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El alcalde de una de las principales ciudades bolivianas declara ante un juez
José María Leyes, alcalde de Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia, compareció este jueves en un juzgado anticorrupción para declarar por un caso que está rodeado de sospechas de fuga y dudas sobre una pistola encontrada en su domicilio. Leyes declaró durante más de nueve horas mientras miembros de su gabinete en la Alcaldía de Cochabamba le mostraron su apoyo, mostrando caretas con su rostro y denunciando que es víctima de una persecución política. Un juez anticorrupción rechazó un pedido del abogado del alcalde que denunciaba que fue ilegal su aprehensión, que se produjo en la víspera tras ser allanada la vivienda de la autoridad municipal. El alcalde y tres funcionarios municipales declararon en una audiencia cautelar, en la que el fiscal pidió prisión preventiva por tres meses para la autoridad municipal y que continuaba por la noche hora local. El abogado Ludwing Ledezma, que representa a concejales que denunciaron al alcalde y los funcionarios por una supuesta contratación irregular, declaró a Efe que la prisión preventiva es procedente ante los riesgos de fuga y de obstrucción a la Justicia. Ledezma recordó que en el allanamiento en la vivienda de Leyes fue encontrada una libreta con detalles de una posible fuga, al vecino Perú según la Fiscalía, además de un celular oculto en un inodoro con registro de comunicaciones con empleados municipales. Además, el alcalde seguía en aislamiento en su domicilio pese a haber dado negativo en dos pruebas de coronavirus, según este abogado de los denunciantes. Varios concejales presentaron denuncia el pasado abril por presunta contratación irregular de una empresa para dar comidas a policías y militares durante la cuarentena por el coronavirus. El pasado 18 de mayo el alcalde estaba citado a declarar en un juzgado pero alegó que estaba en aislamiento tras haber estado en contacto con enfermos de COVID-19, con síntomas leves de la enfermedad, tras haberle sido rechazado un recurso para evitar la declaración. El recurso alegaba entre otros motivos que la denuncia se debe a una persecución política, un argumento recurrente por parte del alcalde en anteriores causas en su contra. Los concejales le acusaron de saltarse el procedimiento administrativo de contrataciones, mientras que el alcalde alega que no es preceptivo porque durante el estado de emergencia sanitaria decretado en Bolivia por el COVID-19 son posibles contrataciones de urgencia sin los trámites habituales. Leyes fue suspendido del cargo en octubre del año pasado por otros procesos judiciales aún en marcha, también por supuestas irregularidades en contrataciones, pero en febrero se reincorporó en su puesto tras haber llegado a denunciar en instancias de Naciones Unidas que era un "preso político" del anterior Gobierno de Evo Morales. El político de 42 años, que llegó al puesto en 2015, forma parte del Movimiento Demócrata y Social (MDS), el partido de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
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Nueva York se suma a las protestas, con detenciones, por la muerte de George Floyd
Un centenar de personas se manifestaron este jueves en Nueva York por la muerte de George Floyd, ocurrida el 25 de mayo a manos de un policía blanco en Mineápolis (EE.UU.), en un caso que en la Gran Manzana se ha comparado con la muerte en 2014 de otro hombre negro, Eric Garner, una protesta en la que hubo algunos lanzamientos de botellas y forcejeos con la policía, que detuvo a al menos a 5 personas.Enardecidos protestantes, con mascarillas y guantes por el COVID-19, se convocaron en la icónica plaza de Union Square en Manhattan portando carteles con mensajes de repudio, bajo la estrecha vigilancia de decenas de policías, una protesta que recorrió por horas varias calles de la ciudad con gritos de "no puedo respirar" y exigiendo justicia para Floyd.El hombre de raza negra murió el pasado lunes cuando un policía blanco colocó una rodilla sobre su cuello, lo que ha recordado a los neoyorquinos la muerte de Garner, asmático, a quien un policía blanco le aplicó una llave de estrangulamiento prohibida cuando intentaba arrestarlo, pese a sus gritos de "no puedo respirar", como se escuchó en un video.Durante la protesta de este jueves, en la que los manifestantes lanzaron botellas y otros objetos a la policía, que también usaba tapabocas, hubo diversos arrestos de manifestantes, según diversos medios locales, y que según las autoridades interrumpían el libre paso de los vehículos.La muerte de Floyd ha desencadenado masivas protestas durante dos días en EE.UU. y en algunos casos disturbios y saqueos de comercios, lo que ha llegado hasta Nueva York en una tensa protesta contra la brutalidad policíaca, como ha ocurrido en otros sonados casos.Zonas de Mineápolis amanecieron este jueves en llamas tras las protesta.El incidente ocurrió en la noche del lunes, cuando una patrulla policial de cuatro agentes concurrió a un sitio de la ciudad donde se había denunciado que una persona había intentado pagar con un billete falso.Los policías encontraron a Floyd sentado en su vehículo y cuando se le ordenó que saliera, según la versión oficial, el individuo se resistió al arresto, por lo que uno de los agentes lo sometió tirándolo en el suelo y, subido sobre él, presionando con su rodilla contra su cuello mientras sus tres compañeros observaban la escena. En un video difundo en las redes sociales se observa cómo el agente, de raza blanca, le aprieta el cuello con su rodilla durante varios minutos a pesar de las desesperadas quejas del hombre de que no podía respirar, mientras sus compañeros observaban.Floyd, de 46 años, murió poco después en un hospital, en un caso que ya investiga el FBI, y que ha generado reacciones a través del país, entre ellos del jefe de la policía de Nueva York, Dermont Shea, así como del gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, que dijo estar "horrorizado" tras ver el video de lo ocurrido.Shea recurrió este jueves a la cuenta en Twitter del departamento que dirige para señalar que lo que ocurrió "fue profundamente inquietante. Estuvo equivocado"."Debemos unirnos, condenar estas acciones y reforzar quiénes somos como miembros de la policía de Nueva York", señaló Shea, quien afirmó que es "inaceptable en cualquier lugar".Mientras que Cuomo, exfiscal general de Nueva York antes de ser gobernador, considera que la Fiscalía de Minessota tiene ante sus manos un caso criminal y comparó el caso con el de Garner."Incidentes como este nunca deberían suceder en ningún lugar de este país", indicó el gobernador, quien también señaló que un policía no debería actuar de esa manera en este país.El Departamento de Policía de Mineápolis anunció el despido de los cuatro agentes, aunque no ha presentado cargos contra ellos.También se han reportado protestas en Los Ángeles (California) y Memphis (Tennessee).
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Perú supera los 4.000 fallecidos y 140.000 casos de COVID-19
Perú superó este jueves los 4.000 fallecidos y 140.000 casos detectados de la epidemia de COVID-19, que mantiene su fuerte impacto en el país andino, el segundo más afectado por la enfermedad en Latinoamérica. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en las últimas horas fallecieron otras 116 personas y se detectaron 5.874 casos, tras haberse tomado 23.519 pruebas. Con esas cifras, el total de fallecidos en el país se elevó a 4.099 y los casos detectados a 141.779, mientras que las pruebas llegaron a 928.797 a nivel nacional. Del total de casos detectados, 8.395 han sido hospitalizados, 128 más que el día anterior, mientras 943 de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica. CASI 60.000 RECUPERADOS A pesar de la alta tasa de contagios, el Ministerio agregó que en las últimas horas también se recuperaron otras 3.363 personas, con lo que se llegó a 59.442 afectados que cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un hospital. Lima, una ciudad don 10 millones de habitantes, se mantuvo como la más afectada en el país, al llegar a un total de 87.478 casos, seguida por el puerto vecino del Callao, con 9.953, y las regiones norteñas de Lambayeque, con 7.020; Piura, con 6.942, y Loreto, con 3.959. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó, a su turno, que hasta el momento han fallecido 137 policías y 7.793 están contagiados, 323 de los cuales permanecen hospitalizados. PACIENTES EN SUS VIVIENDAS En una exposición ante el pleno del Congreso, Zeballos detalló que el 85 % de los infectados con COVID-19 permanecen en sus viviendas, ya que "no requieren hospitalización, pero sí atención médica, acompañamiento y asistencia del Estado". El primer ministro también dijo que "al interior del Ejecutivo se viene evaluando un nuevo subsidio" económico para entregar a la población más vulnerable, al haberse extendido la cuarentena por la emergencia sanitaria hasta el próximo 30 de junio. Recordó que desde que se dictó la cuarentena, el pasado 16 de marzo, el Ejecutivo ha aprobado decretos que dispusieron la universalización del derecho a la salud, la comercialización obligatoria de medicamentos genéricos y la entrega de ayudas económicas. Zeballos destacó, además, el incremento en la capacidad de atención a los enfermos, que ha permitido tener 1.090 camas UCI y 10.965 camas hospitalarias, con la intención de llegar a 20.000 de estas y a 2.000 de cuidados intensivos a fines de junio. APOYO INTERNACIONAL El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció, por su parte, que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) otorgará 2 millones de dólares al Gobierno peruano para que entregue asistencia humanitaria a la población vulnerable, incluidos migrantes y refugiados que han sido afectados por la crisis económica. De esta contribución, que proviene de fondos multilaterales, 1,5 millones de dólares serán destinados a un "esquema de transferencias monetarias" y 500.000 dólares a fortalecer los esfuerzos del Gobierno peruano para mejorar la cadena logística humanitaria. Exteriores detalló que gracias a esta iniciativa se podrá extender la asignación de los bonos económicos que se entrega en el Perú a unos 14.000 beneficiarios adicionales, además de fortalecer la coordinación y el apoyo logístico que da el PMA al Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (Indeci). EE.UU. ENTREGA 8 MILLONES La embajada de Estados Unidos informó, por su parte, que el Gobierno de su país ha "comprometido" la entrega de 8 millones para Perú en alianza con el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), para apoyar a los inmigrantes y refugiados venezolanos y a la población local de bajos ingresos. El proyecto, que será entregado mediante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), comenzará en junio de 2020 y se extenderá hasta mayo de 2023 con el objetivo de aumentar el acceso a la financiación, ayudar a los empresarios y facilitar el acceso a oportunidades de empleo. Se implementará a través del Proyecto Inclusión Económica para complementar los esfuerzos de los Gobiernos de EE.UU., Perú y de organizaciones humanitarias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). WOCCU se ha asociado con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP) y HIAS Inc., que "aportarán experiencia única" para apoyar el proyecto, que también desplegará "un sólido servicio de subvenciones" para llegar a organizaciones locales e integrarlas en sus actividades y proporcionar apoyo mediante subvenciones iniciales a empresarios individuales, concluyó la embajada.
