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La defensa del Mediador cree que la desaparición temporal de los móviles puede anular la causa
La defensa del intermediario que da nombre al caso Mediador sostiene que la desaparición durante varios días de los teléfonos requisados a su cliente, dos móviles de los que se extrajo buena parte del material incriminatorio, podría llegar a suponer la nulidad de la causa.Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, miembros del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional han entregado a la juez que investiga esta presunta trama de corrupción los teléfonos cuya desaparición había sido denunciada formalmente por el inspector jefe de la Policía que comenzó el caso.El letrado Rachid Mohamed, abogado del procesado Marco Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador, ha anunciado a EFE que pedirá a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que investigue lo ocurrido con la desaparición temporal de esos terminales, que su cliente dejó en manos de la Justicia hace un año.Con el resultado de esa investigación, decidirá si presenta otro recurso de nulidad del caso al haberse producido, presuntamente, irregularidades como la ruptura de la cadena de custodia de las pruebas.Mohamed precisa que en la actualidad está a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el incidente excepcional de nulidad en el que denunció que su cliente no entregó voluntariamente sus móviles, sino que fue coaccionado, y se queja de que la comparecencia de Navarro Tacoronte en la que sucedió todo ello no fuera grabada en vídeo (según el Juzgado, por problemas técnicos).Otros dos abogados más de las defensas que prefieren mantenerse en el anonimato coinciden en que la desaparición hace algunos días de varios terminales telefónicos y tarjetas de la caja fuerte de la Policía en la que estaban custodiados "supone la ruptura de la cadena de custodia" y podría implicar la nulidad del caso.Estos letrados se preguntan qué pudo ocurrir durante los días en los que los dispositivos estaban desaparecidos, ya que opinan que ahora nadie puede garantizar que no hayan sido manipulado.Hace algo más de un año, Navarro Tacoronte entregó dos terminales en los que se encontraban vídeos, fotos, documentos y conversaciones de audio y texto que dieron lugar al inicio de las investigaciones.Los dispositivos fueron depositados junto con otras pruebas en la caja fuerte del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en Las Palmas de Gran Canaria, de donde desaparecieron hace algunas fechas.En el primer recurso presentado para anular la causa, Mohamed plantea que hace un año Navarro Tacoronte comparecía por un delito de estafa de poco más de 2.500 euros, pero luego tuvo que declarar sin asistencia letrada por una presunta trama de cohecho y tráfico de influencias en la que se han relacionado a políticos, empresarios y particulares, conocida desde entonces como caso Mediador.La desaparición de los terminales fue denunciada por el policía Francisco Moar, apartado en un principio de la causa, y a continuación la magistrada Ángeles Lorenzo-Cáceres pidió su devolución, tal y como ha ocurrido hace escasos días.
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El decreto canario de vivienda, visto por expertos: de todo menos resultados inmediatos
Ha pasado casi un mes desde la aprobación del decreto estrella de Coalición Canaria (CC) para responder a la emergencia habitacional del Archipiélago y las reacciones han sido dispares. Por un lado, la patronal de la construcción y los círculos insulares de empresarios han celebrado la norma. Por otro, la oposición, que ha llegado a calificar la legislación de “golpe de estado a la planificación urbanística”; la mayoría de los cabildos insulares, quienes consideran que el texto requiere de modificaciones; y los ayuntamientos, claves en el desarrollo de la normativa, pero marginados en su elaboración.Las medidas acordadas por el departamento que dirige Pablo Rodríguez (CC) nacen de una lógica simple: ante la escasez de oferta, es necesario ampliar el parque de vivienda con más edificaciones, reconversiones de locales comerciales, finalización de inmuebles inacabados por el crac financiero de 2008 y hasta la habilitación de suelo dotacional, pensado en un principio para levantar escuelas, hospitales o parques, y que ahora servirá también construir bloques de pisos. Coalición Canaria ha presumido de que responde en tiempo “récord” a la crisis y que las primeras repercusiones llegarán en un periodo “prudencial”. Media docena de personas expertas en políticas de vivienda han sido consultadas por Canarias Ahora para conocer sus valoraciones del decreto aprobado. Todas piden cautela, porque una cosa es lo que proyecta el documento y otra bien distinta lo que finalmente pueda ejecutar. También aclaran que no existe una “solución mágica” para atajar una emergencia, la de la vivienda, que presenta un carácter más estructural que coyuntural. Y, al mismo tiempo, la mayoría de las fuentes consultadas echa en falta actuaciones a corto plazo, como la captación de inmuebles vacíos o regulación de alquileres, pues la estrategia de apostarlo todo al ladrillo tardará muchos años en tener resultados, si es que los tiene, que eso tampoco está tan claro. Ángela García Bernardos es doctora en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y hace unos años publicó una tesis sobre el sistema de vivienda español durante la Gran Recesión (2007-2016). Ella es una de las voces que recuerda que el mercado inmobiliario no siempre sigue las reglas de la ley de la oferta y la demanda y que más casas “no tienen por qué suponer una bajada de precios”.El Gobierno canario espera acelerar con el decreto la edificación de alrededor de 3.000 viviendas de protección oficial ya planificadas más las que pueda construir el sector privado con las nuevas ganancias de suelo y recalificaciones que, en todo caso, no siempre serán públicas. El consejero de Vivienda ha reconocido que es muy difícil estimar cuántas obras podrán llevarse a cabo a lo largo de esta legislatura, pero ha admitido que muy probablemente no serán suficientes para cubrir la demanda existente. En las Islas hay en torno a 25.000 familias en la lista de espera por una vivienda pública más un número elevado de personas que no son capaces de acceder al mercado libre. Rodríguez es consciente de ello y por eso ha matizado que “el evaluador [de la norma] no va a ser cuánta vivienda vaya a construirse, sino cuánto va a bajar el precio del alquiler a partir de su aplicación”. Jordi González, doctor en Sociología por la Universidad de Leeds y colaborador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), ve muy complicado que algo así suceda. El experto explica que, para influir en el mercado inmobiliario, del que se desconoce prácticamente todo en las Islas, es necesario contar con porcentajes elevados de vivienda pública (entre el 30 y el 40% con respecto al total). Eso permitiría rebajar la tensión del alquiler y democratizar el acceso a un hogar digno. Sin embargo, la cifra en Canarias es irrisoria en este sentido. El parque de pisos sociales representa menos del 1% de las 820.000 casas levantadas en la Comunidad Autónoma, según el Diputado del Común, y harían falta 38.000 inmuebles destinados a alquiler social y otros 46.000 a alquiler asequible para alcanzar el objetivo que pretende el consejero, de acuerdo con un estudio de la promotora Culmia. De ahí la importancia esbozada por casi todos los académicos consultados en regular los precios del mercado del alquiler y captar vivienda vacía hasta equilibrar la balanza. Ambas medidas con presumible impacto en el corto y medio plazo, pero no recogidas en el texto del Ejecutivo regional. Iván Auciello-Estévez es investigador en la Universidad CY Cergy de París y fellow en el think tank Future Policy Lab. Para él, la primera de las actuaciones mencionadas, la del control de las rentas, sería interesante en el marco de las que no promueven una “congelación total” de los precios, sino una regulación que presente excepciones, como cuando hay reformas sustanciales en el apartamento o este acaba de incorporarse al mercado. Es el estilo que ha empleado el Ministerio de Vivienda con el recién aprobado índice de referencia y el que también utilizó Catalunya por su cuenta hace años. En este último caso, no ha sido posible probar si la intervención fue un éxito o no. Las conclusiones de los estudios son contradictorias y los expertos no se ponen de acuerdo. Pero que los costes bajaron en todos los municipios regulados es una realidad.La segunda propuesta, pensada en incentivar la adquisición de viviendas vacías, podría impulsarse con un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) según el nivel de actividad de las casas. La Ley estatal de Vivienda, de hecho, lo contempla. Así, a los propietarios les saldría más caro mantener los hogares sin ocupación por tiempo indefinido y tendrían una especie de “incentivo negativo” para anunciarlos lo antes posible. En el Archipiélago hay más de 211.000 viviendas vacías, un 25% del total. El programa del anterior Gobierno autonómico para captar pisos de este tipo fue un “rotundo fracaso”: solo se apuntó uno. Rodríguez ha adelantado que la Consejería quiere actuar como intermediara para garantizar tanto el depósito de la renta a los arrendadores como unos alquileres asequibles a los inquilinos. Aunque eso “no asegura que la vivienda vacía vaya a salir al mercado”, concluye Auciello. El decreto canario, no obstante, deja estos dos asuntos al margen y promueve edificaciones sin estudios de impacto ambiental en un territorio que cada vez siente más presión humana. Eso preocupa a María Tomé, arquitecta, urbanista y socia cooperativa en Oficina de Innovación Cívica. “La respuesta de construir más va a seguir siendo insuficiente. Nunca vamos a poder levantar casas igual de rápido que lo que está creciendo [la población] en Canarias. Por eso mismo no se puede entender la vivienda solo como un ente, sino como algo combinado”, razona. En la misma línea ahonda Ramón Bastida, profesor de la Universidad Pompeu-Fabra y director de la Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de esa misma institución. “En los países del norte global, los más desarrollados, se considera que las necesidades habitaciones de aquí hasta 2050 estarán cubiertas con el 80% de los pisos que tenemos ahora. Solo debería construirse durante este periodo un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que primar la reutilización o mejorar lo que ya existe”, señala el experto. Canarias es unas de las comunidades que lidera la clasificación de densidad urbana en España. Y la concentración poblacional en las Islas también es de las más altas, con 299 habitantes por kilómetro cuadrado (km2). Por eso “hay que ir con mucho cuidado”, insiste Bastida, porque “pueden llegar a urbanizarse áreas o zonas que igual no conviene tenerlas urbanizadas”. El Ejecutivo regional ha propuesto emplear suelo dotacional no explotado por los municipios (espacios en los que deberían ir centros sanitarios, colegios o zonas verdes) para construir vivienda protegida de promoción pública sin necesidad de modificar el planeamiento. La idea no es nueva. También se ha desarrollado en Barcelona o Madrid. Pero los expertos recuerdan que tiene que haber un equilibrio, porque en algunos ámbitos el Archipiélago ya parte con desventaja. En el referido a parques y jardines, por ejemplo, el 38,2% de la población canaria considera que no hay suficientes cerca de donde vive, el peor dato de todo el país. “Un parque es un elemento fundamental de salud pública en Canarias. Un hotel, no”, reflexiona Tomé. Construir casas donde tendría que haber árboles es “pan para hoy y hambre para mañana”, concluye la arquitecta. "Suburbios para dormir"Esta medida, por otra parte, no especifica el régimen por el que podrá accederse a las futuras viviendas y tampoco discrimina en favor de colectivos vulnerables. Bernardos precisa que la ley catalana sí lo hace, haciendo mención explícita de las personas jóvenes, jubiladas, con discapacidad, víctimas de violencia de género o inmigrantes que “requieren asistencia residencial”, lo que ayuda a conservar la “dimensión social” de los barrios. El único párrafo del decreto canario que especifica la aplicación del régimen de alquiler “a precio asequible” es el vinculado al derecho de superficie, en el que operadores privados disfrutarán de suelo público para levantar y gestionar bienes inmuebles durante un tiempo limitado. Ese “alquiler asequible” lo especificará la Administración Pública en las bases de los concursos. Bernardos apunta que sería atractivo que entidades del tercer sector o cooperativas entraran en escena en esta materia. En los países con más vivienda social en alquiler predomina el modelo de dirección sin ánimo de lucro. En la normativa de las Islas, sin embargo, “la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras se podrán contratar conjuntamente”, lo que “beneficia sobre todo a constructoras”, apostilla Tomé, que son las que tienen el músculo [económico]” para ello. González, por su parte, puntualiza al respecto que el sector privado siempre ha estado en busca de “pelotazos económicos” en el mercado inmobiliario. Y tiene la sensación de que la norma del Archipiélago viene “muy influenciada” por los actores de siempre. “Los políticos no saben de vivienda. Y como no saben, suelen confiar en supuestos expertos del sector privado que, podrán ser de izquierdas o de derechas, pero tienen intereses económicos marcados por la búsqueda de un gran beneficio. Lo que se está haciendo en Canarias es confiar en ese conocimiento que siempre se ha dado por descontado”, indica el investigador. Las políticas del Gobierno autonómico con el nuevo decreto también ponen la lupa en la rehabilitación de edificios inacabados, en torno a 3.000, ha estimado Rodríguez, y en la proliferación de más pisos mediante el incremento de la edificabilidad en suelo urbano, la reconversión de locales comerciales a inmuebles y la división de viviendas existentes. Estas dos últimas medidas, en concreto, alertan a Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y director de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, porque una residencia habitable no es sinónimo de digna y porque, en resumidas cuentas, “no es aceptable hacer infraviviendas” desde una administración regional, según el experto. Sin ir más lejos, en los alojamientos con espacios comunes complementarios creados con el decreto, la superficie mínima útil de la unidad privada será de 25 metros cuadrados (m2).“Si empiezas a convertir masivamente locales en viviendas, te queda un suburbio para dormir y nada más. Eso provoca empobrecimiento de la zona, de la vida. Estamos en una especie de proceso de conversión de las ciudades en ciudades dormitorio. Y eso tiene consecuencias muy negativas”, remacha Nasarre. 
