales contra la propia Batet, a la que acusa de prevaricación. La querella conocida a última hora de la tarde del viernes, defiende que la presidenta del Congreso "ha tomado la decisión de manera unilateral, contra el criterio de los letrados de la Cámara y de la Mesa". La querella agrava la crisis en la coalición, que vive sus horas más complicadas después de que el ala socialista decidiese reservarse el control de la reforma laboral que venía negociando desde hace meses la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. El grupo confederal había solicitado una reunión urgente tras tildar de "gravísima injerencia" la intención de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de irrumpir en un asunto que está entre las competencias del Ministerio de Trabajo. Sin fijar una cita en el calendario para abordar esas diferencias con los socios, Pedro Sánchez respaldó desde Bruselas a Calviño y rebajó la participación de Díaz en la derogación de la reforma laboral, que, según dijo, compete a cinco ministerios. Y a ese choque se añade ahora una querella de Unidas Podemos por prevaricación contra Batet. Una línea que nunca se había cruzado hasta el momento, durante los 20 meses de convivencia de la coalición, en los que ya se produjeron otros momentos de tensión, que generalmente se cerraban con un acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias. Están por ver las consecuencias de esta crisis y los siguientes movimientos. De momento, los socialistas han salido en defensa de la presidenta del Congreso: "El PSOE reitera su postura de respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones. La presidenta del Congreso se ha limitado en todo momento a dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales y así lo ha hecho hoy de nuevo, una vez despejadas las dudas sobre su aplicación. Las sentencias se pueden recurrir pero no se pueden incumplir. Por todo ello, el Partido Socialista respalda la actuación a la Presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber". Esas cinco líneas fueron todas las señales que emitió el PSOE. Ni Sánchez, de viaje en Bruselas este viernes, ni ningún ministro del ala socialista han salido a responder a sus socios. El presidente tiene programado este sábado un viaje en La Palma. Mientras tanto, en Unidas Podemos cunde la indignación por el comportamiento de sus socios por la decisión de Batet, que estiman, no agotó todas las vías antes de dejar sin escaño a Alberto Rodríguez.En una entrevista en la cadena SER, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que la demanda no tiene nada que ver con la acción de gobierno, que es otro proceso. "Gobernar es saber tragar sapos", ha dicho gráficamente Echenique tratando de desvincular la denuncia en los tribunales a Batet de la salud de la coalición. Cuando se le preguntó si Yolanda Díaz conocía que se fuese a presentar la querella, el portavoz en el Congreso aseguró que el asunto se trató en los órganos de Unidas Podemos, pero que no recuerda la posición de su líder. Otras fuentes de Unidas Podemos sostienen que Díaz no ha participado en la decisión. De momento la vicepresidenta segunda guarda silencio y no se ha posicionado tampoco en sus redes sociales. La retirada del acta fue la gota que colmó un vaso que llevaba horas rebosando. El entorno de Díaz había ya enfurecido por el asunto de la reforma laboral. El primer paso lo había dado Nadia Calviño el jueves por la noche, cuando informó a Yolanda Díaz en un correo electrónico de su nuevo papel como coordinadora de la reforma laboral, algo que causó indignación en Unidas Podemos. Ese día, Calviño había afirmado por la mañana en el Congreso de CCOO que la negociación de la reforma laboral estaba por iniciarse y redujo a "contactos preliminares" los meses de diálogo social del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Lo que sonó el jueves por la mañana a desautorización a Yolanda Díaz por parte de Calviño, y que parecía un rifirrafe más entre Economía y Trabajo, se desveló por la noche como un cambio sustancial dentro de estrategia de la parte socialista del Gobierno. Economía se erige con la coordinación de la reforma laboral porque, justificaba Calviño, es un asunto muy importante que afecta a muchos ministerios. No es cosa solo de Trabajo, ha justificado después también Pedro Sánchez. A pesar de ser la titular de la cartera afectada por esta polémica, la ministra de Trabajo no ha sido la encargada de hacer público el encontronazo entre los socios de Gobierno. El anuncio