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El director operativo de la Guardia Civil presenta su dimisión por el cese del coronel Pérez de los Cobos
El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha presentado esta mañana una carta con su dimisión a la directora general del Cuerpo, María Gámez a consecuencia de la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar el coronel  Diego Pérez de los Cobos, han informado a eldiario.es fuentes del instituto armado. El motivo del cese de Pérez de los Cobos es un informe remitido al juzgado que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por haber permitido la marcha del 8M pese al riesgo de pandemia. 
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El informe de la Guardia Civil que apunta al ministro Illa y a Simón por tolerar el 8M desencadena una crisis en Interior
Un informe de la Guardia Civil sobre la posible responsabilidad penal de las autoridades por haber permitido la marcha feminista del 8M aviva el principal argumento de la derecha para cargar contra la presunta imprevisión del Gobierno en la crisis de la COVID-19. El documento, solicitado por la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, señala también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por haber tolerado la manifestación mientras desaconsejaron otras concentraciones durante los días previos al estado de alarma. De este último llega a decir que algunas de sus palabras "implican un propio riesgo para la comunidad".El informe ha sido redactado por la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid a petición de la jueza del caso, Carmen Rodríguez-Medel, conocida por haber instruido el caso Máster contra Cristina Cifuentes. En el mismo, el instructor del atestado no atribuye delitos a Simón ni a Illa, pero concluye que tanto ellos, como parte de la cúpula del Ministerio de Sanidad, conocían los riesgos y que aún así toleraron el 8M mientras prohibían otras manifestaciones, según el atestado en poder de eldiario.es.Esas supuestas decisiones son las que avalan la imputación del delegado del Gobierno en Madrid y a la vez secretario general del PSOE por un delito de prevaricación administrativa, dictar resoluciones injustas a sabiendas, que no está penado con cárcel pero sí con inhabilitación para cargo público.La trascendencia de la alusión a la marcha feminista en el informe es que este es el motivo de la causa judicial a partir de la denuncia de un particular contra el delegado del Gobierno en Madrid, que admitió a trámite Rodríguez-Medel y no así otras concentraciones multitudinarias de ese fin de semana, como el partido del Atlético de Madrid, que congregó a más de 60.000 personas el 7 de marzo, o el mitin de Vox al día siguiente en el Palacio de Vistalegre, con 9.000 asistentes según los organizadores.Algunos aspectos del informe de la Guardia Civil aparecieron en una información de El Confidencial el pasado viernes, pero no fue hasta este lunes, cuando prendió la llama del atestado, antes incluso de que se conociese en toda su extensión, porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió cesar al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, quien ejerciera en el pasado como mando único con motivo de la crisis catalana de octubre de 2017.El informe que obra en poder de eldiario.es recupera las advertencias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades por la crisis de la COVID-19 que el 14 de febrero y el 2 de marzo habían difundido, respectivamente, contra los actos que supusieran aglomeraciones por el riesgo cierto de pandemia."No se debería haber realizado ninguna"Frente a esto, dice el informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno no solo evitó prohibir sino que contribuyó a la celebración de concentraciones multitudinarias el fin de semana del 8 de marzo manteniendo reuniones con los responsables del metro y el autobús de Madrid. "Todas estas circunstancias hacen ver a esta instrucción que, a partir del 5 de marzo de 2020, no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo", escribe el guardia civil que instruye las diligencias.Ese fin de