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Los indígenas de Ecuador afrontan el coronavirus con su saber ancestral
El movimiento indígena de Ecuador ha recurrido a sus saberes ancestrales, a su habilidad en la producción agrícola y a la fortaleza de la vida en comunidad para afrontar la pandemia del coronavirus, alternativas que han surgido ante una necesidad generada "a falta de Estado". Así lo reseñó a Efe Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), al criticar la gestión del Estado ante la crisis económica que afecta al país y que ha sido agravada, según consideró, por la mala administración desarrollada por el Gobierno frente a la pandemia del COVID-19. "A falta de institucionalidad, a falta de un buen manejo de la crisis, ha sido la capacidad de la comunidad la que ha permitido sostener y hacer frente a la pandemia", remarcó quien es uno de los líderes del movimiento indígena ecuatoriano y uno de los más críticos del presidente Lenín Moreno. Según él, el movimiento campesino en Ecuador y en otros países de la región es uno de los que más riesgos corre por la expansión del contagio del coronavirus, agravada por la postergación histórica del sector. Por ello, las comunidades indígenas de Ecuador, desde que comenzó el contagio en el país, han elaborado sus protocolos de protección ante la enfermedad, con estrictas normas de conducta para propios y extraños. SIN CENTROS MÉDICOS Por ejemplo, en la comunidad de San Ignacio, de la parroquia de Toacazo, en las faldas del nevado Illiniza, en el corazón de la provincia andina de Cotopaxi, donde vive Iza, los comuneros han establecido cercos de paso para vehículos y personas. Ahí, los guardianes recogen toda la información de las personas que entran o salen de la zona y vigilan que lleven mascarillas, aunque si llegaran a sospechar que alguien tiene síntomas relacionados con coronavirus, entonces dan aviso al personal de un dispensario cercano y a los dirigentes de la comunidad. "Cómo vamos a enfrentar la pandemia si ni siquiera hay centros de salud debidamente equipados (en la jurisdicción)", se lamentó el líder indígena quien considera que para las comunidades "ha sido mejor controlar (la pandemia) hacia adentro" del colectivo. Según Iza, sólo dos campesinos de las 38 comunidades que conforman la parroquia de Toacazo han dado positivo para COVID-19 y han sido "debidamente aislados, en lugares determinados por la organización" y "ya se han recuperado". Para el dirigente, la comunidad indígena ha desarrollado en este periodo algunas fortalezas, sobre todo la "capacidad organizativa", que ha permitido evitar la entrada del virus y que se detecten a tiempo los casos sospechosos. "La segunda fortaleza es la capacidad de producción agrícola", pues no se ha "dejado de producir alimentos ni un solo día", remarcó Iza quien, no obstante, criticó el papel del Estado por no haber brindado las garantías suficientes al sector campesino para entregar sus productos a las ciudades, confinadas en cuarentena y que, según él, han sufrido diferentes grados de desabastecimiento. Para el dirigente, la intermediación comercial de la producción agrícola y la ausencia de apoyo estatal, han sido dos de los escollos más importantes para mantener el abastecimiento suficiente y de calidad a las ciudades. MEDICINA ANCESTRAL "La tercera fortaleza es la medicina ancestral, porque nos ha permitido superar ciertas enfermedades como la gripe común", que ha atacado de forma paralela al coronavirus, subrayó. Él mismo dispone de una especie de botiquín en su casa, nutrido con ramas de "chucchcuguazo" y otras plantas medicinales traídos de la Amazonía, además de matas de hierbas andinas usadas por siglos para curar diferentes males. Iza dijo no saber si alguna de las técnicas de medicina ancestral usadas durante la pandemia han podido ser claves para tratar al coronavirus, pero remarcó que ese tipo de saberes son indispensables según la cosmovisión andina. Además, comentó que su colectivo, a través de la organización madre que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha logrado hacer una campaña de prevención con medios propios, en siete idiomas de los pueblos originarios del país, para proteger y dirigir las orientaciones sanitarias de los especialistas. Todas estas iniciativas han sido desarrolladas por el movimiento sin el acompañamiento del Estado y, según dijo, pese a que se había advertido al Gobierno antes de la pandemia sobre las debilidades de los sistemas de atención sanitaria en los sectores campesinos del país.
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Luz verde a la fase 2 en El Bierzo y Laciana a partir del próximo lunes
El Ministerio de Sanidad ha dado este jueves luz verde a la propuesta de Castilla y León para el avance a la fase 2 de la desescalada para el área sanitaria de El Bierzo, integrada por las comarcas de El Bierzo y Laciana con 131.000 habitantes, a partir del próximo lunes 1 de junio.Así lo ha confirmado esta tarde en comparecencia telemática el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, en la que ha informado sobre en avance de la desescalada en España junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.En la rueda de prensa, el director del CEAS ha explicado que han sido las "características particulares" de la comarca de El Bierzo, que han estado "muy bien defendidas por la Comunidad", las que han permitido avanzar a esta zona a la fase dos, aunque Simón ha recalcado que la movilidad estará reducida al ámbito de esta comarca y no de la provincia de León.Esta mañana se celebró la reunión bilateral entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Sanidad para plantear el pase de la zona de El Bierzo y Laciana a la fase 2 a partir del lunes 1 de junio, que ha transcurrido en un ambiente cordial y distendido, según explicó la consejera de Sanidad autonómica, Verónica Casado, en rueda de prensa.La consejera aseguró que esa zona cumple con las condiciones epidemiológicas y sanitarias que permiten su pase a la fase 2, transcurridos quince días desde la anterior fase.Esta nueva fase para El Bierzo y Laciana no incluye a las 26 zonas básicas de salud que llevan desde el día 11 en fase uno, con 53.000 habitantes.La Junta pedirá la próxima semana el pase de toda la Comunidad a esa fase 2 a partir del 8 de junio, señaló Casado.
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Un centenar de guatemaltecos reclaman desde sus vehículos contra el confinamiento
Un centenar de guatemaltecos aglutinados en la extrema derecha se manifestaron este jueves desde sus vehículos para exigir el cese del confinamiento al Gobierno, con el fin de que "abra la economía" y les permitan "volver al trabajo", como muchos aseguraron en sus consignas. Desde sus automóviles adornados con banderas de Guatemala en las ventanas y otros lugares, los manifestantes avanzaron desde El Obelisco, en la sureña zona 13, hacia la Plaza de la Constitución en el corazón de la capital del país centroamericano bajo el lema "no quebremos Guate".Ataviados de mascarillas alegóricas con el escudo nacional en el centro, algunas personalidades conocidas en el país por el pulso que tuvieron contra la lucha anticorrupción durante el mandato expirado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) salieron de sus casas para conducirse en grupo al parque central y evidenciar su rechazo a las restricciones. Desfilaron exdiputados como el ultraconservador Fernando Linares Beltranena -abogado del general de inteligencia militar retirado Luis Fernando Ortega Menaldo-, integrantes de la organización Guatemala Inmortal o el director de Relaciones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín (privada), Luis Figueroa. Los manifestantes se adentraron al Centro Histórico de la capital y en una de las principales avenidas del país y se toparon durante un instante tenso con un grupo de antimotines de la Policía Nacional Civil que les impedía el paso, debido a que durante el estado de calamidad por el coronavirus las reuniones de personas están prohibidas, según la Ley de Orden Público.Minutos después de argumentar que se les estaba negando la libre locomoción, el muro de policías se dispersó para que los manifestantes ingresaran a la Plaza de la Constitución, a donde algunos de ellos descendieron de sus vehículos con sus banderas y continuaron lanzando consignas frente al Palacio Nacional de la Cultura (despacho de Gobierno). Otra de las caras visibles del movimiento en contra de las medidas gubernamentales fue el excandidato al Congreso y columnista Giovanni Fratti, quien aseguró a los medios de comunicación que "el manejo de crisis ya fracasó. El virus ya se le salió al presidente (Alejandro Giammattei) de control, ya se salió de los lugares de contención y lo único que queda es apoyar al presidente en el tema de salud".Consultado sobre el miedo a la posibilidad de infectarse por haberse reunido fuera de sus vehículos en el parque central, Fratti dijo estar seguro de las "medidas sanitarias" que establecieron, como el uso de la mascarilla obligatoria (por el Gobierno) o del supuesto distanciamiento social que fue burlado por momentos, cuando algunos participantes anónimos se acercaban a vociferar a favor de liberar la economía. "No tengo en qué caer muerto, queremos trabajar", gritó uno de ellos. Otro pidió "transporte público", suspendido por Giammattei desde el 15 de marzo. Una mujer alegó que "sin trabajo no hay vida" y otra más esgrimió: "Déjenos trabajar, presidente". Fratti asintió que los inconformes tienen "derecho a rebelarnos contra las ordenes ilegales. Estamos acá para decirle al presidente que no vamos a acatar el cierre de 15 días", debido a que el mandatario el pasado domingo sugirió la posibilidad de establecer un toque de queda total por dos semanas si la tendencia de contagios subía a 500 casos diarios.Luego de subrayar que no pretendían "limosnas del Gobierno", Fratti enfatizó que "todas las economías más avanzadas del mundo: Italia, España, Estados Unidos, Alemania, todas esas economías que tienen muchos más casos que Guatemala ya están abriendo su economía. Así que es una mentira que encerrados nos vamos a curar".Actualmente, el país registra 4.145 casos positivos de COVID-19 con 68 muertes, la primera de ellas registrada el 15 de marzo, dos días después de que se detectara el primer caso. Desde el pasado 22 de marzo, el Gobierno de Guatemala decretó un toque de queda parcial por las tardes que en un inicio se estableció de cuatro de la tarde a cuatro de la mañana y que ahora prohíbe la circulación de cinco de la tarde a cinco de la mañana, además de un cierre total a la movilidad los fines de semana.
