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Los documentos internos de Amazon: "El artículo es de un periodista crítico y muy próximo a los sindicatos"
Un documento interno de la multinacional de comercio electrónico Amazon estableció en noviembre de 2019 los posibles escenarios de riesgo que planteaba una protesta de sus trabajadores en Madrid a partir de la publicación de un artículo periodístico. En la nota, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se lee que "el artículo está escrito por Jesús Martínez, un periodista habitualmente crítico y muy próximo a los sindicatos".En realidad se trata de una noticia de La Información sobre las intenciones de las centrales sindicales con la protesta que tendrá lugar frente al pop-up de la Plaza del Callao, en Madrid, coincidiendo con el Black Friday del 29 de noviembre de 2019. En el artículo se contextualiza la movilización en el conflicto que empresa y trabajadores mantienen desde hace meses y que había llegado a los tribunales. Los sindicatos se manifiestan porque la dirección de Amazon vinculó las condiciones de trabajo de los más de 2.000 empleados al convenio sectorial de Madrid y eso provocaba, a juicio de las centrales, un empeoramiento de las condiciones laborales. Pese a ello, el documento interno de Amazon concluye: "El artículo está escrito en un tono negativo y difunde el mensaje de los sindicatos de que se tenga en cuenta de que esto no es una huelga sino una protesta en BF (Black Friday) como ya se celebró también en el pop-up del año pasado". El pop-up es un espacio itinerante con el que la empresa de comercio electrónico intenta atraer clientes con novedades de productos y actividades de entretenimiento tales como actuaciones musicales. El documento interno de Amazon llegó a la agencia de detectives Castor & Polux, propiedad de Julián Peribañez. Como publicó elDiario.es este martes, la agencia de detectives con sede en Barcelona había sido subcontratada por Pinkerton, la compañía de seguridad con la que trabaja Amazon a nivel mundial. Consultado por el encargo de Amazon, Julián Peribañez rechazó hacer comentarios por "cuestiones de confidencialidad" con sus clientes. En el encargo para espiar una huelga del 30 de octubre de 2019 en Barcelona, Castor & Polux contó con la colaboración de Antonio Giménez Raso, el hombre de Villarejo en Catalunya.Tras el análisis de la publicación periodística sobre la protesta en Madrid, los responsables de Amazon analizan los "posibles escenarios" que contemplan para la la misma y concluyen: "Somos conscientes de que situaciones violentas con manifestantes/sindicatos podrían terminar como foto de portada en cualquier periódico español". "Nos mantendremos atentos si detectamos algún impacto en los medios o redes sociales", añaden.En el mismo documento, Amazon asegura que su "máxima prioridad será garantizar el bienestar/seguridad de los visitantes al ‘Pop-up #amazonCaja y prestar todo el apoyo al staff/Amazonians". A continuación se reparten tareas entre los distintos departamentos. Al de legal, por ejemplo, se le pide que compruebe que la concentración de los sindicatos UGT y CGT es "legal" para saber si la policía estará presente y vigilará "posibles incidentes". También se pide internamente conocer si puede establecerse un "enlace" con la Policía para establecer un protocolo frente a posibles "conductas violentas" y "reaccionar coordinadamente". La multinacional de comercio electrónico ha declinado hacer comentarios sobre esta información. Según los documentos obtenidos por el medio estadounidense Motherboard, Amazon infiltró espías en noviembre de 2019 en un almacén de Polonia para investigar un posible fraude en la contratación de trabajadores. La multinacional dirigida por Jeff Bezos confirmó que trabaja con Pinkerton, pero negó que lo hiciera para vigilar a sus empleados.Los almacenes españoles son objeto de vigilancia, igual que los de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Austria, la República Checa y Eslovaquia. El centro analiza los "riesgos de seguridad" dividiéndolos en varias categorías. Por un lado están las de delitos, extremismo y terrorismo; por otro, las de "ambiente operativo". Esta última categoría incluye la presencia de sindicatos, protestas y manifestaciones en los lugares donde Amazon tiene o prevé tener presencia.
9 h
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Queda inaugurado el Hospital Isabel Zendal Díaz Ayuso Pandemias Virgen de los Milagros
En uno de los 'sketchs' de la película 'El sentido de la vida', de Monty Python, lo primero que hacen John Cleese y Graham Chapman al entrar en el quirófano es pedir que traigan esos aparatos tan modernos que tanto le gustan al administrador del hospital, incluida la máquina que hace ping. "Parece que falta algo, ¿no?", pregunta Chapman. Después de un breve silencio, ambos dicen al mismo tiempo: "¡El paciente!". Isabel Díaz Ayuso no necesitaba pacientes para la inauguración este martes del Hospital Isabel Zendal, que en un gesto de modestia no llevará el nombre de ella. De hecho, ni siquiera requería médicos o enfermeras. Pero sí algunos monitores encendidos para poder fotografiarse con ellos. Sonriente. Orgullosa como una madre. Los Reyes Magos le han traído un hospital para la Navidad. Ahora sólo falta que le consigan la máquina que hace ping. Y algunos pacientes, aunque no estén muy enfermos. Que parezca que se están salvando vidas. A la comitiva de autoridades que hizo la visita guiada, en la que estaba Pablo Casado como amigo de la familia, les acompañó un cámara de Telemadrid que les siguió en cada punto del recorrido. El micrófono de la cámara ofreció algunos momentos impagables. Al final, la presidenta madrileña no cabía en sí de gozo. "Es brutal, ¿eh?", dijo a sus compañeros. "Es brutal", respondió el alcalde Almeida, que tampoco estaba para regatear elogios a su compañera de partido. Esos pasillos tan largos, los techos altos, las máquinas relucientes, todos los cables enchufados. Qué más se puede pedir. Y todo por cien millones de euros, que si lo miras, no es dinero. Los sindicatos de médicos y enfermeras piden más inversión para la agotada Atención Primaria, pero no saben que los ambulatorios no se pueden inaugurar si funcionan desde hace años. Pero un hospital nuevo, ya lo creo que se puede. A falta de preguntas de los periodistas que no se permitieron en el acto final, quedaba el micrófono de la cámara para recoger las intervenciones más sinceras de los políticos. Situado cerca del aeropuerto de Barajas, el centro sería muy útil "para un accidente aéreo", comentó Ayuso (un pronóstico alentador). Casado cometió el desliz de hacer una