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La imagen de la 'Cruz de los Caídos' en un vertedero fue "dolorosa y deplorable", según la alcaldesa de Aguilar de la Frontera
La polémica por la retirada de la ‘Cruz de los Caídos’ de Aguilar de la Frontera (Córdoba) en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica dejó una fotografía controvertida: la señal tirada en un vertedero. Una “dolorosa y deplorable imagen”, admite la alcaldesa local, Carmen Flores (Izquierda Unida) que, entiende, “ha podido herir los sentimientos de muchas personas, porque a mí me impactó”.La primera edil desvincula al Ayuntamiento aguilarense de ese tratamiento final que achaca a la “empresa privada” encargada de su traslado y desmantelamiento. La ‘Cruz de los Caídos’ de Aguilar fue “demolida y reciclada” un día después de su eliminación de la vía pública. “Hablamos con las monjas para cederles la Cruz y nos dijeron que no”, ha asegurado Flores en comparecencia de prensa.La medida suscitó la amenaza del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández: “Ojo con tocar los sentimientos religiosos, ahí quedará la respuesta en su momento”, dijo el prelado durante una misa retransmitida en directo por Canal Sur TV. Además, la asociación ultracatólica Abogados Cristianos denunció el caso mientras la extrema derecha de Vox puso el grito en el cielo contra quienes denomina “talibanes de la Memoria” y calificando el caso como "cristianofobia".Desde el PP también se han sumado a una suerte de 'cruzada' para defender el símbolo levantado en Aguilar por la dictadura de Francisco Franco en 1939. Caso de algunos alcaldes, como el del Ayuntamiento de Alhendín (Granada), Francisco Rodríguez, que reclamó la 'cruz de los caídos' eliminada en el pueblo cordobés por la "lamentable" imagen contra un "símbolo tan destacado de nuestra cultura y tan importante para millones de cristianos tirado en un vertedero". O el de Gaucín (Málaga), Pedro Godino, que escribió en redes sociales: "podéis arrancarla, tirarla a una escombrera, hacerla añicos o quemarla, de eso sabéis un montón", al tiempo que pedía "respeto".La alcaldesa de Aguilar ha denunciado “insultos y amenazas” proferidos contra su persona y el equipo de Gobierno que preside a través de “cientos de correos electrónicos y llamadas al Ayuntamiento”. Una campaña “organizada por Vox” que califica como “linchamiento mediático” en redes sociales, según Carmen Flores.La regidora entiende que el ataque de la ultraderecha responde a “mucha intencionalidad política” y ha explotado “también a veces apoyándose en la propia Iglesia o en connivencia con ella, no de Aguilar, sino de estamentos superiores”. Una complicidad que lamenta porque ese elemento “no tiene nada que ver con un símbolo religioso” y sí con la apología del franquismo. Y el apoyo de la Fundación Nacional Francisco Franco a la ‘Cruz de los Caídos’ de Aguilar es un ejemplo claro del significado de esta simbología. “¿Por qué lo defiende la Fundación Franco? Porque ahí ve un símbolo franquista, no hay otra”, en palabras de la alcaldesa aguilarense.Si embargo, historiadores explican el significado de una 'Cruz de los Caídos' como símbolo de apología del franquismo: "Una democracia no puede permitir que el espacio público lo ocupen símbolos franquistas". “A nadie se le ocurriría defender la cruz gamada en Alemania”, apunta Ángel Viñas, entre otros.Pese al carácter golpista del elemento, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera ofreció la ‘Cruz de los Caídos’ a la Iglesia, que la rechazó. “Hablamos con las monjas de Las Carmelitas Descalzas –frente a cuyo convento estaba instalada la ‘Cruz de los Caídos’–, por deferencia, para que no les pillase de sorpresa, ellas siempre insistieron en que no se retire pero a pesar de que dijimos que estábamos dispuestos a cederle la Cruz para que la instalasen dentro del convento, y nos dijeron que no”, explica Flores.“Siempre insistían en que no se quitara, pero jamás dijeron queremos la Cruz”, subraya la regidora. Y antes, sostiene, “tuvimos una reunión con el párroco de Aguilar porque no queríamos ofender esos sentimientos religiosos, nos dijo que lo entendía y nunca nos dijo que quisiese esa Cruz”.“En ningún momento hemos querido agredir los sentimientos de nadie” al retirar de la calle el símbolo de los ‘caídos’ por el fascismo español, dice. De ahí que lamente la fotografía del símbolo en un vertedero.“Respecto a la dolorosa y deplorable imagen de la cruz en un centro de recepción de residuos para reciclado de obras, nada tiene que ver este Ayuntamiento”, sostiene. “Comprendo que esa imagen ha podido herir los sentimientos de muchas personas, porque a mí me impactó”, en palabras de Carmen Flores, que denuncia “el comportamiento dañino y ruin de la persona” que realizó y difundió la fotografía, sobre la que no descarta “que sea un montaje” y buscar “responsabilidades”.“Cuando se lleva a cabo la retirada –el Consistorio– se desvincula sobre la autoridad y propiedad, porque se la lleva una empresa privada que recibe esos elementos”, alega. Y una vez en el centro de residuos, la 'Cruz de los Caídos' fue “demolida y reciclada, lo que ocurrió a la tarde siguiente de estar allí”.“El origen es un símbolo fascista" pese a su “descontextualización” al eliminar “algunos de sus elementos más hirientes”, apunta Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A), grupo que ha iniciado una campaña para confeccionar un catálogo sobre la pervivencia en espacios públicos de estos “elementos discriminatorios y revanchistas que proclamaban y remachaban la victoria de quienes se sublevaron mediante las armas el verano de 1936 contra el régimen constitucional de ese momento”.RMHSA_CGT.A ha solicitado al Ayuntamiento de Peñaflor (Sevilla) el "desmantelamiento" de la 'Cruz de los Caídos' de la localidad. La petición señala la "inmediata retirada" de este símbolo y de un azulejo con la imagen de una virgen bajo la que reza la leyenda: "destruida por las hordas marxistas el 20-2-936".La Ley de Memoria Democrática de Andalucía insta a eliminar los elementos contrarios "a la dignidad de las víctimas" de los golpistas. El artículo 32 de la norma censura la "exhibición pública" de simbología "en conmemoración, exaltación o enaltecimiento" del franquismo. Tanto la cruz como el azulejo están ubicados en la plaza de España y RMHSA_CGT.A pide al alcalde local, José Ruiz (Izquierda Unida) su supresión de la "vía pública"."Esta solicitud es continuación a las presentadas con anterioridad, y con resultados diferentes, tanto en Córdoba como en Aguilar de la Frontera", señala el grupo en una nota de prensa. "Próximamente", continúan, "se presentará una solicitud similar al alcalde de Aroche en Huelva, de PSOE", Antonio Muñiz."Una de las referencias del golpismo y la dictadura franquista, quizás la principal, son las que se denominaron "cruces de los caídos", según RMHSA_CGT.A. "Se trata de elementos discriminatorios y revanchistas que proclamaba y remachaban la victoria de quienes se sublevaron mediante las armas el verano de 1936 contra el régimen constitucional de ese momento", explican."Así, mientras se reducía al anonimato, se mantenía la desaparición física y administrativa de cientos de miles de personas, las del bando golpista eran publicitadas de forma permanente", subrayan. "No se puede argumentar que no ha existido tiempo material para desmontar todo tipo" de parafernalia simbólica, añaden.
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El Gobierno avanza en el proyecto de Ley para declarar el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves
El Consejo de ministros ha aprobado este martes en primera lectura y a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico el proyecto de ley para la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en Málaga.Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado que el proyecto de Ley se remitirá a las Cortes una vez que pase por segunda vez por la mesa del Ejecutivo.El futuro nuevo Parque Nacional de la Sierra de las Nieves será el decimosexto y permitirá la inclusión en la Red de Parques Nacionales de importantes masas de pinsapo (Abies pinsapo) y afloramientos rocosos de peridotitas, muy escasos en el mundo, con sus comunidades florísticas asociadas, igualmente singulares y raras, hasta ahora no representados en la Red de Parques Nacionales.La tramitación de la declaración de este nuevo enclave protegido se inició entre 2015 y 2018, cuando el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y la Junta de Andalucía, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, avanzaron de manera conjunta en la elaboración de este proyecto.La propuesta inicial del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves como nuevo parque nacional, obtuvo conjuntamente el Acuerdo del Consejo de Ministros y del Consejo de Gobierno de la Junta el 9 y 12 de febrero de 2018, respectivamente. La declaración de parques nacionales en España requiere la tramitación parlamentaria de un Proyecto de Ley.Su declaración acumula años de retraso, pero la propuesta plantea incluir mediante la figura de máxima protección un total de 23.000 hectáreas en 14 municipios cuya colaboración con su protección a través de la declaración previa de parque natural y Reserva de la Biosfera, destaca el Ministerio.La Sierra de las Nieves alberga el 65 por ciento de la superficie de pinsapar española y destaca por sus afloramientos de las muy escasas peridotitas (rocas ultra básicas) y por su diversidad de hábitats y variada fauna. Además, incluye una superficie continua, no fragmentada, sin elementos artificiales que alteren significativamente el paisaje.Además, el abeto pinsapo (Abies pinsapo) constituye, junto con el abeto blanco (Abies alba), son los únicos representantes del género Abies en la Península Ibérica. España cuenta con bosques de abeto blanco en los Parques Nacionales de Ordesa y Monte Perdido y Aigüestortes y Lago de San Mauricio, pero el pinsapo no estaba hasta ahora presente en ninguno de los parques nacionales.Asimismo, incluye muchas de grandes formaciones rocosas que datan de cientos de millones de años y que han perfilado un escenario de distintos tipos de rocas plutónicas, metamórficas y sedimentarias; peridotitas, gneises, calizas, dolomías, mármoles, serpentinitas y depósitos cuaternarios aluviales que actúan como relleno de los fondos de valle.Destaca también por sus paisajes kársticos, con sus numerosas simas, algunas de las cuales destacan por su gran profundidad, caudales o por las propiedades minerales de sus aguas.Al mismo tiempo su geomorfología, hidrogeología, características sedimentarias y tecnónicas, junto a la singularidad del afloramiento de peridotitas, delatan el diferente origen e historia geológica de este espacio protegido.Las peridotitas, muy singulares a nivel mundial, son una de las rocas más escasas en la corteza terrestre, porque sus afloramientos muestran una porción del manto de la litosfera, en general no visible. Su llamativa coloración en tonos verdes, ocres y amarillos supone un atractivo más del paisaje del parque.El parque engloba también una representación importante de encinares, alcornocales, quejigares, pinares de pino negral, sabinares y bosques de ribera. El variado relieve, las distintas y singulares condiciones edáficas y la multitud de microclimas presentes, se traducen en una amplia diversidad de hábitats que permiten albergar una variada comunidad faunística.Entre las especies que habitan en el Parque Nacional, destacan el águila real, el águila perdicera, el halcón peregrino, el búho real, el azor, el gavilán, el cárabo, el águila culebrera, el águila calzada, el autillo y el cuco, entre otros y sus bosques de ribera albergan especies como el martín pescador, el mirlo acuático o la oropéndola.Igualmente, en sus ríos y arroyos puede encontrarse todavía una buena representación de cangrejo autóctono, muy escaso ya en toda la Península Ibérica y grandes mamíferos como la cabra montés y del corzo.Los municipios incluidos en la zona propuesta como Parque Nacional de la Sierra de las Nieves son Benahavis, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera, que suman en la zona periférica de protección del futuro parque y área de influencia económica a los municipios de Alozaina, Casarabonela, Guaro, Igualeja, Ojén y Serrato, un total de 63.893 habitantes.La petición para poner en marcha la declaración surgió de los ayuntamientos de la zona, que han colaborado estrechamente en la protección del medio natural de la Sierra de las Nieves, durante años, esencialmente a través de la declaración previa de un parque natural y el establecimiento de una Reserva de la Biosfera, además de la existencia de varios lugares que, por su importancia, han sido designados ZEC (Zona Especial de Conservación) en el marco de la Red Natura 2000.