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El Cabildo de Lanzarote usó un informe a la medida para dejar sin efecto la acusación contra el senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés
El actual presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, no solo mandó parar al abogado que representaba los intereses de dos organismos públicos dependientes de la Corporación frente a su compañero de partido Pedro San Ginés, sino que encargó un informe a la medida a los servicios jurídicos para presentarlo extemporáneamente al juzgado que instruía las diligencias previas.La empresa pública de aguas Inalsa y del Consorcio del Agua de Lanzarote habían denunciado al abogado Ignacio Calatayud, amigo íntimo del expresidente del Cabildo Pedro San Ginés (Coalición Canaria), por apropiarse sin autorización ni conocimiento de sus órganos de gobierno de dos millones de euros. Según la denuncia que dio lugar a la investigación judicial, la apropiación se produjo presuntamente con el conocimiento y la complicidad de San Ginés que, además, habría contratado a su amigo de manera irregular, según consta en la instrucción.La interposición de acciones penales fue acordada por los órganos de gobierno de las dos entidades tras someterse a su consideración un informe realizado por la gerencia del Consorcio y de Inalsa que dio lugar a un decisivo informe jurídico que recomendaba interponer los correspondientes procedimientos judiciales.Con la instrucción ya finalizada, y tras mandar cesar en su trabajo a la dirección legal contratada al efecto, el Cabildo de Lanzarote remitió al juzgado a comienzos de octubre de 2023 y por propia iniciativa, un escrito de 48 folios conteniendo unas alegaciones extemporáneas en el que no solo se aparta diametralmente del criterio seguido por el letrado durante toda la instrucción, sino que se alinea abiertamente con las tesis de la defensa.El informe está firmado por la directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo y su interposición supone en la práctica dejar de ejercer la acusación, toda vez que asume por completo el relato de la defensa en el sentido de negar que se hubieran producido una contratación irregular de Ignacio Calatayud y que este se hubiera apropiado de las costas judiciales.La firmante del escrito, que sirve a Oswaldo Betancort para cumplir con su objetivo de retirar a las entidades dependientes del Cabildo de cualquier tipo de acción penal contra su compañero Pedro Sanginés, está firmado por la directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo de Lanzarote, Maria Eugenia Torres, cuya amistad con Ignacio Calatayud es conocida en Lanzarote por haber sido propuesta por él mismo como testigo en los procedimientos sobre los que ha realizado el informe.Entre otros extremos, Torres afirma en su informe que “no se ha producido perjuicio económico alguno a Inalsa o al Consorcio y que se cumplió, como se deriva de lasactuaciones, con lo pactado” porque ninguno de los dos organismos “abonaron cantidad alguna por los incidentes” en los que intervino el letrado, quien ingresó “únicamente” las costas generadas en el proceso. Además, la letrada recuerda que el Tribunal Supremo estableció “la completa legalidad” de la cuota litis, que “no incluye gastos por los servicios de otros profesionales, salvo que se establezca y debe recoger de forma expresa el concepto de costas del proceso” y “tanto el Consorcio como Inalsa han contratado hasta 2023, con pacto de costas para el letrado”. Pero la letrada no solo se manifiesta ante hechos administrativos, sino que también se pronuncia sobre atestados de carácter penal introducidos en la causa por la Guardia Civil, como la investigación sobre la adquisición de una casa por parte de Pedro San Ginés a una empresa perteneciente a la empresa de la familia política del abogado Calatayud.Al igual que sucedió con los escritos en los que se desistía del incidente de nulidad de actuaciones y de recusación del juez instructor, Ricardo Fiestras, estas alegaciones extemporáneas desde el punto de vista procesal fueron aportadas al juzgado sin conocimiento ni autorización del letrado director de los procedimientos, lo que le condujo a renunciar de manera irrevocable a la dirección legal el 27 de octubre de 2023.El Consorcio del Agua de Lanzarote e Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (Inalsa), son dos entidades con personalidad jurídica propia. Además, el Cabildo es titular tan solo del 40% del Consorcio, siendo este, a su vez, el propietario único de Inalsa, por lo que resulta llamativo que sea sea el Cabildo de Lanzarote el que formule las alegaciones, a través de la directora-adjunta de su Asesoría Jurídica, actuando en contra de lo acordado previamente por los órganos de gobierno del Consorcio e Inalsa.La causa contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud se encuentra en estos momentos en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado del primero de ellos por haber sido elegido senador por la Comunidad Autónoma a propuesta de su partido, Coalición Canaria.
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Función Pública desbloquea la lista de empleo obsoleta que impide el acceso a cien opositores
Función Pública ha comenzado a agilizar los trámites para crear una nueva lista de empleo. Tal y como publicó en exclusiva Canarias Ahora hace dos semanas, el Gobierno de Canarias sigue utilizando para el cuerpo superior de Administradores Generales una lista obsoleta constituida hace cuatro años y que bloquea el acceso a cerca de cien opositores aprobados. Este lunes, la Dirección General ha abierto el plazo para que los aspirantes de la última convocatoria presenten sus méritos y así avanzar en la constitución de un nuevo listado. El pasado 2 de marzo, una de las personas afectadas denunció en este periódico que se trataba de una ''tardanza injustificada''. La lista de empleo actual se creó en 2020 como resultado de la convocatoria de junio de 2017. En este proceso de oposiciones se adjudicaron 63 puestos de trabajo. Los opositores que obtuvieron una puntuación por debajo de los cuatro puntos conformaron esta lista de empleo. Algunos de ellos, según la documentación consultada por esta redacción, ya han conseguido un puesto en la Administración Pública. En noviembre de 2021 se convocaron unas nuevas oposiciones para el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1). En ellas se ofertaron 29 plazas libres y dos reservadas para personas con discapacidad. Entre los aspirantes que se quedaron sin plaza y que ahora optan a formar parte de esta nueva lista de empleo hay casi cien personas con notas que superan los nueve puntos. Fuentes próximas al examen señalaron a esta redacción que la demora en la creación de una nueva lista está teniendo importantes consecuencias para el funcionamiento de la Administración Pública. ''El Gobierno sigue utilizando una lista de empleo en la que solo hay opositores suspendidos”, señalaron estas fuentes. Desde la Dirección General de Función Pública respondieron a este periódico que “en la medida en que los procesos selectivos van concluyendo, se abre el procedimiento para la constitución de listas de empleo”. Además, desde el área subrayaron que todo este proceso requiere de sus correspondientes plazos y no ofrecieron entonces ninguna fecha fija en la que se prevea que pueda estar constituida la nueva lista de empleo. Ahora, los opositores tienen un plazo de diez días para presentar la documentación que acredite sus méritos y experiencia a partir de este lunes 18 de marzo, fecha en la que se ha publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
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Vox fuerza al PP a un imposible: vetar derivaciones de adultos migrantes desde Canarias a las comunidades en las que gobiernan
Vox no quiere migrantes en las comunidades en las que gobierna con el PP. El partido de extrema derecha no solo se opone a la acogida, sino que defiende las expulsiones masivas y en caliente, contrarias a la normativa internacional. “Todo el que entra de forma ilegal debe ser expulsado de inmediato”, ha dicho el nuevo portavoz de la formación política, José Antonio Fúster. En el caso de los migrantes adultos, el Estado es el que tiene las competencias y el que se encarga de su asistencia y atención, por lo que las autonomías no pueden forzar el bloqueo que propone Vox.Por su parte, Fúster también ha rechazado la propuesta del Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, de obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores no acompañados. El Ejecutivo canario tutela en la actualidad a 5.500 niños y adolescentes llegados en patera. Por ello, ha exigido al Estado una reforma de la ley que obligue a los gobiernos autonómicos a acoger menores no acompañados que llegan a las islas y que así las derivaciones no dependan de la solidaridad de los gobiernos autónomos. Expertos y entidades especializadas en infancia ya han advertido de que el hecho de que Canarias tutele en soledad a más de 5.000 menores va en contra del interés superior del menor. ''Que el Archipiélago tenga que tutelar y dar formación a 5.000 menores hace que estos tengan menos oportunidades que los que están en cualquier otra ciudad con menos menores acogidos”, valoró en declaraciones a esta redacción la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García. En este sentido, el portavoz de Vox ha asegurado que trasladará al PP en las autonomías donde gobiernan juntos el rechazo a acoger migrantes. Los partidos gobiernan en coalición en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y en la Comunidad Valenciana. Además, el portavoz ha añadido que está seguro de que “llegarán al mejor acuerdo posible con sus socios”.No es la primera vez que la derecha muestra su rechazo a los traslados de migrantes desde Canarias hasta los centros de acogida de la Península. El Archipiélago recibió solo en 2023 cerca de 40.000 personas en cayucos y pateras. El Hierro y Lanzarote se convirtieron en los principales puntos de destino de las embarcaciones precarias que dejan miles de cadáveres en el Atlántico. Las cifras de supervivientes llevaron al Ministerio de Migraciones a declarar a Canarias en situación de emergencia. El objetivo era agilizar los trámites y la financiación de los recursos para evitar la saturación de los dispositivos y ofrecer una asistencia y acogida dignas a los recién llegados. Los traslados entre comunidades son una herramienta habitual del sistema de acogida español y, además, responden a las peticiones de solidaridad del Gobierno de Canarias al resto de autonomías. Aunque el PP gobierna en Canarias, se ha topado con el rechazo y el discurso xenófobo de su propio partido en otras comunidades. El PP ha llegado incluso a acusar al Gobierno de España de colaborar con las mafias y el tráfico de personas. Un argumento que ha vuelto a utilizar Vox este lunes. “El gobierno sanchista ha decidido colaborar con el negocio organizado por las mafias de tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena”, dijo el diputado del PP Rafael Hernándo. El portavoz de Vox ha aprovechado además para arremeter contra la religión islámica asegurando que es “incompatible” con la civilización occidental. 
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La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un turista británico en Puerto Rico
El cuerpo sin vida de un turista británico ha sido hallado sin vida en un complejo de apartamentos en Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria. La Guardia Civil investiga el suceso, ocurrido este mediodía del lunes 18 de marzo, en uno de los apartamentos Colina Mar, según han confirmado fuentes oficiales del instituto armado al periódico Canarias7Como ha informado dicho medio, la investigación ha sido declarada secreta a la espera que se le realice la autopsia, aunque la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis, incluso que se deba a una posible muerte accidental.El cuerpo sin vida fue hallado por el personal de limpieza del complejo turístico, que alertó de la aparición del cadáver cuando se disponía a limpiar el apartamento, y se personaron en el lugar los efectivos de emergencias, Policía Local y la Guardia Civil.Se trata de un irlandés, de unos 33 años, que estaba de vacaciones en la isla junto a un amigo, que también estaba presente en el apartamento cuando llegaron los efectivos policiales y que, según informó el citado periódico, no se encontraba en muy buen estado, producto, presuntamente, del consumo de sustancias estupefacientes.
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El director de Frontex anuncia que viajará próximamente a Canarias ante la situación migratoria que califica como "muy preocupante"
El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, anunció este lunes que tiene previsto viajar próximamente a Canarias, donde existe una "muy preocupante" situación por el aumento de las llegadas de migrantes irregulares e indicó que la agencia europea está preparada para ayudar más a España, si así lo solicita.Leijtens compareció ante los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara para hablar de las operaciones de Frontex en el Mediterráneo, en particular en Grecia.El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos le preguntó sobre la situación en Canarias, que Leijtens calificó de "muy preocupante".Explicó que aunque se ha producido un "descenso del flujo" migratorio en el Mediterráneo Central, las cifras de migrantes irregulares han aumentado tanto en la parte este del Mediterráneo como en "el resto de la zona de África Occidental, a través de las Canarias"."Estamos en estrecho contacto con las autoridades españolas para averiguar si necesitan nuestra ayuda. De momento esa ayuda ha sido limitada pero, teniendo en cuenta la tragedia que está ocurriendo, estamos a su disposición. Pero necesitamos su solicitud antes", indicó el jefe de Frontex.Añadió que la agencia europea de fronteras está "en contacto" con las autoridades españolas y que él mismo tiene previsto desplazarse a Canarias "dentro de poco".A finales de enero el Ministerio del Interior y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) firmaron los planes operativos para las dos operaciones conjuntas que desarrollarán en 2024, una para el Mediterráneo occidental (la denominada Indalo) y otra que afecta a Canarias.Fuentes del Ministerio español del Interior indicaron entonces que con esta firma se retomaba la colaboración con la agencia europea con la que España "mantiene desde hace años una estrecha cooperación en materia de inmigración irregular".Entre el 1 de enero y el 29 de febrero pasados llegaron a Canarias en 181 cayucos y pateras 11.932 migrantes, frente a los 1.865 del año pasado
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Vox avisa de que no admitirá derivación de inmigrantes en las comunidades en las que gobierna con el PP
Vox ha advertido este lunes de que impedirá el traslado de inmigrantes irregulares desde Canarias a las comunidades autónomas donde gobierna en coalición con el PP que se pretende regular desde el Gobierno central de acuerdo con el canario mediante una reforma de la Ley de Extranjería.Así lo ha dicho el nuevo portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que este lunes se ha estrenado en sus funciones en sustitución del vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga, que le ha cedido esta tarea para poder centrarse en la candidatura a las elecciones de Cataluña.Fúster, que ha confirmado que Garriga repetirá como cabeza de lista en las catalanas, ha arremetido contra la reunión de este lunes de la Conferencia Sectorial de Inmigración en la que, entre otros asuntos, se ha abordado la reforma de la ley de extranjería pactada por el Gobierno central y el canario para regular el reparto de menores extranjeros entre comunidades."Van a intentar exportar cierta parte o la gran parte de la inmigración ilegal a otras autonomías y forzar algo que nosotros no queremos", ha recalcado el portavoz, que ha defendido que "todo el que entra de forma ilegal debe ser expulsado de inmediato".Según el portavoz de Vox, no se puede caer en el "falso buenismo" y así se lo trasladarán al PP en las autonomías donde gobiernan juntos (Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia) y se ha mostrado seguro de que llegarán "al mejor acuerdo posible" con sus socios. 
