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Las primarias de Más Madrid impiden cualquier alternativa a las listas que diseñen Carmena y Errejón
Más Madrid ha publicado este viernes a las 23:49 horas el reglamento del proceso de participación que elegirá las listas de Manuela Carmena e Íñigo Errejón para las candidaturas a las elecciones autonómicas y municipales. La votación, sin embargo, no dejará sorpresas porque el partido instrumental ha diseñado un proceso que impide que en los puestos de salida se incluya a personas distintas a Carmena y Errejón.Las "participarias", según las acuñó la propia alcaldesa de Madrid, establece un sistema de elección de listas de Gobierno a dos velocidades. Un sistema que prevé elegir por un lado a los equipos de Gobierno y por otro, al resto de la candidatura. Las listas para equipos de gobierno se forman por un cabeza de lista al que le siguen 24 personas, para el Ayuntamiento, y de 30 para la Comunidad de Madrid. Los aspirantes que vayan en esas listas deberán especificar a qué áreas temáticas y territoriales se presentan.El resto de listas, sin responsabilidades de gobierno y con casi nulas posibilidades de que sean elegidos en las elecciones, incluyen a 21 personas para la ciudad de Madrid y 40 para la Comunidad.Carmena, por tanto, ha diseñado un proceso con el que formará su gobierno sin sorpresas y con las personas que ella elija.Lo mismo ocurrirá con la lista de Errejón, aunque fuentes del partido instrumental reconocen que "no son las que más le gustan" al fundador de Podemos. Apuntan, sin embargo, que el candidato a la Comunidad de Madrid no podía hacer nada diferente que cuestionase el proceso de Carmena.El objetivo de la alcaldesa es asegurarse de que si gobierna lo hará con su equipo. Al tiempo, permitirá evaluar el riesgo de la apuesta a los políticos que quieran integrarse en Más Madrid desde Podemos, Equo e IU: desde el principio sabrán al cargo al que optan a cambio de dejar atrás las siglas de sus formaciones originales.Todas las candidaturas deberán presentarse con una composición de al menos un 50% de mujeres, deberán presentar corrección de género de cremallera, alternándose hombres y mujeres en la candidatura, aunque podrán existir varios puestos consecutivos ocupados por mujeres. No obstante, deberá mantenerse siempre la proporción mínima del 40% de cada uno de los sexos en cada tramo de cinco puestos, tal y como está recogida en el artículo 44 bis de la LOREG.
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Sánchez anuncia en un mitin que el Gobierno aprobará el viernes un real decreto para favorecer la igualdad laboral
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este sábado durante un mitin del Partido Socialista Europeo, en Madrid, que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley para "favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres". Se trata de una iniciativa que llega a las puertas de la huelga feminista del 8 de marzo y que contempla, entre otras medidas, la obligación de las empresas de llevar un registro con los valores medios de los salarios y los complementos desagregados por sexos y categorías profesionales. Con esta decisión centrada en la transparencia salarial, el Gobierno quiere combatir la brecha de sueldos que separa a mujeres y hombres.El borrador del real decreto al que tuvo acceso eldiario.es recogía que en empresas con al menos 25 trabajadores se entenderá que existe "discriminación salarial por razón de sexo" cuando el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea un 25% superior (o más) a las del otro y la ampliación progresiva del permiso de paternidad a las 16 semanas, al igual que el de maternidad. La iniciativa anunciada por Sánchez también contemplará previsiblemente un aumento del permiso de paternidad. En 2019, la duración del mismo sería de ocho semanas –como quedaba recogido en los Presupuestos tumbados por el Congreso– y en 2021 se alcanzarían finalmente las 16 semanas. El texto contempla que estos permisos no sean transferibles entre los progenitores.Durante su discurso ante los socialistas europeos reunidos en Madrid, Sánchez ha cargado con dureza contra los partidos de derechas, especialmente contra Ciudadanos. "Dejemos de llamar liberal a quien no es liberal. Los liberales en Europa defienden las libertades y hacen gala de no pactar con la extrema derecha. Aquí lo que hacen es mercadear con las libertades de las mujeres para intentar llegar al poder", ha denunciado, en alusión al acuerdo entre el partido de Albert Rivera, PP y Vox para formar gobierno en Andalucía.El jefe del Ejecutivo ha lamentado que Ciudadanos haya impuesto un "cordón sanitario" al PSOE al aprobar en su última reunión que no pactarán con los socialistas tras el 28A. "Aquellos que nos ponen cordones sanitarios son los mismos que blanquean a los que quieren hacer listas negras de funcionarios que luchan contra la violencia de género", ha asegurado, en alusión al intento de Vox de identificar a todos los trabajadores públicos encargados de hacer frente a la violencia machista."Ponen un cordón sanitario y se atan a la ultraderecha porque las encuestas les van mal. Están vacíos de principios y llenos de oportunismo", ha lamentado. A su juicio, la derecha "tiene más siglas que ideas". Existen "tres marcas y un objetivo: la involución del país".Frente a las posiciones de PP y Ciudadanos Sánchez ha abogado por "dar un impulso a la igualdad entre hombres y mujeres". A renglón seguido, el presidente del Gobierno ha llamado a la ciudadanía a secundar la huelga feminista del 8 de marzo y a tomar "las calles y plazas" españolas.
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Tensión en la frontera de Venezuela: los camiones de ayuda humanitaria se ponen en marcha
Los camiones cargados de ayuda humanitaria han salido del centro de acopio de Cúcuta hacia los distintos puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Diputados opositores están presentes en cada punto fronterizo y se dirigen a las fuerzas armadas venezolanas para que abran paso a los camiones.Ciudadanos venezolanos están reunidos en varios puntos fronterizos con Colombia por los que esperan que pase la ayuda humanitaria solicitada por el autoproclamado Juan Guaidó y enviada por EEUU y otros aliados del líder opositor. Nicolás maduro rechaza la asistencia por considerarla una injerencia y una excusa para intervenir en el país y ha cerrado la frontera con el país vecino.A las 8 de las mañana un grupo de ciudadanos venezolanos ha quitado las vallas que impiden el paso de Colombia hacia Venezuela en el Puente Simón Bolívar, que une Venezuela con Cúcuta, principal centro de acopio de las 600 toneladas de ayuda humanitaria."Queremos libertad", dicen los venezolanos que retiran las barreras para abrir el paso hacia Venezuela desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Vía @VictoriaInojosa #23FEB Son las 8:05 am pic.twitter.com/UIrddomee6— Crónica Uno (@CronicaUno) 23 de febrero de 2019El presidente de la Asamble Nacional Constituyente –controlada por el gobierno de Nicolás Maduro–, Diosdado Cabello, ha declarado que no actuarán contra las personas que crucen la frontera con cajas de ayuda humanitaria. "No va a pasar nada. El que corre el riesgo de agarrar algo que le entregue la USAID (agencia humanitaria de EEUU) como ayuda humanitaria y que lo consuma después, lo hará bajo su personalidad. Ahora, si tu pasas hoy para el lado Colombiano con una caja y vuelves con otra caja y no ocurre nada, ¿por qué tiene que ocurrir con una comida disecada? No va a pasar nada. Los que quieren la guerra no van a lograrlo", ha señalado el alto cargo venezolano.Aquí lo que no va a entrar y no puede entrar es un soldado extranjero. No va a poner un pie en Venezuela ni un soldado extranjero. Quien lo haga corre el riesgo de que se le responda como invasor", ha añadido.Declaración de Diosdado Cabello en la frontera Colombia/Venezuela hoy en la mañana pic.twitter.com/NhFBHEJko0— Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) 23 de febrero de 2019Sin embargo, la frontera permanece cerrada y venezolanos concentrados del lado colombiano intentan convencer a las fuerzas armadas venezolanas para que les dejen pasar.#23F Ciudadanos aseguran que pasan el puente por la falta de comida. "Aquí en Colombia esto es un mercado de 50.000 pesos". pic.twitter.com/On9Lwn07lM— El Nacional (@ElNacionalWeb) 23 de febrero de 2019En el Puente Santander de Ureña, otro punto fronterizo con Colombia, ciudadanos venezolanos han retirado las vallas y barricadas instaladas por la Guardia Nacional y se han producido los primeros disturbios con lanzamiento de gases lacrimógenos y la quema de neumáticos.Ciudadanos abren barricada puesta por la GN en el paso al Puente Santander de Ureña (conecta con Colombia)Video; @RCamachoVzla pic.twitter.com/xCGmN70Lyd— Federico Black B. (@FedericoBlackB) 23 de febrero de 2019#AHORA Manifestantes en #Ureña queman autobús y las llamas afectan una vivienda. Video: @amandasanchezc #23F pic.twitter.com/wPBJs3olF5— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 23 de febrero de 2019Cuatro militares cruzan a Colombia y se unen a GuaidóDos tanquetas de la Guardia Nacional han chocado y roto las barreras del Puente Simón Bolivar y al menos tres agentes se han entregado a Colombia. Otro se había entregado en el Puente de Ureña, otro paso fronterizo. "Tú ya no puedes hablar ni decir nada contra el Gobierno. Llevo días pensándolo, no fue de ayer para hoy", ha señalado desde el lado colombiano  uno de los militares que ha desertado. Estos serían los 3 militares q rompieron las barreras en el Pte Internacional Simón Bolívar y desertaron hacia el lado colombiano. 1 primer teniente y 2 sargentos pic.twitter.com/VbDfvKkPa2— Roman Camacho (@RCamachoVzla) 23 de febrero de 2019#PRONUNCIAMIENTO Uniformados que estrellaron dos tanquetas contra barreras en la frontera con Colombia, desconocen a Nicolás Maduro, reconocen a @jguaido y hablan de sus motivaciones #23F pic.twitter.com/4qKoPn0WXJ— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 23 de febrero de 2019"No son desertores aquellos guardias y efectivos de las fuerzas armadas que decidan sumarse a nuestra lucha ¡Han decidido ponerse del lado del Pueblo y de la Constitución!", ha señalado Guaidó en Twitter. "En mi condición de Comandante eb jefe de la Fuerza Armada Nacional, dadas las circunstancias excepcionales que vive la República, dejo sin efecto la calificación de traidores de la patria para efectivos militares que crucen la frontera", ha añadido.A primera hora de la mañana, Guaidó ha lanzado un mensaje a los militares: "Hoy tienen en sus manos las vidas de cientos de miles de venezolanos. Todo el país y el mundo tendrán sus ojos sobre ustedes. Decidan bien". El autoproclamado presidente Guaidó ha llegado a primera hora de la mañana al puesto de mando unificado instalado en Cúcuta para desarrollar la operación junto al presidente colombiano, Ivan Duque.#LLEGARON Los Presidentes al Puente “Tienditas”. Fuente: Embajada #23F pic.twitter.com/pN0fsd1GWU— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 23 de febrero de 2019Brasil manda ayuda humanitaria hacia la fronteraA pesar de que Nicolás Maduro cerró este jueves la frontera con Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro ha enviado este sábado de madrugada dos camiones cargados hacia la frontera. Los vehículos, con matrícula y conductores venezolanos han partido de la ciudad de Boa Vista y serán escoltados por la policía brasileña durante el recorrido de 220 kilómetros que les separan de Pacaraima, ciudad fronteriza.[FOTO] Ayuda humanitaria de Brasil parte hacia la frontera con Venezuela https://t.co/jAobVNVsao pic.twitter.com/jtjP4RbJKI— El Nacional (@ElNacionalWeb) 23 de febrero de 2019Hacia esa ciudad también se dirigirán el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, y la abogada María Teresa Belandria, embajadora designada por el autoproclamado Juan Guaidó. Belandria ha asegurado que uno de los camiones con ayuda ha logrado cruzar la frontera y ya está en Venezuela.Las autoridades brasileñas, junto con la embajada de Estados Unidos en el país, han acopiado en Boa Vista unas 200 toneladas de alimentos y medicinas, que no han podido ser transportados en su totalidad debido al cierre de frontera ordenado por Maduro.El Gobierno brasileño se ha comprometido con la operación, pero ha establecido como única condición que esa carga sea transportada por "camiones venezolanos con conductores venezolanos", que en los últimos días no han podido ingresar al país por el bloque fronterizo establecido por Maduro el pasado jueves.Según el portavoz de la Presidencia de Brasil, Otavio do Rego Barros, la operación para entregar esa ayuda pudiera prolongarse durante los próximos días, si persisten las dificultades para la entrada de los camiones venezolanos.
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Los afiliados de Vox avalan la renuncia a las primarias, uno de los principios fundacionales del partido
Las asamblea de Vox ha ratificado los estatutos presentados por la dirección del partido con los que se eliminan las primarias para elegir a los candidatos a las listas electorales. Con esta decisión, que ha sido ratificada por el 93% de los seguidores del partido que han participado en esta votación, esta formación elimina uno de sus principios fundacionales.El texto con el que se promulgó el nacimiento de la formación de extrema derecha en 2014 recogía como un "compromiso de funcionamiento" que "todos sus candidatos y cargos orgánicos" fuesen elegidos "por los afiliados en elecciones primarias y rindan periódicamente cuentas ante ellos, en cuyo nombre actúan". Además, condenaban que en nuestro país se elaborasen papeletas electorales "por las cúpulas partidarias a espaldas de los afiliados".El presidente de la formación de extrema derecha ha defendido esta renuncia asegurando que es una “demanda social” para protegerse de los “infiltrados”, de aquellas personas que se acercar a este partido para “sabotearlo” y de los “arribistas”. En su intervención en la asamblea ordinaria ha reseñado que las crítica por esta renuncia a uno de los compromisos que Vox anunció cuando nació es “una polémica artificial, creada por los medios de comunicación” que no quieren “hacer bien” al partido.En este encuentro también se han ratificado las cuentas del 2018, con un apoyo del 97,9%. Como ya informó esta redacción, la memoria económica recoge la subvención de 613.575 euros que el partido ha obtenido tras los los resultados de los comicios del 2 de diciembre. También recoge un incremento de los ingresos del partido, se duplica la cantidad que perciben en concepto de donaciones y las cuotas de sus afiliados se multiplican por cinco.