inicial, que desvelaba la crisis, era realizado por Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales. Sin aportar ningún detalle, a primera hora tuiteó: "El espacio confederal de Unidas Podemos solicita una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre el PSOE y UP. Necesitamos abordar la gestión y ejecución de los compromisos de coalición".Con el paso de las horas se aclaró su causa. El conflicto había comenzado con el mail enviado por la Vicepresidencia al Ministerio de Trabajo, que Unidas Podemos ha considerdo una "injerencia", una "intromisión" y un asunto "grave", según fuentes del grupo confederal. Pero el mensaje de Pedro Sánchez desde Bruselas dejo ver que esta vez Calviño, a quien incluso dentro del PSOE muchas voces veían hasta ahora reacia a derogar la reforma laboral, no iba por libre. "Es una reforma del Gobierno". Con estas palabras, Sánchez respaldó a su vicepresidenta primera para que sea quien lidere a partir de ahora la negociación de la reforma laboral, que, destacó, afecta a "cinco ministerios": Economía, Trabajo, Seguridad Social, Hacienda y Educación. Así, después de cinco meses de negociación del equipo que lidera Yolanda Díaz con los sindicatos y empresarios, el presidente daba las riendas de esta importante reforma a Calviño dentro de un grupo amplio de carteras lideradas por ministros socialistas, lo que ha generado un gran malestar en Unidas Podemos. Los socialistas han reaccionado a la petición de Belarra y han aceptado, en un primer momento, el encuentro. Por su parte, en Moncloa han optado por rebajar el tono del conflicto. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, trasladó un mensaje de "tranquilidad". "Les puedo asegurar que esta coalición goza de muy buena salud", había manifestado en una entrevista en Antena 3 antes de que por la tarde se anunciase la denuncia contra Batet. El órgano cuyo encuentro ha solicitado Unidas Podemos a los socialistas –la mesa de coordinación de la coalición– no se reúne frecuentemente. Según apuntan fuentes de la coalición, el último encuentro se produjo en julio de 2020. En marzo de ese mismo año, unos días antes de que se decretase el confinamiento por la irrupción de la pandemia, los representantes de los dos partidos se citaron en la mesa de seguimiento para abordar la crisis abierta por la aprobación del Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, que tenía enfrentados a los equipos de la ex vicepresidenta Carmen Calvo y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Por ahora, los grupos no han informado de la fecha concreta en la que se van a encontrar para tratar el futuro de la derogación de la reforma laboral. Belarra y Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, están en contacto para cerrar ese detalle, según fuentes del grupo confederal. Una de las lecturas de este nuevo choque es el pulso de protagonismos entre PSOE y Unidas Podemos respecto a una reforma clave en los programas electorales de ambas formaciones políticas y en sus argumentarios de los últimos años. Pero, dado el discurso de Nadia Calviño sobre el desmontaje de la legislación laboral del PP, la pugna parece algo más que una mera cuestión partidista. La vicepresidenta económica ha evidenciado en múltiples ocasiones que no comparte el discurso del Gobierno de coalición sobre la necesidad de derogar la legislación laboral de Mariano Rajoy. De forma muy visual, con los ojos al cielo que siguieron a la afirmación de Yolanda Díaz de que derogaría esta regulación en una sesión de control en el Congreso. Pero también frenando el acuerdo de los partidos del Ejecutivo con EH Bildu para acelerar el desmontaje de la legislación del PP en el debate de los Presupuestos de 2021. O, mucho antes, en 2018, cuando en un acto con inversores internacionales en Londres valoró los "efectos positivos" de la ley de Mariano Rajoy por la "mayor flexibilidad" que dio al mercado de trabajo. Así que, aunque el presidente Sánchez haya reiterado recientemente en el Congreso del PSOE su compromiso de derogar la reforma laboral del PP, que sea Calviño quien coordine la negociación sobre la reforma laboral no es baladí. En Unidas Podemos reconocen que este movimiento provoca "preocupación" por el contenido de la reforma que llegará al BOE. Diputados del grupo confederal han incidido en esta idea en redes sociales. "Es un mensaje claro que nos está mandando el PSOE: quieren intentar impedir la derogación", ha asegurado en Twitter Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario. De