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El contrato de alquiler no está a tu nombre: ¿Se puede desgravar sin ser titular?
Muchos contribuyentes a los que los toca hacer la declaración de la renta viven de alquiler y debido a que existen distintos tipos de desgravaciones relacionados con el alquiler, unas de carácter estatal y otras de deducciones regionales surgen muchas preguntas relacionadas con quién tiene derecho a estos descuentos y cuáles son los requisitos. La campaña de la renta comenzó el 7 de abril a través de la página web de la Agencia Tibutaria y la app de la AEAT y ya son numerosos españoles los que han modificado y presentado el borrador de forma telemática.Este año fiscal está marcado por númerosas novedades fiscales, debido a la introducción de ayudas como el ingreso mínimo vital o los ERTEs y estas novedades han generado una confusión añadida. Sin embargo, las desgravaciones por alquiler son elementos de la declaración veteranos. Aún así, muchos suelen olvidarse de estas deducciones y crean mucha confusión debido a que las deducciones por alquiler que corresponden a las comunidades autónomas varían de una región a otra, entre ellas, si uno puede acogerse a estas deducciones sin tener un contrato de alquiler.Nivel estatal: debes ser titularA nivel estatal, uno de los requisitos clave es aportar un contrato de alquiler anteriores al 1 de enero de 2015 para disfrutar de una deducción por vivienda habitual, por lo tanto en este caso si que sería necesario presentar el contrato. Cabe destacar que esta desgravación se corresponde al 10,05% de las cantidades aportadas en concepto de alquiler y solo podrán acceder a ella los contribuyentes que tengan una base imponible sea inferior a 24.020 euros. La base máxima de deducción, además, es de 9.040 euros. Además puede parecer obvio pero sólo los inquilinos que figuren en el contrato podrán deducir el alquiler. Por ejemplo, si vives con tu pareja o con un amigo pero el contrato está a tu nombre, sólo la persona que aparezca en el contrato podrá desgravar por el alquiler en la renta.Comunidades autónomasEn cambio, a nivel autonómico, los requisitos para acogerse a las desgravaciones por arrendamiento varían de una comunidad a otra y en varias comunidades autónomas solicitan explícitamente que se presente el contrato para justificar determinados requisitos establecidos. En el caso de la Comunidad Valencina, Argaón, Las Islas Baleares, Galicia, La Rioja o Navarra entre las distintas estipulaciones marcadas para acceder a sus desgravaciones de alquiler por vivienda habitual, se encuentra la obligación de presentar un contrato de alquiler. En algunos casos requieren contratos de una determinada duración y en otros solicitan que los contratos estén firmados con anterioridad o posterioridad a una determinada fecha, como es el caso de Galicia que regulan que la fecha del contrato de arrendamiento tiene que ser posterior al 1 de enero de 2003.En el caso de Navarra ofrecen deducciones del 10%, con el límite de 300 euros, de las cantidades satisfechas por arrendamiento de vivienda habitual para contribuyentes menores de 36 años con determinadas variaciones dependiendo del municipio en el que este situado el inmueble. Sin embargo, en está región solicitan explicitamente que el contribuyente sea titular de un contrato de arrendamiento por el cual se haya presentado el correspondiente modelo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
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elconfidencial.com
India alerta sobre el aumento de casos de 'hongo negro' entre los pacientes de covid-19
Médicos del país asiático aseguran que están tratando a una gran cantidad de pacientes de esta enfermedad y la mayoría tienen síntomas relacionados con los ojos y muchos de ellos sufren ceguera
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elconfidencial.com
El Teatro Real, galardonado como la mejor compañía de ópera del mundo en los International Opera Award 2021
El Teatro Real ha recibido este lunes el premio a la mejor compañía de ópera del año en los International Opera Award 2021, que ha reconocido la calidad de su programación artística a lo largo del año 2019.
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europapress.es
El milagro de Juan Manuel Correa tras rozar la muerte en Spa: "Me decían que era imposible que volviera"
El pasado sábado, 615 días después de su grave accidente, el piloto estadounidense regresó a la competición en Montmeló, logrando un punto (10º) y acabando las tres carreras del GP España. EL MUNDO habló con él para conocer su dura travesía desde aquella trágica tarde en Bélgica Leer
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elmundo.es
Fomento reactiva el proyecto del soterramiento del TAV en Vitoria tras la presión de todas las instituciones vascas
El estudio constructivo se redactará mientras se tramitan los informes medioambientales después de que Euskadi confirmara su apoyo económico Leer
elmundo.es
El espeluznante motivo por el que Antonio David Flores quiso echar a su hijo de un coche en marcha
Está todo preparado para que el próximo miércoles se emita el décimo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que, entre otros asuntos, Rocío Carrasco abordará uno de los asuntos que mayor controversia y debate ha creado en las redes sociales: la verdad sobre el alejamiento de su hijo David. Con la misma sinceridad con la que relató el difícil momento en que fue víctima de una paliza por parte de su hija, Rocío explicará con todo detalle cómo, al parecer, Antonio David Flores pudo alterar los pensamientos y las decisiones de su hijo enfermo para conseguir que dejara de considerarle una buena madre, En el adelanto que Telecinco ha emitido horas antes de la emisión de este doloroso especial, Carrasco asegura que todo empezó a cambiar cuando Rocío Flores dejó de vivir en la casa materna. A su juicio, la influencia que la hermana y el padre ejercieron sobre él, convirtieron en insostenible la relación. Tanto es así que, según cuenta en algunos de los informes a los que ha tenido acceso ABC, el joven llegaría a confesar en sede judicial que cumplía con las directrices de su padre. Un recreo escolar y un coche en marcha En el siguiente episodio, Rocío relata como fue consciente de que David recibía la visita de su padre en el colegio, en horas lectivas. Según explica la hija de Rocío Jurado, Antonio David buscó la mejor forma para convecer a su hijo de que su madre no le quería. A pesar de lo complicado del asunto, no resultó del todo fácil. Carrasco sostiene que, durante un viaje en coche, Antonio David y su hija iniciaron una conversación cuya protagonista principal era ella. Harto de las insinuaciones y comentarios que sobere ella estaban lazando, David no pudo contenerse y pidió a sus familiares que lo que estaban diciendo sobre su madre no era cierto «y que, porfavor, dejaran de hablar». Esta defensa provocó, según cuenta Rocío, un grave altercado que podría haber dejado a su hijo tirado en cualquier carretera: «Mi padre me dijo que si volvía a hablar bien de ti o volvía a defenderte, me bajaba del coche y me volvía andando", confesó el niño a la madre.
abc.es
Un centenar de templos alemanes bendicen parejas homosexuales y desafían al Vaticano
"El amor vence". Es el lema utilizado por un centenar de templos católicos en Alemania para celebrar una jornada central de bendición de parejas denominada "Servicios religiosos de bendición a los que se aman" que recibe además a parejas homosexuales. Sus organizadores pretenden evitar lo que denominan una "bendición por la puerta de atrás", en alusión a la que imparten algunos párrocos sin el visto bueno de la jerarquía católica y que consideran "vergonzante".La iniciativa tiene relación con la idea de dos párrocos - Burkhard Hose, de Würzburg (Baviera), y Bernd Mönkebüscher, de Paderborn (Renania del Norte Westfalia)- que convocaron el pasado marzo un llamamiento público al constatar la negativa del Vaticano a admitir las bendiciones de uniones entre homosexuales.Creyentes asisten a un servicio de bendición al aire libre frente a la iglesia católica de Cristo Resurrección, en Colonia, Alemania. (EFE)La Congregación para la Doctrina de la Fe emitió el 15 de marzo una "Responsum ad dubium", una respuesta a una duda, sobre la cuestión "¿dispone la Iglesia del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo?. Y la opinión fue negativa.El papa respalda por primera vez la unión civil entre homosexuales: "Son hijos de Dios"El ConfidencialSus palabras se incluyen en el documental 'Francesco', estrenado este miércoles en el Festival de Cine de RomaEl debate sobre la cuestión se suscitó por unas declaraciones del papa Francisco recogidas en un documental estrenado hace unos meses sin precisar el contexto en las que las hizo el pontífice y que se interpretaron como un beneplácito a las uniones civiles entre homosexuales.Los párrocos Hose y Mönkebüscher emitieron tras conocer la respuesta del Vaticano un comunicado en el que anunciaron que bendecirían "a las personas que se comprometen a una unión vinculante, a quienes también acompañaremos en el futuro. No rechazamos una celebración de la bendición".Ambos entregaron el pasado mes de marzo más de 2.600 firmas en apoyo a la iniciativa #másBendición al obispo Helmut DieserAmbos entregaron el pasado 27 de marzo más de 2.600 firmas en apoyo de una iniciativa que entonces llevó aneja la etiqueta #másBendición al obispo Helmut Dieser, en representación de la Conferencia Episcopal alemana, y a Birgit Mock, por el Comité Central de los Católicos Alemanes.Tanto Mock como Dieser integran uno de los cuatro grupos de trabajo del conocido como Camino Sinodal, una iniciativa de la Iglesia católica alemana no exento de controversia y que en su caso aborda cuestiones relacionadas con la moral sexual y el acercamiento de la institución a los homosexuales.El Camino Sinodal" es el proceso de reformas internas lanzado por la Iglesia católica alemana tras los escándalos causados por los casos de abusos sexuales y se basa en un debate con los fieles.Las bendiciones continuarán en los próximos díasLos actos de bendición ya comenzaron este fin de semana en varias localidades del país y continuarán durante los próximos días según el calendario de actos convocados que los párrocos han publicado en redes sociales y en un sitio en internet.Esta iniciativa fue apoyada este domingo por la Liga de los Jóvenes Católicos (BDKJ), cuya asamblea general pidió a los obispos alemanes que "introduzcan un rito de bendición para las relaciones del mismo sexo".Georg Bätzinz: "Los servicios de bendición en las iglesias no son un instrumento adecuado para las protestas eclesiástico-políticas"En cuanto a la jerarquía católica alemana, el presidente de la Conferencia Episcopal, Georg Bätzinz, criticó la iniciativa por considerar que los servicios de bendición en las iglesias "no son un instrumento adecuado para las manifestaciones o protestas eclesiástico-políticas".En el caso del obispo de Aquisgrán, Helmut Dieser, medios católicos alemanes informan de que, aunque no ha permitido la bendición de uniones entre homosexuales en templos, declaró en relación con la iniciativa que en cada caso "los sacerdotes están vinculados por su conciencia" a la hora de decidir cómo proceden.
elconfidencial.com
El rastro del dinero en el caso Kokorev: del tráfico de armas con Guinea Ecuatorial a un patrimonio inmobiliario de más de 70 millones
Un DVD hallado en el registro policial realizado en un apartamento situado en la sexta planta del antiguo Gran Canaria Hotel, en primera línea de la populosa playa de Las Canteras, contiene, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, un "poderoso indicio incriminatorio" en una trama que tiene como protagonistas a los propietarios de esa vivienda, la familia Kokorev. Al matrimonio formado por Vladimir y Julia y su hijo Igor se les investiga desde hace doce años en el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria por un presunto delito de blanqueo de capitales con origen en el tráfico ilegal de armas de guerra y material militar de doble uso con la República de Guinea Ecuatorial y en las comisiones que por esos contratos habrían percibido funcionarios y altos cargos del Gobierno del país centroafricano, varios de ellos familiares del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde 1979 tras un golpe de estado. El vídeo está grabado a principios del siglo XXI en un taller de helicópteros de la localidad ucraniana de Konotop. En las imágenes aparece Vladimir Kokorev junto a dos dignatarios guineanos. Son Fausto Abeso, director del Gabinete Militar del presidente, y Agustín Ndong, general de las Fuerzas Armadas Terrestres. Yerno y primo de Obiang, respectivamente. También les acompaña el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador. A esta comisión se le muestra en el interior del hangar unos helicópteros de combate Mi24 que, según se deduce de la grabación, ha adquirido el Gobierno centroafricano. En un momento, el ciudadano de origen ruso y afincado en Canarias les comunica a los altos cargos que incluso se han instalado ametralladoras en los aparatos y estos le advierten de que no puede filmarlo todo. Es el origen de una de las primeras actuaciones presuntamente delictivas descritas en un extenso informe redactado por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar a la jueza instructora la apertura de un procedimiento abreviado, la fase previa al juicio oral, a tenor de los "indicios de criminalidad" que aprecia en las operaciones realizadas por la familia Kokorev en connivencia con otro de los investigados, el abogado y asesor fiscal y financiero canario Juan Arencibia.  El fiscal Javier Ródenas relata a lo largo de 147 páginas el "plan preconcebido" que Vladimir, exprofesor de historia y extraductor del Partido Comunista, ejecutó entre 1999 y 2014 para convertir el dinero ilícito procedente del sobrecoste imputado a los contratos de venta ilegal de armas y material militar con el gobierno de Guinea Ecuatorial en dinero de curso legal, para blanquear esos fondos. El Ministerio Público cuantifica en 109 millones de euros las ganancias que habría obtenido el clan a través de este proyecto "clandestino y corrupto". La mayor parte de esos beneficios, no menos de 70 millones, se transformó en patrimonio inmobiliario. El informe describe un patrón delictivo que tiene en Vladimir Kokorev a la "fuente generadora de la riqueza ilícita". Es la persona que, según la Fiscalía Anticorrupción, negociaba y ejecutaba, a través de sociedades propias o de testaferros, la compraventa ilegal de helicópteros de combate, corbetas, fragatas, aviones caza bombarderos o armas con cargo al Tesoro Público de Guinea Ecuatorial. Operaciones clandestinas que trataba de camuflar con otros conceptos, como el de adquisición de aparatos civiles. La palabra militar no debía aparecer en ningún lado. El escrito relata que actuaba en connivencia con funcionarios y militares del país centroafricano y que a esos contratos se les inflaba el precio en un porcentaje que podía alcanzar el 40%. De esta manera se distraían "cantidades elevadas" de las arcas públicas guineanas con destino a las empresas suministradoras del material, controladas todas ellas por Kokorev.  El contrato de los dos helicópteros procedentes de Ucrania es uno de los ejemplos. Fueron vendidos por la sociedad Kalunga, propiedad del ciudadano ruso, a la República de Guinea Ecuatorial por 5,4 millones de dólares, un importe que incluía la adquisición de los aparatos, munición y el flete de Kiev a Malabo. Sin embargo, su coste real, el que Kalunga pagó a la empresa proveedora del material, era de 4,1 millones. Con cargo a ese sobrecoste se repartían las comisiones, según la Fiscalía. La familia Kokorev se quedaba una parte de esos saldos y revertía la otra a los funcionarios y altos cargos con los que había concertado el contrato, a través de ingresos en las cuentas bancarias acordadas o de empresas fantasma. Para encubrir las millonarias ganancias se creó "un sofisticado e interminable" entramado societario con más de 45 empresas distribuidas en varios países y jurisdicciones fiscales. La finalidad era "ocultar" la entrega de esas comisiones. Dentro de esta red, la Fiscalía distingue entre tres grandes grupos. El primero de ellos, las mercantiles controladas por Kokorev que desarrollaban una actividad comercial. Es decir, aquellas que suscribían los contratos con el Gobierno de Guinea Ecuatorial y que mantenían una actividad legal de reparación, conservación y mantenimiento de buques para "no levantar sospechas" sobre el comercio ilegal de armas. Con los fondos obtenidos del Tesoro Público de Malabo (unos 450 millones de euros en total, según el escrito de la Fiscalía) se pagaban los bienes o servicios contratados a los proveedores y las comisiones que se repartían del sobrecoste imputado. El informe describe una fase intermedia de sociedades "de enlace o interposición". El propósito era crear una maraña de empresas fantasma, sin empleados, gastos operativos ni actividad, para que se perdiera el rastro del dinero, para "opacar" a sus verdaderos titulares. El plan se completaba con la integración de esos fondos en el circuito legal. Para ello, realizaban inversiones inmobiliarias en España, Reino Unido, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana con los "ilícitas ganancias" que fueron transfiriendo desde las sociedades instrumentales. A través de este modo de operar, conseguían "lavar el dinero manchado por la clandestina y corrupta compra de armamento militar a la República de Guinea Ecuatorial". Según Anticorrupción, entre 2006 y 2009 la trama introdujo en el circuito legal 56,59 millones de euros. Lo hizo a través de la venta de acciones de una de las sociedades del grupo y supuestos contratos de consultoría y asistencia técnica entre empresas del entramado de Kokorev. En total, 25 transferencias internacionales. A esa cantidades hay que sumarle en el periodo 2010-2013 las "ficticias operaciones" de compraventa de tres buques (Río Utambi, Río Kie y Río Ekuku), por importe de 53,04 millones, entre mercantiles de la red en Panamá.  La Fiscalía incide en que, para lograr sus objetivos, el clan disfrazaba el verdadero concepto de la transacción financiera entre las empresas controladas por la familia Kokorev y Guinea Ecuatorial con la consigna de eliminar cualquier referencia militar en los extractos bancarios. A las entidades financieras se les ocultaba la naturaleza "corrupta" del origen del dinero y se les proporcionaba información "inveraz", como la ficticia adquisición de buques o yates que no eran más que "una mera formulación en papel sin contenido real". También la "simulación de préstamos y fingidos acuerdos de marketing y contratos" entre las sociedades del grupo.El informe señala que Julia Kokoreva, la mujer de Vladimir, fue la encargada de "ejecutar las adquisiciones inmobiliarias" en España entre 2000 y 2009 a través de los ingresos que hacía su marido en las cuentas bancarias personales "con origen directo en las ilícitas ganancias" y que cuando supo de la apertura de las diligencias de investigación penal comenzó a vender las viviendas en previsión de futuras reclamaciones. También aprecia "abundantes y nutridos indicios" de la participación del hijo de ambos en la trama. Según este relato, Igor Kokorev, abogado de profesión, ejecutó la fase más avanzada de transformación del entramado societario para ocultar la transferencia de fondos millonarios de Dinamarca a Suiza. Al vástago de los Kokorev le atribuye la concepción de las supuestas operaciones de ventas de barcos para blanquear las ganancias obtenidas entre 2007 y 2012. Además, el escrito remarca que padre e hijo contrataron los servicios de una empresa de comunicación en Madrid como "estrategia de defensa" ante el conocimiento extraoficial de que la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) había interpuesto una querella por delito de blanqueo de capitales ante el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el origen de este procedimiento que posteriormente sería remitido a Las Palmas de Gran Canaria por ser en esta ciudad donde se habrían cometido los hechos presuntamente delictivos. Años antes, en 2013, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España había iniciado una investigación después de que una subcomisión del Senado de los Estados Unidos hubiera descubierto transferencias por valor de 26,4 millones de dólares desde la denominada "cuenta del petróleo" que el Tesoro Público de Guinea Ecuatorial tenía abierta en el banco Riggs de Nueva York hacia la que la empresa Kalunga, de la familia Kokorev, tenía en la sucursal del Banco Santander de la calle Franchy Roca de Las Palmas de Gran Canaria. Vladimir, Julia e Igor fueron detenidos en septiembre de 2015 en Panamá con una orden de busca y captura. Tras pasar un mes en la cárcel de La Joya del país centroamericano fueron trasladados a Gran Canaria. El supuesto cabecilla de la trama permaneció en prisión en la isla hasta enero de 2018. La familia, que está representada por el conocido abogado madrileño José Antonio Choclán, siempre ha defendido su inocencia y que los contratos rubricados con el Gobierno de Guinea Ecuatorial eran operaciones legales vinculadas a la actividad naval de las empresas de su propiedad. Además, han denunciado que la investigación ha estado plagada de irregularidades y que se han vulnerado sus derechos fundamentales durante la instrucción. 
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Las jornadas gastronómicas dedicadas a la jibia regresan este año a Noja para contribuir a su promoción y difusión
Las jornadas gastronómicas 'Noja en su Tinta' celebrarán su sexta edición del 14 al 30 de mayo con la participación de 24 restaurantes del municipio y con la colaboración del Gobierno de Cantabria, a través de las consejerías de Desarrollo...