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Inés Arrimadas, la líder tenaz que dinamitó el bloque constitucionalista en Catalunya
"Por primera vez en Catalunya ha ganado un partido constitucionalista y ha sido Ciudadanos", proclamó Inés Arrimadas la noche del 21 de diciembre, después de conocer que había obtenido 1.100.000 votos. La frase era toda una declaración de intenciones. La ganadora de las elecciones catalanas sabía que Pasqual Maragall había conseguido que el PSC fuera la lista más votada del Parlament en 1999 y en 2003, pero negaba a sus rivales socialistas desde el primer minuto el carné de defensores de la Constitución.Inés Arrimadas, nacida en Jerez de la Frontera hace 37 años y tras solo dos al frente del grupo en Catalunya, se ha convertido en una política de enorme proyección más allá de las fronteras autonómicas. Así se demostró en las elecciones andaluzas, donde la presencia de la líder de la oposición en el Parlament fue constante y catapultó a su formación. 14 meses después de ganar las elecciones catalanas, este sábado ha anunciado su intención de presentarse a las generales, demostrando la rotunda apuesta de su partido por el 28 de abril.Ciudadanos da por amortizada a su primera espada en Catalunya, que dejará el Parlament con los deberes hechos. Antes de que Rivera hiciera de azotar al Gobierno de Pedro Sánchez su actividad predilecta, la jefa de filas catalana ya había dinamitado el bloque constitucionalista que, durante la pasada legislatura catalana, Ciudadanos, PSC y PP fraguaron en el Parlament. Como si se tratara de una precuela de lo que estaba por venir en el Congreso, el partido naranja optó por no hacer concesiones ni al PSC de Miquel Iceta, al que acusaba de connivencia con el independentismo, ni a un PP que se desangraba en Catalunya.El grupo más grande del Parlament apostó por un discurso de máxima dureza, también contra sus potenciales aliados. Arrimadas se negó a participar en el "espacio de diálogo" impulsado por Iceta para sentar en una mesa a todos los partidos del Parlament, incluyendo los independentistas. También chocó con el PP a la hora de formar los grupos parlamentarios y las comisiones, en las que optó por favorecer lo menos posible la presencia de los populares. En sus iniciativas parlamentarias, Ciudadanos se ha decantado por exhibir dureza contra el independentismo antes que tratar de obtener el apoyo de los grupos no independentistas a sus propuestas.La amarga victoria de 2017La noche del 21 de diciembre de 2017, tras las elecciones autonómicas convocadas al amparo del 155, Ciudadanos celebró una victoria amarga. El más de un millón de votos les dejaban por encima del resto de partidos, pero el independentismo conservaba su mayoría en escaños. Con todo, lo conseguido por Arrimadas era una gesta. La catalana nacida en Andalucía conseguía ser la candidata más votada tanto entre las capas sociales obreras, que habían permanecido fieles al PSC durante décadas, como entre las familias acomodadas de la zona alta de Barcelona que votaban nacionalista desde tiempos de la Lliga.La pericia con la que Arrimadas había navegado entre esas dos aguas durante su primera legislatura al frente del partido la había catapultado como la alternativa consolidada al independentismo. Si en 2015 Ciudadanos era ya el voto más claro contra la secesión, en diciembre de 2017, solo unos meses después del referéndum y la declaración de independencia, la papeleta naranja era también la forma de castigar con severidad la intentona secesionista de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.Arrimadas se convirtió en la esperanza incluso del Gobierno del PP, a quien Ciudadanos ganaba terreno sin piedad. Solo una victoria contundente del bloque constitucionalista liderado por la jerezana podía justificar la aplicación inmediata del 155, por la que apostó Mariano Rajoy para aplacar la crisis catalana. Y la política aprovechó la debilidad de sus rivales para ampliar los límites de su espacio como nunca antes. El PP se dejó 7 escaños, mientras Ciudadanos ganó 11.Pero, pese a la marca histórica, Inés Arrimadas no pudo convertirse en presidenta. Ni siquiera lo intentó, y eso que el PP trató de desgastarla ofreciéndole sus votos si presentaba su candidatura a presidenta. "Si tuviéramos una ley electoral justa estaríamos pensando en cómo gobernar", se zafaba ella. Lo cierto es que Arrimadas no perdió ni un minuto en buscar el apoyo de Miquel Iceta ni, mucho menos, los de Xavier Domènech. No había pasado una semana de las elecciones cuando la candidata más votada en Catalunya dio muestras de no tener previsto entrar en el Palau de la Generalitat cuando comenzó a hablar de Tabarnia.El nacionalismo defiende una Cataluña homogénea y choca fácilmente contra sus propias contradicciones. Defendemos una Cataluña dentro de España y la UE donde se respete y se entienda la pluralidad y diversidad
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Arrimadas abandona la política catalana para reforzar a Rivera en las elecciones del 28A como cabeza de lista por Barcelona
Lo que hasta ahora era una posibilidad que muchos dentro de Ciudadanos no acababan de creer, este sábado se ha confirmado: Inés Arrimadas abandona Catalunya para encabezar la candidatura por Barcelona en las elecciones generales del 28A. El anuncio de que se presentará a las primarias para legitimarse en el puesto lo ha hecho la propia portavoz nacional de Ciudadanos durante el mitin que ha compartido en Madrid con Albert Rivera y al que ha asistido prácticamente toda la Ejecutiva del partido en un ambiente de euforia. La noticia se hizo esperar tanto como la llegada de ambos líderes al mitin -cerca de una hora después de la hora anunciada para su inicio- . “Como estamos ante un momento dramático voy a dejarme la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente de España. Os anuncio que voy a a presentarme a las primarias para ser la candidata por Barcelona en las elecciones generales”, anunció Arrimadas, lo que desató una ovación de los asistentes al mitin. Después Rivera celebró la noticia y se deshizo en elogios hacia su portavoz. Rivera y Arrimadas llegaron juntos a la madrileña Plaza de la Villa, muy sonrientes, acompañados de varios miembros de la Ejecutiva del partido. Su paseíllo hasta el escenario fue triunfal, con vítores a ambos, aplausos  y gritos de “¡presidente, presidente!” al líder del partido por parte de cerca del millar de personas que esperaban al sol ondeando bandera de España y Europa.Se cierran así varios días de rumores y especulaciones sobre la posibilidad de que Arrimadas diera definitivamente el paso a la política nacional con la idea de reforzar la candidatura de Rivera en las próxima elecciones generales, en las que Ciudadanos se ha marcado el objetivo de dar el sorpasso al PP. En el partido están convencidos de que el tirón electoral de la jerezana será definitivo para que Ciudadanos logre superar en escaños al partido de Pablo Casado y encabezar un gobierno con el apoyo de Vox, una formula similar a la de Andalucía pero bajo el liderazgo de Rivera. Las encuestas internas que manejan les dicen que lo tienen al alcance de la mano. La posibilidad del desembarco de Arrimadas cobró fuerza el jueves pasado cuando se confirmó que el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, dejaba libre la candidatura por Barcelona al trasladarse a vivir a Toledo, provincia en la que tiene ahora una residencia y por la que se presentará a las elecciones generales, como pudo confirmar eldiario.es. Arrimadas se someterá a las primarias el 9 de marzo para legitimarse como número uno por Barcelona mientras Rivera hará lo propio para abrir el cartel de Madrid en cuya lista se integrarán varios miembros de la Ejecutiva, entre ellos posiblemente el secretario general, José Manuel Villegas, que fue número cuatro por Barcelona en las anteriores generales de 2016 y estuvo a punto de no salir.  El aterrizaje de Arrimadas en la política nacional ha convulsionado al partido en donde eran muy pocos los que conocían el 'secreto' que se venía fraguando desde hace semanas. No obstante, no todos ven bien el hecho de que deje en estos delicados momentos el liderazgo en Catalunya aunque la dirección del partido recuerda que seguirá vinculada a la política catalana al ser diputada por Barcelona. El nombre de la senadora y diputada en el Parlament, Lorena Roldán, está ya en boca de todos para sustituirla.Aunque a algunos no guste, la decisión ya está tomada. El propio Rivera cree que es más necesaria ahora en Madrid. "Para mí Inés es, sin duda, la mujer más importante, más valiente y más preparada de la política española", motivo por el que "ha ganado las elecciones en Cataluña", afirmó Rivera desde Málaga este mismo jueves cuando todavía no era firme una noticia que ha revolucionado a Ciudadanos. 
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Serrano se reafirma en su petición: "Tenemos que examinar qué profesionales hacen bien su trabajo"
El diputado andaluz de Vox, Francisco Serrano, se ha reafirmado este sábado en la petición de información que ha realizado al Parlamento autonómico, solicitando el listado completo de los empleados públicos de la Junta que valoran las denuncias de mujeres por violencia de género.Antes de entrar a la asamblea que está celebrando la formación de Abascal, Serrano ha asegurado a esta redacción que si obtienen estos datos valorarán cómo están desempeñando su labor estos profesionales. "Con la información tenemos que examinar qué profesionales son los que están haciendo bien su trabajo y qué profesionales tienen la cualificación que está exigida por el decreto del año 98", ha incidido.Después de que se publicase esta petición de información, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que alcanzó este cargo gracias a los votos del partido de Abascal, ha defendido enérgicamente el mantenimiento de las leyes contra la violencia de género, reafirmándose en que "no darán ni un paso atrás". Cuestionado sobre estas declaraciones, Serrano ha asegurado que le "parece perfecto" que el líder del PP andaluz se reafirme. "Nosotros tenemos otras perspectivas para luchar por la igualdad", ha sentenciado.
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Los eurodiputados del PP logran reunirse con Guaidó en la frontera venezolana
El grupo de eurodiputados del PP que viajó este fin de semana hasta Colombia con la intención de cruzar a Venezuela para llevar la ayuda humanitaria solicitada por la oposición a Nicolás Maduro, ha logrado este viernes reunirse con Juan Guaidó, el autoproclamado presidente venezolano, en Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera entre los dos países donde se están produciendo distintos actos en favor del Gobierno y de la oposición de Venezuela. "Queríamos transmitirte el apoyo del Parlamento Europeo, el apoyo de España y el apoyo del PP de Pablo Casado", le ha dicho a Guaidó el portavoz de los populares españoles en el Europarlamento, Esteban González Pons, que el pasado fin de semana fue expulsado de Venezuela tras intentar entrar al país a través del aeropuerto de Caracas. Guaidó, por su parte, ha agradecido "todo el respaldo a Europa y a España por todo el esfuerzo que han hecho los eurodiputados para estar no solamente aquí sino respaldando una causa justa y una causa noble como la libertad y la democracia". A Pons le acompañan los eurodiputados del PPE Esther de Lange y Paulo Rangel, vicepresidentes del Grupo PPE; José Ignacio Salafranca, vicecoordinador de la comisión de asuntos exteriores y miembro de la Asamblea Europarlamentaria Latinoamericana; Gabriel Mato, vicepresidente de la delegación América Central; y Juan Salafranca, secretario general adjunto del Grupo Parlamentario del PPE.La invitación fue realizada por el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Francisco Sucre, en nombre de Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" del país.
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Venezuela cierra de forma "total" la frontera con Colombia ante las "amenazas" contra su soberanía
El Gobierno venezolano ha cerrado de forma "total" la frontera con Colombia ante las supuestas "amenazas" contra su soberanía procedentes de ese país, desde el cual la oposición planea introducir en horas las donaciones de varios países que se almacenan en la ciudad de Cúcuta, según ha informado el Ejecutivo.Esta medida se dio solo horas después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenara el cierre de comunicaciones con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao -todas territorios de Países Bajos- y clausurara la frontera con Brasil, donde también se acopian ayudas para los venezolanos."El Gobierno Bolivariano informa a la población que, debido a las serias e ilegales amenazas intentadas por el Gobierno de Colombia contra la paz y la soberanía de Venezuela, ha tomado la decisión de un cierre total temporal de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión", dijo en Twitter la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.El Gobierno Bolivariano informa a la población que, debido a las serias e ilegales amenazas intentadas por el Gobierno de Colombia contra La Paz y la soberanía de Venezuela, ha tomado la decisión de un cierre total temporal de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión!— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 23 de febrero de 2019La funcionaria señaló en otro mensaje -siempre en Twitter- que el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, facilita el territorio de su país "para atentar", por órdenes del mandatario estadounidense Donald Trump, "contra el derecho de los venezolanos a vivir en Paz y en soberanía".Asimismo, indicó que "la normalidad fronteriza" será restablecida cuando "se controlen las groseras acciones de violencia" que Caracas asegura que se gestan desde Bogotá.Maduro lo había advertido el juevesLa medida era esperada desde que Maduro dijera el jueves que evaluaba cerrar el paso fronterizo con Colombia, donde se celebró este viernes un multitudinario concierto, convocado por el multimillonario Richard Branson, para recaudar fondos para ayudas destinadas a Venezuela.Además, Maduro acusa con frecuencia al Gobierno de Colombia de urdir "planes de guerra" junto a Estados Unidos para desalojar al chavismo del poder, que ocupa desde 1999, por lo que ordenó hace días un despliegue especial de las fuerzas militares para la defensa del territorio.El antichavismo ha dicho que este sábado introducirá en el país parte de las donaciones hechas por varios países que se acopian en los límites venezolanos, pese a la negativa de Maduro a aceptarlas.El líder de una comisión parlamentaria que da seguimiento a las ayudas, Miguel Pizarro, ha indicado que la oposición está lista para meter las donaciones a través de varios corredores que unen Colombia y Venezuela.Pero Maduro ha dicho que no aceptará las ayudas, que califica como un "regalo podrido" que porta el "veneno de la humillación", pese a reconocer la crisis del país, que achaca a una "persecución financiera" internacional contra su Administración.La ciudad colombiana de Cúcuta, el estado brasileño de Roraima, ambos limítrofes con Venezuela, y Curazao, un territorio autónomo de Países Bajos situado en el mar Caribe, son los tres puntos de recepción y almacenamiento de víveres y medicinas para los venezolanos.La tensión en Venezuela se incrementó desde la autoproclamación de Guaidó como jefe de Estado y de Gobierno encargado del país el pasado 23 de enero por considerar ilegítimo a Maduro tras ser reelegido en los comicios del 20 de mayo de 2018, que la oposición tacha de "fraudulentos".Esta acción aceleró la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional -como Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos- han dado su respaldo a Guaidó y presiona para que se convoque a elecciones.