semana se celebraron otros acontecimientos multitudinarios, como los citados, pero otros fueron desaconsejados, caso de un congreso evangélico mundial previsto del 19 al 21 de marzo en Madrid, alega el atestado. Una iglesia de este culto en el sur de Madrid había padecido un brote y eso provocó una reunión con sus responsables, que recibieron la recomendación expresa de no celebrar el evento mundial. A esas reuniones con los evangelistas acudieron Illa y Simón, según pone de manifiesto el informe del instituto armado.El Ministerio del Interior se limita a señalar que ha destituido a Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza". El motivo que se le trasladó al propio coronel es no haber informado a sus superiores de la existencia del citado informe y de su entrega al juzgado. La decisión ha creado un incendio en la cúpula de la Guardia Civil, donde Pérez de los Cobos es uno de sus mandos con más ascendente.Esos mandos se han tomado el cese de Pérez de los Cobos como un intento de intromisión política intolerable en investigaciones judicializadas donde los guardias civiles actúan como "policía judicial" y solo responden ante el magistrado instructor. Uno de ellos recordaba los intentos del ministro Jorge Fernández Díaz por conocer las operaciones anticorrupción que la Unidad Central Operativa (UCO) desarrolló durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra dirigentes del Partido Popular y cómo el instituto armado ha resistido siempre a esas presiones.La propia jueza Rodríguez-Medel citaba el Real Decreto sobre actuación de la Policía Judicial en un auto que dio a conocer poco después de que trascendiera la destitución de Pérez de los Cobos. En su resolución, Rodríguez-Medel cita como investigado al delegado del Gobierno en Madrid para el próximo 5 de junio y escribe a los guardias civiles a sus órdenes: "Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta magistrada-juez, oficiándose en su caso a los efectos oportunos".Fuentes del instituto armado han asegurado a eldiario.es que Pérez de los Cobos desconocía el contenido del informe ni si había sido siquiera entregado a la magistrada. El coronel de una comandancia no ejerce como mando de Policía Judicial y Pérez de los Cobos se guarda de inmiscuirse en las investigaciones que dirige un juez, un proceder que conoce bien porque precisamente fue capitán hace años de la misma unidad de Policía Judicial de Madrid autora ahora del polémico informe.Además, Rodríguez-Medel advirtió al actual capitán de la unidad de la reserva que debía tener su trabajo, especialmente cuando el superior político de la comandancia de la Guardia Civil es el único imputado en la investigación, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El desconocimiento de las diligencias por parte de Pérez de los Cobos fue trasladado por éste la noche del domingo al general de zona, el primero en telefonearle para interesarse por las diligencias, y después a la directora del Cuerpo, María Gámez, quien sin embargo ya había recibido la orden de destituir al coronel.Las fuentes consultadas aseguran que la Guardia Civil intentó que la investigación del Juzgado número 51 fuera asumida por la Unidad Central Operativa (UCO), con el argumento de que se menciona en la denuncia a todas las delegaciones del Gobierno, tienen competencia en toda España y son una unidad de élite, pero fue la jueza Rodríguez-Medel quien insistió y decidió trabajar con la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid por haber coincidido en otros casos con sus miembros en el pasado."Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente. Es un aviso a navegantes", denunció la APROGC en un comunicado que advertía al ministro del Interior: "No todo vale en la vida". Otra asociación, la Unión de Oficiales, acusó a Grande-Marlaska de estar "manchando la imagen de la Guardia Civil". "Están creando la sospecha en la opinión pública de que (el informe) se debe a motivos ideológicos y políticos, afectando gravemente a la independencia y neutralidad", reza su nota. PP, Vox y Ciudadanos han solicitado que el ministro del Interior explique el cese en el Congreso.