pregunta que en ese momento le pareció lógica, ya que estaban en un hospital: "¿Hay quirófanos?". Alguien salió al quite: "Hay salas de procedimiento". No es lo mismo, porque no tienen máquinas que hacen ping. Al anunciar su construcción, Díaz Ayuso lo bautizó como "hospital de las pandemias". Será para hacer los directos de televisión. Pero ella lo sabe bien. "Que las habrá porque las pandemias son algo cíclico. Cada dos, tres, cuatro años, hay una", dijo el martes. Lo cierto es que para esta pandemia el nuevo centro no es ahora esencial. En estos momentos, están ocupadas por enfermos de Covid el 11,5% de las camas hospitalarias de Madrid. Según la información facilitada por otro hospital a su personal, el Isabel Zendal albergará a enfermos "de baja complejidad". Es decir, el mismo tipo de enfermos no graves que fueron atendidos en el hospital de Ifema, una instalación temporal que no costó cien millones.Los auténticos 'hospitales de las pandemias' seguirán siendo los hospitales de siempre de Madrid. Son los que tienen médicos y enfermeras, un elemento esencial en este tipo de lugares de trabajo. Ahora tienen el problema de que van a tener que ceder parte de su personal sanitario. La joya de la corona autonómica no se puede quedar sin manos con lo que ha costado. El nuevo centro será "un pulmón asistencial, una bomba de oxígeno para todos los profesionales sanitarios", dijo Ayuso. Esos profesionales no han quedado muy impresionados con la bomba. Sólo 111 han acudido a la petición de voluntarios y se necesitaban 669 para poner en funcionamiento uno de los pabellones con 240 camas, que es un 27% de su capacidad total. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid tiene claro que el nuevo centro es una muy buena noticia para la sanidad de la región, aunque también admite que "es pronto para saber cómo se va a organizar el hospital desde el punto de vista logístico". Habrá quien piense que estas cosas se suelen decidir antes de empezar a construir un centro de estas características. Algunos expertos precisamente en esa materia no están muy convencidos. "Es un hospital tradicional, del siglo XIX, donde el 90% eran camas y el resto, otras cosas. En un hospital actual, el 25% es hospitalización y el resto, otras áreas”, ha dicho a El País José León Paniagua, arquitecto y experto del Instituto de Salud Carlos III en la construcción de estos centros. Los responsables del nuevo hospital destacan de él su "polivalencia", lo que quiere decir que si no vale para una cosa, servirá para otra. Aquí ha primado la velocidad, y no tanto la planificación. Díaz Ayuso ya presumió de que el hospital de Ifema "había asombrado al mundo" por la rapidez de su instalación, y es cierto que fue un éxito desde el punto de vista logístico. Ahora era necesario repetir la proeza para seguir dejando anonadado al planeta. La duración de las obras ha sido de tres meses, según la versión oficial. Se ha dicho que la obra civil se entregó el 31 de octubre, y eso es extraño, porque hay que preguntarse por qué aún había tantos trabajadores allí en la última semana. No parece que sean algunos de los temidos okupas y lo que ocurre es que las obras aún no han terminado.El micrófono que dio tanto juego en la inauguración también captó unas palabras del alcalde de Madrid justo después de que las autoridades posaran ante los fotógrafos en la entrada. De fondo, se habían escuchado algunas preguntas de los reporteros que no fueron contestadas. No recibieron la aprobación de José Luis Martínez-Almeida: "No hay una pregunta con buena atención. Todas tienen una mala leche. Es una cosa...". Qué ingratos son siempre los periodistas que no se dedican a aplaudir y sonreír ante gestas como esta. Seguro que también ponían mala cara cuando inauguraron las pirámides.
9 h
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Sanidad confía en cerrar un plan conjunto frente al coronavirus para la Navidad pese a las distintas propuestas autonómicas
El Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa afronta la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este miércoles con la confianza de poder "acordar" un plan común en toda España que recoja las medidas concretas para hacer frente a la pandemia durante las próximas Navidades que permitan evitar una tercera oleada en el mes de enero. El Gobierno quiere que las iniciativas sean aprobadas por unanimidad por todas las comunidades autónomas, una tarea que se antoja complicada a tenor de lo ocurrido en las últimas reuniones de la Interterritorial, en las que se han producido distintos roces entre el Ejecutivo y las administraciones gobernadas por el PP o con Catalunya. Lo que saldrá del encuentro será, no obstante, un conjunto de recomendaciones que después las comunidades deberán transformar en órdenes y decretos dentro de sus respectivas competencias. El departamento que dirige Illa ve posible el acuerdo a pesar de que cada administración autonómica ha ido avanzando en los últimos días sus respectivos planes que varían, por ejemplo, en el número máximo de personas que sugieren que deberían poder juntarse en las cenas navideñas o en otros aspectos como las restricciones a la movilidad y los toques de queda. "Espero que en la reunión podamos acordar las medidas en este ejercicio que hacemos cada semana de poner en común las cuestiones y decidir conjuntamente", aseguraba el ministro este martes, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. En respuesta a una pregunta formulada por el PP, que se había interesado precisamente por las restricciones previstas por el Ejecutivo para la Navidad, Illa avanzó que esas medidas que Moncloa quiere que sean comunes para toda España "tendrán que ver con aspectos de movilidad, de contactos sociales y de las actividades de toda índole que se hacen en estas fiestas". El ministro quiso dejar claro, en todo caso, que las tradicionales reuniones y celebraciones navideñas "tienen que hacerse de forma distinta" a como se han venido haciendo en años anteriores.El planteamiento que previsiblemente llevará el Gobierno a la reunión será el borrador de 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas' al que tuvo acceso elDiario.es la semana pasada, que propone limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales que se celebren durante las Navidades, así como un toque de queda entre la 1.00 y las 6.00 horas de las noches de los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja. Encima de la mesa estarán, no obstante, los planes alternativos que propongan las comunidades autónomas y que han sido anunciadas por algunas de ellas en los últimos días. La Comunidad de Madrid, una de las regiones más