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Guía de limpieza: cómo dejar impoluto tu móvil, portátil, ratón y teclado
Son muchos los dispositivos que utilizamos, prácticamente, todos los días. Desde el portátil, hasta el ratón, auriculares o incluso teclado, son algunas de las herramientas que pueden ser parte de nuestra vida cotidiana. Y como tales, después de un tiempo es necesario que las limpiemos.Son varias las personas que pueden ser reacias a limpiar dispositivos electrónicos ya que existe la impresión de que son frágiles o difíciles. Aun así, sobre todo periféricos como el teclado o el ratón, son utensilios que se ensucian muy fácilmente y acumulan polvo, o pelos si tenemos mascotas, entre las ranuras. Sobre todo ahora que se acerca el verano y empezamos a abrir las ventanas y corre el viento y el polvo, ¿cómo se limpian estos dispositivos? En ConsumoClaro hemos preparado cuatro guías breves para que puedas dejar impoluto tu móvil, portátil, tu teclado o tu ratón.Qué necesitamos: Paño de microfibra, alcohol isopropílico del 70% o más, gamuza de gafas.Pasos:Qué necesitamos: Alcohol isopropílico de 90% -hay menor riesgo de que se dañen los componentes-, paños de microfibra, bastoncillos, espray de aire comprimido. Optativo: guantes de látex, pulsera antiestática o productos específicos -venden kits de limpieza, normalmente más caros-.Pasos:Qué necesitamos: Alcohol isopropílico de 90%, papel higiénico, bastoncillos, palillos de dientes, paños de microfibra. Opcional: espray de aire comprimido.Pasos:Qué necesitamos: Espray de aire comprimido, un cepillo pequeño (vale uno de dientes sin utilizar, a ser posible, con cerdas duras), cuchillo de filo romo o un extractor de teclas.Pasos:Aunque con los pasos anteriores debe ser suficiente, en algunos casos es necesario "desmontar" el teclado -sobre todo si no se limpia habitualmente-. En el caso de que llevemos, al menos, seis meses sin limpiarlo y lo utilizamos diariamente es recomendable:Una vez ya sabes cómo limpiar los diferentes periféricos de tu PC y tu portátil, lo más recomendable es limpiarlos una vez al mes si hacemos un uso diario de ellos. Cuanto más tiempo pase entre limpiezas, más tardaremos en dejarlos impolutos.Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines
eldiario.es
Actuar en espacios culturales seguros para las poetas: "Se trata de aparcar el ego y escucharlas a ellas"
Hace varios años que los recitales de poesía viven un buen momento entre el mar de propuestas de la oferta cultural nacional. Son muchas las personas que acuden a presentaciones de poemarios, poetry slams y micros abiertos (open mics) realizados en librerías, pubs, cafeterías y bares para escuchar y recitar versos, mayoritariamente, de autoría propia. Pero como en casi cualquier contexto, estos espacios literarios no están libres de situaciones que perpetúan ciertas violencias de género. Por ello, ya son varias las mujeres que han creado y organizan micros abiertos de poesía que ponen especial hincapié en la seguridad de sus asistentes. En algunos de estos eventos el público puede ser mixto. En otros, el micrófono está disponible solo por y para mujeres.Por ejemplo: el 11 de mayo a las 19 horas en la sala Búho Real de Madrid, se inauguran las open nights de I am the man, open mic con escenario no mixto y público mixto. La escritora y fotógrafa Marina Kaysen (Madrid, 1995) es la organizadora del "primer micro abierto de poesía que hay en Madrid exclusivamente para mujeres, todas en su diversidad", tal y como cuenta a elDiario.es. Un nuevo formato que se suma a los eventos poéticos con perspectiva feminista que Kaysen gestiona bajo el sello I am the man. Organización cuyo fin es construir espacios seguros donde siempre se remunere a las autoras. "Si estoy hablando del poder de las poetas, de las artistas, deben ser ellas quienes tomen el escenario sin que de repente se suba un hombre leyendo cuatro líneas sobre cómo de libres nos quiere, porque esto no es así. Se trata de aparcar el ego y escucharlas a ellas, apoyar es eso", opina Marina Kaysen"Prefiero dar un espacio a todas estas disidencias, me parece interesante por el hecho de que quieras o no se convierte en un espacio mucho más seguro. Eso, a veces, es difícil de entender, pero yo me siento más segura en un espacio transmaricabollo que en una sala llena de tíos cis", comentó la poeta Olza Olzeta (Barcelona, 1997) –actual campeona de Europa de poetry slam– en este reportaje publicado en elDiario.es.Catalunya es una de las comunidades autónomas que más eventos de este tipo gestionan. Olza ha organizado varios encuentros de poesía donde, principalmente, mujeres y personas disidentes del sistema sexo-género toman el micrófono. Sin ir más lejos, la última semana de abril recitó en varios centros de Barcelona. Uno de ellos fue la cooperativa La Raposa del Poble Sec que, en su bar vegano y librería feminista, realizó el 25 de abril un recital lesbopoético y celebró con poesía el 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica. Hasta que la pandemia de la COVID-19 lo paró todo, Olza llevaba un micro abierto en la librería barcelonesa Prole. Este espacio se caracteriza por su cuidada selección de libros y por su gestión cultural especialmente enfocada al género, al antirracismo y a las historias LGTBIQ+. Ana Navío (Santa Coloma, Barcelona, 1977), fundadora y librera de Prole, ha visto reducido el número de eventos poéticos en su pequeño espacio literario. No obstante, ha realizado dos recitales en lo que va de año. El open mic que organizaba Olza todos los lunes –y que cuando pase el coronavirus volverá– era mixto. La librera de Prole recuerda que "una vez tuvimos que parar un micro y echar a un hombre. Estábamos hablando sobre un libro y él se puso a defender la violación. Diciéndome: ‘Una vez en la vida es perdonable’. Le echamos". No obstante, Ana Navío opina que los eventos que celebran en su librería suceden en un marco "mixto, pero también es un espacio de cuidados. Es un espacio donde la gente se tiene que sentir a gusto y cómoda, y además dar espacios a otro tipo de voces y de disidencias", comenta Navío.Marina Kaysen se subió a un escenario por primera vez cuando tenía 17 años. "Los piropos que recibí ese día por parte de señores que habían ido allí a leer, nada tenían que ver con lo que yo había recitado. Desde ese día y a lo largo de los años, siempre tuve que lidiar con paternalismos de barra hacia mis escritos", recuerda Kaysen. "Estoy segura de que esto le ha pasado por lo menos una vez a todas las mujeres que han recitado en Madrid, porque hablamos entre nosotras". La poeta Seli Ka –mitad del dúo de rap El No de las Niñas–, es la artista invitada a abrir el primer micro abierto de I am the man. Seli Ka opina que los recitales no mixtos son útiles "porque se entrena la validación femenina, porque se escuchan voces bajitas, porque se habla de otras cosas". Seli Ka destaca: "Un hombre que solo es público es un hombre que solo puede escuchar, ser pasivo, guardar". La experiencia desde dentro del circuito de la poesía ha impulsado a Kaysen a organizar recitales donde las protagonistas son mujeres ya que "prácticamente en todos los micros abiertos los que están detrás y delante y en la barra son hombres", apunta la creadora madrileña. Kaysen asegura que existen diferentes motivos por los que es necesario crear espacios culturales de este tipo. "Conozco situaciones de acoso a mujeres muy cercanas (...) para mí, el disfrutar de la poesía en bares se ha convertido en algo prácticamente imposible", confiesa. Marina Kaysen señala particularmente a la escena poética madrileña en la que ha presenciado de todo: "Desde escribir romantizando el abuso y el venderlo como arte, a los abusos de poder por parte de escritores mayores a poetas más jóvenes pasando por el acoso y las agresiones cometidas dentro del circuito poético, que casi todo el mundo conoce pero que la mayoría aún hoy calla o niega", denuncia.Más allá de la poesía existen agrupaciones artísticas como Arte Muhé, el ciclo Ellas Son Arte, el colectivo K4RN3 KULTUR3, Las Pibas Producen, que abogan por encontrar nuevas formas de seguridad dentro de la oferta cultural nacional y visibilizan el arte de mujeres e identidades disidentes que, cada vez más, hallan espacios en los que además de ser incluidas también les son propios.
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El consumo presencial se recupera: el gasto de los españoles ya compensa la caída extranjera
El gasto presencial con tarjetas españolas fue en abril un 10% superior al de 2019, esto es: al mismo mes de la antigua normalidad. El comercio electrónico ha sorteado mucho mejor la pandemia, pero el físico no solo se hundió durante el confinamiento sino que le costó arrancar el año debido a las restricciones y el temporal. En marzo y abril, por fin, la situación se revirtió. Los datos en tiempo real de BBVA muestran que el consumo offline está ya en niveles anteriores a la crisis sanitaria, pese a que el gasto con tarjetas extranjeras siga hundido, como el turismo. "El crecimiento del gasto con tarjetas españolas compensó el ajuste de las compras con tarjetas extranjeras", dice el banco en su último informe, correspondiente al mes de abril. "La reapertura de los establecimientos comerciales, facilitada por el levantamiento de las restricciones sanitarias, y el mayor uso de la tarjeta han impulsado la recuperación del gasto". Eso sí, el consumo no presencial sigue como un cohete y es hoy hasta un 40% superior al de hace dos años.Los sectores más beneficiados por el auge del comercio digital son la alimentación, los libros, el hogar y la salud. También, en menor medida, la tecnología y los deportes. Salvo las compras para el hogar —que experimentan un auténtico boom del que varias empresas españolas se están beneficiando— en todos ha caído ligeramente el gasto desde febrero, síntoma de se recuperan las compras físicas. El gasto presencial aumenta en estos mismos sectores con respecto a 2019, además de en la hostelería, y disminuye en todos aquellos que implican moverse: viajes, alojamiento y transporte, que esperan un repunte del cliente nacional para este verano. Las reservas hoteleras están prácticamente a niveles de 2019, según el motor Mirai, con el mercado nacional encabezando la demanda (reservando hasta un 40% más que en el año anterior a la pandemia).La moda merece una mención aparte porque no levanta cabeza. El gasto presencial sigue a medio gas, al 75% respecto a 2019. El gasto a través de internet es hoy similar al de entonces, según datos de BBVA. La consultora Kantar señaló el pasado mes de febrero que el negocio online no lograba compensar la caída del físico porque entre el teletrabajo y la falta de vida social la gente no necesita comprar tantas prendas como antes. Las ventas totales de Inditex, por ejemplo, cayeron un 28% en el primer trimestre del año, pese a que la compañía esté volcándose en el canal digital y haya logrado dispararlo un 77%. La crisis y transformación del sector textil nos dejará otro fenómeno: el del cierre de tiendas. Inditex cerrará 300 tiendas en nuestro país antes de 2022 y H&M está inmersa en un ERE que implica la desaparición de 30 establecimientos. Los datos de Google nos muestran que aún no hemos recuperado la movilidad hacia las tiendas, que sigue al 70% respecto a 2019.Por provincias también hay diferencias. El gasto presencial creció en 31 provincias, con los mayores incrementos respecto a 2019 en las provincias gallegas, Jaén y Toledo. En Bizkaia, Baleares, Teruel, Segovia y Zamora el gasto no alcanzó niveles anteriores a la crisis.Los hogares españoles ahorraron en 2020 un 14,8% de su renta disponible, la cifra más alta de toda la serie (que empieza en 1999), debido a las restricciones y la caída del consumo. El fenómeno ha sido similar en toda Europa. La pregunta es qué efecto tendrá este ahorro en la reactivación ahora que se ha terminado el estado de alarma, la vacunación avanza a buen ritmo (el objetivo del Gobierno es tener al 70% de población vacunada a finales del mes de agosto) y la campaña estival está a la vuelta de la esquina.En sus previsiones económicas hasta 2023, el Banco de España dedicó un apartado a esta cuestión. A medida que se relajaran las restricciones, se podría liberar esa "bolsa de ahorro privado" acumulada. Sin embargo, el organismo apuntaba tres posibles factores por los que su impacto podría ser limitado. Uno, que parte del consumo no satisfecho no es aplazable. Esto es: los españoles han dejado de coger el transporte o de salir a cenar, no de comprar muebles o tecnología. Cuando la normalidad vuelva del todo, no van a gastar en cenas todo lo que han dejado de gastar durante la pandemia. Simplemente, volverán a salir.Dos, que la bolsa de ahorro se concentra principalmente en las rentas más altas, cuya propensión marginal a consumir es menor (esto es: no aumentan su consumo aunque aumenten su renta). Las rentas bajas tienden a consumir más si aumentan su renta, pero precisamente estas son las que menos han podido ahorrar durante el COVID. Y tres, que la incertidumbre ante el futuro —antes las subidas de impuestos o la posibilidad de que haya una nueva crisis económica— invita a pensar que los hogares guardarán buena parte de ese ahorro. Es decir: en los próximos meses veremos cómo el consumo sigue recuperándose, pero la magnitud de esta recuperación podría no ser extraordinaria.
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El 15M y la Gran Armonía
Ahora que las elecciones madrileñas y el décimo aniversario del 15M invitan a realizar un balance de cuentas, surgen nuevamente análisis que atribuyen el primer éxito de Podemos solo y exclusivamente a la televisión. Según estas tesis, la presencia de un politólogo carismático como Pablo Iglesias en debates de La Sexta habría sido la clave esencial para que el partido recibiera una buena acogida inicial, obtuviera cinco eurodiputados a escasos meses de nacer, despertara ilusión en sectores diversos y se situara durante un tiempo a la cabeza en las encuestas.  Nada de lo ocurrido en esta década puede entenderse sin el contexto socioeconómico surgido con el movimiento de los indignados, con el 15M, con la movilización social. Alguien como Pablo Iglesias yendo ahora, en el momento presente, a tertulias televisivas para después fundar un partido tendría una trayectoria muy diferente a la de entonces y, a no ser que cambiaran mucho las cosas, no obtendría ni la atención ni el éxito inicial que aquella formación logró en tan poco tiempo. 2011 comenzó con las revueltas árabes, en las que miles de personas se atrevieron a ser sujetos activos de su actualidad, reivindicando "pan, libertad y justicia social", clamando contra sus dictaduras, hartos de estar condenados a un rol pasivo y sumiso. Salvando las distancias, las protestas del 15M lograron introducir en el debate público y/o mediático una indignación que estaba oculta, subterránea, silenciada, colocando temas de nuestro presente que apenas se abordaban hasta entonces. Todo ello fue generado por una crisis económica sin precedentes que aumentó la desigualdad y la injusticia social y a la que se dio respuesta a través de dañinas políticas de austeridad.Las personas que participaron activamente en aquellas movilizaciones quisieron que la Historia las incluyera en la primera persona del plural, hartas de esos juegos de representación política y social en los que los medios nos ofrecen culebrones políticos siempre con los mismos protagonistas: unas cuantas figuras políticas, presentes todos y cada uno de nuestros días, y unos cuantos periodistas, casi siempre los mismos, con la agenda oficial asumida.Aquella reivindicación de un sujeto plural en primera persona desorientó a los que se creían dueños de nuestro relato, a quienes consideraban que tenían la exclusividad de contarnos, de describirnos, de representarnos, de simbolizarnos e, incluso, de reemplazarnos. El 15M vino a decir que en el siglo XXI nada ni nadie nos sustituye. Fue así como durante un tiempo en este país se logró rasgar el matrix del relato oficial, forzando un giro de foco y de mirada, situando el protagonismo en lo colectivo, en lo de afuera, en la realidad alejada de las alfombras rojas y de las tradicionales dinámicas del poder. Fue en ese contexto en el que nació Podemos y nada de lo que esta formación política ha sido podría haber ocurrido sin ese ambiente social. Ahora todo aquello parece muy lejano, pero conviene recordar aquellos debates iniciales en los que se consideraba que las agrupaciones políticas debían aprender a ser más movimiento social y menos partido político, en los que se defendía la existencia de los círculos como espacios con vida propia, para multiplicar un sujeto colectivo que hablaba en primera persona del plural y que no entraba en las trampas de unos juegos de poder en los que una y otra vez ganan los más fuertes. El 15M entendió que los códigos y las dinámicas pueden ser otros. Y fue eso lo que tanto desconcertó a la elite política y mediática que dice representarnos. La voluntad de unirnos y de reunirnos, de explorar nuevos vínculos y territorios, de vivir y de experimentar en vez de ceder nuestros cuerpos a representaciones escenificadas por seres ajenos, fue la gran fuerza de aquel movimiento. Desde muchos medios, incluidos algunos que se dicen progresistas, el 15M fue criticado, estigmatizado, ridiculizado. Asustó porque reivindicó la mayoría de edad para todos, porque logró imponer temas que van a raíz de las cosas.Ha llovido mucho desde entonces. Ha crecido la desinformación, la desafección, la distancia entre lo que se habla en los medios y lo que le pasa a la gente. Ha aumentado la estupidez en prime time, los planteamientos tramposos, se maltrata la cultura básica de derechos humanos hasta el punto de presentarlos también como algo debatible. El insulto a la inteligencia colectiva desde algunos medios de comunicación es evidente. Lo más urgente y lo más profundo queda sepultado por polémicas nocivas y artificiales. Se eleva a categoría de gran noticia cotilleos políticos, se dedican horas y horas a hablar de cómo se lleva fulanito con menganito mientras apenas se transmiten los problemas de millones de personas y se omiten debates claves: cómo se cristaliza la desigualdad, quién se lleva el dinero, cómo se reparten los fondos europeos, etc. La campaña de acoso y derribo a Unidas Podemos ha sido un eje prioritario en torno al cual ha girado todo lo demás. Pablo Iglesias, con sus aciertos y sus errores, fue capaz de visibilizar las dinámicas nocivas de un bipartidismo que se repartía el poder al servicio de los mismos intereses, con similares políticas económicas. Eso ha tenido un alto precio. En esa persecución contra Iglesias -de una beligerancia inusitada- no ha participado solo la derecha, sino también -y en algunos casos, con más capacidad de hacer daño- círculos cercanos al PSOE. El partido progresista del bipartidismo llevó mal tener a su izquierda una formación que señalaba sus contradicciones. Y llevó peor aún necesitar a Podemos para gobernar. Todo ello ha condicionado notablemente las dinámicas de estos últimos años. Ahora el líder de Unidas Podemos abandona esos marcos impuestos en los que lograron acorralarle con códigos de guerra en los que siempre ganarán quienes más armamento tengan. El establishment se ha esforzado mucho por expulsarle. Para ello se fabricaron mentiras, se tergiversaron hechos, se impulsó una persecución judicial e incluso se fabricaron pruebas falsas desde las propias cloacas del Estado. En 2011 los grandes poderes, los defensores de la Gran Armonía, dijeron a los participantes del 15M que si quería cambiar las cosas, jugaran las reglas de la política institucional. Después, y durante estos años, el statu quo ha dejado claro que en la política institucional solo caben quienes aceptan las mismas dinámicas de siempre en el reparto del poder. Esta enorme contradicción pone en evidencia los límites actuales de la política dentro de los marcos oficiales y nos obliga a girar de nuevo la mirada hacia el afuera de la Gran Burbuja del Poder, hacia la calle, hacia las experiencias que este siglo XXI necesitará explorar para hallar nuevas formas de organización más democráticas, más amables, más colectivas, alejadas de las trampas del juego con cartas marcadas de antemano. En ello son rescatables las principales demandas del 15M. Millones de personas esquivan diariamente los reveses de la vida, sortean las dificultades en busca de una existencia digna para disponer de las oportunidades adecuadas. Ellas tienen que ser el sujeto del que hablemos diariamente. Ellas merecen toda la atención política y mediática. Sobre ellas hay que situar el foco todos y cada uno de los días en los que aspiremos a diagnosticar nuestra realidad. Ellas, nosotras, todos, tenemos que ser el sujeto protagonista, colectivo, con territorios propios, capaces de forzar otros marcos más democráticos.
