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El juez propone juzgar a López Madrid por contratar a Villarejo para "hostigar" a la doctora Pinto
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al empresario Javier López Madrid y al comisario José Manuel Villarejo por un delito de cohecho en relación al "hostigamiento" a la doctora Elisa Pinto, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El magistrado acaba de dictar auto de pase a procedimiento abreviado, contra el que cabe recurso, y enfila así el juicio contra López Madrid y el policía por el presunto encargo del primero al segundo, cuando Villarejo estaba aún en activo. El juez del caso Villarejo abrió una pieza separada del caso Villarejo a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, para investigar exclusivamente la posible contratación del policía en activo a cargo del yerno de Juan Miguel Villar Mir. Fuera de esa investigación quedaba por tanto el presunto acoso y las "lesiones con un instrumento peligroso" que el Villarejo habría causado a la mujer por encargo de López Madrid. Por estos hechos, la jueza de Madrid Belén Sánchez atribuye a ambos un delito de acoso y otro de lesiones y está pendiente de dictar auto de apertura de juicio oral. Entre la documentación incautada al comisario han aparecido distintos indicios de la citada contratación del policía por parte del poderoso empresario. En el auto de imputación dictado el pasado noviembre por García-Castellón se revela uno de ellos. Se trata de una conversación que Villarejo mantiene con terceros en enero de 2017 en la que el policía afirma: "Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un “embolao” y ni me has llamado para decirme ... (...) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios".El juez reproduce la afirmación de la Fiscalía Anticorrupción en la que ésta describe esta contratación de Villarejo, disfrazada como "gestión de crisis", como el "fiel reflejo de la corrupción que desde hace años habría infectado a un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".En mayo de 2017, Villarejo escribió en una agenda personal, también incautada, el temor que sentía por que la doctora Pinto le fuera a señalar en una rueda de reconocimiento ordenada por el juzgado de Madrid, como finalmente ocurrió, lo que derivó en su imputación. En dos ocasiones anteriores, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del comisario Eugenio Pino había conseguido eximir de su asistencia al policía alegando supuestos viajes de trabajo en el extranjero.El propio García Castellón, como instructor del caso Lezo, envió a juicio a López Madrid por el caso del tren a Navalcarnero. El yerno del fundador de OHL se sentará en el banquillo por corrupción junto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. López Madrid sigue imputado en el caso de la financiación irregular del PP de Madrid, en el marco del caos Punica, y ya fue condenado a seis meses de prisión por las 'tarjetas black' de Caja Madrid.
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Guillermo Díaz, Ciudadanos: "En Madrid y Murcia ya se está viendo lo que sucede cuando no gobernamos"
Guillermo Díaz (Melilla, 1978) es diputado de Ciudadanos por Málaga. Desde el principio de la legislatura ejerce en el Congreso como portavoz de Cultura y Deporte y como responsable de Sanidad, un área que le ha catapultado a ser uno de los rostros más conocidos del grupo parlamentario por sus intervenciones con motivo de la pandemia. Aunque fue fichado en 2015 por Albert Rivera, al que asegura que profesa una gran admiración, Díaz, experto en historia y gran amante del cine –ha escrito varios libros sobre esa materia–, se ha convertido en la nueva etapa liderada por Inés Arrimadas en uno de los dirigentes de su total confianza. Estas últimas semanas, por encargo de la líder, ha estado volcado en la preparación de la convención política que Ciudadanos ha celebrado entre los días 17 y 18 de julio, un papel que Arrimadas destacó y agradeció durante su discurso de clausura. El diputado malagueño no oculta su satisfacción por los resultados de este cónclave que cree que ya está dando sus frutos, tanto a nivel interno, "para devolver la ilusión a los afiliados que han participado con sus propuestas en la convención" –dice–, como de cara al exterior, después de que el partido haya hecho hincapié en que son "la única formación liberal que hay en España", marcando sus diferencias con el PP y Vox.Ciudadanos se declara ahora "liberal progresista". ¿Es una vuelta a sus orígenes, a la definición como partido de 2006 que luego Albert Rivera decidió modificar en la IV Asamblea eliminando las referencias a sus esencias socialdemócratas?No, no es una regresión a ningún sitio. De hecho, en los estatutos del ideario actual, la definición liberal progresista ya está. Lo que se ha hecho ahora es dar resaltar esa definición, reivindicar ese espacio y hacer más hincapié en esa parcela ideológica del partido, señalando que somos el único partido liberal de España y el referente para todos los partidos liberales de Europa, como se ha visto en esta convención.¿Del Ciudadanos de la etapa de Rivera, qué queda, si es que queda algo?Queda el partido. Albert ha sido fundamental para que diéramos el salto a la política nacional y para la existencia de Ciudadanos. Y queda mucho contenido programático, muchas cosas… esto es una continuación del trabajo que veníamos haciendo. No ha habido tantos cambios como pueda parecer, solo estamos reivindicando y señalando más las cuestiones en las que creemos, en las que hay que poner el foco, como la cuestión ideológica y ese carácter liberal y progresista de Ciudadanos.¿No han 'matado al padre'?No, por supuesto que no. En mi caso, respeto político, cariño y amistad con Albert Rivera. No puedo tener una mejor opinión de él. ¿Y al revés? ¿No le ven detrás de la operación del PP contra Ciudadanos ni apareciendo en la Convención que ha convocado en otoño Pablo Casado?Yo no lo veo. Sé que está muy bien a nivel personal. Profesionalmente está demostrando que es una persona tremendamente eficaz en su trabajo, muy hábil y audaz. Le está yendo muy bien. Él nos dijo que dejaba la política y sé que hoy por hoy prefiere estar trabajando y aportando a España desde la sociedad civil como el gran patriota que es. Al margen de que rechazara participar en la convención por las razones que ya se conocen y acaba de recordar, en las dos jornadas no se reivindicó su figura. Arrimadas ni siquiera le citó en su discurso de clausura que duró más de una hora.Tampoco citó a ningún otro dirigente excepto a los organizadores de la convención. Aquí se trataba de hacer una proyección hacia adelante reivindicando el carácter liberal del partido. Es muy importante a la hora de emitir un mensaje conseguir que ese mensaje se centre en lo que se tiene que centrar, porque, de lo contrario, los que han seguido la convención se hubiera fijado en otras cuestiones. Además, hubo un acto muy pegado a este para celebrar el 15 aniversario del partido donde Rivera sí fue citado. Él y los otros fundadores del partido.