combativas con la gestión de la pandemia que está realizando el Gobierno central, propuso a Sanidad la pasada semana elevar a diez –cuatro más que el Ejecutivo– el número máximo de personas que podrán reunirse los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. La de ampliar a diez el número máximo de personas que puedan reunirse en las Navidades es una iniciativa a la que también se han sumado la Generalitat valenciana –gestionada por una coalición de PSOE, Podemos y Compromís–, el Gobierno de las Islas Canarias, y el el Govern catalán –JxCat más ERC–, que plantea además que los menores de 14 años no cuenten como adultos para flexibilizar aún más esas reuniones. En el caso de la administración madrileña que preside Isabel Díaz Ayuso –gracias a la coalición de PP y Ciudadanos apoyada por Vox–, el Ejecutivo regional también apuesta por extender el inicio del toque de queda hasta las 1.30 horas en Nochebuena y Nochevieja, por lo que amplía en media hora lo recogido en el plan del Gobierno.A diferencia de Madrid, la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla –que gobierna también en una coalición de PP y Ciudadanos respaldada desde fuera por la extrema derecha– ha evitado hacer pública una propuesta alternativa a la del Gobierno. El Ejecutivo autonómico prefiere esperar a la reunión de la Interterritorial de este miércoles aunque ya ha dejado claro que, igual que Illa, aspira a crear un "marco único" de medidas y restricciones en toda España. Otro de los frentes con los que tendrá que lidiar Sanidad será con la Xunta de Galicia del también 'popular' Alberto Núñez Feijóo, que rechaza la limitación de las reuniones y aboga por regular las "burbujas familiares". El jueves pasado, el presidente gallego sostuvo que, desde el punto de vista epidemiológico, es a su juicio "más seguro" que se junten nueve personas que viven en dos hogares que seis que procedan de tres unidades de convivientes distintas. Según su teoría, una familia compuesta por dos progenitores y cuatro hijos "no podría comer con nadie".La Xunta plantea, además, que los niños de 10 años o menos no cuenten igual que los adultos si el máximo se establece por número de personas. Pide un "tratamiento distinto" para los menores de estas edades porque "su capacidad de transmisión es muy distinta". No obstante, Feijóo está de acuerdo con establecer un marco común para las fiestas navideñas en todo el Estado, pero con "premisas básicas", como la de distinguir entre las diferentes situaciones epidemiológicas en cada comunidad y esperar a fechas más cercanas a las celebraciones para concretar del todo las medidas. Las medidas planteadas por las otras dos administraciones en manos del PP, Castilla y León y Murcia, son muy similares a las propuestas por Sanidad, aunque en el primer caso su consejera del ramo, Verónica Casado, ya avanzó la semana pasada su intención de proponer al Gobierno que en las fechas navideñas se haga extensivo el cierre perimetral de la comunidad a las provincias más afectadas por la incidencia de la COVID-19. De cara a la Navidad, Euskadi también desea consensuar una hoja de ruta con el resto de comunidades autonómicas aunque de cara al consejo interterritorial de este miércoles, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu aprobó el lunes una "propuesta" que abre la mano a ampliar de seis a diez las reuniones familiares los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. En cuanto a la movilidad, la administración vasca adelantó una "posición favorable" a suprimir los confinamientos perimetrales de ámbito municipal e incluso a permitir los viajes "entre comunidades autonómicas". En Nochebuena y Nochevieja el Gobierno vasco accede a retrasar el toque de queda a la una de la madrugada pero "solamente para facilitar el desplazamiento al domicilio habitual". "En ningún caso se permitirá esta movilidad para la celebración de otro tipo de encuentros o fiestas ni en la calle ni en locales privados", explicaron en el documento que llevarán a la Interterritorial. El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández consideró la semana pasada de "sentido común" esperar a que haya unas recomendaciones estatales a través del plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y a partir de ahí, "como se trata de realidades que tienen matices, cada comunidad que las adapte a sus circunstancias". No obstante, varios medios desvelaron que el plan que maneja el departamento de Sanidad extremeño es autorizar la reunión en los hogares de tres grupos distintos de convivientes, con un máximo de seis personas cada uno, aunque el número total se quiere fijar entre 12 y 15 personas dentro de una misma vivienda.La Comunidad Foral de Navarra ha abogado por la posibilidad de permitir encuentros entre dos unidades familiares con hasta 6 y 10 personas, mientras las comunidades socialistas de Aragón, Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha y La Rioja, además de Cantabria –donde existe una coalición entre el PCR y el PSOE– abogan por esperar a la Interterritorial en busca de un plan conjunto, tal y como quiere el Gobierno central.
9 h
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La Eurocámara pide que reformar la euroorden para permitir la extradición automática por delitos "contra la integridad constitucional con violencia"
La Eurocámara pide que se modifique la euroorden. La reforma, impulsada por el PP español y Ciudadanos en Bruselas desde el salida de España de Carles Puigdemont y la mitad de su gobierno hace exactamente tres años tras el 1-O, ha dado un nuevo paso con el respaldo en la comisión de Libertades del Parlamento Europeo de una propuesta redactada por el eurodiputado popular Javier Zarzalejos. El documento ha logrado 45 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones. Populares, socialistas y Ciudadanos han respaldado la reforma, mientras UP y ERC han votado en contra y Vox se ha abstenido. El informe podría someterse a la votación del próximo pleno de la Eurocámara, previsto del 14 al 17 de diciembre –en todo caso, está en manos de los Gobiernos de los 27 que se acometa esa reforma y de la Comisión Europea que haga su propuesta–."El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión", ha señalado Zarzalejos.La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, ha afirmado: “En este texto, en el que hemos trabajado desde hace más de un año, proponemos una reforma de forma y fondo del listado de 32 categorías delictivas que incluye incorporar categorías que, por su gravedad o por contener elementos transnacionales, deben estar incluidas como son los delitos que impliquen el uso de la violencia o una amenaza grave