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Nuevo macrojuicio de los ERE con 30 acusados por ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto con el que abre juicio oral contra 30 personas investigadas en la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las subvenciones arbitrarias financiadas por la Junta de Andalucía, correspondiente a los 22,17 millones de euros destinados a sociedades de la comarca sevillana de la Sierra Norte.En el auto, emitido el pasado 20 de enero, el juez da cuenta de que la Fiscalía ha formulado acusación en dicha pieza separada contra 30 personas, entre las que figuran el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, ya juzgado por las ayudas autonómicas a la empresa sevillana Acyco; el exgerente provincial del antiguo IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras; el exalcalde socialista de Guadalcanal Carmelo Montero; o el también exalcalde socialista pero de El Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, por delitos de prevaricación administrativa y malversación.La Fiscalía, en ese sentido, reclama para Rivera cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público; mientras para los restantes tres aludidos solicita tres años y medio de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta.La acusación que ejerce la Junta de Andalucía, de su lado, no incluye en su escrito de acusación a Daniel Alberto Rivera, solicitando dos años de cárcel, cinco años de inhabilitación absoluta y tres años y medio de inhabilitación especial para los exalcaldes acusados y tres años de prisión, seis de inhabilitación absoluta y siete de inhabilitación especial para el exgerente provincial del IFA Manuel Enrique Rodríguez Contreras.El PP, de su lado, aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación, incluyendo en su acusación a Daniel Alberto Rivera y acogiéndose a las peticiones de condena de la Fiscalía.En su auto, el juez rememora su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, un documento en el que señalaba "la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales concedidas extramuros de la legalidad" por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades de la Sierra Norte de Sevilla por un importe total aproximado de 22,1 millones de euros.A su juicio, "todas estas ayudas se habrían otorgado de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones", todo ello "en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".A continuación, el juez analizaba cada una de las ayudas investigadas en esta pieza separada y concedidas a Coflosur; Atarazanas de Constantina; S.C.A. San Sebastián de Guadalcanal; Grueso y García S.L.; Pema, Jamones y Embutidos S.L.; Tialna S.L.; Corsevilla S.C.A.; El Venero de Móstoles S.L.; Hotel La Posada del Moro; Romero Álvarez S.A.; S.C.A. Virgen del Robledo; Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara S.L.; Dehesa Navera S.L.; Promociones Vinícolas de Sevilla S.L.; Vivir El Barro S.L.; Refractarios Guadalcanal S.A.; Refractarios Andalucía S.L., y Andalucine S.L.Y es que las ayudas concedidas "carecerían de objeto definido y concreto" y se llevaron a efecto "sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad, concediéndose por el correspondiente director general de Trabajo y Seguridad Social sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda".Merced a ello, en este nuevo auto el juez acuerda abrir juicio oral a los citados 30 acusados como responsables penales y a once empresas en calidad de responsables civiles subsidiarias y partícipes a título lucrativo, en concreto Atarazanas de Constantina, San Sebastián de Guadalcanal, Pema, Jamones y Embutidos S.L., Tialna, Corsevilla, El Venero de Móstoles, Hotel la Posada del Moro, Romero Álvarez S,.A, la cooperativa Virgen de Robledo, Quesos y Embutidos Real de la Jara y Vivir el Barro S.L.También acuerda abrir juicio oral contra Caixabank como heredera de la extinta Caja San Fernando en calidad de responsable civil subsidiaria, y contra otras siete empresas, cooperativas o personas físicas como partícipes a título lucrativo, que son Virgen de Belén, Antonio D.E., Eustaqui Reina S.A., José G.M., Gestión Turística del Sur, El Olivar de los Infantes y Producciones Barataria.A todos estos acusados, responsables penales y civiles, en total 49, el juez requiere diferentes fianzas, destacando los 2,35 millones reclamados al exgerente provincial del IFA; 2,87 millones al acusado identificado como Gerardo D.L.C.E. o los 2,4 millones pedidos al exalcalde socialista de Guadalcanal.
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La presión hospitalaria obliga a Andalucía a atender en domicilios y a trasladar de provincia a pacientes de las zonas más saturadas
La pandemia en Andalucía ha entrado en un terreno inexplorado al superar el umbral de los 6.000 fallecidos por Covid-19, más de 4.100 hospitalizados y 570 en UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), con una ocupación superior al 30%. A final de semana entrará en vigor el protocolo para atender los 7.500 ingresos, que agotará todas las camas en la sanidad pública (más de 15.500 en planta y 2.622 en UCI); abrirá nuevos hospitales de campaña -el Militar, en Sevilla y el Carranque, en Málaga-, y empezará a disponer de recursos en la sanidad privada. Es un escenario inédito hasta ahora, porque la pandemia nunca había superado el pico de 3.549 hospitalizados de la segunda ola. Para descongestionar los centros de salud, la Junta ha empezado a hacer "seguimiento de pacientes no graves en sus domicilios", enfermos en cuidados paliativos, enfermos crónicos, con insuficiencia cardíaca y pluripatológicos. La llamada "hospitalización domiciliaria" es un formato que el Gobierno andaluz explota desde hace dos años de forma puntual, pero que la pandemia ha generalizado, incluso para pacientes de Atención Primaria. Se hace seguimiento telefónico de los enfermos en sus casas -o con visitas a domicilio del personal de Medicina Interna- "cuando no está claro que haya más beneficio para el paciente con su traslado a un hospital".La Junta también empezará a trasladar a pacientes en ambulancias desde las provincias con más presión hospitalaria (cuando alcancen los 7.500 ingresos) a otras con más espacio disponible. Por ahora esta situación se va a dar en Cádiz, donde los enfermos serán derivados a Sevilla, y en Málaga, que trasladará a sus pacientes a Córdoba y Almería. La saturación de Cádiz y Málaga se da por hecho, incluso tras la apertura de sendos hospitales de campaña y el apoyo de los recursos de las clínicas privadas.La falta de personal sanitario para absorber el "volumen tan alto de pacientes Covid" se resolverá con una "redistribución" de facultativos, gracias a que la Junta ha suspendido las consultas y operaciones quirúrgicas no urgentes y oncológicas. La contratación de más personal, al que también ha aludido el consejero de Presidencia, se topa con el problema de que la bolsa pública de sanitarios está agotada. Hasta abril, la Junta contrató a 7.500 sanitarios más. A partir de ahí, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha denunciado insistentemente la falta de banquillo para reforzar el sistema y ha pedido al Gobierno central que medie para poder contratar a médicos extracomunitarios. También hace mella el elevado número de facultativos que está en cuarentena en sus domicilios por haberse contagiado: 400 sólo en el hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.15% de contagios de la cepa británicaAndalucía tiene una incidencia acumulada de 909 casos por cada 100.000 habitantes, lo que convierte la tercera ola en un "tsunami", en palabras de Aguirre. El consejero se ha aferrado al leve descenso de la tasa de infección en los últimos 14 días -el lunes era de 911,4 casos por 100.000 habitantes- y espera que sea un indicio de una "estabilización leve" de la pandemia. "Ha habido un pequeño parón, esperemos que dure", dice Aguirre. No obstante, hay provincias que superan esa media andaluza, como Almería, con 1.215 casos por 100.000 habitantes y Huelva, con 1073.La comunidad tenía una incidencia controlada de 155 casos a principios de diciembre, cuando el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla decidió retirar las medidas de contención para "salvar la Navidad". Hoy ese dato se ha multiplicado por seis, en parte por aquella decisión. La Junta ha preferido poner el foco en el impacto de la llamada cepa británica, que penetró en la comunidad por Gibraltar. El consejero ha anunciado que los contagios por esta "variante británica" en Andalucía alcanzan el 15%, "según los expertos", sobre todo en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Se trata de una mutación que se propaga un 70% más rápido y que es mucho más letal, según algunos estudios científicos publicados.Esta medianoche, el 60,8% de los municipios de Andalucía estará cerrada perimetralmente, al superar la tasa de 500 casos por 100.000 habitantes. Son 489 localidades de 785, incluidas las ocho capitales de provincia y las grandes ciudades. El 30,8% de estos municipios (265), además del cierre perimetral, tiene clausurada toda la actividad económica no esencial. Aguirre ha vuelto a insistir en que el Gobierno andaluz ha exprimido todas las competencias en la gestión de la pandemia que le otorga el actual estado de alarma, y pide al Ministerio de Sanidad que reconsidere su negativa a autorizar una ampliación del toque de queda y la potestad a los presidentes autonómicos para ordenar confinamientos domiciliarios. Actualmente el toque de queda en Andalucía es de 22.00 horas a 6.00 horas.Ahora la esperanza está en el plan de vacunación contra la Covid-19, que por ahora ha inmunizado completamente a más de 20.000 andaluces en residencias de mayores y personal sanitario. Aguirre ha hecho hincapié en pedir al Gobierno que presione a Bruselas para mejorar el abastecimiento de las distintas vacunas que ha comprado. El 79,6% de los profesionales de la salud pública en primera línea contra el coronavirus ya se ha inyectado la primera dosis de la vacuna Pfizer (la inmunidad total requiere dos dosis), y el 53,7% de la sanidad privada. Sólo el 10% está completamente inmunizado al habérsele administrado las dos dosis: 4.105 profesionales.
4 h
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Sierra Nevada evaluará el jueves la situación de la estación de esquí ante el cierre perimetral de Monachil
El consejo de administración de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, estudiará este jueves la viabilidad económica de mantener abierto el recinto invernal, pese al cierre perimetral esta próxima medianoche del municipio en el que se ubica, Monachil, una vez ha superado la tasa de 500 contagiados de covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Este miércoles solo podrán acceder vecinos de esta localidad del área metropolitana de Granada y esquiadores federados.La convocatoria para el jueves la ha realizado el propio consejo de administración de Cetursa, reunido en sesión extraordinaria y de forma telemática en la mañana de este martes, según han indicado fuentes de la empresa consultadas por Europa Press.En su reunión de este martes, el consejo de administración ha analizado "la situación económica, comercial y laboral" de la compañía. En esta línea, el jueves, los miembros del consejo van a analizar la documentación aportada sobre el estado de las empresas del grupo Cetursa Sierra Nevada Sociedad Anónima, toda vez que la estación invernal ha tenido, ya en los últimos días, una actividad mermada por el confinamiento perimetral de la mayoría de las capitales andaluzas, una restricción a la que, con el cierre de Sevilla, ya estarán sometidas todas ellas desde este miércoles.Entretanto, la estación invernal de Sierra Nevada seguirá operando con el mercado que surja de las nuevas restricciones por el estado de la pandemia de covid-19, esto es, los residentes en el municipio de Monachil y los equipos federados con autorización de entrenamiento y competición por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), han detallado las fuentes de Cetursa.Este martes, Sierra Nevada ha abierto pistas en una jornada condicionada también por la lluvia caída la pasada noche, lo que ha obligado a una apertura progresiva en función de los trabajos de desbloqueo y acondicionamiento.El parte de nieve publicado en la web de Sierra Nevada, consultado por Europa Press, detalla que en la mañana de este martes han abierto 16 pistas, en 16,8 kilómetros esquiables, y siete remontes, con nieve dura. Hay aforo limitado a 5.500 esquiadores, y capacidad reducida en los telecabinas, así como uso obligatorio de mascarilla o mantenimiento de las distancias de seguridad.Por su parte, el alcalde de Monachil, José Morales, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido que la situación a la que se enfrenta la estación, con buena parte de los hoteles y los negocios dedicados a la formación o el alquiler de material para el esquí cerrados, es "muy grave", al igual que para el conjunto del municipio, si bien la prioridad en este momento ha de ser la contención de los contagios y que la cuestión sanitaria no empeore.Para Morales, la "realidad" apunta a que, con los municipios más poblados de Andalucía cerrados perimetralmente, la actividad de la estación de esquí es "cada vez menos viable" en tanto que los esquiadores que pueden subir a Sierra Nevada por ocio son ya un número muy reducido.
5 h
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Andalucía supera los 6.000 fallecimientos desde el inicio de la pandemia aunque baja su tasa de incidencia acumulada por primera vez este año
Andalucía suma este martes 26 de enero 4.751 casos de coronavirus, uno mil más que el martes pasado (3.731), según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 82 muertes, 37 más que el lunes, 15 más que hace siete días y mayor cifra desde el sábado (88). La cifra total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia es ya de 6.050 muertesLa comunidad alcanza una tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 909,9, cifra que es 1,5 puntos más baja que los 911,4 del lunes y 267,2 más que hace una semana (642,7). De hecho, es la primera vez que la región registra una bajada en su tasa de incidencia desde el 29 de diciembre.Málaga es esta jornada la que más fallecidos suma con 22. Detrás van Almería, Granada y Sevilla con 13 cada una, Cádiz con diez, Huelva con seis, Córdoba con tres y Huelva con dos.Respecto a los contagios, Cádiz desbanca a Málaga como la provincia que más positivos suma, con 1.303 la primera y 990 la segunda. Detrás van Sevilla con 758, Almería con 492, Córdoba con 430, Huelva con 287, Jaén con 257 y Granada con 234.