¿Y por qué cree que Rivera no ha tenido ni una palabra de aliento hacia Arrimadas desde que fue elegida presidenta de Ciudadanos ni ha apoyado a ningún candidato? Porque es muy consecuente con lo que dijo, que es que ha dejado la política. Hacer eso sería una actividad política.Los Renovadores de Ciudadanos han denunciado que la participación de los afiliados en la convención fue "fingida". Se preguntan qué ha sido de sus 2.000 propuestas porque no se ha dado a conocer ninguna y temen que estén en un cajón metidas.Yo les invitaría a que hablen con quienes vinieron a la convención y que les pregunten. ¿Ciudadanos es Arrimadas? Es decir, sin ella el partido, que ya en sí mismo atraviesa muchas dificultades, no es nada? Inés Arrimadas es la presidenta de Ciudadanos. Ciudadanos es una idea y un proyecto para España que hoy representa de forma muy eficaz Inés Arrimadas, que además ha demostrado muchas veces, como el otro día se vio, que es capaz de proyectar muy bien una idea relativamente compleja como es intentar poner en el debate público español la necesidad de un partido liberal en España. Como todo el mundo vio, hizo un discurso cargado de política como hoy no hace ningún otro presidente de ningún otro partido político, y que, según he podido testar yo después, todo el mundo ha alabado por su profundidad y el calado intelectual. Y eso demuestra que está muy preparada para defender estas ideas que poca gente como ella ahora mismo podría defender con la profundidad y amplitud que hizo ella en su discurso de clausura de la convención. Además, en el Congreso, en todas las iniciativas que presentamos, está la impronta de Inés. Inés es la persona indicada para defender el ideario liberal progresista en España.A Rivera le reprochaban su hiperliderazgo. ¿No está cayendo Arrimadas en el mismo error?Yo creo que ahora mismo se ve la pluralidad de portavoces que hay en Ciudadanos, más que en otras ocasiones. Inés ha establecido un equipo de portavoces más coral.Ciudadanos quiere o pretende ser el puente entre derecha e izquierda. ¿El partido vuelve a su vocación de bisagra?No me gustan los términos ferreteros, pero es verdad que Ciudadanos puede ser un puente entre los dos bloques, esa función de los liberales en Europa funciona muy bien y nos gustaría hacer una traslación a España. Una aritmética en la que los extremos no determinen las políticas públicas. Son los socialdemócratas y los conservadores, con el decantador esencial que son los liberales, los que han conseguido que no sea el grupo de Orban y Le Pen, al que ahora se une Vox, o que no sean los euroescépticos y populistas de izquierdas, grupo al que pertenece Podemos, quienes determinen cuáles son los mecanismos de ayuda y de reconstrucción en pandemia.El PP no para de atraer a sus filas a dirigentes de su partido y hay un debate dentro de Ciudadanos sobre esa fusión que reclama Casado. En la convención lo han descartado, pero si las encuestas siguen pronosticando que Ciudadanos corre el riesgo de desaparecer, ¿no se lo plantearían? Nosotros somos un partido que nace y surge con una idea, no somos un partido que nace por una nómina o por la necesidad de un sillón. Los que somos de verdad de Ciudadanos vamos a defender esa idea. ¿En ninguna circunstancia se plantearían esa unificación?Si se trata de una alianza como la que nos lleva a cogobernar en Andalucía, que hasta sectores del centroizquierda te reconocen que lo estamos haciendo muy bien; si la alianza es con un gobierno de coalición como el que hay en mi tierra, Andalucía, pues sí. Pero si esa alianza significa que Ciudadanos deje de ser Ciudadanos, pues no.Piden al PP que presente una moción de censura contra Sánchez pero no apoyan que lo haga Vox, ¿por qué, si la finalidad es la misma? Por lo mismo que gobernamos en coalición con el PP y no lo hacemos con Vox. No creemos ni votaríamos un gobierno de Vox, y no participaríamos en un Gobierno de Vox, con lo cual tampoco votaríamos a un candidato de Vox. Somos liberales.Se proclaman "liberales" y de "centro" pero no han dejado de pactar con la derecha del PP y en algunos lugares aceptando las imposiciones de Vox, como en Andalucía cuando negociaron los presupuestos, o en Murcia con el pin parental. No, no. Yo intento pensar qué ha impuesto Vox en algún Gobierno en el que participe Ciudadanos y no encuentro una concreción, aunque exista esa percepción. En Andalucía, por ejemplo, el pulso con los menas. Vox quiso que no se acogiera a niños en Andalucía y ¿dónde están los niños ahora? En Andalucía. Son medidas ultraconservadoras y poco solidarias de Vox que nosotros hemos parado.Aquel "no nos rendimos nunca" y el "no se puede vencer a quien nunca se rinde" de Arrimadas, ¿iba dirigido a Pablo Casado?No, eso es una actitud vital. "No se puede vencer a quien nunca se rinde" es la actitud que ha llevado a lo largo de la historia a Winston Churchill, sin ir más lejos, a no bajar los brazos cuando todo invitaba a que bajara los brazos; o a Alejandro Magno cuando se dirige a Hiraspes, llegando a la India, y tiene ganas de bajar los brazos; o cuando Julio César no se atreve a cruzar el Rubicón y no le lleva a nada bajar los brazos. Todos ellos lo que tienen en su cabeza es que no se puede vencer a quien nunca se rinde y eso es lo que tenemos nosotros en la cabeza ahora mismo.¿Qué le diría a Fran Hervías [exsecretario de Organización de Ciudadanos, fugado al PP], a quien usted conoce bien, si lo tuviera delante?Le preguntaría por su familia, a la que tengo estima, y le desearía lo mejor en lo personal. ¿No le haría ningún reproche por el papel que está jugando? [En el partido se le atribuye la operación para destruir a Ciudadanos]No soy de reproches. No me gusta juzgar la actitud o los papeles de los demás.¿No le considera un traidor?No quiero calificar a quienes están ya en otros partidos. Él defiende ahora unas ideas y yo defiendo otras.¿Granada será el último disgusto que sufrirán? Habrá que ver quién es el que se ha llevado el disgusto en Granada porque realmente es una operación que no ha terminado bien. El PP generó un problema donde no lo había y ahora han conseguido que haya un alcalde socialista imputado cuando las cosas funcionaban bien y habíamos pactado unos presupuestos después de cinco años sin ellos. Así que a quien haya generado esa operación que se le exija la cuenta de resultados.No han expulsado aún a Luis Salvador, como anunciaron.No. Somos un partido muy garantista y estamos en plazos de ese expediente. Los procesos tienen su tiempo para que tengan garantía. Salvador tiene un expediente de expulsión por parte de la dirección nacional por favorecer un gobierno con un alcalde socialista imputado. Aquí son otros partidos, el PP en particular, los que van a tener que explicar qué van a hacer con aquellos concejales que se salieron irresponsablemente de un gobierno que funcionaba. Que expliquen si mereció la pena volar por los aires un Gobierno que funcionaba para crear este esperpento donde el transfuguismo y el chiringuitismo campan a sus anchas.Salvador ha terminado en el nuevo gobierno del PSOE, supongo que no les ha extrañado, pero ¿qué ocurre en Ciudadanos para que tantos cargos públicos decidan darse de baja o irse a otros partidos?No sorprende que haya gente que vino a la política a otra cosa distinta al servicio público. Esa gente acierta yéndose a otra parte, porque para que te monten una agencia de viajes ad hoc, Ciudadanos no es el sitio correcto.¿Y por qué cree que el discurso de la nueva dirección, que lleva un año y medio al frente del partido, no consigue calar en los votantes y no paran de cosechar derrotas electorales?Yo creo que el discurso de la nueva dirección por culpa de muchas circunstancias, algunas externas que han afectado a todo el mundo como la pandemia, no nos permitió hacer una convención profundamente ideológica como la que acabamos de hacer. Las circunstancias y los plazos no han jugado a nuestro favor y toda nuestra capacidad ha estado centrada en esa pandemia en la que hemos jugado un papel fundamental. En mayo y junio del año pasado, con 850 muertos diarios, si no llega a ser por Ciudadanos todo el mundo habría salido a la calle. Ahora, cuando la situación nos ha dejado que nos miremos a nosotros mismos, es cuando nos hemos puesto a trabajar en proyectar hacia fuera nuestra línea e ideología política para que la gente vea que existe un partido liberal que está centrado en defender los derecho civiles y sociales, y en defender la unidad de todos los españoles.