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Trump aviva su pulso con Twitter y pide reducir privilegios de las redes sociales
El presidente de EE.UU., Donald Trump, intensificó este jueves su pulso con Twitter al pedir que su Gobierno estudie si pueden retirarse algunas protecciones legales de las que disfrutan las redes sociales, aunque reconoció que será difícil avanzar en esa reforma a no ser que intervenga el Congreso.Trump firmó un decreto destinado a evaluar si su Gobierno puede castigar a Twitter, Facebook, YouTube o Google si intentan moderar los contenidos publicados en sus plataformas, en medio de un creciente debate sobre hasta qué punto debe llegar la libertad de expresión en Internet.Sin embargo, la orden por sí misma no tiene un impacto inmediato ni de gran calado, y parece más un guiño a su base de votantes en el contexto de su pugna con Twitter, que este martes enlazó por primera vez un tuit de Trump con información verificada que contradecía lo que el presidente había publicado."DECISIONES EDITORIALES""(Twitter está tomando) decisiones editoriales. En ese momento, Twitter deja de ser una plataforma pública neutral, y se convierte en un editor con un punto de vista. Y creo que podemos decir lo mismo de otros, ya se trate de Google o de Facebook y quizás de otros", dijo Trump a los periodistas antes de firmar la medida.El decreto pide al Gobierno estadounidense revisar y posiblemente eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de Internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.Esa sección indica que las grandes compañías de Internet están exentas de casi cualquier consecuencia legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma e incluso de sus propias decisiones de eliminar contenidos, porque se supone que son meros intermediarios o canales.Trump consideró que Twitter y otras plataformas han demostrado tener un "poder sin control para censurar, restringir o editar" los contenidos que publican, por lo que dio 60 días al Departamento de Comercio para que proponga a la independiente Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que se reformen las normas al respecto.SIN RUMBO CLAROSin embargo, numerosos legisladores y expertos legales advirtieron que la medida no sobreviviría a una demanda judicial, y una de los dos miembros demócratas de la FCC, Jessica Rosenworcel, dijo en un comunicado que convertir a su agencia "en la policía del presidente (para proteger) su discurso no es la respuesta".Trump reconoció que su decreto podría acabar en los tribunales, y dijo que planea trabajar en el Congreso para aprobar "legislación" que permita sacar adelante esa reforma si no consigue hacerlo por la vía ejecutiva.El mandatario lleva casi dos años acusando a Google de "suprimir voces de conservadores y esconder información" y también ha arremetido contra Twitter, pero al mismo tiempo ha convertido a esa red social en una herramienta de Gobierno crucial y ha insistido en que le permite comunicarse sin el filtro de los medios.Este jueves, Trump aseguró que le "encantaría" deshacerse de su cuenta de Twitter, pero siente la necesidad de mantenerla porque no hay una "prensa justa" en su país.El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, expresó este jueves su desacuerdo con la decisión de Twitter de verificar un tuit de Trump, al opinar en una entrevista con Fox News que las redes sociales "no deberían ser el árbitro de todo lo que dice la gente en Internet".El decreto de Trump también pide que todas las agencias de su Gobierno revisen su gasto en publicidad y márketing en las plataformas digitales, para asegurar que no benefician a "ninguna red social que suprima la libertad de expresión", en palabras del presidente.
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Borrell señala el fondo europeo servirá para ayudar a las industrias y "nivelar el desequilibrio" entre países
En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, Borrell ha explicado que "las diferencias entre países son las razones por las que se ha abierto el grifo de las ayudas públicas". "Hay que hacer que los países con menos capacidades también puedan ayudar a sus empresas, porque de lo contrario vamos a desequilibrar el mercado interior y unos tendrán mas ventajas que los otros", ha argumentado.No obstante, Borrell ha recordado que el proyecto está aprobado por la Comisión y espera que salga adelante tras el 'sí' del Consejo. Esto serviría, a su juicio, para ayudar a los estados miembros de "distintas formas", entre las que se encuentra aportar una "mayor equilibrio y capacidad" de los países para ayudar a sus empresas. Por otra parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha asegurado que "nunca ha habido tan poca cooperación internacional" -- en referencia a EEUU y China-- como ocurre ahora en la lucha contra el coronavirus y ha recordado que la pandemia no se va a solucionar "a golpe de 'tuit'". Así, ha recordado que los europeos no están para echarse la culpa "unos a otro", sino para cooperar.
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El PSPV de Valencia condena un ataque con excrementos a una sede: "Ninguna amenaza nos va amedrentar"
La persiana metálica del local ha quedado salpicada con varios excrementos este jueves, un ataque que se suma a los que han sufrido otras sedes socialistas."El PSOE seguirá avanzando en democracia frente a la intolerancia y la crispación", ha defendido la secretaria local en declaraciones remitidas a los medios, llamando a salir juntos de la mayor emergencia sanitaria de la historia.
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Cifra de venezolanos en Colombia desciende por primera vez en cinco años
La cifra de migrantes venezolanos que se han radicado en Colombia descendió por primera vez en cinco años al pasar de 1.825.000 personas en febrero a 1.809.000 en marzo pasado, según el reporte más reciente de las autoridades que señalan entre las causas de esta disminución a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. "Esto quiere decir una reducción real del 0,9 %. Esta es la primera vez que esto ocurre. Siempre habíamos tenido unas cifras crecientes con mayor o menor pendiente", dijo el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en una rueda de prensa virtual. Bogotá es la región donde están la mayor cantidad de venezolanos con 357.586, que representan el 19,76 %. A la capital le sigue el departamento de Norte de Santander, que tiene el principal paso fronterizo entre ambos países y "concentra el 11,40 % que corresponde a 206.416 venezolanos". También hay cifras elevadas en los caribeños Atlántico, "que cuenta con 167.107, que corresponden al 9,23 %", y La Guajira, también fronterizo, con 161.106, que equivalen al 8,9 % del total. CIERRES Y DIFICULTADES ECONÓMICAS El funcionario afirmó que entre las razones de esta disminución está que dejaron de llegar ciudadanos por el cierre de fronteras y la prohibición de los vuelos internacionales y domésticos, en vigor desde mediados de marzo por la pandemia del COVID-19, que en Colombia ha dejado hasta el momento 24.104 y 803 muertos. Explicó además que "por los efectos económicos de la pandemia, gran parte de la población venezolana tiene acceso o deriva su sustento de mercados informales". "Esa informalidad se ha visto fuertemente afectada por las medidas de aislamiento y por la situación de la pandemia y también ha constituido un incentivo para la salida del territorio nacional", agregó. En ese sentido, manifestó que entre el 14 de marzo y el 26 de mayo al menos 66.492 venezolanos regresaron a su país, de los cuales 23.312 lo hicieron por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta (Norte de Santander) con San Antonio del Táchira. VENEZOLANOS FALLECIDOS Por otra parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó la semana pasada que al menos 2.061 venezolanos han fallecido desde 2017 en Colombia. En su informe "Lesiones fatales de ciudadanos venezolanos en Colombia 2017-abril 2020", el organismo detalló que del total de víctimas mortales 1.666 eran hombres y 395 mujeres. En cuanto a las causas de los decesos, Medicina Legal precisó que 661 fueron homicidios con armas de fuego, 257 con armas blancas, 81 crímenes en riñas, 334 muertes naturales, 330 en eventos de transporte, 301 muertes violentas por otras causas y 97 suicidios.
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La Abogacía del Estado acusa a la Guardia Civil de "deslizar sospechas" y "generar suspicacias" en su informe del 8M
Un escrito de la Abogacía del Estado, incorporado a la investigación del delegado del Gobierno de Madrid por no prohibir el 8 de marzo, acusa a la Guardia Civil de "deslizar continuas sospechas" y "generar suspicacias" en el informe que le reclamó la jueza en el marco de esa causa. La Abogacía del Estado ejerce la defensa del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. "La Policía Judicial desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces por los complementos de documentación, perjudicial para la investigación y para el investigado, ya que genera aclaraciones posteriores, sucesivas, que hacen más complejo el análisis global de toda la información cuando no generan suspicacias, que son de todo punto innecesarias  y podrían evitarse dando el tiempo necesario para cumplir adecuadamente esos requerimientos", dice el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en alusión a su crítica a la jueza Carmen Rodríguez-Medel de ejercer una instrucción apresurada pese a la situación generada por la pandemia. La abogada del Estado Rosa María Seoane dice que el instituto armado ha actuado con "claro sesgo acusatorio" y acusa a la jueza de promover ese informe pese a que estaba pendiente resolver el recurso de apelación presentado por la Abogacía al auto que dio inicio a la causa. De hecho, el escrito, que ha adelantado El País, recuerda que ni la Fiscalía se pudo pronunciar "oportunamente" antes de que se desenvolvieran todas las diligencias acordadas ni la Audiencia Provincial ha revise la "legalidad" de la forma de proceder de la instructora. 