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Errores de bulto, noticias tergiversadas y saltos al vacío: el informe de la Guardia Civil que imputó al delegado del Gobierno
Es el informe clave de la Operación Sanitario que indaga sobre un supuesto delito de prevaricación administrativa a raíz de la denuncia que un particular presentó contra el presidente, Pedro Sánchez, y los 17 delegados del Gobierno, a quienes culpaba de autorizar las manifestaciones del 8-M a sabiendas de que podrían suponer un foco de contagios en la pandemia. El atestado lo ha elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha resultado fundamental para imputar al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, que también es  el secretario general del PSOE en Madrid. Franco tendrá que declarar el próximo 5 de junio. Se investiga si cometió prevaricación administrativa, si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran, un delito que no conlleva penas de cárcel pero si la inhabilitación para cargo público.La responsable de la investigación es Carmen Rodríguez Medel, quien se hizo cargo desde el juzgado número 51 de Madrid de esa denuncia acerca del papel del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la autorización de la marcha feminista de la capital. Por su jurisdicción Rodríguez Medel no es competente para juzgar lo sucedido en otras comunidades y mucho menos, al presidente que como aforado solo puede ser investigado en el Tribunal Supremo.Con ese informe sobre la mesa, motivó la imputación de José Manuel Franco. No es la primera vez que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de la capital investiga a un político destacado de la región: ya imputó en su día a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes por el caso máster, que acabó con su carrera política.El atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso eldiario.es y que consta de 81 páginas, está plagado de errores de bulto, noticias tergiversadas, clamorosas omisiones, bulos ya desmentidos y algún salto al vacío.El primer ejemplo es este pasaje que relata la Guardia Civil en la página 74 de su informe. "El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento". De la anterior declaración, el atestado policial concluye: "Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus". Semejante lectura parte de esta noticia de Ok Diario, tal y como se señala en el índice del informe, que un párrafo más abajo añade: "Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020.Otra de las noticias de prensa de las que se hace eco el atestado para tratar de apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía la crisis sanitaria que se avecinaba cuando decidió permitir las marchas feministas aquel 8 de marzo alude a unas supuestas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Pedro Simón, el 28 de febrero, publicadas en el medio Redacción médica.Está en la página 73 del informe. Ahí se señala que Simón admitió ese día, el 28 de febrero, que había "transmisión comunitaria". Según el atestado "este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos".En realidad, lo que dijo Fernando Simón en su comparecencia pública fue exactamente lo contrario, tal y como puede leerse en la noticia que sigue publicada en Redacción Médica, el medio que extracta el atestado: "Esto, según ha explicado, [Simón se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'trasmisión comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy bajo'".No es la única referencia que hace el documento de la Guardia Civil a Fernando Simón, que de momento no es objeto de estas pesquisas. Al responsable del centro de coordinación que ha sido la cara del Gobierno en toda la crisis le acusa la Guardia Civil de "hacer declaraciones que implican un riesgo para toda la comunidad". Lo dice con esas mismas palabras este extracto del documento: "Ese mismo día [el 27 de febrero] el director del CCAES declaró en la Cadena Ser que el coronavirus posiblemente había llegado a España en la segunda semana de febrero 'el virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes'". Y a continuación el funcionario de la Guardia Civil escribe: "Nuevamente las declaraciones generan gran incertidumbre de la situación [sic] a fecha de las declaraciones y por ende del potencial peligro de las reuniones de masas ya que las propias declaraciones implican un riesgo para toda la comunidad" (sic).Junto al escrito de 81 páginas, los investigadores de la Guardia Civil entregaron en el juzgado un vídeo emitido por la página web de la Cope sobre un bulo que agitó la derecha durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la manifestación del día de la mujer de portar guantes para protegerse de contagios. Aunque las imágenes de otros años evidencian que es costumbre por parte de algunas asistentes portar guantes morados de forma simbólica en las marchas, el informe policial señala: "el 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es [sic] titulada: 'El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad del coronavius: no se besa' en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid el 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra [Isabel] Celáa y a la exministra [Magdalena] Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir 'no se besa, no se besa' a las personas que encabezan la manifestación". El documento policial reserva cuatro páginas y media para tratar de probar un supuesto trato distinto por parte del Gobierno a las marchas feministas y a otros actos que se celebraron por las mismas fechas en Madrid. Y se detiene sobre "la prohibición de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas". "Como se ha reflejado, el director del CCAESS [Simón] realiza las manifestaciones expuestas el día 7 de marzo de 2020 en el sentido de que se puede ir sin peligro al acto central del 8M y sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista el 6 de marzo, cuyo conocimiento ha tenido esta unidad por los medios de comunicación social".El medio de comunicación social que