contra el orden público de los Estados miembros y delitos contra la integridad constitucional de los Estados miembros cometidos mediante el uso de la violencia".En efecto, propuesta incluye la extradición automática para los “delitos contra el orden público y la integridad constitucional cometidos con violencia”. En la redacción inicial de Zarzalejos, que recibió el respaldo de Vox –no así la definitiva, en la que se ha abstenido– se hablaba de "la integridad constitucional de los Estados miembros", sin mencionar la "violencia", con la mirada puesta en Puigdemont.El comisario europeo de Justicia Reynders, en su intervención en la comisión en septiembre admitió: "No hay que evaluar la situación de casos individuales, pero estamos evaluando el carácter concreto en Bélgica y Alemania, ya que se han mencionado estos casos. Y un último comentario: estamos debatiendo sobre derechos fundamentales, la protección de los ciudadanos, pero como han dicho, también hay que tener presentes a las víctimas. Es importante tener en cuenta su situación. Si consiguen la mayoría para cambios o enmiendas, estudiaremos las propuestas. Pero hay que ver si hay mayoría en su comisión y en el pleno del Parlamento".Entre las principales medidas incluidas en el informe elaborado por Zarzalejos aprobado este martes en comisión, se encuentra la ampliación de la lista de delitos –actualmente es de 32– en los que la entrega de un acusado por parte de un Estado miembro a otro se produce de manera automática. La Comisión de Libertades Civiles ha establecido que se incluyan delitos como el ataque a la integridad constitucional de los Estados miembros o contra el orden público con violencia; la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente y la evasión fiscal. Actualmente estos delitos están cubiertos por la euroorden, pero la entrega no se realiza automáticamente, sino que se requiere el control de la denominada doble tipificación.La propuesta de reforma también establece que, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, las euroórdenes emitidas por un Estado miembro deben ser reconocidas y ejecutadas directamente por otro estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos. Actualmente, el principio de doble tipificación supone que la entrega del acusado puede hacerse depender de que el acto cometido constituya delito en el estado miembro que ejecuta la euroorden.En este sentido, el informe pide que cuando un estado miembro rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los derechos fundamentales, éste Estado tendrá que justificar con argumentos objetivos ese rechazo, para evitar incertidumbre legal y la potencial impunidad del acusado del delito.Los eurodiputados también piden reducir para determinados delitos –como el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de niños o la pornografía infantil– el umbral de la pena de 3 años a partir de la cual puede aplicarse la euroorden. Además, reclaman que se Incremente la capacidad sancionadora de la Comisión Europea para abrir procedimientos de infracción a los Estados miembros que no cumplan las normas de aplicación de la euroorden".
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El PP descarta "absolutamente" un acuerdo para renovar el Poder Judicial antes de fin de año
"Lo descarto absolutamente". Con estas palabras, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha enfriado cualquier posibilidad de que su formación cierre un acuerdo con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante de que termine el año, manteniendo así el bloqueo de su partido a la renovación del máximo órgano de los jueces, pendiente desde 2018. El 'número dos' del PP desdice así al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que en las últimas horas había dado por hecho el acuerdo con los populares.En una entrevista en el programa Al rojo vivo de La Sexta, García Egea ha vuelto a poner encima de la mesa las tres exigencias de su partido para cerrar el pacto con Justicia: "Nadie de Podemos participa en la negociación, deben retirar la ley infame que han presentado, y se debe aprobar la ley propuesta por el PP para que ningún político pueda ser fiscal general del Estado"."Si el Gobierno quisiera de verdad avanzar en una despolitización de la justicia lo tendría muy fácil", ha añadido el secretario general de los populares, insistiendo una y otra vez en las tres condiciones que pone el PP para lograr un acuerdo con el Ejecutivo progresista. "Prefiero que el CGPJ siga como está a hacer una mala negociación en la que dirigentes de Podemos entren en las instituciones que desprecian", ha remachado.Preguntado por ese veto a los de Pablo Iglesias, García Egea ha asegurado que Unidas Podemos "es el partido que ha blanqueado y ha introducido a Bildu" en la negociación de los Presupuestos". El grupo confederal, ha añadido, "ha hecho unos ataques contra la institución" y ha pronunciado "declaraciones en contra de las instituciones del Estado". Por eso ha insistido en que Unidas Podemos no debe entrar en la negociación pese a ser parte del Gobierno. "Hay otras mayorías", ha zanjado. 
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Socialistas, Verdes y La Izquierda denuncian ante el presidente de la Eurocámara el "uso partidista" por parte de Dolors Montserrat de la comisión de Peticiones
"Clara falta de imparcialidad"; "no se están siguiendo los criterios de independencia y justicia"; "uso de las instituciones europeas de manera partidista"... Son algunas de las denuncias que los grupos socialista (S&D), verde (Greens/EFA) y de La Izquierda (GUE/NGL) han elevado al presidente de la Eurocámara, David Sassoli (PD/S&D), en relación con el comportamiento de Dolors Montserrat, jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, como presidenta de la comisión de Peticiones en lo que va de legislatura. Los tres grupos parlamentarios, en una carta firmada por una treintena de eurodiputados, consideran que Montserrat está "utilizando así la comisión de peticiones en su propio beneficio político", y relatan que "en determinados asuntos, especialmente en aquellas peticiones relacionadas con asuntos críticos con la gestión del Gobierno de España, muchas de las cuales vienen auspiciadas por dirigentes y militantes del Partido Popular español, la presidenta de la comisión está basando su criterio en una posición política y no se están siguiendo los criterios de independencia y justicia que deberían regir la actuación de quien preside un órgano como éste, que es, al fin y al cabo, la puerta de entrada de los ciudadanos a las instituciones europeas".Así, socialistas, verdes y la izquierda unitaria consideran que "el uso