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Querida Colombia
"Los problemas sociales no deben solucionarse con militares" ha dicho estos días un amigo de Lucas Villa, el joven que recibió el impacto de ocho balas durante una protesta contra el abuso político y de orden. Como Lucio, su amigo es joven, estudiante, pacifista. Y necesita recordarnos algo así de básico: que el ejército no es para eso, que las exigencias de la ciudadanía no pueden ser silenciadas con balas. Y que no se puede, añado yo, matar la verdad, el cuestionamiento, el derecho legítimo de estar en contra. Sea del lado que sea. Parece básico pero necesitamos recordárnoslo a cada rato. Nuestro legítimo derecho de disentir y manifestarnos es la semilla imprescindible de una sociedad sana.Sociedad sana: Casi parece una tautología (que mi corrector se empeña a corregir por patología, lo que considero una buena percepción involuntaria). Pero las hay. O hay momentos. De hecho, cuando se firmó la paz en Colombia parecía que se acercaba uno de esos momentos que no olvidamos nunca. Fue emocionante, a pesar de las críticas, las puntualizaciones y los peros (que los había, siempre los hay, muchos de ellos legítimos). El primero de los acuerdos se firmó en Cartagena de Indias en septiembre 2016 y se hizo un plebiscito para refrendarlo con la sociedad; pero la sociedad votó no (porque ninguna guerra queda impune, porque la construcción de la paz es mucho más complicada que la caída a la violencia y porque tras generaciones de conflicto es complicado comenzar de nuevo). Aun así, sin rendirse, tras semanas de negociación y debate público, se firmó un segundo acuerdo en Bogotá el 24 de noviembre que fue ratificado por la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia, finalmente, a finales el 30 de noviembre de 2016. Hace unos cuatro años y medio, y gracias al esfuerzo de muchísimas organizaciones civiles y de derechos humanos que trabajaron incansablemente en todo esto.Pero lo sabemos en España (o no, a menudo parece que no, pero deberíamos saberlo): la dictadura militar, la dictadura de la violencia y el sometimiento a un gobierno extranjero, dijera Adorno, acaban explotando como hongos podridos en la boca. Lo sabemos (aunque no es, ni de lejos, o no todavía, la idea transversal que nos atraviesa): la historia y el silencio se pagan muy caros. Y la voz de la resistencia colombiana, hace años, nos sirve (o debería servirnos) como ejemplo de embate a la herencia histórica. Combatir en Colombia es combatir una guerra civil de décadas, un ejército profundamente armado y corrupto, todas las violencias que someten al país, la injusticia que viven las familias que han perdido tantas veces, la pobreza, las personas desplazadas, secuestradas, desaparecidas, muertas. Y aún así la gran disidencia es pacífica y sigue abogando por los mismos derechos por los que se ha abogado desde hace tanto, demasiado, tiempo (No sólo en Colombia, claro, sino en el mundo; pero ¿qué haríamos sin ver que hacer algo así es posible?). Este es un movimiento que no cesa. Aunque en Colombia haya generaciones enteras (¡generaciones!) cansadas de luchar y sentirse amenazadas. La vinculación del gobierno de Colombia con el de los Estados Unidos es larga y compleja, pero sin duda afecta a la voluntad de silenciar un pueblo valiente, generoso y atento. Ser la plantación ilegal de medio mundo es una situación tremenda. Vivir bajo el yugo del capital extranjero es desesperante. Lo sabe cualquier persona que conozca Colombia. Como sabe también que el país es un punto y aparte. Uno de esos países que sí. Y ahora Colombia sale de nuevo a la calle, con memoria, con dignidad, con valentía, armada de paz. Increíblemente armada de paz. Hay quien dice que es su entrada definitiva en el siglo XXI, hay quien ve en el hartazgo la estela de la guerra, hay quien entiende la indignación por motivos económicos, políticos, corruptos). Sea como sea, de nuevo Colombia sale a la calle armada de paz. Con una alegría contagiosa que reconocemos y una esperanza que nunca, nunca se agota (Y eso los honra). Lamentablemente, más de 20 muertos después, varias portadas internacionales después, varias indignaciones y tristezas después, el expresidente Álvaro Uribe, a quienes mucho responsabilizan de una violencia institucional sin precedentes (incluso en Colombia: sin precedentes), tuiteó el pasado 3 de mayo sus recomendaciones para luchar contra esa resistencia digna y pacífica y necesaria: "1.Fortalecer FFAA (las Fuerzas Armadas), debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Y con narrativa para anular su accionar legítimo; 2. Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado; 4. (sic: 3) Acelerar lo social; 5. (sic: 4) Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa". Y este último consejo no es suyo, sino del neonazi chileno Alexis López, que tal y como cuenta el medio imprescindible La silla vacía: "mira la protesta social —así sea pacífica— como una de las múltiples caras de una guerra que libra la delincuencia contra la institucionalidad para tomarse el poder y acabar con la democracia". Así las cosas en la derecha latinoamericana. No es fortuito, sino resultado de años y años de injerencia extranjera, capital y de derechas. De repartir el poder de acuerdo con objetivos no locales. De tratar de polarizar una sociedad que, a pesar de todo, está representada en todos sus estratos en las protestas pacíficas. No, no es fortuito sino una consecuencia de esta historia que nos pisa. Lo que sí parece fortuito, pero es reflejo de un profundo amor por la tierra y por los demás, de la responsabilidad civil, y de honrar a las muertas y los muertos que nos preceden, es que sigan naciendo jóvenes valientes y consecuentes como Lucas Villa. Que a pesar de que el presidente Iván Duque tuiteara con falsa indignación ecuánime (en la que apenas confía la curtidísima ciudadanía colombiana) que "Condenamos lo sucedido en Pereira con el joven Lucas Villa y sus compañeros mientras marchaban pacíficamente en el viaducto". Y le exigiera públicamente al "@DirectorPolicia Vargas, (que) tenemos que dar con el paradero de culpables y llevarlos ante la Justicia. No toleramos estos actos de violencia y los rechazamos", no cesa. Según el poder fáctico no cesa porque se ha creado una "narrativa para anular" el "accionar legítimo" de las Fuerzas Armadas o porque el "terrorismo (es) más grande de lo imaginado". Pero no es cierto. No cesa porque un poder tan estricto, mal acostumbrado, largo y protegido por la silenciosa comunidad internacional, es tan, tan fructífero, económicamente hablando, que para ganar y mantenerse firmes (literalmente: firmes) vale todo. Aunque no sirva. Tras unas protestas legítimas y necesarias, tras los asesinatos de más de 24 personas de acuerdo con el New York times del día 6 de mayo (¡24 personas! ¿Se imaginan?), en Colombia siguen naciendo jóvenes valientes y consecuentes como Lucas Villa. No en vano Colombia ha sido la plantación ilegítima del mundo occidental que ahora mira con incredulidad la violencia y se miente muchísimo menos que otros países. O se miente sobre todo desde afuera. Porque desde adentro la conocen y saben cómo combatirla. Cómo se hacen tantas y tantas cosas en Colombia: sin rendirse nunca, sin dejarse callar, sin perder de vista la belleza, la educación, la solidaridad y la generosidad. No hablo por hablar. Fue una de las cosas que grabó Lucas Villa unos días antes de que ‘unos desconocidos vestidos de civil’ le dispararan 8 balas en un puente peatonal de Pereira: "Dios los bendiga y quedamos así, no pasa nada. Nos recordamos en los corazones. En la buena, en la buena, chachos". Y no vamos a dejarlo solo, porque la dignidad que nos recuerda constantemente la resistencia pacífica de América Latina es imprescindible homenajearla, acompañarla y aplaudirla: nuestro corazón, con ustedes. Querida, querida Colombia, aquí estamos y una vez más: gracias por el ejemplo. (PD. Vean, si no la conocen, la última película de Fernando Trueba basada en un libro de Héctor Abad Faciolince: El olvido que seremos, un canto de amor a un país, tan bello, oiga, que llega en el momento oportuno).
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El extraño viaje de Susana Díaz
Sostiene un veterano socialista que Susana Díaz es esa líder que busca, lanza y protege candidatos que luego terminan con ella. Se refiere a Pedro Sánchez pero también a Juan Espadas. Al primero lo llevó en volandas hasta la secretaría general del PSOE para cerrar el paso al vasco Eduardo Madina. Y al segundo, lo empujó hasta la candidatura de la Alcaldía de Sevilla para apartar del cartel electoral a su archienemigo Alfonso Rodríguez de Celis. Uno y otro se han conjurado ahora a impulsar el cambio en el socialismo andaluz y acabar con la resistencia de la ex todopoderosa lideresa a echarse a un lado para facilitar el necesario cambio de liderazgo y proyecto en Andalucía.Sostiene el mismo interlocutor que Díaz le recuerda en estos días a aquella película de Fernando Fernán Gómez titulada El extraño viaje, donde el juez que investiga el asesinato de Ignacia pregunta a los viejos del pueblo: "Díganme, ¿doña Ignacia tenía enemigos? Y los vecinos respondieron: "No. Ella nunca hizo favores".Sostienen, en este caso muchos socialistas, que Díaz, como Ignacia, no hizo nunca favores y tampoco amigos. Todo en ella es conveniencia e impostura. Antes y ahora. En su versión de todopoderosa presidenta de la Junta de Andalucía, en su registro de lideresa del socialismo andaluz y, por supuesto, en su fingida lealtad a la dirección federal después de que Pedro Sánchez le ganase las primarias para la secretaría general del PSOE, pese a la mayor y hasta obscena exhibición de poder orgánico que exhibió entonces la expresidenta de Andalucía. Sostienen en el PSOE que nada en ella jamás nació de la naturalidad, mucho menos de la sinceridad. Por eso, cuando ahora se presenta a las primarias del PSOE andaluz para candidata a la Presidencia de la Junta con el lema "libertad y cambio" produce tanto sonrojo como bochorno en el socialismo andaluz. No en vano habla de libertad quien condujo el partido con mano de hierro, fulminó a cuantos le llevaron la contraria y aplastó a quien le pudiera hacer la más mínima sombra. Y habla además de cambio quien lleva siete años al frente de la dirección regional y toda su vida laboral, desde las Juventudes Socialistas, vinculada a una organización  política.Sostienen sus correligionarios que desde que a Díaz le han convocado las primarias en Ferraz -las anunció ella dos minutos antes de que lo hiciera la dirección federal- vuelve a las andadas contra Sánchez, tras interpretar durante dos años y medio el papel más abnegado de cuantos ha representado a lo largo de su vida política para ganarse sin éxito alguno la confianza del secretario general de los socialistas. Sostienen en el PSOE sevillano que ella, que es devota de la Esperanza de Triana y la Virgen del Rocío, se entregó a un dios [Sánchez] en el que no creía; utilizó su palabra en vano ["mi presidente", "mi secretario general"] y ahora que ese "dios" le pide un sacrificio en aras de la reconstrucción de un proyecto político sepultado el día que Moreno Bonilla llegó a la Junta de Andalucía, ella contesta que nunca fue creyente y que si tiene que encomendarse a satán no tendrá inconveniente en hacerlo si con ello consigue mantener el ordeno y mando.Sostienen sus críticos que Díaz ha dejado demasiados cadáveres por el camino como para que el PSOE-A vuelva a apostar por alguien que ha hecho de la organización su único modo de vida. Si no ganó en su día a Pedro Sánchez con todo el poder institucional, orgánico, empresarial y mediático a su servicio, además de su bravura y sus amenazas, difícilmente podrá imponerse ahora a un Juan Espadas que huye de la radicalidad y el conflicto y atesora fama de moderado y pactista. Sostienen en Ferraz que el alcalde de Sevilla sumará entre sus apoyos a ese 30% de "ex susanistas" rebotados, defenestrados y hasta humillados por la todavía secretaria general, además de a otro 30% de "sanchistas" irredentos con los que cuenta la federación andaluza. Un 60-40 en favor de Espadas es el peor escenario de cuantos dibujan en la candidatura del alcalde de la ciudad hispalense frente a los últimos restos del "susanismo" que quedan en una federación que hace tiempo que dio por amortizada a su lideresa en el partido y en la Junta, donde las posibilidades de que regrese se consideran nulas, con un Moreno Bonilla consolidado ya como presidente. Sostienen también en Madrid que si las cuentas salen, tal y como las han hecho los impulsores de la candidatura de Espadas, Díaz será a partir de junio una Ignacia del socialismo, ese personaje de Fernán Gómez interpretado por Tota Alba en El extraño viaje, una película con la que el cineasta retrató magistralmente las miserias de los pueblos de la España de los sesenta de forma esperpéntica. Sostienen los más escépticos con la "operación relevo" que si fallan los números, Sánchez anotará, tras el fracaso del PSM en las elecciones de Madrid, su segunda derrota desde que renació como secretario general del PSOE en mayo de 2017 y convirtió el partido en un remanso de estabilidad orgánica en el que no se escucha una palabra más alta que otra, y mucho menos una sola crítica a su estrategia política.Y sostienen todos que esta batalla orgánica es una dosis de recuerdo de las peores crisis que vivió jamás el socialismo, que nada está escrito y que cualquier cosa puede pasar. Continuará...
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"El sistema educativo es muy rígido y estandarizado, no hay tiempo para dar medidas especiales a quien las necesita"
La solución, para Eva Llergo y familia, estaba en el campo. En otro centro, alejados de los ritmos de la ciudad, con otros tiempos y otras mentalidades. Y les funcionó. Trasladarse a un pequeño pueblo le dio al hijo de Eva, "uno de esos inclasificables e indomables que el sistema educativo no sabe reconducir" como define ella (aunque psicólogos y psiquiatras le han puesto otras etiquetas), la tranquilidad y atención que necesitaba. Pero no siempre pasa.Llergo, que además de madre es filóloga y profesora de universidad formando a futuros docentes, cuenta cómo a través de su hijo descubrió en primera persona las costuras de un sistema educativo no preparado para el diferente, para el niño llamado "disruptivo", que suele ser castigado y reprimido. "Es rígido y estandarizado, no da tiempo para aplicar medidas especiales a quienes lo necesitan", explica. Que son muchos más de lo que parecen a primera vista, según cuenta Llergo.Pero a las familias les falta información y a los profesionales, con las aulas saturadas, tiempo. Entre unos y otros, los perjudicados son los pequeños, tengan autismo, hiperactividad, altas capacidades o cualquier otro síndrome, que deambulan como pueden por el sistema mientras encuentran su lugar. Llergo se ha propuesto llegar a más gente, que otras familias no pasen el periodo de incertidumbre, de no saber –de culparse a uno mismo incluso– por el que ella pasó. Esta profesora, personal y profesionalmente vinculada al mundo del teatro, ha escrito su experiencia, con trazas de ficción, en formato de obra de teatro que está a punto de conseguir financiar bajo el título Tonto, loco, salvaje. "Yo me he atiborrado a leer libros sobre la cuestión, pero eso no te moviliza. El arte sí. Una película, una obra de teatro, una novela... son más revulsivos", justifica.¿Cuál fue su experiencia con un hijo diferente en el colegio?Uno de mis hijos es uno de estos alumnos inclasificables e indomables que el sistema educativo no ha sabido reconducir, o al menos no ha sabido hasta hace poco. Yo viví el caso de muchos alumnos: se percibe que son diferentes, y en el ámbito educativo la respuesta son los castigos, la respuesta rápida a un comportamiento inadecuado. Y lo siguiente es la repetición. Las altas capacidades se detectan en un alto porcentaje porque los niños suspenden. Cuando dices que tu hijo tiene altas capacidades te miran como si estuvieras presumiendo de tener un genio en casa. Pero solo significa que tiene una mayor capacidad de procesar y acceder a ciertos conocimientos. También al campo sonoro o sensorial, por lo que suelen ser personas con una altísima sensorialidad que puede llegar a ser molesta. Como a estos alumnos no se les entiende, molestan. He oído muchas veces a grandes profesionales decir, desesperados, "no sé qué hacer con este niño" y he visto también una falta de apoyo de los equipos de orientación de los centros, que a mi juicio no en todos los casos están tan formados como deberían. Esa fue mi experiencia. No hablo de un caso, dos o tres a mi alrededor. Son muchos, y sorprende que siendo tantos no haya una mayor concienciación y un mayor respeto por la neurodiversidad.¿Dice que hay mucho alumnado en esta situación que está invisibilizado por desconocimiento o cualquier otra razón?Las estadísticas de las altas capacidades dicen que son uno de cada 10 o 20. La diversidad deja de convertirse en una anormalidad si sumamos otros síndromes. Es una normalidad, al final en todos los grupos hay niños con estas características, y si no se sabe más es porque los padres nos quedamos con el estigma de que lo hemos hecho mal, que es lo que te transmite la sociedad. Cuando por fin hay gente que te orienta, te dan un papel con un diagnóstico, una etiqueta, y las cosas empiezan a cambiar un poco. Mientras tanto te llevas la idea de que el problema es la familia, que algo habrás hecho mal, que los padres habéis debido discutir mucho y por eso el niño está descentrado. Estos comentarios los he oído yo. Personalmente, he tenido diagnósticos muy distintos, de entidades públicas diferentes, que no se acaban de poner de acuerdo con qué pasaba. Te dicen que la mente es muy complicada, que es difícil poner una etiqueta, pero también que el niño es diferente y necesita otras pautas para moverse por el sistema educativo. Un sistema que se supone que se trabaja la diversidad –al menos eso nos venden– pero a la hora de la verdad nos encontramos con profesionales que no tienen tiempo, con buena voluntad pero sin formación, quemados a veces por su situación laboral. Y el que lo acaba pagando es el niño, que es molesto, que ralentiza la clase.En su caso, salieron de la gran ciudad para ir a un pueblo donde encontrar más tranquilidad. ¿Funciona?Es muy común esto. En el primer centro nos decían que vayas donde vayas te vas a encontrar lo mismo porque todos tienen las mismas limitaciones horarias. Pero no es verdad. Muchas veces es cuestión de querer y poder. También es cierto que a estos niños les vienen bien entornos más pausados, más tranquilos. Nos fuimos a un pueblo, con centro público, con una idiosincrasia distinta. Con las mismas limitaciones y torpezas, pero con la voluntad de ayudar. Se seguirán equivocando, yo lo hago también, pero es otra actitud. Hay muchas historias que se han reconducido porque los niños han acabado en centros en los que la actitud era distinta. No se deja de tener autismo. Las altas capacidades no se van a ir. Pero se pueden hacer pequeñas mejoras si tu entorno te ayuda.¿Por qué se planteó hacer una obra de teatro?El sistema está montado de manera –no hay culpas individuales, pero todos nos dejamos arrastrar– que hay poco tiempo para pararse a meditar, para dar medidas especiales a los que lo necesitan. Es muy estandarizado, muy rígido. El proceso es muy desgastante para los chavales, que son quienes sufren esa falta de confianza en sí mismos. Y hablamos de gente extraordinaria, muchos chicos increíblemente inteligentes. Y se sienten tontos. El título de la obra viene de los apelativos que he ido recogiendo: "Es un salvaje, no hay quien le dome, todo el rato llevándonos la contraria". La gente que se enfrenta al reto inmenso de darle a esta gente lo que necesita no cuenta con ayudas. ¿Su obra es una crítica del sistema?La obra no es negativa, doy soluciones. Intento enseñar a seres humanos en situaciones muy complicadas, cada uno reaccionando de una manera, y mi respuesta es: escuchémonos, sepamos que detrás de ese niño molesto, tonto y salvaje hay una persona y vamos a intentar sumar y no restar. Cuando a la gente le toca de cerca por algún familiar o desarrolla un vínculo con este tipo de alumnos, cambia. Si esto se conociera más dejaríamos de ver al alumno no como uno que molesta para verlo como uno que sufre. Porque sufren mucho. Hasta el punto de niños que se autolesionan por el nivel de ansiedad que experimentan. Generalmente, cuando un niño tiene un comportamiento inadecuado es porque algo le pasa. Nosotros hacemos peticiones que beneficiarían a todos, como una bajada del ritmo o más formación para los docentes. Si hay alguien que puede cambiar las cosas son los que están por encima de nosotros.Ya que menciona los políticos, ¿cree que la Lomloe va a ayudar a arreglar estas situaciones?Todavía se sabe poco, pero sí estoy esperanzada. Se habla de aplicar un paradigma que se llama diseño universal del aprendizaje, que es una flexibilización del currículo. Hacer ver que la diversidad es buena y dejar que los alumnos se relacionen y accedan al currículo aportando la mayor cantidad posible de opciones es positivo. El currículo está muy obsoleto, se hacen cambios del tipo quién promociona, matemáticas aplicadas o académicas, que son importantes, pero que no están en el quid de la cuestión. El mundo ha cambiado mucho. Deberíamos implementar este enfoque, especialmente orientado a la diversidad. Pero las tendencias cuesta cambiarlas. Hay que modificar la estructura, pero también ponernos en el mismo bando docentes, padres y chavales; comprender que no somos enemigos, que vamos todos en el mismo barco.Ratios bajas, tiempos más pausados... Sus reivindicaciones van en una línea concreta de tener un sistema educativo más amable, de alguna manera.Yo soy hija de maestros, llevo escuchando hablar de educación desde que nací. Mis padres llegaban destrozados a veces por esto; contaban que por fin habían llegado a conocer el caso complicado que había en clase, pero no lo podían atender por la cantidad de niños que tenían. Es una barbaridad pretender que un docente pueda llevar ese nivel de individualización [con tantos alumnos]. Y luego todos los pedagogos, da igual de qué pie cojeen, dicen que una vez estás en el centro con los chavales es igual de responsabilidad la formación académica como la integral, de humanidad. Y esto se nos olvida.