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Reporteros Sin Fronteras exigen seguridad para los periodistas que cubren a Bolsonaro
Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigió este jueves garantías de seguridad para los periodistas que cubren las declaraciones que el mandatario Jair Bolsonaro concede frente a la residencia oficial de la Presidencia brasileña, ante el aumento de los ataques de seguidores del gobernante a la prensa. La organización internacional afirmó en un comunicado que las autoridades tienen que garantizar la integridad de los periodistas, luego de que varios e importantes medios de comunicación suspendieran sus coberturas en el lugar por falta de seguridad. "Reporteros Sin Fronteras denuncia la escalada de ataques contra la prensa e insta a las autoridades a intensificar las medidas de protección en el lugar para garantizar el trabajo de los periodistas", afirma la organización en su nota. En las últimas semanas, los periodistas que acuden al portón del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, para cubrir las declaraciones que el líder ultraderechista suele dar en el lugar, han sufrido amenazas y agresiones físicas y verbales por parte de seguidores del mandatario presentes en el mismo espacio. "Es inadmisible y vergonzoso que una institución pública, símbolo de la República, se haya convertido en escenario de ataques abyectos y sistemáticos a los periodistas por parte del presidente Bolsonaro y de sus seguidores", afirmó el director de la oficina de RSF para América Latina, Emmanuel Colombié, citado en el comunicado. "Las autoridades tienen que garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que toda la prensa pueda participar de esos encuentros con el jefe de Estado", agregó Colombié. La dirección de RSF para América Latina, con sede en Río de Janeiro, también manifestó su "solidaridad con los periodistas brasileños, cuya actividad, en este período de pandemia y en un ambiente de trabajo cada vez más hostil, es más vital que nunca". GRANDES MEDIOS SUSPENDIERON COBERTURA Según RSF, entre los medios que suspendieron la cobertura destacan el grupo Globo, que controla la televisión de mayor audiencia en el país así como otros medios como los diarios O Globo y Valor Económico y el portal de noticias G1, así como Folha de Sao Paulo, el diario de mayor circulación en Brasil. RSF también cita a la red de televisión Bandeirantes, al diario Correio Braziliense -que había anunciado su decisión a comienzos de mayo- y el portal de noticias Metropoles, y agrega que el diario O Estado de Sao Paulo, pese a que no lo anunció oficialmente, también dejó de enviar a sus reporteros al lugar. "El hecho inédito se produjo tras nuevos episodios de violencia y agresiones verbales protagonizados por simpatizantes de Bolsonaro, que igualmente se hacen presentes frente al Palacio y quedan separados de la prensa tan sólo por una varandilla", según RSF. "Los seguidores de Bolsonaro crearon el hábito de insultar y amenazar a los periodistas que comparecen para registrar las declaraciones del jefe de Estado, que a veces los anima y a veces se divierte observando los ataques e intimidaciones", agrega. Según la organización, tras las protestas de los periodistas, el presidente dijo que los medios querían hacerse pasar por víctimas. El ministro del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, el general de la reserva Augusto Heleno Ribeiro, afirmó este jueves que no puede impedir que los seguidores del presidente se acerquen al Palacio. Agregó que intentará garantizar la seguridad física de los comunicadores pero que, en cuanto a los insultos, "los periodistas tienen que fingir que no escucharon". Para RSF, desde el comienzo de la crisis sanitaria por el COVID-19, que convirtió a Brasil en el segundo país más afectado en el mundo y nuevo epicentro global de la pandemia, Bolsonaro "persiste en la negación (de su gravedad) y prefiere atacar a los medios de comunicación". Según un estudio de la Federación Nacional de Periodistas, los ataques a comunicadores en Brasil, incluyendo asesinatos, agresiones y amenazas, saltaron un 54,07 % el año pasado, desde 135 en 2018 hasta 208 en 2019, y en su gran mayoría (121 declaraciones públicas con ataques o desacreditando a la prensa) constituyen agresiones del propio jefe de Estado.
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México decomisa 740 kilos de droga cristal
Las autoridades mexicanas se incautaron en el norte del país de un gran alijo de 740 kilos de supuesta droga cristal escondida en costales de maíz y con un valor aproximado de 9 millones de dólares, informó este jueves la Guardia Nacional. "En seguimiento a los trabajos de seguridad y prevención del delito que se realizan en norteño el estado de Chihuahua, integrantes de la Guardia Nacional, interceptaron un camión cargado con costales de maíz que ocultaban aproximadamente 740 kilos de aparente cristal", informó el organismo de seguridad en un boletín. El precio de mercado de este paquete de droga ascendería a los 200 millones de pesos (unos 9 millones de dólares), estimaron las autoridades. Alrededor de 221 paquetes fueron descubiertos cuando guardias nacionales realizaron una inspección a los costales y ubicaron las presuntas drogas entre el maíz. La persona procedente de Culiacán, noroccidental estado de Sinaloa, y tenía como destino la fronteriza Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua. Los estados del norte de México son tradicionales focos calientes de violencia por su carácter fronterizo con Estados Unidos, registrando a menudo choques entre narcotraficantes que se han recrudecido durante la pandemia de COVID-19, que acumula en el país más de 78.000 casos y 8.597 muertos. El pasado 4 de abril, las autoridades del norteño estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, informaron de al menos 19 muertos en un choque armado entre bandas rivales en una zona rural. Un día después asesinaron a siete personas en un aparente asalto a un comercio en Reynosa, ciudad del también fronterizo estado de Tamaulipas. Este mismo jueves, la Secretaría de Seguridad Pública del nororiental estado de Tamaulipas informó del decomiso de 78 armas, algunas de estas de alto calibre.
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Autoridades identifican a mujer asesinada hace veinte años en Nueva York
La Policía del condado de Suffolk, al este de Nueva York, identificó este jueves como Valerie Mack a una mujer asesinada hace dos décadas, dentro de un caso que involucra once misteriosas muertes a partir de restos hallados en una playa de Long Island y que se atribuyen a un asesino en serie que aún se desconoce. De acuerdo con las autoridades, que el fin de semana anunciaron haber identificado a la mujer cuyo nombre dieron a conocer hoy, Mack, de 24 años, fue vista por última vez por familiares y amigos en el verano del año 2000 cuando trabajaba como prostituta en Filadelfia. Ese año parte de su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de Long Island y once años más tarde otros restos desmembrados fueron encontrados en la zona de playa de Gilgo Beach del condado de Suffolk, en esa localidad de Nueva York. "Durante dos décadas, la familia y los amigos de Valerie Mack se quedaron esperando respuestas y aunque este no es el resultado que querían, esperamos que les brinde una sensación de paz y cierre", dijo la jefa de la policía de Suffolk, Geraldine Hart, en un anuncio colgado en una página web sobre el caso creada por ese departamento. "Continuaremos utilizando todas las herramientas de investigación disponibles para investigar estos asesinatos", afirmó. La policía de Suffolk y el FBI comenzaron a utilizar a principios de este año tecnologías de análisis de ADN para "avanzar" con la investigación de la serie de restos humanos hallados entre 2010 y 2011 en la zona de Gilgo Beach. Las autoridades habilitaron una plataforma en internet el pasado enero para informar de desarrollos en el caso y señalaron además de que darían detalles en el "futuro cercano" sobre la identidad de una mujer, conocida con el nombre genérico de "Jane Doe 6" y "Manorville Jane Doe". Entre diciembre de 2010 y abril de 2011, los cuerpos de ocho mujeres, un hombre vestido con ropa femenina y una niña de entre 18 y 24 meses fueron hallados en la zona de Gilgo Beach cuando las autoridades buscaban el cadáver de una prostituta desaparecida, Shannan Gilbert. Gilbert, de 24 años y procedente del vecino estado de Nueva Jersey, ofrecía sus servicios en el portal de anuncios Craigslist y desapareció en mayo de 2010 tras visitar a un cliente. Hasta que se identificaron los restos de Gilbert, en diciembre de 2011, las autoridades encontraron e identificaron en esa zona playera los cadáveres de otras cinco jóvenes prostitutas, la mayoría veinteañeras que también se anunciaban en Craigslist. Según han señalado antes los investigadores, el responsable de las muertes podría ser un residente de Long Island y que conoce bien la zona porque depositó los cadáveres en lugares remotos. Inicialmente, los investigadores pensaron que los crímenes eran obra de varios asesinos e incluso presentaron retratos robot de dos sospechosos, un hombre asiático y una mujer blanca, tras analizar pruebas como las joyas encontradas en dos de los cuerpos. Estos asesinatos han alarmado a los residentes de Long Island y en las primeras etapas de las investigaciones se sumó el FBI para rastrear todo el terreno con perros y aviones, desde los que tomaron fotografías de alta resolución.
