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Empleados de la Delegación del Gobierno desmontaron la tesis de la Guardia Civil de las llamadas ocultas para desconvocar manifestaciones
La Guardia Civil había acusado en su primer informe a la Delegación del Gobierno de Madrid de ocultar el rastro de las llamadas que hizo a manifestantes a los que supuestamente había presionado para que anulasen las concentraciones que tenían previstas después del 8M tras autorizar las marchas feministas. Los convocantes ya habían negado esas supuestas presiones y ahora son los trabajadores de la Delegación los que desarman la tesis sobre las llamadas: nunca se registran y nadie les dio orden expresa a los empleados de la Delegación del Gobierno de que no lo hicieran. Los trabajadores niegan también que tuvieran capacidad para evitar esas protestas.Entre el 10 y el 14 de marzo, algunos trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid llamaron a quienes tenían manifestaciones previstas para informarles de los riesgos de contagio del coronavirus, una vez que la Comunidad computó el 9 de marzo un crecimiento vertiginoso de los casos. Todos –salvo un convocante– decidieron suspender las concentraciones y, como les pidieron desde la Delegación, enviaron un correo para que quedase constancia.El primer informe que los agentes enviaron a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el 8M era claro en su acusación: "La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la DG (…) hace considerar la posible intencionalidad de la DG en que las mismas no figuren en ningún registro oficial". A partir de ese entrecomillado, varios medios llegaron a asegurar que la Delegación del Gobierno, dirigida por José Manuel Franco –que sigue imputado por prevaricación por permitir la marcha del 8M– había ocultado pruebas a la jueza.Las testificales de los trabajadores de la Delegación desmienten esa tesis con la que la Guardia Civil trata de apuntalar la responsabilidad penal de Franco, que tendrá que declarar el próximo 10 de junio. Por ejemplo, Elena García Díaz, del departamento se Seguridad Ciudadana de la Delegación, admitió que se hicieron esas llamadas para sugerir a los convocantes "que suspendieran las reuniones convocadas dada la emergencia sanitaria", que "lo ideal era que suspendieran" porque no les pueden obligar a desconvocarlas. Dejó claro que las llamadas nunca se registran.Aseguró que las comunicaciones telefónicas nunca se grababan –aunque cree que debería hacerse– y que la aplicación informática en la que se anotan los expedientes no da la opción de incluir las llamadas. Uno de los agentes le preguntó si había recibido instrucciones expresas de no dejar constancia de esas llamadas y esta trabajadora lo negó.En el mismo sentido se manifestó José Luis Sánchez, también empleado de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Dijo que las llamadas a los promotores se hicieron "para sugerirles" que "de forma voluntaria" cancelaran las manifestaciones previstas. Solo un convocante, la Asociación de Agricultores de Extremadura (ASAJA), se negó a hacerlo y pidió una prohibición expresa por escrito. Así lo hicieron desde la Delegación. Negó también que habitualmente se registraran esas llamadas, "que no está contemplado así" y que en ningún caso recibió instrucciones para no anotarlas.María Lourdes Andrés, auxiliar administrativa de esa Unidad de Seguridad, no realizó llamadas, pero también contribuyó con su declaración a desmontar la tesis de la Guardia Civil: "En caso de que se hubiese efectuado una llamada no aparecería reflejada en la aplicación que utiliza la Unidad de Seguridad Ciudadana para elaborar la resolución correspondiente (…) Que es una aplicación como tal y no tiene registro de llamadas". Añadió que no se le dio orden ninguna de no hacerlo."Que lo ideal era que suspendieran las reuniones convocadas", dijo Ignacio Ortiz, jefe de sección del departamento de Seguridad Ciudadana, sobre el contenido de las llamadas, y añadió que no tenían "un libro de registro" para anotarlas. "No es habitual llamar y tampoco grabarlas", dijo, antes de negar como sus compañeros que hubiera ordenes expresas de no hacerlo.Las declaraciones de los trabajadores se incluyen a partir de la página 164 del segundo documento que los investigadores de la Guardia Civil han aportado a la juez del caso. Los agentes hacen al comienzo del informe un breve resumen de esas testificales, en el que mencionan que las llamadas no se registraron. Los guardias civiles no hacen constar en este resumen que nunca se registraban y que los trabajadores habían negado recibir instrucciones para no anotarlas, lo que echa por tierra la tesis de su primer informe. Sí que insisten en que, en opinión de los agentes, esas llamadas deberían haberse anotado, aunque ya desaparece cualquier alusión a la "intencionalidad" de la Delegación por ocultar esas comunicaciones.No se suele prohibir ninguna manifestaciónLos trabajadores también coincidieron en sus declaraciones en que es muy complicado prohibir una manifestación. Todos ellos dijeron a los agentes que lo normal es revisar