7 h
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La Rinconada avanza en su ambicioso plan de transición energética
Como destaca el alcalde, Javier Fernández, “queremos que La Rinconada sea un excelente lugar para vivir y para invertir”. Y uno de los principales indicadores de la calidad de vida es, sin duda, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.Desde hace mucho tiempo, el Ayuntamiento avanza en dirección a conseguir un municipio más verde, no sólo en dotaciones, que también, sino en el fomento de energías limpias, trabajando alternativas al transporte en vehículo privado que es mucho más contaminante, y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.Uno de los pilares en los que se asienta el proyecto ‘Ciudad Única 2022’, uno de los mejor valorados por Europa así reconocido con su aprobación y financiación, es precisamente hacer una ciudad inteligente, en el que la optimización de recursos sea una constante para lograr un ahorro económico y para reducir la huella de carbono en la atmósfera. Por ello, tras la realización de un concienzudo estudio, mediante una Auditoría Energética para conocer el gasto energético del municipio y diferentes alternativas para reducirlo sustancialmente, el Consistorio procedió a la adecuación y sustitución de toda la instalación de alumbrado público municipal, con el objetivo de reducir y racionar el consumo eléctrico y por ende las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, redundando en la disminución de la contaminación lumínica y la reducción de los gastos de mantenimiento de las instalaciones públicas de alumbrado al minimizar la tasa de reposición de los equipos.El proyecto de renovación de alumbrado municipal, con una inversión total de 4.763.107,67 €, presentará dos fases claramente diferenciadas por su ámbito de aplicación, pero siendo ambas financiadas al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y encajado en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, cuyo objetivo temático es favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. En una primera fase, por un importe de algo más de un millón de euros financiado por la estrategia EDUSI, de las 7.567 luminarias que constituyen el alumbrado público de La Rinconada, se sustituirán 1.750 lámparas poco eficientes que actualmente existen por nuevas luminarias de tecnología LED en un centenar de calles. Con respecto a los cuadros de mando, de 108 unidades que integran todos los circuitos de nuestro municipio, un total de 24 centros de mando van a ser renovados, adecuándolos al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Además, y como destaca el edil de Hábitat Urbano y Medio Ambiente, José Manuel Romero Campos, "se pone en marcha un sistema de telegestión en los centros de mando dentro del alcance del proyecto que permite gestionar eficazmente cada uno de los circuitos de alumbrado". Con esta primera actuación que se desarrollará en 2021, se conseguirá un ahorro energético de 707.236 kWh al año, equivalente a unos 99.000 € al año y 376 Toneladas de CO2, gracias a la optimización tarifaria y la reducción de la potencia instalada. La segunda fase contempla actuaciones en el resto de la localidad y se prolongará hasta diciembre de 2022 y, en este caso, estará cofinanciado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. El nivel de inversión será de 3.718.627,67 € y la reducción de consumo de energía eléctrica con respecto a años anteriores rondará el 63 por ciento. Esta fase abarcará la sustitución de 5.817 luminarias que redundará en una reducción de 1.114 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año al pasar de 893 kW instalados actualmente a 270 kW. Actualmente, el proyecto está licitado, pendiente de la firma con la empresa que llevará la redacción y la dirección de obra, aspectos que deben estar resueltos a finales del mes de enero. Después se contratará la empresa instaladora, que procederá a la sustitución progresiva del conjunto del alumbrado.Por otro lado, el Ayuntamiento ha aprobado en Pleno la ratificación de los decretos aceptación de la subvención para proyectos singulares de Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible, por la que el municipio recibirá un importe de 430.000 euros, también provenientes del IDAE, para la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta de distintos edificios públicos, como el Centro Cultural de La Villa, la Central Mixta de Seguridad, el edificio Juan Pérez Mercader, la Piscina Cubierta y el CEIP Guadalquivir, que pasarán a ser autosuficientes a nivel de recursos energéticos, lo que permitirá "seguir reduciendo emisiones y avanzar en el uso y aprovechamiento de energías limpias, inocuas para el medio ambiente", como concluye Romero Campos.En cifras, el resultado de estas medidas supondrá para el Ayuntamiento de La Rinconada un ahorro cercano al medio millón de euros en facturas de la luz sumando los 388.000 € al año ahorrados en alumbrado público tras la sustitución de las actuales luminarias por tecnología LED y los 61.000 € de consumo eléctrico que dejarán de pagarse en los edificios públicos mencionados una vez se instalen las placas fotovoltaicas generadoras de energía eléctrica para el autoconsumo. En cuanto a valores de emisiones contaminantes, La Rinconada dejará de emitir a la atmósfera, una vez finalizadas las dos fases, unas 1.690 toneladas de dióxido de carbono al año.El compromiso del Ayuntamiento de La Rinconada con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad se ejemplifica en otra serie de medidas como mejorar el aislamiento térmico de los colegios Nuestra Señora del Patrocinio y La Paz, la sustitución de una caldera convencional por una de pellet en el CEIP Júpiter o las placas solares para consumo de calefacción y agua caliente en la Piscina Cubierta y su anexo, así como en el Patronato de Discapacidad. Del mismo modo, ya se están realizando estudios encaminados a mejorar la eficiencia energética en el resto de los centros escolares de todo el municipio, así como en el alumbrado público del Parque Empresarial Aerópolis.
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¿Dejamos de sacarnos los ojos para al fin ver?
Todos sabíamos en Navidad que vendría este tsunami de contagios y muertes. Yo lo escribí el 28 de diciembre. Debió tomarse a broma de Santos Inocentes. Otra vez en España más de 400 muertos diarios y leo y oigo y veo que "nos pilla cansados". Y yo misma pienso: ¿para qué escribir de nuevo que hay que parar la masacre? Pero, ¿acaso no haríamos algo si durante tres meses, cada día, pudiendo evitarlo, se nos estrellara un avión lleno? 45.000 muertos desde marzo. Estaremos agotados, pero nunca perdemos brío para enfrentamientos vanos. Nos ciega la polémica. Nos la pasamos llorando errores de ayer y metiendo la pata en lo clave para mañana. Los políticos y también nosotros, los ciudadanos. Afrontémoslo.Del discurso de investidura de Biden, la semana pasada, nos venía como un guante lo de sanar heridas de una sociedad polarizada. Antes, en la toma del Capitolio el 6 de enero, el mundo comprobó cómo la agresividad verbal desde tribunas políticas y mediáticas lleva a las masas a la violencia. Pero, ¿cómo reclamar responsabilidad a los representantes cuando los ciudadanos estamos desbocados?Tres ejemplos recientes: la fecha de las elecciones catalanas, la equiparación por el vicepresidente Pablo Iglesias de Puigdemont con los exiliados del franquismo y el choque en el feminismo a partir de los derechos trans.Yo era partidaria de atrasar la votación en Cataluña por la situación sanitaria y los precedentes de las votaciones gallegas y vascas hasta que la noche antes del dictamen del Tribunal Superior Catalán escuché en la SER los argumentos del director adjunto de la Vanguardia Enric Juliana y el ex director de ABC José Antonio Zarzalejos. Aclararon que en Galicia y País Vasco fueron elecciones anticipadas, pero en Cataluña la legislatura acaba. Subrayaron la anomalía democrática de salirse del marco legal. ¿Qué habría pasado si Trump, con la excusa del Covid, hubiera prolongado su mandato tras el silbido del árbitro? ¿Con qué legitimidad criticarán Cs y el PP el referéndum unilateral si ellos avalan incumplir la ley?, se preguntó haciendo gala de independencia el conservador Zarzalejos. Cambié de criterio. No me he muerto por ello.Sobre la comparación de Iglesias, a mí me indigna. Y en la cuestión de los derechos trans soy de las feministas que no me siento amenazada porque se proteja a quienes igual que mujeres, gays, lesbianas… vienen sufriendo discriminación. Pero esta columna no va de esos temas, sino de la injustificable virulencia de ciertas reacciones al debate.Me refiero a la agresividad ante el artículo de Joan Coscubiela en que calificaba de “jurídicamente impecable” el auto del TSC, al trincherismo de “o con Iglesias o contra mí” que emerge en las reacciones a los análisis sobre la declaración de Iglesias a La Sexta por Marco Schwartz y Antonio Maestre, a las presiones denunciadas por Andrea Momoitio, coordinadora de La Píkara, para boicotear a Lucía Extebarría por ser contraria a la equiparación de derechos trans. Ni conozco a estas “dianas de la ira”, ni escribo esto por corporativismo. Seguramente los artículos polémicos, al generar más imputs, “convengan” desde una perspectiva economicista. Esta es mi llamada de alerta: ojo a decir que se quiere un “periodismo independiente”, pero alzarse furibundo ante cuanto se sale de la fe del “bando”.Enzarzados en purezas de sangre sobre el grado de izquierdismo, libertarismo, feminismo somos cada vez más incapaces de articular una convivencia fructífera para la mayoría social frente a esos poderes económicos que se frotan las manos viéndonos correr, como a perros, tras su propio rabo. En días en que nos jugamos literalmente la vida. Alarma que justo el primer Gobierno de coalición progresista de la democracia permita este sacrificio en vidas humanas en el altar del consumismo capitalista. Que eso es lo que han sido las operaciones Salvar el verano y Salvar la Navidad.  Horroriza que las democracias europeas estén siendo tal desastre en vacunar.  Pone los vellos de punta que esté pasando inadvertido cómo la democracia global pone la educación de las futuras generaciones en manos de Google, a través de Classroom sin control alguno. ¡Exijamos plataformas educativas públicas! Classroom es un troyano al que le abrimos la puerta encantados, pero viene a saquearnos y controlarnos.Es alucinante cómo, al llegar Biden, se subestima al fascismo. Aunque replegados, los fachas aguantan y crecen. En Portugal acaban de pasar del 1% al 12%. En nuestro país, determinan las políticas de “hombres tranquilos” del PP como Almeida en Madrid y Juan Manuel Moreno en Andalucía que hoy obedecen a Abascal como McConnell obedecía a Trump por más que se desmarque tras el golpe. Todo apunta a que Vox desbancará al PP en Cataluña.A la ultraderecha le conviene la polarización. Cree en la violencia. Si no se hacen ya profundos cambios económicos y fiscales la mayoría social no podrá vivir con dignidad. La insurgencia estará tan cantada a día de hoy como esta tercera ola lo estaba en Navidad.¿Acaso un poder económico capaz de anticipar qué serie de Netflix lo petará este año no prevé qué cóctel de decisiones lleva al estallido social? ¿O es que le interesa el incendio? Y nosotros, que como desenmascara el documental El año del Descubrimiento, nos dejamos timar en el 92, ¿hoy a qué estamos atentos? ¡Despertemos! 