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El Gobierno de Perú pide un voto de confianza al Congreso tras ocho meses de espera
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Vicente Zeballos, presentó ante el pleno del Congreso los planes de política general del Ejecutivo y solicitó su voto de confianza, procedimiento postergado por las elecciones parlamentarias de enero y la emergencia sanitaria por el COVID-19.Zeballos asumió el cargo de primer ministro apenas el presidente Martín Vizcarra decretó a fines de septiembre último, el cierre del Congreso elegido en 2016, con quien mantenía una grave crisis, y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias.En cumplimiento con lo que recoge la Constitución, Zeballos debió haber recibido el visto bueno de los nuevos congresistas en cuanto estos hubieron asumido sus curules, una fecha que sin embargo coincidió con la llegada del Covid-19 al país y el decreto del Estado de Emergencia que impidió hasta la fecha cumplir con el trámite.CONGRESO VACÍOAntes de iniciar su informe ante el Congreso, casi vacío por las medidas para evitar las aglomeraciones vigentes en el país, el Consejo de Ministros, encabezado por Zeballos, guardó un minuto de silencio por los casi 4.000 fallecidos en el país desde que se inició la pandemia del coronavirus.En su alocución a la cámara, Zeballos afirmó que todas las medidas adoptadas desde que el anterior Congreso fuera disuelto y la entrada en funciones del nuevo Parlamento "se ajustan a la Constitución" y responden a los cinco ejes de la política de gobierno.Aquellos ejes están referidos a la lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar de la población, y descentralización.Así, el primer ministro indicó que los 70 decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario estuvieron dirigidos a reactivar el empleo, mejorar los servicios de salud y educación, promover el crecimiento económico, fortalecer el proceso de descentralización e impulsar la lucha contra la inseguridad ciudadana."Las medidas y decretos de urgencia aprobados han sido necesarios, aunque insuficientes, para solucionar los graves problemas que enfrentamos", afirmó Zeballos.COVID-19Precisamente, el inicio de funciones del nuevo Parlamento coincidió con el arribo de los primeros casos de COVID-19 en Perú, lo que motivó al gobierno a decretar una cuarentena general desde el 16 de marzo cuyos plazos se han extendido hasta el 30 de junio.En ese sentido, Zeballos recordó que el Ejecutivo aprobó cuatro decretos de urgencia en salud, que dispusieron la universalización del derecho a la salud, la comercialización obligatoria de medicamentos genéricos y las primeras acciones frente al Covid-19."Como primer frente de respuesta, se destinaron casi 2.971 millones de soles (870 millones de dólares) para contener la emergencia inmediatamente", recordó."También hemos dictado medidas para apoyar las necesidades de alimentación y carencias generadas por las restricciones dictadas para contener el virus. Diseñamos una estrategia y un plan integral para reactivar la economía, que incluye apoyo a todos los actores económicos", detalló."Más de 1.000 millones de soles (294 millones de dólares) se han destinado al fortalecimiento de los sistemas de salud, adecuación de hospitales, adquisición de insumos médicos y el reconocimiento del trabajo del personal médico y asistencial a través de diversos bonos", agregó.INCREMENTO DE RESPUESTA HOSPITALARIARespecto a la atención de los enfermos por el coronavirus, Zeballos precisó que "hoy tenemos 1.090 camas UCI, de las cuales 926 se encuentran con ventilador ocupado; y tenemos 10.965 camas hospitalarias disponibles, de las cuales están ocupadas 8.627".La expectativa del gobierno es llegar a las 20.000 camas hospitalarias a fines de junio, y a las 2.000 camas en UCI.Para asegurarse que la población más vulnerable pueda permanecer en sus casas durante la cuarentena, el gobierno aprobó la entrega de bonos por 6.000 millones de soles (1.700 millones de dólares) y para la reactivación de la economía ha destinado 120.000 millones de soles (35.200 millones de dólares) en líneas de créditos para las empresas.ELECCIONES EN ABRIL DE 2021Sobre el campo político, el primer ministro aseguró que el gobierno va "a trabajar para que en abril de 2021 se realicen elecciones libres, transparentes y democráticas, que nos permitan en julio del próximo año entregar la posta a un nuevo gobierno elegido por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo".En tal sentido, reiteró que para el Ejecutivo es "fundamental culminar la reforma política y judicial que propusimos al Congreso desde un primer momento", cuando asumió el cargo en marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por presuntos actos de corrupción.Recordó que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo al Congreso plantean "elecciones plurales, simultáneas y obligatorias en todas las organizaciones políticas, la paridad y alternancia de género en la conformación de listas electorales, la eliminación del voto preferencial, y el control del financiamiento de los partidos".Tras la presentación del informe de Zeballos, el jefe del gabinete abandonó el hemiciclo para dar pase al debate de los legisladores, quienes votarán en las próximas horas el pedido de confianza del Ejecutivo.
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Dina Bousselham traslada al juez que Pablo Iglesias le entregó en buen estado una copia de la tarjeta del móvil robado
Dina Bousselham, excolaboradora de Pablo Iglesias, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que asegura que recuperó en buen estado una copia de la tarjeta del móvil que le habían robado. Bousselham niega de este modo que Iglesias destruyera la copia antes de entregársela, como se desprende de la conclusiones del juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, quien ha retirado la condición de perjudicado a Iglesias y ha declarado "apremiante" esclarecer la participación del vicepresidente segundo en el caso. La copia había sido entregada por la revista Interviú a Pablo Iglesias al menos seis meses antes de que éste se la entregara a Bousselham. Bousselham cambia su versión, ya que había declarado ante el juez que cuando recibió el dispositivo, éste ya estaba dañado, habiendo accedido Iglesias a su contenido en el despacho del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, quien se la entregó al político. "Debo decir que cuando se me entregó, funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono, y así, yo misma, con el fin de proteger mi intimidad, mi vida familiar y mi relación de pareja, accedí a los elementos de naturaleza más personal e íntimos de ésta, y por ello puedo indicar que inicialmente funcionaba bien si bien no contrasté ni analicé su contenido", reza el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, y en el que Bousselham evita mencionar a Iglesias. La Fiscalía y el juez consideran que Bousselham ha cambiado de versión a lo largo de la causa y ponen de manifiesto que evitó decir a la Policía, en su declaración inicial, que había recuperado el contenido de la tarjeta del móvil robado. Ella se excusa en que lo que quería decir es que nunca recuperó la tarjeta original. "Nunca tuve un conocimiento o acceso sobre la totalidad del contenido de ésta", asegura en la comunicación al juzgado. "Cuando volví a tratar de acceder a ella (después de serle entregada y ver su contenido) dejó de funcionar, pudiendo haber quedado la misma afectada, y es, a partir de ahí, cuando no fucionaba y no pude volver a acceder, tratando de recupear la misma por mero interés personal, previo a ninguna cuestión judicial, procedimiento alguno, y desconociendo lo que sería la posterior aparición en un registro de los mismos materiales con igual origen en mi teléfono", añade. Bousselham tampoco menciona al comisario José Manuel Villarejo, a quien se le incautó una copia tras ser detenido y motivo por el que se abrió una pieza separada. El juez ya ha eximido de cualquier responsabilidad a los medios que publicaron contenido de la tarjeta robada a Bousselham (Okdiario, elconfidencial y El Mundo) porque, aunque apareció una copia en poder de Villarejo, Bousselham reconoció que los pantallazos los hizo ella y que se los envío a alguien, por lo que se abre el abanico de posibles filtradores, según el razonamiento de instructor y Ministerio Público, no pudiéndose afirmar que esas informaciones proceden de material robado. Bousselham dice que todo ese material publicado "proviene y ha tenido origen en el móvil" sustraído. "Me ha provocado problemas personales y familiares habiendo sido yo víctima tanto del robo de información íntima como de exposición pública injustificada. Y ahora me encuentro ante una situación ajena al origen del presente procedimiento y a la realidad material del mismo", concluye. 
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Illa defiende que se autorizase el 8M: "Hicimos lo que teníamos que hacer con la información que teníamos"
Preguntado en rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa si el Gobierno se arrepiente de haber permitido la manifestación ha contestado: "Hicimos lo que teníamos que hacer con la información que teníamos en ese momento", ha dicho el ministro, que se ha quejado de lo fácil que resulta "predecir el pasado" con los datos con los que se cuenta en el momento actual.Illa ha reivindicado que España siempre ha actuado en concordancia con las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no decretó la pandemia hasta el 11 de marzo, sólo tres días antes de que España impusiera el decreto de alarma.
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El nuevo líder de AUGC defiende la neutralidad e imparcialidad de la Guardia Civil
Juan Fernández es el nuevo secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Elegido en plena tormenta por los ceses en la cúpula del cuerpo, defiende la "neutralidad e imparcialidad política" como seña de identidad de cualquier cuerpo policial que quiera mantener su prestigio". En una entrevista con Efe nada más ser elegido, reconoce que el cese del coronel jefe de la Comandancia de Madrid Diego Pérez de los Cobos se inscribe dentro de la potestad del ministro del Interior al ser un cargo de confianza y, por tanto, "sus derechos laborales no han sido vulnerados en absoluto". De todos modos, Fernández recuerda que la AUGC ha denunciado el "exceso de puestos de trabajo que se conceden mediante libre designación", pero la Guardia Civil sigue con su política de ampliarlos. Y ve necesario que la directora del cuerpo, María Gámez, a la que define como "una mujer firme y decidida", modifique la estructura de su gabinete. "Es crucial si quiere tener éxito", dice el líder de AUGC. La directora tiene ante sí un gran reto, el de dirigir una institución como la Guardia Civil, "muy masculinizada, con un fuerte carácter historicista y, por tanto, reacia a los cambios". "No es tarea fácil", apostilla Fernández, quien aboga por la incorporación de personal civil en el gabinete técnico de Gámez, porque "le daría la visión global necesaria para la toma de decisiones acertadas". LUCHAR PARA QUE LOS GUARDIAS DEJEN DE SER LOS PEOR PAGADOS Fernández afronta "ilusionado" esta nueva etapa (en la anterior ha ejercido de portavoz de la asociación) y asegura que pronto se comprobará, en las primeras decisiones que tome su nuevo equipo, que el "ADN reivindicativo de AUGC seguirá siendo su seña de identidad". "Lograr un derecho de sindicación responsable, la equiparación total -salarial y profesional- y un nuevo modelo policial donde no se aplique la jurisdicción militar a ningún funcionario policial", serán los objetivos prioritarios en estos próximos cuatro años. Porque, recuerda, existen países, sobre todo anglosajones y del norte de Europa, donde "no hay militarización de la seguridad pública y son policías eficaces". Fernández resume así sus propuestas: "lo verdaderamente importante es alcanzar un modelo de seguridad pública que sea eficaz y eficiente, que garantice la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia; y esto ha de conjugarse con la dignidad profesional y económica para los integrantes de los diferentes cuerpos, sin policías de primera y de segunda". Y es que en la Guardia Civil -continúa- "aún perviven anacronismos como la aplicación del Código Penal Militar en tiempos de paz, que en la práctica supone que un agente pueda acabar ingresando en una prisión militar por algo que en otro cuerpo policial se zanjaría con una simple sanción administrativa. Esto no es de recibo ni tiene justificación alguna en pleno siglo XXI". En definitiva, su objetivo es conseguir "modificar el status quo por el que los guardias civiles, a día de hoy, siguen siendo ciudadanos uniformados limitados o, incluso, excluidos de derechos fundamentales". Así, AUGC propondrá a la directora