¿Cree que la gente entiende que hayan pasado de pactar todos los estados de alarma y las medidas sanitarias con Sánchez a criticar ahora sistemáticamente por todo o casi todo al Gobierno? Bueno, el otro día apoyamos el decreto de las mascarillas y eso no es menor. Soy el portavoz de Sanidad y sé perfectamente cuál es el mandato que tengo de Inés Arrimadas y es que en materia sanitaria tenemos que guiarnos por los criterios científicos, estar muy bien informados de lo que pasa y dice la comunidad científica y guiarnos únicamente por eso. En ningún momento hemos funcionado por un criterio propagandístico, comunicativo o partidista. Todo lo contrario. Asumimos incluso un gran desgaste por esos apoyos, pero sabíamos que estábamos haciendo lo correcto.Reconocen errores, entre ellos, no haber sabido comunicar bien el trabajo de los dirigentes que han estado en el Gobierno de Madrid. ¿Ninguno más?Es cierto que allí donde gobernamos en coalición acusamos que muchas medidas que sin Ciudadanos no existirían parece que son parte del partido que encabeza ese Gobierno. Por eso estamos haciendo mucho hincapié ahora en Andalucía en que tres leyes como la ley de lucha contra el fraude y la corrupción, la ley de protección de la infancia y adolescencia y la ley de autoridad docente las hemos impulsado nosotros. Y tenemos que hacer ver qué pasaría o qué pasa cuando Ciudadanos no está ya en esos gobiernos, como en Murcia y Madrid. Si se ponen en Google Murcia, Madrid, PP y Vox ya se ve lo que sale y lo que sucede cuando nosotros no gobernamos: Telemadrid, politizada absolutamente y una purga brutal y con José Antonio Sánchez, que fue un nefasto presidente de RTVE, otra vez al frente de la televisión pública. Para eso tenían que echar a Ciudadanos, está claro que tenían que echarnos. ¿Y cambiar de candidato en las autonómicas en Madrid casi en el último minuto no fue otro error?Fue un gesto de grandeza de Edmundo Bal, que sabía que era una tarea titánica. Pero fue una campaña que todo el mundo reconoce como muy buena pese a que no conseguimos los efectos que queríamos, posiblemente, porque la situación previa era difícilmente mutable, pero sí sirvió como catalizador interno. Fue un punto de inflexión interno con toda la afiliación volcada. No logramos sobrepasar ese barrera del 5% que nos hizo mucho daño, pero creo que tenemos bastantes posibilidades de remontar la situación en las que nos encontramos ahora mismo. ¿No temen que haya una desbandada de cargos municipales en Madrid?Yo soy bastante optimista. Creo que nos están pasando ahora más cosas buenas que malas. Ver a todo el partido y a la afiliación volcado en esas elecciones y la gira –por llamarlo así– que está haciendo el Comité Permanente por toda España creo que está teniendo un efecto muy positivo. Esas dos mil propuestas que tenemos encima de la mesa y que se presentaron por los afiliados las está estudiando ahora mismo el Consejo general para ver cómo las lanzamos. Sinceramente, yo creo que ahora mismo hay muchos motivos para estar ilusionados con los próximos meses de Ciudadanos. Yo estoy muy contento con el rumbo que hemos cogido en el partido. ¿Se arrepienten de la moción de censura de Murcia? Ciudadanos fue el gran perdedor de esa operación pactada con el PSOE.Yo creo que si uno tiene noticias de corrupción, de que hay gente que se cuela en la cola de vacunación en un momento en el que no sobraban precisamente las vacunas, y si se tienen noticias de que alguien está colocando a toda su familia o de muchas otras cuestiones de las que pasaban en Murcia que han publicado los medios de comunicación, creo que nuestra obligación era parar eso. ¿Hemos perdido esa batalla? Sí, la hemos perdido. ¿Nos ha salido mal? Sí. Pero era nuestro deber y nuestra obligación hacer frente a todas estas cuestiones.¿Creen que Arrimadas ha recuperado ese espacio de confianza de aquellos círculos mediáticos y empresariales que Rivera lamentó que dejaran de apoyarle? Creo que se ha valorado mucho, por conversaciones que hemos tenido, el contenido de la convención, pero, sobre todo, el discurso de Inés, su calado intelectual. Quienes siguieron la convención, periodistas de todo tipo y gente de la sociedad civil, también han alabado el carácter intelectual y profundo de un discurso muy meditado, muy reposado, muy relajado y extenso, que no respondía a cánones mediáticos sino que respondía a cánones intelectuales y netamente políticos. Hay un apoyo que no ha dejado de pasar nunca, gente de un espectro de todo tipo. Yo hablo con mucha gente y todo el mundo coincide en la necesidad de que haya un partido como el nuestro. Ahora lo que tenemos que conseguir es que además de que coincidan en eso, nos voten. Y en eso estaba.¿Ciudadanos entonces está, como se dice coloquialmente, vivito y coleando?...(se ríe) y taconeando.
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El racismo, la ideología y la orientación sexual centran los delitos de odio pese a caer las denuncias por el confinamiento
Los delitos e incidentes de odio denunciados durante 2020 ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado descendieron en un 17,9% debido al confinamiento, según los datos recopilados por el Ministerio del Interior y a los que ha tenido acceso elDiario.es. Con limitación de la presencia en la calle o sin ella, un año más el racismo, la ideología y la discriminación por la orientación sexual volvieron a situarse al frente del número de denuncias. Hasta 485 personas que se vieron atacadas por el color de su piel o su procedencia extranjera denunciaron los hechos. Se trata de tan solo un 5,8% menos que en 2019 pese a los meses de confinamiento. Se da la circunstancia de que el racismo se coloca como la primera causa de delitos de odio denunciada por delante de la ideología, a diferencia de lo que ocurrió en 2019. Sin embargo, en ese ejercicio anterior de 2019 ya se registró un incremento de los delitos de odio vinculados al color de piel del 20,9% respecto a 2018.Las restricciones tampoco evitaron que las denuncias por discriminación en razón del género y de orientación sexual subieran de 69 a 99, un 43,5% de incremento. El Ministerio del Interior ofrece la cifra de hechos discriminatorios por género y orientación sexual de forma conjunta –el citado incremento del 43,5%–, pero también los desglosa. Los hechos denunciados por odio hacia personas por su orientación sexual se mantuvieron prácticamente respecto a 2019 pese a la pandemia: de 278 a 277. Pero los delitos e incidentes denunciados relacionados con el mero hecho de ser mujer crecieron de 69 a 99.En total en España se registraron 1.401 denuncias por delitos o incidentes de odio en los doce meses de 2020 frente a los 1.706 del año anterior, según recoge el Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio. Dicho informe también deja otros datos llamativos. Por ejemplo, en el año de la pandemia crecieron un 69,2% los hechos denunciados por discriminación a personas con discapacidad (44 casos) y un 57,1% a personas por el simple hecho de estar enfermas (13 casos). Los datos recopilados por el Ministerio del Interior permiten hacer un retrato robot del detenido o investigado por delito de odio en 2020: un varón español, entre los 26 y los 40 años, que es objetivo de las Fuerzas de Seguridad por haber proferido amenazas, lesiones o haber incitado públicamente al odio. Un 77,4% de los detenidos o investigados eran españoles, mientras que entre el 22,6% restante destacan marroquíes y rumanos. Las redes sociales son un espejo de lo que ocurre en la calle. La ideología, el racismo y la orientación sexual también tienen en Internet el mayor número de incidentes de este tipo, un total de 147 de los 1.401 denunciados durante 2020.Pese a ello, la calle sigue siendo el lugar donde más delitos de odio se cometen, 511 de los 1.401 registrados. Le siguen las viviendas, donde se registraron 315 incidentes. Y en tercer lugar, los bares y otros lugares de ocio, con 212 casos. Los campos de fútbol y otras instalaciones deportivas triplican en incidentes a los lugares de culto, de 71 en el primer caso a 20 en el segundo. La estadística del Ministerio del Interior recoge otras cifras por tipo de incidente. Por ejemplo, la aporofobia, u odio al pobre, que registró diez casos. O el antigitanismo, del que se contabilizaron un total de 22. Por creencias o prácticas religiosas se conocieron 45 casos de discriminación. Incluso las personas mayores provocaron el odio de los detenidos o investigados por el hecho de serlo en diez casos.