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La Universidad de Sevilla mantiene el pulso con los exámenes presenciales pese a la presión cada vez mayor
"No se entiende que se examine presencialmente a nuestros hijos en la Universidad de Sevilla (US), señor rector. Debería reconsiderar su postura". Es el llamamiento de la madre de un universitario pero también de la gerente del Hospital Virgen de Valme, que se encuentra ya en una situación límite por el ingreso de pacientes con covid. El comentario en redes sociales de María Jesús Pareja sube otro nivel a la presión contra el rector de la US, el recientemente reinvestido Miguel Ángel Castro, para que, como ha hecho ya la mayoría de las instituciones académicas en Andalucía, suspenda los exámenes presenciales del primer cuatrimestre y los generalice de forma telemática, como en realidad llevan siendo las clases prácticamente desde que empezó este curso.En su reciente toma de posesión, Miguel Ángel Castro ni siquiera mencionó un tema que lleva semanas movilizando a los universitarios -que convirtieron en tendencia en España el hastag #rectorUSdimimision- y días después ha firmado un comunicado en el que insiste en la presencialidad para las pruebas porque el nivel de contagios en la US es menor que la media. En concreto, este lunes la US ha facilitado los datos de la semana entre el 18 y el 24 de enero: 117 positivos en coronavirus confirmados por PCR, lo que "supone un 1,50 por mil del total de la comunidad universitaria". De estos positivos, 94 corresponden a estudiantes, 13 al personal administrativo y de servicios y 10 a docentes e investigadores. Pero la situación empieza a complicarse. En primer lugar, con la capital hispalense sometida a un cierre por el que solo se puede entrar o salir de la misma por motivos debidamente justificados, entre los que efectivamente se encuentra la realización de exámenes como recoge la última orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Buena parte de la comunidad universitaria reside fuera de la ciudad, por lo que tendrá que recurrir a estos justificantes, si no hay cambios. En segundo lugar, la Junta de Andalucía, que ha dejado a la autonomía universitaria la decisión relativa a los exámenes, pese a que el pasado mes de noviembre sí impuso el fin de las clases presenciales en estos centros, podría replantearse la cuestión en vista de que ya se han roto las barreras de contagio y hospitalizaciones de la primera y segunda olas. En cualquier caso, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Elías Bendodo, apeló al "sentido común" en relación a este tema cuando se le preguntó en una entrevista en la cadena Ser el pasado domingo. El también consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior recordó también que "la práctica totalidad" de las clases son actualmente online.De momento, la US solo contempla "razones académicas" para que los exámenes sean telemáticos, toda vez que no ve riesgos por la tercera ola con el protocolo que desde que empezó la pandemia aplican sus centros, pero los decanos empiezan a ver problemas de espacio para poder hacer los exámenes en vivo respetando las distancias de seguridad. Es el caso, por ejemplo, del decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Castro, quien ha comunicado a los profesores que las "dificultades logísticas y espaciales" del centro hacen "aconsejable, en términos globales, la aceptación de un porcentaje de exámenes online". "Mientras no se produzca una concreta alusión normativa por las autoridades competentes externas, el Rectorado de la US ha optado para este curso por la mayor presencialidad posible y así ha sido manifestado de modo claro y reciente por el rector. Mi posición como decano es de absoluto respeto a la libertad metodológica de cada profesor, en esta y en cualquier otra circunstancia, también en lo relativo a los sistemas de evaluación y en tales términos nos hemos pronunciado y vamos a pronunciarnos, pero los profesores de US, como empleados públicos que somos (muchos de nosotros funcionarios), estamos obligados a cumplir en el desempeño de nuestras funciones con lo indicado por las autoridades competentes, internas y externas", expresa en otro comunicado dirigido en este caso a los alumnos, a quienes traslada su "comprensión" por la preocupación, pero promete trabajar para que los exámenes presenciales que haya "se desarrollen con plenas garantías". Hasta este martes, de hecho, tienen los distintos docentes de plazo para pedir, con las debidas justificaciones que no pueden ser, como ya se ha dicho, sanitarias, sino estrictamente académicas, la opción de examinar en red. "La Comisión COVID-19 de la US se compromete a dar respuesta durante la jornada del martes 26 de enero con el propósito de suministrar la mayor certidumbre a toda la comunidad universitaria para la organización del desarrollo de todas las actividades de evaluación en ese periodo", han informado desde la institución académica.
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Carta a la ministra de Transición Ecológica: no se retrase en con la Asamblea Ciudadana de Cambio Climático
Hace un año, recibimos con mucha satisfacción la noticia de la Declaración de Emergencia Climática y Ecológica que declaró el Gobierno del Estado del que usted forma parte. Sin duda, la propia declaración de intenciones y el reconocimiento de esta dura realidad es un paso muy importante y decisivo.E igualmente recibimos bien las medidas de acompañamiento que se contemplan en dicha declaración. Entre ellas, queremos referirnos a los mecanismos de participación ciudadana. En la Fundación Savia somos unos firmes defensores de estos procesos, y los ponemos en marcha en diversas áreas y con distinto formato. Hace ahora también un año, poníamos en marcha en Andalucía lo que hemos dado en llamar “El Parlamento Climático Andaluz”, un foro abierto donde hemos convocado a la sociedad civil, a decenas de entidades, en el que han participado centenares de personas a las puertas del Parlamento Andaluz, cada dos semanas, coincidiendo con los debates plenarios oficiales para debatir también nosotros en la calle de forma abierta y plural sobre las cuestiones que nos están afectando ya en nuestro territorio derivadas del Cambio Climático, tales como energía, modelo agrario, alimentación, agua, movilidad... Las conclusiones de dichos debates han sido trasladadas al presidente de la Junta de Andalucía y a la presidenta del Parlamento Andaluz como aportaciones al debate institucional.En la Declaración de Emergencia Climática y Ecológica de su Gobierno se recoge la idea de que en los siguientes 100 días a la aprobación de la declaración se iban a poner en marcha mecanismos de participación, y en concreto se iba a crear una “Asamblea Ciudadana de Cambio Climático”; posteriormente se dotó a dicha acción con una dotación presupuestaria de dos millones de euros.Según la información que disponemos, esta asamblea aún no se ha constituido. Instamos a que pueda hacerlo a la mayor brevedad posible en el convencimiento de que será una muy útil herramienta de concienciación y de apoyo a la toma de decisiones de su Gobierno. Estamos a su disposición para ayudar en lo que esté en nuestra mano. En un momento en que debemos ir trasladando a acciones específicas en nuestro territorio el Pacto Verde Europeo, en que los Fondos Next Generation pueden contribuir de manera decisiva a impulsar políticas de transición ecológica, la participación ciudadana, la implicación de la sociedad civil se vuelve más importante que nunca.Igualmente, de forma modesta, en la Fundación Savia tenemos la suerte de contar con un panel de expertos en esta materia entre nuestros patronos y colaboradores que estarían encantados de formar parte de ese equipo de asesores que se contempla en el funcionamiento de esta Asamblea Ciudadana de Cambio Climático. Creemos que la experiencia del Parlamento Climático Andaluz podemos considerarla un éxito en cuanto a su formato y objetivos, estamos encantados de compartir estos aprendizajes con su equipo.En el convencimiento de que pronto podrá trasladarnos buenas noticias en estos asuntos, reciba afectuoso saludo, 
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Los cortes de luz se ceban con los pueblos metropolitanos de Granada que reclaman a Endesa una solución
Los problemas en el suministro eléctrico se están expandiendo en la provincia de Granada. Si hasta hace poco estos se reducían básicamente a la Zona Norte de la capital, ahora se extienden por buena parte de la Vega y de los municipios que están en ella. Cortes y microcortes de luz que afectan a más de 50.000 habitantes y que lejos de cesar, aumentan con el paso del tiempo provocando que tanto los vecinos como los propios ayuntamientos hayan decidido poner en marcha quejas contra Endesa, pidiendo el apoyo de la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.Municipios como Maracena, Peligros, Pinos Puente, Atarfe, Vegas del Genil, Cijuela o Chauchina son los más afectados por los cortes en el suministro eléctrico. Todos ellos están situados entre las zonas norte y oeste del Área Metropolitana de Granada, lo que dibuja un mapa de problemas que los vecinos relacionan con el aumento de las plantaciones ilegales de marihuana que se están instalando en toda la provincia. Como estas necesitan de enganches al suministro eléctrico, la potencia demandada estaría siendo muy superior a la que está instalada.Aunque los consistorios afectados evitan pronunciarse sobre la posibilidad de que la marihuana tenga gran parte de la culpa de los cortes de luz, como sucede en la Zona Norte de Granada capital, lo cierto es que los habitantes de estos pueblos no tienen dudas al respecto. Según ha podido comprobar este medio, quienes viven en estos municipios señalan que los enganches ilegales para las plantaciones de marihuana están extendiéndose por todos ellos y son, a juicio de los vecinos, el origen de los cortes en el suministro eléctrico.Sin ir más lejos, aunque han evitado pronunciarse sobre el origen de los problemas, vecinos en el municipio de Chauchina han salido cada noche a hacer caceroladas ante las puertas de sus casas por los continuos cortes de luz. No solo por las molestias puntuales que puedan causar, sino porque con el frío que está haciendo este invierno, agravado por el particular clima de la Vega de Granada, las temperaturas son muy bajas en las noches de estas localidades donde viven niños y personas que necesitan el suministro eléctrico.Especialmente aquellos ancianos y enfermos dependientes que cuentan con máquinas que les mantienen con vida. Respiradores o monitores para el corazón han de estar conectados continuamente a la luz y los cortes comprometen la salud de estas personas y ponen en peligro estos aparatos que pueden romperse por los continuos cambios de tensión a los que se ven sometidos. Estos son algunos de los motivos por los que los ayuntamientos de la zona están reclamando a Endesa que ponga soluciones.Uno de los que más se ha movido es Atarfe que a finales del 2020 abrió un canal para poner una reclamación conjunta a la compañía eléctrica con el fin de que solucione la carencia de un servicio que se considera básico. Algo que también han hecho pueblos como Cijuela o Chauchina. El alcalde del primero, Juan Antonio Bellido (PSOE), reconoce que son “muchas las reclamaciones que ya hemos puesto desde consumo a Endesa y a la Junta de Andalucía”. A su juicio, los cortes se deben a una infraestructura insuficiente y a las plantaciones ilegales de marihuana.Marina Marín (PSOE), regidora de Chauchina, padece los cortes de luz desde una doble vertiente: como alcaldesa y como ciudadana. Como máxima responsable del municipio reconoce a eldiario.es Andalucía su frustración porque desde Endesa no atienden sus reclamaciones y como ciudadana porque vive en el pueblo y sufre los problemas en el suministro. “Tenemos que reclamar a Endesa de forma individual, porque como Ayuntamiento tampoco se nos hace caso”, señala.Para hacer presión, el municipio puso en marcha una recogida de firmas que tiene como objetivo que la compañía eléctrica sea consciente de que son muchos los vecinos que están hartos de sufrir los cortes de luz. “Pedimos que se responda a las reclamaciones de los vecinos tanto a nivel doméstico como empresarial, porque la atención es muy deficiente”, dice Marín. Ella, como todos los regidores de la zona, teme también porque la falta de suministro acabe afectando al tejido comercial de las localidades. Cuenta que son varios los negocios que se han visto afectados teniendo que cerrar durante horas.En Vegas del Genil, otro de los municipios más afectados por los problemas eléctricos, ha surgido incluso una plataforma vecinal llamada ‘Vecinos por Vegas del Genil’ que lleva semanas reclamando a los partidos políticos del municipio que se sienten alrededor de una mesa para presionar a Endesa. Pero su intento no está dando resultados ya que afean que IU, PP y PSOE están negándose a formar parte de ningún acuerdo. No obstante, fuentes consistoriales explican a este medio que se está preparando una alternativa en forma de demanda contra la compañía eléctrica.Así, una vez más y como telón de fondo vuelven a estar los enganches ilegales de marihuana. Un asunto que no es nuevo en Granada y que en municipios como Pinos Puente está tan extendida que hay barriadas dedicadas a ello casi en exclusiva. Para contrastar este hecho, este medio ha pedido información a la Guardia Civil sobre sus operaciones contra este tipo de delincuencia en los municipios más afectados por los cortes de luz.Según los datos facilitados por el instituto armado, de 2019 a 2020 se produjo un aumento notable de la delincuencia relacionada con la marihuana en varios municipios de estos municipios de la Vega de Granada. Las plantas de cannabis incautadas en localidades como Atarfe aumentaron en un 247% con respecto al año anterior y los enganches ilegales también con un porcentaje extraordinariamente notable en pueblos como Cijuela donde el incremento fue de un 500%. No obstante, las operaciones de la Guardia Civil contras las plantaciones de Pinos Puente sí lograron disminuir tanto el número de plantas intervenidas como las operaciones policiales y las detenciones, aunque no los enganches detectados que aumentaron en un 30%.Con los números en la mesa, el problema de la marihuana parece tener un peso importante en los cortes de luz. Así lo entiende también Endesa que sostiene que estos problemas pueden estar condicionados “por el exceso de consumo de los enganches ilegales”. En ese sentido, fuentes de la compañía aseguran que su infraestructura no solo no es deficiente, sino que se sigue invirtiendo dinero en ella: “Durante 2020 se han invertido 230.000 euros en la subestación Sierra Sur que es desde donde parten líneas de distribución que alimentan a muchos de los municipios afectados. Para 2021 hay previstos otros 212.000 euros para seguir reforzando y digitalizado la red distribución”.Por otro lado, la Consejería de Transformación Económica e Industria de la Junta de Andalucía también está encima del asunto. Fuentes consultadas dicen que “todas las reclamaciones de los municipios se atienden”. Por ese motivo, insisten desde la Consejería, “se le ha pedido un informe a Endesa sobre las incidencias y las causas”. Además, sostienen que “están identificados ya los transformadores que están saturados por defraudación de fluido eléctrico, que llegan a 30”. Desde la Junta aseguran estar buscando soluciones con los municipios y trabajando contra el origen de las sobrecargas.