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Operación Ayuda Humanitaria: día clave para el plan de Guaidó y EEUU para hacer caer a Maduro
Nicolás Maduro resistió el primer envite a su control sobre Venezuela. Este sábado, justo un mes después de la autoproclamación de Juan Guaidó y el apoyo inmediato (e incluso previo) de EEUU y sus aliados, la operación para tumbar a Maduro pasa a la segunda fase: el ingreso de la ayuda humanitaria.Maduro se ha negado a aceptar la ayuda y Guaidó ha fijado este sábado como la fecha de entrada de las 600 toneladas enviadas por sus aliados que esperan almacenadas en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Colombia, y en otros centros de acopio instalados en Brasil y Curazao (Países Bajos). La operación se iniciará a las 9.00 hora local, 13.00h en España, y contará con un responsable de la logística del lado venezolano y otro del lado colombiano.El propio Guaidó y una delegación de diputados opositores se trasladaron este jueves a la frontera con Colombia para participar en la operación. Durante el recorrido, las fuerzas armadas se enfrentaron e intentaron bloquear el paso a la caravana de diputados.Delincuentes de la GNB intentan con cuchillos en mano, desinflar neumáticos de los autobuses que van a la Frontera #21F pic.twitter.com/yixUr2s5et— Pedro Paolucci (@paolucci40) 21 de febrero de 2019#21F Los GNB buscando que los linchen!! El pueblo se canso. La caravana de @jguaido Llega por que llega!!! Dios con nosotros, cúmplase!#OscarPerezSomosTodos @resistenciaveof pic.twitter.com/A4CiaKMUX0— Gustavo Lainette (@GustavoLainette) 21 de febrero de 2019Desde que los países aliados de Guaidó anunciaron la operación de ayuda humanitaria, tanto el autoproclamado presidente como Maduro se han dedicado a lanzar órdenes y contraordenes a las fuerzas armadas del país para que dejen pasar o bloqueen la entrada de la asistencia. Su actuación este sábado determinará la lealtad del Ejército a Maduro y, en consecuencia, su fortaleza y control efectivo del país."Este 23F nos movilizaremos a todos los cuarteles de Venezuela a exigir el ingreso de la ayuda humanitaria", afirmó el jueves Guaidó. "Señores de las fuerzas armadas, tienen dos días para acatar la orden del presidente y ponerse del lado de la Constitución", añadió. El líder opositor asegura que la asistencia humanitaria ingresará en Venezuela "sí o sí".El mismo jueves Guaidó publicó una orden presidencial exigiendo al Ejército que permita la entrada de la ayuda. "En mi condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reafirmo la autorización para que la ayuda humanitaria entre a Venezuela y consiguientemente ordeno a los diversos componentes de dicha Fuerza que actúen de acuerdo con esta instrucción". El autoproclamado presidente también pedía que se mantenga abierta la frontera con Brasil. Horas después, Maduro aparecía ante las cámaras rodeado de soldados ordenando el cierre de la frontera con Brasil "hasta nuevo aviso". Además, el Gobierno venezolano ha cerrado de forma "total" la frontera con Colombia ante las supuestas "amenazas" contra su soberanía procedentes de ese país.#21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, además de garantías y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constitución. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW— Juan Guaidó (@jguaido) 22 de febrero de 2019En este sentido, cuando Guaidó fijó el Puente de Tienditas en Cúcuta, como principal punto de entrada de la ayuda, Maduro lo bloqueó físicamente con un contenedor y un camión que cierran el paso.Posibilidades de conflicto armadoMaduro argumenta que la operación de la ayuda humanitaria es una excusa para intervenir militarmente en el país y ambas partes en el conflicto se han pronunciado sobre esta posibilidad. "Solo el dictador Maduro será el responsable si se presentan hechos de violencia en la frontera", ha señalado el ministro de Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo. Colombia es uno de los principales organizadores de la operación. "La única agresión contra Venezuela es la del régimen ilegítimo de Maduro contra el derecho de los venezolanos a la libertad y la democracia", ha añadido.Colombia responde a Maduro pic.twitter.com/0vYQyBgyNq— Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) 21 de febrero de 2019En este mismo sentido se ha expresado un alto funcionario estadounidense en condición de anonimato en declaraciones a EFE. "Si hay un derramamiento de sangre dentro de Venezuela, sería culpa de las Fuerzas Armadas de Venezuela y de sus guardias cubanos". Trump advirtió además a los militares que "perderán todo lo que tienen" si apoyan a Maduro.El enviado especial de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, se ha desplazado este viernes a Colombia para "apoyar la entrega de ayuda humanitaria a las personas más vulnerables de Venezuela en respuesta a la petición del presidente interino Juan Guaidó", según ha informado el Departamento de Estado. Una vez en Colombia, Abrams se reunirá con el presidente colombiano Duque y otras delegaciones internacionales.Maduro, mientras tanto, anunció el jueves la llegada de 7,5 toneladas de medicamentos procedentes de Rusia que, según él, se enviarán periódicamente semana tras semana. Rusia, por su parte, ha acusado a EEUU y la OTAN de planear una entrega de armas a la oposición venezolana. "Hay información acerca de que empresas estadounidenses y sus aliados de la OTAN trabajan en la cuestión de la compra de grandes lotes de armas y munición en un país de Europa del Este para transferirlos seguidamente a las fuerzas opositoras de Venezuela", ha afirmado en rueda de prensa la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova.Este viernes se han celebrado dos conciertos a ambos lados del Puente de Tienditas en Cúcuta, que une Venezuela con Colombia (nunca llegó a ser inaugurado por las tensiones entre ambos países). Del lado colombiano, el Venezuela Aid Live ha acogido a artistas internacionales con el objetivo de recaudar fondos destinados a la asistencia humanitaria en Venezuela. Del lado controlado por Maduro, el 'Hands off Venezuela' (manos fuera de Venezuela), organizado por el Gobierno, denuncia la injerencia en el país caribeño. El ayuntamiento de Cúcuta declaró el viernes día festivo para facilitar la asistencia al concierto.Maduro no solo ha contraprogramado el concierto benéfico, sino que también ha intentado hacer lo propio con el envío de ayuda humanitaria. Este miércoles, el ministro de Alimentación de Maduro, Luis Medina, anunció el envío de 20.600 cajas de comida a Colombia. "Esta es la verdadera ayuda humanitaria de Venezuela en solidaridad con las comunidades del Departamento Norte de Santander (Colombia)", afirmó.#Vídeo Hoy salieron desde los #CEAC de La Guaira hacia Cúcuta 20.600 cajas #CLAP elaboradas por nuestro Gobierno Bolivariano. Esta es la verdadera ayuda humanitaria de Venezuela en solidaridad con las comunidades del Departamento Norte de Santander. #ProducciónActivaParaElPueblo pic.twitter.com/NV8S2y4q23— Luis Medina Ramírez (@LuisMedinaRa) 21 de febrero de 2019 Guaidó ha animado a los venezolanos a cruzar la frontera para recoger la ayuda humanitaria y trasladarla a Venezuela, afirmando que su deseo es ver una "avalancha humanitaria". El sábado, en definitiva, es una jornada clave para evaluar el poder de los dos líderes venezolanos enfrentados y un nuevo intento por derrocar a Nicolás Maduro, que se resiste a dejar el poder.
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Vox usa los mecanismos de control parlamentario para una caza de brujas ideológica a dos meses de las generales
Vox ha pasado de las palabras a los hechos. Tras meses de mítines y mensajes incendiarios contra el feminismo o la inmigración, el partido de Santiago Abascal está dispuesto a utilizar las instituciones donde tiene representación para llevar a cabo sus cruzadas ideológicas.La formación política que logró dar la sorpresa en las andaluzas e irrumpió con 12 diputados en la Cámara autonómica ha decidido utilizar los mecanismos de control parlamentario para poner en marcha una caza de brujas entre los funcionarios de la Administración. Su primer objetivo son las unidades contra la violencia machista. El presidente del grupo parlamentario, el polémico exjuez Francisco Serrano, ha solicitado a la presidenta de la Cámara andaluza "una relación detallada con los nombres y apellidos" de los empleados públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal.El anuncio es mucho más que una declaración de intenciones. Forma parte de la campaña de Santiago Abascal, que a dos meses de las elecciones generales, donde todas las encuestas pronostican una considerable subida, quiere enviar un mensaje a los suyos de hasta dónde está dispuesto a llegar en las instituciones. El partido de extrema derecha ya se había quejado de que la Junta que ahora preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla no enviase a la Policía los datos de los inmigrantes sin papeles que constan en la sanidad andaluza. Y ahora emplea los mecanismos parlamentarios para arremeter contra el personal que trabaja en la atención a víctimas de violencia machista. El objetivo que persigue Vox es "depurar" esos órganos que sirven para la elaboración de informes sobre los malos tratos para los posibles juicios y también a la hora de conceder ayudas a las víctimas por parte de la Junta. La formación de Abascal pretende distinguir a los profesionales que están "formados y acreditados" para ese trabajo y los que actúan en función de "motivos ideológicos", según la formación. Vox pasa así de la retórica a las actuaciones concretas. La formación de extrema derecha tiene en las políticas de igualdad –que sus dirigentes consideran "supremacismo de género"– uno de sus principales caballos de batalla. El jefe de Vox en Andalucía ya había cuestionado a los empleados públicos que desarrollan labores relacionadas con la lucha contra la violencia de género, de quienes llegó a decir que ejercen "sin capacidad profesional y sin estar colegiados" afectando a "la custodia de menores".Serrano es un firme defensor de la derogación de la ley de lucha contra la violencia de género y ya como juez utilizó su posición contra lo que ha llegado a tachar de "yihadismo de género". El Tribunal Supremo inhabilitó a Serrano por prevaricación por ampliar el régimen de visitas del padre de un menor para que pudiera ir a una procesión de Semana Santa, aunque luego fue readmitido en la carrera.La formación de extrema derecha calienta de esta forma la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril en las que ningún sondeo cuestiona ya que entrará en el Congreso con mucha fuerza y que puede ser incluso determinante en la configuración de un Gobierno tras los comicios. Además, ha ido a por uno de los asuntos más sensibles –la lucha contra la violencia machista– y a las puertas del Día de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo que también se prevé multitudinario este año. Pero la maniobra de Vox es la expresión en las instituciones de lo que durante estos meses ha sido una de sus señas de identidad. "Saben que no nos callamos, que somos políticos que decimos lo que pensamos. Da igual si tenemos que enfrentarnos a las feministas supremacistas o a los golpistas catalanes o a los de la desmemoria histórica", avisó recientemente el secretario general del Vox, Ortega Smith. Ciudadanos, que tiene en sus manos la cartera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la que dependen los funcionarios que persigue Vox y que reniega del pacto que ha llevado a su líder en Andalucía, Juan Marín, a la vicepresidencia del Gobierno andaluz, ha asegurado que no dará esos datos que solicita la formación de Abascal a través del Parlamento."Me ha sonado a purga, a persecución", ha lamentado la expresidenta, Susana Díaz. Los sindicatos han advertido de que no aceptarán "una caza de brujas". Los aliados de Vox en Andalucía y también sus rivales vivieron en primera persona la demostración de las prioridades parlamentarias con las que ha llegado a las instituciones en la primera sesión del Senado a la que acudió la formación de Abascal. Francisco José Alcaraz se estrenó en el Pleno como oyente: no votó ninguna de las iniciativas que se debatieron. "Ha decidido no votar en las iniciativas presentadas en el Senado por responsabilidad. Recibió ayer toda la documentación y propuestas y ante la imposibilidad de preparar y proponer enmiendas ha optado por no participar", fue la justificación que dio el partido. "Vox está dando la batalla ideológica y lo que nos queda"Lo que sí decidió hacer Alcaraz fue vetar una declaración institucional apoyada por todos los grupos en contra de la LGTBIfobia en el deporte. El texto impulsado por el PSOE y que contaba con el consenso del resto de grupos, incluido el PP, abogaba por "acabar con cualquier expresión de violencia ya sea física o verbal", "reconocer y situar la diversidad sexoafectiva, la expresión e identidad de género y la orientación sexual como elementos enriquecedores", entre otras cuestiones. El senador de Vox se negó a apoyar ese texto y, por ello, no salió esa declaración simbólica contra la discriminación en el deporte, ya que requiere de la unanimidad parlamentaria. "Lo que se ha firmado en el Senado no es una mera declaración contra la discriminación, es un panfleto ideológico con el que el PSOE y los grupos que lo han suscrito intentan colar la ideología de género por la puerta de atrás", argumentó la formación."Lo que pasó ayer en el Senado gracias a nuestro senador Francisco José Alcaraz. Por fin alguien que planta cara al discurso impuesto sobre LGTBI de la izquierda progre. Vox ya está dando la batalla ideológica en las instituciones y lo que nos queda por ver", advirtió el portavoz del Comité Ejecutivo del partido, Ignacio Garriga. Vox dejó clara su posición en el Parlamento y su intención de seguir haciéndolo, pero tampoco en el caso de los derechos LGTBI sorprende el posicionamiento que ha tenido en su arranque parlamentario. La formación de Abascal mantiene, por ejemplo, el rechazo al matrimonio homosexual. El presidente del partido ya advirtió de que intentaría cambiar "el nombre" a las uniones civiles entre personas del mismo sexo o de que su pretensión es acabar con la ley de violencia de género para sustituirla por una sobre violencia intrafamiliar. Además del recorte de derechos sociales –que pasan por el rechazo total a las personas migrantes a las que amenazan con deportar–, las medidas más desconocidas de Vox apuntalan los privilegios de los ricos y las grandes empresas. El partido de extrema derecha presentó su programa electoral en un multitudinario alto en Vistalegre en pasado mes de octubre. Antes de conseguir la representación institucional a través de las urnas, Vox había aprovechado la fórmula de la acusación popular en el caso del procés como altavoz contra el independentismo. La acusación popular que ha pilotado Ortega Smith pidió hasta 74 años de prisión para los líderes independentistas. Sin embargo, el arranque del juicio oral le ha dado menos visibilidad de la que esperaba: el juez Manuel Marchena rechazó que realizara el interrogatorio a los acusados ante el anticipo de que no iban a responder más que a su defensa y, en algunos casos, a la Fiscalía. Mariano Rajoy, que acudirá este martes a declarar como testigo, sí tendrá que enfrentarse a los que ahora son los rivales de Pablo Casado.A las puertas de una campaña electoral, en la que todos los estudios demoscópicos pronostican su irrupción en el Congreso de los Diputados, en buena parte de las cámaras autonómicas y hasta convertirlo en llave del Gobierno de España, Vox manda el mensaje de que con ellos las instituciones estarán al servicio de sus causas, ya sea la persecución del feminismo o de la inmigración. Mientras partidos como Ciudadanos o el PP, que sufren una hemorragia de votantes, coquetean con su discurso, Abascal sube la apuesta: la extrema derecha sin complejos está en las instituciones y eso ha de notarse. La primera parada es el Parlamento andaluz.