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Hallado el cuerpo sin vida de una persona en una vivienda incendiada en Santa Cruz de Tenerife
La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de una persona, que falleció este lunes tras ser rescatada del interior de una vivienda en Santa Cruz de Tenerife en la que se había declarado un incendio.Se trata de un hombre de 40 años que fue visto tirando objetos a la vía pública desde dicha vivienda, situada en la calle Víctor de Monjuy, en el barrio de Ofra, detallan fuentes del 1-1-2.Cuando los efectivos de emergencia llegaron al lugar vieron que salía humo del interior del piso.Varios agentes de la Policía Nacional intentaron rescatar al hombre, y uno de ellos resultó intoxicado por inhalación de humo y precisó de asistencia sanitaria.Efectivos del Servicio de Urgencias Canario realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al hombre pero no pudieron evitar su fallecimiento.Los Bomberos de Tenerife comprobaron que el incendio declarado en el interior de la vivienda también afectaba a zonas comunes del edificio.Tras extinguirlo, procedieron a la ventilación de la vivienda afectada y de otra colindante afectada por el humo.
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Canarias retira preventivamente 10 millones de fondos europeos con los que se pagaron mascarillas en 2020
El Gobierno de Canarias ha retirado preventivamente 10 millones de euros de fondos europeos con los que cofinanció la pasada legislatura gran parte de las mascarillas que compró a la empresa vinculada al caso Koldo, tras pedirle explicaciones la Comisión Europea sobre el uso de ese dinero. Esos fondos a los que se ha decidido renunciar se refieren a partidas que fueron justificadas por la Dirección General de Presupuestos y por la Intervención General de la Comunidad Autónoma ante la Unión Europea, en un procedimiento que los servicios jurídicos del Gobierno canario tienen ahora bajo estudio.La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), ha anunciado esta decisión en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha indicado que se ha procedido a "descertificar" esa partida ante la investigación abierta y para evitar "complicaciones con las autoridades europeas".Asián ha recordado que en esos suministros se han detectado "posibles irregularidades", como compras a un precio superior al de mercado (los hechos remontan a los primeros meses del estado de alarma, marzo y abril de 2020) y material entregado cuya calidad era inferior a la encargada, por lo que la comunidad autónoma ha preferido ahora asumir con sus recursos la parte que cargó a fondos europeos.La consejera ha dicho que, tras esta decisión y con el caso en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea, el Gobierno de la comunidad autónoma analizará que medidas puede tomar para recuperar el dinero.Se trata de contratos que fueron suscritos por el Servicio Canario de la Salud, y que contaron con el visto bueno de la Hacienda autonómica, por lo que se remitió su certificación ante la Unión Europea para recibir los fondos, que fueron adelantados por la Comunidad canaria.Según los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Gobierno de Canarias compró suministros sanitarios a la empresa vinculada al caso Koldo por un valor total que supera los 12 millones de euros.Al abrir la Comisión Europea la posibilidad de que los gastos de la emergencia sanitaria se cargaran a fondos comunitarios, el Ejecutivo que presidía Ángel Víctor Torres (PSOE) decidió cofinanciarlos con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Un año de la Ley Trans: respuestas jurídicas frente a la desinformación masiva
El pasado 2 de marzo se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida por la mayoría de la sociedad como Ley Trans por centrarse en este colectivo las principales y más cruciales novedades de esta norma. Precisamente coincidiendo con el primer aniversario de esta ley, y cuando parecía que empezaba a amainar la larga tormenta del cuestionamiento de sus contenidos y de los derechos de las personas trans, algunos medios de comunicación han aprovechado esta efeméride para sacar a la luz decenas de casos ciertamente peculiares en los que todo apunta a la existencia de cambios registrales fraudulentos de hombres a mujeres, acogiéndose al principio de autodeterminación del género que proclama la norma.De esta forma, en las últimas semanas los platós de televisión han acogido espectáculos grotescos que daban altavoz a estos intrépidos personajes en una suerte de apología propagandística del fraude de ley que supuestamente demostraría lo disparatada que es esta legislación y la necesidad imperiosa de resolver sus deficiencias técnicas, para evitar que hombres se puedan seguir haciendo pasar por mujeres con el fin de lograr determinados beneficios o eludir algunas obligaciones.Imaginémonos otros casos de fraude televisados en situaciones similares para poner en contexto este esperpento: ¿sería concebible pensar en medios de comunicación que se hacen eco de testimonios de parejas que han contraído un matrimonio de conveniencia? ¿Cabría en nuestras cabezas la idea de presenciar programas de máxima audiencia dedicando espacios a mujeres que afirman haber denunciado falsamente a sus parejas por delitos de violencia de género? ¿Quizás algunas entrevistas sobre casos de estudiantes que mienten deliberadamente a la administración para obtener becas para sus estudios? Si alguna de esas situaciones se nos pasa por la cabeza y creemos que son perfectamente posibles, ¿se imaginan a los tertulianos presentes en esos programas llevarse las manos a la cabeza y reivindicar con esmero que, ante la constatación de esos casos fraudulentos, deben eliminarse de raíz instituciones jurídicas como el matrimonio, delitos como el de violencia de género o ayudas públicas para estudiar, con el pretexto de evitar el masivo fraude de ley que se produce en estos casos? Todo apunta a una nueva cruzada contra la Ley Trans que requiere de respuestas jurídicas simples frente a la desinformación masiva:1.- Sí, hay algunos casos de personas que han logrado una rectificación registral de la mención relativa al sexo de manera fraudulenta: hombres que presuntamente dicen ser mujeres con el propósito de obtener determinados beneficios o eludir sus deberes. De la misma manera que existen también casos minoritarios de matrimonios de conveniencia, denuncias falsas, fraude fiscal, empleos encubiertos, negocios simulados, empresas pantalla y otras tantas vulneraciones de la legislación vigente. 2.- No, de ninguna manera los casos de fraude de ley son mayoritarios entre las solicitudes de rectificación registral del sexo. La inmensa mayoría de las peticiones provienen de personas trans que buscan materializar un derecho a que su género se reconozca en sus documentos de identidad. Pero es que además hay muchísimos casos en los que juezas y jueces encargadas de los Registros Civiles han detectado los fraudes, denegando el reconocimiento del género reclamado con una justificación jurídica impecable que señala literalmente que los intentos de fraude son una burla y un menosprecio directo a un colectivo con una histórica situación de desventaja social cuyo género sí debe ser legalmente reconocido.3.- Sí, existen mecanismos jurídicos eficaces que permiten detectar las situaciones de fraude antes, durante o incluso después de su comisión, máxime si paradójicamente estos son televisados y tienen la repercusión mediática que estos casos están teniendo, curiosamente muy por encima de las numerosas denegaciones de rectificación o de las mayoritarias solicitudes justas. La principal herramienta jurídica contra el fraude está presente en el artículo 6.4 del Código Civil y señala expresamente que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.4.- No, ninguno de los medios de comunicación que difunden estos casos han podido demostrar que las personas que supuestamente han modificado su sexo de forma fraudulenta (espero que al menos hayan constatado que han modificado su sexo en el DNI) se hayan beneficiado de su condición de mujeres tras el cambio registral. Ni en ascensos profesionales en los cuerpos en los que existan unas reglas diferenciadas por sexos, ni en el régimen jurídico aplicable ante la posible comisión de delitos de violencia de género, ni en las obligaciones legales como titulares de la patria potestad respecto a sus hijas e hijos, ni en la inclusión en categorías deportivas femeninas con una ventaja competitiva frente a otras mujeres cis, ni en un largo etcétera de posibles situaciones que simple y sencillamente no se van a producir o se van a anular más temprano que tarde, porque están terminantemente prohibidas por la legislación vigente.5.- Sí, la ley española está alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, con las recomendaciones del Consejo de Europa y la Unión Europea, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es solo una muestra más de la evolución de un número cada vez más creciente de países de nuestro entorno que han establecido en sus ordenamientos jurídicos procedimientos rápidos, transparentes y eficaces para el reconocimiento legal del género basados en la autodeterminación, sin que haya pasado absolutamente nada al respecto, como son Argentina (2012), Dinamarca (2014), Malta (2015), Colombia (2015), Irlanda (2015), Noruega (2016), Bélgica (2017), Brasil (2018), Portugal (2018), Luxemburgo (2018), Uruguay (2018), Islandia (2019), Suiza (2020), Nueva Zelada (2021) o Finlandia (2023); otros países  como Alemania y Chile se encuentran tramitando proyectos normativos para hacerlo realidad.¿Significa todo lo que se ha dicho hasta ahora que la Ley Trans sea perfecta y no haya cuestiones que mejorar? Evidentemente no, hay mucho margen de mejora y sobre todo de desarrollo a través de su aplicación concreta. Precisamente sobre las posibles situaciones de fraude que pudieran darse, convendría que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública Registral, dependiente del Ministerio de Justicia, se pronuncie con una instrucción que dote a los registros de las herramientas para actuar frente al fraude antes, durante y después de la rectificación registral, al igual que ya lo ha hecho con los matrimonios de complacencia (Instrucción de 31 de junio de 2006). Y convendría también que, a la hora de evaluar estos posibles casos de fraude, se hiciera con indicios realistas que no caigan en una visión estereotipada sobre las personas trans y basada exclusivamente en su expresión de género, porque eso nos haría regresar a una regulación anterior.Un último mensaje se requiere para los medios de comunicación que están promoviendo la difusión de estos contenidos: basta ya. Como guardianes de la democracia y las libertades tienen un relevante papel constitucional y un deber de informar con veracidad sobre los asuntos que abordan. Las lamentables entrevistas emitidas en los últimos días no solo son una muestra de mentiras contadas mil veces para intentar que se conviertan en verdad, sino que sobre todo son un claro ejemplo de desinformación que genera un daño inmenso al colectivo de personas trans, que se verán hoy más cuestionadas que ayer en su identidad de género por una panda de indeseables que han querido mofarse de una ley sobre sus derechos con la aquiescencia de los medios de comunicación.Frente a la desinformación masiva, se hace más necesaria que nunca una defensa intensa del derecho a la autodeterminación del género de las personas trans.
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El decreto canario de vivienda favorece la especulación y tiene visos de inconstitucionalidad, según NC
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) advierte de que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de CC-PP es “ineficaz, inservible” en el objetivo de ayudar a los más de 25.000 demandantes existentes en el Archipiélago, incluidas las familias más vulnerables, y a las rentas medias con "importantes problemas para acceder al alquiler o a la compra con unos precios desorbitados y muy alejados de la realidad socioeconómica de la mayoría de las canarias y los canarios". El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, denunció que relega las promociones protegidas mientras favorece la construcción de nuevas residencias libres-privadas a pesar de la existencia de más de 211.000 viviendas cerradas y vacías, lo que provocará una mayor especulación. El grupo avisó además de los visos de inconstitucionalidad de una norma del Gobierno de las derechas, que persiste en fomentar el modelo de crecimiento “insostenible y desarrollista”.Nueva Canarias-BC mantendrá, en el pleno del Parlamento que comienza este martes, el voto en contra a la convalidación del decreto ley del Ejecutivo de CC y el PP. Defenderá la necesidad de que se tramite como un proyecto de ley con el fin de solventar carencias, defectos y consecuencias beneficiosas “sólo para unos pocos, no para la mayoría” de la ciudadanía de las islas.Luis Campos denunció que las medidas del Gobierno “están pensadas para los constructores", los únicos con los que se ha contado para elaborar el decreto, "en lugar de la mayoría social que necesita una vivienda o paga unos precios prohibitivos”. Se favorece la especulación, censuró, al mismo tiempo que se ha secuestrado el debate a los ayuntamientos, los cabildos y a los grupos parlamentarios cuando se van a modificar tres leyes sustanciales. La del suelo, la del turismo y la sectorial.Se cambian los planeamientos municipales y se ataca la legislación territorial y ambiental, diseñada en las últimas décadas en el Archipiélago, subrayó el portavoz de NC. “En lugar de contribuir a la sostenibilidad, se vuelve al modelo desarrollista que hoy tenemos” y que ha provocado la crisis habitacional, la hídrica, la energética y en la gestión de los residuos, indicó Campos.Para NC-Bloque Canarista, la totalidad de las medidas urgentes tenían que estar destinadas a la vivienda protegida, como se ha hecho en las islas Baleares. El decreto de CC-PP, para Luis Campos, está más pensado para la promoción de las residencias privadas, con lo que la especulación será mayor.Recriminó la total ausencia de propuestas para incentivar el regreso al mercado de las más de 211.000 unidades vacías. Una iniciativa, mantuvo el portavoz, con la que “se recuperarían, de forma inmediata”, unos 40.000 pisos para el alquiler y se ayudaría a rebajar las tensiones sin consumir más territorio.“No entendemos”, expresó, que se puedan construir residencias libres, hasta un 70%, en los suelos ubicados en las áreas turísticas y sólo se reserve para las protegidas el 30% restante.No se desincentiva el alquiler vacacional a pesar de que existen del orden de 52.000 unidades en explotación y ser una de las principales causas de la crisis habitacional, cuestionó el diputado de NC-BC. Salvo en algún apartado muy concreto de la norma, Campos denunció que “no se veta” el alquiler vacacional para las nuevas residencias construidas. Se trata de una “auténtica aberración” cuando, en paralelo, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para contener una actividad que ha provocado el encarecimiento de los alquileres y la compra. Hace apenas tres días el propio consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, reconoció que la vivienda vacacional ha afectado a la emergencia habitacional "sin ninguna duda".Luis Campos se opuso a que el decreto ley, de carácter extraordinario y urgente, tenga una vigencia ilimitada y que el Gobierno de CC y el PP se oponga a regular el precio del alquiler de las zonas tensionadas en colaboración con los ayuntamientos, como permite la ley estatal.  