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La Junta de Andalucía mueve ficha y amplía el teletrabajo entre sus funcionarios en municipios con alta incidencia de contagios
El Gobierno andaluz ha decidido ampliar la modalidad de trabajo no presencial hasta el máximo entre los funcionarios de la Administración General de la Junta (45.000 personas entre personal funcionario y personal laboral) que tengan como lugar de residencia o lugar de trabajo municipios con alta incidencia de contagios (más de mil por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días), según una comunicación que hizo llegar la Administración el jueves a las direcciones generales y a las delegaciones territoriales, atendiendo a la situación sanitaria de la comunidad autónoma y a la evaluación continua de los niveles y grados de alerta sanitaria. La cuestión del teletrabajo entre el personal funcionario, en todo caso, se abordará este martes en la reunión prevista de la Mesa General de Negociación Común del Personal de la Junta de Andalucía.La posibilidad, confirmada por fuentes de la Consejería de Presidencia, está contemplada en el acuerdo firmado en septiembre con CSIF y UGT, en concreto en su punto quinto, pero es la primera vez que, desde entonces, mueve ficha en este sentido, según fuentes sindicales: "Cuando concurran situaciones excepcionales o extraordinarias por la adopción de medidas limitativas de la movilidad de las personas, o que den lugar al cierre de centros de trabajo o suspensión temporal de actividades presenciales, la modalidad general de prestación de servicios de las personas afectadas por la concreta situación será la no presencial, salvaguardando la continuidad del servicio de cada unidad administrativa, con las particularidades que puedan establecerse sectorialmente o, en su caso, en cada entidad instrumental", decía aquel acuerdo, que desde las organizaciones sindicales se ha tratado en estos meses de potenciar. CSIF Andalucía, en cualquier caso, ha querido valorar positivamente que la Administración dé pasos en el sentido de ampliar, aunque no sea "suficiente". La organización entiende que se da "un paso importante" dadas las circunstancias actuales de la evolución de la pandemia ya que "es imprescindible que se amplíe la modalidad no presencial al máximo posible", aunque dicha medida no alcance toda la amplitud que recoge el citado acuerdo.A juicio de CSIF, la actuación de la Administración autonómica en relación al personal que de ella depende tendría "congruencia" en relación a los mensajes que lanza a la ciudadanía el propio Ejecutivo andaluz con el objetivo de contener la propagación del virus, y también en relación al endurecimiento de las medidas adoptadas al respecto, como por ejemplo la ampliación desde el pasado miércoles del cierre perimetral a 326 municipios de la comunidad con unas tasa de incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.Hasta el momento, la Junta de Andalucía mantenía una posición de "enroque" en relación a la extensión del teletrabajo entre su personal como medida preventiva y transitoria en el marco de la crisis sanitaria, opina CISF. De hecho, el sindicato llegó a movilizarse en todas las provincias andaluzas el pasado 3 de diciembre bajo el lema 'Por seguridad, trabajo no presencial'.
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46 días entre "salvar la Navidad" y el "tsunami": Andalucía llega semiconfinada al umbral de mil casos por 100.000 habitantes
El pasado 10 de diciembre, Andalucía registraba una incidencia acumulada de 155 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, se situaba como la tercera comunidad con menor índice de infectados del país, después de un mes con un cierre perimetral duro, y restricciones a la movilidad ciudadana a escala autonómica, provincial y municipal. Ese día, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció un plan de desescalada para retirar por fases las medidas de contención de la pandemia durante las fiestas navideñas. 46 días después de aquella decisión, Andalucía acumula este lunes 25 de enero una incidencia acumulada de 911,4 contagios por cada 100.000 habitante, rebasa la media nacional, y en cuestión de horas alcanzará la cota de los mil infectados que utiliza la Junta para clausurar toda la actividad comercial no esencial en los municipios. La Comisión Europea ha recomendado este lunes a España aislar todas las zonas que rebasen los 500 casos por cada 100.000 habitantes, impidiendo las entradas y salidas, salvo causas de fuerza mayor. Más de la mitad de las localidades andaluzas (489 municipios de 785) supera ese umbral -incluidas las ocho capitales- y en ellas la Junta ya ha ordenado un cierre perimetral, prohibiendo las entradas y salidas a partir de las 00.00 horas de este miércoles, salvo por razón de causa mayor. Esta lista incluye 265 municipios que, además del cierre perimetral, tienen clausurada toda la actividad comercial no esencial, al haber superado los mil infectados por 100.000 habitantes. Esto significa que más del 80% de la población andaluza está confinada en su municipio y casi el 50% encuentra cerrado la hostelería, los comercios y el resto de negocios no fundamentales. Entre las grandes ciudades, Almería, Huelva y Jerez rebasan ya los mil contagios, y clausurarán toda su actividad este miércoles a medianoche. Les seguirá Málaga (999,3), Cádiz (952,1) y Córdoba (901,4). Granada y Jaén están en la franja de los más de 800 contagios y Sevilla a la cola con 690,8.En la segunda ola, Andalucía llegó a superar en 88 casos la media de contagios de España, pero a las puertas de la Navidad se encontraba 33 casos por debajo del conjunto del país. El mes anterior, con las restricciones a la movilidad en vigor, la incidencia cayó un 75% (de 577 infectados a 155). La tercera ola, que a principios de enero presentaba una "evolución positiva", según el vicepresidente andaluz, Juan Marín, y el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha adquirido hoy la categoría de un "tsunami", en palabras del consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre. La evolución es "explosiva", "terrorífica", "alarmante", "descontrolada", subrayan los miembros del Gobierno autonómico. La incidencia acumulada se ha multiplicado por seis en apenas mes y medio, en los últimos 14 días se han registrado 76.688 positivos más de coronavirus, el número de contagios diarios no ha bajado de los 7.000 en cuatro días consecutivos (4.496 infectados y 45 fallecidos más en las últimas 24 horas), y en torno a mil son sanitarios.Desde que se contabilizan los efectos de la pandemia, Andalucía acumula 371.542 casos de coronavirus y, lo más grave, la cifra de hospitalizados en esta tercera ola se ha incrementado a gran velocidad y durante una semana ha superado día a día el pico de ingresos en planta y en UCI. El último récord es ya siempre el del último día registrado -3.891 hospitalizados este lunes (552 en UCI), frente a los 3.339 del pico en la segunda ola. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada el llamado Plan 4.500, una disponibilidad de 15.200 camas en hospitales (2.600 en UCI), y la medicalización de hoteles y albergues de ocio y tiempo libre, en previsión de alcanzar los 4.500 pacientes con Covid-19. En una semana esa proyección se ha quedado corta, y el Ejecutivo andaluz prevé aprobar este martes el Plan 7.000, que ampliará el espacio disponible para enfermos con coronavirus. Según datos del Ministerio de Sanidad, Andalucía tiene el 20% de las camas ocupadas con infectados por el virus y el 27% de las UCI. La Junta sostiene que la presión asistencial aún no está próxima al "colapso" hospitalario, como denuncian algunos sindicatos médicos en algunas provincias. Sin embargo, el impacto de la Covid-19 se está dejando notar sobre todo en el resto de pacientes. El informe del Defensor del Paciente, relativo a 2020, revela que las listas de espera para ser operado han crecido un 17% respecto al año pasado. La demora media para operaciones quirúrgicas con plazo legal máximo de intervención de 212 días ha aumentado un 81%, con más de 143.000 andaluces aguardando. El Defensor pone el acento en los centros de Atención Primaria, primera línea de lucha contra la Covid-19, que sufren "retrasos alarmantes" en las consultas a enfermos crónicos, "incluso en las citas telefónicas". El informe habla de "odisea" para lograr una cita médica inmediata a través del teléfono de Salud Responde, y de "utopía" para aquellos pacientes que necesitan "renovar las recetas de medicamentos". El Defensor del Paciente vuelve a insistir en la falta de personal en los centros de salud, denuncia que la bolsa pública está "agotada", de modo que difícilmente se pueden fichar a nuevos facultativos, y recuerda que el 20% del personal sanitario andaluz tiene más de 60 años y un tercio de la plantilla tiene contratos efímeros y precarios.Pese a todo, el Ejecutivo andaluz está poniendo el foco de alarma en el Ministerio de Sanidad, a quien reclaman desde hace días para que apruebe un nuevo estado de alarma que permita a las comunidades adelantar a las 20.00 horas el toque de queda -ahora está fijado entre las 22.00 horas y las 6.00 horas- y ordenar confinamientos domiciliarios en los municipios que rebasen los mil contagios por cada 100.000 habitantes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó la semana pasada en Sevilla que estudiará esa opción -demandada por diez comunidades- pero recuerda que los gobiernos regionales tienen aún mucho margen para exprimir sus competencias con este estado de alarma. En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, acaba de ordenar el cierre total de la hostelería y el comercio no esencial a partir de las 18.00 horas -una medida que aplicó Andalucía hace diez días-, ha clausurado las grandes superficies durante los fines de semana, ha confinado municipios y limitado las reuniones autorizadas a convivientes (en Andalucía se pueden mezclar unidades familiares, pero con un máximo de cuatro personas).
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Auditoras mercenarias
Una auditoría permite identificar errores cometidos en una organización y enmendarlos a tiempo para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa. Hay auditorías mercenarias que se hacen con el objetivo no de ayudar sino de cargarse una institución, aunque ello conlleve modificar y manipular lo que se ha encontrado en la misma. Este último es el caso de la auditoría que ha hecho Ernst & Young (EY) sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), una auditoría hecha por una auditora mercenaria (auditora que desempeña por otra entidad un servicio por el salario que le da) que pretende extinguir, sin ningún argumento, la EASP.EY es una de las multinacionales dedicadas a los servicios profesionales más importantes a nivel mundial, con servicios de auditoría, finanzas, contabilidad, asesoría legal y asesoramiento empresarial, entre otros. Popularmente es conocida como una de las Big Four, es decir, una de las cuatro empresas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y la auditoría, junto a PricewaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG. Y lógicamente ha estado entre las auditoras que ha elegido la Junta de Andalucía para auditar el sector público empresarial en el marco del acuerdo con Vox. Se licitaron para 3.004.424,16€ y a la firma EY se le adjudicó 1.335.840€, es decir, un 44% del total y entre ellas, la auditoría a la EASP. Primera curiosidad.Ernst & Young, con sede en Londres, opera a nivel mundial, incluida España, donde ofrece servicios de seguros, fiscales, legales, transaccionales y de consultoría. Para ello se nutre de profesionales con amplia experiencia en el sector, así como de estudiantes y recién licenciados, según indica en su propia web. Y curiosamente entre los profesionales con experiencia aparece una lista de políticos del Partido Popular que, tras su etapa política en el Gobierno, decidieron retirarse al sector privado, concretamente a la Big Four. Un caso más de puertas giratorias en el que aparecen nombres como Juan Costa, Josep Piqué, Román Escolano, Juan Pablo Riesgo, Borja Sémper o Isabel García Tejerina. Y en Andalucía quien la dirige es el exconsejero de Hacienda Alberto García Valera que regresó a EY como socio director de Andalucía. Segunda curiosidad.El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, argumentó durante una comparecencia parlamentaria que las auditorías licitadas por el Gobierno andaluz sobre el sector público autonómico "son auditorías operativas, no buscamos culpables, buscamos soluciones". Y Vox reclamó su contribución a la iniciativa de las auditorías. En ese entorno, el consejero de Hacienda esgrimió que el trabajo de las auditorías sobre el sector público supone "dotarlo de objetividad cuando se toman decisiones" e insistió en que "no queremos tomar decisiones políticas, sino objetivas". Y lo que hacen desde la Junta de Andalucía en esta auditoría a la EASP es decirles a la auditora que pongan en una hoja lo que ellos políticamente tiene que hacer pero que se base en un documento “objetivo” escrito por EY. Auditorías al dictado de la Junta. Tercera curiosidad.Cuarta curiosidad: EY realiza la auditoría de la Escuela Andaluza de Salud Pública y manipula sus resultados para, a petición de sus contratantes de la Junta (y del PP naturalmente), pegar una estocada (casi mortal) a una de las instituciones de más prestigio que hay en el sector público andaluz, si no la que más: la EASP. El proceso es muy sencillo. Se le adjudica la auditoría de la EASP a EY, la realiza, el informe es razonablemente bueno para la entidad, pero curiosamente aparece una hoja sin paginar, sin indexar y sin relación con el informe en el que se pide el cese de su actividad, la extinción de la entidad y el traspaso de recursos y actividades a otras entidades con mucho menos prestigio y trayectoria que la EASP: Increíble pero cierto. Y ¿cómo se consigue eso? Pues muy sencillo, Habrá que ver qué papel ha tenido en todo esto la interventora general de la Junta Amelia Martínez Sánchez, nombrada a propuesta del PP, que fue consejera de la Cámara de Cuentas, a propuesta del PP y que es la responsable de este contrato.Hay que decir que según las normas de auditoría del sector público, las conclusiones y recomendaciones tendrán que guardar una relación lógica con los hechos presentados en el informe. Las conclusiones trascendentales tienen que estar debidamente fundamentadas en evidencia suficiente, pertinente y válida y dicha argumentación tiene que ser incluida en el informe. Tales afirmaciones exigen una argumentación, justificación, exposición de datos y del trabajo de análisis ejecutado, que avale este planteamiento a lo largo del informe, hecho que no se produce en absoluto en el informe de la EASP. ¿No debería un resumen de la auditoría no añadir conclusiones que no aparecen en los resultados de la auditoría como ocurre en el el caso del informe de la EASP?Cuatro curiosidades en un mundo de puertas giratorias donde por ejemplo, Deloitte, una de las cuatro grandes auditoras mundiales, acumula una larga lista de polémicas y líos judiciales en el último lustro. Su historia reciente cuenta con numerosos nubarrones. Ante la Caja de Ahorros del Mediterráneo presentó unos beneficios de 201 millones de euros y el ICAC sancionó a la auditora con 2,4 millones de euros. BDO nunca puso en duda las cuentas de Pescanova y el juez Pablo Ruz imputó a BDO por un presunto delito de falseamiento de información financiera. EY, la consultora que hizo esta auditoría a la EASP, se vio arrastrada por el escándalo de la quiebra de la compañía alemana de pagos en línea Wirecard por sus deficiencia en la verificación de las cuentas. Y por último, el organismo regulador de la práctica auditora impuso tres sanciones muy graves a PWC, por 10,49 millones de euros por el incumplimiento del deber de independencia en relación con la elaboración de las cuentas de Aena. Muchas irregularidades de las auditoras en diversos proceso y en diversos momentos.Y es que la corrupción pone en duda la figura de las auditoras. ¿Qué relación puede haber entre estos errores y el poder político? Las grandes firmas de consultoría y auditoría han engrosado desde hace años el mercado de fichajes de altos y ex altos cargos de las administraciones públicas. Sin duda, en el caso de la auditoría de la EASP encontramos una manipulación burda, una invención de una hoja sin relación al informe y una tergiversación increíble en beneficio solo de uno: el PP y sus políticas que no tienen a la salud pública en su objeto fundamental. Que pena que esto además ocurra en una pandemia. ¡Cuánta falta nos hace la Salud Pública! ¡Cuánto nos sobran las auditoras mercenarias del poder político! 