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El PP desprecia el órdago de Vox y le fuerza a dar marcha atrás en su plan de "ruptura"
La última "ruptura de las relaciones con el PP" anunciada por Vox duró esta vez menos de 24 horas. El mismo portavoz de la formación de extrema derecha, Jorge Buxadé, que el lunes dio a entender que su partido dejaría de sostener los gobiernos populares en comunidades y ayuntamientos en represalia por la abstención del PP en la declaración de persona 'non grata' a Santiago Abascal en Ceuta del pasado viernes, se vio este martes obligado a matizar sus palabras. La dirección de Pablo Casado no se había tomado en serio el órdago lanzado por Vox, el enésimo en los últimos tres años de convulsa relación política entre los dos partidos, y optó por despreciar con su silencio la advertencia lanzada por uno de sus apoyos necesarios en administraciones como la andaluza o la madrileña –aunque ambos partidos rivalizan por el mismo electorado–, forzando a la extrema derecha a suavizar su mensaje y dejar claro que no va a romper ningún Ejecutivo autonómico o municipal en manos del PP."Vox se ha caracterizado por el sentido común y por tomar decisiones teniendo en cuenta el bien de los madrileños, los andaluces y los murcianos", apuntaba este martes Buxadé durante una entrevista en EsRadio, tratando de dejar claro que no va a producirse esa supuesta ruptura con los gobiernos en la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía, donde el apoyo de la extrema derecha es imprescindible para mantener los ejecutivos del PP –en las dos primeras, la segunda con tránsfugas de Cs y Vox– y de coalición entre PP y Ciudadanos en la última. El portavoz de Vox quiso explicarse con las siguientes palabras: "Hay una agresión personal a Abascal [en alusión a la declaración de persona 'non grata' por parte de la Asamblea de Ceuta] y a lo que representa. Y lo más normal, humano, de honra y de honor es que el partido solicite una reparación. Y si no se produce, las relaciones están rotas. Yo no me puedo ir a comer y cenar contigo y jiji jaja. Repara el daño y sigamos trabajando por el bien común". "Una cosa es exigir una reparación del daño y otra hacer algo en contra de los intereses generales, que es algo que no va a hacer Vox", insistía el dirigente de la extrema derecha, descartando que vaya a dejar caer los gobiernos del PP en autonomías y ayuntamientos. Y sobre el anuncio de "ruptura" verbalizado por él mismo menos de 24 horas antes, matizaba: "¿Quiere decir que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, nunca Vox ha hecho eso". El tono de Buxadé fue bien distinto el lunes, sobre todo después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, justificara la abstención de su partido en la votación del viernes asegurando que un voto en contra no hubiera sido "coherente" al considerar que, el pasado 24, el día en el que se produjo la inédita crisis con Marruecos que supuso la entrada masiva de miles de personas en la ciudad autónoma, el líder de Vox se desplazó a Ceuta "a decir que en la Asamblea de Ceuta hay partidos políticos que sirven a los intereses de Marruecos, que son quintacolumnistas de Mohamed VI". "Es decir, vino a perturbar la convivencia, a quebrar la unidad de acción y a coincidir con el discurso de Marruecos, que dice que la sociedad ceutí está dividida en dos partes: los españoles y los marroquíes", sentenció el lunes el veterano presidente ceutí.Minutos después, Buxadé declaró: "Consideramos que el PP, con su abstención, y con las declaraciones de Vivas ha roto relaciones con Vox, tomamos nota y damos las relaciones rotas". El portavoz de la extrema derecha exigió a Casado una desautorización a Vivas que nunca se produjo porque de lo contrario, dijo el lunes, no iba "a poder seguir reclamando ayuda a Vox para sus propuestas en ayuntamientos o asambleas autonómicas". Esta posibilidad fue rectificada por el mismo dirigente de Vox este martes.Vivas ha querido en las últimas horas desmarcar a la dirección de su partido de su decisión de abstenerse, el pasado viernes. "No ha sido mi intención meter en un lío a la dirección general del partido. El único responsable de esa votación soy yo, los únicos responsables somos los que formamos parte del Grupo Popular de la Asamblea porque esa posición del PP no estuvo consultada ni autorizada por la dirección general", matiza ahora. "Si Vox tiene que situar la diana, que la sitúe en mí", insiste.El partido de extrema derecha ha solicitado este martes que la Asamblea de Ceuta debata revocar la declaración de Abascal como 'persona non grata'. Sin embargo, la Mesa de la institución ha rechazado a última hora incluir ese punto en el orden del día del pleno de este miércoles. Lo han decidido por unanimidad los tres miembros del órgano, que son el propio Vivas, una vicepresidenta del PSOE y otra del PP.En realidad, en la dirección de Casado nunca se creyeron las palabras de Buxadé anunciando la "ruptura" de sus relaciones con el PP. "Ya han amagado con romper otras veces", explicaron el mismo lunes fuentes oficiales de la cúpula de los populares. Génova 13 sostiene, además, que a la extrema derecha no le queda "más remedio" que apoyar sus gobiernos en comunidades autónomas y ayuntamientos porque, de lo contrario, el partido de Abascal sería el responsable de que en esos territorios pudiera gobernar la izquierda. En un calculado doble juego, el equipo de Casado ha querido respaldar a Vivas, enfrentado directamente con Vox, aunque se ha desmarcado de la declaración de persona 'non grata' a Abascal con unas escuetas palabras de argumentarios internos que han repetido los pocos dirigentes públicos que han intervenido públicamente entre el lunes y el martes. "El PP nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático", señaló este martes el propio Casado durante una conferencia, apelando a "hacer frente a la división política de las fuerzas moderadas y de centro derecha".En realidad el PP sí declarado o ha intentado señalar a distintas personalidades como 'non gratas' desde distintas instituciones. Lo ha hecho con diversos dirigentes del PSOE, entre ellos, el presidente del Gobierno, consejeros del Gobierno vasco o el actor Willy Toledo, entre otros.En cuanto a la polémica de Ceuta, la dirección del PP recuerda no es la primera vez que Vox lanza una amenaza semejante de ruptura. Desde que en 2018 los populares lograran su primer acuerdo con la extrema derecha para gobernar en Andalucía, han sido constantes los ultimátum del partido de Abascal, tanto en la comunidad andaluza como en Madrid o Murcia, las otras dos plazas en las que el partido de Abascal es clave para poder mantener los gobiernos de derechas. En las dos primeras, Vox lleva meses asegurando que no sostendría a sus respectivos ejecutivos si no se aprobaba el conocido como 'pin parental', el