se cita vuelve a ser Ok Diario, que tituló el 30 de marzo: El Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M. La investigación de la Guardia Civil en este caso incluyó la toma de declaración como testigos a tres de los organizadores del IX Congreso Mundial de Asambleas de dios denominado Unlimited 2020 programado para el 19, 20 y 21 de marzo y que las autoridades sanitarias españolas prohibieron dos semanas antes.En el apartado de conclusiones, el informe policial resume una parte de la noticia de Ok Diario y señala que la documentación aportada por los representantes de los organizadores de ese congreso evángelico "acredita de manera inequívoca el contenido de las manifestaciones aportadas figurando un documento suscrito el 6/03/2020 por la Directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quien haciendo referencia al oficio del Ministro de Sanidad 03/03/2020 'Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19', significa los riesgos de transmisión y para la salud de la población de EVENTOS MULTITUDINARIOS DE CUALQUIER TIPO, recomendando su APLAMIENTO". El atestado policial lo escribe así, en mayúsculas, para destacar lo que supuestamente decían las Recomendaciones de Medidas extraordinarias establecidas el 3 de marzo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero el texto dictado por Sanidad decía algo más que no aparece recogido por el informe de la Guardia Civil. Después de aludir a "eventos multitudinarios de cualquier tipo" las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta en la cita del informe policial): "con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2". Esa parte final de la instrucción es la que precisamente distinguía las marchas feministas del 8M en Madrid del congreso evangélico internacional, que aguardaba la llegada de miles de personas de distintos países a la capital durante el tercer fin de semana de marzo, y que finalmente no se realizó porque Fernando Simón instó a sus organizadores a cancelarlo, recordándoles cómo la pandemia estaba avanzando por el mundo.Sin embargo en sus conclusiones, el atestado lo refleja así: "las recomendaciones imperativas llevadas a cabo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indicia, sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, inclusuo en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso [evangéglico] Unlimited (recuérdese a modo de ejemplo que el Congreso preveía la congregación de 5.500 personas y que manifestaciones como la prevista por el 8M día internacional de la Mujer en Madrid tenía prevista la participación de 1.000.000 de personas". Finalmente, acudieron 120.000 personas, según las cifras del Gobierno, entre ellas la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y varias ministras e incluso la esposa del presidente. La última frase del informe señala: "Todas estas circunstancias hacen ver a la instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo". Sobre esa conclusión a la que llega el atestado es sobre la que se apoya la jueza para imputar al delegado del Gobierno en Madrid. Pero el informe señala y subraya otros supuestos indicios para apuntar a la prevaricación. Y por eso se investigan todas las actividades que tuvieron lugar en la vía pública entre el 5 y el 14 de marzo, los días previos al anuncio del Estado de Alarma. De los 157 expedientes analizados, el instituto armado deduce que en la Comunidad de Madrid en esos nueve días "se detectan un total de 177 reuniones/manifestaciones, de las cuales 130 han sido celebradas, 35 desconvocadas, ocho no celebradas y de cuatro no consta información". Según ese análisis, además, de las 35 desconvocadas, en 26 se debió a la crisis del coronavirus y de estas, en 14 fueron los propios promotores los que dieron marcha atrás y otras 12 se suspendieron a instancias de la delegación del Gobierno mediante llamada telefónica. También en este punto se para el atestado policial y subraya que pese a que ocho testigos de diferentes colectivos alegaron que fue la propia Delegación del Gobierno la que les instó a no llevar a cabo esas actividades por la crisis sanitaria, "la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran".Antes del recorrido por distintos medios digitales de orientación conservadora, el informe comienza con un repaso sobre la evolución de la amenaza Covid-19 desde finales de diciembre cuando las autoridades chinas informaron sobre varios casos de síndrome respiratorio agudo en la ciudad china de Wuhan. En su introducción la Unidad Orgánica de Policía Judicial establece la cronología de la pandemia en España desde que el 25 de febrero se detecta el primer caso en Madrid y los avisos que distintos organismos internacionales y españoles fueron lanzando sobre el virus. A lo largo de 81 páginas, se repasan las comunicaciones que ha mantenido la Delegación del Gobierno de Madrid, sus expedientes administrativos, las órdenes dictadas e incluso sus publicaciones en redes sociales.También en ese tramo del documento afloran errores clamorosos. A la hora de analizar los avisos de los organismos internacionales supuestamente ignorados por las autoridades españolas, el informe policial fecha la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después de la manifestaciones feministas en varias ciudades españolas que están en el origen de la denuncia.El atestado confunde en este caso la declaración de pandemia, que en unas horas motivó la declaración del estado de alarma, el confinamiento y todo lo que vino después, con la emergencia sanitaria internacional, un instrumento pensado para buscar una respuesta coordinada de distintos países ante eventos internacionales que pueden interpretarse como un riesgo para otros Estados.El informe ha tenido consecuencias. A raíz de la filtración de algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable de la unidad que firmó el informe, y que según fuentes del instituto armado desconocía su contenido, puesto que esos agentes operaban como policía judicial a las órdenes de la magistrada que instruye el caso.