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El juego en los tiempos del virus: ¡súbete al tren!
Sabemos que el juego es uno de las formas de expresión más importantes que existen y que supone para un/a niño/a la mejor manera de crecer transicionalmente, de exponerse poco a poco a muchos retos madurativos y que jugar supone conquistar el espacio intermediario entre la realidad interna y externa. Una de las características del juego es que el niño se sitúa ante la realidad de forma activa, utilizando para ello todos sus sentidos, generando una experiencia lúdica que pone en funcionamiento y estimula muchos de  los sistemas corporales (sistema nervioso, respiratorio, inmunológico, locomotor…) y por supuesto desarrolla enormemente  las inteligencias (lógico-matemática, lingüística, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalista, corporal…). En tiempos de pandemia se hace más necesario que nunca pensar sobre la importancia del juego en la vida de nuestros hijos/as y por eso nos podemos preguntar qué podemos hacer para que puedan seguir subidos en un tren que les permita crecer lo más saludablemente posible. Os dejo aquí algunas reflexiones que espero os ayuden a generar las condiciones para ello:Para terminar sólo decir que para ser padres y madres tal vez también es necesario ponerse en contacto con aquel niño/a que fuimos y que si logramos encontrarlo/a nuestro hijo/a no se sentirá solo/a ni siquiera en tiempos del virus.
1 d
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El terremoto más intenso de Granada en cuatro décadas provoca más de 30 réplicas
Granada y su área metropolitana llevan varios días sufriendo terremotos. La actividad sísmica de la zona se ha disparado en las últimas horas, sobre todo desde que tuvo lugar el seísmo del pasado sábado en Santa Fe que alcanzó una magnitud de 4.4 mbLg (magnitud a partir de la amplitud de la fase Lg). Desde que ese terremoto tuvo lugar sobre las 12 y cuarto del mediodía, se han producido más de 30 réplicas de las cuáles tres de ellas han sido ampliamente percibidas por la población y otra media docena también han soliviantado a algunos vecinos, especialmente del entorno de Santa Fe y Atarfe.Para entender qué está pasando en Granada, hay que observar los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En ellos se aprecia que el seísmo de Santa Fe fue el más intenso ocurrido en la provincia de Granada desde el que tuvo lugar en Lentegí en 1984. Aunque es cierto que ha habido terremotos con una magnitud mayor a este, como el de Chauchina en 1988 o el de Nigüelas en 2010, ninguno ha sido tan intenso en la superficie, en comparación con este, como aquel que se produjo hace 37 años.Nahúm Méndez, geólogo y divulgador científico, señala que este tipo de seísmos son muy “normales” en Granada. Porque es una zona que está sobre muchas fallas y porque al estar sobre una cuenca sedimentaria, “esto hace que los movimientos de tierra se perciban más por parte de la población”. Por eso, aunque comprende el temor que este tipo de acontecimientos causan en los ciudadanos, sostiene que el terremoto que se produjo el pasado sábado tuvo una magnitud que no es tan importante como pudiera parecer.“Debemos nombrarlo como algo normal. De hecho, ha habido seísmos de mayor magnitud que no han sido sentidos por la población”, aclara el experto. En ese sentido, en 2010 hubo un terremoto en Nigüelas que tuvo una magnitud de 6,2 mbLg, pero que se produjo a más de 600 kilómetros de profundidad. “En esa zona se producen terremotos muy profundos que apenas son percibidos por la población, por lo que su intensidad es muy baja”, explica Méndez.Por eso, si hay que hablar de las consecuencias que puede tener un movimiento de las placas tectónicas en la corteza terrestre, hay que tener en cuenta que la profundidad y el terreno en el que se produzca van a tener una importancia crucial a la hora de provocar daños. El seísmo de Santa Fe se observó una intensidad de escala V-VI que, según en el IGN, se considera “fuerte”. Algo que quedó en evidencia al hacer recuento de los desperfectos que causó el terremoto.En Santa Fe se agrietó un arco histórico de la localidad y se cayó el falso techo de un colegio y a pocos kilómetros de allí, en Atarfe, un vecino resultó herido leve al caerle cascotes de su vivienda. Pero los daños en este municipio fueron de más consideración ya que más de un centenar de inmuebles presentan daños en su fachada, aunque en ningún caso comprometen su estructura.La otra cuestión que llama la atención, y que más preocupa a los vecinos de Granada y su área metropolitana, es el número de réplicas que se han producido desde el primer seísmo. Tres de ellas han superado una magnitud de 3 mbLg, lo que ha hecho que hayan sido ampliamente percibidos por la población. Juan Cantavella, geólogo del IGN, dice que se trata de “un enjambre sísmico que lleva produciendo terremotos desde diciembre. Después del de 4.4 las réplicas registradas entran dentro de lo esperable”. Además, el experto recuerda que se están anotando más réplicas porque “la zona cuenta con muchos sismógrafos por lo que se detectan terremotos muy pequeños”.Nahúm Méndez considera que los seísmos que se han producido tras el más intenso pueden tener algún tipo de relación con otro que ya hubo en la medianoche del 3 de diciembre, “aunque es imposible predecir un terremoto con exactitud y para establecer una conexión entre ellos hay que hacer estudios mucho más detallados”. Pero al observar que la profundidad de todos es bastante superficial –en el entorno de los 5 kilómetros- sí estima que hay un cierto patrón en todos ellos.“Más que predecir si va a haber más o menos terremotos, que es imposible, conviene que la gente sepa cómo actuar ante ellos”, indica el geólogo. Una cuestión relevante en Granada porque al estar sobre la Vega, que es una cuenca sedimentaria, las consecuencias de un terremoto pueden ser mayores que en otro terreno. “Un seísmo sobre una capa de granito se notaría menos”, zanja Méndez.
1 d
eldiario.es
Andalucía alcanza su récord de pacientes ingresados en UCI por Covid-19 y roza los 4.000 hospitalizados
Los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por Covid-19 suman este lunes 25 de enero su vigésima tercera jornada consecutiva de subidas hasta los 3.891, 278 más que el domingo, mientras que los pacientes que se encuentran se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son 552, 35 más que en la víspera, de forma que la región supera el pico de noviembre (528) y registra un nuevo récord en la pandemia. Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía en un gráfico difundido por redes sociales, los 35 nuevos pacientes en UCI suponen además la segunda mayor subida en esta estadística tras el dato del sábado (36) y los 278 en hospitalización total son la mayor subida diaria tras el dato del viernes (267).Este aumento en las UCI se produce tras los 28 del domingo, los 36 del sábado, los 21 del viernes, los 26 del jueves y del miércoles, ocho del martes y 23 del lunes pasado. Los hospitalizados de este domingo son 1.418 más que los que había el mismo día de la semana pasada. Entre medias, el domingo se sumaron 91, el sábado 222, el viernes 267, el jueves 149, el miércoles 196, el martes 226 y el lunes pasado 254.Los 3.891 hospitalizados de este lunes son 1.183 más que en el pico alcanzado el 30 de marzo (2.708) y 413 más que en el pico de de la segunda ola del 10 de noviembre (3.478). Los 552 pacientes en UCI son 113 más que en el pico máximo alcanzado el 30 de marzo marzo (439) y 24 más que el pico de la segunda ola del 18 de noviembre (528).Andalucía suma este lunes 25 de enero 4.496 casos de coronavirus Covid-19, la menor cifra desde el pasado martes y 2.574 casos menos que la víspera, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 45 muertes, 20 más que el domingo. La comunidad alcanza una tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 911,4, cifra que es 115,5 puntos superior a los 795,9 del viernes.Málaga es de nuevo la provincia que más positivos suma, con 1.015, seguida de Sevilla con 913, Cádiz con 655, Almería con 592, Córdoba con 365, Huelva con 345, Granada con 338 y Jaén con 273.Los 45 fallecidos de este lunes suponen 20 más que los 25 de este domingo y la mitad de los 88 del sábado.
1 d
eldiario.es
El hotel Trafalgar Polo Club de Vejer, en entredicho: denuncias ante la Fiscalía, sanciones por el uso del agua y problemas urbanísticos
"Un enclave único donde sentir la naturaleza. Un lugar perfecto para unas vacaciones exclusivas". Así se presenta en Internet el complejo Trafalgar Polo Club de Vejer de la Frontera, que lleva perseguido por una acusación de ilegalidad desde el año 2017. La zona donde se edificó está considerada en el PGOU de Vejer de la Frontera como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística (SNUEP-PTU) y el grupo AGADEN - Ecologistas en Acción viene trabajando desde hace años para esclarecer la situación.Sin embargo sus gestiones no han tenido éxito. Por eso, AGADEN - Ecologistas en Acción ha decidido llevar el asunto a los juzgados. En concreto, ha llevado ante Fiscalía al Ayuntamiento de Vejer por un presunto delito de prevaricación en materia de urbanismo y delitos contra la ordenación del territorio por la construcción del hotel ilegal.Cuando todavía no se había construido el complejo, este colectivo ya alertó al Consistorio vejeriego de la construcción de unas estructuras que aparentaban ser chalets de lujo en la zona de Mangueta, una playa ubicada entre El Palmar y Zahora, a unos 11 kilómetros de Vejer. Al estar en suelo no urbanizable, se le dio traslado también a la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.Pero las obras comenzaron y se consolidó un conjunto edificativo que conformó un complejo hotelero denominado Hotel Polo Club Trafalgar y Argentina Polo Academy. En 2020 AGADEN denunció nuevamente la presunta ilegalidad de la construcción, así como la apertura del complejo y todas las actividades que se vienen realizando allí desde entonces.El grupo ecologista ha ido solicitando al Ayuntamiento de Vejer la presentación de todos los expedientes existentes relacionados con las licencias correspondientes y asegura no haberlos recibido con continuidad, por lo que han optado por denunciarlo ante el Consejo de Transparencia de la Junta de Andalucía por no tener el registro electrónico de esta documentación. Para finalmente también acabar en los juzgados.En el Consistorio de Vejer ha sorprendido la denuncia de los ecologistas contra ellos. Fuentes municipales aseguran a este periódico que desde 2017 se han tramitado diferentes actuaciones en relación al hotel y que ha sido constante la inspección urbanística, con medidas cautelares como la suspensión de obra, visitas de inspección por parte de la Policía Local y medidas de suspensión por reformas.Afirman desde el Ayuntamiento que existe un importante problema de disciplina en el término municipal, con una avalancha de construcciones ilegales en El Palmar y que no hay medios suficientes para que todos los casos sean resueltos con la celeridad ideal. Estas mismas fuentes aseguran que la orden de la suspensión de la actividad del hotel está recurrida por el abogado de la empresa, que está tratando de regularizar la situación después de haber cometido la supuesta ilegalidad.La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz, por su parte, informó en noviembre a AGADEN-Ecologistas en Acción de la apertura de un expediente sancionador al hotel Polo Club Trafalgar y Argentina Polo Academy por posible infracción administrativa en materia de protección ambiental al, presuntamente, haber enterrado residuos peligrosos, en este caso techos de uralita.El colectivo ecologista acusa de pasividad tanto al Ayuntamiento como a la propia Junta de Andalucía. El Gobierno autonómico aclara a este medio que "se ha ido actuando, en este asunto, acorde con la legalidad a la que se puede acoger esta administración. Así, la Delegación Territorial ha levantado varios acuerdos de inicio de expedientes sancionadores. El primero de ellos relacionado con la utilización de pozos con concesiones de agua sin regularizar y que tras varios incumplimientos denunciados ha terminado con la puesta en conocimiento de la Fiscalía. Por otro lado, se ha abierto otro acuerdo de inicio tras la imposibilidad de acceder a la finca tras la denuncia de ecologistas por un supuesto vertido de residuos peligrosos o el movimiento de tierras en zona de servidumbre sin la autorización ambiental correspondiente"."Para evitar daños irreparables en el medio y que se consoliden situaciones de imposible o difícil irreversibilidad se han solicitado las medidas cautelares procedentes con la mayor urgencia posible, entre ellas, el cierre de las instalaciones", solicita AGADEN. Este medio ha intentado, sin éxito, recabar la opinión de Gonzalo Melgarejo, propietario del hotel. En una entrevista concedida a Diario de Sevilla decía en junio de 2020 que "el Ayuntamiento de Vejer no tiene una visión de futuro de las cosas que se pueden hacer. Actualmente, piensa más a corto plazo que a largo plazo. Pueden perder una gran oportunidad para desarrollar proyectos medioambientales y de turismo moderno, sin impacto ambiental, que es lo que más demandan las nuevas generaciones".