la misma forma se ha posicionado Jaume Asens, presidente del grupo confederal en el Congreso. "¿El PSOE no quiere derogarla? ¿Teme más a Yolanda Díaz que a la precariedad de los trabajadores?", ha apuntado también desde su perfil en la misma red social. El líder de la patronal de empresarios CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido que la vicepresidenta económica pueda "opinar" y ha celebrado que también lo hagan otras responsables de otras carteras como Educación. Los empresarios se oponen frontalmente a desmontar la reforma laboral, más si cabe en los últimos meses, porque antes de la pandemia parecían más abiertos a abordar la reforma de algunas de estas medidas. También se percibe preocupación en los sindicatos, que afrontaban ahora la recta final de la negociación tras meses de conversaciones y que están ahora desconcertados ante este nuevo paso. Fuentes sindicales admitían a elDiario.es su sensación de que la vicepresidenta económica estaba intentando expandir la idea de que Bruselas no aceptaría revertir la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial o la retirada del límite a la ultraaactividad de los convenios colectivos, parte del llamado desmontaje de la reforma laboral del PP. Estas mismas fuentes advertían de que, si bien Bruselas ha defendido en el pasado la reforma laboral de Rajoy, lo determinante era un Gobierno unido que argumentara en las instituciones europeas el perjuicio causado por esta normativa y la necesidad de revertirla. Y ahí es donde no ven a Calviño, que creen posicionada del lado de los empresarios en este asunto. La reunión entre las dos formaciones que componen el Gobierno estaba prevista para los próximos días, antes de que Unidas Podemos anunciase la denuncia en los tribunales contra Batet, pero el encuentro queda ahora en el aire a expensas de lo que puedan decidir los líderes de los partidos.
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"Podemos encontrar soluciones muy simples a grandes problemas. Alimentemos al mundo con esperanza"
Oviedo ha vuelto a vivir unos Premios Princesa de Asturias como estaba acostumbrada a hacerlo. La pandemia provocó que el año pasado la ceremonia tuviera que celebrarse sin público y en el Hotel Reconquista, pero, en su cuadragésimo primera edición, el evento ha vuelto a tener lugar en su escenario habitual: el Teatro Campoamor.Los reyes Felipe y Letizia, junto a la Princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía han presidido una ceremonia donde han sido galardonados el chef José Andrés, la artista Marina Abramović, la nadadora Teresa Perales, la periodista Gloria Steinem, el escritor Emmanuel Carrère, el economista Amartya Sen, la ONG Camfed y los investigadores Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur Şahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert.La lluvia no ha aplacado los ánimos de celebración de la ciudad de Oviedo, que culminaba con esta ceremonia una semana cargada de eventos culturales. En las calles, pancartas a favor de la monarquía y en contra fueron los elementos destacados entre las multitudes que se agruparon en los aledaños del Hotel Reconquista y el Teatro Campoamor. Oviedo sonaba al ritmo de las más de veinte bandas de gaitas que se repartían por toda la zona para recibir a la familia real y a los premiados a su llegada al Campoamor. En la plaza de La Escandalera tampoco faltaron los cánticos a favor de la República. "Asturies nun tien rei", gritaban algunos asistentes mientras otros aplaudían la llegada de los monarcas y sus hijas.El salón del Campoamor volvía a recuperar su esencia perdida con cerca del 60% de su aforo y cerca de 700 personas que recibieron con aplausos la entrada de la familia real, sentados junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, y el de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega. Como cada año, la reina Sofía no ha querido faltar al acto al que han acudido varios ministros entre las diferentes autoridades.Fernández-Vega inauguraba con el suyo los discursos de una ceremonia marcada por el optimismo y superación de la COVID-19. El presidente de la fundación ha q6uerido celebrar la vuelta al Teatro Campoamor "que simboliza que estamos superando los desastres de la pandemia", en palabras del propio Fernández-Vega. Además, ha destacado el compromiso de la comunidad autónoma de Asturias con la monarquía española: "Esta ceremonia es la prueba de nuestra lealtad con la corona española, que ha sido puesta a prueba en tantas