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La sequía y el calor llevan a Canarias a activar en marzo su plan de incendios forestales
El Gobierno de Canarias ha activado este lunes 18 de marzo, todavía en invierno, el Plan de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca) que hasta ahora solía poner en marcha de cara a la temporada de verano, debido al elevado riesgo que presentan los montes de las islas como consecuencia de la prolongada sequía y el calor.La decisión se adopta siguiendo las recomendaciones del comité de expertos creado para dar respuesta a esta anómala situación de riesgo, un grupo de trabajo integrado por especialistas en emergencias, climatología e incendios, como Federico Grillo, Montse Román, Miguel Ángel Martín, Vicky Palma y Pedro Martínez, que acaban de presentar sus conclusiones al presidente, Fernando Clavijo.En un comunicado, el Gobierno canario subraya que "es la primera vez que se recurre a una activación especial del Infoca -en este caso, en nivel de prealerta- para adelantar las medidas preventivas que habitualmente se adoptan en la época de verano y, al mismo tiempo, poner en marcha otras de nueva implantación".Entre estas últimas, cita el diseño de estrategias para una mejor coordinación de los recursos, la homogeneización de los equipos de extinción por capacidades, el desarrollo de un protocolo común de radiocomunicaciones y medidas de autoprotección en las zonas de interfaz (donde las zonas de arbolado se mezclan con viviendas).La semana pasada, la Agencia Estatal de Meteorología dio conocer que Canarias acaba de vivir el invierno más caluroso desde que existen registros, con 2,5 grados de media por encima de la temperatura esperable para esta época, y el primero en más de un siglo en el que no nieva ni si quiera en el Teide. Además, esta vez ha llovido en las islas un 72% menos de lo habitual en un invierno.Los expertos reunidos por el Gobierno de Canarias para asesorarse sobre esta situación subrayan que las circunstancias climatológicas, meteorológicas y medioambientales hacen que la probabilidad de incendio forestal sea "inusualmente muy elevada en estos momentos del año", debido a la sequía registrada en Canarias no sólo a lo largo de los últimos meses, sino acumulada en los últimos años, "la más larga de la que se tienen registros desde 1961".Esta sequía podría generar ahora mismo incendios con mucha capacidad de propagación, que requieren de una respuesta rápida, coordinada con todas las administraciones implicadas y suficientemente dimensionada, alerta este grupo de expertos.De ahí que el Gobierno de Canarias plantee también la necesidad de anticipar el posicionamiento en las islas de los medios aéreos de extinción del Estado, en referencia a los helicópteros de alta capacidad e hidroaviones que el Ministerio de Transición Ecológica suele movilizar frente a los grandes incendios.Esta declaración de prealerta del Infoca podrá elevarse hacia situaciones más restrictivas, en función de las condiciones atmosféricas y del análisis de riesgos de los órganos competentes en materia de Protección Civil del Gobierno de Canarias, en coordinación con los Cabildos Insulares afectados, precisa el Gobierno canario.El Ejecutivo subraya que la situación de los montes es especialmente preocupante por la sequedad acumulada en el subsuelo en el sur de Gran Canaria, el suroeste de Tenerife e incluso en el macizo de Anaga, que nunca había registrado la actual carencia de humedad.También preocupa la situación en la vertiente oeste de La Palma y en la práctica totalidad de La Gomera y El Hierro.Por el momento, la declaración especial de prealerta Infoca se mantendrá activada de forma permanente y el comité de expertos celebrará reuniones periódicas para analizar la evolución de la situación, y asesorar en la toma de decisiones al director del Plan de Emergencias, el
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El Cabildo de Gran Canaria afirma que el consumo de agua está garantizado: "No hay emergencia hídrica"
Gran Canaria no se encuentra en situación de emergencia hídrica y el suministro para consumo humano está garantizado sin necesidad de restricciones gracias a las desaladoras, aunque la situación del sector primario es más vulnerable debido a la sequía, que ha dejado los embalses de la isla al 6% de su capacidad.Así lo ha expuesto este lunes el presidente del Cabildo insular, Antonio Morales (NC), quien ha detallado que la falta de precipitaciones y el aumento de las temperaturas en los últimos meses, además del debilitamiento del régimen de vientos alisios, ha mermado los recursos de agua de Gran Canaria en 46 hectómetros cúbicos, lo que equivale a 127.000 metros cúbicos diarios.Esta situación afecta sobre todo al sector primario, pues depende de los recursos tradicionales en un 78% del suministro.La sequía afecta especialmente a la zona alta de la isla y la cuenca de Las Tirajanas, que dependen de las presas para el riego, pues los embalses, tanto los del Cabildo como otros, se encuentran al 6% de su capacidad, ha dicho Morales en rueda de prensa.Un 47% del agua de Gran Canaria se destina a consumo humano, un 41% a suministro agrícola, un 5% a la industria y un 7% a otros fines, ha detallado.El abastecimiento para uso humano, incluido el turístico, no peligra, ya que el agua procede de la desalación, por lo que la falta de lluvias no le afecta, ha destacado Morales.Gran Canaria se encuentra en mejor situación que otras islas para afrontar la sequía porque tradicionalmente ha sufrido falta de agua y ya hace años se pusieron en marcha desaladoras y sistemas que permitieron paliar la carencia, ha afirmado el presidente del Cabildo.Sin embargo, la crisis climática obliga a mejorar la producción industrial del agua y a continuar con las inversiones en ese sentido, después de que en los últimos ocho años se hayan acometido un total de 270 actuaciones con un gasto de 20 millones de euros.Para paliar los efectos de la sequía a corto plazo, o con medidas que ya se están ejecutando, es necesario acometer 39 medidas con un gasto de 25 millones de euros, que permitirían aumentar los recursos hídricos en 41.000 metros cúbicos diarios.Asimismo, como medidas a medio plazo (un año), se acometerán otras 23 iniciativas por valor de 31 millones.Las medidas con plazos superiores a 2-4 años requieren una financiación de 100 millones de euros con cargo al Convenio de Infraestructuras Hidraúlicas con el Estado, ha dicho Morales.Entre las diversas medidas previstas por el Cabildo para suplir la escasez de agua está el incremento de recursos hidráulicos no convencionales, el acuerdo de intercambio de agua entre la costa y la cumbre y la disponibilidad de todas las fuentes no convencionales existentes mediante un acuerdo que permita disponer de ellas.Los recursos privados podrían aportar entre 5.000 y 8.000 metros cúbicos de agua adicionales, según el Cabildo.También, se prevé la puesta en explotación de recursos convencionales fuera de servicio, el incremento de redes de transporte y distribución, la agilización de trámites administrativos de autorización y la concienciación de los ciudadanos de que el agua es un recurso escaso.Morales ha destacado también los excedentes que generará el Salto de Chira, una central de bombeo reversible alimentada por una desaladora propia, que suponen 700.000 metros cúbicos de agua anuales, en cuya distribución ya se trabaja.
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Canarias elimina la prohibición de tener tatuajes para acceder a la Policía Canaria
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad, ha aprobado nuevos criterios de aplicación sobre la visibilidad del tatuaje en la Policía Autonómica, permitiendo que las personas tatuadas puedan participar en los próximos procesos de acceso al cuerpo.El director general de Seguridad, David del Pino, asegura en una nota que esto permitirá que opositores capacitados puedan concurrir a las pruebas de acceso al cuerpo autonómico sin ser excluidos por el hecho de llevar un tatuaje."Es una apuesta clara por la diversidad e inclusión, que conlleva a construir una policía autonómica más representativa", señala.El Cuerpo General de la Policía Canaria se adapta a la tendencia que están llevando a cabo otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han flexibilizado el hecho de que haya agentes que lleven tatuajes, haciendo de los cuerpos policiales organizaciones culturalmente más sensibles con la población a la que sirven.La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la función pública debe estar ligada a la protección concreta de un interés racional y legítimo, no siendo dicha limitación, en ningún caso, automática, señala el Ejecutivo.Antes, al contrario, era necesario una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto.Por todo ello, la Dirección General de Seguridad ha resuelto los nuevos criterios de aplicación del reglamento, que entrarán en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de Canarias.
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Tenerife vivió el fin de semana una "tormenta perfecta" en Anaga: "Hay más turismo y esa masificación de los espacios naturales conlleva un impacto creciente"
Un dispositivo de control de la afluencia de personas y vehículos en los espacios naturales protegidos de Tenerife, coordinado por el Cabildo, ha comenzado a funcionar este fin de semana, según ha indicado el Cabildo insular. El operativo, según la corporación, se saldó con diversas multas por mal estacionamiento en el Parque Nacional del Teide.En concreto, fueron sancionados propietarios o arrendatarios de vehículos por estacionar en zonas de personas con movilidad reducida, de guaguas y sobre línea amarilla. Además, fueron requeridos varios turistas que estaban estacionados en medio del carril de circulación para que despejaran el mismo, así como otros que estaban sacando fotos en los márgenes de la vía sobre las piedras.Según ha explicado a EFE el director del área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Pedro Millán, el dispositivo de control está formado por las policías locales, por Guardia Civil de Tráfico, la Policía Canaria y agentes de Medio Ambiente. Este operativo, anuncia el Cabildo, actuará principalmente en el Parque Nacional del Teide, así como en los parques rurales de Anaga y Teno. Estas zonas, dada la gran afluencia de turistas, ha protagonizado desde hace años escena de colapso en el tráfico, así como grandes atascos impropios de zonas rurares y protegidas.Millán ha explicado que a la zona de Anaga se están desplazando "con regularidad" patrullas de las policías locales, más concretamente a los "puntos críticos" de Cruz del Carmen y Pico del Inglés, que es donde se produce más congestión de tráfico. El último, este fin de semana, donde resultaba imposible estacionar en el mirador, lo que provocó colas, largas esperas para aparcar y, también, que algunos con menos paciencia y civismo colocasen el vehículo en zonas prohibidas.Este fin de semana se produjo "la tormenta perfecta", admite Millán, ya que al buen tiempo se sumaron unas obras y un semáforo en una de las vías que atraviesa el Parque Rural de Anaga. Sin embargo, esta situación no es nueva y ya desde hace años los vecinos de Anaga han criticado la gran cantidad de vehículos que circulan por las vías, que colapsas los apeaderos y, sobre todo, la presencia de grandes guaguas, que ocupan los dos carriles para poder hacer giros muy pronunciados en esta angosta y sinuosa carretera.Millán ha detallado que el área de Medio Natural está coordinando con la de Movilidad acciones de refuerzo del transporte publico y una mejora de la movilidad de vecinos y visitantes, pues se están dando "situaciones no deseadas" como guaguas que no pueden recoger a los usuarios en las paradas porque van llenas.Pedro Millán afirma que "no están todas las decisiones cerradas ni tomadas todas las soluciones", que están intentando consensuar con todos los actores implicados.Una de ellas es difundir un decálogo de "buenas prácticas" sobre circulación y aparcamiento en zonas naturales protegidas a las agencias de alquiler de coches.Todo ello en vista de que "se están dando circunstancias que antes no se producían y ahora son más habituales" como, por ejemplo, "estacionar en medio de una vía o encima de una retama", apunta el director de Medio Natural del Cabildo.¿Y por qué sucede esto? En su opinión, "porque hay más turismo y esa masificación de los espacios naturales conlleva un impacto creciente", lo cual "nos preocupa mucho", pues antes se daba puntualmente pero cada vez es más habitual.Pedro Millán subraya que "la inmensa mayoría de quienes nos visitan son respetuosos, pero hay un pequeño porcentaje que hace cosas que no debe y hay que intentar controlar esos comportamientos"."Llega un momento en el que hay tanta congestión que el visitante no disfruta de la visita", afirma Millán, quien ha dicho estar preocupado también por la sostenibilidad de estos espacios, cuyas vías de comunicación "dan para lo que dan" y, además, no se pueden ampliar.Preguntado por si las restricciones de tráfico en el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, se pudieran replicar en el del Teide, recuerda que en este último hay una carretera nacional que lo cruza "y no podemos cerrarla libremente".Recuerda que el borrador del plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que tanta controversia generó en la pasada legislatura, prevé el uso de guaguas lanzadera, pero eso "está demasiado verde para abordarlo en el corto plazo".El pleno del Ayuntamiento de La Laguna, con los votos en contra de PSOE, Coalición Canaria, PP y Vox, rechazó la pasada semana la propuesta de Drago Verdes Canarias para controlar el acceso de vehículos de uso turístico al Parque Rural de Anaga. Para el concejal de Drago Verdes Canarias, Alberto Rodríguez, defensor de la moción presentada, “se trata de una muestra clara de primar el turismo masivo frente a la sostenibilidad, tanto ambiental como humana, de nuestros espacios naturales, y en concreto del Parque Rural de Anaga”.La iniciativa fue presentada en la sesión plenaria celebrada en la jornada del jueves, 14 de marzo, y en ella Rodríguez puso de manifiesto “el descontrol de vehículos que existe en Anaga, con la consecuente afectación al espacio natural protegido”. Precisamente dos días después se produjo la llamada "tormenta perfecta" mencionada por el director del área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Pedro Millán.Asimismo, Rodríguez explicó que “no se trata únicamente de proteger el ecosistema, sino de garantizar unas condiciones dignas de movilidad a los residentes de la zona” y resaltó que “los atascos son constantes en festivos y fines de semana, las líneas de guaguas son muy escasas, y en ocasiones, los residentes se quedan fuera porque los grupos de turistas las llenan”.En este sentido, el primero de los puntos de la moción solicitaba la creación por parte del Gobierno Municipal de las infraestructuras y mecanismos de acceso necesarios para limitar la entrada de vehículos de uso turístico, entre otros los vehículos de alquiler, los vehículos con licencia de vehículos turismo con conductor (VTC) y las excursiones de quads y boogies; estableciendo un cupo máximo diario que atienda a las condiciones de conservación del Parque.Mientras esta operativa se hacía efectiva, Drago Verdes Canarias proponía al Ayuntamiento de La Laguna restringir la circulación de vehículos privados de uso turístico durante los fines de semana, así como a prohibir su estacionamiento dentro de los límites del Parque; una medida de urgencia ante la afectación directa que está sufriendo el espacio protegido.Asimismo, la iniciativa contemplaba el refuerzo y la ampliación del transporte público, con el objetivo de que el Parque Rural de Anaga se mantuviera siempre accesible bajo condiciones adecuadas de conservación.Por su parte, el último de los puntos de la moción solicitaba a las administraciones públicas canarias con competencias directas sobre la gestión de espacios naturales protegidos el reconocimiento de las diferencias intrínsecas entre turistas y población local y la adopción de medidas que priorizaran el acceso a las personas residentes dentro de los límites científicos y medibles que marque la conservación.Sin embargo, la moción fue rechazada.