que la documentación es correcta y que únicamente se deniegan los permisos si hay riesgo de orden publico, se atenta contra derechos fundamentales o las autorizaciones no se solicitan en el plazo correspondiente. "La práctica habitual es que la DG no cancela prácticamente ninguna reunión", dijo una de las funcionarias.Los empleados a los que interrogó la Guardia Civil también negaron que hubiera una especial preocupación por el coronavirus en los días previos al 8 de marzo, y todos coinciden en que su temor por la enfermedad empezó a partir del lunes 9, cuando se produjo un importante aumento de los contagios. Ninguno mostró extrañeza porque no se prohibiese la manifestación del día de la mujer. "Entre el 5 y el 14 de marzo no pensaba que se iba a llegar a la situación actual", dice una de las testigos interrogadas.En esa misma tesis se sitúan dos responsables del área sanitaria de la Delegación interrogadas por los agentes: María Teresa Azuara y Ana María Sáenz. Ante la pregunta de qué le parece la celebración del 8M, Azuara dijo que "a fecha de hoy lo ve totalmente descabellado a la vista de la información que existe en la actualidad, pero que en fechas próximas al 8 de marzo la información no era la misma y no se podían evaluar los riesgos". No le resultó extraño que no se cancelase porque "la información no era lo suficientemente amplia". Por su parte, Sáenz admite que la celebración de esa protesta "no fue lo más oportuno, pero que tampoco se tenían los plenos conocimientos actuales que tenemos de la COVID-19".Por último, los agentes también interrogaron como testigos a dos trabajadores del área de prevención de riesgos laborales. Ambos comentaron a los agentes que pensaban que el 8M no debía haberse celebrado y que contribuyeron a aumentar los contagios. Uno aclara que eso "excede de su competencia laboral" y el otro admite que solo se dedican a prevención de riesgos y que su labor no consiste en decidir sobre la viabilidad o no de una manifestación. A pesar de ello y de que se trata de opiniones personales de dos empleados que no son expertas en materia sanitaria, los agentes de la Guardia Civil destacaron esas percepciones en el resumen que se plasma al inicio del informe.
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Álvarez de Toledo afirma que "el pecado original de la pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo" del Gobierno
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha recrudecido este jueves su discurso incendiario contra el Gobierno progresista y ha asegurado que "el pecado original de la pandemia" del coronavirus "es la obsesión ideológica por el feminismo" del Ejecutivo. Álvarez de Toledo ha aprovechado su intervención en la presentación de Libertad o igualdad (Deusto, 2020), el nuevo libro de Daniel Lacalle –gurú económico del líder del PP, Pablo Casado– en un acto en la Fundación Rafael del Pino de Madrid, para insistir en la idea de que el Gobierno llamó a manifestarse el 8M a sabiendas de que las marchas podrían provocar nuevos contagiados por la COVID-19.Según ha apuntado la portavoz del PP en el Congreso, el Gobierno "no informó a las comunidades autónomas de las advertencias que lanzaba la Unión Europea el 2 de marzo sobre no convocar manifestaciones". "El Gobierno estaba con las anteojeras puestas", ha señalado. "Había advertencias y se desoyeron de manera sistemática por una obsesión ideológica. Fueron sacrificados por el altar del feminismo. Esa manifestación se tenía que celebrar pasara lo que pasara", ha apuntado.Para Álvarez de Toledo, el Ejecutivo "era plenamente consciente del riesgo de esa manifestación y alentaron y animaron a cientos de miles de mujeres y hombres a acudir. Ese es el pecado capital. El pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo", ha zanjado. Apenas una semana después de asegurar que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "es el hijo de un terrorista", Álvarez de Toledo ha criticado la "fértil imaginación guerracivilista" del Ejecutivo progresista y ha considerado que "Podemos una vez en el poder no va a soltar el poder". "El estado de alarma es el líquido amniótico en el que proliferan. Les gusta el estado de alarma y la alarma de estado. Les gusta el acoso a la oposición, a los jueces, a la Guardia Civil. No veo a Podemos abandonando el poder para entrar en competición con Sánchez", ha reacalcado.Lacalle, por su parte, ha considerado que "lo que se está haciendo con el coronavirus" por parte del Gobierno se puede equiparar con la actitud que mantiene el "maltratador con el que maltrata: introduce la violencia, la represión y acusa al que maltrata de que lo hace por su culpa". A su juicio, "lo que están haciendo" PSOE y Unidas Podemos "es lo mismo". "Están intentando dinamitar las instituciones, y mientras tanto culpan a los demás. El totalitarismo siempre culpa a los demás de lo que está haciendo".El economista ultraliberal ha considerado además que para afrontar la crisis económica se necesitan "muchas empresas, más competencia y menos Pablos Iglesias", y ha defendido que "no hay nada más social que el capitalismo".  