avances en la jornada laboral para que un guardia civil "deje de ser el funcionario policial que más horas trabaja al año y que peores retribuciones percibe", turnos de servicio que permitan la plena conciliación y la reforma de la norma que regula los incentivos económicos. Es "vital acabar con la disfunción salarial entre policías que realizan las mismas funciones", enfatiza Fernández antes de poner este ejemplo: mientras un guardia civil percibe por trabajar de noche 0,71 céntimos por hora trabajada (5,68 euros el total del turno) o 1,43 euros si es en horario festivo, en otros cuerpos los agentes cobran una media de 36 euros por hora. HACIA UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD PÚBLICA Opina Fernández que la reconstrucción social y económica que ha comenzado a abordarse en el Congreso de los Diputados "no puede dejar de lado" el papel que ha jugado la seguridad pública en la defensa de los derechos de los ciudadanos y las libertades en España bajo la declaración del estado de alarma. El debate sobre el modelo de seguridad pública es, por tanto, una necesidad y, de hecho, los nuevos métodos utilizados por el crimen organizado, la ciberdelincuencia o la seguridad en la España vaciada son problemas que "antes o después tendrán que ser abordados". Fernández se ciñe al ámbito de la Guardia Civil y ve "urgente" una nueva redistribución operativa para lograr un mayor potencial de servicio. Dice que el 28 % de las instalaciones del cuerpo tiene más de 50 años, el 52 % entre 20 y 50 años y el 16 % menos de 20 años. Las más antiguas se ubican precisamente en las zonas rurales. "Esto en la práctica se traduce en cuarteles vacíos que no cumplen su función", subraya Fernández. LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA, DIFERENCIAS ENTRE CUERPOS Fernández valora el papel de las fuerzas de seguridad en la gestión la pandemia del coronavirus, pero critica la "disparidad" de criterios en los cuerpos policiales, a lo que suma la falta de material y de test, lo que provocó un gran malestar entre los agentes. A día de hoy, según el secretario general de AUGC, perdura esta diferencia de criterios. Y pone ejemplos: "mientras en Policía Nacional no están dando cita para la renovación del DNI en aquellos territorios que no han alcanzado la fase 2, la Guardia Civil retoma la apertura para trámites que no son urgentes, como son las intervenciones de armas, en esas mismas zonas". Un ciudadano en Madrid, por ejemplo, podrá renovar su permiso de armas, pero no su DNI. Todo depende de la competencia que tenga cada cuerpo policial, concluye. Sagrario Ortega
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Canarias insiste en los test en origen para garantizar la seguridad sanitaria aérea
Durante la celebración del Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea en el que participaron la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, Rodríguez explicó que la actividad económica en las islas depende en gran medida del tráfico aéreo y "necesitamos que esa movilidad sea segura".Por ello abogó por la realización de test en origen, puesto que el uso de mascarillas no es suficiente y la eliminación de asientos no es viable económicamente para los operadores. "Necesitamos que la gente que se suba al avión lo haga con el menor riesgo posible de contagiar a otros o de contagiarse", dijo.Aquí, consideró que los test en origen son técnicamente posibles y, aunque ahora mismo son caros, el sector privado -hoteleros y aerolíneas- estarían interesados en buscar mecanismos de concertación con el sector público para hacerlos posible.TRATAMIENTO DIFERENCIADOPor otro lado, Rodríguez demandó un tratamiento diferenciado para Canarias en la distribución de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea, en sintonía con la "asimetría" que ha caracterizado la pandemia en los distintos territorios, a nivel sanitario y ahora en la esfera económica.En esta línea, destacó el elevadísimo impacto económico para el Archipiélago, no en vano la pandemia provocará una caída del PIB de entre 15 y 20 puntos, dada la elevada dependencia de las Islas del sector turístico, uno de los más afectados por el cierre de actividad.El vicepresidente precisó que 550.000 personas que viven en Canarias y quieren trabajar, no pueden hacerlo, y que esta cifra supone "el 25 por ciento del total de la población, el 50 por ciento de la población activa y el 65 por ciento del total de ocupados registrados en Canarias en su mejor momento económico".GESTIÓN DESCENTRALIZADA Y BREXITAdemás, Rodríguez, demandó también la participación de los gobiernos territoriales españoles en la gestión de los planes que se pongan en marcha, en línea con la descentralización que caracteriza al Estado de las Autonomías.Por otro lado y en relación al Brexit, hizo mención al enorme peso del turismo británico en la economía canaria, por lo que demandó garantías de conectividad aérea fluida con el Reino Unido y el establecimiento de ayudas compensatorias al sector exportador hortofrutícola de la Islas (tomate y pepino), tras el decaimiento de las ayudas al transporte y la comercialización con la salida británica de la UE.Por último, respecto al Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros presentado por la Comisión Europea, lo valoró como una "buena noticia", tanto por su cuantía como por no estar sujeto a los condicionantes que entrañan las medidas de liquidez en forma de préstamos.
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España elogia en la ONU la Declaración de Escuelas Seguras en su quinto aniversario
El Gobierno español valoró este jueves positivamente los avances logrados desde la Declaración sobre Escuelas Seguras hace cinco años, a la hora de "proteger a los más vulnerables en conflictos armados, especialmente en las instituciones educativas", y renovó su compromiso de celebrar una reunión para ahondar en la aplicación de sus directrices y su integración en marcos regulatorios y operativos. En un evento telemático organizado por Naciones Unidas con motivo del quinto aniversario de esta declaración, impulsada por Noruega y Argentina y ratificada en una conferencia internacional celebrada en Oslo en mayo de 2015, la secretaria de Estado de Exteriores y para iberoámerica del Gobierno español, Cristina Gallach, subrayó que este acuerdo ha funcionado "para salvar vidas y preservar el derecho a la educación para todos, incluso en estas duras circunstancias, incluidas las mujeres y las niñas". Gallach transmitió la posición de la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que no pudo participar finalmente en la inauguración del acto. La secretaria de Estado advirtió de que a pesar de que el número de ataques contra instituciones educativas ha descendido, el uso militar de este tipo de instalaciones ha aumentado. Por otra parte, insistió en el compromiso que España adquirió durante la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, celebrado el año pasado en la ciudad española de Mallorca, para la organización de "un programa activo" enfocado en aplicar las directrices de la declaración. En este sentido, apuntó que la crisis causada por la pandemia había forzado a su suspensión, pero adelantó que se celebrará una reunión con este cometido el próximo diciembre o en enero de 2021. En su intervención, Gallach también quiso destacar la importancia de la "aproximación de género" como una cuestión "fundamental" para definir el problema y para encontrar soluciones. "El Gobierno español está seguro de que un enfoque sensible al género es clave para esta y otras cuestiones, por lo que estamos impulsando esta agenda de manera constante", dijo Gallach. Asimismo, puso el acento en la importancia de "luchar contra la impunidad" y la necesidad de que los responsables de los ataques contra centros educativos respondan ante la justicia. Coincidiendo con el quinto aniversario de la declaración, que ha sido ratificada hasta el momento por 103 países, Naciones Unidas ha informado de que desde el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 se registraron ataques contra centros educativos o su uso militar en conflictos armados que afectan a 37 países. El embajador de Nigeria ante la ONU, Samson Sunday Itegboje, anunció durante su participación que su país organizará el año próximo la IV Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras y aprovechó la ocasión para invitar a todos los países de Naciones Unidas a participar en el evento.
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El Gobierno defiende ante las CCAA y la FEMP que el Fondo de Recuperación de la UE "es un buen punto de partida"
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias se han reunido con todos los consejeros autonómicos que gestionan los asuntos europeos y representantes de la FEMP en la 62ª Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), dedicada a la situación actual y a las cuestiones relacionadas con los fondos de la UE para combatir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de la pandemia.En un comunicado, la ministra Carolina Darias ha puesto en valor "el alto nivel de la activación de la capacidad de gobernanza pública", con la organización de 11 Conferencias de Presidentes, más de 80 conferencias sectoriales, y multitud de encuentros bilaterales entre los responsables públicos de las distintas administraciones. "Una buena muestra del nivel de las posibilidades que ofrece nuestro Estado autonómico", ha defendido.Asimismo, Calviño ha explicado los avances en la respuesta de la Unión Europea y ha valorado la propuesta de la Comisión Europea para un Fondo de Recuperación, financiado con deuda europea, que ha considerado "un buen punto de partida" y que "responde a lo que España ha venido defendiendo y a las necesidades de este momento excepcional". "Es necesario trabajar juntos en la creación del fondo de recuperación para financiar los programas de relanzamiento de la economía europea", ha insistido.Darias, por su parte, ha señalado que el diálogo ha funcionado como el "instrumento básico, para lograr la coordinación y la cooperación, se ha extendido a todas las instituciones". Fruto de este marco de comunicación y de entendimiento, ha indicado que el 83% de las medidas propuestas por las comunidades autónomas en esta transición hacia la nueva normalidad están incorporadas en el Plan Nacional de Transición. La titular de Política Territorial ha añadido que la vida social y económica volverá a activarse con prudencia, porque el virus sigue. "Tenemos pendiente una inmensa tarea de reconstrucción, que será nuestra aportación a las generaciones futuras, en la que los pactos de reconstrucción, en los diferentes escalones de nuestra geografía, son imprescindibles", ha advertido.REAPERTURA DEL TURISMO CONJUNTAGonzález Laya ha indicado que España reabrirá sus fronteras interiores en julio, "momento en el que esperamos que el país haya completado las tres fases del proceso de desescalada y alcanzado la llamada "nueva normalidad""."Nuestra propuesta es que esta reapertura se produzca con el conjunto de la Unión Europea y de la Zona Schengen, excluyendo únicamente, si fuera el caso, a aquellos estados que todavía muestren una situación epidemiológica grave o severa", ha resaltado la ministra."La apertura de fronteras y la reactivación del turismo en nuestro país deben llevarse a cabo en coordinación con los restantes Estados miembros de la UE. Pero lo mismo cabe decir de la lucha contra la pandemia y contra sus consecuencias en el plano económico, incluyendo en el sector agrícola y pesquero", ha concluido la nota.
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Simón no se plantea dimitir y desconoce qué hay en los tribunales contra él
En rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa, ha dicho desconocer las reiteradas peticiones que PP y Vox hacen en el Congreso de los Diputados acerca de la dimisión de Simón, al que acusan de no haber sabido reaccionar ante los primeros indicios de la entrada del coronavirus en España.El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que él no va a dejar de hacer su trabajo "con todo el esfuerzo que pueda", pero se echará a un lado si el Gobierno decide sustituirle. Pero ha descartado abandonar por iniciativa propia. "Es una cuestión de profesionalidad".Preguntado por la petición de la acusación que ejerce la Asociación contra la Gestión del Coronavirus en la causa que investiga al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir la marcha del 8M, que solicita a la juez que cite a Simón a declarar también como investigado, el epidemiólogo ha indicado que él no ha recibido ninguna petición al respecto de los juzgados, por lo que ha evitado hacer valoraciones al respecto.No obstante, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia si se le solicita alguna información o comparecencia porque, ha remarcado, no tiene "nada que ocultar".