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El Gobierno canario pide a la población extremar las precauciones ante la calima
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, y ante la previsión de presencia de calima en varias islas para los próximos días, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.El polvo en suspensión, explica Sanidad, contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos.La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio.Por lo tanto, se recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios -como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas las medidas siguientes:-No salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas.-Realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos.-Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse.-No realizar ejercicios físicos en el exterior.-En caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 1-1-2.Toda Canarias se encuentra en prealerta por la presencia de calima, que incluso puso en aviso amarillos a las islas de Lanzarote y Fuerteventura este domingo.
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La búsqueda de los menores desaparecidos cuando fueron a pescar en El Confital se extiende a la costa de Tenerife
La búsqueda de los dos menores de 16 y 17 años desaparecidos el pasado viernes 8 de marzo cuando pescaban en la zona de El Confital de Las Palmas de Gran Canaria se ha extendido al sur de Tenerife, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Canarias.El nuevo punto del operativo se ha centrado en la costa sur de Tenerife, desde Abades hasta El Medano, ya que se baraja que hayan podido ser arrastrados hacia esa zona por las corrientes, ha precisado el gabinete de prensa de la Policía Nacional.En la búsqueda intervienen medios aéreos, de seguridad ciudadana y de la policía judicial.A los dos jóvenes se les perdió la pista tras no regresar de una jornada de pesca el pasado 8 de marzo. Sus objetos personas sí fueron hallados ese mismo días y las labores de búsqueda se centraron en los días posteriores, cuando el estado de la mar lo permitió, en rastrear las cuevas submarinas cercanas mediante buzos de la Guardia Civil.El pasado jueves, 14 de marzo, los GEAS de la Guardia Civil ampliaron la zona de búsqueda y se adentraron en oquedades de 30 metros de longitud. Los buzos trabajan en un fondo submarino totalmente volcánico, repleto de oquedades, cuevas y rajones, ampliándose la zona de búsqueda e inspeccionando los bajos de la zona conocida como La Catedral, La Vaca, El Becerro y Punta Gomero.Además, han estado haciendo recorridos de tres millas (4,8 kilómetros), visualizando fondos de hasta 60 metros, aprovechando así las buenas condiciones meteorológicas de los últimos días. Junto a los GEAS, la Guardia Civil participa en el dispositivo con una patrullera del Servicio Marítimo y una unidad aérea que está coordinada con el resto de medios a través del Puesto de Mando Avanzado.
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Un aparatoso incendio en un camión acaba afectando a una vivienda y a un garaje cercanos
Un camión grúa ha acabado convertido en una enorme bola de fuego después de que se declarase un incendio en su interior en la mañana de este lunes, 18 de marzo. Los hechos han ocurrido en el municipio grancanario de Santa Brígida, concretamente en la carretera GC-15, que tuvo que ser cerrada parcialmente.Según ha indicado el Ayuntamiento, el tráfico tuvo que ser regulado coordinadamente entre la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Brígida. Sobre las 9.00 horas de la mañana, detalla, "se declaró un incendio pasando la Cuesta La Grama dirección Las Palmas de Gran Canaria", unas llamas de gran altura que acabaron afectando a una vivienda situada junto a la carretera. "No hay que lamentar heridos", añade el consistorio en sus redes sociales. Unidades de Medio Ambiente y Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del parque de San Mateo acudieron a sofocar el fuego, relata el post del Ayuntamiento en Facebook. "También el Parque de Telde con dotación completa", concluye.El alcalde, José Miguel Bravo de Laguna, ha aprovechado para agradecer "la rapidez y eficacia de quienes han contribuido en la extinción de este incendio".
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La ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial de 2022 en Canarias fue "óptima"
La Audiencia de Cuentas de Canarias considera óptima la ejecución en el ejercicio de 2022 del Fondo de Compensación Interterritorial por parte del Gobierno de Canarias en esas fechas, que ascendió al 94,08% de los 57,8 millones de euros recibidos ese año más el remanente de 656.410 euros que se incorporó del ejercicio anterior, 58,5 millones en total.El informe fue presentado en la comisión del Parlamento de Canarias sobre la Audiencia de Cuentas por el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, y en general los diputados intervinientes coincidieron en destacar la buena ejecución de esos fondos y el escaso valor relativo que representan con respecto al presupuesto de ingresos autonómicos, un 0,5%.El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) es un instrumento de desarrollo regional previsto en la Constitución que busca corregir desequilibrios económicos entre las comunidades autónomas.En total son 432,4 millones de euros, la misma cuantía desde 2014, que en 2022 se repartieron entre diez comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, con Canarias como la segunda región más beneficiada, por detrás de Andalucía.En el informe de fiscalización sobre el FCI en Canarias en 2022, se concluye que de los 58,5 millones que gestionó el Gobierno regional se ejecutó el 94,08%, una cifra óptima para la Audiencia de Cuentas.Quedaron 3,6 millones sin ejecutar que se incorporarían como remanente al ejercicio de 2023.En su informe, la Audiencia de Cuentas hace una única recomendación: que la incorporación de los remanentes del FCI de ejercicios anteriores en el presupuesto inicial de la Comunidad Autónoma no refleje cuantías superiores a los remanentes realmente existentes a 31 de diciembre.Esta recomendación tiene que ver con que, en 2022, la Comunidad Autónoma de Canarias incorporó a su presupuesto inicial 4,6 millones de euros como remanente del FCI de 2021, cuando al cierre del ejercicio las cantidades pendientes de ejecutar fueron solamente 656.410 euros. 
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Desde vacunas a proyectos para reducir el riesgo volcánico, así ha invertido sus fondos la UE en Canarias, isla por isla
Vacunas, un estratopuerto, un proyecto para reducir el riesgo volcánico o un programa para la conservación del palmeral macaronésico. Estas son algunas de las iniciativas en las que ha invertido esta legislatura que llega a su fin la Unión Europea (UE) en Canarias, con un montante que suma más de 1.000 millones de euros.De cara a la próxima convocatoria a las urnas para elegir a los nuevos parlamentarios de la Eurocámara, que tendrá lugar entre el 6 y el 9 de junio en todos los países que forman parte de la UE, desde las instituciones comunitarias han lanzado una web que trata de hacer ver la importancia de la Unión en el día a día de su población: ¿Qué hace Europa por mí?.En esa web, la ciudadanía no solo puede encontrar información sobre cómo impacta la UE en sus regiones, sino también en base a sus profesiones o sus aficiones.En el caso de Canarias, en los últimos años se han ejecutado, o están en marcha en estos momentos, 1.173.595.619 euros, de los cuales 892 millones se destinan al Fondo Social Europeo Plus que sufraga ayudas para empleo, formación e inclusión social, y al plan de descarbonización del archipiélago en base a los fondos Next Generation de recuperación tras la crisis de la COVID.Pero también hay partidas por valor de 82,4 millones de euros para la adquisición de vacunas contra la COVID, para afrontar la distribución y almacenamiento de las dosis y para realizar campañas de sensibilización y promoción de la inoculación, y otras que suman 88 millones más para promover la pesca sostenible, la conservación de recursos marinos y el impulso de la economía azul.A raíz de la erupción volcánica en La Palma, además, la UE financió el proyecto Volriskmac II -1,3 millones de euros- para reducir el riesgo volcánico y fortalecer los sistemas de monitorización volcánica de la Macaronesia y la investigación y mejora de infraestructuras para reducir tiempos de respuesta.Por islas, las inversiones se han centrado en proyectos e iniciativas concretos sacados adelante por corporaciones insulares, municipales e incluso asociaciones o empresas.Ha recibido 5.037.506 euros para cinco proyectos, entre los que destaca una inversión de 3,4 millones para la compra de tres guaguas sostenibles y la creación de una parada preferente en la localidad turística de Costa Teguise. Cerca de un millón más se destinarán a un programa para restaurar los conos volcánicos y zonas degradadas en el Parque Natural de los Volcanes.La UE ha concedido 465.000 euros para desarrollar el programa Crea Lanzarote Emprendimiento Verde y Digital para asesorar a emprendedores, autónomos y microempresarios, así como 133.786 euros para adecuar las instalaciones de un teleclub en Teguise y otros 42.693 euros para ampliar el ecocomedor escolar de un colegio de Arrecife.En la isla, las instituciones comunitarias han invertido 55.313.971 euros en otros cinco proyectos, entre los que destaca el primer estratopuerto de Europa para pseudosatélites de gran altitud y drones y que se situará en el Parque Tecnológico de Fuerteventura gracias a la cofinanciación de la UE por 7,1 millones.Más importante es la inversión de 29,7 millones de euros para la creación de un parque eólico en Puerto del Rosario con capacidad para producir energía renovable suficiente para garantizar el consumo eléctrico de 42.000 viviendas. Y con otros 12 millones comunitarios se sufragan los costes del traslado de pacientes desde Fuerteventura a las islas capitalinas o la península.La UE participa con su financiación en diez proyectos distintos en Gran Canaria que suman 8.347.843 euros, entre los que hay un parque fotovoltaico en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana con capacidad de producción de 2 MW (1,6 millones de euros), así como la reforma y mejora del antiguo colegio Almirante Gutiérrez Rubalcava de la capital como dependencias de los servicios sociales municipales.También hay inversiones para instalar placas fotovoltaicas en varios centros públicos de Las Palmas de Gran Canaria, para rehabilitar un local social polivalente en Mogán, para desarrollar el proyecto Life Nieblas con el que el Cabildo pretende una restauración medioambiental en las cumbres insulares con agua captada de las brumas o para que la Universidad impulse el plan Apogeo para desarrollar técnicas de agricultura de precisión para el cultivo inteligente de los viñedos macaronésicos.En Tenerife se han desarrollado estos años cinco proyectos con fondos comunitarios por valor de 17.753.389 euros. La instalación de un parque eólico en el municipio turístico de Arona con potencia de 8,4 MW ha contado con 8,5 millones, mientras que el desarrollo de la Operación Balmis de las Fuerzas Armadas durante el estado de alarma en 2020 fue sufragado en parte con 4,5 millones de euros comunitarios.Mediante los fondos Feder, se han destinado 2,2 millones de euros para la rehabilitación de la Montaña de Taco, en La Laguna, y más de 2,4 millones para ampliar y mejorar el Hospital Universitario de la Candelaria y el Centro de Atención Especializada J.A. Rumeu Hardisson.La Gomera ha recibido en estos años un total de 4.528.440 euros de las instituciones comunitarias para el desarrollo de cinco proyectos, siendo el más importante de ellos uno relacionado con la creación de su estrategia turística sostenible y que contempla 18 acciones centradas en la transición verde, la eficiencia energética y la transformación digital (más de 3 millones de euros).Más allá de esto, el resto de inversiones fueron a menor escala, con 204.000 euros para el desarrollo del proyecto Eco-Tur de Vallehermoso para fomentar el ecoturismo y el turismo activo, los 160.000 euros para impulsar un sistema de información para los usuarios de guaguas, o un millón de euros para la iniciativa 'Guarapo' que busca la conservación y gestión de los palmerales insulares macaronésicos.La isla de La Palma se benefició con 11.464.218 euros comunitarios para el impulso de cinco proyectos en los últimos años, de los cuales 3,6 millones se destinaron a la construcción de un parque eólico en el municipio de Garafía, y 2,8 millones más al desarrollo de la estrategia Cantón Verde para favorecer el desarrollo urbano sostenible en varios municipios insulares.Mediante el mecanismo React-EU, el hospital de La Palma consiguió 1,3 millones para adquirir equipamiento sanitario como una resonancia magnética, una tomografía computarizada y dos equipos de radiología, mientras que otros 1,9 millones de euros de la Unión se destinaron a la mejora y consolidación del Gran Telescopio de Canarias.Por último, para la más pequeña de las islas, la UE ha invertido 7.384.788 euros en los últimos años para cuatro proyectos, entre los que destaca la iniciativa Proa+ que, con 3,9 millones, se lleva gran parte de esa financiación comunitaria para reforzar la equidad educativa en distintos centros educativos, cuatro de ellos en El Hierro.Además, la convocatoria Islas Inteligentes se lleva otros 3,3 millones de euros para potenciar el uso de las TIC en el desarrollo de los territorios insulares, fomentar el desarrollo económico y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía, quedando el dinero restante dividido para dos pequeñas iniciativas: el traslado de pacientes desde la isla a otros hospitales capitalinos y de península y la digitalización del sector de los quesos tradicionales.