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Autonomías del PP piden restricciones a la movilidad que precisan del estado de alarma contra el que vota Casado
El presidente del PP, Pablo Casado, acusó el pasado miércoles al Gobierno de mantener el estado de alarma de manera injustificada: "No podemos prorrogar más sus poderes extraordinarios. Sería una irresponsabilidad. Hasta aquí hemos podido llegar". Su partido votó por primera vez en contra de esa prórroga, que salió adelante gracias al apoyo de Ciudadanos.Ahora, algunos presidentes autonómicos de ese partido plantean restricciones a la movilidad que solo pueden ejecutarse con el estado de alarma vigente. Es más, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llegado a decir que es precipitado que algunas comunidades salgan ya de ese estado de alarma con el que su partido quiere acabar cuanto antes. El de Murcia, Fernando López Miras, también sugiere que el Gobierno debería pedir una nueva prórroga, aunque con limitaciones.El PP ha comenzó a distanciarse hace algunas semanas de la estrategia de Pedro Sánchez de mantener el confinamiento mediante el estado de alarma, un precepto constitucional que habilita al Gobierno a restringir movimientos -entre otras cosas- ante "crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves". El Gobierno lo aprobó el pasado 14 de marzo y desde entonces ha estado solicitando al Congreso prórrogas de dos semanas.En la votación del pasado 6 de mayo el PP ya se decantó por la abstención con un discurso que apelaba al no, mientras Vox optaba por el votó en contra y la confrontación total con el Gobierno. En aquella ocasión, Casado argumentó que el estado de alarma permitía a Sánchez actuar con "arbitrariedad" y le daba "unos poderes excepcionales". "Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B ajustado a la legalidad y al respeto a la libertad de nuestros compatriotas, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición", advirtió.Cumplió la amenaza el pasado día 20, cuando los diputados de su grupo pulsaron el 'no' en la votación de una nueva prórroga, junto a los de Vox, los de ERC y la CUP. "Evidentemente, se evitan contagios encerrando en casa a 47 millones de personas, igual que se evitan accidentes laborales y de tráfico así también", fue uno de los argumentos empleados por el líder del PP para ese rechazo.Sin embargo, en la gestión del día a día hay algunos presidentes del PP con responsabilidades de gobierno que no ven con malos ojos continuar con las restricciones que permite el estado de alarma. Es el caso del presidente de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, que combina en su discurso público el rechazo a esa medida constitucional con la apuesta de limitaciones a la movilidad que solo son viables con los poderes excepcionales que confiere el estado de alarma.El presidente gallego, que celebrará elecciones el 12 de julio, quiere que su comunidad autónoma salga de esa situación en dos semanas. Sánchez comunicó a todos los presidentes autonómicos el pasado domingo que "si nada se tuerce" varias comunidades saldrán de esa situación en los próximos días, y Feijóo ya ha anunciado que "Galicia presentará su candidatura". Según los datos de Sanidad, Galicia ha registrado nueve fallecidos en las últimas 24 horas.No lo hará, eso sí, sin restricciones. Feijóo plantea que haya una limitación "de entradas de ciudadanos que vengan de territorios con situaciones epidemiológicas peores que la de Galicia", una competencia que la Xunta ha admitido que no le corresponde y que solo depende del Gobierno central.El ministro de Sanidad ha sido muy claro sobre este punto en varias de sus intervenciones. Illa ha defendido que "el estado de alarma es imprescindible para la desescalada y no hay alternativa. Hay que limitar la movilidad y la única forma de hacerlo es con el estado de alarma". Y es que las comunidades autónomas pueden limitar el movimiento dentro de sus municipios, pero no pueden