8 h
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López Obrador pide "no exagerar" ante campaña contra violencia intrafamiliar
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves "no exagerar" las críticas ante una campaña contra la violencia intrafamiliar divulgada esta semana cuestionada por no alertar contundentemente sobre la violencia de género. "Yo soy, insisto, respetuoso, del derecho de las mujeres y la protección a las mujeres, estoy a favor del movimiento feminista. No soy feminista, soy humanista, pero por ser humanista estoy en contra de la violencia a las mujeres y a cualquier persona, estoy en contra de los crímenes de odio", se defendió el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina. Además, reconoció que la campaña llegó un poco tarde, ya que próximamente se iniciará el regreso a la nueva normalidad y organizaciones de la sociedad civil llevan desde que empezó la cuarentena hace más de dos meses advirtiendo sobre los riesgos que implica para las mujeres estar en casa, en ciertas ocasiones, con su agresor. "Si se tardaron fue algo que a lo mejor no sé dio a conocer a tiempo que nosotros llevamos desde hace años defendiendo a las mujeres", se excusó. La campaña "Cuenta hasta 10" invita a contar hasta diez antes de que la "violencia se apodere de ti" o de que "te desesperes" frente a tus familiares o pareja. En distintas escenas, enseña como por ejemplo una mujer se enfada con un familiar al que se le caen los platos, o como una pareja discute en el comedor de su casa. El promocional invita a contar "hasta diez" y a sacar "la bandera blanca de la paz" para evitar la violencia intrafamiliar, y también invita finalmente a llamar al teléfono de emergencia 911 de ser necesario. Asimismo, insistió en que su Gobierno ha defendido a las mujeres, que él mismo siempre lo ha hecho durante su carrera política y fue "de los primeros en impulsar la participación de la mujer en la vida pública", por lo que consideró las críticas partidistas y orquestadas para atacarlo a él. "Los conservadores se volvieron feministas. El otro día vi una caricatura muy buena del dirigente del PAN (Partido Acción Nacional) con una pañoleta de las que usan las feministas, entonces empezaron con eso, queriéndonos ubicar como machistas. Yo toda la vida he luchado por la igualdad y de la mujer", sentenció. Tanto es así que el PRI (Partido Revolucionario Internacional) pidió, alegando que normaliza la violencia, la retirada de la campaña, en la que se incita a mujeres y hombres de todas las edades a contar hasta diez antes de cometer una acción violenta contra su familia. POLÉMICA GENERALIZADA Las explicaciones de López Obrador se refirieron a sus opositores conservadores como principal atacante pero cuando se lanzó la campaña esta semana numerosas organizaciones civiles, juristas y políticos de todas las tendencias consideraron que esta no atiende las necesidades actuales en un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres. "Una campaña que silencia la voz de las mujeres, que invisibiliza la violencia contra ellas y sus causas. Increíble escuchar el discurso de ser el primer saque, que se complementará. No, ante un feminicida no podemos tener estos argumentos. Urgen acciones reales en apego a DD.HH,", expresó a través de Twitter Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. La diputada del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, acusó al Gobierno de presentar una campaña "clasista, que pretende ubicar la responsabilidad de la violencia contra las mujeres en las propias mujeres y como un asunto privado, que se resuelve si cuentas del 1 al 10". Otros usuarios de Twitter recordaron las alarmantes cifras con la frase "Cuenta hasta diez feminicidios por día". El pasado 15 de mayo, López Obrador aseguró que el 90 % de las llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres son falsas, declaraciones que múltiples asociaciones civiles condenaron.
8 h
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El 70 por ciento de la población, 35 millones de españoles, estará el lunes en fase 2 y cuatro islas, en fase 3
El Ministerio de Sanidad ha aprobado el paso a fase 2 de varias provincias y áreas sanitarias con lo que a partir del próximo lunes día 1 de junio, el 70 por ciento del país se encontrará ya en esta fase. Mientras que cuatro islas pasarán a fase 3 y las medidas establecidas para esta última fase se publicarán en el BOE del próximo sábado. Otros 15 millones de españoles, fundamentalmente la comunidad de Madrid, Barcelona y Castilla y León, seguirán en fase 1.Las provincias y áreas sanitarias que pasan a fase 2 son las siguientes: En Castilla y León pasa la comarca del Bierzo.En Cataluña lo harán el área sanitaria de Cataluña central, Gerona, y las el Alto Penedés y el Garraf.En Castilla La Mancha pasan Albacete, Ciudad Real y Toledo.En la Comunidad Valenciana, las tres provincias.En Andalucía, pasan Granada y Málaga, que son las únicas que quedaban y ya toda la CCAA está en Fase 2.En Murica pasa Totana que era la única localidad que faltaba por alcanzar esa fase.Y a la Fase 3 pasan 4 islas.En Baleares: Formentera.En Canarias: La Graciosa, Gomera y el Hierro.Así lo ha anunciado esta tarde el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Santiarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, que ha comparecido en rueda de prensa en Moncloa junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.Esto significará que a partir del lunes más de 10 millones de personas se incorporarán a la fase 2. En total, casi el 70% de la población española podrá realizar las actividades recogidas en esa fase, lo que suma aproximadamente unos 32 millones de españoles. Mientras que otros 15 millones seguirán en fase I y unos 45.000, en fase 3.El ministro ha recordado que el proceso de transición a una nueva fase se lleva a cabo siguiendo el proceso de cogobernanza establecido. La decisión del paso de fase se ha adoptado después de las reuniones bilaterales que ha mantenido el Ministerio de Sanidad con las respectivas comunidades autonómas que han solicitado progresar de fase o lograr más flexibilidad en las medidas que aplican en la fase que están, como ha sido el caso de Madrid.Entre ayer y hoy, el ministro y su equipo se han reunido con los técnicos y consejeros de nueve gobiernos regionales, a los que Illa ha agradecido "el enorme trabajo que están realizando y su convencida colaboración para adoptar, en el proceso de desescalada, decisiones con el mayor grado de consenso".Según el Ministro, las decisiones se toman en base a un análisis conjunto cuantitativo y cualitativo de distintos parámetros desde un punto de vista integral.Ha recordado que España ha pasado de tasas de contagio del virus de más del 30 por ciento a un porcentaje 30 veces menor, pero ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad. "El riesgo de posibles rebrotes existe y, por tanto, la cautela es el mejor aliado", ha señalado y ha insistido en que la mejor receta para llegar a la derrota del virus es mantener un "comportamiento igual de responsable y ejemplar" que durante el confinamiento.ACTIVIDADES EN FASE 2.El Gobierno estableció las medidas para la fase 2 en la Orden del publicada el pasado 16 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el pasado miércoles, se publicaron también una serie de flexibilizaciones de las fases 1 y 2, respondiendo así a las demandas expresadas por algunas comunidades autónomas.En los territorios que se encuentran en Fase 2, las personas de hasta 70 años pueden realizar actividad física no profesional o salir a la calle a dar paseos en cualquier franja horaria excepto en la franja horaria de las personas mayores o dependientes de un cuidador (entre las 10.00 y las 12.00 horas y entre las 19.00 y las 20.00 horas), para evitar el contacto con estas personas.Asimismo, desde el pasado 11 de mayo estas franjas horarias pueden adaptarse en cada comunidad o ciudad autónoma con arreglo a las condiciones meteorológicas. También, desde el miércoles 27 de mayo, se podrán dar paseos o hacer senderismo desde viviendas que estén a más de un kilómetro del campo.PLAYAS Y PISCINAS Las personas de una misma provincia, isla o unidad territorial en Fase 2 pueden acceder a las playas para bañarse y realizar actividades deportivas, profesionales o de recreo, pero de forma individual y sin contacto físico.Las playas deben establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de dos metros entre usuarios y los grupos no deben superar el máximo de 15 personas.Pueden abrir las piscinas recreativas con un aforo máximo del 20 por ciento de la capacidad de la instalación. En caso de que los usuarios no puedan mantener la distancia de seguridad de dos metros, el aforo debe reducirse.Para acceder a las instalaciones, los usuarios deben concertar una cita previa y antes de su apertura se debe llevar a cabo una limpieza y desinfección. Las superficies que cuenten con un contacto frecuente deben desinfectarse al menos tres veces al día.REUNIONES DE 15 PERSONAS Y BODAS CON HASTA 100 PERSONAS Las reuniones podrán contar con un máximo de 15 personas, excepto en el caso de personas convivientes y se podrá visitar a personas mayores en residencias y centros tutelados.Pero quedan limitadas a los centros en los que no haya casos confirmados de Covid-19, o en los que no haya ningún residente en periodo de cuarentena.Se podrán celebrar bodas, pero el aforo no puede superar el 50 por ciento del aforo de las instalaciones donde se lleven a cabo y en caso de ser al aire libre, la cifra no debe ser superior a 100 personas. En espacios cerrados pueden llevarse a cabo con un máximo de 50 personas.En cuanto a los velatorios, estos se podrán celebrar con hasta 25 personas si son al aire libre y 15, si se producen en un lugar cerrado.APERTURA DE CENTROS COMERCIALES CON EL 30 POR CIENTO DE AFOROLos centros comerciales podrán abrir con un 30 por ciento del aforo total, mientras el aforo dentro de cada uno de los establecimientos comerciales debe ser de un 40 por ciento.Quienes acudan a estos centros solo podrán utilizar las zonas comunes para transitar, pero no podrán permanecer en ellas.También se podrán volver a celebrar seminarios y congresos científicos o innovadores, pero con no más de 50 personas y deben cumplir la distancia de seguridad de dos metros. En caso de no poder hacerlo, deben disponer de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo "asegurando el desarrollo de tales actividades en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social".En cuanto a las medidas que se aplicarán para la fase 3 y que de momento solo se aplicarán en cuatro islas --Formentera en Baleares y La Graciosa, El Hierro y la Gomera-- se publicarán el próximo sábado en el BOE. No obstante, entre ellas estarán el aumento de asistencia a los velatorios, se aumentarán los porcentajes de uso de los restaurantes y las posibilidades de viajar en transporte público y privado.