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111 años como valedor de Gran Canaria
El pasado viernes celebramos el acto institucional de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria en el Auditorio Alfredo Kraus, a escasos metros de donde se alza la escultura en bronce que lo homenajea. En ella, el tenor proyecta su mirada y su voz eterna hacia la inmensidad del océano, siempre con los pies firmemente anclados a la tierra que le vio nacer. Lo hace con una mezcla de arrojo, pasión, convicción y generosidad en la entrega de su talento innato.La fuerza de esta estampa de aplomo frente al vértigo nos evoca a la sociedad de Gran Canaria, que posee una expresión también propia, en diálogo permanente con su singular realidad atlántica, aislada y lejana. Con estos elementos, y con la misma maestría que demostró el escultor Víctor Ochoa al inmortalizar a Alfredo Kraus, nuestra realidad insular cinceló una obra única, con manifestaciones culturales y naturales sin igual.Esta travesía atlántica en la que seguimos embarcados y embarcadas atravesó tormentas temibles y sorteó bajíos y arrecifes traicioneros. Además, nuestra nave común ha permanecido a la deriva en los mares del olvido en demasiadas ocasiones. Por fortuna, la isla siempre ha contado con el viento a favor de sucesivas generaciones que han salvaguardado nuestras aspiraciones e ilusiones y que, con su ejemplo, han marcado claramente la ruta a seguir.No es casualidad que dirijamos el foco hacia la gente de esta tierra. La pluralidad, el empuje y las esperanzas de esta sociedad isleña continúan siendo los destellos que guían la acción del Cabildo de Gran Canaria. La institución insular emergió, de hecho, de las profundidades e inquietudes de un territorio que demandaba contar con una estructura administrativa y política a la altura de los retos, los derechos legítimos y la dignidad de la isla y sus habitantes. La carta de navegación sigue siendo la misma para quienes actualmente ostentamos el honor y la responsabilidad de representar a este Gobierno de Gran Canaria. Este acto institucional que celebramos anualmente, sirve para remarcar la importancia del papel de los hombres y mujeres de Gran Canaria. Valores como los demostrados por las personas y entidades que honramos con los Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria, que han sido y son un espejo para el conjunto de la sociedad y, desde luego, para el ejercicio de la acción pública por parte del Gobierno de la isla.Pero en esta época, más que de vientos, podríamos hablar de tempestades que hacen temblar e incluso amenazan con derrumbar pilares sobre los que se ha sostenido nuestro modelo de vida, así como escenarios que dábamos casi por inmutables e incuestionables.Desde esta encrucijada, rodeada de barrancos, pero desde la que se divisan también nuevos horizontes, contemplamos el vasto paisaje de la historia insular y comprobamos que Gran Canaria ha sido y es una isla de resistencia. No lo podemos olvidar, sobre todo porque esta patria isleña, como asentó el poeta Nicolás Estévanez, es espíritu y es memoria.Siempre imaginamos a las islas con un faro en sus costas. En el año del 50 aniversario del adiós de uno de nuestros grandes poetas modernistas, Saulo Torón, viene a nuestro encuentro su poema El faro de La Isleta, definido por el autor como “un clarividente milagroso / que señala la ruta / del buen abrigo y el feliz reposo / al inquieto marino / que en el puente sondea el pavoroso / misterio de las sombras / luchando con el mar tempestuoso…”. Estos versos parecen desentrañar el designio de la labor pública, sobre todo cuando arrecian las dificultades. Porque no debemos perder de vista que algunos de los rompientes que tuvimos que sortear en el pasado siguen estando ahí, interponiéndose de cuando en cuando en nuestro rumbo, como ocurre con la lucha permanente para garantizar aquello que nos corresponde en relación al REF, la gestión de la inmigración, las aguas territoriales, el nivel de inversiones o nuestra movilidad, entre otros aspectos que evidencian que, en determinados ámbitos, ni se nos ve, ni se nos comprende. Con todo ello, resulta evidente que este Cabildo es heredero de la demostrada resiliencia y del clamor en la defensa de sus derechos por parte nuestra sociedad. Y hoy en día está más capacitado que nunca y dispone de un plan claro para ser la herramienta que necesita Gran Canaria para mantener vivo el espíritu de la isla de resistencia que siempre fue, hacer oír su voz diferenciada y enfrentarse con garantías de éxito a estos tiempos convulsos y de profundas transformaciones.Y debemos insistir en hacerlo con un modelo propio y rupturista, que sirva de contrapunto a los efectos perversos de la globalización desmedida, el capitalismo insaciable, la extensión global de la pobreza, las injusticias sociales o los ataques que pretenden hacer naufragar los modelos de convivencia basados en la paz y la democracia.Estoy convencido de que mantener nuestra esencia y nuestras convicciones, así como seguir las lecciones de nuestro devenir histórico, son los componentes de la fórmula certera para resistir al temporal de conflictos geoestratégicos y climáticos globales. Y no solo para seguir a flote, sino para avanzar con mayor firmeza, con la reconocible bandera de nuestra identidad canaria y grancanaria ondeando en lo más alto del mástil. Si dejamos, en cambio, de ser lo que somos, si lanzamos por la borda nuestra manera de estar en el mundo, será más difícil llegar a buen puerto.Frente a la incertidumbre, el Cabildo se alza en casa común de esta pasión compartida que es Gran Canaria. Y lo hace para liderar y convocar al conjunto de las personas y sectores de la isla de cara a seguir impulsando un proceso de cambio basado en propuestas innovadoras y sostenibles que nos han convertido en una auténtica referencia en cuestiones marcadas en rojo en la agenda mundial.Estas políticas son tan variadas como los desafíos a los que nos enfrentamos. Dentro de este marco se incluye la firme apuesta por las soberanías energética, hídrica y alimentaria, ejes también de la adaptación y mitigación de los efectos del calentamiento global. Además, el proyecto integral ‘Ecoísla’ ha puesto nuestro acento en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y ha demostrado nuestro convencido alineamiento con sus objetivos en el marco de un territorio donde se ha incrementado la conciencia medioambiental.Las ramificaciones de la planificación del Cabildo se extienden por el terreno de la diversificación económica, abriendo nuevos surcos productivos. Se prolongan también por la movilidad y el turismo sostenible, además de la sociedad del conocimiento y la innovación.Guarecen asimismo nuestro territorio y biodiversidad y, por supuesto, se abrazan al patrimonio cultural que nos define. Son señas de identidad que nos orientan en la oscuridad, como los rayos de sol y los haces de luna con los que nuestros antepasados y antepasadas organizaron su tránsito por este mundo, además de dejarnos un testimonio de comunión entre una comunidad y su entorno. Como escribió la poeta Chona Madera en su ‘Canción del regreso’: “Y sin ser instruidos, /ya el alma valoraban/ (por nobleza, intuíanla),/ rozaban su verdad”.Abogamos por la cultura y por una población cada vez más formada, por políticas de igualdad entre hombres y mujeres, y nos rebelamos contra la injusticia y la brutalidad que se expande por el planeta, como vemos, con el alma compungida, con el genocidio que perpetra Israel en Palestina o la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia. Son muestras de un tablero político mundial en el que saltan por los aires las normas internacionales. Junto a nuestras Islas, la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación es, cincuenta años después de su inicio, otra prueba flagrante del incumplimiento del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU.Dicho esto, nuestros pensamientos y acciones están volcados en procurar vidas dignas, plenas y felices para quienes habitan nuestra tierra, con políticas sociosanitarias cada vez más ambiciosas. Todas las instituciones públicas y los agentes sociales deben seguir bregando para tumbar las causas profundas que originan la pobreza estructural. El compromiso del Cabildo en este punto es inquebrantable, constante y absoluto. Pero nada de esto será posible si no logramos consolidar una atmósfera respirable. Por este motivo, como decía anteriormente, frente a los intentos de abrir vías de agua en el casco de la democracia, corresponde a las Administraciones Públicas generar espacios diálogo, alejados de esa crispación que es una hoguera en la que arden la razón y la justicia, bases precisamente del sistema constitucional.Las personas y entidades galardonadas son un muestrario del extraordinario abanico de parcelas en las que Gran Canaria ha sido capaz de alcanzar la excelencia. Podemos hablar de avances científicos relacionados con las energías limpias y los estudios sobre la biología marina. De la divulgación artística y también la vinculada a la personalidad atlántica del archipiélago, así como de las artes escénicas, cinematográficas y musicales, y el deporte. Sus biografías componen un decálogo que adoptamos como propio para nuestro quehacer diario. Don Benito Pérez Galdós nos recordó que “nuestra imaginación es la que ve, y no los ojos”. En nombre de todos los grancanarios y grancanarias, el Cabildo les agradece la inspiración que nos brindan, su capacidad para imaginar un presente y un mañana mejores y, sobre todo, que nos hayan mostrado el camino para hacerlos realidad. Gracias. Enhorabuena.
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Los residentes en Canarias nacidos en el extranjero alcanzan el 22% de la población, según Funcas
España se encuentra entre los países de la Unión Europea (UE) con mayor proporción de residentes nacidos en el extranjero y por comunidades en Canarias alcanzan un 22%, según un análisis realizado por Funcas en el último Focus on Spanish Society.En concreto, el centro de análisis dedicado a la investigación económica y social ha detallado que, en 2023, el porcentaje de población nacida en el extranjero en el conjunto de países de la Unión Europea ascendía al 13,3%, según datos de Eurostat.Por su parte, España contaba con un 17,1% de residentes nacidos en el extranjero en 2023, cerca de países como Suecia (20,4%) y Alemania (19,5%), y por delante de Francia (13,1%) y del resto de países del sur de Europa: Portugal (16,1%), Grecia (11,3%) e Italia (10,9%).Pero en enero de 2014, según los datos de la Estadística Continua de Población analizados por Funcas en el último Focus on Spanish Society, se ha alcanzado la cifra más alta registrada de residentes en España nacidos en el extranjero: 8,8 millones de personas y el 18,1% de la población, un punto porcentual más que en 2023.Según esa estadística, las nacionalidades más numerosas en España son la marroquí, la colombiana, la venezolana, peruana y la italiana.Por comunidades autónomas, los porcentajes más elevados corresponden a Islas Baleares (27%), Cataluña y Madrid (24%), Melilla (23%), la Comunidad Valenciana y las islas Canarias (ambas 22%). Las regiones con los porcentajes más reducidos son Extremadura (6%), Asturias (10%), Castilla y León y Galicia (11%).Entre las personas de origen extranjero residentes en España, aproximadamente cuatro de cada diez (42%) cuentan entre 25 y 49 años, un tramo que, dentro de las edades laboralmente activas, concentra al grueso de la población activa de cualquier sociedad.En este sentido, Funcas ha destacado que esta cifra sitúa a España entre los países europeos con una mayor proporción de personas de entre 25 y 49 años nacidas en el extranjero (sobre el conjunto de la población de origen extranjero), por encima de la media europea (37%), aunque por debajo de Dinamarca (44%), República Checa (46%) y Finlandia (49%).Ha puesto de relieve también que en las regiones con más inmigrantes, como Cataluña y Madrid, así como el País Vasco y Navarra, una mayor proporción de ellos se encuentra en este grupo de edad de 25 a 49 años. Por otra parte, son precisamente algunas de las comunidades con menor proporción de inmigrantes, como Asturias, Galicia y Castilla y León, las que registran un mayor porcentaje de inmigrantes de 65 años o más (alrededor de uno de cada cuatro). Un número significativo de estos inmigrantes de más edad procede de países como Argentina, Cuba y Venezuela."La inmigración desempeña un papel cada vez más importante tanto en el mercado laboral como en las estructuras sociodemográficas de las sociedades europeas. El peso y la composición por edades de los inmigrantes refleja no sólo el potencial de estas sociedades para atraer nueva población, sino que también plantea la necesidad de establecer una discusión pública sobre las implicaciones a largo plazo para las sociedades envejecidas en términos de integración, ajuste del mercado laboral y protección social", ha explicado.Respecto a las adquisiciones de nacionalidad en los países comunitarios, ha señalado que en 2022 ascendieron a 989.940 personas, la mayoría (857.173) procedían de países extracomunitarios. En España, 181.581 personas obtuvieron la nacionalidad en 2022, es decir, el 18% de todos los inmigrantes naturalizados en la Unión Europea. Esto sitúa a España, junto con Italia (22%) y Alemania (17%), entre los países con mayor participación en el total de nacionalizados de la Unión Europea.En España, el 38% de los nuevos ciudadanos eran ciudadanos de países de América Central o del Sur, y el 32% procedía de países del norte de África. En cambio, en Alemania, casi la mitad de los inmigrantes nacionalizados era de origen asiático, muchos de ellos de Siria (29%), Turquía (9%), Irak (4%), Irán (3%) y Afganistán (3%).