impedir desplazamientos de una comunidad a otra.Las pretensiones de Feijóo chocan con su deseo -y el del partido- de acabar con el estado de alarma. Pero es que hay presidente populares que incluso ponen en duda que haya que suspenderlo ya. El el caso del presidente de la Junta de Castilla y León. Fernández Mañueco dio una rueda de prensa el domingo en la que dijo que Sánchez estaba hablado "con demasiada antelación" de acabar con el estado de alarma en algunos territorios."Hay que esperar para afrontar esa decisión", dijo solo unos días después de que su partido votase para acabar con el estado de alarma. "Nuestra postura estará basada en la prudencia y sensatez. Cuando podamos salir definitivamente todo el mundo sabrá que lo hacemos con credibilidad", añadió.También el presidente murciano expresó que el estado de alarma se podría mantener en la parte relativa a la limitación de movimientos. Fernando López Miras ha pedido en reiteradas ocasiones a Sánchez que controle la movilidad para que no haya "regiones importadoras y exportadoras del virus" y recientemente ha planteado restricciones en la Fase 2 en la que entra la mayor parte de su comunidad autónoma.Así, en la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes autonómicos, López Miras se mostró favorable a que el Gobierno pida una nueva prórroga del estado de alarma si este se ciñe a la limitación de movimientos.Casado insiste en que el Gobierno debe acabar con el estado de alarma y echar mano de las leyes sanitarias para controlar en la desescalada los movimientos de personas y así frenar posibles rebrotes. Sin embargo, un informe elaborado por la Abogacía del Estado sostiene que el precepto constitucional es la única vía para aplicar restricciones en todo el territorio nacional.
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Ciudadanos y los aliados de la investidura presionan a Sánchez para que elija socios con otra prórroga de la alarma en el aire
Después de que el PP rompiera en abril el consenso institucional en la lucha contra el coronavirus, dejando de apoyar las sucesivas prórrogas del estado de alarma, y una vez que los populares se pasaron al bloque del 'no' en la ajustada votación del pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto obligado a realizar una serie de equilibrios parlamentarios para poder sacar adelante sus decretos. Unos movimientos que le llevaron, la semana pasada, a lograr acuerdos con partidos tan antagónicos como Ciudadanos y EH Bildu.Los giros en busca de socios parlamentarios han despertado el recelo de prácticamente todos los partidos con los que ha dialogado el Ejecutivo, que ahora presionan a Sánchez para que elija los compañeros de viaje con los que pretende sacar adelante la recién estrenada legislatura y deje clara su política de alianzas. Todo ello con la vista puesta en una nueva votación para la última prórroga del estado de alarma, que previsiblemente el Gobierno llevará al Parlamento la próxima semana, y para la que aún no cuenta con una mayoría que garantice su aprobación.Desde la izquierda (ERC, Compromís, BNG y Más País) piden a Sánchez que recupere y cuide la mayoría que permitió el éxito de la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy, un logro histórico conseguido gracias a la alianza de las fuerzas progresistas, nacionalistas e independentistas, que se repitió en la investidura de enero. Ciudadanos, en cambio, pide al Ejecutivo que rompa con esos socios y se arrime al centro derecha.Y el PNV, que gobierna Euskadi en coalición con los socialistas pero que está muy molesto por el acuerdo que alcanzó el Gobierno con EH Bildu la semana pasada para derogar la reforma laboral –del que se enteró por la prensa– a las puertas de las elecciones vascas del 12 de julio, reclama al Ejecutivo que le diga si le sigue considerando un aliado prioritario.El PNV denuncia una "geometría variable sin coherencia""En política hace falta coherencia y a lo que sucedió el miércoles se le puede llamar