de las instituciones europeas de manera partidista, especialmente en una comisión pensada para dar voz a los ciudadanos y a las ciudadanas de la Unión supone un ejemplo nefasto para los ciudadanos de la Unión Europea", y afirman que Montserrat está "utilizando la comisión de peticiones en su propio beneficio político".La eurodiputada socialista Cristina Maestre, miembro de la comisión de Peticiones, explica: "Desde hace desde que comenzó la legislatura, la presidenta está utilizando su papel institucional para beneficiar al Partido Popular descaradamente, introduciendo en la mayor medida posible peticiones que puedan servir para atacar al Gobierno de España. La comisión está siendo utilizada por el Partido Popular de una forma descarada para atacar al gobierno. Por ejemplo, las últimas peticiones debatidas fueron presentadas por un diputado autonómico en la Asamblea de Madrid [para hablar de ETA] o un ex diputado del Partido Popular en Barcelona [para cuestionar el Estado de alarma]"."Desde antes de que comenzara la pandemia, Dolors Montserrat ha utilizado su puesto en la comisión de Peticiones para hacer oposición al Gobierno de España", afirma la portavoz de IU en la Eurocámara y miembro de la comisión, Sira Rego: "Está haciendo un uso partidista de una comisión que sirve para que los europeos y europeas presenten denuncias de problemas que se dan en sus territorios y que ella misma, con la colaboración de Ciudadanos y Vox, está convirtiendo en una especie de tribunal contra el Gobierno". "El PP lleva meses atacando la labor del Gobierno de coalición en todos los ámbitos de la UE y este ha sido uno de los tableros de juego. Y ella no está en ese puesto, que tiene unas atribuciones específicas en base al trabajo parlamentario en Europa y que requiere una imparcialidad total, para hacer de ariete contra el Gobierno", concluye Rego.Para argumentar sus denuncias, los tres grupos dan algunos ejemplos "de varias peticiones españolas que la presidenta está priorizando en la comisión de Peticiones para beneficio de su propio partido en España". Entre otras, los firmantes citan las peticiones "relativas a la intervención del ministro español José Luis Ábalos para evitar la entrada en territorio Schengen de la ministra venezolana Delcy Rodríguez". Y añaden: "De acuerdo con el artículo 227 del TFUE y el Reglamento interno del Parlamento Europeo serán admitidas a trámite aquellas peticiones que versen 'sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión'. De acuerdo con el actual Tratado de la Unión estas peticiones no aludían a un asunto sobre el que la UE tenga competencia". En efecto, como ha dicho varias veces la Comisión Europea desde el inicio de la polémica por la reunión de Ábalos con Rodríguez, la competencia para dilucidar si el Estado había incumplido la prohibición de la vicepresidenta venezolana de entrar en España recaía en el propio Gobierno."De igual forma la presidenta de esta comisión permitió volver a traer a debate a la comisión la petición sobre los crímenes aún sin resolver perpetrados por la banda terrorista ETA, una petición que ha sido discutida ya en tres ocasiones y sobre la que hay aprobada una FFV [visita de información]", afirma la carta.Y añade: "Asimismo, las peticiones españolas relacionadas con la crisis de la pandemia de la COVID-19 son una muestra más de esta actitud partidista que denunciamos. En este caso hemos observado incluso cómo la presidenta de la comisión de PETI decidió cambiar el criterio de la secretaría para hacer admisible una petición en la que la secretaría de la comisión ya se había pronunciado a favor de la inadmisibilidad [...] haciendo un uso interesado del Tratado para pedir la admisibilidad o inadmisibilidad de las peticiones en función de los intereses partidistas de la presidenta"."Denunciamos que con su actitud la presidenta ha logrado convertir la comisión de Peticiones en una suerte de cuadrilátero de boxeo en el que hacer oposición política en España", concluyen los tres grupos: "Instamos a la presidenta a cesar en el tratamiento partidista y sesgado de las peticiones".La carta está firmada por Alex Agius Saliba (S&D, coordinador de la comisión de Peticiones); Cristina Maestre (S&D, vicepresidenta de la comisión de Peticiones); Ibán García del Blanco (S&D); Andris Ameriks (S&D); Sylvie Guillaume (S&D); Domènec Ruiz Devesa (S&D); Inmaculada Rodríguez-Piñero (S&D); Clara Aguilera (S&D); Adriana López (S&D); Javi López (S&D); Eider Gardiazábal (S&D); Estrella Durá (S&D); Alicia Homs (S&D); César Luena (S&D); Nacho Sánchez (S&D); Mónica Silvana (S&D); Isabel García (S&D); Juan Fernando López Aguilar (S&D); Marc Angel (S&D); Sira Rego (GUE/NGL, coordinadora de la comisión de Peticiones); Manon Aubry (copresidenta del GUE/NGL); Alexis Georgoulis (GUE/NGL); Anne Sophie Pelletier (GUE/NGL); Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL); Stelios Kouloglou (GUE/NGL); Clare Daly (GUE/NGL); Mick Wallace (GUE/NGL); Manuel Bompard (GUE/NGL); Idoia Villanueva (GUE/NGL); María Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL); Giorgos Georgiou (GUE/NGL); Tatjana Ždanoka (vicepresidenta de la comisión de Peticiones, Greens/EFA); Margrete Auken (Greens/EFA, coordinadora de la comisión de Peticiones); y Thomas Waitz (Greens/EFA).
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Casado instruye a los cargos del PP para que intenten atraer a socialistas "desencantados"
Tratando de aprovechar las reticencias manifestadas por algunos barones del PSOE al apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Gobierno, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido a todos los cargos del partido que azucen esa supuesta división en las filas socialistas en busca de un nuevo caladero de votos, más centrista, que le permita despegar en las encuestas, sobre todo ante la inminente cita electoral catalana del 14 de febrero. En un argumentario interno difundido por la dirección del PP este lunes, al que ha tenido acceso elDiario.es, el equipo de Casado exige a todos sus dirigentes que empiecen a llamar a la cúpula del PSOE "Partido Sanchista", para tratar así de crear una brecha con otra supuesta corriente dentro de las filas socialistas, que Casado identifica con "la izquierda patriótica y constitucional". Esta última es, según la tesis de los populares, una facción del PSOE que rechaza los pactos del Gobierno con sus socios de investidura, también para sacar adelante las nuevas cuentas que se están tramitando en el Congreso y que se aprobarán, previsiblemente, con una holgada mayoría cercana a los 190 votos: los que suman PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, el PDeCAT, Compromís, Más