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Qué hacen los trabajadores que Vox quiere "depurar": "Nuestro trabajo está en la ley. Nos han puesto en la picota"
"Yo estoy indignada". Así responde una de las trabajadoras de violencia de género en Andalucía sobre las que Vox ha solicitado los datos con el objetivo de "depurar casos ideológicos". El último movimiento de la extrema derecha ha puesto sobre la mesa algunas de sus máximas sobre lo que llama "la supremacía de género" y esta vez ha apuntado contra las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) y los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores. Los tres organismos, formados por psicólogos, forenses y trabajadores sociales, emiten informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio. "Somos empleados públicos y personal cualificado. Nuestro trabajo está en la ley", se defiende esta trabajadora, que se muestra desconcertada. Los funcionarios sobre los que ha pedido información el juez Francisco Serrano se encargan de desarrollar una labor pericial de apoyo a los magistrados. El diputado de Vox conoce bien el sistema porque es juez de familia –en excedencia– y fue inhabilitado en 2011 por alterar un régimen de visitas de un menor con su padre. Serrano abandera una política dura en contra de las leyes de violencia machista y, de hecho, la petición de nombres y apellidos de las plantillas viene explicada así por él mismo: "Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños".De los equipos a los que ha señalado en este nuevo movimiento, los que más directamente trabajan con la violencia machista son las Unidades de Valoración Forense Integral, equipos especializados formados por forenses, psicológos y trabajadores sociales adscritos a los Institutos de Medicina Legal y previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Su labor es emitir informes integrales, siempre que lo solicite el juez, que utilizará, junto al atestado policial y su propia valoración, para decidir sobre las órdenes de protección y las medidas civiles cuando una mujer denuncia."Esas unidades están compuestas por profesionales formados para ello y son claves porque dan la posibilidad de hacer una valoración global; en el plano físico, psicológico y social", explica el forense Miguel Lorente, que era coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía cuando la comunidad se convirtió en pionera al implantar estos equipos en 2005. "Analizan toda la historia de violencia como un continuo, no como un episodio puntual ni en base a la última agresión, que suele motivar la denuncia", prosigue el que fuera también delegado del Gobierno contra la Violencia de Género entre 2008 y 2011.A pesar de que las Unidades de Valoración Forense Integral no están instaladas en todas las provincias, tal y como exige la ley, y de que su uso no está muy extendido a nivel estatal, son herramientas fundamentales para predecir el riesgo de una víctima de maltrato. Además, valoran no solo a la mujer que ha denunciado, sino también al pregunto agresor y a los hijos e hijas. Es decir, es una herramienta fundamental a la hora de decidir sobre las medidas paternofiliales a tomar por parte del magistrado, entre ellas, los regímenes de visitas para mermar el riesgo de los menores lo máximo posible.Tal es su utilidad que la Fiscalía lleva años llamando la atención sobre la necesidad de su "implantación urgente", que debe extenderse por todo el territorio nacional, algo recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo hace a través de las memorias anuales, la última publicada el pasado mes de septiembre, en la que califica de "imprescindible" que los jueces complementen los informes policiales de valoración de riesgo con este tipo de instrumentos. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial también ha insistido en la necesidad de incrementar su uso."Son importantísimas porque valoran la realidad de la violencia de género en toda su amplitud. Abarcan cuestiones como la asimetría de poder que puede darse en la relación, detallan los mecanismos de control o, por ejemplo, si ha habido violencia psicológica", señala la forense y exdirectora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía Ángeles Sepúlveda. La experta extiende la pertinencia de estas funciones a los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores, que también se encargan de expedir informes de valoración.Ambos están formados por psicólogos y trabajadores sociales y, en el caso de los primeros, emiten estudios para ayudar a decidir a los magistrados en el contexto de un proceso de divorcio sobre la custodia, el régimen de visitas, la pensión o la atribución de la vivienda. Suelen evaluar al menor, al madre y a la padre y analizan factores como su estado psicológico, su credibilidad o qué medida puede ser más beneficiosa para los niños y niñas. Pero, ¿tienen algo que ver estos equipos con la violencia de género? En principio no, pero lo cierto es que en la práctica hay Juzgados de Violencia de Género que solicitan valoraciones de este tipo a los equipos psicosociales de Familia."Un porcentaje altísimo de las mujeres que sufren violencia de género nunca denuncian y salen de la situación a través de un proceso de divorcio cualquiera. Estos juzgados ven violencia aunque no la reconocen", defiende Lorente, que incide en que, además, "hay casos en los que se archivan denuncias por maltrato" y el paso posterior puede ser que el padre interponga una demanda de modificación del régimen de visitas, algo que dirimen este tipo de juzgados y los equipos adscritos a ellos. "La vía civil está siendo un instrumento muy poderoso para someter a las mujeres", concluye el forense.Equipos técnicos de menoresEn el caso de los equipos técnicos de menores, sobre los que también Vox ha solicitado datos de los profesionales que los integran, realizan la misma función pero con casos de menores de edad infractores. En este sentido, elaboran informes para orientar a los magistrados sobre la medida más adecuada a tomar cuando un menor ha cometido una infracción y también se encargan de los casos de violencia de género en estas edades. ¿Por qué ha decidido la extrema derecha apuntar contra este tipo de profesionales? Lo cierto es que la formación de Santiago Abascal ha defendido una y otra vez que las leyes contra la violencia de género "discriminan" a los hombres y se presentó a las elecciones andaluzas con un programa que pedía su derogación. Su batalla contra el feminismo es constante. Con esta petición de datos, el objetivo declarado de Vox es diferenciar entre aquellos trabajadores a los que considera preparados y aquellos que se mueven "por motivos ideológicos". Una tesis que no es nueva y que el juez Serrano ya ha defendido públicamente en otras ocasiones. Incluso ha escrito un libro al respecto sobre cómo la decisión "de empleados públicos sin capacidad profesional y sin estar colegiados" afecta a "la custodia de menores" en casos de violencia de género."Veremos qué ocurre con esto, pero no tienen derecho a cuestionar la ideología de los trabajadores públicos de esta forma. Nos han puesto en la picota", concluye la trabajadora afectada.
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El líder de Vox en Andalucía, un juez prevaricador que bromeó con una violación en grupo
Se mofó de una violación en grupo, dijo al llegar a su escaño que "la Reconquista empezaba en el sur" y ahora ha pedido al Parlamento andaluz los nombres de funcionarios que evalúan la violencia de género para "depurar casos ideológicos". El presidente de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, considera que "los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños" .Serrano fue titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla hasta su inhabilitación, en octubre de 2011. Fue readmitido por el Tribunal Constitucional, pero su reingreso en carrera judicial se rechazó finalmente hace algo más de un año. Se autodefine como letrado "en lucha por la igualdad total y la defensa de los más débiles". Entre algunas de sus perlas más destacadas está la de que "los inmigrantes tienen que saber que te integras en nuestra cultura o te largas".Hace un tiempo, el juez se burló en su perfil en Twitter de la posibilidad de una violación en grupo de una mujer a raíz del mensaje machista que tuvo que soportar recientemente Inés Arrimadas, líder de C's en Cataluña, cuando una ciudadana le deseó por otra red social, Facebook, que le ocurriera esto.Lejos de condenar lo ocurrido, el exjuez le mostró "todo" su "apoyo" a Inés Arrimadas, pero a la vez frivolizó con hechos tan graves como la violación, cuando escribe lo siguiente: A esta desgraciada no creo que nunca la violen ni en grupo,ni en cuadrilla, ni con alevosía o nocturnidad. Todo mi apoyo a @InesArrimadas pic.twitter.com/kRMHwBcrtl— Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 6 de septiembre de 2017Durante la campaña electoral de las andaluzas, Serrano expresó multitud de deseos para su tierra. Como por ejemplo, "transformar el estado autonómico en un estado de derecho unitario" o el "cierre de mezquitas fundamentalistas y expulsión de imanes que propaguen la yihad". En ese sentido, escribió en Twitter que "la catedral de Córdoba es católica", desoyendo un informe técnico de expertos presentado recientemente que expone lo contrario. También dice "¡¡¡Gibraltar Español!!!" cuando su partido lleva la performance de la bandera hasta el mismo peñón. "Nosotros ya nos mojamos a nado entrando en Gibraltar", ha presumido.El portavoz de Vox también quiere la derogación de la ley de memoria histórica, el cambio de la ley de violencia de género, el control de la inmigración ilegal, la bajada de impuestos y "la supresión de los tres impuestos que sangran a las familias andaluzas: el impuesto sobre el patrimonio, el de sucesiones y donaciones y las plusvalías municipales", obviando que los dos primeros afectan esencialmente a las rentas más altas. Sirva como ejemplo el mínimo exento de pagar el impuesto de sucesiones es de un millón de euros.Gran defensor de la caza y de los toros, Serrano aseguró en la campaña andaluza que su intención de proteger la caza como actividad económica necesaria y tradicional del mundo rural y promover una licencia única nacional.Serrano carga siempre que puede contra lo que él llama "hembrismo, feminismo radical" o incluso "yihadismo de género". Considera que el efecto de la ley de violencia de género no respeta la presunción de inocencia de los hombres y defiende con vehemencia que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) existe a pesar de que la OMS y los psicólogos lo niegan. Para él, su partido representa a "la España de la decencia" y uno de los problemas del país es la memoria "histérica".Cabe recordar que este abogado, que se presenta como "juez represaliado por defender derechos y libertades", fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por cambiar el régimen de visitas de un menor para que pudiera salir en una procesión de la Semana Santa junto a su padre. Dicha inhabilitación, de dos años, fue elevada a diez por el Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, este último fallo fue posteriormente anulado por el TC, pese a lo que, cumplido ese plazo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó su reingreso en la carrera judicial. Y nuevamente, el TC le denegó su petición de reingreso en la carrera judicial en cumplimiento del último fallo sobre su caso.