2 d
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Andalucía merece más
Habrá quien diga que la irrupción de la pandemia, con todas sus derivadas, no permite hacer un balance riguroso de los dos años de gestión del gobierno de Moreno Bonilla. Y puede que en parte tenga razón. En este tiempo, hemos estado sometidos a las reglas del estado de alarma, hemos sido confinados, perimetrados, llamados a salvar el verano, la Navidad y ahora, parece que vuelta a empezar. Cualquiera podría pensar que únicamente con la gestión de la crisis sanitaria, con organizar la vuelta al cole y con atender a los miles y miles de personas que viven ahora peor que cuando empezó la pandemia, hay tarea suficiente. Y sin embargo, el ejecutivo andaluz, para nuestra desgracia, se ha empleado a fondo en otras cuestiones. En este tiempo, incluyendo los últimos diez meses, el Gobierno de Moreno Bonilla no ha cejado en su política privatizadora de los servicios públicos, que ha alcanzado al Servicio Andaluz de Empleo, ha cerrado líneas en los colegios públicos, manteniéndolas en los concertados, y ha derivado pacientes a la sanidad privada.   También hemos asistido a la desregulación de sectores que necesitan ahora más que nunca el apoyo de la Junta de Andalucía frente a las grandes multinacionales, como sucede con el pequeño comercio, que ha visto cómo ha aumentado la apertura de domingos y festivos para los grandes establecimientos. Una mención especial merece la política medioambiental de la Junta de Andalucía. El proyecto de Ley para desregular el urbanismo, el llamado LISTA, es la mayor amenaza medioambiental sobre el territorio andaluz en un momento en el que fenómenos meteorológicos extremos como Filomena, nos recuerdan la necesidad de actuar y de hacerlo sin demora. Se ha atacado las instituciones y símbolos de Andalucía, reduciendo drásticamente la financiación de Canal Sur, se ha maltratado al Centro de Estudios Andaluces o el museo de la Autonomía. Todo ello a la vez que se falsifica el escudo andaluz, denigrando nuestros símbolos y lo que representan.En materia de personal, se han creado unos procedimientos exprés, anulados por el Tribunal Superior de Justicia, con 24 horas de plazo y discriminando a mujeres embarazadas y enfermos crónicos. A su vez, se ha incrementado sin pudor el número de altos cargos, creando ocho megadelegaciones del gobierno andaluz. Han despreciado los más elementales principios democráticos, utilizando indebidamente la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía para tomar decisiones que no les correspondía. Ha aumentado considerablemente el gasto en publicidad y propaganda para presumir de gestión durante la pandemia, han privatizado las emisoras ilegales y permiten la publicidad en las piratas, como ha denunciado la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.En general, han protagonizado una vuelta al pasado sin precedentes, retirando subvenciones al asociacionismo feminista, demostrando cómo en la práctica V se sienta en el Consejo de Gobierno. Capítulo aparte merecen la educación y la sanidad públicas, bandera del maltrecho Estado del bienestar. En educación se están padeciendo los efectos de las altas ratios, que ni siquiera se han reducido para combatir la pandemia, la brecha digital que separa al alumnado dejando irremediablemente a muchos atrás y unas condiciones climáticas que tiene a profesores y alumnos literalmente congelados. En Sanidad, los años de recortes se están dejando sentir en una situación de la que sólo se salva el heroico comportamiento de nuestro personal. Todo esto, en sólo dos años que se nos antojan muy largos.  Y mientras ellos han hecho todo eso, ¿dónde está la oposición parlamentaria?  Deberíamos estar trabajando sin descanso para sentar las bases para una alternativa de gobierno progresista, con objetivos innovadores. Hagamos gala de nuestra cultura de la defensa del diálogo y del compromiso para el cambio. No dejemos que sea Vox el que nos marque el paso de la Reconstrucción. Aprovechemos la oportunidad que nos brindan los fondos Next Generation para impulsar la transición ecológica, que reduzca nuestra excesiva dependencia del turismo. Creemos empleo digno, verde, cuidemos nuestra tierra, nuestros campos, nuestros pueblos. Afrontemos de una vez la revolución digital. Porque en los próximos años nos jugamos nuestro futuro y aunque el futuro siempre es incierto, lo que está fuera de duda es que Andalucía merece más.  
2 d
eldiario.es
El arca de la Bernarda
No me encuentro entre los innumerables virólogos, epidemiólogos, vacunólogos y expertos que estos días nos aconsejan y nos riñen por televisiones, radios y tabernas, con la debida distancia y protección. Ni siquiera he sido nunca seleccionador de fútbol, otra de las profesiones más frecuentes del suelo patrio. Debo reconocer, sin embargo, que si fuera esto último, no faltaría nunca en mi lista Sergio Canales. Una licencia venial propia de mi condición y de mi personal protocolo.Tampoco soy teólogo, leí la Biblia en el cole como unos cuentos y entre ellos, la historia del Arca de Noé. Como la recuerdo, un dios eligió a un hombre bueno y su familia para salvarse de una calamidad que acabaría con la pecadora humanidad. Le mandó construir un arca, o se la construyeron –aunque no había UME, entonces–, montó a los hijos y esposas de todos, que luego debían renacer a la humanidad –no constan allegados pero teniendo en cuenta que se trata de una cultura pastoril, es probable que formaran una familia extensa–. Ahí iba Jafet, no sé si Túbal y Tharsis habían nacido, que a mí me dijeron que luego poblaron estos andurriales.Luego, embarcaron a un solo representante de cada especie animal con su hembra. Lo relevante de la historia, repetida en otras culturas y religiones, es que se observó un escrupuloso protocolo, eso sí, mandado por un dios; me llamó la atención que los carnívoros no se comieran a los herbívoros, es decir, gran protocolo, paritario, por cierto. De los que se salvaron en el Arca descendemos todos, según la tradición, y los animales que nos comemos y nos hacen compañía.Después de tanto, nos encontramos como humanidad española y mucho española en otra epidemia milenarista. Nos salvará la ciencia y el sentido común, también la ejemplaridad y la disciplina. Pero ahora no es un dios quien nos lo ordena sino el poder civil y democrático. El arca metafórico es la vacuna.Sin embargo, en ausencia de un dios, a los civiles y al protocolo no los respetan ni los disciplinados y, más que nada, disciplinantes militares. Hemos pasado de un llamado a la desconfianza en la vacuna, inoculado incluso desde poderes oficiales –una encuesta del CIS hablaba del 55% de ciudadanos no dispuestos a vacunarse– hasta presidentes dubitabundos, como el facultativo presidente de Extremadura, a notables frikis sembrando desconfianza televisada, a un, con perdón, "maricón el último", de tiempos escolares.Y los que que más corren, los más jetas, los más espabilados, los de siempre. No creo que España, a pesar de su literatura, sea más pícara que otras culturas, lo que reina en las conductas es la seguridad de la impunidad. Sinvergüenzas los hay en todas partes, la diferencia es que aquí los hacemos santos o reyes. Ya lo dice la coplilla castellana, refiriéndose al duque de Lerma: "Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado". Es decir, lo hicieron cardenal.La retahíla ha comenzado, sin temer la ira de sus dioses ni del pueblo soberano: el poder instalado en los partidos tradicionales, PP y PSOE, concejales, consejeros, curas y generales, coroneles y un largo etcétera han tomado la delantera. Algunos, como el Jemad, han dado el honorable paso de la dimisión; otros se atrincheran en sus sillones y poltronas. Y sus obispos, caso de Pablo Casado o Teodoro, predican sin que se les caiga ni suden sus vergüenzas.Lo peor es que nunca nos enteraremos de la lista entera de los aprovechados; en un Estado de privilegios cabrá invocar la seguridad nacional, la inviolabilidad y, en todos los casos, la ausencia de responsabilidad por la estabilidad y la transición modélica.El Arca de Noé salvó a la humanidad, seleccionada por un dios, ahora los jetas se han seleccionado a sí mismos, elaborado un egoísta protocolo, por la gracia de Dios y su bandera. Y es que España es otra cosa, en realidad mi pudor no me ha permitido titular esta columna de otra manera, pero el cuerpo me pedía: El coño de la Bernarda.