País, BNG y otras fuerzas minoritarias, como el PRC. "Vamos a hacer de barrera al sanchismo, al Partido Sanchista, que ha dejado huérfano al socialismo de siempre, a la izquierda patriótica y constitucional, que se rebela contra unos pactos que nos llevan al precipicio", explica Génova 13 en la consigna enviada este lunes a todos los cargos del partido para que la repitan en sus respectivas comparecencias públicas. Lo que plantea la dirección del PP a sus dirigentes es que busquen aliados en el PSOE para crear una corriente política, y sobre todo electoral, en contra del Gobierno, que pueda beneficiar a los populares en próximas citas electorales, ante la imposibilidad de crecer por la derecha por la división del conservadurismo en tres partidos: PP, Vox y Ciudadanos. Para el equipo de Casado, "hay que abrir puertas al entendimiento, que superen las diferencias entre izquierda y derecha, y cerrarlas a aquellos movimientos que orbitan en torno al sanchismo y su plan para acabar con el sistema constitucional, que de manera intencionada llaman régimen". "El régimen, su régimen, es lo que pretenden instaurar en España", insiste Génova 13, que prácticamente desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha considerado que su Ejecutivo es ilegítimo, incluso tras las generales del 28A y el 10N en las que el PSOE fue primera fuerza y el PP que sin ninguna posibilidad de sumar para conformar un Gobierno alternativo, con los peores resultados de su historia. A raíz de la pandemia que provocó la declaración del estado de alarma, la dirección popular ha tratado de difundir además la idea de que PSOE y Unidas Podemos quieren instaurar una "dictadura" en España.La nueva tesis de Casado es que la supuesta "deriva" del socialismo español se debe a que "al final, Iglesias se está comiendo al PSOE". "El PSOE es el partido sanchista, pero hay que decir una cosa: Sánchez es el que lo permite y el que elige con quién quiere pactar", aseguraba el líder del PP este lunes en una entrevista en Antena 3 en la que denunció que el presidente del Gobierno no le ha devuelto la llamada que él le realizó "hace cinco semanas". "Este Gobierno está absolutamente desacreditado ante la opinión pública por una pésima gestión de la pandemia, por una nefasta gestión económica y por su sectarismo en las políticas sociales y educativas, e incluso en los temas de revisionismo histórico, que no es en lo que está España", añadía Casado, que planteaba como alternativa un proyecto "abierto", en el que caben también "socialdemócratas desencantados" con Pedro Sánchez junto a liberales, conservadores y democristianos. "Es unir en el centro a todo aquel que lo que quiere es tener un futuro mejor para España", zanjaba.A pesar de los evidentes guiños al centro –como el de la semana pasada, cuando intentó acercarse al feminismo reconociendo por primera vez que la violencia machista es la que sufren las mujeres "por el hecho de serlo"–, Casado afirma ahora que él no quiere "ir al centro para coger votos en el centro" sino que lo que busca es que "los votos estén en el centro porque están polarizando la vida política". "No quiero estar en los extremos, no quiero estar con los radicales sino con aquellos a los que no les importan los logotipos ni los clichés ideológicos sino el empleo o la educación", concluía el mismo Casado que logró que el PP gobernara en comunidades y ayuntamientos gracias al apoyo de la extrema derecha de Vox, con la que mantiene intactos sus acuerdos.Siguiendo los argumentarios de la cúpula de su partido, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, también habló este lunes de que"el PSOE ha decidido dejar de ser el Partido Socialista para pasar a ser el partido única y exclusivamente de Pedro Sánchez". Gamarra agitó, además, el manido "se rompe España" que los populares siempre suelen utilizar contra el Gobierno cuando está en manos de las fuerzas progresistas. El hecho de que los Presupuestos vayan a ser apoyados por ERC o EH Bildu implica, en opinión de Gamarra, que los españoles lo paguen "a golpe de talonario" y para "romper España". "Ellos [en alusión al Gobierno] le llaman a esto valentía y sinceramente no conozco mayor cobardía que vender España a trozos por un puñado de votos. No se es valiente cuando se pacta con Bildu y con los independentistas, que han promovido un golpe de Estado hace escasamente dos años", remachaba.
1 d
eldiario.es
Amazon utilizó al hombre de Villarejo en Catalunya para el espionaje a sindicalistas durante una huelga
La multinacional de comercio electrónico Amazon espió el desarrollo de la huelga de centros logísticos y transportistas del 30 de octubre de 2019 en su centro de El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona. En el operativo desplegado participó el policía ya jubilado Antonio Giménez Raso, socio de José Manuel Villarejo en Catalunya e imputado en una de las piezas de la causa que investiga la organización criminal que presuntamente dirigía el comisario encarcelado.La agencia de detectives Pinkerton, con la que trabaja Amazon a nivel mundial, subcontrató en Catalunya a una firma local del sector, Castor & Polux, propiedad de Julián Peribañez. elDiario.es ha tenido acceso a un documento interno en el que se describe a Giménez Raso como el "enlace policial" de la citada agencia de detectives con los Mossos d’Esquadra durante la jornada de paro. Un portavoz de Amazon ha trasladado la posición de la compañía: "Por parte de Amazon no ha existido ninguna solicitud a Pinkerton ni a ninguno de sus socios afiliados para que hiciesen seguimiento de la huelga de transporte en Catalunya en octubre de 2019".El medio estadounidense Motherboard publicó la pasada semana documentos que demuestran que Amazon infiltró espías en una de sus plantas en Polonia en noviembre de 2019, días después de la huelga que los detectives monitorizaron en su centro de Barcelona. Las prácticas de espionaje a empleados se han extendido por otros países de Europa, caso de de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Austria, la República Checa y Eslovaquia.El inspector jefe Giménez Raso, de 66 años, se jubiló en septiembre del año pasado, pero está desvinculado del servicio activo desde octubre de 2005. Como policía en segunda actividad ha ejercido de detective y aparece como socio del conglomerado empresarial de Villarejo en tres sociedades –Servicios de Investigación y Detección, Cenyt Argo e Inteligencia y Detección– según consta en el sumario de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. El acuerdo entre Villarejo y el detective, sellado en 2008, establece que Giménez Raso participará "con dedicación exclusiva" en