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El veto de Ciudadanos a pactar con el PSOE es un intento de ganar votos a la derecha, según los expertos
Ciudadanos aseguró esta semana, con el adelanto electoral como telón de fondo, que no pactará con el PSOE después de las elecciones del próximo 28 de abril. El partido del Albert Rivera no dejará que "ni uno solo de sus votos" sirva para hacer presidente a Pedro Sánchez y priorizará pactos con PP y Vox para evitar un "nuevo Gobierno Frankenstein". Lo que para Ciudadanos es evitar un Gobierno de Pedro Sánchez a toda costa, para los expertos es un claro giro hacia la derecha, lugar en el que esperan conseguir muchos más votos que en el centro."Ellos aspiran a gobernar. Ellos creen que lo van a poder hacer, en tanto que queden los primeros en el bloque de la derecha. Aspiran a repetir la coalición andaluza, pero con Albert Rivera de presidente", dice el politólogo Pablo Simón. Es precisamente en esto en lo que todos los expertos consultados están de acuerdo: Ciudadanos quiere dejar de ser un partido bisagra.Este movimiento, según la politóloga y editora de Politikon Berta Barbet, "les aleja del centro y de intentar ser el partido bisagra entre PSOE y PP". Mientras que para Barbet el espacio del centro político en España es en estos momentos muy reducido, para el doctor en Ciencia Política e investigador del CSIC José Fernández-Albertos lo interesante es preguntarse "¿alguna vez lo ha habido?", con el argumento de que en España siempre ha habido "dos grandes bloques ideológicos de los que cuesta mucho despegarse".Una de las lecturas que pueden hacerse del anuncio contrario a pactos con los socialistas es "que el centro es muy pequeño", reconoce Fernández-Albertos. Pero otra, y más interesante para el investigador, es que nuestro sistema electoral para grupos pequeños limita incluso su supervivencia. "En otros sitios con un 5% o un 10% de voto es algo con lo que puedes vivir, pero en España con esto o si bajas un poco más puedes acabar como IU en la segunda legislatura de Zapatero".Suturar las fugas a VoxGanar votos para Ciudadanos, por tanto, pasa por virar a la derecha y por asegurarle una cosa a su actual o futuro votante: no daremos la presidencia a los socialistas, según explica Simón. "Lo que tienen que intentar es dar garantías a un elector del PP o a los que se le están escapando hacia Vox de que tienen que estar tranquilos porque ellos no van a hacer presidente a Pedro Sánchez"."No es que haya renunciado al centro sino que en una evaluación entre el coste y el beneficio, prefiere sacrificar el centro a lo que puede perder por la derecha", añade Simón.Pero, ¿qué pasaría si Ciudadanos después de las generales del 28A optase por pactar con el PSOE, como ya ha hecho antes? ¿Esto les pasaría factura? "Es posible que los partidos ahora mismo sean un poco miopes y no estén viendo las consecuencias que puedan tener [algunas decisiones que se anuncian en campaña] a largo plazo", dice Fernández-Albertos. "Pero si lo hacen así es porque ellos perciben que ese coste siempre es relativo", continúa y añade: "En este escenario tan volátil, con ciclos electorales tan cortos y con liderazgos tan efímeros, los partidos valoran muchísimo el corto plazo". También recuerda el experto que "Ciudadanos dijo mil veces que no iba a hacer presidente a Rajoy e hizo presidente a Rajoy y los votantes no le castigaron con ello".Pablo Simón cree que Ciudadanos tendría tiempo de explicarle a su electorado por qué finalmente hicieron un pacto u otro. "Tendrían cuatro años en un Gobierno de coalición para tratar de persuadir a sus votantes de que la decisión que han tomado ha sido la correcta", dice sobre un pacto final entre Ciudadanos y PSOE. Aunque cree que esto solo sería posible si los dos partidos lograsen con sus escaños la mayoría para gobernar sin la necesidad de ningún partido más.Una apuesta a todo o nadaPara que esta estrategia anunciada en los primeros compases de campaña dé sus frutos, Ciudadanos tendrá que conseguir "un crecimiento suficiente", alerta Simón. "Aquí el gran problema que suele tener Ciudadanos es que ellos no compiten con sus resultados reales, sino que compiten con sus expectativas", a lo que se refiere el politólogo es a que deben ser capaces de llegar a los niveles de apoyo que se dibujan en los sondeos."Si Ciudadanos quedara con un crecimiento muy minorado a los que le dan las encuestas o con un resultado muy alejado de la segunda plaza sería para ellos un shock importante y esto podría hacer que a la hora de pactar pudieran ser más flexibles", concluye.
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¿A quién beneficia la crispación?
Si se evaporaron las respuestas, extraño será que acertemos con las preguntas. Pero hay una de ellas que se presenta cada mañana y que a poco que uno atienda a los debates parlamentarios alcanza a tocarla incluso, con todos sus interrogantes: ¿a quién beneficia la crispación? Se ha vuelto todo tan volátil e impredecible que no existe una conclusión cierta, pero a alguien tiene que ser para que haya cundido tanto.En el cálculo partidista -¿hay otro?-, puede que la crispación beneficie al PP y a Ciudadanos y a Vox, que necesitan la tensión de un escenario polarizado. Puede, en cambio, que saque ganancias el PSOE si logra instalar la idea de que otros atacan las propuestas que ellos envuelven en corazones y rosas. No está claro eso de a quién beneficia la crispación; está más claro quién resulta perjudicado si se agría el debate, que es el debate mismo, porque toman por crispación la marrullería y el golpe bajo y confunden la ocurrencia con la originalidad. Lo que sufre es aquello que se conoce como el nivel, que cuanto más cae más agrava la brecha entre el común de la gente y la gente que se dedica a la política y a contarla. ¿A quién beneficia entonces que se nieguen unos a otros?Observen la última sesión de control, la penúltima de la legislatura, donde fueron a hablar de chaquetas y chaqueteros, de mentiras e ignorantes. Miren el dedo acusador de Rafael Hernando en la segunda fila del hemiciclo, guardando la espalda de Teodoro García Egea, revuelto a su vez en su asiento cuando habla el presidente al que ellos llaman ilegítimo y cosas aun peores. Oigan de fondo a una diputada, también del PP, que le grita a Pedro Sánchez: "El colchón, el colchón" igual que antes le gritaban "Zapatero". Se desprecian con nombres corrientes, comunes o propios, como si a los insultos ya los hubieran vaciado de significados.El colchón, le dicen a Sánchez, y hasta Pablo Casado le restregó la cama allí mismo, delante de España entera, para que Sánchez le reprochara lo del nivel. "Qué nivel, señor Casado", se quejó el presidente antes de ir a preparar la presentación de su ‘Manual de resistencia’, donde se harían chascarrillos sobre las relaciones de políticos y le preguntarían por lo que refiere en el libro, que son asuntos como el futuro de la socialdemocracia o las inconveniencias de ser un guapo o el momento en que quitó el Marca para poner el Finantial Times en la mesa de la Moncloa. El nivel.La crispación la ha negado Rafa Hernando, lo que supone una manera de confirmarla. El fenómeno trae consigo la rebaja del debate, reducido al eslogan y a los símbolos. Ahora, después de banalizar la política, sólo cabía crisparla. Además del juicio en el Supremo y la frase que soltó el rey en mitad de las declaraciones de los acusados, todo lo que hemos visto en los últimos días ya eran campaña y promesas, empezando por esa de Ciudadanos de renegar del PSOE con la misma fuerza con la que antes renegó de Mariano Rajoy. Más que propuestas hay vetos y, a estas alturas, salen más partidos dispuestos a pactar con Vox que con el PSOE. "La crispación nos puede beneficiar", se oyó decir a un asesor socialista esta semana, dedicado a contar los escaños de las circunscripciones pequeñas con más atención de la que dedican a las proyecciones de las provincias grandes. La campaña estará en un cuadro de excel.Así estamos, en fin. Inundados de ocurrencias que compiten por llevarse el retuit, de frases hechas y de símbolos. La España barroca, adornada además con algunas banderas en los balcones y corazones por doquier. Pronto podrá visitarse la política como se visitan las exposiciones: miren a la izquierda cómo se pelean, miren a la derecha las cosas que se dicen.Igual apenas quedan políticas ni alianzas, pero qué más dará si sobra con las vísceras, si llenarán las trincheras de vetos y desprecios en los que no hará falta escuchar lo que diga el rival porque ni siquiera lo reconocen. Uno no sabría decir -estudios habrá que lleguen a sus conclusiones científicas, contradictorias por supuesto- a quién beneficia la crispación que ha traído la campaña aunque no sea culpa de la campaña. Uno sólo sabría decir que ve crispación en todas las sedes, lo cual no deja de ser una visión crispada.
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Vox vuelve a tensar al Gobierno andaluz de PP y Cs al pedir la identidad de funcionarios que evalúan la violencia machista
La tranquilidad del recién estrenado Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se ve alterada cada vez que Vox, el partido que sustenta esta coalición de centro derecha, ejercita su agenda, sus políticas y sus prioridades. La formación de Santiago Abascal es clave para la estabilidad de la legislatura, pero de momento da más sobresaltos al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla que el PSOE de Susana Díaz, líder de una oposición todavía desdibujada. La solicitud formal que Vox ha trasladado al Parlamento andaluz para que la Junta le proporcione la lista, con nombres y apellidos, de los empleados públicos que evalúan los casos de violencia de género ha convulsionado al Gobierno andaluz, sostenido por esta formación ultraderechista. De paso, también ha vigorizado las filas del PSOE y  de Adelante Andalucía (Podemos-IU), que ya se están movilizando para plantar a los partidos de derechas el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer trabajadora.Mientras la oposición ha puesto el grito en el cielo, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha reaccionado con un perfil bajo, como todo lo que le toca digerir de sus socios de Vox. El presidente andaluz ha respondido con la misma fórmula que viene usando cada vez se ve obligado a replicar las iniciativas del grupo ultraconservador sobre este asunto: "Ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género". La Consejería de Presidencia también ha declinado valorar el tema. Y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha esquivado el asunto alegando que no es de su competencia, puesto que la plantilla de empleados que evalúan los casos de violencia machista dependen de la Oficina Judicial de la Junta, adscrita a la Consejería de Justicia, y en manos del vicepresidente y líder de Ciudadanos, Juan Marín.Ruiz, sin embargo, tiene en sus manos todas las políticas de igualdad y subvenciones a mujeres maltratadas que emanan de esos informes de Justicia que Vox cuestiona, de modo que su inhibición en esta polémica ha cabreado mucho a los grupos de izquierdas, que sí lo consideran "un paso atrás". Ya entrada la noche, la consejera de Igualdad publicó un tuit denunciando las "ocurrencias de Vox". El vicepresidente Marín ha zanjado el asunto cuando le han preguntado si estos trabajadores "corren peligro" con la iniciativa de Vox. "En absoluto. "Vox no va a conseguir que Cs se mueva ni un milímetro de las posiciones que ya hemos marcado".La Cámara legislativa andaluza es la primera institución autonómica de España donde la formación de Santiago Abascal, con sus 12 diputados, puede empezar a articular sus políticas. Su primera iniciativa parlamentaria, registrada el miércoles, antes de la celebración del primer Pleno ordinario, ha ido encaminada a destapar "los informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados de los que depende la libertad de un acusado [por violencia machista] o el futuro de niños". El escrito registrado por el presidente del grupo Vox, el juez en excedencia Francisco Serrano, busca rastrear en la plantilla de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, un órgano dependiente del Instituto de Medicina Legal, y adscrito a la Oficina Judicial de la Junta, para "depurar los casos ideológicos".El escrito remitido al Parlamento pide literalmente "una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos". Es decir, los empleados públicos  que elaboran los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y que también son tenidos en cuenta por la Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas. "Hay que saber todos los detalles para comprobar que el dinero ha sido empleado correctamente y los objetivos se han cumplido", advierten desde la formación ultraconservadora.El propio Serrano ha explicado así su iniciativa en las redes sociales: "Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños". Desde Vox han explicado a esta redacción que esa lista de nombres les servirá para "depurar" entre quienes están "formados y acreditados" para elaborar dichos informes y quienes se mueven por "motivos ideológicos".En manos de letradosEl gabinete jurídico de la Junta de Andalucía estudia ahora si la solicitud de Vox al Parlamento puede rechazarse alegando que vulnera la Ley de Protección de Datos. El Ejecutivo de Moreno Bonilla se inclina por negarle esa información a su socio de investidura, aún a riesgo de enfadar aún más a los ultraderechistas. Pero, según expertos consultados, la solución jurídica no está tan clara. Serrano no ha solicitado estos datos al Portal de la Transparencia de la Junta como un ciudadano más, se ha servido de su condición de diputado, amparado en el artículo 7 del reglamento del Parlamento, en un escrito dirigido a su presidenta, Marta Bosquet.Las expertos consultados subrayan ese matiz: "Los representantes públicos en su función de control al Gobierno tienen derecho de acceso a información y datos que están vetados al resto de los ciudadanos. Si la petición está bien fundamentada jurídicamente y tiene sentido podrían acceder a esos datos", advierten las fuentes consultadas. Pero también vierten dudas sobre la formulación en la consulta de Vox: "Se suele aplicar el criterio de ponderación que responde a la pregunta de cuánta información es necesaria para responder a lo solicitado. Si no es necesaria la identificación se puede ofrecer pseudonimizada, es decir, sin nombre y apellidos. Suele estar justificado si se dan casos de desvío de poder o nepotismo dentro de la función de control al Gobierno. En este caso, si el objetivo es conocer la cualificación profesional de los funcionarios [que evalúan los casos de violencia de género], una lista identificativa no satifacería su deseo de información", concluyen.La Mesa de la Cámara, órgano rector del Parlamento donde están todos los grupos representados, se reunirá el miércoles para decidir si admite la solicitud de Vox, previa consulta al letrado mayor. El abogado Juan Moreno Yagüe, ex diputado de Podemos y ex vicepresidente de la Mesa del Parlamento en la pasada legislatura, cree que este órgano "ni siquiera va a calificar la solicitud de Vox". "Cualquier iniciativa de cualquier grupo o parlamentario que llevara nombre o identificación de un cargo o funcionario directamente se inadmitiría", avisa.El desmantelamiento de las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género está en los principios fundacionales de Vox, fue su primera exigencia al PP a cambio de apoyar la investidura del presidente Moreno Bonilla, y ha sido su primera iniciativa parlamentaria. Sin embargo, con la misma intensidad trabaja la oposición de izquierdas para proteger unas leyes que fueron aprobadas en la pasada legislatura por unanimidad de todos los partidos -la Ley de lucha contra la Violencia de Género- o con un amplio consenso -la reforma de la Ley de Igualdad y la de lucha contra la homofobia. Los populares y la formación naranja perciben el riesgo de su alianza con Vox, de ahí que hayan marcado el terreno que los ultraderechistas no pueden pisar. En su acuerdo de Gobierno de 90 medidas se incluyó, a petición de Ciudadanos, una referencia específica al Pacto andaluz contra la Violencia de Género.Aún así, es el flanco débil por el que PSOE y Adelante Andalucía quieren movilizar a las bases de izquierdas. No hace ni 48 horas que el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley del PSOE andaluz contra la violencia de género, en la que se instaba al nuevo Gobierno andaluz a apoyar, mantener y financiar el movimiento feminista de Andalucía a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa andaluza de lucha contra la violencia de género. La iniciativa también instaba a la Cámara a demandar al Ejecutivo de Moreno Bonilla a que "mantenga e impulse todos y cada uno de los derechos de las mujeres andaluzas contra la violencia machista, especialmente en el ámbito de igualdad, social, sanitario, educativo y judicial, y a que ejecute y evalúe la totalidad del presupuesto, especialmente el aportado como consecuencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin que suponga detrimento alguno de las partidas previstas con fondos propios de la comunidad".Excepto el punto en el que se reclamaba más fondos al Gobierno central, PP y Ciudadanos suscribieron la propuesta de los socialistas, dejando en soledad parlamentaria a Vox. Esta convulsión entre los tres grupos conservadores tiene sus riesgos cuando la legislatura no ha hecho más que empezar a caminar. En los próximos meses, el Gobierno de PP y Cs debe negociar dos presupuestos autonómicos -el de 2019 y el de 2020- con Vox, en mitad de la campaña para las elecciones generales del 28 de abril y las autonómicas del 26 de mayo.