ocasiones", añadía.Tras las palabras del presidente de la Fundación llegaría el turno de los galardonados. En su intervención, el escritor Emmanuel Carrère, premio Princesa de Asturias de las Letras, recordaba los atentados de París en 2015 que causaron 131 muertos. "Algunos arriesgaron la vida para proteger a desconocidos", comentaba en referencia a las víctimas. "Este juicio sirve para explorar colectivamente estos recintos de nuestro corazón", ha añadido en relación al proceso judicial que comenzó el pasado 8 de septiembre.El testigo del escritor francés lo recogía la periodista y escritora Gloria Steinem, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. En sus palabras, destacaba los aspectos positivos de la pandemia y el confinamiento para la vida social. "Más hombres comenzaron a conocer a sus propios hijos y a descubrir lo que implicaba el cuidado de los niños a tiempo completo", ha considerado Steinem. Eso, ha destacado, hizo que en ocasiones se liberasen "las ataduras" que crean los roles de género. "En nuestros orígenes, todos tenían que ocuparse y cuidar de los niños. El patriarcado creció cuando nos volvimos sedentarios". Así lo ha expresado la periodista que también ha querido lamentar las consecuencias negativas del confinamiento, que trajo consigo un aumento de la violencia machista: "Esa fue una trágica lección", añadía. Sin embargo, también ha querido cerrar su intervención con un mensaje de positividad tras la pandemia. "Vuelvo a tener esperanza". Uno de los leitmotiv de esta edición.En su discurso, la nadadora Teresa Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes, ha recalcado la capacidad del ser humano para levantarse ante las dificultades recordando su trayectoria. "Hay que decidir lo que queremos ser e ir a por ello, sin dejar que los obstáculos impidan, al menos, intentarlo". Tras superar "miedos y vergüenzas" contaba que salió a la calle con su silla de ruedas y que hoy cuenta con 27 medallas en los juegos paraolímpicos.  La intervención del chef asturiano José Andrés, premio Princesa de Asturias de la Concordia, era de las más esperadas y fue las más aplaudida. Un discurso contra el hambre en el mundo y contra todo tipo de discriminación. El cocinero, al frente de la ONG World Central Kitchen, ha destacado "el poder" de un plato de comida para crear unión "y no muros más altos que nos mantengan separados". También ha recordado su recorrido en la gastronomía, desde que abrió su primer restaurante y donde aprendió que no hay que desperdiciar ni la comida, ni la vida de las personas. "La gente no quiere limosna, sino respeto", ha recalcado. Huracanes, tsunamis o incendios forestales son los escenarios en los que ha trabajado el chef José Andrés junto a su ONG. También en la pandemia "proporcionando más de 60 millones de comidas". "Plato tras plato, se pueden encontrar soluciones muy simples a grandes problemas. Esta es la forma de pensar de muchos inmigrantes", ha reflexionado el chef, que se ha mostrado "orgulloso" de ser "inmigrante del mundo".Ha concluido su discurso con palabras de afecto a los damnificados por el volcán de la Palma. "Mi corazón está con ellos. No deben ser olvidados en este momento. Alimentemos al mundo de esperanza. Construyamos mesas más largas", ha zanjado.El rey Felipe VI ha protagonizado el final de una ceremonia centrada en un mensaje de esperanza. Sin embargo, el monarca ha reconocido en su discurso "la fragilidad" de los valores de la democracia, "cuyo vigor y vigencia demandan siempre una defensa firme, permanente, constante y consciente", en palabras de Felipe VI.También ha dejado un mensaje de denuncia. "La violencia, la discriminación, la falta de oportunidades y el retroceso todavía hacia situaciones que parecían superadas" son una muestra de que a día de hoy aún se siguen padeciendo "conflictos que ponen en peligro todo lo conseguido y cuestionan la legitimidad de principios que son irrenunciables". De esta manera se ha pronunciado al dirigirse a la premiada Gloria Steinem.Felipe VI ha destacado a su vez su labor y que no alberga "duda alguna" sobre la "igualdad de derechos entre seres humanos", calificando su empeño de "imprescindible" para un mundo "en equilibrio y más justo". Un mundo donde las vacunas, ha recalcado, lleguen a cada punto sin excepciones, como ha concluido en referencia a la pandemia. El cierre definitivo de la ceremonia, como cada edición, lo ha aportado la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo con la interpretación del himno de Asturias.