el negocio privado del comisario, la sociedad Cenyt, que entre otras actividades servía al agente encarcelado para vender dosieres sobre terceros sirviéndose de información confidencial a la que accedía en su condición de funcionario, según consideran indiciariamente acreditado el juez del caso y la Fiscalía Anticorrupción. elDiario.es ha tenido acceso al informe que la agencia de detectives de Julián Peribañez realizó para Amazon durante la jornada en la que colaboró Giménez Raso. Se trata de un documento de 51 folios con fotografías que los detectives hacen emboscados a las puertas de la planta de El Prat durante la jornada de huelga. Las instantáneas van acompañadas de comentarios sobre la actitud de los sindicalistas, los trabajadores e incluso de un equipo de periodistas que se dirige a informar al lugar. Los detectives asisten a los preparativos de huelga de la noche anterior. En el informe fijan la hora de arranque de su vigilancia a las 22:00 horas del 29 de octubre: "Observamos cómo se reúne un grupo de personas que se identifican con petos de sindicatos CCOO y UGT. Se registran rostros para posibles identificaciones de hechos posteriores".Tras las primeras fotos, los detectives escriben: "Destacar que observamos cómo al menos 3 personas llevan máscaras y utensilios para esconder el rostro. Comprobamos que con intención de amedrentar a los trabajadores y con la intención de no ser identificados por posibles actos". Un poco más adelante, añade: "Con el cambio de turno de trabajadores de la empresa, varios de los individuos que tapan su rostro se acercan a los coches que van saliendo mientras gritan y amenazando de que no vayan a trabajar al día siguiente".En las fotografías realizadas a escondidas aparecen en todo momento miembros de la empresa de seguridad de la planta de El Prat, tanto uniformados como de paisano, y también Mossos d’Esquadra sin que esto afecte al trabajo de los espías de Amazon. En un momento del informe, los detectives se refieren por su nombre de pila al "responsable de seguridad" de la planta. Hechos similares son descritos ya por la mañana. A las 10:30 el equipo de detectives da el relevo: "En una ocasión se produce un enfrentamiento entre el cabecilla de los manifestantes, un hombre de unos 60 años, pelo blanco, estatura de 1.70 aproximadamente, y el jefe de seguridad, pero es simplemente un intercambio de opiniones, reproches y gesticulaciones de desprecio. Eso no impide al primero seguir con su acto informativo a los camioneros".El trabajo de los informadores no escapa al espionaje. El detective escribe: "Minutos más tarde detectamos la presencia de una chica de unos 28 a 30 años que llega con un equipo de grabación poco elaborado y lo monta al lado de los manifestantes para hacerles un primer enfoque y entrevista para poder exponer los sucesos a los que se manifiestan. No logramos identificar la cadena o slot comercial al que representa la chica a través del dibujo del micrófono". Los espías buscan a continuación el vehículo del medio de comunicación, toman nota de la matrícula y el modelo y lo fotografían.El dueño de la agencia Castor & Polux, Julián Peribañez, ha declarado a elDiario.es que "por cuestiones de confidencialidad con los clientes" no puede realizar comentario alguno al respecto. Sobre Giménez Raso, Peribañez ha añadido que es "amigo" suyo y que "en alguna ocasión" le ha pedido ayuda, pero que no mantienen relación comercial o laboral alguna. Por su parte, Antonio Giménez Raso ha declinado hacer comentarios. El nombre de Julián Peribañez, dueño de Castor & Polux, apareció en los medios por primera vez en 2013 como uno de los detenidos de la agencia Método 3 por la grabación de una conversación en el restaurante La Camarga en 2010 entre la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y Victoria Álvarez, la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola cuya denuncia dio origen al caso Pujol en la Audiencia Nacional. El caso fue archivado a los seis meses y eso redundó en la sospecha de que la brigada política de la Policía buscaba en realidad material que la agencia de Francisco Marco pudiera tener sobre el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que había comido en La Camarga en fechas anteriores con la cúpula policial. Uno de los mandos implicados en la Operación Catalunya, el comisario Marcelino Martín-Blas, y el inspector Rubén Eladio López, mano derecha del anterior mientras fue jefe de la Unidad de Asuntos Internos, confirmaron durante el juicio del pendrive de los Pujol que Peribañez había colaborado con ellos en el análisis de la documentación incautada en Método 3. Ambos aseguraron que pagaron a Peribañez con dinero público comidas y desplazamientos a Madrid. Julián Peribañez también declaró como testigo en el juicio y negó tener vinculación alguna con la información informática robada a los Pujol, una suerte de "vida informática" del hijo mayor del expresidente que la brigada política intentó introducir sin éxito en la causa de corrupción que se sigue en la Audiencia Nacional. Peribañez niega participación alguna en la Operación Catalunya y ciñe su colaboración con la Policía, de 18 meses, a la investigación de la filtración de un informe de la UDEF aparecido en la sede de Método 3 y a su condición de antiguo empleado de esa agencia de detectives. En cuanto a Giménez Raso, grabaciones de Villarejo a las que ha tenido acceso elDiario.es confirman su participación en la Operación Catalunya. En una de ellas, de mayo de 2014, el comisario acaba de recibir la orden de abandonar los trabajos alrededor del procés y habla con otro de los mandos policiales implicados en las maniobras, Martín-Blas. En el audio se escucha cómo Villarejo, que ha salido del despacho del entonces director operativo Eugenio Pino, pone a "Antonio" (Giménez Raso) a informar a partir de ese momento al jefe de Asuntos Internos. En la causa Tándem o Villarejo aparece también una grabación de 2008 incautada al comisario en la que Villarejo y el inspector jefe hablan del que va a ser su acuerdo comercial. El comisario explica a Giménez Raso cómo la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía realiza una especie de subcontratación de causas judicializadas a espaldas de los magistrados instructores. "Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos", dice Villarejo de su relación con la UDEF. En ese momento estaba al frente de la Unidad el comisario José Luis Olivera, al que Anticorrupción investiga por las sospechas de haberse enriquecido con la trama de Villarejo. De hecho, las pesquisas señalan que Olivera detenta el 5% de la empresa surgida del acuerdo entre Giménez Raso y Villarejo.