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Alberto Garzón se perfila como cabeza de lista de Unidos Podemos por Málaga
Podemos e IU están más cerca de cerrar el preacuerdo para las elecciones generales del 28 de abril. El reparto de las candidaturas depara una novedad muy importante con relación a las listas de junio de 2016. Si se cierran los últimos flecos pendientes, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, encabezará la papeleta de Unidos Podemos por Málga. Así lo ha avanzado La Sexta y ha confirmado eldiario.es de fuentes de la dirección de IU, que apuntan que de esta manera ganarían "en visibilidad" y en "impacto", al no reunir en una única lista a los principales rostros de la candidatura.El movimiento abre un hueco en la lista por Madrid para IU. Diversas fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por eldiario.es señalan que se perfila para ocuparlo el secretario general del PCE, Enrique Santiago, para la papeleta que encabezarán Pablo Iglesias e Irene Montero. El preacuerdo todavía debe cerrarse y, después, deberá ser sometido a consulta entre las bases de IU. A la vez se producirá un proceso de primarias que deberá además ratificar esta decisión y que está abierto a que se presenten opciones alternativas.El paso al lado de Alberto Garzón permitirá así desbloquear una negociación que se había trabado en los últimos días. El líder de IU cede y abre paso a un acuerdo que permitirá también avanzar en otros territorios, donde el entendimiento entre Podemos y la coalición de izquierdas estaba en duda.Ya en junio de 2016 Garzón aceptó ser el número 5 de la candidatura de Unidos Podemos. Entonces, Pablo Iglesias se cerró en banda a que el líder de IU, con quien había sellado una alianza electoral en mayo, ocupara el lugar de Íñigo Errejón. El hoy candidato de Más Madrid tras dejar Podemos reivindicó su lugar, pero el secretario general de Podemos blindó su puesto.Fuentes de IU aseguran a eldiario.es que la propuesta es estratégica y tiene que ver, precisamente, con la experiencia acumulada desde 2016. Garzón tendrá más visibilidad como número 1 en una lista que por detrás de Iglesias y Montero en Madrid.La elección de Málaga es obvia, dicen. Garzón se crió en El Rincón de la Victoria, un pueblo de la costa de la provincia, y allí reside parte de su familia. También es donde nació su hija. Además, apuntan las mismas fuentes, de esta forma se diversificarán los principales valores de Unidos Podemos, que no acumulará sus principales referentes en una única lista.La lista de MadridTres años después, Errejón ya no es un problema y el número tres de la candidatura estaba garantizado para IU si se reeditaba el acuerdo. Pero la elección de Enrique Santiago como secretario general del PCE ha reactivado al partido como actor político y su nombre se perfila ahora para integrar la lista de MadridSantiago ha tenido una presencia muy destacada en las negociaciones parlamentarias de Unidos Podemos con el Gobierno y es firme defensor de la confluencia de Podemos e IU.El líder comunista es partidario de ir a un sujeto superador común. Eso sí, sin cerrar IU, tal y como expresó en una entrevista con eldiario.es: "El PCE no apuesta por debilitar o disolver IU para avanzar hacia otro sujeto. Eso no daría resultado".
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El Gobierno busca cumplir una de sus grandes apuestas antes del 28A: elevar el permiso de paternidad a 16 semanas
El Gobierno ha incluido la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 16 semanas en el decreto ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo, un texto que planea aprobar en las próximas semanas y cuyo borrador ha trasladado a los agentes sociales. Una paso adelante del Ejecutivo que se produce a pocas semanas de la huelga feminista del 8M y unos días después de que Pedro Sánchez convocara elecciones para el próximo 28  de abril.El documento, al que ha tenido acceso Efe, establece un permiso de paternidad progresivo: de 8 semanas desde su entrada en vigor –es decir, desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado–, luego aumentará a 12 semanas a partir del 1 de enero de 2020 y alcanzará las 16 semanas desde el primer día de 2021.De esta forma, a partir de 2021 los dos progenitores disfrutarán de permisos iguales, intransferibles y retribuidos, con una licencia de seis semanas ininterrumpidas para ambos al principio y otras diez semanas para cada uno, a distribuir hasta los doce meses desde el nacimiento o adopción.Las seis primeras semanas se disfrutarán a jornada completa, mientras que las otras diez podrán repartirse a jornada completa o parcial a lo largo del primer año de vida (o de adopción) del hijo, pero no podrán cederse al otro progenitor. Como incentivo, si ambos progenitores los disfrutan de forma equitativa, podrán ampliar el periodo de permiso en una semana más cada uno.El borrador amplía este permiso en los casos en los que el recién nacido deba quedarse hospitalizado tras nacer "en tantos días" como esté ingresado, con un máximo de 13 semanas adicionales.Este decreto modifica tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público, de forma que los trabajadores de la Administración también estarán sujetos a esta ampliación del permiso de paternidad, con la misma escala gradual, así como a la posibilidad de disfrutar ambos progenitores del permiso de lactancia.La norma amplía el permiso de lactancia también al otro progenitor, de forma que ambos tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo -que podrán dividir en dos medias horas- hasta que el hijo cumpla los 9 meses.También es posible acumular esta reducción en jornadas completas, que pueden disfrutarse de forma simultánea pero que no son transferibles entre ambos progenitores, con el incentivo de que si ambos ejercen este derecho de forma igualitaria, podrá extenderse hasta que el lactante cumpla el año, pero con una reducción proporcional del salario desde los 9 meses.Derecho a acceder al registro salarial de las empresasOtra novedad es que todas las empresas estarán obligadas a llevar un registro salarial con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla. Deberán presentarse desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor. Los trabajadores tendrán derecho a acceder al registro salarial de su empresa. Se presumirá que existe discriminación salarial cuando en una empresa con al menos 25 trabajadores el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo sea superior al del otro en un 25 % o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, salvo prueba contraria que lo justifique por motivos no relacionados con el sexo de los trabajadores.El decreto incluye también la obligación para las empresas de más de 50 trabajadores de elaborar y aplicar un plan de igualdad, que hasta ahora solo era preceptivo para las empresas de más de 250 empleados. Los planes deberán incluir medidas evaluables dirigidas a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad efectiva.Las empresas de entre 50 y 250 trabajadores dispondrán de un año, desde la entrada en vigor del decreto, para hacer voluntariamente el plan de igualdad, que será obligatorio cuando se cumpla ese plazo. Así, se crea un registro de planes de igualdad de las empresas dependiente de la Dirección General de Trabajo, en tanto que las comunidades autónomas crearán el suyo.
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Tres juezas acordaron el desahucio conjunto de Argumosa tras alegar la Policía problemas de "orden público"
Las magistradas titulares de los juzgados de primera instancia 10, 11 y 33 de Madrid acordaron en una reunión con la Policía Judicial ordenar un desahucio conjunto de las tres viviendas del número 11 de la calle Argumosa después de que los agentes les trasladaran la imposibilidad de ejecutar las órdenes en al menos cinco ocasiones por problemas de "orden público". Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han explicado que en la reunión estuvieron presentes agentes, las tres magistradas, funcionarios de sus juzgados, dos letradas de la Administración de Justicia del Servicio Común de Notificaciones y Embargos y miembros de la Policía Judicial. Según consta en los tres autos que ordenan el desahucio, a los que ha tenido acceso eldiario.es, hasta en cinco ocasiones los policías habían alegado problemas de "orden público" para ejecutar la orden de los respectivos juzgados. Con esa expresión se refieren a la movilización de distintos colectivos para impedir el desalojo de las familias que residen en esos pisos. La propietaria, en los tres casos, es Estrella Esteban Aguado. Los residentes en las tres viviendas son todos familiares. El Juzgado de primera instancia número 33 de Madrid, que atiende el caso del 4ºB, donde reside Josefa Santiago Salazar, conocida en el barrio como Pepi, habla de cinco suspensiones del desahucio, una de ellas, el 19 de septiembre, "por carecer de efectivos la Policía Nacional", y otro el 14 de diciembre "por motivos de orden público". "Resulta necesario, para dar eficaz cumplimiento a la resolución judicial, recabar el auxilio de la Policía Judicial a fin de que, con los medios proporcionados, se garantice la seguridad de la Comisión Judicial, en la identificación de las personas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de la misma a fin de que puedan ser apercibidas de posible responsabilidad penal", escribe la jueza María Teresa de la Asunción Rodríguez. Este jueves, la Policía ha detenido a seis personas que intentaban impedir el desalojo.La jueza también había ordenado dirigir un oficio a la Delegación del Gobierno "a fin de que arbitre los medios policiales necesarios y proporcionados para evitar una obstaculización dolosa de la diligencia señalada y asistan a la comisión judicial a los fines acordados". "Ni atención prioritaria, ni emergencia habitacional"La magistrada del caso de Pepi aseguró en otro auto del pasado 13 de febrero que Pepi no está "amparada por ningún supuesto ni de atención prioritaria ni de emergencia habitacional". Y añadía que la mujer había rechazado "varias alternativas" para irse a otro lugar, como una plaza en una residencia o ayuda económica para el pago del alquiler en otra vivienda. "A lo que se une que cobra una pensión no contributiva a partir de agosto de 2018", señalaba la magistrada. Los autos de los juzgados 10 y 11 reproducen los mismos mandamientos a Delegación del Gobierno y servicios sociales en idénticos términos. En el caso del 3ºA, donde reside Ramón Moreno Salazar, primo de Rosi, el desahucio se suspendió en dos ocasiones al alegar el demandado "riesgo de exclusión social". En otras dos ocasiones, el 19 de enero y el 15 de febrero, fue imposible realizarlo por la movilización vecinal. En el primero, el auto del Juzgado número 11 señala "imposibilidad de llevarlo a cabo, y en el segundo se alegan "motivos de orden público" y "escasez de efectivos de policía local".Respecto a la vivienda donde reside Juana Salazar Muñoz, el Juzgado de primera instancia número 10 critica la actuación de la Policía Municipal, que el 18 de enero no se presentó a la ejecución del desahucio. "Se describe en la diligencia una aglomeración de unas cien personas gritando e impidiendo el acceso al inmueble, la falta de comparecencia de la policía municipal, acudiendo finalmente un solo agente"."El Samur Social -añade- se ausentó tras manifestar que no tenían solución habitacional preparada. La Central de Policía Municipal no recibe la llamada de la Comisión Judicial por lo que ésta, ante la imposibilidad siquiera de acceder al número del inmuble, impide la suspensión".¿A quién pertenecen los pisos?La web libremercado.com publicó el pasado 17 de febrero unas declaraciones de Pedro Esteban, hermano de la mujer que aparece como demandante en los tres juzgados, en las que afirma: "Rosi tiene ocupado el piso de mi prima Estrella Esteban y su madre de 90 años, que vive con su hijo, también incapacitado. Su situación es terrible, como la nuestra. Somos gente normal que heredamos esos pisos del bloque y esas familias nos dejaron de pagar hace casi dos años el alquiler. Están apoyados por la plataforma de Inquilinos. Nos persiguen, acosan, estamos desesperados, tenemos miedo".Sin embargo, la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que lleva el caso de Pepi Santiago, Alejandra Jacinto, explica que es una inmobiliaria y no un representante de Estrella la que el año pasado envió a todas las familias “un burofax, una carta firmada por Proindivisos, en la que se les comunica la resolución de sus contratos y que, por tanto, tienen que marchar de las viviendas”. Según explica el portavoz de la plataforma Bloques en Lucha, Fernando Bardera, al principio de la operación, el piso estaba repartido según la propiedad vertical entre tres miembros de la familia Aguado al 33, 16 y 16% y la empresa Proindivisos, al 33%. Es decir, cada uno era propietario de un porcentaje de todo el edificio. Pero, en los siguientes meses, “lo que han hecho es propiedad horizontal”, explica Bardera. Esto es, repartir ese porcentaje en pisos concretos.Así, por ejemplo, Proindivisos es la propietaria del piso de Pepi, según explica su abogada. Pero, entonces, ¿por qué consta Estrella Esteban Aguado en los autos de desahucio dictados esta semana y no la empresa? “Es una pregunta que nos hacemos desde el principio y para la que no tenemos respuesta”, indica Bardera a esta redacción. El portavoz de Bloques en Lucha apunta además hacia vínculos entre la familia y el fondo: “El abogado es Santiago Viciano Esteban, sobrino de Estrella Esteban Aguado, y, a su vez, socio de Proindivisos”.