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El sector de la danza acusa al Gobierno de CC-PP de "abandono", "inacción" y falta de transparencia
La Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias PiedeBase ha denunciado "el abandono, la inacción y la falta de transparencia" de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, a raíz de que el Ejecutivo autonómico haya anunciado el lanzamiento de ayudas destinadas a la cultura durante el próximo mes de abril.La Asociación también ha manifestado su descontento por la falta de comunicación previa desde el Gobierno de Canarias, que el pasado mes de diciembre prometió, a través de su representante, Horacio Umpiérrez, y durante la presentación del Festival de Danza Canarias dentro y fuera, reunirse con el sector en la primera quincena de enero.En un comunicado, PiedeBase indica que las diversas convocatorias que existían para el apoyo al sector llevan sin publicarse desde la llegada al poder del actual gobierno y sin una explicación fundamentada al respecto, y advierte de que esta situación pondría en riesgo claro de desaparición a la mayor parte de iniciativas dancísticas canarias, incluyendo compañías, centros de danza y festivales consolidados en el Archipiélago.Según indica la Asociación, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural "lleva articulando el apoyo al sector de la danza en nuestra comunidad desde hace varios años a través de convocatorias públicas de patrocinio de proyectos culturales de pequeño, mediano y gran formato. Estas convocatorias tenían como finalidad la firma de contratos privados de patrocinio publicitario con compañías de artes escénicas y demás agentes culturales, entre las que se encuentran los y las profesionales y compañías del sector de la danza".PiedeBase señala que este mecanismo ya se había denunciado en el año 2018, ya que las convocatorias de patrocinio que se venían realizando por el ICDC (en aquel momento, Canarias Cultura en Red) "no se ajustaban a la legalidad vigente ni a la interpretación que de ella la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias ha realizado e infringía, por tanto, la normativa de contratación del sector público".Asimismo, indican que también en aquel momento el sector denunció que la actividad de fomento de la danza debía "articularse legalmente a través de una línea de subvenciones específica para el sector, entre otros mecanismos y acciones, que se inserten en una política cultural específica para la danza en Canarias".Más de cinco años después de estas reivindicaciones "fundamentadas en el puro cumplimiento de la ley y la correcta articulación normativa de las políticas públicas", tal y como figura en el comunicado de PiedeBase, la Asociación relata que el ICDC procedió a modificar las convocatorias de patrocinio.En este caso, no para la firma de un convenio, sino para la firma de un contrato, en un intento por "salvar lo que ya es en sí una forma inadecuada de vehicular la actividad de fomento de la política cultural para la danza en Canarias", explica la Asociación.Con todo esto, en 2022, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias llevó a cabo una auditoría de cumplimiento de la normativa aplicable en el ejercicio 2021 sobre el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). A raíz de esta auditoría, el ICDC dejó de sacar adelante dos importantes convocatorias para el sector: la convocatoria para el patrocinio de actividades culturales de pequeño y mediano formato del segundo semestre de 2023 y la convocatoria para el patrocinio de proyectos culturales de gran formato de carácter anual de 2023."Según se nos ha comunicado en las reuniones mantenidas con el ICDC y la Consejería, sin facilitarnos apenas detalles, la Intervención General, en su informe de auditoría de cumplimiento, ha puesto en tela de juicio el procedimiento seguido en estas convocatorias y ha indicado que deben articularse de manera distinta", prosigue PiedeBase en su comunicado.A la Asociación le preocupa también la falta de transparencia de la institución, puesto que relata que presentó solicitud de acceso a la información pública ante el ICDC para que se le entregara una copia del informe, con el fin de conocer exactamente la posición de la Intervención General.Sin embargo, el ICDC denegó la solicitud alegando que entregarlo "podría interferir a futuro en las labores propias de la inspección de servicios del ICDC y de la Intervención General" y que dar acceso a dicha información supondría "un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control".Por otro lado, otra de las principales reivindicaciones de PiedeBase guarda relación con falta de subvenciones destinadas a apoyar la movilidad de artistas canarios, dentro y fuera del archipiélago, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023.Son ayudas que normalmente se encarga de convocar la Dirección General de Cultura dependiente de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y que, hasta el momento, ha dejado de publicar sin dar explicaciones concretas al sector."Se nos dice que se sacarán convocatorias en 2024, sin especificar la fecha, a las que podrán presentarse no solamente proyectos de 2024 sino también de 2023, pero sin que se incremente el presupuesto destinado para ellas. Esto tendrá como consecuencia que gran parte de los proyectos ya realizados o por realizar se quedarán sin apoyo económico público por no haber presupuesto suficiente para ello, ya que se estaría intentando cubrir las actividades de dos años con el presupuesto de una sola anualidad", explica PiedeBase.A estas circunstancias se le suma también que "no existen noticias sobre un plan específico para la danza, como llevamos reivindicando desde hace años, así como el importante recorte presupuestario para Cultura que se ha aprobado para 2024", resaltan los socios y socias de PiedeBase en su escrito."El sector de la danza canaria no puede quedarse callado", resalta la asociación, a la vez que exige a las instituciones denunciadas una explicación concreta sobre las razones del retraso y las formas con las que se pretende dar solución a estas circunstancias. "La situación de la danza en Canarias en estos momentos es insostenible. Decenas de proyectos y cientos de puestos de trabajo en el sector, directos e indirectos, dependen de estas convocatorias", concluye PiedeBase.
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REE no es una mala opción
Ahora que la cantinela de que Europa va a considerar ilegales las obras del Salto de Chira ha dejado de tener pujanza por cuestiones obvias, se han vuelto a reeditar antiguos eslóganes para darle continuidad de alguna forma a la oposición a esta obra.Como tema estrella sigue destacando el que se le ha entregado en monopolio a REE los bombeos de las islas. Esto no es así, pero si lo fuera, sería el menor de los problemas. REE es lo más parecido a una empresa estatal en el sector eléctrico que se da hoy en día en España.Pero la realidad es que los bombeos canarios no quedan en manos del operador del sistema, salvo aquellos que están destinados a unos fines especiales. Concretamente la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares en su artículo 5, apartado 1 dice: “En los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares las instalaciones de bombeo tendrán como finalidad principal la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables. En estos casos, la titularidad de las instalaciones de bombeo deberá corresponder al operador del sistema”.Pero además en el apartado siguiente deja claro: “En otros supuestos distintos a los contemplados en el apartado anterior, la titularidad de las instalaciones de bombeo corresponderá al que resulte adjudicatario de un procedimiento de concurrencia competitiva convocado en los términos que reglamentariamente se determinen por real decreto del Consejo de Ministros”.Por tanto, queda claro que, si la finalidad del bombeo son los tres supuestos antes especificados, el titular será REE. En caso de que no, el titular podrá ser cualquiera.Todo lo comentado queda plasmado de forma patente en el proyecto que el Cabildo está desarrollando de un hidrobombeo de agua salada en norte de Gran Canaria. Se trata de una iniciativa con una inversión de 171 millones de euros y una producción de 70 megavatios, que avanza en una propuesta innovadora para el almacenamiento de energía en la Isla.El grave problema de los que argumentan equivocadamente estas cuestiones es que no terminan de comprender cual es la realidad del sistema eléctrico en España en general y en Canarias en particular.Todos los países europeos sufrieron un afán privatizador de las empresas del sector que hizo perder control del estado sobre una actividad que es vital y estratégica para los intereses patrios. Pero todos se guardaron un “as” en la manga para que esa perdida de control no fuera total. Ese “as” se llama Eon en Alemania, Enel en Italia, EDF en Francia y por supuesto REE en España. Efectivamente, REE esta controlada totalmente por el estado (20% de las acciones por la SEPI y el resto de accionistas no pueden superar el 5% y la prohibición expresa de no poder sindicar las acciones), tanto es así, que cada vez que hay cambio de color en el gobierno se cambia al presidente de esta compañía por alguien afín. REE tiene el monopolio de las cuestiones estratégicas del sistema eléctrico español, como son el transporte de la energía eléctrica y la operación del sistema. Por todo esto considerar que REE intenta expoliar a un territorio o que está controlado por determinados fondos o por intereses extranjeros, es estar muy lejos de la realidad. En buena lógica y por todo lo comentado, decir que REE intenta esquilmar los recursos de Gran Canaria es equivalente a decir que el estado español intenta esquilmar esos recursos.El Salto de Chira no será una central de bombeo al uso, en la que se bombea en horas valle mas baratas y se turbina en horas punta más caras, será un bombeo con otras finalidades más importantes que el simple lucro económico y por todo ello su retribución se llevara a cabo mediante una orden ministerial específica, en la que se tienen en cuenta una serie de parámetros más relacionados con la estabilidad del sistema y la penetración de renovables que por otras cuestiones. Por todo ello, el legislador ha considerado, con toda la lógica del mundo, que si esto va a ser así, lo lógico es que su titular sea alguien que considere otra serie de cuestiones aparte del beneficio económico. Entre las compañías intervinientes en el sector eléctrico español, es muy difícil encontrar otra compañía como REE que pueda cumplir estas condiciones. 
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Herramientas digitales al servicio de las licitaciones: una revolución en la contratación pública
En un mundo donde la digitalización se ha convertido en el eje central de la innovación, la administración pública no se queda atrás. La redacción de pliegos de licitaciones públicas, un proceso históricamente complejo y tedioso, está experimentando una transformación gracias a la introducción de herramientas digitales diseñadas específicamente para facilitar esta tarea. Este artículo se sumerge en cómo estas innovaciones están cambiando el juego para técnicos y concejales, responsables del área de licitación y contratación en administraciones locales.La Fundación Emprende y la plataforma Equal Tenders han sido pioneras en promover un laboratorio de Innovación en Contratación y Licitación Pública. Su contribución más notable es un repositorio con más de 650.000 licitaciones públicas desde 2020, actualizadas diariamente. Esta herramienta no solo ofrece un buscador versátil para encontrar pliegos de referencia sino que también marca un antes y un después en la manera de redactar y gestionar los procesos de licitación.La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una aliada en la redacción de pliegos técnicos y administrativos. Mediante el análisis de las últimas tendencias del mercado, la IA asiste en la creación de documentos que no solo cumplen con los requisitos legales sino que también incorporan innovaciones y prácticas sostenibles. Este avance tecnológico promete reducir significativamente la dependencia de asesoramiento externo, ahorrando tiempo y recursos.Más allá de las herramientas digitales, el proyecto incluye mentorías individuales y cursos de formación. Estas iniciativas están diseñadas para empoderar a los técnicos y concejales, equipándolos con el conocimiento y las habilidades necesarias para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías en sus procesos de licitación. Además, se ofrecen formaciones específicas para pymes y emprendedores locales, con el objetivo de facilitar su participación en las licitaciones y contribuir a la creación de empleo.La implementación de herramientas digitales en la redacción de pliegos de licitaciones públicas no es solo una mejora técnica; es un paso hacia la democratización de la contratación pública. Al hacer el proceso más accesible, transparente y eficiente, se abre la puerta a una mayor competencia y a la innovación. Este avance representa una oportunidad sin precedentes para las administraciones locales, que ahora pueden enfrentar los retos de la contratación pública con herramientas más poderosas y eficaces.