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Asturias, la comunidad a la que la cuarta ola nunca llegó
La cuarta ola nunca llegó a Asturias. La región se ha acostumbrado a una larga meseta que ni asciende hasta saturar las UCI ni permite un momento de relajación al no registrar grandes descensos de casos. "Si bien Asturias no ha tenido los repuntes que han situado a otras comunidades en situación de riesgo extremo, tampoco ha logrado descender la curva lo suficiente como para situarnos por debajo del umbral de los 25 casos por cada 100.000 habitantes", explica el epidemiólogo Daniel López Acuña, ex director de Asistencia Sanitaria en Crisis de la OMS y residente en el Principado. "No podemos asumir esto como "normalidad endémica", señala.Las últimas semanas han descendido los contagios, las muertes y la presión asistencial por el coronavirus. La cuarta ola parece haberse sorteado. El ritmo de vacunación y los datos epidemiológicos pueden invitar al optimismo y sitúan a la comunidad en el mejor escenario desde hace casi un año, mientras se intensifica la polémica en torno al fin del estado de alarma. "El estado de alarma decae y por lo tanto hay que actualizar este modelo", explicaba la semana pasada en rueda de prensa el presidente del Principado, Adrián Barbón. El presidente ha decidido suavizar las medidas restrictivas y dar un poco de oxígeno a diferentes sectores, especialmente el de la hostelería, donde se amplían horarios, se permiten seis personas por mesa y la posibilidad de servir cenas. Sin embargo, el Principado lanza una advertencia: "No podemos caer en triunfalismos", tampoco "volver a cometer los errores del verano", según el propio Barbón. Con la inminente apertura de fronteras, la mayor preocupación para las autoridades sanitarias pasa ahora por la avalancha de positivos de otras comunidades. "Aún hay riesgo de repunte, debemos estar atentos", señala el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz. El reto es evidente: mantener (y mejorar) los datos en este nuevo escenario que permite la movilidad entre autonomías. En cifras. En estos momentos la tasa de positividad en Asturias se sitúa en el 2,83% y la incidencia acumulada a 14 días en 111 casos por cada 100.000 habitantes, según informa la consejería de Sanidad del Principado. Este lunes ha confirmado 37 nuevos positivos y ningún fallecimiento por coronavirus. Tampoco se ha registrado ningún ingreso en las UCI, donde están siendo tratadas 41 personas con confirmación o sospecha de COVID-19. Su ocupación alcanza el 12,93%. Actualmente, no hay pacientes ingresados en los centros convertidos para la atención a personas con COVID, que cuentan con 120 camas habilitadas, mientras que la ocupación en planta en los hospitales asturianos es del 4,90%. "En Asturias la evolución está siendo favorable desde los indicadores de transmisión y de presión asistencial", explica el consejero Pablo Fernández Muñiz, que ha destacado el buen ritmo de vacunación con el que cuenta el Principado. Siguiendo esta línea, Adrián Barbón ha alabado la labor de los equipos del Sespa en la campaña de vacunación al haber aplicado cerca de 500.000 dosis. "Uno de cada tres asturianos ya está vacunado y uno de cada seis ya ha recibido la doble dosis", añadía el presidente. "La única manera de recuperar la normalidad perdida es a través de las vacunas".Pero no todo son celebraciones. Asturias sigue siendo la "región más vulnerable" ante la pandemia al ser la más envejecida del territorio español, como afirma el propio Barbón. El Principado cuenta con 224,58 ciudadanos mayores de 64 años por cada 100 que aún no cumplieron los 16, según el Instituto Nacional de Estadística. "Antes de la vacunación había un 94% de población susceptible en el Principado", comenta Acuña, "el avance de la campaña no es suficiente para actuar como dique de contención ante los repuntes que pueden producirse al relajar medidas tras la finalización del estado de alarma". Y concluye el epidemiólogo: "Aún queda por vacunar una proporción muy importante de la población y estamos lejos de la inmunidad de grupo, a la que nos acercaremos en septiembre". Y antes de eso está el verano y una temporada turística que antes de la pandemia había sido récord en la región. El Boletín Oficial del Principado de Asturias recoge las nuevas medidas de alivio en el control de la pandemia que entraron en vigor el viernes, además de la adecuación del sistema de riesgo 4+ ante el fin del estado de alarma. En la hostelería se alarga el horario de cierre hasta las 23.00 horas y se permiten seis personas por mesa. Desde el domingo, tras el fin del estado de alarma, el horario de clausura se amplía hasta a las 1.00 horas. De esta manera, el ejecutivo regional equipara las condiciones del interior de los locales a las del exterior, de forma que se podrán ofrecer cenas y "recuperar el ritmo económico", según Barbón. "Sabemos que los hosteleros lo han pasado mal. Ha sido un periodo muy duro y muy difícil", apuntaba el presidente en referencia al sector. En cuanto al ocio nocturno –discotecas, salas de baile, tablaos flamencos, locales con música amplificada, salas de conciertos– no habrá cambios. Permanecerá cerrado. La visita a centros culturales (museos, galerías, monumentos, yacimientos arqueológicos...) se podrá realizar en grupos de hasta 15 integrantes en interiores y 30 en exteriores, mientras que en los centros de mayores se permiten actividades de hasta un 50% de su capacidad de aforo. Los eventos multitudinarios no estarán permitidos, a expensas de que el Ministerio de Sanidad apruebe la nueva normativa; y, en los congresos, el aforo se eleva a 300 asistentes, con las medidas de seguridad requeridas."El modelo 4+, aunque de una forma mucho más lenta, ha ido dando resultados", explicaba el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Ahora tenemos que adaptar ese modelo. Habrá medidas que podamos adoptar nosotros y otras que necesitaremos el aval del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)". Desde mediados de enero, el ejecutivo asturiano ha desarrollado el sistema de restricciones por el cual se decreta el cierre perimetral de la totalidad de un concejo en función de sus niveles de incidencia. Ahora, el nuevo escenario obliga al Principado a replantearse este modelo, que se aplicará de manera "individualizada", como explica el director de Salud Pública de Asturias, Rafael Cofiño. Salud ha simplificado los criterios para entrar en 4+, donde se tendrá en cuenta la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes. Se establecen, a su vez, dos grupos de municipios según su tamaño: los de más de 10.000 habitantes y los de menos. Los primeros entrarán en 4+ después de tres días consecutivos con una incidencia superior a 325 y que vengan de, al menos, otros tres en nivel de riesgo 4, según los criterios del Ministerio de Sanidad (250 casos). En los concejos más pequeños, cada caso se estudiará de forma individualizada teniendo en cuenta factores como el número de contagios, la trazabilidad o las zonas calientes.La principal novedad es que el cierre perimetral no se aplicará necesariamente en la totalidad del municipio para sustituirse por el cierre de los barrios o localidades donde mayor incidencia tenga la COVID-19. Además, como han informado las autoridades sanitarias, cualquier limitación de derechos fundamentales, como el de la movilidad, deberá ser avalada por el TSJA. "Queda un último esfuerzo", añadía esta semana Adrián Barbón. "Han sido meses muy duros desde el 29 de febrero de 2020, con la aparición del primer caso". Desde entonces, en Asturias han muerto 2.000 personas por coronavirus, pero "podían haber sido 15.000 si no fuera por las restricciones", asegura el presidente. El nuevo escenario aparece ahora como un alivio para muchos sectores y una preocupación para el sistema de Salud de Asturias, que se ha caracterizado por su rigidez a la hora de aplicar las medidas. Los expertos lanzan una advertencia. "Tenemos que ser muy cautelosos con suavizar las medidas de control", apunta López Acuña. "Ante el mínimo repunte debemos tener la capacidad de aplicar un freno de emergencia que permita retornar a las restricciones necesarias". 
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José Manuel Vivanco: "El Gobierno de Colombia debe condenar con energía los abusos policiales"
La tenacidad y empeño de José Manuel Vivanco lo han convertido en una de las cabezas más visibles en la lucha por los Derechos Humanos en América Latina. Con 60 años y un cierto dejo al Atticus Finch de Harper Lee, este abogado chileno ha tenido diferencias enconadas con mandatarios de todo el espectro político, de la Venezuela de Chávez a la Colombia de Álvaro Uribe. Sus informes como director de la división para las Américas de la ONG estadounidense Human Rigths Watch han despertado tanta animosidad como respeto. Desde su cargo en Washington ha llegado a conocer en profundidad la historia y desarrollo del conflicto interno colombiano. Por eso hoy, con la ayuda de seis funcionarios de su organización sobre el terreno, se convierte en un observador fundamental de una crisis social que ha desembocado en jornadas de protestas que oscilan entre la festividad y la violencia. Al menos 27 personas fallecidas, bloqueos en carreteras, y centenares de desaparecidos son algunas de las señales de una crisis social profunda que se venía cociendo a fuego lento.   ¿Qué es lo que más le preocupa del desarrollo de las manifestaciones de los últimos días en Colombia?Lo más grave son los abusos de la policía, la tensión en las calles y la violencia por parte de los manifestantes. Durante los últimos nueve días hemos recibido un creciente número de denuncias, muchas de ellas creíbles, otras que tenemos en proceso de verificación, sobre asesinatos de civiles, detenciones arbitrarias, heridas graves, e inclusive casos de manifestantes que han sido atropellados con vehículos de la fuerza pública.Esto, en un contexto de creciente violencia. Si bien es cierto que las protestas arrancaron mayoritariamente de forma pacífica, la presencia de jóvenes que cometen delitos de vandalismo y de saqueos ha ido en aumento. De acuerdo al registro que nosotros tenemos hay más de 100 buses del transporte público que han sido destrozados. Igual ha sucedido con un sinnúmero de estaciones de policía. Y lo inquietante es que esta situación no mejora, se mantiene. Las últimas cifras que nosotros pudimos confirmar nos daba un grupo de 36 casos de personas que han muerto en contexto de protestas, de los que hemos logrado identificar a 11. Es decir, que de esos 11 tenemos mayores antecedentes en cuanto al nombre completo de la víctima, datos y las circunstancias de la muerte. En estos casos creemos que se tratan, según toda la evidencia que tenemos, de víctimas de la fuerza pública. Los otros 25 casos, hasta llegar a los 36, son casos que tenemos en proceso de verificación.Lo más notable de todo esto ha sido el grado de brutalidad policial con el que ha actuado tanto el ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios), como la policía regular. Pero también los niveles de violencia al que han llegado algunos manifestantes que han logrado realmente hacer un gran daño a la propiedad, a la infraestructura, al bloqueo de caminos, y, en fin, que están dificultando incluso el transporte de alimentación y medicamentos en un contexto de pandemia.Se habla de 379 personas desaparecidas hasta el momento.Sí, hemos estamos documentando esos casos también. No obstante nosotros no estamos, por lo pronto, en condiciones de confirmar la existencia de fenómenos de desaparición de personas. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de desaparición forzada porque supone la detención arbitraria de civiles, un hecho que constituye un crimen de lesa humanidad. Hasta ahora, lo único que sabemos es que la Defensoría del Pueblo habló de alrededor de 150 casos de personas desaparecidas, y la policía dijo que de esos 150 había dado con el paradero de unos 50. Esa es la última noticia que tenemos. Pero nosotros no estamos en condiciones de afirmar que se estén dando desapariciones. Sí estamos en condiciones de afirmar que hay casos, y muy numerosos, de brutalidad policial. El problema del exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía en Colombia viene de años atrás. ¿Cuál es el análisis de Human Rights Watch al respecto? Parte del problema es que la policía colombiana hoy es una institución, digamos, fuertemente militarizada. Esto se debe a que desde mediados del siglo pasado ha estado bajo el control del Ministerio de Defensa. Es el único cuerpo policial en América Latina con esa particularidad. Yo creo que ya es hora de que Colombia traslade a la policía a la supervisión del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia. Ahora bien, la policía colombiana fue una de las pocas instituciones que a lo largo del tiempo fue recobrando credibilidad y prestigio. Sufrió grandes reformas en la década de los 90, cuando la dirigía el general Rosso José Serrano. Hubo reformas intensas y hubo una fuertes depuraciones donde miles de policías fueron destituidos y procesados por corrupción, por narcotráfico, por violaciones a los derechos humanos. La policía recobró unos niveles de profesionalismo que no tenía el resto de la fuerza pública, mucho menos el Ejército. Sin embargo, en el último tiempo creo que se han ido relajando los controles. Ha faltado disciplina, liderazgo, revisión de la conducta. Y, desde luego, eso se vio en las manifestaciones de noviembre del 2019 y con posterioridad, en septiembre del año pasado, después del asesinato del abogado Ordóñez, donde resultaron muertas 13 personas en manifestaciones. La creciente polarización en Colombia ha arrastrado el debate público a un escenario binario de los hechos ¿Cómo recobrar algo de claridad desde un enfoque de los Derechos Humanos? Esto mismo ocurre, lamentablemente, en los Estados Unidos, en España, en Argentina, en Brasil, o en México. Estamos pasando por unos procesos de creciente polarización donde la gente tiende a actuar con miopía con respecto a fenómenos que requerirían en principio la misma condena. Hay doble rasero porque, según mi ideología, minimizo los abusos de un lado y exagero o pongo el acento en las violaciones de otros.Justamente teniendo en cuenta esa realidad, creo que le corresponde especialmente al Gobierno de Colombia dar el ejemplo. Es decir, romper con esa visión parcializada, sesgada de la realidad y afrontar los hechos en términos categóricos de rechazar con la misma determinación todos los hechos violentos. El vandalismo, los saqueos, por supuesto. Pero con la misma energía debe condenar los abusos policiales.Yo no he visto, lamentablemente, y esto es parte del problema, una actitud transparente de este tipo por parte del presidente Duque. Yo creo que al presidente le ha faltado claridad, le ha faltado liderazgo. Ha actuado con un grado de ambigüedad frente a todo este fenómeno que no ayuda. Él ha estado muy en la línea de condenar la violencia y el vandalismo, cosa que obviamente es plenamente justificada, y hay que hacerlo y con mucha claridad, pero no lo he visto con el mismo ímpetu, advirtiendo a los policías que deben cumplir profesionalmente con su conducta, con un desempeño profesional y riguroso, sin que eso se traduzca en exceso en el uso de la fuerza y en hechos de brutalidad. Eso haría falta. Pero no solo el presidente, sino también el jefe de la policía, el Ministro de la Defensa y otras autoridades. Si eso no ocurre, la sensación que queda es que el Gobierno avala la mano dura. Y por mano dura se entiende la brutalidad y eso indudablemente no ayuda ni a desactivar, ni a bajar las tensiones. Así no se va a generar un clima de negociación, ni un ambiente de respeto a los derechos fundamentales. En la misma línea: ¿Cómo evalúa el hecho de que el presidente Duque haya ordenado "asistencia militar" para controlar los disturbios en las ciudades más afectadas por los desmanes? Yo diría que ha sido uno de los más serios errores del presidente Duque. Acudir al ejército, a soldados armados preparados para el conflicto como una manera de fortalecer la presencia policial, es una medida equivocada. Las policías colombianas deben estar en condiciones y deben estar preparadas para restablecer el orden público, proteger a las personas, a la población y los bienes sin tener que recurrir a soldados.Soldados que están entrenados y preparados para la guerra, para el conflicto armado. Más aún, y especialmente los soldados colombianos, mucho más que cualquier otro soldado latinoamericano, porque son soldados que han estado, que han vivido y respirado y han nacido en un ambiente de 50 años de conflicto. Los combatientes entienden que pueden usar la fuerza letal cuando identifican un blanco militar legítimo. Y todo esto se agrava mucho más cuando uno escucha a autoridades de Gobierno, no sólo del Ejecutivo, sino también de la Fiscalía del doctor Barbosa, sosteniendo de que hay infiltrados en los manifestantes, que hay delincuentes del narcotráfico, que hay guerrilleros del ELN y de las disidencias de las FARC. Eso es supremamente peligroso porque contribuye a estigmatizar a aquellos que están ejerciendo su derecho a protestar pacíficamente. Y por supuesto también contribuye a incrementar los riesgos de aquellos que se pronuncian violentamente en la protesta. Aquellos que cometen vandalismo cometen un delito y deben ser enjuiciados por ello. Pero no son guerrilleros, narcotraficantes, ni mucho menos terroristas. Ojo con ese tipo de lenguaje, porque lo que pasa por la cabeza de un soldado cuando él entiende que está enfrentando a guerrilleros y terroristas, es que pueden perfectamente sentirse autorizados para cometer aún más graves abusos. Si existen infiltrados en las manifestaciones, si existen narcotraficantes, crimen organizado, si efectivamente hay elementos de las disidencias de las FARC o del ELN, eso hay que acompañarlo con pruebas, pruebas sensatas, pruebas sólidas, no simplemente acusaciones alegres, sin fundamento. Eso es echarle gasolina al conflicto. Es un grave error. Insisto, salvo que el Gobierno tenga esos antecedentes y efectivamente pueda demostrarle al país, a la opinión, a la comunidad internacional, que esto está ocurriendo en las calles, es una gran irresponsabilidad y una conducta que no contribuye para nada. La canciller colombiana –que dimitió el domingo después de haber sido realizada esta entrevista- criticó la semana pasada a la comunidad internacional, incluida la ONU, por la condena del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía colombiana contra los manifestantes. ¿Resulta fácil el trabajo de HRW en Colombia? Es lamentable la actitud de aquellos que dirigen la política exterior de Colombia. Resulta paradójico que se sientan incómodos con la labor de observación internacional, cuando en realidad organizaciones como las Naciones Unidas y otras de carácter humanitario como la nuestra, creo que ayudan a oxigenar la coyuntura. Nosotros podemos aportar información documentada, sin sesgos, simplemente con el propósito de  mostrar un récord objetivo de lo que está ocurriendo y que permite indudablemente a la autoridad hacer las correcciones del caso. Creo que el Gobierno es el más interesado en que la información que podemos proporcionar le ayude a comprender con la mayor precisión lo que está ocurriendo en la práctica y sobre esas bases tomar las decisiones que se requieren. 
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La 'número tres' de Casado incumple los estatutos del PP al acumular cargos incompatibles
Ana Beltrán, 'número tres' de la dirección del Partido Popular de Pablo Casado incumple los estatutos de su propia formación política a pesar de ser la vicesecretaria de Organización y, por tanto, la principal encargada de hacer cumplir las normas internas del partido en todo el país. Además de ocupar ese puesto en la Ejecutiva nacional, Beltrán es la presidenta del PP de Navarra y diputada en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Madrid. Estos dos últimos cargos son incompatibles, según los vigentes estatutos del partido, que siguen siendo los aprobados en el 18 Congreso Nacional del PP que se celebró en la capital en febrero de 2017, cuando todavía lo presidía Mariano Rajoy. "La condición de Diputado al Congreso o al Parlamento Europeo es incompatible con el desempeño de cargos de Presidente o Secretario General Insular, Provincial o Autonómico del Partido y con los de Alcalde de municipios superiores a 20.000 habitantes, Presidente de Diputación Provincial, Consell o Cabildo Insular", establecen los estatutos del PP en el apartado 'c' de su artículo 10, que recoge el régimen de incompatibilidades de los dirigentes populares.El siguiente apartado de ese mismo artículo, el 'd', especifica que "los Presidentes y Secretarios Generales Provinciales e Insulares del Partido sólo son compatibles con cargos de representación institucional en corporaciones locales y provinciales, en Parlamentos Autonómicos y el Senado". Es decir que, según la normativa interna del PP, Beltrán, al ser la presidenta del partido en Navarra, tan solo podría ejercer, además, de concejala de algún consistorio, diputada autonómica o senadora, pero en ningún caso de diputada en el Congreso, como es su caso. La vulneración de las normas internas por parte de Beltrán ya fue señalada por el diario Noticias de Navarra el pasado abril.Pese a incumplir los estatutos, la propia Beltrán envió el pasado 3 de marzo una carta a todos los presidentes y secretarios generales provinciales en el que les instaba a cumplir la normativa interna. Su misiva se remitió a todos esos cargos ante el malestar interno generado en las distintas provincias con motivo de los respectivos congresos que se están celebrando desde principios de año por todo el país y en los que la dirección de Casado está intentando colocar a dirigentes afines con el objetivo de controlar el partido por la base en todos los territorios. "Tras las consultas recibidas en las últimas semanas sobre el régimen de incompatibilidades regulado en nuestros estatutos he de recordaros que en lo que se refiere a las presidencias y secretarías generales provinciales, el artículo 10. 1 d) establece: 'Los Presidentes y Secretarios Generales Provinciales e Insulares del Partido sólo son compatibles con cargos de representación institucional en corporaciones locales y provinciales, en Parlamentos Autonómicos y el Senado'", apuntaba la carta, que concluía así: "Se recuerda la necesidad de respetar lo estipulado en los estatutos para garantizar el correcto desarrollo de los congresos y asegurar el adecuado funcionamiento de la organización". La misiva la firmaba Beltrán, que incumple los estatutos al acumular cargos incompatibles.La carta se envió pocos días antes de que tuviera lugar el congreso del PP de Málaga, ya que la consigna sobre las incompatibilidades afectaba directamente al actual consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, que era el candidato del presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, para liderar el PP de Málaga, algo que finalmente consiguió. Desde el equipo de Casado aseguraron entonces haber hecho una "excepción" para permitirle presidir la potente delegación malagueña, una de las más importantes del país por número de afiliados.El conflicto entre el PP andaluz y Génova 13 no quedó ahí. Durante el congreso malagueño, Bendodo anunció durante su discurso que entre sus planes estaba nombrar como secretaria general de los populares malagueños a Patricia Navarro, actual delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga. Entre el público que le escuchaba estaban la propia Ana Beltrán y el vicesecretario de Comunicación a nivel nacional, el también malagueño Pablo Montesinos, a quienes no gustó nada el anuncio del recién elegido líder del PP en Málaga por incumplir lo referido a la incompatibilidad de cargos, por lo que desde la dirección de Casado aseguraron que no aceptarían la designación de Navarro como 'número dos' de Bendodo a nivel provincial."Una excepción no puede ser la regla", explicó entonces Génova 13, que sostuvo que la dirección nacional "necesita un partido a tiempo completo" y recordó que era "incompatible" su cargo como delegada de la Junta con ser la secretaria general del PP de Málaga. "Se trata de cumplir las normas", añadieron, sin dar más detalles sobre por qué lo que permitieron para Bendodo no lo permitían para Navarro.Este diario se ha puesto en contacto con el equipo de Beltrán para conocer si, en su caso, también se le dio un permiso específico para poder incumplir los estatutos al acumular dos cargos incompatibles –presidenta del PP de Navarra y diputada en el Congreso–, pero al cierre de esta edición no se ha recibido ninguna respuesta. En el artículo 10, punto 2, los estatutos del PP señalan que "la autorización de excepciones" en materia de incompatibilidades "que, en supuestos extraordinarios, puedan demandar los intereses generales del Partido serán aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional previo informe motivado de la Oficina". Esa aprobación, en el caso de Beltrán, no consta al menos oficialmente.El equipo de Beltrán sí respondió, en abril, al citado diario Noticias de Navarra, al que se limitó a argumentar que la vicesecretaria de Organización de Casado "ya era presidenta del PP de Navarra cuando accedió al cargo de diputada nacional".