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#ApuntaMiNombreVox: Twitter responde a la "depuración ideológica" de funcionarios que exige Vox en Andalucía
Decenas de personas se han solidarizado a través de las redes sociales con los funcionarios de la Junta de Andalucía responsables de elaborar los informes sobre malos tratos a mujeres, que luego son tenidos en cuenta tanto por los tribunales como para la asignación de ayudas públicas. El partido de extrema derecha ha pedido por escrito esta mañana el listado completo de la plantilla para "depurar" los casos del personal que no consideran cualificado porque creen que estos informes están basados en criterios "ideológicos". El vicepresidente de la Junta ha tenido que salir al paso para aclarar que los funcionaron que conforman las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género no peligran.Poco después de conocerse la intención de Vox, las redes sociales han mostrado su solidaridad bajo el hashtag #ApuntaMiNombreVox, que se ha convertido en lo más comentado en Twitter. Entre las personas que han escrito bajo este hashtag está la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, o el ex coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía Miguel Lorente.Hola, @vox_es Yo también trabajo contra la violencia machista.#ApuntaMiNombreVox.https://t.co/GNXVpvYKx1— Cristina Fallarás (@LaFallaras) 22 de febrero de 2019Como Coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía en 2005, tuve el privilegio de coordinar la puesta en marcha de las 8 Unidades de Valoración Integral de VG junto a magníficas compañeras y compañeros. Creo que fueron las primeras de España #ApuntaMiNombreVox— Miguel Lorente (@Miguel__Lorente) 22 de febrero de 2019Esto es perseguir a las profesionales comprometidas con las víctimas y en lucha diaria contra la violencia de géneroMe declaro admiradora de su trabajo. Cuentan con todo mi apoyo #ApuntaMiNombreVox⁦@PPopular⁩ y ⁦@CiudadanosCs⁩ responsables https://t.co/9YG1zyOT0B— Puri Causapié (@PuriCausapi) 22 de febrero de 2019
1 d
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El premio obtenido por Vox tras las elecciones andaluzas: una subvención pública de 613.575 euros
Tras conseguir doce diputados en el Parlamento andaluz, Vox ha obtenido una subvención pública de 613.575,49 euros procedentes de la Junta autonómica. Así figura en las cuentas que la formación ha distribuido a sus afiliados de cara a la asamblea ordinaria que celebrarán este sábado 23 de febrero.Según explican los auditores en este documento, al que ha accedido eldiario.es, esta es la cantidad que le corresponde a la formación de extrema derecha tras los resultados electorales del pasado 2 de diciembre. Registraron esta cifra en las cuentas ese mismo mes y, por lo tanto, antes de que cerrasen el ejercicio.Esta ayuda pública recaudada por Vox y abonada por la Junta regional contrasta con uno de los principios que los portavoces repiten en todos sus actos, la supresión de las autonomías. Entre las 100 medidas que presentaron en el Palacio de Vistalegre para la "España Viva", abogaban por "un solo gobierno y un solo parlamento" en todo el país para volver a centralizar las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, "limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica".Sin embargo, una vez que han conseguido representación en el Parlamento andaluz se han beneficiado del sistema autonómico ingresando esta ayuda. En las elecciones del 2 de diciembre consiguieron 395.978 votos (10,97% del total) y representación en todas las provincias andaluzas, multiplicando por 20 sus apoyos con respecto a las últimas autonómicas. El tesorero del partido, Andrés Porta, destaca en su informe de gestión que que el gasto durante la campaña "se ha contenido en el entorno de los 150.000 euros, lo que supone menos de un 10% gastado por otras formaciones".La subvención procedente de la Junta no es la única que recibieron en 2018. Las cuentas también recogen 8.318 euros, en concepto de otra ayuda pública por la liquidación de las subvenciones de los gastos electorales de los comicios del 2015, en los que consiguieron 22 concejales en más de una decena de municipios.En la memoria económica que Vox está sometiendo al escrutinio de sus afiliados, se contempla un resultado positivo del ejercicio del 2018 con 1.035.229 euros. El año de su implosión electoral han conseguido que se disparen sus ingresos por donaciones y cantidades abonadas por sus afiliados. En el primer caso, pasan de recibir 190.000 euros en 2017 a 460.000 euros el año pasado. Desglosando los datos del 2018, llama la atención que cerca de la mitad de esa cantidad (213.695 euros) son donativos superiores a mil euros. Obtuvieron 22 obsequios en esta franja.Respecto a los afiliados y simpatizantes, teniendo en cuenta que las inscripciones a Vox han aumentado tras su éxito electoral, también ha crecido el total de las cuotas que abonan. Si en 2017, consiguieron 272.000 euros; en 2018, superó el millón de euros. Durante el año auditado, los afiliados han pasado de ser 4.792 a 23.843.La compañía que ha realizado esta auditoría también destaca que en 2018 la formación política no ha tenido deudas "en concepto de préstamo y crédito con ninguna entidad bancaria". En la asamblea ordinaria que Vox organiza este sábado, el partido comunicará si los afiliados han aprobado las cuentas presentadas.Esta redacción ha tratado de recabar la versión del partido, sin que haya sido posible por el momento.
1 d
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La candidata del PP a la Comunidad de Madrid elige de 'número dos' al alcalde que llamó "amargadas" a las feministas
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ya tiene a su número dos para intentar revalidar el Gobierno regional. Será el alcalde de Alcorcón, David Pérez, conocido, entre otras cosas, por definir a las feministas como "mujeres frustradas y amargadas" o negarse a votar la ley LGTBI impulsada por el Gobierno de Cifuentes. La elección se basa, según una nota enviada por el PP de Madrid, en "la experiencia de gestión y la eficacia de las políticas que ha desarrollado al frente de Alcorcón". "Con esta incorporación a la candidatura de Díaz Ayuso, se hace una apuesta clara por el municipalismo, la zona sur de la región y las políticas eficaces que suponen bajada de impuestos, creación de empleo, reducción del déficit y mejora de los servicios públicos". Pérez estuvo en la cuerda floja durante la etapa Cifuentes, cuando se llegó incluso a cuestionar su repetición como alcalde. Pero con la llegada de Pablo Casado, el diputado se ha resituado en el partido. El nuevo líder del PP, a quien el regidor dio su apoyo en las primarias, le dio un puesto como vocal en el Comité Electoral Nacional, el órgano presidido por el exministro Juan Ignacio Zoido y encargado de dar el visto bueno a todas las candidaturas de los conservadores. El regidor encaja con el perfil duro que distingue al nuevo PP y con el que esperan hacer frente a la amenaza de Vox en las urnas regionales. El partido que presidía Cifuentes dio varios toques de atención a Pérez, próximo a Esperanza Aguirre.La expresidenta le desautorizó públicamente en 2016 cuando, en unas jornadas de "educadores cristianos", se refirió a las feministas como "mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar". Cifuentes también censuró, en otra ocasión, una propuesta del alcalde para llevar a cabo "políticas, acciones y reformas legales" para suprimir de forma "paulatina". "Está completamente fuera de la agenda política", zanjó la expresidenta.  Su posición como parlamentario, díscola con la disciplina de voto, tensó aún más su relación con el partido. Ha sido sancionado como diputado regional en dos ocasiones por ausentarse de votaciones en las que apeló a su "objeción de conciencia". En la primera los diputados se pronunciaban sobre una moción no vinculante de Ciudadanos a favor de regular la gestación subrogada; la segunda fue el día de la aprobación de la ley contra la LGTBIfobia, impulsada precisamente por el Gobierno del PP. 
1 d
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El vicepresidente del Gobierno andaluz replica a Vox que la plantilla contra la violencia de género no peligra
"Vox no va a conseguir que Ciudadanos se mueva ni un milímetro de las posiciones que ya hemos marcado". El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha garantizado este viernes que "en absoluto" peligran las plantillas que conforman las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género que existen en la comunidad.Así se ha pronunciado Marín, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, al hilo de que Vox haya presentado en el Parlamento una solicitud de información para conocer los nombres y apellidos de esos trabajadores. Preguntado por este asunto, el vicepresidente del Ejecutivo andaluz ha insistido en que la posición de la formación naranja en cuanto a la violencia de género es la misma y que el partido de Santiago Abascal "no va a conseguir que Cs se mueva ni un solo milímetro de las posiciones que ya hemos marcado". "Nuestra posición es tajante", ha remachado.De su lado, Vox ha enmarcado la petición de información que ha presentado en el Parlamento andaluz en relación con los nombres y apellidos y número de colegiados de los trabajadores de Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en la necesidad de "fiscalizar y comprobar el destino" de las ayudas concedidas por la Junta en los últimos años.El portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha explicado que esta es sólo una de "las muchas peticiones de información que están realizando y realizará el grupo para fiscalizar y comprobar el destino que se le ha ido dando a las ayudas y fondos concedidos por la Junta en los últimos años".
1 d
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Vox pide al Parlamento andaluz los nombres de funcionarios que evalúan la violencia de género para "depurar casos ideológicos"
Vox ha pedido por escrito al Parlamento andaluz el listado completo de los empleados públicos de la Junta que valoran las denuncias de mujeres por violencia de género y elaboran los informes que luego son tenidos en cuenta en los tribunales, en caso de denuncia por malos tratos. La formación ultraconservadora denuncia que esos informes están basados en criterios "ideológicos" -lo que llaman "supremacismo de género"- y quieren depurar los casos del personal que no consideran cualificado.La formación de Santiago Abascal ha entrado en el Parlamento andaluz y ha empezado a utilizar los mecanismos al alcance de su grupo parlamentario para ejecutar una de sus principios fundacionales: el desmantelamiento de las políticas contra la violencia de género, asentadas en Andalucía en leyes que cuentan con el respaldo unánime de todos los grupos. El partido ultraderechista, que sostiene al Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, aceptó retirar la exigencia de la derogación de estas leyes del acuerdo de investidura que firmaron con los populares para hacer presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla.Pero no han renunciado al objetivo. El miércoles, aprovechando el primer Pleno ordinario en el Parlamento, y haciendo uso del artículo 7 del reglamento, el presidente del grupo parlamentario Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito en el que solicita a la presidenta del Parlamento, la diputada de Cs Marta Bosquet, "una relación detallada con los nombres y apellidos" de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta (competencia de Ciudadanos en el Ejecutivo). Es decir, los empleados públicos (en su mayoría funcionarios) que elaboran los informes sociales y psicológicos sobre mujeres víctimas de malos tratos, que luego sirven como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor.Vox reclama la lista de estos trabajadores para "depurar" entre quienes considera que están "formados y acreditados" para elaborar dichos informes, y quienes se mueven por "motivos ideológicos", explican fuentes de la formación ultraconservadora. Con ello tratan de demostrar una de las máximas de Serrano, a saber, que el número de agresiones y denuncias de hombres a mujeres está sobredimensionado. "Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños", ha escrito este viernes el diputado de Vox en su cuenta de Twitter.La reclamación de Serrano, avanzada por el diario Abc, será estudiada por la presidenta de la Cámara en la próxima reunión de la Mesa, órgano rector del Parlamento donde están representados todos los grupos y que tendrá que decidir si facilita esos datos al diputado, previa consulta al letrado mayor. En el escrito de Vox, al que ha tenido acceso este periódico, se pide "una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos".La formación ultraderechista enmarca esta solicitud dentro de su papel de grupo de la oposición que fiscaliza al Gobierno de PP y Cs. "Al igual que en otras áreas, se hace para fiscalizar que todo lo que se ha hecho en 37 años está ajustado a la normativa, a la regulación y a la ley". Esta redacción ha preguntado si es necesario conocer el nombre y apellido de los trabajadores que elaboran informes contra la Violencia de Género para desempeñar esa función de fiscalización propia de la oposición. La respuesta es que "hay que saber todos los detalles para comprobar que el dinero ha sido empleado correctamente y los objetivos se han cumplido".Los letrados del Parlamento andaluz tienen que estudiar ahora si esta petición de Vox vulnera la Ley de Protección de Datos, como sostienen los grupos de izquierda, "indignados" con esta iniciativa del grupo ultraconservador. Precisamente la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha participado esa mañana en un encuentro con colectivos de mujeres por la igualdad salarial en la sede regional del partido, en Sevilla, donde ha denunciado que Vox "quiere señalar a las trabajadoras y trabajadores de igualdad para que se avergüencen de lo que hacen". "Hay una lluvia fina calando para que al final digan trabajo en servicios sociales... Creíamos que las listas negras eran cosa de hace 40 años", advierte la ex presidenta de la Junta.La animadversión de Vox contra las leyes andaluzas de igualdad y lucha contra la violencia de género es, probablemente, el asunto más crítico que enfrenta a la formación de Abascal con el Gobierno de PP y Cs. Vox empezó exigiendo la derogación de las leyes, pero los populares se negaron. Luego pidió que la formación naranja no tuviera las competencias sobre igualdad y lucha contra la violencia machista, pero finalmente la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación está en manos de Ciudadanos. El presidente Moreno Bonilla y el vicepresidente de la Junta y líder del partido naranja, Juan Marín, han defendido enérgicamente el mantenimiento de las leyes contra la violencia de género, reafirmándose en que "no darán ni un paso atrás". La oposición de izquierdas -PSOE y Adelante Andalucía- les acusan de estar ya asumiendo el lenguaje de Vox para contentar a un partido con 12 diputados del que depende la estabilidad del Gobierno. Todas las leyes, incluido los Presupuestos Autonómicos, pasan necesariamente por los votos del partido ultraderechista.Este jueves, el Pleno del Parlamento aprobó una proposición no de ley del PSOE andaluz contra la violencia de género, en la que se instaba al nuevo Gobierno andaluz a apoyar, mantener y financiar el movimiento feminista de Andalucía a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa andaluza de lucha contra la violencia de género. La iniciativa también instaba a la Cámara a demandar al Ejecutivo de Moreno Bonilla a que "mantenga e impulse todos y cada uno de los derechos de las mujeres andaluzas contra la violencia machista, especialmente en el ámbito de igualdad, social, sanitario, educativo y judicial, y a que ejecute y evalúe la totalidad del presupuesto, especialmente el aportado como consecuencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin que suponga detrimento alguno de las partidas previstas con fondos propios de la comunidad. Dos puntos de la iniciativa contaron con el apoyo de PP, Cs y Adelante Andalucía. Los populares y la formación naranja se abstuvieron en un tercer punto de la iniciativa socialista, mientras que Vox la rechazó en su totalidad. "En el Parlamento se escenificó otro acto del gran teatro de género. La ultra izquierda propuso nueva vuelta de tuerca en favor de chiringuitos supremacistas sin exigir fiscalización y auditorías y PP y Cs tragaron con su abstención. Sólo VOX se opuso", escribió Serrano.