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La llegada de pasajeros aéreos internacionales a Canarias sigue imparable: crece un 15,5% en febrero hasta los 1,4 millones
Los pasajeros aéreos aumentaron un 15,5% en Canarias en febrero con respecto al mismo mes del año anterior, hasta superar los 1,4 millones, según los datos publicados este lunes por Turespaña, de tal manera que las islas se situaron como la segunda comunidad autónoma con más llegadas, con el 22,6% del mercado, solo por detrás de Madrid (27,2%).En total, hubo 908.603 pasajeros internacionales que llegaron a las islas a través de aerolíneas de bajo coste, un 20,7% más, mientras que vía compañías tradicionales fueron 523.804, un 7,5% más.En el archipiélago lidera el aeropuerto Tenerife Sur con 559.915 pasajeros internacionales, un 15,5% más.Canarias fue el mayor receptor de llegadas de pasajeros de origen británico, acaparando el 40,1% (506.849), y lo mismo ocurrió con el mercado alemán, que se hizo con el 37,4%.A nivel nacional el mes de febrero mantiene la tendencia positiva del comienzo de año y experimenta un notable aumento de pasajeros aéreos internacionales, que crecen un 18,1% interanual hasta alcanzar los 6,3 millones.El 57,3% del total de pasajeros provino de la Unión Europea, experimentando un ascenso del 19,1%, mientras que el flujo procedente del resto del mundo, que supuso el 42,7% restante, creció un 16,8%.Sumando enero y febrero España ha recibido ya 12,3 millones de pasajeros internacionales, un 15,5% más que en los dos primeros meses de 2023.El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado "el extraordinario crecimiento de España como uno de los destinos líderes del mercado global del turismo en un mes tradicionalmente considerado como de temporada baja".En opinión de Hereu, "todo lo que sea crecer en cifras absolutas es una buena noticia; noticia a la que debemos sumar además otras variables como la calidad y modernidad de nuestros destinos, cada vez más apreciados, y que nos sitúan a la cabeza de las preferencias de los turistas internacionales".El 59% de los pasajeros eligieron compañías de bajo coste (CBC) para desplazarse, con un aumento del 21,2%, mientras que los que viajaron en compañías tradicionales, el 41% restante, se incrementaron con menor intensidad, un 14%.Febrero acelera la tendencia alcista ya que aumentaron los pasajeros emitidos hacia España desde todos los principales países emisores en relación a las cifras del mismo mes del 2023, excepto Portugal.Destacan para este mes los importantes crecimientos de Polonia (84,8%), Irlanda (27,3%), Suiza (24,2%) e Italia (21,4%). La diversificación de mercados del resto del mundo alcanza un peso cercano al 27% y un incremento del 19,7% respecto a hace un año.Reino Unido, con 1,3 millones de pasajeros internacionales, generó el 19,9% del total del flujo de llegadas a España en febrero, registrando un avance interanual del 15,1%, según datos de Turespaña.El 82,8% de los pasajeros británicos viajaron en una compañía de bajo coste, siendo Reino Unido el líder en llegadas en estas compañías, aportando el 28% del total.Por su parte, la llegada de pasajeros desde Alemania se situó en febrero en 806.357 (12,7% del total), aumentando un 19% respecto a febrero de 2023. Algo menos de la mitad de los pasajeros alemanes (47,9% del total) viajaron en compañías tradicionales, siendo Alemania el mercado que lideró las llegadas en este tipo de compañías (14,9% del total).Desde Italia llegó el 9,8% del flujo de pasajeros recibidos en febrero (623.910 viajeros) registrando un crecimiento interanual del 21,4%, que benefició especialmente a Cataluña y la Comunidad de Madrid.El País Vasco y Asturias registraron notorios crecimientos interanuales superiores al 100%. Entre los viajeros italianos predominan los que se decantan por aerolíneas de bajo coste, un 77,8%, con un incremento del 23,3% respecto a hace un año.Francia, por su parte, emitió el 7,5% del total de pasajeros en febrero, mostrando una expansión del 4,7% que favoreció especialmente a Madrid y Cataluña que recibieron más de 100.000 llegadas respectivamente y aglutinaron conjuntamente el 58,8% del total de llegadas. El 63,7% de los pasajeros franceses recurrieron a CBC en sus vuelos, experimentando un crecimiento interanual del 1,7%.Por último, desde Países Bajos llegaron el 5,1% del total de viajeros. Este mercado ha experimentado un crecimiento de 20,8% en febrero y tuvo como principales destinos a Cataluña y Comunidad Valenciana, sumando conjuntamente el 42,1% de las llegadas. La gran mayoría de viajeros desde Países Bajos (71%) también optaron por las compañías de bajo coste para realizar sus vuelos.Las seis principales comunidades receptoras acapararon una cuota de llegada del 97,6% y todas experimentaron aumentos en el segundo mes del año. Las que mayores subidas interanuales experimentaron fueron las de Andalucía (30,9%) y la Comunidad Valenciana (24,6%).El aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el que más llegadas recibió el pasado mes de febrero, con 1,7 millones, seguido del de Barcelona, con 1,3 millones, y el de Málaga, con 584.299. El mayor incremento interanual se dio precisamente en el aeropuerto de Málaga, con un 31,8% más, seguido del de Alicante, con un 28,5%.
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Nueva Canarias pide limitar los precios del alquiler en Arrecife
El Comité Local de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en el municipio de Arrecife (Lanzarote), con el objetivo de "buscar soluciones reales al problema habitacional que sufre la capital lanzaroteña", donde la situación en materia de alquiler "está descontrolada", ha pedido al grupo de gobierno municipal, formado por el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) iniciar el procedimiento para declarar la ciudad zona tensionada. Después, recuerda el partido habría que elevar una solicitud al Gobierno de Canarias, que es el que finalmente debe aprobarla. Sheila Guillén, portavoz de NC-BC en Arrecife, expone que “Lanzarote y, especialmente, Arrecife están viviendo una situación de descontrol en los precios de los alquileres que, en determinados casos, llegan a superar los 900 y 1.000 euros por 50 o 60 metros cuadrados”. Esta situación, prosigue, “se agrava por el hecho de que prácticamente no existe oferta de alquiler disponible, lo que provoca que el mercado regule al alza”. Para NC-BC, la declaración de “zona tensionada” que prevé la ley estatal de vivienda frenaría, en parte, el “descontrol de precios de los alquileres que están sufriendo las islas, donde este mes de febrero han vuelto a aumentar en un 11%". “La realidad es sangrante para toda la población insular, pero especialmente, para los jóvenes que desean emanciparse y proyectar un hogar. Existen jóvenes con trabajos estables que viven en casa de sus padres o comparten casa con dos o tres personas más”, señala Guillén, que también recuerda el “elevado paro juvenil existente en Canarias y Lanzarote que hace imposible programar un proyecto de vida fuera del núcleo familiar”. Con todo, NC-BC reclama al grupo de gobierno de Arrecife a afrontar decididamente el “drama habitacional” que padece la capital, buscando todas las medidas y posibilidades legales y políticas a su alcance.  “En la actualidad no existe mayor problema en Arrecife y Lanzarote que el acceso a una vivienda. Los esfuerzos deben ir dirigidos a paliar esta situación, cada uno en su ámbito de actuación, pero con determinación. El ayuntamiento de Arrecife no puede ser un sujeto pasivo que se desentienda de sus verdaderas responsabilidades”, sentencia Sheila Guillén. El Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite imponer topes por dos vías: por un lado, cuando la vivienda no haya estado arrendada en los últimos cinco años; y, por otro, cuando el propietario del piso tenga más de diez inmuebles (un gran tenedor), el valor máximo del arrendamiento será el del último contrato firmado o el que fije el índice de referencia si es inferior. Para las casas que ya están alquiladas, si hay que renovar el acuerdo entre el arrendador y el inquilino, el importe máximo será el precio del anterior contrato.Tan solo con este índice, los precios en las dos capitales provinciales de Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, caerían alrededor de un 70%. También lo harían un 40% en Arona, donde la semana pasada hubo un desalojo masivo de 200 personas y la concejala de Servicios Sociales, Ruth Martín, ha reconocido que “la situación en el sur de Tenerife está desmadrada”. 
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El presidente del Cabildo de Lanzarote ordenó paralizar una causa penal contra el senador de su partido Pedro San Ginés
Cuatro días después de su toma de posesión, en junio de 2023, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, ordenó paralizar las acciones que esa misma Corporación había iniciado contra su compañero de partido Pedro San Ginés, actual senador por la Comunidad Autónoma, cuando ocupaba ese mismo cargo.Esta acción del presidente del Cabildo para favorecer a su compañero de partido se produjo en el momento en el que el abogado encargado de dirigir la estrategia jurídica debía presentar varios escritos cuyos plazos vencían los días inmediatamente posteriores, y así se lo comunicó el letrado al presidente sin obtener respuesta alguna.San Ginés fue presidente del Cabildo entre 2009 y 2019. Tras perder la presidencia, el nuevo equipo de gobierno (PSOE) puso en marcha diversas acciones penales en su contra por la apropiación irregular por parte de Ignacio Calatayud, un letrado amigo íntimo suyo, de dos millones de euros de las cuentas de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (Inalsa) y del Consorcio del Agua de Lanzarote, con el conocimiento y consentimiento de San Ginés, que era presidente también de esas dos entidades públicas.La instrucción del procedimiento contra el hoy senador autonómico y por lo tanto aforado ante el Tribunal Supremo, logró acreditar, tras una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que Calatayud no solo fue contratado irregularmente por Inalsa para su intervención en el procedimiento concursal en el que estaba inmersa la empresa, sino que se apropió de cuantiosas costas judiciales propiedad de la citada empresa pública.A su vez, sin haber sido designado para ello y con conocimiento de San Ginés, quien había recibido la citación judicial, compareció en un procedimiento relacionado con Inalsa representando como codemandado al Consorcio Insular del Agua, apropiándose en este caso de unas costas que totalizaron 450.000 euros, sin conocimiento ni autorización del citado organismo.A punto de cumplirse el plazo de la instrucción, la defensa de Calatayud consiguió un sorprendente pronunciamiento por parte de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que ordenó acumular las diligencias previas que se seguían contra San Ginés a otro procedimiento que en el que estaba investigado en otro juzgado y que había sido archivado de manera irregular por el polémico juez Ricardo Fiestras.El consorcio e Inalsa interpusieron en ese momento el oportuno incidente de nulidad de actuaciones sobre acumulación de autos que había ordenado la Audiencia Provincial y un incidente de recusación frente el titular del Juzgado de Instrucción número 4, Ricardo Fiestras Gil, dada su pública y notoria relación de amistad con Ignacio Calatayud.La decisión del actual presidente del Cabildo de paralizar las acciones promovidas por esa Corporación contra su compañero de partido fue tomada con una inusitada prisa, cuando Oswaldo Betancort todavía no tenía poderes para actuar en nombre de la empresa pública Inalsa y del Consorcio Insular del Agua de Lanzarote. Son órganos dependientes de la Corporación, pero adquirir la condición de presidente de los mismos para a continuación tomar decisiones ejecutivas requiere un procedimiento reglado que en aquellos momentos no se había producido.Pero es que, además, las instrucciones impartidas al letrado excederían incluso su capacidad como presidente de ambos organismos públicos, toda vez que son el Consejo de Administración de Inalsa y la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote los órganos de gobierno en los que residen las competencias relacionadas con la interposición de acciones judiciales. A ellos se sometió en su momento la consideración de iniciar las ahora desactivadas.Aún así, Betancort ordenó al procurador designado para el procedimiento la paralización de la intervención de Inalsa y del Consorcio a espaldas de la dirección letrada contratada para ello, alegando que desistía de ambos incidentes “por razones de respeto institucional” sin ningún tipo de informe jurídico que lo avalara.
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No hay tiempo para los muertos
Acaba la semana de los veinte años del 11M. Ha sido una semana cargada de tanto ruido, de tantos titulares, que han privado una vez más a las víctimas de la atención que por justicia merecen.Las penúltimas revelaciones del caso Koldo, el estallido del escándalo Ayuso, el rechazo a los presupuestos de ERC y la convocatoria de elecciones en Catalunya se han conjurado con la amnistía y la renuncia del Gobierno de Sánchez a tramitar los presupuestos de este año, para dejar casi sin espacio ya no en los medios, sino en la conversación pública, al recuerdo a las víctimas del 11M.Lamentablemente, la historia se repite porque si hay algo que ha sido constante ha sido la manera en la que se les ha ignorado casi desde el primer momento.Los muertos del 11M fueron muertos incómodos, llegaron por sorpresa, cuando no tocaban y a las pocas horas de que explotaran las bombas quedaron en segundo plano. Lo importante no eran los muertos. Lo importante era cómo utilizar la tragedia para conseguir que no supusieran la pérdida del poder para el Partido Popular.Habría que preguntarse cuánto tiempo dedicaron Aznar, Acebes o Zaplana a pensar en los muertos antes de volcarse en cuerpo y sin alma en urdir una mentira que los exculpara.Habría que preguntarse cuándo dejaron de contar muertos para empezar a calcular los votos que podrían perder si se relacionaban los atentados con la foto de las Azores.Y no acabó ahí el desprecio a las víctimas. Las miles de portadas, las miles de horas de radio que se le dedicaron al 11M a lo largo de los años siguientes ignoraron a las víctimas, el interés informativo era otro, sembrar la confusión, perpetuar la mentira.Para mayor ignominia, las pocas veces que el Partido Popular y sus aliados mediáticos pusieron el foco sobre las víctimas fue para humillarlas, para desprestigiarlas, para acusarlas de connivencia con la izquierda.La imagen de Zaplana y Martínez Pujalte con risas y aspavientos mientras intervenía Pilar Manjón en la comisión de investigación del 11M son execrables, pero no son más que la parte más visible de toda una estrategia de represalia, de ninguneo, de invisibilización de esas víctimas inconvenientes, que no tuvieron la decencia de morir a manos de ETA y a mayor gloria del Partido Popular.Veinte años después, Aznar se justifica parapetado tras las indecentes justificaciones de FAES y nadie en el Partido Popular ha tenido la decencia de pedir perdón a las víctimas.No es de extrañar. El Partido Popular ha demostrado históricamente que siempre ha considerado a todas las víctimas del terrorismo, sean de Al Qaeda o sean de ETA, como un mero recurso electoral.Lo verdaderamente preocupante es que con el paso de los años esta espuria utilización de los muertos va a más, ahora hiperventilados por su competición con VOX.Veinte años después, algunos siguen sin tener tiempo para los muertos.
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