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Seis años, 18.000 falsos autónomos detectados y casi 50 condenas después: llega la Ley Rider
Rechazó unos "10.000" euros de Deliveroo a cambio de dejarlo estar, de no litigiar contra la multinacional su condición de trabajador. Pero dijo no. Víctor Sánchez fue el primer repartidor de plataformas digitales, también conocidos como riders, que llevó a una de las grandes empresas del sector ante la justicia en España. Y ganó. A esa primera sentencia, de junio de 2018, le han seguido casi 50 más y una larga lista de actuaciones de la Inspección de Trabajo que han concluido lo mismo: los mensajeros autónomos de las grandes empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Deliveroo y Uber Eats no son tal. Son falsos autónomos. Este martes, el Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros la llamada 'Ley Rider' promovida desde el Ministerio de Trabajo para acabar con este abuso.La legislación que refuerza la laboralidad de estos trabajadores llega seis años después de la irrupción de Deliveroo en España y de la fundación de Glovo en Barcelona en 2015. Las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio congregan a numerosos restaurantes en una misma app (aplicación), que ponen a disposición de los clientes a un clic. "Ya vamos nosotros", es uno de los eslóganes más conocidos de Glovo. Ese "nosotros", en cambio, no lo forman trabajadores de Glovo. La empresa no tiene contratados laboralmente a sus mensajeros, sino que estos tienen que ser autónomos para repartir para la multinacional. Lo mismo ocurre la mayor parte de las grandes empresas del sector (Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart), excepto Just Eat, que tiene un modelo laboral sobre todo basado en la subcontratación. Estas grandes plataformas de reparto se multiplicaron por las principales ciudades españolas e impusieron su modelo de autónomos. Con el tiempo, los repartidores empezaron a movilizarse, con especial actividad en Barcelona y después otras grandes ciudades, para reclamar más derechos a las empresas. Era 2017, el germen de RidersxDerechos, movimiento de mensajeros que ha liderado las movilizaciones contra el abuso de los falsos autónomos en estas compañías, de la mano al principio de sindicatos minoritarios como IAC e Intersindical y más tarde de otras organizaciones más grandes, como UGT. En diciembre de 2017 llegó la primera acta de la Inspección de Trabajo que concluía que los repartidores de Deliveroo en Valencia eran falsos autónomos. Tras esta, se sumaron muchas más denuncias y la autoridad laboral llevó a cabo una amplia investigación del modelo de contratación de las grandes empresas del sector (Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Stuart y Amazon) en numerosas ciudades españolas. Su conclusión era la misma: los repartidores eran falsos autónomos. En consecuencia, exigieron a las multinacionales el dinero impagado a la Seguridad Social por las cotizaciones sociales de los trabajadores.La Inspección de Trabajo ha destapado en estos años al menos 18.000 falsos autónomos en estas empresas. En concreto, 17.957 personas dadas de alta como asalariadas hasta el mes de enero, según fuentes conocedoras de las investigaciones. Los expedientes liquidatorios, por las cuotas dejadas de ingresar a la Seguridad Social, sumaban entonces un total de casi 26 millones de euros (25.987.401). En paralelo, los tribunales comenzaron a resolver multitud de denuncias de repartidores y los recursos de las empresas a las actas de la Inspección de Trabajo. Tras ese primer juicio de Víctor Sánchez en Valencia, una larga lista de sentencias concluyó que los mensajeros debían estar contratados como asalariados. Al menos "47 sentencias", apuntan desde RidersxDerechos, del listado que han ido haciendo en todos estos años. Los magistrados sostenían que los riders no eran independientes. El algoritmo que asigna el trabajo a los repartidores se destapó como la "mano invisible" de la empresa, que organizaba, dirigía e incluso penalizaba a los trabajadores. Eran falsos autónomos. Así lo indicó finalmente el Tribunal Supremo. El órgano que sienta jurisprudencia en España se posicionó sobre el modelo laboral de los riders en septiembre de 2020, por la denuncia de un ex repartidor de Glovo, un momento muy esperado dado que había algunas sentencias que habían respaldado a las plataformas en instancias inferiores. El Alto Tribunal analizaba el modelo laboral de la empresa, muy similar al de sus competidoras, y rechazaba la relación de autónomos y de las empresas como meras intermediarias. Estos años permitieron también visibilizar las situaciones más precarias que albergan estas empresas, como los accidentes sin ninguna protección social y la vulnerabilidad de los mensajeros que alquilan cuentas, a menudo migrantes o demandantes de asilo sin permiso de trabajo. Una realidad que se conocía como bastante extendida entre los repartidores, que no solían denunciarla para no poner en el foco a este eslabón más precario, pero que las empresas negaban. Hasta la muerte de Pujan, un joven nepalí que falleció en mayo de 2019 mientras repartía en Barcelona. Glovo acabó reconociendo que no estaba registrado y podía estar repartiendo con una cuenta alquilada. Pese a todas las resoluciones judiciales existentes y las actas de la Inspección de Trabajo (que las compañías recurren y demoran en el tiempo), las multinacionales como Glovo y Deliveroo han seguido funcionando con su modelo de autónomos. Glovo terminó saliéndose de CEOE por acordar la Ley Rider y está formando una asociación empresarial con otras compañías sancionadas por usar falsos autónomos. En estos meses, la multinacional dirigida por Oscar Pierre pidió a las organizaciones de repartidores afines a las empresas (Asoriders, APRA, AAr y Repartidores Unidos) que se movilizaran contra la nueva legislación, que en Glovo siempre han ligado con una pérdida de puestos de trabajo y de salario de los mensajeros. Este 11 de mayo hay de protestas convocadas en nueve ciudades. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció desde el inicio de su mandato la voluntad de legislar sobre esta materia, para impedir el abuso de falsos autónomos en plataformas digitales. La sentencia del Supremo sirvió al Ministerio de respaldo en las negociaciones con los agentes sociales, que se demoraron mucho más de lo esperado. Seis meses después de comenzar, en un contexto de pandemia, Trabajo cerró un acuerdo con los sindicatos y las patronales mayoritarias en marzo para regular expresamente el estatus laboral de los repartidores de estas plataformas digitales de reparto. En el camino, con una negociación difícil en la que también hubo obstáculos dentro del Gobierno, la legislación se fue moldeando. En un inicio, Trabajo quería plantear una regulación más amplia, que afectara a trabajadores de plataformas de distintos ámbitos, pero al final se acordó acotarla (de momento) solo al reparto. Los empresarios retrasaron la negociación sumidos en la incertidumbre, ya que representaban a compañías y patronales con intereses opuestos. Finalmente, la CEOE respaldó el refuerzo de la laboralidad de los trabajadores en este sector específico, sobre el que se había pronunciado el Supremo. Los sindicatos CCOO y UGT cedieron en la limitación de la ley a los riders, que confían ampliar en un futuro, pero también consiguieron un paso decisivo para ellos. La legislación reconoce el derecho de información a los representantes de los trabajadores de cómo funcionan los algoritmos en lo que respecta a las condiciones laborales. La ministra Yolanda Díaz ha puesto en valor este elemento como un paso que coloca a España en la vanguardia del derecho laboral en Europa, ya que es el primer país en legislar sobre la materia.Este martes, tras dos meses del acuerdo con los agentes sociales, el Consejo de Ministros firmará por fin la llamada Ley Rider. El Ministerio de Trabajo confía en enterrar con ella el abuso de los falsos autónomos sobre dos ruedas y mochila a espalda. El Ejecutivo da tres meses a las empresas para adaptarse a la nueva legislación, hasta mediados de agosto. Está por ver cómo responderán las grandes empresas del reparto.
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Claves para entender el aumento ahora de la tensión y los disturbios en Jerusalén
El viernes, alrededor de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, estallaron protestas que acabaron con 205 civiles palestinos y 17 policías israelíes heridos. La policía incluso entró dentro de la mezquita y disparó material antidusturbios. Las protestas continuaron a lo largo del fin de semana y la escena de los disturbios dentro de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado en el islam, se ha repetido este lunes, dejando más de 300 palestinos heridos. La tensión ha aumentado cuando Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, ha lanzado un ultimátum a Israel para retirar a los agentes de la mezquita. Israel no se ha replegado y Hamás ha disparado varios cohetes, algunos de ellos hacia Jerusalén, a lo que Israel ha respondido bombardeando la Franja de Gaza y provocando 20 fallecidos, nueve de ellos menores, según han denunciado las autoridades palestinas. Además, este lunes Israel celebraba el Día de Jerusalén, en el que conmemora la victoria sobre la ciudad en la guerra de 1967. Decenas de jóvenes palestinos se han congregado para impedir el paso de una marcha ultranacionalista judía, que finalmente ha tenido que cambiar de ruta.Las actuales protestas en Jerusalén tienen su origen en el posible desahucio de ocho familias palestinas  –87 personas, entre ellas 24 menores, según activistas– del barrio de Sheikh Jarrah, situado en Jerusalén Este, con el objetivo de entregar esas tierras a colonos judíos. La situación de cuatro de estas familias es más urgente, con los tribunales a punto de tomar una decisión.El Tribunal Supremo ha retrasado este lunes una sesión en la que se iba a pronunciar sobre el desahucio inminente de estos cuatro hogares. Tribunales de menor instancia ya han aprobado el desalojo. El Supremo, por su parte, había pedido a las cuatro familias que llegasen a un acuerdo con la organización israelí que reclama los hogares de los palestinos, pero estos se niegan."El juez ha ordenado que ambas partes deben llegar a un acuerdo mediante el cual las familias de Sheikh Jarrah admiten que la organización de los colonos tiene la propiedad y que les paguen un alquiler. Nosotros, las cuatro familias de Sheikh Jarrah, rechazamos las condiciones de ese acuerdo porque estos son nuestros hogares y los colonos no son nuestros caseros", señalaron las familias afectadas en un comunicado. La expulsión de ciudadanos palestinos de Jerusalén Este, ocupada por Israel, no es un asunto nuevo. "Según una investigación de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2020 al menos 218 hogares palestinos en Jerusalén Este, incluidas las familias de Sheikh Jarrah, tuvieron casos de desahucios en su contra en los tribunales. La mayoría de estos casos han sido iniciados por ‘organizaciones de colonos’, y han situado a 970 personas, incluidos 424 menores, en riesgo de desplazamiento", señaló la semana pasada Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos."La transferencia de partes de la población civil de la potencia ocupante al territorio que ocupa está prohibida bajo el derecho humanitario internacional y puede constituir un crimen de guerra", dijo Colville. "Nos gustaría enfatizar que Jerusalén Este sigue siendo parte del territorio ocupado palestino, en el cual se aplica el derecho internacional humanitario. La potencia ocupante no puede confiscar propiedad privada en el territorio ocupado y debe respetar la legislación del país. Esto significa que Israel no puede imponer su propio conjunto de leyes en territorio ocupado para desahuciar a palestinos de sus hogares".Cuando estalló la guerra en 1948, muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus casas. La mayoría eran árabes que dejaban sus tierras en la parte occidental de la línea de armisticio, pero también hubo algunos judíos que salieron de la parte oriental de dicha línea (Jerusalén Este).En muchos casos, los refugiados judíos recibieron compensación por sus tierras, según informa Haaretz. Por otro lado, en 1956, el Gobierno de Jordania, con ayuda de Naciones Unidas, reubicó a parte de los refugiados palestinos en Sheikh Jarrah, que a cambio renunciaron al estatus de refugiado. Años más tarde, en la guerra de 1967, Israel ocupó Jerusalén Este y se lo anexionó por ley en 1980, decisión que fue denunciada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que no reconoció la decisión unilateral de Israel. El teniente de alcalde de Jerusalén, Aryeh King, activista proasentamientos, ha llamado "okupas" a los palestinos de Sheikh Jarrah. King es el mismo que durante las protestas de la semana pasada le dijo a un activista palestino que era "una pena" que no le hubiesen disparado en la cabeza: "¿Te han quitado la bala del culo? Es una pena que no fuese aquí [apuntando a la cabeza]". El activista había recibido en el pasado un disparo. El vídeo fue grabado por un periodista de +972 Magazine.El proceso actual de desahucio en Sheikh Jarrah, al igual que otros ocurridos en Jerusalén Este, se basa en la aplicación de dos leyes: la Ley de Propiedad de Ausentes y la Ley de Asuntos Legales y Administrativos de 1970. La primera permitió a Israel quedarse con las propiedades de Jerusalén Oeste que dejaron los palestinos desplazados en la guerra. La segunda, por el contrario, permite a los judíos israelíes reivindicar la propiedad sobre tierras que supuestamente tenían antes de la guerra de 1948 en Jerusalén Este y que dejaron atrás con la guerra."La Ley de Propiedad de Ausentes y la Ley de Asuntos Jurídicos y Administrativos se aplican de forma intrínsecamente discriminatoria, basándose únicamente en la nacionalidad u origen del propietario", denunció Colville.Con estas leyes, organizaciones de colonos judíos, en este caso Nahalat Shimon, empezaron a comprar los derechos sobre esas tierras de Jerusalén Este a sus herederos originales para después recurrir a los tribunales y expulsar así a las familias palestinas que viven allí desde hace décadas.Según han informado varias organizaciones de derechos humanos, Nahalat Shimon, que ya logró el desahucio de alrededor de 67 palestinos en 2008 y 2009, presentó un plan de urbanismo para demoler las casas de los palestinos en Sheikh Jarrah y construir 200 hogares para colonos israelíes.La ONU ha calificado lo ocurrido de posible "crimen de guerra" y recuerda que "todas las resoluciones y medidas administrativas y legislativas de Israel, la potencia ocupante, que han alterado o pretenden alterar el carácter y estatus de Jerusalén Este, incluida la expropiación de tierras y propiedades, son nulos, carentes de valor y deben dejarse sin efecto de inmediato"."Estas acciones son ilegales bajo el derecho internacional humanitario y solo sirven para alimentar las tensiones sobre el terreno", señaló el fin de semana el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano. Por su parte, el cónsul británico en Jerusalén visitó el barrio de Sheikh Jarrah y afirmó: "Jerusalén Este está ocupada y está siendo anexionada de manera ilegal. Las leyes de urbanismo y restitución no son justas y violan las obligaciones de Israel como potencia ocupante".EEUU también se ha pronunciado sobre el asunto, aunque con mucha menos contundencia respecto a su tradicional aliado. "Estamos muy preocupados ante el posible desalojo de familias palestinas en Sheikh Jarrah y Silwan, muchas de las cuales han vivido ahí durante generaciones. Es fundamental evitar pasos que aumenten la tensión o que nos alejen de la paz. Esto incluye los desalojos en Jerusalén Este, los asentamientos, la demolición de casas y los actos de terrorismo", ha señalado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.La cuestión de Sheikh Jarrah que ha desencadenado el estallido final de los disturbios ha ido precedida de un mes de tensiones en la ciudad de Jerusalén, convertida en la clave del conflicto entre la Autoridad Palestina e Israel.El 12 de abril, coincidiendo con el comienzo del Ramadán, se produjeron enfrentamientos en la Puerta de Damasco cuando las autoridades impideron a los musulmanes celebrar la fiesta en este punto tradicional de la ciudad, lo que para muchos se convirtió en símbolo de humillación. Los disturbios duraron varios días. La tensión siguió aumentando cuando se viralizó un vídeo de un joven palestino dando una bofetada a un ultraortodoxo. Incidentes como estos se han ido repitiendo en los últimos días hasta llegar a la situación actual. Uno de los más destacados se produjo a principios de abril, cuando el diputado Ofer Cassif, el único miembro judío de la coalición árabe del Parlamento israelí, participó en una manifestación en Sheikh Jarrah y fue golpeado por la policía.
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La Audiencia de Barcelona rechaza imputar al jefe de los antidisturbios de la Policía por las cargas del 1-O
La Audiencia de Barcelona ha rechazado imputar al jefe de los antidisturbios de la Policía Nacional, al comisario responsable de la unidad de Información y al jefe de su brigada provincial de Barcelona por las cargas policiales del referéndum del 1 de octubre de 2017 en la capital catalana. Los magistrados desestiman la petición de la Generalitat y de varios heridos de investigar a los tres mandos al concluir que no hay indicios de que se dieran órdenes para actuar "con contundencia" a los agentes ni tampoco que se diseñara un operativo "severo y violento".En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona confirman la negativa del juez instructor, que mantiene investigados a una cincuentena de agentes, a imputar a los tres responsables policiales. La eventual responsabilidad de las lesiones de los ciudadanos, argumentan los togados, es de los agentes y de sus mandos que actuaron en cada una de las escuelas, pero no de sus jefes que no estuvieron sobre el terreno.Casi cuatro años después el referéndum del 1 de octubre de 2017 sigue coleando en los juzgados. No solo para los altos cargos del Govern, sino también para decenas de agentes antidisturbios de la Policía y de la Guardia Civil. En el caso de la investigación de Barcelona, la más voluminosa de todas las abiertas en juzgados catalanes, los agentes de mayor rango investigados son los ocho inspectores jefe de los antidisturbios que comandaron a sus respectivas unidades en los centros de votación. La Generalitat y acusaciones particulares de los heridos querían ir un paso más allá en la cadena de mando e imputar a los tres mandos máximos –el jefe de la unidad de antidisturbios y los dos de la brigada de Información– al considerarlos responsables del diseño del operativo.Los magistrados rechazan las pretensiones de las acusaciones para crear una causa global sobre la actuación policial el 1-O. Los casos de "uso de violencia innecesaria y desproporcionada" y de "extralimitación de la fuerza" por parte de los agentes "deberán valorarse en cada colegio electoral y en cada caso", resaltan los jueces. Pero tras una larga instrucción, añaden, no se han encontrado indicios de que hubiera una "instrucción concreta" por parte de los responsables del operativo para actuar "con contundencia o una mayor violencia que la imprescindible" para impedir la votación, tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).Para llegar a esta conclusión los magistrados se apoyan en tres patas. Los ocho inspectores jefes investigados han declarado que las órdenes de sus superiores para actuar el 1-O estaban basadas en los principios de proporcionalidad, oportunidad y empleo progresivo de los medios de fuerza. Así constaba además en la instrucción previa al 1-O redactada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien ante ante el juez se responsabilizó del operativo pero al que ninguna acusación, recuerdan los jueces, ha solicitado imputar. Y en tercer lugar, el informe posterior sobre el dispositivo, elaborado a requerimiento del juez por el coordinador del operativo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, resalta que a los agentes se les dieron instrucciones para actuar de forma proporcionada. En suma, los jueces descartan "la existencia de una instrucción concreta de actuar el 1 de octubre de 2017 con contundencia y violencia", y en consecuencia no ven necesaria la imputación de los tres jefes policiales al no haber indicios de criminalidad contra ellos. "No hay ningún dato que permita afirmar la existencia de un operativo policial diseñado expresamente para impedir el ejercicio de derechos, más allá del hecho de votar que constituía el objeto del mandato judicial [del TSJC], ni para imputar las lesiones causadas a los ciudadanos a los mandos superiores", abunda la Sala.Cabe recordar que los mismos magistrados, a lo largo de los tres años y medio de instrucción del caso, han instado al juez instructor a reabrir varias piezas archivadas por las cargas en distintas escuelas para indagar en la cadena de mando del dispositivo con el objetivo de "profundizar en la investigación" y averiguar "las órdenes concretas" que recibieron los agentes actuantes. Una vez se ha completado una investigación a fondo, la conclusión es que no hubo una orden general para actuar con violencia, sino actuaciones concretas desproporcionadas en algunos de los 27 colegios de la capital catalana donde intervino la Policía. Antes de que el juez cierre por completo la instrucción del caso y decida a cuántos agentes envía a juicio, los magistrados tendrán que resolver otros recursos planteados tanto por las acusaciones de los heridos como por la Fiscalía. Es el caso de la negativa del juez a atender la petición de la Fiscalía y de archivar toda la causa de las cargas del 1-O salvo para seis agentes. De momento el instructor ya cuenta con el espaldarazo de la Audiencia de Barcelona para no imputar a los tres jefes policiales.