1 d
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Casado niega purgas para las listas del 28A, presume de "integración" y asegura que presentará a "los mejores"
No habrá purgas en las listas para las elecciones generales del 28 de abril y, a la hora de elaborar las candidaturas, la dirección del PP no tendrá en cuenta cómo se posicionaron sus principales dirigentes en las primarias de julio. Ese es el compromiso lanzado este viernes por el presidente de los populares, Pablo Casado, que se ha mostrado "orgulloso" de la "integración que se ha producido" durante su medio año al frente del PP. "Llevaremos a los mejores", ha respondido Casado al ser preguntado por la elaboración de las listas para el 28A durante un acto en Las Navas del Marqués (Ávila), donde también ha querido dejar claro su compromiso por la unidad en su partido. "Si de algo estoy orgulloso es que la integración se ha producido, que no se le ha preguntado a nadie a quién apoyó en las primarias", ha dicho.Casado ha aprovechado su intervención a favor del entorno rural para volver a pedir el voto útil para el PP. "En las provincias de menos de seis escaños si no se optimiza el voto en la alternativa a Pedro Sánchez, comunistas e independentistas, el escaño se irá para Sánchez", ha advertido el presidente de los populares, que ha apelado "no voto del miedo" sino al "voto necesario y de utilidad".El líder del PP ha vuelto a hablar de una situación de "urgencia" porque la ciudadanía el 28A tiene que escoger entre "que gobierne frente popular, o el PP, porque nadie más puede gobernar"." No vamos a jugar a la ruleta rusa ni a los colores. Hay que optar por un partido que ya ha sabido gestionar y sabe dialogar. Andalucía ha demostrado que el PP sabe dialogar a izquierdas y derechas", ha insistido."En estos 60 días no solo vamos a sumar alternativa a Sánchez sino que le vamos a ganar", ha remarcado, restando importancia a las encuestas que apuntan al hundimiento de su partido en las urnas.
1 d
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Un sector de los 'comuns' abre la puerta a sumarse a ERC en las generales
Comunistas de Catalunya, partido integrado en EUiA, debatirá en las próximas semanas sobre sus alianzas en las elecciones generales. El diputado de Catalunya en Comú Podem en el Parlament y secretario general de la formación, Joan Josep Nuet, propuso este jueves a las bases de Comunistes debatir sobre formar alianza con ERC o con los 'comuns' de cara a los próximos comicios.El debate en el seno de Comunistes llega la misma semana que la diputada crítica Elisenda Alamany abandonara el grupo de Catalunya en Comú en el Parlament y anunciara que tiene previsto convertir la plataforma Soberanistes en un partido político con entidad propia. Nuet también es miembro de la misma plataforma y, como Alamany, en los últimos meses se ha convertido en un diputado crítico con la dirección su grupo parlamentario.Sobiranistes, nacida originalmente como una corriente crítica de los 'comuns', ha mantenido conversaciones con ERC para explorar esta posible alianza de cara a las generales, aunque aún no hay nada concreto aún, señalan fuentes conocedoras de los encuentros. Serán las bases de Comunistes quienes decidirán si se acaba apostando por acudir con Sobiranistas en una candidatura junto a ERC o si mantenerse en la actual confluencia con En Comú Podem.La propuesta de NuetEn la resolución aprobada por Comunistes de Catalunya a iniciativa de Nuet se señala la posibilidad de explorar alianzas a dos bandas con ERC y con los 'comuns', al tiempo que pone condiciones para ello. De entrada, la formación considera que deben concurrir en el formato de coalición electoral y con candidatos en puestos de las listas con posibilidad de conseguir escaños.
1 d
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El Gobierno pronostica que su plan contra el cambio climático abaratará la luz
La nueva forma de obtener energía que impone la lucha contra el cambio climático producirá una luz más barata: una factura eléctrica un 12% más baja antes de impuestos para el año 2030, según las previsiones que el Gobierno ha incluido en su Plan de Energía y Clima que ha presentado este viernes junto al anteproyecto de ley de Cambio Climático la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Frenar el calentamiento global de la Tierra y contenerlo en 1,5ºC exige recortar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) a la atmósfera, como dejó patente el Panel Internacional Científico en octubre pasado. España ofrece rebajar un 21% el CO2 que lanza al llegar a 2030: son 114 millones de gigatoneladas menos (de 340 a 226 millones), según el plan del Gobierno y enviado, con retraso, a la Comisión Europea. El objetivo consensuado en la Unión Europea es un recorte del 40%. "Los años entre 1990 y 2005 se echaron a perder en España desde el punto de vista ambiental", justifican fuentes del Gobierno. Afrontar las crisis climática planetaria exige replantear la manera en que se consigue la energía, ahora muy dependiente de los combustibles fósiles corazón de las emisiones. Sobre ese sistema energético (para obtener electricidad, para calentar las casas o el agua o para el transporte) es donde actúa el Plan de Energía y Clima.La estrategia del Gobierno contra el cambio climático de cara a 2030 se va a traducir, según las previsiones del Ejecutivo, en un abaratamiento de la factura eléctrica del orden del 12% antes de impuestos en 2030 con respecto a los precios actuales, gracias al espectacular abaratamiento de las tecnologías de generación renovable, que van a tener un papel protagonista en el parque de generación en la próxima década. Para reducir un 60% hasta 2030 las emisiones del sector eléctrico, responsable de un 25% de las emisiones de efecto invernadero, el borrador del PNIEC, tal y como estaba previsto, incluye la penetración masiva de la potencia eólica, al pasar de los 22,9 gigavatios (GW) de 2015 a 50,2 en 2030; mientras que la potencia fotovoltaica, la que más ha abaratado sus costes en los últimos años, pasará de 5 GW a casi 37 GW. Por su parte, se contempla que el carbón pase de 10,5 GW en 2020 a entre 0 y 1.000 megavatios (MW) en 2030, año en el que estarían cerradas (según la previsión que maneja el Ejecutivo) las 14 centrales actuales. Respecto al cierre de las nucleares que el Gobierno ha "pactado" con las eléctricas, se contempla la clausura paulatina de los reactores a partir de 2025 de forma que en 2030 quedarían en funcionamiento 3,1 GW nucleares y "no se va a alterar el orden cronológico" en la secuencia de cierres, de forma que las últimas centrales en cerrar serían Cofrentes (que empezó a operar en 1984), Vandellós (1987) y Trillo (1988).Fuentes del Gobierno aseguran que un eventual cambio de signo político tras las próximas elecciones tendría especial impacto sobre el resultado final del borrador que hoy se ha remitido a Bruselas, que ahora deberá hacer sus observaciones, dados los compromisos de España con sus socios europeos.El plan, que contempla ayudas de  2.000 millones de euros para facilitar el despliegue del vehículo eléctrico en la primera parte de la próxima década, insiste en la prevision de que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 tengan cero emisiones de dióxido de carbono.El PNIEC contempla elevar al 42% la cuota de las renovables en el consumo de energía primaria, 10 puntos por encima de la media europea, y supondrá una inversión de más de 236.000 millones de inversión estimada de la que aproximadamente el 40% irá a renovables, el 15% a redes de transporte y distribución y el 40% a la mejora de la eficiencia energética, acondicionamiento de edificios e instalaciones industriales. De esa cifra, las Administraciones públicas (españolas y europeas) deberán aportar del orden del 20%. Las medidas contempladas implicarán reducir la dependencia energética del 74% al 59%, con una reducción de 13.000 millones en las importaciones energéticas del exterior."Cambio radical en la forma de vida"Este plan supone un "cambio radical que va a transformar nuestra forma de vida, pero no podemos hacer otra cosa", sentencian desde el Ejecutivo al analizar su propuesta. El objetivo final es que en 2050 el país se convierte en neutro en cuestión de carbono, es decir, que la manera de producir, desplazarse y vivir no emita CO2 con la idea de que se frene el calentamiento global.Porque todo este movimiento normativo responde a la necesidad de dar respuesta a la crisis climática que supone el calentamiento acelerado del planeta fruto de la emisión de gases desde la era industrial. Una respuesta comprometida al firmar y ratificar el Acuerdo de París de 2015. De hecho, el texto de París hacía una referencia global al calentamiento de 2ºC y añadía la idea de dejar el fenómeno "bastante por debajo". El panel científico fue encargado de analizar las diferencias de impactos que había entre esas dos temperaturas y sus conclusiones de 2018 fueron un nuevo golpe de alarma: esas diferencias eran demasiado grandes para no intentar ser lo más ambiciosos posible.España es uno de los países europeos, al estar en la zona sur mediterránea, con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. El primero de todos la previsible mayor escasez de agua disponible y la progresión de terreno desertificado.Pero no el único. Las emisiones contribuyen a la polución de aire que provocan unas 14.000 muertes prematuras al año, según la Organización Mundial de la Salud. El plan de recorte de emisiones dice que moverse hacia un sistema energético más limpio evitará hasta 2.200 de estos fallecimientos tempranos,
1 d
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Equo cierra un acuerdo con Errejón y pregunta desde hoy a su militancia si pacta con Más Madrid o con Podemos
EQUO y Más Madrid han logrado cerrar un preacuerdo para elaborar una candidatura unitaria en la Comunidad de Madrid. El preacuerdo tendrá que ser ratificado por las bases del partido ecologista, en una consulta que también se pondrá sobre la mesa el preacuerdo que Podemos ha ofrecido a la formación. La consulta comienza este viernes a las 14 horas y se alargará hasta el lunes.Según explica Equo, la formación y la representada por Íñigo Errejón "han coincidido en la necesidad de construir una plataforma ciudadana amplia, capaz de reunir a una mayoría de madrileñas y madrileños que apuesten por una alternativa real al modelo de recortes y corrupción que ha desarrollado el Partido Popular las últimas décadas"."El objetivo de esta plataforma es la inclusión de todos los sectores de la sociedad que apuesten por democratizar y modernizar Madrid, acabar con el lastre de desigualdad y alcanzar un nuevo acuerdo verde para la sostenibilidad de la región", explica. este preacuerdo deberá ser refrendado por las bases de EQUO durante los próximos días.El partido verde ha recordado que también ha estado negociando con Podemos Comunidad de Madrid su posible integración en esta candidatura unitaria y la formación morada ha ofrecido una propuesta de acuerdo, en respuesta a la presentada por EQUO Madrid.El resultado previsiblemente será a favor del pacto con Más Madrid. La militancia madrileña de Equo ya eligió este lunes a última hora formar parte de una candidatura conjunta con Más Madrid para las elecciones autonómicas de mayo frente a la opción de sumarse a Podemos. Así se decidió en una asamblea extraordinaria a la que acudieron medio centenar de personas.Los asistentes que votaron a mano alzada instaron a la dirección regional casi por unanimidad (hubo dos abstenciones) a cerrar un acuerdo con el partido instrumental de Íñigo Errejón "a la mayor brevedad posible" para que las bases lo ratificasen.En la consulta que comienza desde este vienes, EQUO Madrid someterá a votación ambos textos, tal como establecen los estatutos del partido, "para que la base social decida cómo concurrirán a los próximos comicios electorales", expone la formación.La votación estará activa desde hoy hasta el próximo día 26 a las 12:00 horas. EQUO recuerda que su intención así como la de Más Madrid es seguir haciendo un llamamiento al resto de organizaciones políticas, colectivos ciudadanos y a la sociedad civil madrileña, para que se impliquen y participen en la construcción de este proyecto, que pretende devolver la dignidad a la Comunidad de Madrid.
1 d
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Decenas de vecinos intentan frenar los inminentes desahucios de cuatro familias de Argumosa 11 en Madrid
Decenas de personas han acudido a Argumosa 11 para protestar contra los desalojos de Pepi, Rosi, Juani y Mayra y sus familias este viernes, cuando tres juzgados diferentes han señalado para el mismo día y a la misma hora tres desahucios en el mismo bloque. La movilización social venía siendo la tónica habitual para frenar estos desahucios en Argumosa 11, convertido en un símbolo contra la especulación inmobiliaria y el derecho a la vivienda en Madrid. Esta vez, decenas de ciudadanos han protestado a varios metros del portal, porque efectivos de la Policía Nacional mantienen la calle cortada desde las 2h de la madrugada.Este era el séptimo señalamiento para Pepi, el quinto de Rosi y el cuarto de Juani, que tiene una hija con discapacidad, y de su nuera Mayra, con tres hijos menores a su cargo, uno de ellos recién nacido. El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU había vuelto a solicitar, por tercera vez, que se paralizara el desahucio de Pepi ante la falta de una vivienda alternativa adecuada, sin que las autoridades españolas hayan atendido esta petición.Juani y Mayra, que habitan en pisos distintos, pero con el mismo contrato, también contaban con una resolución similar en su intento anterior. La premura con la que se les ha notificado este lanzamiento, el mismo jueves por la tarde, ha impedido volver a solicitar amparo a este organismo, según la abogada de la PAH, Alejandra Jacinto, que representa a Pepi y a Juani ante el DESC.Los momentos más tensos se han vivido con la llegada de la comisión judicial, con varios forcejeos entre los antidisturbios y los manifestantes. Por su parte, Jacinto ha denunciado que, pese a que la han dejado acceder a las inmediaciones del portal, la comisión judicial le ha impedido conocer el contenido de la diligencia y ejercer sus funciones de representación letrada. Además, la comisión le ha impedido estar presente durante los lanzamientos, algo que no ha ocurrido con los abogados de la propiedad, que si han podido acceder al bloque.Para la abogada es un hecho "inédito" que tres juzgados "se coordinen para dictar la misma resolución, el mismo día, notificarlo con horas de distancia, con el mismo texto, el mismo contenido, incluso la misma letra". "No sabemos qué poderes, qué capacidad hay detrás de coordinar a tres juzgados que enjuician asuntos distintos para dictar una resolución de estas características", ha indicado.
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