de todo menos coherente", aseguraba el sábado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en una entrevista en ETB en la que recalcaba que el Gobierno no tiene asegurado el apoyo de su grupo a una nueva prórroga de la alarma. "Bildu está en su derecho de pactar y el PSOE, de acercarse al resto de grupos parlamentarios, pero tiene que haber una mínima coherencia. Eso de la geometría variable sin coherencia lleva a este tipo de circos políticos. Y quien ha salido más tocado de todo esto es Pedro Sánchez y su Gobierno", añadía.Ortuzar se refería así al tenso debate que se generó el mismo miércoles entre los firmantes del acuerdo –PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu–, acerca de si el pacto contempla la derogación "íntegra" de la reforma laboral, como defendió el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, o si se refiere exclusivamente a los aspectos más lesivos como reivindica el PSOE, que apenas unos minutos después de que se conociera el documento suscrito emitió una nota anulando toda referencia a la "integralidad" de la derogación.Para el PNV el acuerdo recoge aspectos poco novedosos y de "alcance dudoso y limitado", como el referente a la financiación de los ayuntamientos. "Me da la sensación de que ese acuerdo no es suficiente pero, desde luego, las instituciones vascas van a tener otros mecanismos para asegurar una financiación correcta de los tres niveles institucionales del país, Gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Una vía un poco más seria y un poco más segura para los tres niveles institucionales que lo que este acuerdo dice", afirmó.Ortuzar describió la situación política tras lo ocurrido el miércoles en los siguientes términos. "En este momento Pedro Sánchez tiene enfadado a Ciudadanos, que era la apuesta que había hecho en los últimos tiempos para garantizarse la mayoría en la prórroga; no creo que a ERC le haya hecho mucha gracia lo que ha sucedido, y es un apoyo importante; y a nosotros"."Ya a lo largo de esta crisis del coronavirus hemos ido gastando las dosis de confianza que teníamos en este Gobierno. Podríamos decir, usando un símil, que el depósito de confianza del PNV en el Gobierno y en Pedro Sánchez ya tiene la luz de reserva encendida. No sé con quién pretende Sánchez gobernar a estas alturas, pero con todos, en un totum revolutum, no es posible. Tiene que optar, y nosotros creemos que hay una mayoría clara, nítida y suficiente que es la que le llevó a la investidura, y en esa tienen que trabajar", sentenciaba el presidente del PNV.ERC reivindica el "espíritu de la investidura"Los reproches de la formación nacionalista son idénticos a los planteados por el resto de socios de la investidura. "Estamos literalmente llevándonos por delante el espíritu de la investidura, que despertó muchísima ilusión en mucha gente, que era palanca para el progresismo, dique de contención para el fascismo", alertó el pasado miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante el debate de la quinta prórroga del estado de alarma en la que su partido votó no por primera vez por discrepancias con el decreto del Ejecutivo.El parlamentario republicano pronunció un durísimo discurso contra el PSOE y Unidas Podemos por haber alcanzado un acuerdo con Ciudadanos. "Ustedes [dirigiéndose a la bancada azul] venden eso de que los de ERC lo ponen muy difícil y me fuerzan a pactar con Ciudadanos. La derecha siempre compra más barato. Más banderas en los balcones y menos ayudas para la gente", afirmaba Rufián, que también avisaba Sánchez de que Ciudadanos "puede disfrazarse de derecha moderada un rato": "Inés Arrimadas no es [Angela] Merkel, es [María Dolores] de Cospedal".Este lunes, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguraba que no le constaba "ninguna negociación abierta" con el Gobierno sobre el estado de alarma "porque se ha verbalizado que quizás no hace falta", y volvía a recriminar que el Ejecutivo optara por pactar la última prórroga con