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El fracaso de la negociación con ERC para entrar al Govern agudiza las diferencias entre sectores de Junts
"Los partidos políticos hoy no son sectas y hay, afortunadamente, opiniones diversas y plurales, en todos los partidos", ha afirmado este lunes el secretario general de Junts, Jordi Sànchez. "En Junts per Catalunya los acuerdos los toma la ejecutiva y todas las decisiones tomadas hasta ahora por unanimidad son para llegar a un acuerdo de Govern", ha añadido, despejando así la pregunta de la periodista Laura Rosell en El Matí de Catalunya Ràdio sobre las divergencias entre los sectores de su partido sobre la repetición electoral. Sin embargo, más allá de la posición oficial, durante la última semana en la que las tensiones con ERC han crecido hasta hacer descarrilar la negociación, las diferencias entre sectores internos de la formación se han agudizado y han subrayado la existencia de hasta tres grupos con opiniones distintas sobre qué hacer con la investidura de Pere Aragonès.Durante la mayor parte de las 11 semanas que ha durado la negociación, Sànchez y la dirección de Junts han mantenido un discurso que aseguraba, por una parte, que buscaban un acuerdo con ERC para entrar al Govern y, a la vez, que si ese pacto se mostraba imposible investirían a Aragonès para evitar una repetición electoral. Con este equilibrio, Sànchez trataba de aunar a la corriente más favorable a una incorporación de Junts al nuevo Ejecutivo, posición representada principalmente por actuales consellers como Meritxell Budó o Damià Calvet, junto a aquellos que ponían más pegas a la coalición, como los números dos y tres de la lista electoral, Laura Borràs y Joan Canadell.Pero en la posición de Junts, que hacía equilibrios entre la exigencia a ERC y la garantía de nuevas elecciones, acabó abriéndose una vía de agua en la rueda de prensa del partido del lunes pasado, cuando la portavoz Elsa Artadi aseguró que cualquier decisión que acabase tomando la formación debía ser avalada por las bases. Incluyendo facilitar la investidura para evitar la repetición electoral y pasar a la oposición. La afirmación respondía a un clima de opinión que se había instalado incluso en ciertos miembros del equipo negociador de JxCat, que afirmaban que ERC no tenía incentivos para moverse si ya sabía que podía haber una investidura sin acuerdo. Junts quería aumentar la presión en un momento clave de la negociación, cuando Aragonès se había incorporado a las conversaciones y ya se discutía sobre el reparto de carteras.Hasta aquel momento, los republicanos consideraban que el sector que apostaba por entrar en el Govern se había impuesto. Así se lo habían trasladado, de hecho, algunos negociadores, favorables al acuerdo pero también más beligerante. Sin embargo las palabras de Artadi pusieron en guardia a los republicanos, que comenzaron a temer que los equilibrios internos de Junts podrían haber cambiado súbitamente. Un día después, Joan Canadell escribía un mensaje en Twitter que no pasó desapercibido: "No sé q decidirá la militancia de Junts. Dependerá de cuál sea el acuerdo que nos presente. Todos sabemos que el 52% nos emplaza a culminar el proceso, pero si esto no lo acepta ERC, muy probablemente no estaremos en Govern o habrá que repetir elecciones y que hable la ciudadanía...". El miércoles, cuando las conversaciones se retomaron, Artadi acudió junto a Canadell a la reunión en el Parlament. Los republicanos temieron lo peor. Tras una semana en que las negociaciones apenas avanzaron, el pasado viernes Sànchez volvió a repetir el mensaje de Artadi, aunque esta vez de forma más contundente porque ni siquiera descartaba la repetición electoral. "Si la militancia lo avala todo es posible", resumía el secretario general.Aunque la autoridad de Sànchez, que ha dirigido las negociaciones con impronta personal, era capaz de mantener en el mismo barco posiciones tan dispares, lo cierto es que cada sector ha ido enviando mensajes por su cuenta a lo largo de estas semanas. A principios de abril, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, aseguró que su partido estaba "más lejos de entrar en el Govern que de no entrar", unas declaraciones que avivaron la sensación de que Junts se planteaba en serio investir a Aragonès y pasar a la oposición. El propio Sànchez lo había dicho unos días antes: "No vamos a especular con elecciones, si quieren, que gobiernen en minoría", había exclamado el secretario general en una entrevista con La Vanguardia.También Canadell, considerado un verso libre pero con fuerte tirón entre las bases de Junts, ya había marcado perfil con anterioridad. Tres semanas después de las elecciones, el expresidente de la Cámara de Comercio afirmó en su cuenta de Twitter que, después de analizar las propuestas de Aragonès, él no "compartía" la "visión del país" del candidato de ERC. "Si esto lo acepta Junts per Catalunya, yo me descarto para estar en el Govern", remachó el diputado en una serie de mensajes que posteriormente borró.No era el único que remarcaba que el apoyo a ERC no podía ser a cualquier precio. Diversos nombres del entorno cercano de Carles Puigdemont se manifestaron en la misma dirección a lo largo del mes de abril. El exvicepresident del Parlament, Josep Costa, afirmó rotundo: "El país necesita un Govern y estar bien administrado y bien gestionado. Pero si el precio es enterrar definitivamente el 1-O, creo que esto es peor que unas elecciones". Mientras, para Toni Comín, eurodiputado de Junts y mano derecha de Puigdemont en Waterloo, que veía "muy difícil el acuerdo" si ERC no aceptaba "como plan B la hoja de ruta de Junts sobre el desborde democrático".Este bombardeo de mensajes que abrían la puerta a una repetición electoral o a un Govern en minoría de ERC fueron rápidamente replicados, días más tarde, por un aluvión de opiniones del sector más institucional del partido. Una de las que más se ha significado ha sido la consellera de la presidencia, Meritxell Budó, que desde mediados de abril hasta prácticamente la semana pasada ha insistido en que su partido debe formar parte del nuevo Ejecutivo catalán y ha descartado una repetición electoral a toda costa. "Junts tiene que estar en el Govern en la próxima legislatura", afirmó la portavoz del Govern la semana pasada, tras considerar que su partido tiene "vocación de gobierno".El sector de institucional, con los consellers, con la corriente más dura encabezada por el entorno de Quim Torra o el 'freerider' Canadell y con el equipo intermedio que dirige el partido a cuatro manos entre Sànchez y Artadi forman un triángulo que solo se articula gracias al liderazgo total que ejerce Puigdemont. Sin embargo, el expresident apenas se ha referido a la situación política catalana desde que optó por no recoger su acta de diputado catalán, para conservar el escaño europeo. Hasta el momento, el líder en Waterloo había delegado en Sànchez la marcha de las conversaciones, con el convencimiento de que conseguiría algunas de las cuestiones que se consideraban de mínimos, como un buen acuerdo sobre el Consell per la República como actor principal para la dirección estratégica independentista.Sin embargo, un acuerdo amplio que se esperaba ha hecho aguas en las últimas horas y, pese a que Sànchez insiste en que la situación aún se puede reconducir, ERC se muestra dura y exige una investidura antes de continuar con la negociación del Govern. Mientras tanto, el único mensaje lanzado por el expresident ha sido reproducir el comunicado del Consell per la República en el que el organismo afirma que desea un Ejecutivo con todas las fuerzas independentistas y niegan que tengan intención de ejercer tutelas sobre el nuevo president. La dirección de Junts asume que en este momento los escenarios solo son tres: seguir intentando el gran acuerdo que ahora ERC rechaza, intentar un acuerdo de mínimos con o sin entrada en el Govern o presentar ante sus bases un no acuerdo y preguntar explícitamente sobre la investidura. Puigdemont ha evitado hasta el momento entrar públicamente en el debate sobre los próximos pasos, más allá de afirmar este sábado que su partido "se prepara para seguir batallando desde donde haga falta" aunque en la dirección todos son conscientes de que el máximo líder tiene la posibilidad de inclinar la balanza en cualquier consulta a las bases por lo que, sin un acuerdo que presentarles, las repetición electoral en Catalunya está hoy mucho más cerca que el viernes pasado.
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Se acaba el estado de alarma y comienza el estado de jeta constitucional
La victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid no ha tardado más que unos días en tener consecuencias. "Si voy a misa o a los toros, o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Y elegimos dónde, a qué hora y con quién. Vivo así. Vivo en Madrid y por eso soy libre", dijo en la campaña. Ya sin las limitaciones del toque de queda propiciado por el estado de alarma, miles de personas por toda España le tomaron la palabra este fin de semana. Después de catorce meses claustrofóbicos, había llegado la hora de hacer lo que me dé la gana. Y no sólo en Madrid, sino en otras muchas ciudades. Por lo que gritaron, se lo pasaron en grande. Quién dijo que no te lo puedes pasar bien durante una pandemia.Los titulares periodísticos hablan de caos para describir la situación creada por el fin del estado de alarma. Quizá sea mejor decir que lo que se ha extendido es el concepto de jeta constitucional o jurídica. Todos interpretan la ley de forma que no sean ellos quienes tengan que dar el primer paso. Algunos, los más osados, sostienen que una ley, orgánica u ordinaria, puede limitar los derechos que aparecen en la Constitución si así lo decide un Gobierno. Se acabó la hora de los valientes. La clase política pretende que si hay que hacer algo, lo hagan todos juntitos para repartir las culpas.El PP llevaba tiempo pidiendo el fin del estado de alarma y el Gobierno de Pedro Sánchez no tenía interés en intentar prorrogarlo con una votación en el Congreso. Los gobiernos autonómicos, excepto el de Madrid, querían seguir contando con el recurso legal que les permitía aprobar el toque de queda y los confinamientos perimetrales. Cada uno de ellos podría pedir ahora el estado de alarma para su territorio, previa votación en el Congreso, pero nadie acepta aparecer como señalado al hacerlo. Sería como admitir un fracaso. "El Gobierno se ha lavado las manos", ha dicho Íñigo Errejón. Es una descripción que se ajusta bastante a la realidad. Sin el voto favorable del PP y después de ver cómo Díaz Ayuso capitalizaba en su favor el hartazgo popular por las restricciones, Moncloa ya no está por la idea de continuar desgastándose. Ha creado una especie de ventanilla judicial con dos etapas –tribunales de justicia de cada región y el Tribunal Supremo– para que los gobiernos convaliden allí sus decisiones políticas. No se alarmen. Los jueces son buena gente. Ellos les atenderán. Pablo Casado ha reiterado su propuesta de un plan B jurídico, una nueva ley general de sanidad, que permita a las CCAA tomar las medidas necesarias aunque no haya estado de alarma. Es una idea que deja perplejos a muchos juristas. Ninguna ley puede vulnerar derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. No es lo mismo limitar los horarios de bares o tiendas que prohibir el derecho a la libre circulación a partir de una hora determinada. No puedes defender que se apruebe una ley que cancele esos derechos. El Tribunal Constitucional se dedica precisamente a tumbar leyes o artículos de leyes que vulneren la Constitución. El PP debería saberlo, pero su pregonado constitucionalismo no le da para tanto. El PP llevó al Congreso en noviembre de 2020 una propuesta de reforma de dos leyes orgánicas con ese propósito. No es que saliera derrotado con los votos de la izquierda, es que además hizo el ridículo. Los portavoces de Vox y Ciudadanos se burlaron de Cuca Gamarra y le dijeron que no sabía de lo que estaba hablando. "Esto al Tribunal Constitucional no le dura ni cinco segundos", le dijo Edmundo Bal, que recordó algo bastante obvio. Sólo los estados de alarma, sitio y excepción permiten suspender derechos fundamentales. De lo contrario, los gobiernos podrían hacerlo cuando quisieran si disfrutaran de mayoría absoluta en el Congreso.En el Partido Popular, ya están acostumbrados a reclamar una cosa y la contraria en cuestión de pocos días. O a veces en la misma entrevista. Pablo Casado llegó a pedir un "mando único sanitario", mientras se negaba a que el Gobierno central impusiera sus criterios sanitarios sobre el Gobierno de Díaz Ayuso. Se le podría llamar el mando único que manda a todos menos a Madrid. Para la situación actual, no quiere oír hablar desde hace tiempo de un nuevo estado de alarma. Da igual que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, haya dicho que "no hubiera costado nada" prolongarlo durante un mes o cinco semanas, porque el PP lo relacionó hace tiempo con un ataque a las libertades, en especial a través de Díaz Ayuso. Siguió el camino trazado al principio por Vox y ya no cree que pueda volverse atrás."Todas las comunidades autónomas tienen los instrumentos suficientes para hacer frente a la pandemia", dijo el lunes Pedro Sánchez desde Atenas en un prodigio de desconexión de la realidad, como demostró minutos antes el Tribunal de Justicia de Canarias al anular las restricciones aprobadas por el Gobierno regional. No se atrevió a utilizar las palabras 'toque de queda'. Eso ya hubiera sido demasiado. Por la mañana, el ministro de Justicia afirmó que la ley de medidas especiales sobre salud pública no ampara la imposición de un toque de queda, algo que no debe sorprender a nadie. Quizá sí a la vicepresidenta Carmen Calvo, que fue profesora de Derecho Constitucional, que dijo lo contrario hace una semana. Claro que Calvo también se dejó llevar por la euforia el sábado para decir que "hay que pensar ya en los abrazos, las empresas y el empleo". Por el bien de la lucha contra la pandemia, no le hagan caso y dejen los abrazos para más adelante.Luego están los listos, los que pretenden sacar algo rentable de toda esta polémica. La patronal del ocio nocturno cuenta con la solución perfecta. Perfecta para ellos. Abrir los interiores de bares y discotecas "y así canalizar de forma ordenada la actividad lúdica y de socialización que se repetirá cada fin de semana". Ellos se juegan su negocio, pero hay que preguntarse qué pasó por la cabeza de los dirigentes de Ciudadanos cuando reclamaron el lunes esta misma medida, "la reapertura organizada, segura y racional del ocio nocturno". Si es racional, mucho mejor que si es irracional. Lo realmente llamativo es que empleen el mismo argumento que la patronal: "Es la forma de evitar el desorden que se vio en las calles el pasado fin de semana tras decaer el estado de alarma", dijo Edmundo Bal. ¿Así que es mejor evitar que la gente se reúna al aire libre en una situación de riesgo bajo, aunque persista el problema de las aglomeraciones, y lo más seguro es agruparlos en el interior de los locales, donde el riesgo de contagio será mayor? ¿La imagen de desorden es mucho peor que el posible aumento de contagios? Lo único que tenemos seguro en estos momentos es que con el estado de alarma nos habíamos evitado el estado de jeta constitucional.
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Seis comunidades salen del estado de alarma con las UCI saturadas tras un año de pandemia
El fin del estado de alarma no significa el fin de la pandemia, y el avance de la vacunación no termina con toda la peligrosidad del coronavirus. España llegó al 9 de mayo, primer día sin el amparo legal de la alarma para decretar confinamientos y toques de queda, con 198 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Un riesgo alto, fruto de mucha disparidad entre comunidades: 35 en la Comunitat Valenciana, 401 en Euskadi. Pero al margen de la incidencia acumulada, otro indicador es más claro sobre la situación. En seis comunidades las UCI están saturadas, es decir, por encima de una ocupación solo por COVID del 25%, lo asociado al "riesgo muy alto" en el semáforo que acordaron el Ministerio de Sanidad y las comunidades. La tendencia en casi todas en los últimos días es a la baja, pero la situación es crítica en la Comunidad de Madrid, un 41,3% de ocupación solo por COVID. Le sigue Euskadi (36,07%), La Rioja (32,08%), Catalunya (32,6%), Aragón (32,17%) y Cantabria (25,42%). Castilla-La Mancha y Castilla y León, ambas con más del 24%, rozan el riesgo muy alto. Algunas de las más afectadas han presionado sin éxito al Gobierno para que mantenga la alarma, que nada más finalizar ha dejado imágenes de fiestas y botellones en diversos puntos del país. Pero el Ejecutivo se ha limitado a habilitar el recurso ante el Supremo, como ha anunciado Canarias, una opción que el propio tribunal ha cuestionado, y ha descartado cambios en la ley que permitan aprobar restricciones que vulneren derechos fundamentales sin estado de alarma.En el otro lado de la tabla, cinco comunidades (Extremadura, Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia y Baleares) están en los índices que el Ministerio considera normales o bajos, hasta el 10% de ocupación. El resto, la tienen entre 10 y 25%, y la media se queda en un 21%, riesgo alto. La inmunización avanza, más del 80% de los mayores de 60 ya tiene una dosis de la vacuna y esto ha aplacado la mortalidad de la cuarta ola. Pero el virus está tan expandido que los datos de la campaña todavía no son suficientes para que las UCI se liberen, además de que el perfil mayoritario de paciente está cambiando a uno más joven con más posibilidad de supervivencia pero que por tanto pasa más tiempo ingresado.Esas ocupaciones por una sola enfermedad suman al cansancio acumulado entre los sanitarios de un largo año de pandemia y trabajo sinfín, e implican que no se puedan atender a otros pacientes con otras patologías adecuadamente, comenta la doctora María Cruz Martín Delgado, presidenta de la Federación Panamericana de Terapia Intensiva y jefa de Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid). El pasado 30 de abril, Euskadi, la segunda en situación más grave en el indicador de UCI, anunció que tenía que suspender al menos por dos semanas la actividad en los quirófanos de los hospitales de toda la región por el repunte de ingresos por coronavirus, algo que no se veían obligados a hacer desde la primera ola."Llevamos dos semanas con los quirófanos a medio gas, no teníamos personal suficiente de UCI para atender los pacientes. Es verdad que no estamos en el peor momento, pero estamos tensionados", señala un enfermero de UCI del Hospital Txagorritxu, en Vitoria. El sanitario explica que en los últimos días la curva de ingresos ha bajado "poco a poco", pero en las unidades de críticos el descenso es todavía más lento. Su centro, además, acoge todavía hoy pacientes derivados de Donosti, donde hace unos 20 días los casos comenzaron a dispararse hasta colapsar el hospital. "En los últimos tres o cuatro días se nota la bajada, pero estamos aún muy llenos", certifica Ricard Ferrer, jefe del área en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva (SEMICYUC).El Ministerio sitúa la barrera de la ocupación extrema en el 25%, pero la doctora Martín Delgado la rebaja a alrededor del 20% porque, explica, antes de la pandemia, la media de ocupación UCI en general en España estaba siempre alrededor de 80%: "Todo lo que vaya más allá del 20% es un extra a todas las patologías que ya tenemos de base. No hay recursos habituales para más, con todo el equipamiento y personal especializado, al menos no mantenidos en el tiempo". Por ejemplo: "La gripe cada invierno podía suponer un 5%, pero cuando llegaba la época ya sabías que iba a ocurrir y que se necesitaba un despliegue. Más de un 5% para una sola enfermedad ya es una ocupación que limita los recursos que tenemos de camas de intensivos".La ocupación de toda la Comunidad de Madrid, ese 41%, es "todavía muy alta y preocupante", valora Martín Delgado. También por el primer factor que mencionaba: el cansancio de los profesionales. "Llevamos un año y dos meses contando los días uno detrás de otro", lamenta Martín Delgado, también ex presidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). "Seguimos viendo a muchas personas ingresar y morir en nuestras unidades. Es muy complicado. Además de profesionales somos personas, y entendemos muchas cosas y que la gente tenga ganas de normalidad. Pero el problema sanitario no está resuelto, las cosas todavía pueden empeorar y al menos pedimos que la gente no se comporte incluso con más celebración de lo que haría en otros momentos de mayor normalidad", añade, en referencia a las imágenes de los festejos por el fin del estado de alarma.En Euskadi la situación es especialmente grave. Aunque la tendencia de los casos indica una bajada, ha salido del estado de alarma con el doble de incidencia de la media de España y una ocupación de UCI (36%) que supone cien pacientes críticos más que cuando entró. Eso preocupa al Gobierno vasco, que ha intentado sin éxito presionar para intentar mantener la alarma y al que la justicia ha tumbado el toque de queda y cierre perimetral que quería mantener. Y para los sanitarios, pensar en un incremento de ingresos agudiza el agotamiento que arrastran desde hace más de un año: "Nos sentimos cansados y frustrados, también enfadados porque escuchamos esto de que hay que convivir con el virus, y es comprensible, pero hay una diferencia entre encerrarse en casa e incumplir las normas sanitarias", añade el enfermero de Vitoria.Desde el Vall d'Hebron, Ferrer confía en que se consolide la bajada de ingresos en las UCI "que estamos viendo en estos últimos días", pero advierte de que "tenemos por delante varias incertidumbres que no sabemos cómo van a afectar". Entre ellas, el fin del toque de queda –Catalunya lo ha descartado aunque mantiene el límite de reuniones de seis personas–, pero también la vacunación, que avanza con ritmo. "Debemos evitar que en estas semanas que nos quedan hasta que se logre la inmunidad de grupo haya un incremento de los contagios que vuelva a tensionar las UCI", piensa el intensivista, que recuerda que las unidades de críticos, al menos en comunidades como Catalunya o Madrid, no han llegado a niveles mínimamente "aceptables" de ocupación en ningún momento de la pandemia.Cuando salimos del primer estado de alarma estatal por COVID-19, España contaba 8 casos por cada 100.000 habitantes. Del segundo, este 9 de mayo, casi 200. Pero la incidencia, coinciden expertos, es un indicador actualmente desvirtuado por el efecto de la vacunación: la tasa de casos ya no se corresponde exactamente con la tasa de hospitalización, como sí lo hacía cuando el virus circulaba a su libre albedrío. "Sigue siendo importante", indican desde la Sociedad Española de Salud Pública SESPAS, porque las incidencias muy altas "nos estarán diciendo la velocidad a la que se transmite el virus, el riesgo de posibles escapes a vacunas, y el riesgo de saturación de hospitales, que si circula muy alta puede pasar a no ser aceptable entre jóvenes incluso". Pero habrá que tomar como referencia, principalmente, los excesos de mortalidad y ocupación hospitalaria para hacer una foto fija del virus, y actualmente éstas señalan el riesgo extremo todavía en varias comunidades.