1 d
eldiario.es
El cura Silverio Nieto niega su influencia sobre los implicados en Kitchen y el fiscal le replica que "no se ajusta a la realidad"
Silverio Nieto, el sacerdote que supuestamente ejerció de intermediario entre el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su número dos, Francisco Martínez, ha negado este lunes en sede judicial tener cualquier tipo de influencia en los antiguos cargos del Ministerio del Interior que están siendo investigados en la Operación Kitchen. El cura, que es amigo personal de Fernández Díaz, ha asegurado que no tiene conocimiento de las actas notariales de Martínez en las que están impresos los SMS que supuestamente le envió su antiguo jefe con instrucciones sobre el operativo de espionaje a Luis Bárcenas. Según fuentes presentes en la declaración consultadas por elDiario.es, uno de los fiscales del caso, Miguel Serrano, ha asegurado que algunas de las afirmaciones del cura "no se ajustan a la realidad" y que "parecen desmentir" su versión de que no trataba de temas profesionales con los implicados. Nieto estaba citado como testigo y, por tanto, con la obligación de decir verdad. Nieto es uno de los curas más poderosos e influyentes en la reciente historia de la Iglesia española. Su nombre aparece citado en el sumario de la operación Kitchen por los mensajes que le envió Martínez y que él reenvió a su vez a Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) durante estas supuestas maniobras parapoliciales y que también está siendo investigado. Fue este comisario, también “persona de confianza” de Nieto, quien los mostró y leyó voluntariamente en su declaración como investigado en marzo de 2019.Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, en una de esas comunicaciones, Martínez comentaba su intención de aportar al juez los mensajes que Fernández Díaz le habría enviado con “instrucciones muy claras y explícitas” sobre Kitchen —recogidos en las citadas actas notariales— y advertía de que ese movimiento conllevaría “la citación de Jorge [Fernández Díaz] y probablemente de [Mariano] Rajoy”. Este mensaje fue enviado el jueves 23 de enero de 2020, un día antes de que el exsecretario de Estado compareciera como investigado en la Audiencia Nacional. Nieto ha reconocido que recibió ese mensaje aunque no le dio importancia porque entendió que Martínez se lo envió como un "desahogo" y también que lo reenvió "sin ningún comentario" tanto a García Castaño como Fernández Díaz, que le respondió que él no recordaba haber enviado a Martínez ningún mensaje y menos sobre operativos policiales. De esta forma, el cura ha asegurado que él conocía ya la versión que ha dado en sede judicial el ministro, que asegura que no envió los mensajes que le incriminan. De hecho, el exministro ha entregado un informe pericial al juez concluyendo que los mensajes que certifican su conocimiento del espionaje a Bárcenas están manipulados. Durante su declaración, Nieto ha negado tener influencia en las cuestiones profesionales de los investigados. Sobre Fernández Díaz, que dice en sus memorias que fue uno de sus referentes a la hora de su conversión religiosa, ha asegurado que mantiene una amistad de hace muchos años aunque no hablaban de cosas de su cargo. Respecto a García Castaño, ha reconocido que es su amigo, que se conocieron en su etapa de policía, si bien también ha negado que trataran cuestiones de carácter profesional. Respecto a Martínez, del que fue profesor en ICADE, ha dicho que tampoco hablaba de trabajo con él, que sí le comunicó que se sentía “abandonado” y se convirtió en una suerte de “confesor civil” para él. Ha insistido en que, en todo caso, les podían hacer alguna consulta relativa a su defensa en el marco de esta investigación dado que también es magistrado. Silverio Nieto no es un sacerdote común. Además de juez y policía —estuvo destinado en Interpol– fue espía y desde comienzos de siglo ocupó el cargo de director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal. Desde ese puesto, que ya no ocupa, asesoró a las diócesis españolas en varios escándalos de pederastia. Algunas víctimas lo acusan de ejercer de "agente doble" en casos como el de los abusos en Granada o el 'caso Gaztelueta', por el que un profesor del Opus Dei fue condenado por abusos. El primer secretario de Estado que tuvo Fernández Díaz, Ignacio Ulloa, fue designado número dos de Interior por intermediación de Silverio Nieto, según explican fuentes conocedoras del nombramiento. Ulloa, actual jefe de gabinete del presidente del Tribunal Constitucional, se marchó del Ministerio del Interior de Fernández Díaz al año de ser nombrado secretario de Estado.
2 d
eldiario.es
La UDEF pide al juez investigar contratos de cinco ministerios del Gobierno de Aznar en el marco de la 'caja B' del PP
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicita al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la 'caja B' del PP nuevas diligencias encaminadas a indagar en contratos por valor de aproximadamente 570 millones firmados por varios ministerios del Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004, el empresario Alfonso García Pozuelo. En un informe policial de 24 de noviembre adelantado por El País, y al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que "con el fin de concretar" los indicios que se tienen propone investigar contratos de hasta cinco ministerios, de ADIF, Aena y de Renfe (entre otros) para "allegar elementos indiciarios sobre el objeto" de la investigación.Para ello solicitan requerir a la Secretaría General Técnica o a su equivalente el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación de cada una de las licitaciones que se enumeran y que corresponden a los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, Renfe, Turespaña, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Aena o Adif.En su informe la UDEF señala que el origen para pedir estas nuevas diligencias, que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuyo titular hasta la semana pasada era José de la Mata, está en el contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral de la conocida como Época I de la Gürtel por el empresario Alfonso García Pozuelo y el cabecilla de la trama Francisco Correa.Una vez más, se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativo y su aplicación en concepto de gastos del Partido Popular, cuya llevanza realizaban el extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente y extesorero Luis Bárcenas, "corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública".El empresario, propietario de la Constructora Hispánica, señaló en su declaración que el destino del dinero entregado a Correa eran organismos centrales, mientras que Correa definió su posición de intermediación para gestionar las demandas de las empresas hacia Luis Bárcenas, que en caso de éxito generaba el pago de una comisión que se encargaba de repartir entre los partícipes y la propia formación política.La UDEF cita a colación la sentencia de la Época I de Gürtel en la que se explica que "Francisco Correa reconoció su labor de intermediación a favor de Alfonso García Pozuelo en obras de diferente tipo, como carreteras, autopistas, obras del AVE o medio ambiente que les pasaba a Luis Bárcenas y que éste gestionaba con el correspondiente ministerio y si se conseguía la adjudicación el empresario entregaba un 2 o 3% que repartía y entregaba al anterior".Asimismo, recuerdan que en la declaración efectuada por Bárcenas, éste reconoció que Alfonso García Pozuelo entregó cantidades de dinero a Álvaro Lapuerta como tesorero nacional del PP en ocasiones en su presencia que se anotaban en una contabilidad extraoficial que llevaban ambos a efectos de control interno. "Alfonso García Pozuelo fue condenado por delito de cohecho continuado", recuerda la UDEF en su informe de 42 páginas.Y ponen el foco además en que el constructor tenía una posición que le vinculaba al PP como donante de fondos. De hecho, señalan que entre 1998 y 2006 se registran en la cuenta analítica del partido hasta nueve entradas (ingresos) con un montante de más de 258.000 euros por importes que oscilan entre los 12.020 euros y 60.000 euros.Coincidiendo con esto, la entidad Constructora Hispánica en el periodo de estudio comprendido entre 2002 y 2009 "obtuvo del conjunto de las Administraciones Públicas cuando eran gobernadas por dicha formación política adjudicaciones de obras ya sea concurriendo en solitario o asociadas a otra entidad", dice la UDEF, para luego añadir que "es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas —de donativos al PP— y las adjudicaciones de carácter subjetivo, objetivo y temporal".
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