derecho de veto de los padres a que sus hijos reciban charlas o formación en materia de igualdad o diversidad. Aunque tras la fallida moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia, el presidente regional, el popular Fernando López Miras, introdujo en su gobierno a dos consejeros de la extrema derecha alejados de la dirección de Abascal –una de ellas precisamente en Educación–, el Ejecutivo autonómico no ha puesto aún en práctica ese veto parental. Tampoco se ha instaurado en Andalucía. Y Vox sigue sosteniendo a ambos gobiernos. Una amenaza similar se dio en la Comunidad de Madrid, donde la extrema derecha aseguró en la legislatura pasada que no apoyaría los Presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso –que entonces gobernaba en coalición con Ciudadanos–, si no introducía el citado 'pin parental' en la región. La presidenta madrileña adelantó las elecciones al pasado mayo sin haber aprobado esas cuentas y, aunque arrasó absorbiendo todo el voto del que fue su socio, Ciudadanos, volvió a necesitar del apoyo de Vox para ser investida. El partido liderado en Madrid por Rocío Monasterio dio sin problema sus votos para reelegir a Ayuso, y no se planteó tumbar la investidura a pesar de que la dirigente del PP no les ha prometido implantar ese veto de los padres.A nivel estatal, Casado estuvo meses tratando de diferenciarse de la extrema derecha y escenificó el pasado octubre una teórica ruptura con Santiago Abascal durante la fallida moción de censura registrada por Vox contra Pedro Sánchez. Pero la dependencia del partido ultra para mantener gobiernos autonómicos y municipales y la batalla por la hegemonía de la derecha –y por el mismo electorado– que mantienen ambas formaciones desde hace tres años han forzado al jefe de la oposición a adaptar de nuevo su agenda al paso que le marca Abascal.El líder del PP contemporiza con algunos de los postulados de la extrema derecha, sobre todo en materia de inmigración, en contra de avances sociales como la eutanasia o la ley trans y, más recientemente, con su connivencia con el revisionismo histórico con la Guerra Civil y la dictadura.
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Casado dice que "el PP nunca ha levantado cordones sanitarios" pese a sus múltiples peticiones de declaración de persona non grata
Pablo Casado ha asegurado este martes que el PP "nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático" después de que Vox diera por rotas las relaciones con su formación por una declaración de persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta, en la que el PP se abstuvo.Pese a asegurar que su partido "tan solo" reinvindica "una política responsable y de Estado en las cuestiones fundamentales" sin "cordones sanitarios" contra líderes políticos, el pasado 23 de mayo el PP pidió en el Pleno de Toledo la declaración de persona non grata para el alcalde socialista de Palma de Mallorca, José Hila, por la polémica que generó la eliminación de la "calle Toledo" de su callejero.En Galicia, le tocó a Pedro Sánchez, cuando los populares de Pontevedra pidieron su reprobación por el "ninguneo" y la "humillación" a la zona en los Presupuestos Generales del Estado. En la misma región, en 2013 Vigo acordó por unanimidad señalar al por entonces comisario europeo Joaquín Almunia con esta categoría -además, la formación envió una carta al líder de la Comisión Europea, Durao Barroso, solicitando dicha declaración-. Igualmente, de nuevo en la provincia pontevedresa, el aún presidente Zapatero dejó de ser bien recibido en 2010.Cuatro años más tarde, el ex secretario general del PSOE, junto con el expresidente de Baleares, Francesc Antich, y el que fuera conseller de Medio Ambiente, Biel Vicens, fueron el foco de una solicitud presentada por la formación popular en el parlamento insular, a raíz de unas prospecciones petrolíferas.La consejera vasca Arantxa Tapia se enfrentó a la misma situación en Navarra, donde a través de una declaración institucional, el PPN la señaló por unas palabras en las que incluía a Pamplona entre las "capitales vascas". Por su parte, el líder abertzale, Arnaldo Otegi, fue objeto de una petición similar, en este caso por parte del Ayuntamiento de Málaga, presidido por los de Casado, por su supuesta vinculación con la banda terrorista ETA.El PP de Burgos pidió igualmente en 2009 que se considerase persona non grata al secretario provincial del PSOE, José María Jiménez, debido a su "comportamiento bochornoso" durante los actos en honor a la patrona de Aranda del Duero.Estos procedimientos se remontan al 2006, cuando la en aquel momento ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, vio como los populares de Murcia solicitaban este tratamiento para ella tras unos presuntos ataques al director general del agua, Jaime Palop.
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Detenido el presidente del CD Badajoz y registrado su estadio por un fraude masivo del IVA
El presidente y dueño del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra Páez, ha sido detenido este martes por efectivos de la Guardia Civil dentro de una operación contra una presunta organización criminal que habría defraudado más de 13 millones de euros de IVA, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. El estadio Nuevo Vivero del equipo de la capital pacense, que milita en Segunda División B, es uno los 16 inmuebles registrados por orden judicial. Junto a Parra Páez hay otros cuatro detenidos a los que se les atribuye un delito contra la Hacienda Pública. Como resultado de la operación se ha procedido al bloqueo y embargo preventivo de 225 cuentas bancarias, 36 inmuebles, dos yates y 49 vehículos de lujo. El titular del juzgado de Málaga que dirige la operación ha declarado el secreto de las actuaciones. La Guardia Civil ha procedido igualmente a la paralización de la actividad y embargo del combustible de 6 gasolineras con las que se defraudaba a Hacienda. Parra Páez figuró hasta diciembre de 2020 como administrador único de la compañía a la que pertenecen, Extrem Petrol.Los registros se han extendido por Málaga, Madrid y Sevilla. En la capital andaluza se ha registrado la sede de Extrem Petrol. Según Efe, el hijo de Parra sigue como apoderado de la compañía.Parra Páez habría invertido más de tres millones de euros procedentes del fraude en el estadio del equipo. El empresario sevillano Joaquín Parra se hizo con el club en junio de 2019 sin haber tenido antes vinculación alguna con el mundo del fútbol. En enero de 2020 concedió una entrevista al diario As en la que aseguraba: "En seis o siete meses hemos crecido una barbaridad y puedo decir que somos uno de los clubes más grandes de Segunda B, incluso mayores que algunos de Segunda. Y en términos económicos hay muy pocos tan saneados como nosotros. Había mucha deuda. Ya está todo al día".