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Los argumentos de los jueces para avalar restricciones en unas comunidades y tumbarlas en otras
Tras seis meses en vigor, el paraguas jurídico que ha amparado limitar la movilidad y otros derechos fundamentales para hacer frente a la pandemia decayó el pasado domingo. Sin estado de alarma, las autoridades tienen que someter a ratificación de los jueces las restricciones a la vida social que restrinjan libertades y derechos fundamentales, lo que ha derivado en un goteo de decisiones sujetas a diferentes interpretaciones de un mismo marco legislativo mientras el Gobierno descarta cambios legales e insiste en que las comunidades tienen herramientas para afrontar la pandemia. En el plano jurídico, el debate de fondo es si la ley orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, —pensada para casos individualizados e individualizables— supone la cobertura legal suficiente como para amparar medidas de aplicación general e indiscriminada a la ciudadanía como cierres perimetrales o toques de queda. Pero esta no es la única cuestión que tienen en cuenta los jueces para ratificar las medidas. Han de valorar si las restricciones respetan los parámetros de justificación, idoneidad y proporcionalidad que la doctrina del Tribunal Constitucional exige para que se puedan limitar derechos fundamentales fuera de una situación de excepción. La ley de 1986 faculta a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que considere "necesarias" —sin especificar cuáles— en caso de "riesgo de carácter transmisible". Este ha sido el principal precepto empleado por las autonomías para dar cobertura legal al abanico de medidas aprobadas en los últimos días, una vez que ha expirado el estado de alarma. Y, por ahora, la mayoría de los tribunales se han decantado por considerarlo suficiente siempre que no haya una suspensión de libertades y derechos fundamentales. Es decir, siempre que se produzca una limitación, pero no una privación completa de libertades y derechos. Lo que sigue es una recopilación por territorios de los argumentos que han utilizado los jueces para avalar o tumbar las restricciones propuestas: Euskadi. Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) es el único que ha rechazado las medidas propuestas por las autoridades sanitarias con el argumento de que el actual ordenamiento jurídico no permite que las comunidades autónomas puedan acordar "medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado" fuera del estado de alarma. Con esta interpretación, tres jueces de la sala de lo Contencioso-Administrativo acordaron por unanimidad tumbar el plan del lehendakari Iñigo Urkullu para mantener el cierre perimetral y el toque de queda. Según la resolución, la expresión de la ley de 1986 relativa a la posibilidad de que la autoridad sanitaria tome las medidas "necesarias" en caso de riesgo de carácter transmisible representa "un cajón de sastre carente de precisión, que podría afectar con carácter general a un amplio número de ciudadanos y a cualquier derecho fundamental" y es "una regulación que carece de precisión al limitarse a apoderar a la autoridad sanitaria sin señalar limitación alguna a las medidas ni garantías a respetar" lo que, a su juicio, es contrario a doctrina del Tribunal Constitucional recogida en varias sentencias. Urkullu se resiste a acudir al Tribunal Supremo, una vía abierta por el Gobierno con el decreto ley que planteó para sea el alto tribunal el que unifique doctrina.Canarias. También el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbó la propuesta del Ejecutivo regional de mantener el toque de queda y la restricción de entrada y salida de personas en las islas en los niveles de alerta 3 y 4 pero con un razonamiento diferente. En este caso, sin embargo, los jueces sostienen que las autonomías sí son competentes para restringir derechos fundamentales "por razones de salud pública" y recuerdan, a diferencia de lo que hace el TSJ del País Vasco, que el Constitucional ha aceptado que por ley orgánica se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales sin necesidad de acudir a la excepcionalidad constitucional. No obstante, el tribunal canario deniega las citadas medidas al considerar que no se ajustan al "principio de proporcionalidad". Respecto a las restricciones para viajar, entienden sus magistrados que la medida establece "un régimen jurídico que discrimina", puesto que la restricción opera en los viajes desde el exterior de las islas hacia éstas, pero no afecta a quienes viajen entre islas o accedan desde el exterior pero con una reserva turística. Y sobre el toque de queda —que definen como "un verdadero confinamiento por la sola razón del horario"— sostienen que no está "debidamente justificado" porque el Ejecutivo regional no ha motivado que las conductas de riesgo "resulten aún más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno o las inocuas dejen de serlo porque el día dé paso a la noche". El Tribunal Superior canario sí avaló, sin embargo, la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto y el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre. Tras conocer este auto, el Gobierno canario anunció que interpondría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que, hasta que hubiera una resolución del Alto Tribunal, las medidas seguirían vigentes. Pero este lunes, en una nueva resolución, el TSJC recordó al Ejecutivo regional que las medidas no pueden ser aplicadas sin ratificación judicial y afirmó que un eventual recurso ante el Supremo no paraliza cautelarmente su decisión. "Si no hay aval, la norma no puede surtir efectos", sostiene el tribunal autonómico. Islas Baleares. La prórroga del toque de queda —con la prohibición de circular por las calles entre las 23.00 y las 6.00— y de la limitación a seis personas de las reuniones en espacios públicos y privados sí ha contado con el aval de los jueces en Baleares, que fue la primera comunidad en recibir esa ratificación judicial. En contra del criterio de la Fiscalía, una mayoría de jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo autorizó estas medidas al considerar que la legislación sanitaria da cobertura para ello y, además, eran proporcionadas en una situación en la que "está en juego el derecho fundamental a la vida". "El derecho ordinario presta cobertura normativa respecto a medidas limitativas de derechos fundamentales", dice la resolución, que añade que rechazar la cobertura de la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública por su "generalidad" supone "impedir hasta la más mínima limitación o afectación del derecho fundamental por Ley Orgánica, norma señalada directamente por la Constitución y prevista incluso para su regulación". La resolución cuenta con un voto particular de dos magistradas que cuestionan la proporcionalidad de las medidas porque se aplican de manera indiscriminada en todo el archipiélago cuando actualmente se da "un nivel de riesgo medio y una incidencia estabilizada en Mallorca y nula en Formentera". Comunitat Valenciana. También los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) avalaron el toque de queda a medianoche y reuniones limitadas a 10 personas con el argumento de que la Ley de Salud Pública de 1986 proporciona suficiente cobertura normativa para adoptar estas restricciones a los derechos fundamentales y que esas medidas son "idóneas, necesarias y proporcionadas" para atajar la transmisión del virus. En su resolución, los jueces se pronuncian sobre lo que llaman el "debate de moda" sobre si las ley sanitaria permite limitar libertades y derechos fundamentales. Y aunque afirman que lo "deseable" hubiera sido "una producción normativa idónea y ad hoc que solvente los problemas interpretativos y evite la consecuente contradicción de criterios", sostienen que el hecho de que esa norma no especifique las concretas medidas limitativas de derechos fundamentales que pueden acordarse revela que es "un precepto adaptable a las circunstancias particulares de cada caso y a la situación epidemiológica de que se trate". Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), con el visto bueno de la Fiscalía, también ha permitido la prohibición de reuniones de más de seis personas en Catalunya y la limitación del aforo en los actos religiosos al 50%. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC indicó que las medidas planteadas por la Generalitat "conllevan un cierto relajamiento en comparación con las adoptadas en periodos anteriores" y tienen una "levísima repercusión" en los derechos fundamental de reunión y de libertad religiosa, por lo que no había impedimento para autorizarlas basándose en la ley ordinaria. Extremadura. La última ratificación judicial conocida hasta la fecha es la de Extremadura, donde el tribunal superior autonómico avaló este lunes el plan anti-COVID-19 de la Junta, que incluye el cierre perimetral de los municipios de Ahigal, Jaraíz de la Vera y Piornal en la provincia de Cáceres y de Oliva de Mérida y Palomas en la provincia de Badajoz; así como la limitación de diez personas en las reuniones, salvo para los grupos de convivientes. Sobre los cierres perimetrales, la Sala indicó que "existe un riesgo inminente y extraordinario que justifica la adopción de las medidas adoptadas"; mientras que en relación a la limitación de las reuniones los jueces sostienen que "existe un equilibrio entre las medidas que se adoptan y la razón última que las justifica que es evitar el riesgo de contagios y el avance descontrolado de la enfermedad" y que esa medida "no supone una limitación absoluta de los derechos fundamentales", sino una limitación. 
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El fin del estado de alarma revela discrepancias en el Gobierno y le enfrenta a sus socios de investidura
El fin del estado de alarma que expiró el pasado fin de semana y la decisión del Gobierno de no buscar una prórroga no solo incomoda a sus socios parlamentarios y algunos presidentes autonómicos sino que ha abierto divergencias en el propio Consejo de Ministros. Con los socios de la investidura ya hubo roces en algunas otras medidas decretadas durante la pandemia pero ahora los aliados de la coalición asisten con perplejidad a la situación planteada por el Gobierno que antes de pasar por el trámite de buscar apoyos para alargar el estado de excepción decidió solventarlo con un decreto ley que pretende que el Tribunal Supremo armonice las restricciones y para el que, de momento tampoco tiene los apoyos amarrados.Al igual que dejó claro que no prorrogaría el estado de alarma que había estado vigente durante seis meses para hacer frente a la tercera y la cuarta olas de la pandemia, Sánchez ha descartado hacer reformas legales para afrontar su recta final, tal y como le reclaman algunos partidos. El PP insiste en defender su plan jurídico, que fue desbaratado por el Congreso y no contó el apoyo de ninguno de los grandes partidos, ni siquiera Vox y Ciudadanos, que lo criticaron muy duramente. Pero este lunes ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un artículo en El País el que se deslizó por esa vía. "El Gobierno de España tiene claro que todas las comunidades en este estadio tienen los instrumentos suficientes para hacer frente a la pandemia", dijo Sánchez en su comparecencia a media tarde. "Tenemos instrumentos suficientes para hacer frente a cualquier contagio", subrayó el presidente.La duda que aún queda sin resolver es hasta dónde pueden llegar los gobiernos autonómicos en base a la legislación ordinaria, que permite establecer limitaciones para hacer frente a la epidemia siempre y cuando cuente con ratificación judicial. El Gobierno aprobó vía decreto ley una modificación para que las autonomías puedan recurrir al Tribunal Supremo en caso de que los correspondientes tribunales superiores de justicia tumben sus propuestas. Sin embargo, dentro del propio Ejecutivo existen discrepancias sobre el alcance de dichas limitaciones. El titular de Justicia considera, por ejemplo, que el toque de queda no tiene cabida sin estado de alarma. Ese criterio casa con lo que inicialmente planteó el propio Sánchez, cuando admitió el 21 de abril que, según el criterio del Ejecutivo, la limitación de la movilidad nocturna solo se puede llevar a cabo a través de esa herramienta constitucional. Sin embargo, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró unos días después en una entrevista en elDiario.es que las comunidades "con la legislación sanitaria de nuestro país en la mano, comunicando a la autoridad pertinente y pidiéndole permiso para determinadas situaciones, lo pueden hacer". "Es evidente que las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar, proponer y decidir a los tribunales situaciones, como el toque de queda, como los confinamientos, como cualquier circunstancia que limite derechos y libertades", explicó en la rueda de prensa en la que anunció el decreto. "El Gobierno (...) tiene la percepción de que nuestros tribunales han operado en una dirección no solo garantista, sino ayudando y comprendiendo las decisiones que los ejecutivos han ido tomando. Salvo alguna situación puntual, los tribunales han ido acompañando las decisiones de los ejecutivos cuando han afectado a derechos, a la libertad deambulatoria, a libertades públicas para proteger a la población de la pandemia", agregó la vicepresidenta.Este mismo lunes, después de que distintos tribunales superiores así como la Fiscalía dictasen resoluciones contradictorias sobre las decisiones que han empezado a tomar las distintas autonomías, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, emplazaba al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a solicitar el toque de queda para evitar desmadres como los ocurridos en la capital este fin de semana. González se ha referido a que cinco comunidades autónomas lo habían planteado una vez finalizado el estado de alarma. Las medidas implementadas en esas comunidades recibieron respuestas dispares en los tribunales. Por ahora los jueces solo lo han autorizado en Baleares y la Comunitat Valenciana, mientras que lo han rechazado en Euskadi y Canarias. El lehendakari, Iñigo Urkullu, desistió y no recurrió la decisión. En el caso del canario Ángel Víctor Torres sí lo ha elevado al Supremo y aunque pretendía mantener el toque de queda hasta que el Alto Tribunal se pronunciara, ha tenido que acabar desistiendo tras la advertencia del TSJC. La Fiscalía se ha opuesto a la medida en Navarra, que espera el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia. El mensaje que ha enviado el ministro de Justicia es que las comunidades pueden solicitar la activación del estado de alarma en sus territorios. "Es una posibilidad específicamente prevista en nuestra legislación, que el Gobierno central ya se ha comprometido a apoyar. Por tanto, ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos", argumenta Campo en su tribuna periodística. "Si entienden que el toque de queda es la solución, que lo pidan al Gobierno", reiteró posteriormente en una entrevista en La Sexta. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, había descartado esa opción cinco días antes. "Habrá que ir evaluando la situación en todo momento, pero por ahora entendemos que las medidas que tienen a su disposición conforme a la legislación ordinaria las comunidades autónomas junto con el decreto ley aprobado ayer son medidas suficientes para mantener el virus a raya", expresó Darias en una rueda de prensa en la que también alegó que la alarma está pensada "para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die", recordó las "duras críticas" que recibió el Gobierno cuando lo planteó para seis meses y se escudó en que la situación ha mejorado notablemente como denota, además, que algunas comunidades están "relajando medidas". Este mismo lunes el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que participa junto a la titular de Sanidad en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, admitió que "no toca" el estado de alarma pero que el Gobierno "lo estudiará y apoyará" si alguna lo pide. La mayoría de comunidades autónomas –incluidas algunas del PSOE– se quejaron en las últimas semanas por la incertidumbre en la que quedaba la gestión de la pandemia una vez decayera el estado de alarma. Incluso los aliados parlamentarios de la coalición se abrieron a apoyar ahora el plan B jurídico que plantea el PP para que las comunidades tengan la capacidad de imponer restricciones sin necesidad de recurrir a los tribunales, a pesar de que el 17 de noviembre esa iniciativa fracasó en el Congreso. El principal argumento del Gobierno –que se comprometió entonces con Ciudadanos a estudiar cambios legales que ha desechado– es que la limitación de derechos fundamentales solo se puede llevar a cabo mediante ratificación judicial o la excepcionalidad del estado de alarma, que requiere el aval del Parlamento en caso de que se prolongue más de quince días. Tampoco el discurso es unitario en el PP. Pablo Casado, que dejó de apoyar el primer estado de alarma y reivindicó que fueran las comunidades autónomas las que gestionaran la emergencia sanitaria y que tampoco respaldó el que acaba de decaer y acusa a Sánchez de pasar "del estado de alarma al caos", sostiene que la solución es la "ley de pandemias" que propone y que volvió a registrar. Casado asegura que el texto podría estar listo en "quince días", pero fuentes parlamentarias rechazan que un texto de esas características pueda finiquitarse con esa premura y recuerdan, además, que el PP no tiene cupo para introducir proposiciones de ley hasta el 25 de mayo. Entre tanto, presidentes autonómicos de su partido, como Juanma Moreno o Alberto Núñez Feijóo, abogaron por el mantenimiento del estado de alarma ante la ausencia de una alternativa legal certera. El mensaje es también muy crítico por parte de los grupos que normalmente apoyan al Gobierno. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha declarado "atónito" ante las palabras del ministro de Justicia sobre la posibilidad de plantear cambios legales si el Supremo lo sugiere. "No tiene sentido mantener el estado de alarma solo en algunas comunidades. En este año y medio de pandemia hemos comprobado lo rápido que cambian los números. Lo suyo sería mantenerlo en todo el Estado, que está totalmente justificado, y que cada comunidad autónoma decida si aplica o no las medidas en función de sus necesidades", ha argumentado Esteban, que considera que el Ejecutivo de Sánchez "no ha sido hábil" y no ha admitido "que ha metido la pata". Los nacionalistas vascos, al igual que ERC, se abrieron a apoyar la reforma legislativa del PP como forma para presionar –sin éxito– al Gobierno. El diputado de Más País-Equo Íñigo Errejón, ha acusado al Gobierno de haberse "lavado las manos".  "No ha querido volver a pasar por el desgaste de una votación parlamentaria", ha lamentado en una entrevista en Al Rojo Vivo.
eldiario.es
Sorribes tira de épica en Roma y Sinner examinará a Nadal en su estreno
La tenista española Sara Sorribes debutó este lunes con una épica victoria en el torneo de Roma, de categoría WTA 1000, tras derrotar en tres sets (7-6, 6-7, 7-5) y con una gran remontada a la italiana Camila Giorgi, mientras que Jannik Sinner será el primer rival de Rafa Nadal en el Masters 1.000 que acoge el Foro Itálico.
europapress.es
Los Globos de Oro, cancelados
Una formidable guerra, que ha cancelado los Globos de Oro en el 2022 y podría terminar con ellos, se ha desatado en Hollywood. La asociación de periodistas extranjeros de Hollywood, la HFPA, encargada de votar los ganadores a los Globos de Oro, se encuentra asediada por actores y estudios de la industria que le acusan de corrupción, acoso y falta de ética profesional. Los los 86 miembros del grupo se comprometieron esta semana a duplicar su membresía en un plazo de 18 meses y garantizar que la mitad de los nuevos miembros representen a minorías, al mismo tiempo, aseguraron elegir una nueva junta en septiembre y a contratar líderes ejecutivos para asesorarles a desarrollar cambios efectivos que se adapten a los tiempos. Pero, un día después de que la HFPA anunciara sus reformas, la asociación Time 's Up los acusó de proponer cambios superficiales sin sustancia, por lo que la coalición de cien agencias de publicidad de Hollywood continuará sin trabajar con ellos sin permitir el acceso de sus clientes a los periodistas de la asociacion, así, ninguna estrella de Hollywood hablará con ellos. El CEO y director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, envió una carta al comité de la HFPA anunciando que su empresa pausaba toda relación con los miembros de la asociación. «Como muchos en nuestra industria, hemos estado esperando el anuncio de cambios con la esperanza de que se reconozcan los problemas que enfrenta la HFPA y proporcione una hoja de ruta clara para el cambio. Los cambios presentados no son suficientes por lo que detendremos cualquier actividad con su organización hasta que se realicen cambios más significativos. Todos tenemos trabajo por hacer para crear una industria equitativa e inclusiva. Pero Netflix y muchos de los talentos y creadores con los que trabajamos no pueden ignorar el fracaso colectivo de la HFPA para abordar estos problemas cruciales con urgencia y rigor». Siguiendo a Netflix, la plataforma de Amazon también se posicionó contra este grupo de periodistas. «No hemos estado trabajando con la HFPA desde que se plantearon estos problemas por primera vez y, como el resto de la industria, estamos esperando una resolución sincera y significativa antes de seguir adelante», dijo la jefa de Amazon Studios, Jennifer Salke, en un comunicado el viernes por la noche. WarnerMedia se unió a Netflix y Amazon Studios al negarse a participar en más eventos relacionados con la HFPA. En la carta, firmada por ejecutivos de la compañía el conglomerado escribe que sus líderes no creen en los planes de cambio de la HFPA, anunciados la semana pasada, «WarnerMedia Studios and Networks continuará absteniéndose de involucrarse directamente con la HFPA, incluidas las conferencias de prensa autorizadas e invitaciones para cubrir otros eventos de la industria con talento, hasta que se implementen estos cambios». Machismo y homofobia WarnerMedia también destacó la falta de diversidad en su proceso de nominación y premios, así como preguntas sexistas, homofóbicas, sexistas y racialmente insensibles en conferencias de prensa y eventos. «Durante demasiado tiempo, se han hecho demandas de beneficios, favores especiales y solicitudes poco profesionales a nuestros equipos y a otros en la industria», dijo el conglom. «Lamentamos que, como industria, nos hayamos quejado, pero toleramos en gran medida este comportamiento hasta ahora. Nos gustaría que la HFPA implemente un código de conducta específico y obligatorio que incluya tolerancia cero para el contacto físico no deseado con el talento y el personal». Una clara referencia a las acusaciones del actor Brendan Fraser de que el ex presidente de la HFPA, Philip Berk, lo tocó en 2003. Con la controversia salpicando cada día la integridad de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la cadena NBC encargada de emitir los Globos de Oro anunció este lunes que no transmitirá los Golden Globe Awards en 2022 y quedan cancelados al saberse que ningun actor o estudio participará en ellos. «Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa», dijo la cadena en un comunicado. «Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de regresar en enero del 2023». La reacción de los dirigentes de estos estudios provocó respuestas de importantes figuras de Hollywood, incluida Ava DuVernay, quien tuiteó: «Maldita sea. Este es un gran problema. Apoyos a Netflix por ser el primero en tomar una posición». Mientras tanto, Shonda Rhimes escribió en las redes sociales: «Una vez más, Netflix muestra cómo se puede y se debe hacer. Así es como va a ser el cambio». Reese Witherspoon tuiteó: «Me alegra ver la dedicación de @netflix por crear una industria del entretenimiento más equitativa e inclusiva». Queda por ver a dónde dejará la emisión de los Globos de Oro de este año porque NBC y Dick Clark Productions respaldaron las reformas propuestas por la organización. «Creemos que el plan presentado traza un rumbo para una reforma significativa en la HFPA. Seguimos comprometidos a fomentar la pronta implementación del plan a través de conversaciones productivas para crear una organización mejor y más inclusiva». Uniéndose al coro, Scarlett Johansson aplaude a los estudios y actores que se han posicionado contra la Asociación. «Como actor que promueve una película, se espera que uno participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa y entregas de premios. En el pasado, esto a menudo significaba enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban el acoso sexual. Es la razón exacta por la que yo, durante muchos años, me negué a participar en sus conferencias. La HFPA es una organización que fue legitimada por gente como Harvey Weinstein para acumular un impulso al reconocimiento de la Academia, y la industria siguió su ejemplo. A menos que haya una reforma fundamental necesaria dentro de la organización, creo que es hora de que demos un paso atrás de la HFPA y nos enfoquemos en la importancia y la fuerza de la unidad dentro de nuestros sindicatos». La declaración de Johansson continúa con la ruptura de los actores iniciada por su compañero en Marvel Mark Ruffalo, quien ganó un Globo de Oro este año por I Know This Much Is True. «Es desalentador ver que la HFPA, que se ha beneficiado generosamente de la promoción de cineastas y actores, se resiste al cambio que se les pide. Ahora es el momento de dar un paso adelante y corregir los errores del pasado. Honestamente, cómo reciente ganador de un Globo de Oro, no puedo sentirme orgulloso o feliz por haber recibido este premio», dijo Ruffalo. Otras polémicas sonadas de la HFPA A lo largo de sus casi ocho décadas de historia, la HFPA ha superado una serie de escándalos, demandas judiciales y críticas muy duras contra sus miembros. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, la HFPA ha conseguido labrarse una posición de influencia. Sus miembros -relativamente pocos trabajan a tiempo completo para medios de comunicación extranjeros- reciben acceso exclusivo a los actores más importantes de Hollywood, son invitados a viajes de trabajo en lugares exóticos, se alojan en hoteles de cinco estrellas y, cuando se acercan las nominaciones a los Globos, son agasajados con regalos, cenas y fiestas repletas de estrellas. Para los estudios, las cadenas de televisión y las celebridades que cortejan su favor y explotan sus premios como herramienta de marketing, el grupo es a la vez adulado, ridiculizado y tolerado a regañadientes. En los últimos años, la HFPA ha trabajado para rehabilitar su imagen pública. Ha donado millones de dólares a diversas causas que apoyan el arte y el periodismo al tiempo que se ha esforzado por dotar de una nueva respetabilidad a la ceremonia de los Globos. En 1968, la NBC abandonó los Globos después de que la Comisión Federal de Comunicaciones determinara que la emisión de los premios «engaña sustancialmente al público en cuanto a la elección de los ganadores y los procedimientos seguidos para elegirlos». En 1982, la actriz Pia Zadora recibió el Globo a la «nueva estrella del año en una película» después que los miembros de la HFPA viajaran en avión invitados por el marido de Zadora, el productor Meshulam Riklis, a su casino en Las Vegas. La CBS, que por aquel entonces emitía por segunda vez la ceremonia, abandonó su acuerdo de emisión con la HFPA. Gran parte del éxito de los Globos puede atribuirse a su asociación con Dick Clark Productions, que se incorporó en 1983. Los índices de audiencia del programa se dispararon después de que la emisión pasará de la cadena de cable TBS a NBC en 1995. Desde entonces, los miembros de la HFPA han sido calificados a menudo de vividores obsesionados con los famosos, que cambian sus votos por remuneraciones y acceso, y que socavan cualquier noción de credibilidad periodística. En 1999 los miembros de la HFPA se vieron obligados a devolver 82 relojes Coach valorados en más de 400 dólares cada uno que les había regalado USA Films como parte de una campaña para intentar que Sharon Stone obtuviera una nominación a los Globos por su trabajo en la película The Mus”. En 2011, el publicista de la HFPA durante muchos años, Michael Russell, presentó una demanda en la que alegaba que los miembros aceptaban dinero, vacaciones, regalos y un sinfín de remuneraciones «proporcionadas por los estudios y los productores a cambio de apoyo o votos para nominar o premiar una película en particular». Para que los miembros puedan votar, NBCUniversal exige que certifiquen que cumplen con la Ley de Comunicaciones de 1934, que prohíbe la práctica del «soborno», la aceptación no revelada de pagos a cambio de una promoción o servicio. Según la demanda de Russell en 2011, los miembros de la HFPA aceptaron «pagos de estudios y productores por representar películas y presionar a otros miembros de la HFPA para obtener nominaciones a los Globos de Oro y premios para estas películas». Hoy Hollywood se rebela contra sus prácticas y se libera del yugo de la HFPA, los Globos de Oro podrían acabar cancelados este mismo año.