8 h
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Perimetrado el fuego en el Hospital Hellín que ha obligado a evacuar a 44 pacientes
El incendio que desde las seis de esta tarde afecta al Hospital de Hellín ha quedado perimetrado sobre las 20 horas, según ha informado la Delegación de la Junta en Albacete, que ha informado de que se ha tenido que evacuar a 44 pacientes, seis de los cuales han sido trasladados al Hospital General de Albacete por sus patologías. El incendio, que se ha declarado en el sótano del hospital por causas que todavía se desconocen, ha obligado a evacuar todo el centro sanitario. Los pacientes que no han sido trasladados a la capital están siendo atendidos en el colegio La Olivareda de Hellín, donde se han instalado dispositivos de emergencia por parte de recursos del 1-1-2 y de Cruz Roja, según las mismas fuentes. En el siniestro trabajan bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) de los parques de Hellín, Almansa y Molinicos, además de Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y una UVI en modo preventivo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se desplaza en estos momentos hasta Hellín para conocer de primera mano la situación, tal y como ha informado a través de su perfil de la red social Twitter. "Todo mi apoyo y colaboración", ha añadido el presidente autonómico. Además, el presidente regional del PP, Paco Núñez, también a través de su cuenta de Twitter, ha ofrecido la ayuda de su partido para hacer frente a la situación.
9 h
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Gabilondo defiende que Franco hizo "lo que tenía que hacer" permitiendo el 8M con la información que disponía
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado retrasar al 10 de junio la declaración, que tendrá que ser presencial, de Franco, quien acudirá en calidad de investigado por autorizar la marcha feminista del 8-M en Madrid. Atiende así la petición de la Abogacía del Estado que pedía tiempo para preparar la defensa.A este respecto, en una entrevista con 'Onda Cero', recogida por Europa Press, Gabilondo ha indicado que quiere que se aclaren "las cosas bien" pero considera que en aquel momento Franco "hizo lo que tenía que hacer" cuando aún ni había estado de alarma y con la información que disponían no debían prohibir esa manifestación "ni muchas otras que se hicieron".Además, ha señalado que manifestarse es "un derecho fundamental" y que se deben tener "buenas razones" para prohibir concentraciones. "Ahora es cuestión de que esto se aclare y se dirima. En este momento (Franco) está llamado a comparecer para declarar y no hay otra cosa", ha añadido.Sobre si ha hablado con los ministros tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Gabilondo ha indicado que no lo ha hecho y que lo que entiende es que al ser un puesto de libre designación y siendo un cargo del que se puede perder su confianza "es así".
9 h
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Abascal acusa a Pablo Iglesias de tener un "discurso guerracivilista" y de "odio" desde la tribuna del Congreso
En el encuentro telemático 'Cañas por España' con los jóvenes de Vox, Abascal ha señalado que Podemos "se está convirtiendo en un peligro para la democracia" y ha señalado que Iglesias hace "apelaciones directas a la guerra civil desde la tribuna del Congreso".Abascal se ha referido así a las palabras del vicepresidente segundo en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso, en las afirmaba que "a Vox le gustaría dar un golpe de estado, pero no se atreven, porque para eso, además de desearlo y pedirlo, hay que atreverse".En este sentido, el líder de la formación ha afeado las "acusaciones virulentas" del secretario general de Podemos y ha animado a los jóvenes a "no caer en las provocaciones y mantener la esperanza" frente al "discurso de odio y guerracivilista" que, a su juicio, se padece en el Congreso. "Tiene que ser respondido con la virtud cívica de los españoles, con un discurso de concordia y unidad", ha destacado.Por último, ha insistido en que "no hay una mayoría alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez, pero no ha descartado presentar una moción de censura "como gesto político, aunque no se gane". Así, ha recordado que es el PP el que debe ejecutarla y ha avisado que si los de Pablo Casado "no ejercen esa responsabilidad" como líderes de la oposición, será Vox el partido que la lleve a cabo.
9 h
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La acusación pide a la jueza imputar a Simón por su gestión de la pandemia
La acusación que ejerce la Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha solicitado a la jueza que instruye la causa sobre el 8-M que cite como investigado (imputado) al director el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. En un escrito remitido a la jueza, esa asociación solicita además que se investigue por un delito contra los derechos fundamentales al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, único imputado en la causa, por una presunta prevaricación. En el caso de Simón, el letrado Víctor Valladares, pide que se le investigue por desobediencia y por denegación de auxilio, además de considerar que ha incurrido en una "flagrante dejación de funciones" en la gestión de la pandemia y de afirmar, entre otras cuestiones, que animó a asistir a la manifestación con motivo del Día de la Mujer. Tanto en su caso como en el de Franco, la acusación de apoya en el informe presentado por la Guardia Civil a la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. La acusación se centra en buena medida en las reuniones mantenidas los días 5 y 6 de marzo por Simón y el ministro, Salvador Illa, con los organizadores de un congreso evangélico que debía celebrarse en España entre los días 19 y 21 de ese mes, y en los argumentos que -según el informe- les dieron para no celebrarlo. El propio Simón ha explicado en rueda de prensa que ese informe no menciona que al Congreso iban a asistir personas de 120 países, algunos de ellos de riesgo, y que esa era una de las circunstancias que ya se intentaban evitar en esos momentos. La acusación sostiene que el epidemiólogo actuó de forma "evidentemente dolosa" prohibiendo unas manifestaciones y permitiendo e incluso "animando" a asistir a la del 8M. La acusación quiere que la jueza reclame todas las comunicaciones existentes entre el Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Emergencias relativas al coronavirus desde el 30 de Enero de 2020 hasta el 15 de Marzo de 2020 para determinar si desde el primero requirieron al segundo el auxilio que establece la ley y, de lo contrario, proceder contra Illa ante el Tribunal Supremo. En cuanto a Franco, se trata de una ampliación de denuncia por las supuestas presiones que, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, se hicieron desde la Delegación del Gobierno para la desconvocatoria de otras manifestaciones convocadas entre el 5 y el 14 de marzo.
9 h
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Toda la Comunidad Valenciana, Cataluña central, Girona, 3 provincias de CLM, Granada y Málaga pasan a Fase 2
El Ministerio de Sanidad ha aprobado el paso a fase 2 de las siguientes provincias y áreas sanitarias: En Castilla y León pasa la comarca del Bierzo.En Cataluña lo harán el área sanitaria de Cataluña central, Gerona, y las el Alto Penedés y el Garraf.En Castilla La Mancha pasan Albacete, Ciudad Real y Toledo.En la Comunidad Valenciana, las tres provincias.En Andalucía, pasan Granada y Málaga, que son las únicas que quedaban y ya toda la CCAA está en Fase 2.En Murcia pasa Totana que era la única localidad que faltaba por alcanzar esa fase.Y a la Fase 3 pasan 4 islas.En Baleares: Formentera.En Canarias: La Graciosa, Gomera y el Hierro.Esto supone que a partir del lunes el 70 por ciento de los españoles, aproximadamente unos 32 millones de españoles estarán ya en fase 2, mientras que otros 15 seguirán en fase I y unos 45.000 en fase 3.
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La junta electoral otorga a los carteros la capacidad de "dar fe" del voto y recoger el sufragio en el domicilio
De hecho, ha informado de este acuerdo el Gobierno gallego, que envió a la junta electoral varias peticiones para garantizar el derecho a voto y las medidas sanitarias a los ciudadanos. El acuerdo de la junta electoral recoge varias demandas de la Xunta, como organizadora de los comicios que es, y la cual insta a fomentar el voto por correo.La junta electoral ha aceptado parcialmente la propuesta del Gobierno gallego de que se pueda realizar por vía telemática, mediante un sistema que acredite la identidad del solicitante, la petición del voto. En este sentido, el árbitro electoral matiza que debe hacerse esta petición a través de la página web de Correos mediante firma electrónica.En cuanto a la posibilidad de establecer protocolos para facilitar el empleo de este sistema de votación, la junta electoral recoge que el personal de Correos que entrega la documentación electoral en el domicilio, una vez comprobada la identidad y recibidos los sobres electorales, "tiene la posibilidad de devolverlos ya cumplimentados", de manera que recibirá "un justificante que acredite que ya ejerció su derecho a voto"."El personal de Correos deberá comprobar la identidad de dicho elector mediante la exhibición del DNI o de cualquier otro documento oficial acreditativo de su identidad, debiendo anotar el número de dicho documento, dando fe de esa recepción personal, sin que, en consecuencia, sea imprescindible que el elector firme personalmente la entrega", señala la resolución de la junta electoral.De todas formas, la junta electoral central aclara que se trata de una posibilidad opcional y "extraordinaria" --con una interpretación especial de la ley para esta ocasión por la pandemia--, por lo que la fórmula presencial en la oficina de Correos deberá seguir vigente como hasta ahora en los plazos establecidos. Concretamente, está abierta la posibilidad de solicitar el voto por correo hasta el 2 de julio y se podrá emitir hasta el 8."DEMANDAS CUMPLIDAS"En un comunicado, el Gobierno autonómico considera "cumplidas las demandas" de la Xunta para que la junta electoral y el Ministerio del Interior "adopten medidas que favorezcan que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a voto de sufragio activo sin acudir al local electoral el día de la votación".La Xunta también proponía en su protocolo ampliar el plazo del voto por correo hasta dos días antes de las elecciones. Sobre esta cuestión, la junta electoral no se pronuncia y únicamente hace referencia en uno de los puntos de la resolución a los "plazos establecidos", que son los ya mencionados.En su resolución, la junta electoral pide dar traslado del acuerdo tanto a las administraciones de Galicia, como a la de País Vasco, que también celebra elecciones el próximo 12 de julio.
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