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La Policía detecta sobrecostes en un 80% de 23 adjudicaciones analizadas a donantes de la caja B del PP
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado sobrecostes de entre el 4,85 y el 94,53 por ciento en 18 de las 23 adjudicaciones que ha analizado de todas las que se concedieron a la Constructora Hispánica desde la Administración General del Estado (AGE) durante el segundo Gobierno de José María Aznar, según consta en un informe enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la causa sobre las llamadas comisiones finalistas.En el informe policial, al que ha tenido acceso Europa Press, se analizan 23 expedientes de contratos públicos adjudicados bien a la Constructora Hispánica en solitario bien a Uniones Temporales de Empresas (UTE) de las que formaba parte, entre los años 2000 y 2004 por parte de la AGE y de sus organismos o entidades públicas dependientes como AENA, RENFE O TURESPAÑA. Las 18 adjudicaciones con sobrecostes suponen un 78,2 de los 23 contratos analizados. La UDEF ha puesto el foco en las obras concedidas a dicha constructora porque su presidente y consejero entre 1992 y 2009, Alfonso García Pozuelo, así como algunos miembros del consejo de administración de las otras empresas que integraban las UTEs ganadoras, constan como donantes de la presunta 'caja b' del Partido Popular.Tras analizar todo el proceso, desde las ofertas de las distintas mercantiles hasta la finalización de las obras, los investigadores han concluido que, de los 23 expedientes estudiados, 18 tuvieron "un coste superior al precio original" que osciló entre el 4,85% de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) y el 94,53% de TURESPAÑA.Y ello, explica la UDEF, debido a "cambios en las circunstancias de ejecución del contrato, ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final y obras complementarias".Este informe, fechado el 20 de julio, se ha conocido después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 decidiera no prorrogar la investigación sobre los famosos papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que debido a los nuevos plazos legales caducaba el 29 de julio.Pedraz ha estado investigando si los donantes de la presunta 'caja b' del PP daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas. La causa la inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero la cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de enero que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del pasado 16 de julio ante Pedraz, el ex tesorero implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.
1 d
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Corinna Larsen pide a la justicia británica una orden de alejamiento contra Juan Carlos I y el CNI
La empresaria alemana Corinna Larsen, antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, ha denunciado al rey emérito ante la justicia británica por amenazas. En el escrito de sus abogados, según adelanta Financial Times, Larsen solicita una orden de alejamiento del anterior jefe del Estado y de cualquier agente del servicio de Inteligencia español, el CNI, para que no puedan acercarse a menos de 150 metros de sus residencias.En su denuncia, Larsen acusa al rey emérito y al CNI de "vigilancia encubierta" y de acoso desde 2012 "hasta la actualidad". Larsen asegura que los problemas comenzaron cuando el rey le pidió que le devolviera los 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudí que, según su versión, el monarca español le había regalado a ella y su hijo. Los problemas comenzaron, continúa, cuando el rey emérito le reclamó que le devolviera la cantidad. Al negarse, Juan Carlos I habría comenzado una campaña de descrédito contra Larsen, afirma la denunciante. Esta campaña, continúa, le causó un perjuicio en sus negocios y por ello reclama una indemnización que la denuncia no concreta, informa 'Financial Times'. elDiario.es avanzó en marzo de 2020 la denuncia que iba a presentar Larsen. Larsen asegura que entonces su piso en Mónaco fue ocupado por una empresa de seguridad con sede en el mismo país. Según cuenta, los servicios de inteligencia españoles le comunicaron que se trataba de un operativo para garantizar su seguridad.Unos meses después, según denuncia la empresaria, el CNI la amenazó de muerte cuando estaba en su habitación en el Hotel Connaught de Londres. "Tras la intrusión de los servicios secretos en mi habitación del hotel, yo estaba aterrada, especialmente cuando me amenazaron a mí y a mis hijos diciendo que no podían garantizar mi seguridad física", declaró Larsen."Insistían en que permaneciese en silencio. Me enviaron un correo, utilizando un pseudónimo, en el que explicaban que hablar con los medios resultaría devastador para mi imagen. Yo me lo tomé como que destruirían mi reputación si no cooperaba. De hecho, esta amenaza se llevó a cabo con éxito", señaló la empresaria al periódico británico. En términos similares se explicaba Corinna Larsen en el audio que le grabó Villarejo sin su consentimiento en 2015 y cuyo contenido publicaron Okdiario y El Español.Sobre la visita de Sanz Roldán a Larsen, el exdirector del CNI declaró en el juicio contra Villarejo que él nunca ha amenazado a una mujer ni a un niño, al tiempo que se negó a dar más detalles amparándose en el secreto que protege legalmente las acciones del CNI. Al tiempo dijo que su visita a la pareja del rey fue un asunto personal. Un fiscal suizo mantiene abierta una causa desde 2018 en la que están imputados la propia Corinna y dos presuntos testaferros del rey. La causa fue abierta a raíz de la publicación en los medios de comunicación del audio grabado en 2015 por el comisario Villarejo a Corinna Larsen en Londres en la que esta denunciaba presuntas actividades ilegales del monarca e identificaba al gestor Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica, residentes en Suiza, como sus testaferros.Las pesquisas del fiscal especial Yves Bertossa avanzaron hasta identificar una transferencia en 2008 de 100 millones de dólares desde Arabia Saudí a una fundación que el funcionario suizo identifica con Juan Carlos I y de ahí salieron, en 2012, 65 millones de euros transferidos a una cuenta bancaria de Corinna Larsen. El fiscal Bertossa sospecha que los 100 millones originales son la comisión que cobró Juan Carlos I por su participación en la adjudicación de la obra del AVE a La Meca a empresas españolas, entre ellas OHL, de su amigo Juan Miguel Villar Mir.
1 d
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Bárcenas: “Los empresarios estaban dispuestos a donar dinero al PP a cambio de sentarse una hora con un ministro”
El extesorero del PP Luis Bárcenas describió el pasado 16 de julio en la Audiencia Nacional su labor y la del fallecido Álvaro Lapuerta en la caja B del partido como de intermediarios entre los constructores que querían tener acceso a los ministros del ramo, principalmente Fomento y Medio Ambiente, a cambio de una cantidad de dinero negro para la contabilidad paralela de la formación, según aparece en el vídeo de la declaración, al que ha tenido acceso elDiario.es.“Era un concepto de relaciones públicas. No sé si en el mundo del lobby en otros países donde está admitido legalmente cómo funcionan las cosas pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosostros. Al final en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio”, afirma Bárcenas a preguntas de la representante de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane.La jefa de la Sección Penal de la Abogacía del Estado intentó que Bárcenas concretara quién participaba en esa trama. Bárcenas respondió que los ministros de Fomento y Medio Ambiente y sus secretarios de Estado desde 1996 a 2004 sin precisar nombres. Esos cargos fueron ocupados, en lo que respecta a Fomento por Rafael Arias-Salgado y Francisco Álvarez Cascos; y en la cartera de Medio Ambiente por Isabel Tocino, Jaume Matas y María Élvira Domínguez. Bárcenas describe cómo en una ocasión, Lapuerta conectó a uno de los empresarios con un director general de Carreteras para enfado de Álvarez Cascos, ministro de Fomento. “El ministro tiene una conversación un poco dura con Alvaro para recriminarle llamar a un director general y no a él y prohibirle que se dirigiese a ninguna persona que dependiese de él. De alguna forma le cerró la puerta para que pudiera dirigirse a cualquier membro de la administración por debajo de él”, afirmó Bárcenas. El extesorero del PP añadió después que en el caso de que los empresarios estuvieran interesados en comunidades autónomas del PP, Lapuerta les conectaba directamente con el presidente de la región. Luis Bárcenas declaraba ante el juez que instruye la línea del cohecho de los empresarios dentro del caso de la caja B, Santiago Pedraz, por un escrito que presentó el pasado febrero y en el que, por primera vez, aludía a donaciones finalistas más allá de la que ya había denunciado en 2007 para la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal. Sin embargo, ante el juez dijo que no podía precisar nada concreto de esas donaciones finalistas porque se trata de documentación que le fue sustraída durante la Operación Kitchen en el estudio de su mujer y que, según él, esconde el comisario imputado Andrés Gómez Gordo, actual jefe de la comisaría madrileña de Villa de Vallecas y antiguo asesor en Castilla-La Mancha de Cospedal.Sobre esa documentación sustraída, Bárcenas dijo: “El concepto de los gastos eran electorales, de mailing, de imprenta, una serie de conceptos que en aquella época no estaban financiados por la ley electoral y que tenían un coste muy elevado y requerían nodos adicionales a los que se aportaban oficialmente en la campaña. Se hacían acciones específicas para conseguir que determinados donantes entregaran esos documentos. Lo que se contenía en esa documentación es quién dio el dinero, la cantidad y a qué se aplicó”.