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La Televisión de Galicia guarda silencio sobre la petición de su comité de empresa para que investigue la filtración del 'off' de Irene Montero
La Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) mantiene silencio sobre la petición de su comité de empresa para que se investigue la filtración “desde los archivos de la televisión pública a un medio privado de una entrevista a la ministra de Igualdad, Irene Montero”. Una parte de la misma, en off the record, en la que hablaba sobre las manifestaciones del 8M y el coronavirus, acabó publicada en el diario ABC. Y este jueves transcendía que la Guardia Civil la había incorporado a su polémico informe judicial sobre el Día de la Mujer. Desde el departamento de comunicación del canal público prefieren no responder a la pregunta de si se va a iniciar la investigación que solicita su plantilla. La mencionada entrevista fue originalmente realizada por el canal público vasco Eitb. De entre todas las televisiones miembros de la Forta (Federación de organismos de radio y televisión autonómicos), solo la gallega solicitó acceso a ese material. La dirección de la CRTVG se desvinculó de la filtración y rechazó “el uso de imágenes grabadas en la previa de una entrevista sin respetar la praxis de confidencialidad comúnmente establecida”. Esta declaración chocaba con el amplio espacio que que el telediario de la Televisión de Galicia había dedicado a la información de ABC, imágenes incluidas. Más tarde se supo que el off de Montero había sido descrito, etiquetado y guardado en el archivo de la TVG el 9 de marzo.“Este suceso deteriora gravemente la credibilidad de los medios públicos de Galicia”, denunció este miércoles el comité intercentros de la CRTVG en un comunicado en el que solicitaba “una investigación seria e independiente”. “La inacción de la dirección para investigar los hechos permite que se cuestione la integridad de los periodistas y los profesionales de la compañía”, añadió. Fuentes del propio comité aseguran que “lo habitual” es que el ente público no responda a sus requerimientos. “De hecho, el director general [Alfonso Sánchez Izquierdo] solo nos ha recibido una vez desde que fue nombrado en 2009”, critican. El ente público gallego tampoco ha respondido a la pregunta de eldiario.es sobre la petición del comité intercentros.Galicia en Común quiere que lo explique FeijóoLa coalición en la que se integra Podemos, Galicia en Común, salió este jueves a pedir explicaciones al presidente de la Xunta. Su candidato, Antón Gómez-Reino, anunció que solicitarán la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la Deputación Permanente do Parlamento de Galicia “para que explique si la CRTVG filtró a la prensa un vídeo con declaraciones fuera de cámara de la ministra de Igualdad, Irene Montero”. “Es intolerable que una empresa pública se dedique a obtener y difundir declaraciones off the record para perjudicar y dañar la imagen de un rival político”, consideró.
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Sanidad registra cinco fallecidos con coronavirus y 195 contagios en las últimas 24 horas
El Ministerio de Sanidad ha registrado cinco fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas hasta los 27.133. A la espera de que se depure la serie histórica, Sanidad indica que 56 fallecidos tienen una fecha de defunción de los últimos siete días frente a los 63 de ayer. Además, el balance difundido este jueves indica que en las últimas 24 horas se han diagnosticado 195 contagios, 24 menos que ayer. De los nuevos casos, 87 corresponden a la Comunidad de Madrid y 51 a Catalunya.Está previsto que Sanidad difunda este jueves los resultados de la segunda oleada del estudio de serorprevalencia. Los resultados preliminares del macroestudio arrojaron que el 5% de la población, esto es 2,3 millones de españoles, contaban con anticuerpos frente al virus o lo que es lo mismo, habían resultado contagiados. Esto indica que nuestro país está muy lejos de la inmunidad de rebaño. Desde ayer miércoles se están analizando las propuestas de los diferentes territorios para pasar de fase y esta previsto que antes de este sábado, Sanidad anuncie quiénes avanzarán en la desescalada a partir del lunes, 8 de junio. Entre las propuestas analizadas se encuentran las de entrada a la fase 2 de los dos territorios que más contagios de coronavirus han registrado: la Comunidad de Madrid y Barcelona y su área metropolitana. Además, aquellas comunidades que entren en fase 3 tomarán el control del proceso de la desescalada en su territorio sin tener que depender del Gobierno central. 