2 d
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Una auditoría privada pagada por la Junta plantea el cierre de la Escuela Andaluza de Salud Pública en plena pandemia
Un informe encargado por el Gobierno andaluz a la consultoría Ernst&Young propone en plena pandemia el cierre de la Escuela Andaluza de Salud Pública, un ente instrumental de la Junta, con más de tres décadas de historia y con sede en Granada. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, señala que se han encontrado "duplicidades" de competencias con otras instituciones públicas que hacen recomendable que la EASP "cese su actividad", se extinga y traspase sus recursos a las instituciones con las que supuestamente duplica sus servicios. La Consejería de Salud, de quien depende este organismo, niega que tengan intención de cerrarla, a pesar de la conclusión del informe encargado por la propia Junta. La auditoría privada de la EASP es una de las muchas que ha pagado el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, a petición de su socio de legislatura, Vox, con el objetivo de "adelgazar" el sector instrumental de la Junta, donde trabajan alrededor de 27.000 empleados públicos. Desde la oposición, los partidos de derechas que ahora gobiernan Andalucía siempre calificaron estas empresas y fundaciones de la Junta bajo el sobrenombre peyorativo de "administración paralela".La Junta ha dejado en manos de consultoras privadas estas auditorías al sector instrumental, con un presupuesto de tres millones de euros, de los que 1,34 millones han ido a parar a la firma que ha realizado el informe sobre la EASP que ha costado alrededor de 22.000 euros.Este documento, firmado en diciembre de 2020, y una reunión mantenida días después del mismo han puesto en pie de guerra a los trabajadores de la Escuela de Salud Pública. Sus 162 trabajadores y sus miles de estudiantes ven que el cierre vuelve a planear sobre la EASP un año después del último intento de la Junta, justo en medio de la pandemia de la Covid-19, contra la que esta institución lleva más de un año trabajando en labores de investigación, formación y apoyo logístico al propio Gobierno andaluz para luchar contra el coronavirus.La auditoría, que pone en jaque el futuro de la EASP, ya ha sido respondida por parte de la escuela mediante un escrito de alegaciones. En él se señala que no puede haber duplicidad de competencias con los otros dos organismos públicos con los que la consultora Ernst&Young la compara : ni con la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) ni con la la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO). "No se sostiene la duplicidad competencial, ni de funciones, señalada", indican. Y no se sostiene porque, según sus alegaciones, "en ningún caso, se puede concluir que ni FIBAO ni la FPS generan conocimiento en el ámbito de la salud pública, ni de la gestión de servicios sanitarios, tareas que tiene encomendadas la EASP".Según las alegaciones al informe presentadas por la EASP, a las que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, las recomendaciones firmadas por Ernst&Young en la auditoría que piden el cierre de la escuela parecen añadidas posteriormente, no están paginadas y "no se encuentran reflejadas ni argumentadas en los apartados de Conclusiones y recomendaciones del documento". Para la EASP, estas están redactadas sin "coherencia técnica" por lo que dudan de su imparcialidad e intencionalidad.“Lo que está ocurriendo es un intento de acoso y derribo, otra vez, por parte de la Junta de Andalucía”, denuncia Joan Carles March, exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y docente en la actualidad en la misma institución. Él representa el sentir de un organismo clave para la sanidad andaluza y nacional que vuelve a la casilla de salida en la que estaba hace un año. Entonces, el Gobierno regional también intentó disolver la escuela para integrarla en el Instituto Andaluz de Salud (IAS), lo que pondría fin a más de 35 años de trabajo de la EASP.Antes de saber de la existencia de la auditoría y en la víspera de Navidad, según explican desde la escuela, la Junta se puso en contacto con el comité de empresa para trasladarle sus planes de disolución. “Pretenden hacer lo mismo que hace un año, pero cambiando el planteamiento. Ahora quieren que participen los trabajadores”, dice March. Una cuestión compleja porque el Gobierno de Juanma Moreno quiere cerrar una institución para abrir otra, la IAS que aún no existe, y en el contexto de que la pandemia del coronavirus continúa y ya está en su tercera ola de contagios.Además, el cierre de la EASP supondría también la pérdida de una entidad clave para Granada ya que ésta tiene su sede en la ciudad de la Alhambra. Sin embargo, el instituto de salud que se quiere poner en marcha aprovechando lo ya creado con la escuela, estaría ubicado en Sevilla, lo que también preocupa a los trabajadores ya que supondría un cambio de vida radical de centenares de familias que hoy viven de la EASP.Yendo al origen de este nuevo conflicto, hay que trasladarse al pasado mes de diciembre. Solo unos días después de que se elaborase la polémica auditoría, la Secretaría General de Investigación de la Consejería de Salud trasladó a la escuela su intención de llevar a cabo un plan partiendo de la base de la proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz el 30 de diciembre de 2019 que planteaba, literalmente, la “extinción y disolución” de la EASP para crear el instituto ya mencionado. Un proyecto que no solo rechazan los trabajadores de la institución de salud, sino que, explican, pone en riesgo todo lo construido a lo largo de los últimos 35 años.“Peligra el desempeño de las funciones de la EASP en investigación, docencia, consultoría y cooperación internacional en Salud Pública y Administración Sanitaria y, también los puestos de trabajo”, recuerdan desde el comité de empresa. Además, supondría acabar con más de 70 convenios y alianzas con instituciones sanitarias e investigadores de todo el mundo. De hecho, la EASP es centro asociado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y durante la pandemia del coronavirus está dando soporte científico e investigador tanto a la Junta de Andalucía como a instituciones internacionales.Por eso, se entienden aún menos los planes del Gobierno regional. El cambio de sede de Granada a Sevilla tendría también una fuerte repercusión económica en la capital granadina. Porque la EASP es una institución formativa de profesionales de la salud y la investigación científica que llegan de todo el mundo para aprovechar los conocimientos que imparten docentes de la talla de Joan Carlos March, que además de ser exdirector de la escuela es doctor en Medicina y posee una larga trayectoria al frente de organizaciones sanitarias de gran importancia.Además, en la EASP se imparten enseñanzas reconocidas por la Universidad de Granada y desde ella se trabaja también para sociedades profesionales, hospitales y servicios regionales de salud de toda España, así como para terceros países a través de proyectos de la Unión Europea, la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial. Algo que hace que sus eventos reciban más de 20.000 visitantes, lo que repercute directamente en la economía de la ciudad. Dinero que se perdería con el cierre de la escuela.“No sé por qué, y nos gustaría que nos lo explicara alguien, existen estas ganas de quitar de en medio a una institución de prestigio”, sostiene Joan Carles March. Menos aún se explica después de que en febrero de 2020 el Parlamento de Andalucía ya dijera que la EASP había que mantenerla, contando incluso con el respaldo del propio Gobierno andaluz con las abstenciones de Partido Popular y Ciudadanos. Aquellos votos ya daban a entender que no habían adoptado una decisión definitiva al respecto, pero que la presión científica y social a la que se vieron sometidos les había llevado a frenar el proyecto.Pero hoy, las circunstancias impiden movilizarse físicamente y todo queda reducido a un pulso mediático y a través redes sociales que hace que en la escuela exista “desconcierto y preocupación” por parte de los trabajadores. Este medio ha podido hablar con algunos de ellos que han preferido mantenerse en el anonimato. Sin embargo, todos han apuntado en el mismo sentido de no comprender por qué se plantea de nuevo el cierre y por qué sucede precisamente cuando hay una pandemia mundial poniendo en riesgo la salud pública. Uno de los trabajadores dice que en los últimos meses han visto cómo desde la Consejería de Salud se les ninguneaba e ignoraba cuando ofrecían soporte científico para abordar el aumento de casos de Covid-19.“En un contexto en el que se han dado cuenta que lo que hace falta es invertir en salud pública y Atención Primaria, resulta que quieren acabar con una de las instituciones fundamentales que puede ayudar a que todo avance mejor en esos ámbitos”, denuncia March. Un cierre "incomprensible" para los profesionales de la EASP, "teniendo en cuenta que el Gobierno central está planteando crear el Centro Estatal de Salud Pública". “¿Por qué solo se habla de extinguir la escuela y no de una fundación o cualquier otra salida? ¿Por qué? ¿Por qué la escuela? Esto pinta muy mal”, zanja March.Desde la EASP se recuerda que con este plan se quiere extinguir la única institución de España que tiene su naturaleza. Sobre todo, insisten, porque los profesionales que la integran están actualmente trabajando activamente frente a la pandemia COVID-19 “colaborando con la Administración y continuando con una intensa actividad que ha sido ampliamente reconocida. Así, ha formado en 2020 a más de 30.000 alumnos y alumnas y ha desarrollado 63 jornadas científicas online con más de 9.000 asistentes, entre ellas, las Jornadas Iberoamericanas de Coronavirus y Salud Pública, con más de 1.000 asistentes de 22 países”.
2 d
eldiario.es
Andalucía recibe 70.000 vacunas por semana y cuenta con un "stock muy justo" de 150.000 jeringas "adecuadas" para sacar seis dosis de cada vial
El consejero de Salud del Gobierno andaluz, Jesús Aguirre, reconoció el jueves en el Parlamento que en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "hay un déficit" de jeringas de 1 mililitro, que son las más "adecuadas" para apurar al máximo los viales de vacunas Pfizer: desde el pasado 8 de enero, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autoriza a extraer seis dosis de cada vial, en lugar de los cinco que se venían aprovechando hasta entonces. La Junta ha empezado a hacerlo, aunque reconoce que antes de esta modificación en el prospecto de Pfizer, adquirió 25 millones de jeringuillas, la mayoría de 2 mililitros, que dificultan poder sacar el "culillo" de la sexta dosis, como lo llamó Aguirre.El director del Plan de Vacunación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, David Moreno, ha destacado este domingo que Andalucía dispone de jeringuillas "adecuadas" para la vacunación contra el Covid, al tiempo que ha pedido "paciencia" a la población, porque "las prisas son malas consejeras" y poner las vacunas "con calidad y bien también hace que sean más eficaces, efectivas y seguras". Andalucía recibe un lote de casi 70.000 vacunas de Pfizer cada lunes, y cuenta con algo más de 150.000 jeringas de 1 ml, las idóneas para extraer las seis dosis de cada vial. Moreno reconoce que es "un stock muy justo", porque todos los países demandan este tipo de jeringas y el mercado internacional no da abasto. El Gobierno andaluz ha comprado y espera recibir más, pero de momento está "redistribuyendo" las que tiene por todos los hospitales andaluces "de forma equitativa". Entretanto, se usan también las jeringas de 2 ml, que resultan más complejas a la hora de apurar al máximo la última dosis del vial. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el responsable andaluz del Plan de Vacunación ha señalado, sobre las existencias de las jeringuillas del tipo insulina para extraer la sexta dosis de la vacunas contra el Covid, "tenemos jeringuillas de un milílitro, de insulina, y ese es el mensaje principal que queremos transmitir en todos los distritos, en todos los centros de vacunación". "Tenemos este tipo de jeringuilla. Sí es cierto que es una jeringuilla ahora mismo muy codiciada, porque hay competición a nivel internacional y nacional, porque son las necesarias para la vacunación", ha afirmo Moreno, que ha añadido que al haber "un stock muy justo para esta vacunación, en ocasiones no tenemos a mano esta jerginguilla de un milílitro y estamos usando la de dos milílitros".Así, y sobre si con esas jeringuillas podemos sacar seis dosis, ha explicado que "con la jeringuilla de un milílitro la sacamos sin problemas y con la de dos en ocasiones cuesta sacar seis dosis, pero nuestra enfermería nos comenta que en muchas ocasiones también las sacan"."Queremos mandar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que tenemos jeringuillas adecuadas para la vacunación y que hay que entender también que estamos con un problema mundial de vacunas, de jeringuillas, de agujas", ha manifestado David Moreno, para incidir en que "nosotros, en general, podemos sacar seis dosis de cada vial, que es lo que la gente debe saber".Pregunta sobre las existencias en Andalucía de la jeringuillas e un milílitro, ha respondido que "tenemos más de 150.000 unidades repartidas por toda la comunidad" y cada semana "hay que ir adquiriendo más jeringuillas de este tipo", al tiempo que ha añadido que "estamos haciendo una redistribución para que todo el mundo tenga jeringuillas de forma equitativa" y que cada semana "entran de este tipo". "Hay que tener en cuenta que no nos fallen también esas casas comerciales", algo que "puede pasar en estos momentos de tanta competición por estocaje a nivel internacional".Sobre si se podría haber reaccionado de otra manera haciendo acopio de este tipo de jeringuillas, Moreno ha afirmado que se pusieron en marcha "hace muchos meses" con este tipo de jeringuilla pero "había muchos problemas para conseguirla", de hecho "hemos conseguido muchas y hay muchas comprometidas para esta próxima semana". "Los pedidos con millones de jeringuilla estaban solicitados hace ya seis meses y hay un problema también de suministro por parte de las empresas que tienen que irnos mandando todo lo que está comprometido, pero poco a poco se está consiguiendo", ha abundado.Por su parte, y sobre las existencia de vacunas en Andalucía, Moreno ha dicho que desde Pfizer están enviando "aproximadamente unas 70.000 dosis semanales, salvo alguna semana que nos han recortado como por ejemplo esta semana, que nos mandaron la mitad, unas 35.000" y con las mismas "vamos administrando durante toda la semana con la idea de llegar al fin de semana solamente con un 10% de esas dosis guardadas por si el lunes o el martes no nos llegaran". "Esta semana estamos vacunando de forma que al fin de semana llegamos con un 90% de esas dosis administradas", ha añadido.Cuestionado acerca de si la llegada de las vacunas de AstraZeneca supondrá un punto de inflexión en el ritmo de vacunación, Moreno ha explicado que es una vacuna "diferente, de las que estamos más acostumbrados a usar, que son de vacunas de temperatura de nevera, que no hay que congelar, con lo cual la distribución de ser muchísimo más sencilla y también nos permitirá con más tranquilidad llevar, por ejemplo, esta vacunas a los domicilios para vacunar a la gente mayor, dependiente, inmovilizada, que es precisamente uno de los grupos que tenemos que vacunar en torno a febrero"."Tampoco tenemos claro que vayan a llegar más dosis que las de Pfizer", ha añadido Moreno, que ha pedido "paciencia" a la población para ser vacunado, al tiempo que ha destacado que "en cuestión de 15 o 30 días se vacunará a la población mayor de 80 años y será una vacunación poblacional masiva". "Estamos hablando de más de medio millón de personas mayores de 80 años en Andalucía y la idea que todas esas personas se vacunen en el menor tiempo posible, y puede ser en una o dos semanas sería perfecto", ha subrayado.Ha añadido que "la idea es que vacunemos en sitios abiertos, amplios y que haya un ritmo de vacunación muy alto e incluso separado del centro de salud, porque también nos va a coincidir con una época de alta incidencia de Covid".Por último, y sobre la vacuna de AstraZeneca ha señalado que "va a entregar viales de diez dosis", al tiempo que ha afirmado que hay "muchísimas jeringuillas para estos viales de Oxford y de Moderna, y para este próximo mes está totalmente garantizado".
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eldiario.es