1 d
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VÍDEO | Bárcenas declara ante el juez que investiga el cohecho de empresarios en la caja B del PP
1 d
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Cuidado con llamar incendiario non grato al que va a Ceuta con una antorcha
Durante décadas, muchas discusiones en Madrid sobre Ceuta y Melilla venían acompañadas de un aviso que quería ser sombrío. Algún día, la población musulmana de ambas ciudades superaría a la de origen español (es decir, católica) y eso pondría en peligro la pertenencia de ambas a España. Ese discurso catastrofista nunca se convirtió en realidad, a pesar de que la premisa casi se ha cumplido. Un 43% de los habitantes de Ceuta es musulmán, según un estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España. El porcentaje supera el 50% en Melilla. Los problemas económicos son reales y los sentimientos racistas existen desde hace tiempo, pero la convivencia nunca se ha quebrado por completo.Vox ha venido para cambiar esa situación con la idea de que redundará en su favor en las urnas. Atizar el enfrentamiento entre ambas comunidades es su principal argumento. El asalto a la frontera de Ceuta en mayo propiciado por el Gobierno marroquí ha sido una oportunidad que el partido de Santiago Abascal no ha desaprovechado. Su líder fue corriendo a Ceuta para reclamar mano dura y la militarización de la frontera. Regresó después para un mitin en la ciudad, que no llegó a celebrarse por prohibición judicial. Su presencia provocó incidentes cuando centenares de personas le abuchearon frente al hotel en que se encontraba. La Asamblea de Ceuta votó a favor de denominar a Abascal persona non grata en la ciudad con los votos del PSOE y de dos pequeños partidos locales, MDyC y Caballas, además de la abstención del PP, el primer partido con nueve escaños (el PSOE cuenta con dos menos y Vox con cinco menos tras la salida de otros dos al grupo mixto). El portavoz de Vox en la Asamblea había cumplido antes la orden de sus jefes de elevar al máximo la crispación en los plenos. Un debate sobre una rotonda fue suficiente para que el líder regional de la extrema derecha denunciara al presidente, Juan Vivas, del PP, por no convocar un pleno extraordinario dedicado a los acontecimientos en la frontera, e insultara a Fatima Hamed, del partido MDyC, tachándola de "integrista" y de servir a los intereses de Marruecos. Vox pretende definir a los partidos musulmanes y a sus votantes de "quintacolumnistas", como si Marruecos estuviera a punto de invadir Ceuta y hubiera que ocuparse del enemigo interior. Sin embargo, su objetivo último es tachar a Vivas y al PP de blandos ante esta supuesta amenaza para provocar tal resentimiento entre comunidades que los votantes del PP acaben en manos de Abascal. En las elecciones autonómicas de mayo de 2019, el PP superó en 3.000 votos y casi nueve puntos a Vox. En las generales de ese año, seis meses después, se cambiaron las tornas y la extrema derecha ganó el escaño de Ceuta. Vox le sacó 4.300 votos al PP.La extrema derecha tiene una estrategia muy clara: "Vox lleva dos años poniendo en duda la españolidad de parte de nosotros sólo en base a la religión, la vestimenta, la zona donde resides", dijo en mayo el sociólogo de Ceuta Enrique Ávila. "Han ido sembrando la semilla del enfrentamiento entre 'moros y cristianos', como si de una cruzada se tratase". Vivas es muy consciente de esa intención y del daño que provoca la polarización en la ciudad, no sólo política, sino también social y religiosa. Por eso, suspendió los plenos cuando se convirtieron en un intercambio de insultos azuzados por Vox. "Ustedes le están haciendo el discurso a Marruecos y un daño enorme a España", les dijo Vivas en el pleno que tuvo que suspender tras sólo media hora. El consejero de Medio Ambiente, del PP, fue más expeditivo. Llamó "sinvergüenza" y "fascista" al portavoz de Vox.El presidente de Ceuta explicó el lunes en una entrevista en la COPE las razones para hacer posible la reprobación de Abascal con su abstención. Fue astuto al negar que intenten aislar a Vox, entre otras cosas porque ese partido en Ceuta ha conseguido aislarse a sí mismo. "No a los cordones sanitarios, pero tampoco a los que establece Vox para incendiar Ceuta", dijo. Vivas no olvida la visita de Abascal del 24 de mayo, cuando acudió a prender fuego a una situación sin precedentes como fue la llegada de 12.000 marroquíes y subsaharianos. En el momento en que el Gobierno de Ceuta necesitaba ayuda del Gobierno central y de otros partidos, Abascal optó por echarle una mano al cuello.En el Partido Popular, deberían ser conscientes de la situación muy delicada que viven sus compañeros en esa ciudad. Pero el PP de Madrid tiene sus propios intereses, que pasan por mantener una relación de extrema cortesía con el partido de Abascal. No es la primera vez que menosprecian a los dirigentes de PP en otras comunidades autónomas por no ser lo bastante puros. De ahí que su concejal de Madrid, Andrea Levy, llamara "herramienta deleznable de la izquierda" a la declaración de persona non grata, que no pasa de ser una censura simbólica de efectos nulos. Cayetana Álvarez de Toledo –peleada con Casado, pero reserva espiritual del PP madrileño– denominó a la censura "incongruencia moral y disparate estratégico". A la diputada le gusta dar lecciones de moral a su propio partido.Levy estaba indignada por la votación de Ceuta contra Abascal al estar en contra de ese tipo de iniciativas por una cuestión de principios y "porque lo hemos sufrido de forma totalitaria". Como si el PP no hubiera recurrido a ella contra sus adversarios en numerosas ocasiones. El PP de Zaragoza la propuso por ejemplo contra el actor Willy Toledo por sus comentarios sobre la Virgen del Pilar. Si te pisan los callos más sagrados, entonces la censura es menos totalitaria. Vox ha respondido con el anuncio de que corta relaciones con el PP. No negociará más presupuestos o leyes con ellos en parlamentos y ayuntamientos. Es un aviso que lanzan una vez cada seis meses y que nunca terminan de cumplir. En la Asamblea de Madrid, ya han dejado claro que aceptan el papel de felpudos del PP al permitir la aprobación de la ley que entrega el control de Telemadrid a Isabel Díaz Ayuso.Juan Vivas no va a recibir mucho apoyo de la dirección nacional de su partido en su intento de frenar los planes con los que Vox quiere dinamitar la convivencia en la ciudad. Seguirá exigiendo que nadie se presente con una antorcha en Ceuta, pero en su partido hay algunos que creen que una buena antorcha en el momento adecuado es una herramienta imbatible.