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Sanidad eleva a 63 los fallecidos en la última semana y registra un repunte en los nuevos contagios hasta los 219 en 24 horas
El Ministerio de Sanidad ha informado este miércoles de que se han registrado 219 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, una subida con respecto a ayer cuando se notificaron 137 contagios. Estos datos sitúan la cifra global de contagiados en 240.326 personas.Hay que recordar que los responsables de Sanidad reconocieron este martes tener discrepancias con las comunidades autónomas en los datos de fallecidos, y que el número de fallecidos, por tanto, podría ser modificado a posteriori. El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón,  también advirtió de que en esta fase de la pandemia, en la que se trata de vigilar la transmisión del virus, los datos de fallecimientos, aunque sean importantes invidual y socialmente, ya son lo más significativo para los expertos.Sanidad ya se encuentra analizando los informes enviados por los gobiernos regionales para pasar a las fases 2 y 3 a partir del próximo lunes. Entre las propuestas analizadas se encuentran las de entrada a la fase 2 de los dos territorios que más contagios de coronavirus han registrado: la Comunidad de Madrid y Barcelona y su área metropolitana. Pero también hay otra novedad: aquellos territorios que entren en fase 3 tomarán el control del proceso de desescalada sin depender del Gobierno central. 
2 d
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La jueza del 8M insiste en no investigar a Fernando Simón y cita como testigos a trabajadores de la Delegación del Gobierno
La jueza que instruye la causa sobre la manifestación del 8M insiste en su rechazo a actuar contra el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, al recordar nuevamente que el epidemiólogo tiene otros procedimientos abiertos en juzgados de Madrid por estos hechos.En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, acuerda que no procede ampliar la denuncia contra Simón como reclamaron la Asociación contra la Gestión de Coronavirus (AGC) y el letrado que interpuso la denuncia Víctor Valladares.Lo justifica por no estar aún personados como acusación popular pero ante todo porque la magistrada ya dictó una providencia el pasado 29 de mayo "en la que se hacía constar que este procedimiento no se dirige frente al citado denunciado señor Simón".Dice que basta "una consulta en la aplicación informática"de los juzgados para percatarse de que "otros juzgados han incoado procedimientos frente al citado denunciado", por lo que les emplaza a "presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este".Una asociación de afectados interpuso una querella contra Simón que recayó en el Juzgado número 53 de Madrid mientras los que familiares de una fallecida por COVID-19 hicieron lo mismo en el Juzgado 11, pero el magistrado de este último rechazó admitir a tramite la denuncia por falta de competencia, ya que murió en Móstoles, aunque tampoco apreció indicios de delito.El juez les emplazó a denunciar en esta localidad, algo que la familia ya ha hecho, según informaron a Efe fuentes jurídicas.Al margen de su negativa a actuar contra Simón, la instructora ha citado a declarar a otros ocho testigos —convocantes de manifestaciones y trabajadores de la Delegación del Gobierno— para el próximo día 11 entre las 09.00 y las 12.30 horas con un intervalo de treinta minutos. Y se ha negado a suspender la declaración del próximo día 10 del delegado de Gobierno, Jose Manuel Franco, como solicitó la Abogacía del Estado mientras se resuelven los recursos presentados ante la misma; así como a ampliar la denuncia contra él como reclamó la AGC por no estar aún personados en el procedimiento.La magistrada da cuenta en su providencia de los requisitos a distintas asociaciones para personarse como acusación popular.A la Asociación contra la Gestión de Coronavirus les pide depositar una fianza de mil euros y un escrito firmado por su letrado para ya después pronunciarse sobre las cuestiones que han planteado con anterioridadLuego da "por anunciada" la personación de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, a quienes solicita que aporten la misma fianza, un poder especial y documentación relativa a la asociación; pero en cambio rechaza por el momento a Manos Limpias hasta que no presente un poder especial a favor de procurador y la misma fianza.
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