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Bolsonaro reafirma su confianza en el ministro Guedes tras las salidas de varios altos cargos de Economía
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reafirmado su confianza en el ministro de Economía, Paulo Guedes, después de que esta semana dos importantes cargos de la cartera presentaran su dimisión por su desacuerdo en romper el techo de la deuda para sufragar nuevos programas sociales.
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El Barça aplasta al Zenit en el Palau
Mirotic, vital en el primer y el tercer cuarto, brilla en una exhibición de los barcelonistas (84-58). Leer
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Un muerto y tres heridos leves en un accidente de tráfico en Valdemoro
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La portada de EL PERIÓDICO del 23 de octubre de 2021
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de octubre de 2021.Seguir leyendo....
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El Eibar vuelve al liderato provisional tras imponerse al Cartagena
El Eibar se ha situado líder de la Liga SmartBank, de forma provisional, tras imponerse este viernes al Cartagena (2-1) en el partido que inauguró la duodécima jornada de competición gracias a los goles de Javi Muñoz y Blanco Leschuk en apenas tres minutos de la primera parte.
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Portada de EL MUNDO del sábado 23 de octubre de 2021
Portada de EL MUNDO del sábado 23 de octubre de 2021. Disponible en Orbyt desde las 23.30 y cada día en tu quiosco, la mejor información siempre con EL MUNDO Leer
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La energía divide a la Unión Europea
La necesidad perentoria de poner remedio a la escalada de precios de la energía -gas y electricidad- no ha sido suficiente para desatascar la discusión en el seno de la Unión Europea. La decisión de posponer cualquier medida concreta a la cumbre del Consejo Europeo de mediados de diciembre y confiar mientras tanto las negociaciones a los ministros del ramo no hace más reflejar la división, también en esto, de los Veintisiete, que atribuyen la crisis a causas no siempre coincidentes y en la cumbre de este viernes se limitaron a aprobar una declaración genérica de apoyo a la utilidad de las propuestas elaboradas por la Comisión, asimismo genéricas.Seguir leyendo....
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La princesa Leonor reivindica el papel de los jóvenes: "Tenemos mucho que aportar"
Leonor de Borbón, acompañada por los reyes y la infanta Sofía, ha protagonizado su tercer discurso en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que este año ha vuelto a celebrarse en un remozado Teatro Campoamor de Oviedo después de que en la anterior edición fuera en el Hotel Reconquista por la pandemia.Seguir leyendo....
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El Barça se da un festín ante el Zenit
El Barça pasó por encima del Zenit (84-58) este viernes en la quinta jornada de la Euroliga para seguir con su impecable hoja de servicio (5 victorias en otros tantos partidos) después de una nueva exhibición de Nikola Mirotic, el auténtico líder de los culés, autor de 20 puntos y 4 rebotes en apenas 15 minutos de juego.
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La morosidad de la banca sube ligeramente al 4,43% en agosto
El volumen de créditos dudosos se sitúa en los 53.543 millones, frente a los 1,20 billones de euro del saldo total de préstamos.
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Perú demanda por inconstitucionalidad la ley sobre la cuestión de confianza porque solo busca "echar" a Castillo
El Gobierno de Perú ha presentado este viernes una demanda de inconstitucionalidad contra ley aprobada esta semana en el Congreso regula la cuestión de confianza pues su único fin es "vacar al presidente", Pedro Castillo.
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Casado pide a Sánchez el cese "inmediato" de Belarra por acusar al Tribunal Supremo de "cometer un delito"
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese "inmediato" de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tras acusar al Tribunal Supremo de "cometer un delito" por la sentencia condenatoria al diputado Alberto Rodríguez.
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La renovación del Tribunal de Cuentas desactiva a la cúpula del juicio del 'procés'
Salen los consejeros responsables de esclarecer los gastos del 1-O y queda desactivado el fiscal Leer
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Los jueces recuerdan que Belarra es "un miembro del Poder Ejecutivo" por lo que este tipo de declaraciones sitúan "las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable".
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Arcadi Espada: "Lo más importante que me ha pasado es la participación de las mujeres en mi vida"
El nuevo libro de Espada recoge artículos cosidos por una obsesión central: el perdido respeto a los hechos Leer
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