2 d
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El sector ultra que quiere reactivar el recurso contra el aborto en el Constitucional: exdiputados del PP y Abogados Cristianos
Se cumplen once años desde que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una década después —en la que los populares han estado dos legislaturas al frente del Ejecutivo— no ha habido respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Ante esta situación, una parte del sector más ultraconservador de la derecha trata de reactivar ese pronunciamiento, según adelantó este lunes El País. A lo largo del último mes se han producido dos movimientos con los que se busca que el tribunal de garantías se posicione ante la argumentación jurídica expuesta por los populares en el año 2010. Por un lado, la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos anunció hace quince días la presentación de una querella en el Tribunal Supremo contra Andrés Ollero, ponente del recurso contra la ley del aborto en el Constitucional, al que acusan "de un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso". Por otro, una veintena de exdiputados del PP han optado por llevar a Europa la demora de la respuesta. El exconsejero de Educación del Gobierno de Esperanza Aguirre, Luis Peral; la exdiputada popular y actual diputada de Vox, Lourdes Méndez Monasterio y el expresidente del PP vasco, José Eugenio Azpiroz, presentaron ante los medios en las afueras de la sede del Constitucional la demanda dirigida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el tribunal de garantías "por retraso injustificado en dictar sentencia". En la nota de prensa difundida aportaron los nombres del resto de exdiputados populares que apoyan esta actuación, entre los que destacan los exministros Jorge Fernández Díaz y Federico Trillo, así como el actual diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.Esta no era la primera vez que pedían a los magistrados a que se posicionasen sobre el aborto. En conversación con esta redacción, Peral recuerda que "el 16 de diciembre también enviaron una carta" pidiendo "resolver el asunto" y no obtuvieron respuesta. Ese silencio ha motivado que los exparlamentarios populares hayan terminado pidiendo amparo en Estrasburgo. En el tribunal tanto Ollero como el presidente, Juan José González Rivas, están preocupados por la imagen del Constitucional al no resolver expresamente este recurso, admiten fuentes jurídicas, que también exponen que esta causa no se resolvió al considerar que estaba tácitamente desistida después de que el PP no derogase la ley cuando estuvo al frente del Gobierno y con mayoría absoluta en el Congreso. Aún así, los magistrados del tribunal de garantías no pueden mantener el asunto en un cajón —exponen las fuentes consultadas— porque los diputados que presentaron el recurso no quieren retirarlo. El magistrado encargado de la ponencia tiene un marcado carácter conservador, fue diputado del PP durante 17 años, y religioso. Su posicionamiento antiabortista ha quedado patente en más de una ocasión. "Cinco lustros después, la situación es de aborto libre, al convertirse España en un paraíso del turismo abortista y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea", lamentó en un artículo publicado en Diario Médico en enero de 2012.El problema de fondo por el que no se ha debatido este recurso se centra en el bloqueo de la renovación del tribunal de garantías, añaden las fuentes jurídicas consultadas, que defienden que a Ollero — con un mandato caducado desde 2019— le genera un problema de conciencia afrontar una ponencia de desestimación. Por eso, se ha dilatado la decisión con el objetivo de asumir el recurso con un nuevo ponente, ante la posibilidad de que hubiese acuerdo para sustituir a los jueces con un mandato ya expirado. En declaraciones a El País, Ollero ha asegurado que tiene "preparados los trabajos necesarios" para llevar al pleno la ponencia sobre la ley del aborto en cuanto sea necesario. Vox ha aprovechado la presencia de su diputada entre los firmantes de la demanda ante el TEDH para difundir en su página web la interposición de esta demanda. "Durante más de diez años el Tribunal Constitucional español se ha negado, por razones desconocidas, a dictar sentencia en este recurso de inconstitucionalidad denegando a los demandantes en la práctica y de forma absolutamente arbitraria su derecho de acceso a la justicia", recoge la nota de prensa de la formación de extrema derecha publicada por este asunto. Antes de dar el salto a Vox y representar al partido de Santiago Abascal en Murcia, uno de sus nichos electorales, Méndez Monasterio fue diputada del PP durante tres legislaturas, entre los años 2004 y 2016, y consejera de Trabajo en el Gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel entre 2002 y 2004. Tanto durante sus años en Génova 13 como en la formación de extrema derecha esta política ha hecho público su posicionamiento en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, llegando a ser una de las representantes del PP en el Congreso que rompió en 2015 la disciplina de voto del partido al no posicionarse a favor de la reforma de la ley del aborto promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esa misma decisión fue adoptada por otro de los impulsores de la demanda, José Eugenio Azpiroz.Hace un mes Méndez Monasterio participó en unas conferencias organizadas bajo el título Asamblea de Asociaciones por la Vida, junto a portavoces de colectivos católicos y ultraconservadores, como Jaime Mayor Oreja, que preside la federación europea One Of Us; y representantes del Foro Español de la Familia y de la Federación Española de Asociaciones Provida. En esa charla la diputada de Vox expuso en qué consistía el recurso de inconstitucionalidad presentado por la formación de extrema derecha contra la ley de eutanasia. En el Congreso, donde asume la portavocía del partido en la Comisión de Igualdad, las interpelaciones de Méndez Monasterio no han pasado desapercibidas desatando la polémica al negarse a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista o al criticar una proposición no de ley que pretendía que las mujeres que son pareja no tengan que estar casadas para inscribirse como madres.Junto a la actual diputada de Vox acudieron a la sede del Constitucional para hacer pública la demanda presentada ante el TEDH dos excompañeros de bancada popular: Luis Peral y José Eugenio Azpiroz. El primero no es uno de los firmantes del recurso presentado ante el tribunal porque en 2010 era senador, aunque asegura a elDiario.es que formó "parte del equipo jurídico que redactó" el escrito. Antes de llegar a la Cámara Alta, Peral pasó por el pleno del Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea autonómica, llegando a ocupar la cartera de Educación en uno de los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre. En 2016 abandonó la política activa, tras renunciar a su acta en la Asamblea de Madrid. Durante la legislatura presidida por Cristina Cifuentes tuvo varios encontronazos con la disciplina de voto de su grupo parlamentario. Afrontó una multa de 300 euros por ausentarse en la votación de la Ley contra la 'LGTBfobia', que ahora Ayuso baraja reformar tras su acuerdo con Vox, y otra de 600 euros por votar en contra de una proposición no de ley sobre los vientres de alquiler. Una vez abandonado el escaño se ha centrado en su carrera académica. En marzo, a los 70 años, se doctoró con una tesis sobre la política económica de la Segunda República. El último de los exparlamentarios que ha hecho público su apoyo a la demanda presentada contra el Constitucional es el abogado José Eugenio Azpiroz. Este letrado también rompió la disciplina de voto del partido. En este caso se produjo al negarse a apoyar la reforma de la ley aborto impulsada por Rajoy, años después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad. "No me siento ultraconservador", aseguró posteriormente a esta redacción. Es más, siempre han dicho que soy un poco rojo en cuestiones sociales", sostiene el diputado del PP, que también defendió que "matar a alguien no es un derecho de nadie".
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