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¿Por qué el Barcelona arrasa en la Liga femenina?
El equipo azulgrana conquista la Liga Iberdrola ganando todos sus partidos y rentabilizando su profesionalización desde 2015. En España aún hay futbolistas de Primera que compatibilizan el fútbol con otros trabajos Leer
elmundo.es
Ciudad de México se reactiva con optimismo por menor riesgo y Día de la Madre
Ciudad de México, 10 may (EFE).- La capital mexicana se reactivó este lunes con la entrada del semáforo amarillo (riesgo medio de contagios) por covid-19, el nivel más bajo de toda la pandemia. Un avance que coincidió con el Día de las Madres, uno de los festivos más importantes del país.Mientras países de Suramérica afrontan toques de queda y momentos críticos, Ciudad de México inició este día con una reapertura paulatina de fiestas infantiles, convenciones hoteleras, estadios y eventos de entretenimiento, además de aumentos de aforo en restaurantes, comercios y cines.El optimismo es palpable en los restaurantes del centro histórico, como el sitio de antojitos "¡Que viva México!", donde empleados con cubrebocas, caretas y desinfectante alistaban las mesas para recibir a las madres mexicanas, que son homenajeadas este 10 de mayo.“Creo que ya permite un poquito la vacuna el que uno se sienta más seguro, el covid va a estar para quedarse, entonces mientras tengamos los protocolos va a permitir que sigamos ingresando a lugares, poder seguir nuestras vidas”, comentó a Efe el gerente del establecimiento, Fernando Herrera.CAÍDA DE CONTAGIOS Y AUMENTO DE VACUNASMéxico es el cuarto país con más muertes por el coronavirus con casi 220.000 decesos y más de 2,36 millones de contagios, pero las autoridades afirman que hay 15 semanas consecutivas de reducción tras el pico máximo de enero.De hecho, el país solo reportó 57 nuevas muertes por la pandemia este domingo, la menor cifra en 12 meses.En este contexto, la capital del país pasó por primera vez del semáforo epidemiológico naranja, de peligro alto, al amarillo, lo que deja atrás las escenas de enero de calles repletas de gente que buscaba oxígeno y de "cacerolazos" de restauranteros que clamaban abrir."Agradezco nuevamente a toda la ciudadanía por el esfuerzo y disciplina en el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Sigámonos cuidando, no bajemos la guardia", manifestó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en sus redes sociales.Además, el Gobierno federal presume de haber vacunado a más de 21 millones de personas con al menos una dosis, cumplir su meta de cubrir a más de 11 millones de adultos mayores de 60 años en abril e iniciar este mes con la inmunización de personas de 50 a 59 años.Aun así, hay ciudadanos que aún mantienen la cautela, como Lourdes Orta, quien salió temprano a pasear al centro con su hija antes de la llegada masiva de personas por el festejo del Día de las Madres.“Con base en cómo han resultado las cosas y que la hospitalización ha bajado, pues yo creo que está bien, siempre y cuando sigamos teniendo el cuidado, por supuesto, porque no está controlado todavía”, indica.REPUNTE DE VENTASTras un desplome de 80 % en las ventas por el Día de la Madre en 2020, ahora se esperan ingresos por 33.000 millones de pesos (1.650 millones de dólares), cerca del 70 % del nivel previo a la pandemia, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).Mientras los cierres y el ascenso de los contagios marcaron el 10 de mayo anterior, este año han reabierto los panteones, los mercados de flores y otros negocios no esenciales.Para Carolina Méndez, quien trabaja en la academia de belleza Glamour, frente a la concurrida estación de metro Insurgentes, es evidente que “ya hay más gente, ya hay más movimiento".“Apenas estamos abriendo, tiene como dos semanas que apenas abrimos, y la verdad ya era mucho que hiciéramos dos o tres servicios, al principio no hacíamos casi nada, nada más era abrir y ver si llegaban”, contó la estilista.Pese al optimismo y a la caída de restricciones, hay quienes perciben una lenta recuperación de los ingresos, como Eusebia Monroy, una comerciante que tras recibir la vacuna salió a vender flores a la Zona Rosa de Ciudad de México junto a su nieto.“Ya no es lo mismo de antes, ya ahorita ha bajado un poco la venta, bastante. No hay dinero”, lamentó.
eldiario.es
El Ayuntamiento anima a los vecinos a participar en la campaña 'Ecólatras' para fomentar iniciativas sostenibles
Las concejalías de Medio Ambiente y de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Camargo animan a los vecinos del municipio a participar en la campaña 'Ecólatras, con espíritu cántabro' que han puesto en marcha la empresa Ecovidrio, el Gobierno...
publico.es
El Teatro Real recibe el premio a la mejor compañía del mundo en los Opera Awards
El Teatro Real de Madrid ha recibido este lunes el premio a la mejor compañía de ópera del año en los prestigiosos premios International Opera Awards. La proyección del Teatro Real, dentro y fuera de las fronteras, y la calidad de la programación artística a lo largo de 2019, hacen que se haya impuesto a la Royal Opera House (Londres), la Finnish National Opera (Helsinki), la Ópera de Frankfurt, la Opéra Comique (París) y La Monnaie/De Munt (Bruselas).And the #OperaAwards2021 Opera Company of the Year is…@Teatro_Real Madrid! #OperaAwards2021 pic.twitter.com/fLNpmxy2Pf— The Opera Awards (@TheOperaAwards) May 10, 2021 Los galardones están considerados como los Oscars de la ópera, y son otorgados por la Opera Awards Foundation para promover la excelencia internacional en el mundo operístico. Era la segunda ocasión en la que el Teatro Real optaba a este premio.Los International Opera Awards se están otorgando en una gala virtual en la que se fallan las candidaturas de 2019, tras suspenderse la edición del pasado año debido a la pandemia. Además, el Teatro Real está nominado en las categorías de Mejor Teatro, Mejor Orquesta, Mejor Estreno Absoluto ('Je suis narcisiste') y Mejor Grabación en DVD (Street Scene).La Orquesta Titular del Real es, en la actualidad, una de las formaciones mejor valoradas por los grandes directores de ópera por su profesionalidad, versatilidad y entrega. Sus valores musicales han conseguido el reconocimiento de la crítica y el aplauso del público, tras demostrar sus capacidades de interpretación en títulos desde Mozart a Wagner, de Verdi a Janácek, de Britten a Zimmermann.
elconfidencial.com
'Cali of Duty': La cacería de civiles y la violencia policial convierten a la ciudad colombiana en epicentro del terror
Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, es objetivo militar. Durante el día hay mucho miedo, pero, cuando el sol se oculta, el terror invade la capital del convulso Valle del Cauca. Desde el 3 de mayo, cada noche, las fuerzas de seguridad del Estado, acompañadas por hombres armados vestidos de civil y con chalecos antibala bajo sus ropas, es decir, una suerte de paramilitares o infiltrados, inician la persecución: con rifles y pistolas disparan de forma indiscriminada. No hay claridad sobre el número de muertos, heridos y desaparecidos.
publico.es
Les causes de l'escalada de violència més greu dels últims anys a Jerusalem
Almenys 20 morts a Gaza a causa dels bombardejos israelians en resposta al llançament de míssils des de la Franja
ccma.cat/324/
El Teatro Real, mejor Compañía en los International Opera Awards
El Teatro Real logró ayer un importante espaldarazo a su labor al ser galardonado como mejor teatro de ópera en los International Opera Awards 2021, que reconocen el trabajo en el campo de la lírica desarrollado durante el año 2019 –la gala del pasado año se suspendió por la pandemia– . El coliseo madrileño, con Gregorio Marañón como presidente y Joan Matabosch como director artístico, se impuso a teatros como la Finnish National Opera (Helsinki), La Monnaie/De Munt (Bruselas), la Oper Frankfurt (Fráncfort), la Opéra Comique (París) y la Royal Opera House (Londres). En el año premiado, el coliseo madrileño presentó nuevas producciones de ‘Idomeneo’, de Mozart (con Ivor Bolton en la dirección musical y escénica de Robert Carsen); ‘Falstaff’, de Verdi (con Daniele Rustioni y Laurent Pelly); ‘Capriccio’, de Richard Strauss (con Asher Fish y Christof Loy); e ‘Il Pirata’, de Bellini (con Maurizio Benini y Emilio Sagi). El Teatro Real tenía otras tres candidaturas: a mejor orquesta, que finalmente obtuvo la de la Bayerische Staatsoper de Múnich; la ópera ‘Je suis narcisiste’, de Raquel García-Tomás, optaba al premio al mejor estreno absoluto, que finalmente obtuvo ‘Oceana’, de Detlev Glanert, presentada en la Deutsche Oper de Berlín. El premio a la mejor grabación operística, al que optaba la de la ópera de Kurt Weill ‘Street Scene’, se lo llevó ‘Hamlet’, de Thomas, para Naxos. Además del Teatro Real, hubo sabor español en otro de los premios. El tenor donostiarra Xabier Anduaga compartió el premio al mejor cantante joven con la mezzosoprano rusa Vasilisa Berzhanskaya. Anduaga, de tan solo 26 años, se encuentra actualmente ensayando en el Teatro Real la ópera de Gaetano Donizetti ‘Viva la mamma’. No obtuvo recompensa, sin embargo, el otro español nominado: Carlos Álvarez, que vio como el premio a mejor cantante masculino se lo llevaba el tenor mexicano Javier Camarena. El resto de los premios fueron para la Birmingham Opera Company (Educación e Investigación), Małgorzata Szczesniak (Escenografía), el festival de Salzburgo (Festival), Metropolitan Opera House de Nueva York (Coro), David Pountney (Liderazgo), Kirill Petrenko (Director de Orquesta), Lise Davidsen (Cantante femenina), ‘El cuento del zar Saltan’, dirigida por Dmitri Tcherniakov para La Monnaie/De Munt (Producción); la Fundación Martina Arroyo (Labor filantrópica), Jamie Barton (Lectores de Opera Magazine); ‘Paria’, de Moniuszko, por la Poznan Opera House polaca (Ópera redescubierta), Denyce Graves (Ópera para la paz), el director de orquesta Alpesh Chauhan (Debutante): ‘Facce d’amore’, de Jakub Józef Orlinski (Grabación de recital), Robert Carsen (director de escena) y Bernard Haitink (Logro de una vida). La gala de este año fue retransmitida a través de streaming, y resultó una reivindicación del papel de la ópera como creadora de ilusiones y emociones especialmente en estos difíciles momentos, además de un homenaje a la resistencia del mundo de la lírica; la presentó Petroc Trelawny, locutor de la BBC, y ofreció distintas actuaciones desde escenarios diferentes, entre ellas las de algunos ganadores, como el propio Xabier Anduaga; la soprano noruega Lise Davidsen, la mezzo estadounidense Jamie Barton; el tenor mexicano Javier Camarena o el contratenor Józef Orlinski. También se pudo ver y escuchar a Alexandra Lowe, Stuart Skelton, Vasilisa Berzhanskaya o Ermonela Jaho.
abc.es
Casado dice que en el PP "cabe la gente que ha votado a Vox" y ve "extrapolable" la victoria de Ayuso a nivel nacional
El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que en el Partido Popular "cabe la gente que ha votado a Vox y a Ciudadanos, e incluso la gente que ha votado al PSOE y no se siente reconocida" con la política de Pedro Sánchez. Tras asegurar que la victoria del PP en la Comunidad de Madrid es "extrapolable" a nivel nacional, ha destacado la campaña que ha realizado Isabel Díaz Ayuso, basada en una política de "principios y sin complejos, "muy pegada a la calle y a los problemas reales".
europapress.es
El Ayuntamiento desarrolla tres iniciativas sobre reciclaje durante el mes de mayo
El Ayuntamiento de Ramales de la Victoria va a poner en marcha a lo largo del mes de mayo tres nuevas iniciativas sobre reciclaje que "reafirman" la apuesta municipal por un pueblo "cada vez más comprometido con el correcto depósito de los...
publico.es
Cómo 'Super Mario' Draghi -y no Sánchez- se ha colado entre los pesos pesados de la UE
Draghi está jugando un papel que no tenía asignado: una estrella política influyente cuya voz se escucha en París y Berlín, y con una creciente influencia en la agenda europea
elconfidencial.com
EE UU y el Reino Unido piden contención mientras que Turquía llama a la movilización contra el "terror" israelí
La diplomacia occidental ha condenado con rotundidad los ataques con cohetes desde la franja de Gaza contra Israel y ha llamado a una desescalada rápida de los enfrentamientos entre Israel y Palestina, que ya dejan cientos de heridos y al menos 20 muertos tras un bombardeo israelí de represalia en Gaza. "EE UU condena en los términos más enérgicos el aluvión de ataques con cohetes, disparados contra Israel en las últimas horas. Esta es una escalada inaceptable", afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.Como ya ha hecho en los últimos días, Price volvió a urgir "a todas las partes", incluido el movimiento islámico Hamás, a reducir las tensiones, evitar enfrentamientos violentos y garantizar una situación de calma. "Aunque instamos a ambas partes a disminuir las tensiones, también reconocemos el derecho legítimo de Israel a defenderse a sí mismo, a su pueblo y su territorio", dijo.El secretario de Exteriores británico, Dominic Raab también condenó el lanzamiento de cohetes de Hamás y dijo que "la violencia en Jerusalén y Gaza debe detenerse". "Necesitamos una desescalada inmediata de todas las partes y poner fin a los ataques contra poblaciones civiles", añadió Raab en un tuit.The UK condemns the firing of rockets at Jerusalem and locations within Israel. The ongoing violence in Jerusalem and Gaza must stop. We need an immediate de-escalation on all sides, and end to targeting of civilian populations— Dominic Raab (@DominicRaab) May 10, 2021 Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este lunes de que la tensión en Jerusalén puede generar otra "peligrosa escalada" que lleve a más violencia, por lo que exigió contención a todas las partes.Guterres, a través de su portavoz, condenó "en los términos más contundentes el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel" y en particular que se hayan atacado "centros de población civil".El jefe de la ONU, además, reiteró su preocupación por los posibles desahucios de familias palestinas y urgió a Israel a cesar este tipo de movimientos, al tiempo que demandó a las autoridades israelíes que ejerzan la "máxima contención" y respeten el derecho a la protesta pacífica.Por el contrario, desde Turquía, el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado los ataques de Israel en Gaza y en la mezquita de Al Aqsa, los que ha considerado que "hieren la conciencia de toda la humanidad, no solo de musulmanes".Según recoge la agencia oficial de noticias turca Andalou, Erdogan ha hablado con el presidente palestino, Mahmud Abbas, a quien ha comunicado que Turquía hará "todo lo necesario en su poder para movilizar al mundo entero, especialmente el islámico, para frenar el terrorismo y la ocupación israelí".
20minutos.es
Premio al Teatro Real como mejor ópera del mundo
Los International Opera Awards 2019, celebrados este lunes tras ser pospuestos por la pandemia, reconocen la labor del coliseo madrileño. Leer
elmundo.es
Hallan a uno de los trescientos héroes de Plinio el Viejo que murieron asfixiados por el Vesubio
No dejan de asombrar los descubrimientos de las excavaciones de Pompeya y Herculano, las ciudades romanas destruidas por la erupción del Vesubio en el 79 d.C. Ahora surgen sorprendentes detalles sobre los restos de trescientos fugitivos recuperados a principios de la década de 1980 por los arqueólogos, en el camino que conecta la antigua playa de Herculano con la imponente Villa de los Papiros. Así era llamada esta casa, que fue propiedad del suegro de Julio César, porque conservaba en su biblioteca más de mil ochocientos papiros. Una nueva investigación ha devuelto la identidad a esos trescientos fugitivos, con grandes sopresas. En particular, uno de ellos, inicialmente identificado como un simple soldado, pudo haber jugado un papel más importante de... Ver Más
abc.es
Vice Media planea salir a bolsa con una "spac" y valoración de 3.000 millones de dólares
Nueva York, 10 may (EFE).- El grupo de comunicación Vice Media planea salir a bolsa a través de una fusión con una "spac" (special purpose acquisition company) que la valora en unos 3.000 millones de dólares y que permitirá que sus actuales inversores mantengan el control de la empresa, según informó este lunes The Wall Street Journal (WSJ).La cifra es casi la mitad de la valoración que Vice obtuvo en su última gran ronda de financiación, en 2017, según apunta el diario neoyorquino.Bajo la fórmula propuesta, los actuales accionistas de Vice -entre los que figuran Walt Disney, A&E Networks Group, la firma de inversiones TPG y el cofundador de la empresa, Shane Smith- mantendrán un 75 % de la propiedad de la firma; el resto estará en manos de nuevos inversores.La operación eliminaría, además, importantes obligaciones que Vice Media tiene con TPG, que actualmente tiene derecho a recibir más participación en la empresa si esta no cumple con ciertos objetivos, detalló el WSJ.La “spac” en cuestión, 7GC & Co Holdings, comenzará esta semana a presentar la transacción a inversores institucionales y espera cerrar el acuerdo durante el verano, según el periódico.Cada vez más firmas apuestan por fusionarse con una "spac" para salir al mercado, una vía que evita la tradicional oferta inicial de acciones y cuyo uso se disparó en 2020 y continúa a todo ritmo este año.Entre los posibles candidatos a saltar a la bolsa con esta modalidad hay ahora mismo varias empresas de medios, entre ellas BuzzFeed, Forbes y The Athletic, según medios estadounidenses.Vice, fundada en 1994 en Montreal (Canadá) como una revista alternativa, tiene actualmente su sede en Brooklyn (Nueva York, EE.UU.) y cuenta con una amplia cartera de productos digitales de entretenimiento y noticias, de televisión y publicidad.
eldiario.es
El Puerto inicia el trasvase de arena desde el Museo Marítimo hasta la playa de La Magdalena
La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha comenzado hoy lunes el trasvase de 15.000 metros cúbicos de arena desde el depósito que se ha producido frente al Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) hasta la playa de la Magdalena. Para la...
publico.es
Ajudes per reformar pisos buits i llogar-los a cooperativistes, un pla pioner a Mataró
El projecte Lloguem finança la rehabilitació dels pisos a canvi d'oferir un lloguer assequible a la cooperativa
ccma.cat/324/
Casado censura los insultos a Marlaska en Valladolid y califica de "terrible" el traspaso de prisiones a País Vasco
El presidente de Partido Popular, Pablo Casado, ha censurado este lunes los insultos y abucheos dirigidos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Valladolid y ha calificado de "terrible" la transferencia de la gestión de Prisiones al País Vasco.
europapress.es
Casado: "Sánchez está preocupado por los temas de su partido. A mí no me importa mi partido me importa España"
El presidente del PP, Pablo Casado, ha sido entrevistado por el director de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, en relación al final del estado de alarma. Casado ha acusado al presidente Pedro Sánchez de querer subir el IVA reducido y superreducido. "Estas cuestiones es de las que se come y Sánchez está muy preocupado por sus cuestiones, por sus aviones y por los temas de su partido. A mí no me importa mi partido me importa España", ha dicho postulándose como alternativa porque, en su opinión, "el PP sabe crear empleo y baja los impuestos". Por otro lado, sobre los insultos y gritos al ministro Fernando Grande- Marlaska en Valladolid ha señalado, aunque con matices, que le parece "impresentable, no se puede insultar a un político". -Redacción-
publico.es