Ciudadanos en lugar de con ERC.La política de pactos de Sánchez tampoco le gusta a Compromís, otro de los socios de investidura del Gobierno que el pasado miércoles se pasó al no por las discrepancias con el Ejecutivo sobre financiación autonómica. "Han sido capaces de llegar a acuerdos con quienes le niegan el pan y la sal y blanquean la extrema derecha [en alusión a Ciudadanos] y son incapaces de negociar con quienes les llevaron ahí y apoyaron todos sus decretos", señaló el miércoles el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.Baldoví critica el "espectáculo" del acuerdo con BilduEste fin de semana, el representante de la coalición valenciana cargaba además contra el "espectáculo" que a su juicio supuso el pacto de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu a cambio de la abstención de la formación independentista vasca en la quinta prórroga de la alarma. Un pacto que se conoció justo después de que se votara en el Pleno el último decreto del Ejecutivo y del que Compromís, como el resto de socios de investidura del Ejecutivo, se enteraron por la prensa."No creo que sea lo que este Gobierno necesite ni lo que el país necesite", apuntó Baldoví el sábado en una entrevista en RNE. "Negociar a última hora y de una manera tan deslavazada no creo que sea la mejor manera de dar seguridad al país ni de mandar un mensaje de tranquilidad", remachaba, en alusión al acuerdo entre los partidos que sostienen al Ejecutivo y EH Bildu.Las advertencias al Ejecutivo también llegaban por parte del portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, que el pasado miércoles recordó al Gobierno que la quinta prórroga del estado de alarma salió adelante gracias a su voto a favor. Errejón avisó al Gobierno de que tiene que "cuidar" a sus aliados parlamentarios y que eso pasa por "escuchar" sus propuestas. "Empieza a desvanecerse el bloque de la investidura y créanme que lo van a necesitar", afirmó el portavoz de Más País, que recomendó a la coalición "reconstruir" los puentes con sus aliados parlamentarios. "Con el cambio de socios no vamos a ir muy lejos", aseveró.También el diputado del BNG criticó la "cerrazón del Gobierno". "El PSOE y Unidas Podemos se equivocan en buscar apoyos a su derecha y no en la izquierda y el soberanismo", afirmó Néstor Rego en el Parlamento.Un estado de alarma "a la carta"La petición es justo la contraria por parte de Ciudadanos. Este lunes, el portavoz adjunto del partido de Inés Arrimadas en el Congreso, Edmundo Bal, pedía a Sánchez que se fije en Ciudadanos "como partido de Estado que hace política útil" y no en los socios que sostienen al "Gobierno Frankenstein", término despectivo con el que la derecha suele referirse a la pluralidad de fuerzas que respaldaron la investidura, que "solo ponen encima de la mesa cuestiones de naturaleza política que no tienen nada que ver con la lucha contra la pandemia".Bal recordaba que la semana pasada el portavoz que se enfadó "mucho, mucho, mucho" por el apoyo que dio Ciudadanos a la prórroga, fue Rufián. "Ciudadanos y ERC no tiene nada que ver, no coinciden en nada", afirmaba el portavoz de la formación que se dice "liberal", para sentenciar que "el Gobierno tiene que mirar al centro moderado, de la política útil", informa Carmen Moraga.En este momento es por tanto una incógnita si el Ejecutivo podría o no sacar adelante una nueva prórroga de la alarma, la sexta, si finalmente la solicita para poder mantener las restricciones de la movilidad en toda España. Precisamente tras las dificultades para sacar adelante la quinta, la polémica por el acuerdo alcanzado con Bildu, el malestar del PNV, la inflamación de la derecha y la presión social y empresarial, el Gobierno se plantea un estado de alarma a la carta.Lo que estudia el Ejecutivo es proponer que cada comunidad autónoma decida si quiere permanecer bajo el mando único sanitario –el único que permanece ya en vigor– o si asume en solitario las consecuencias de las decisiones que adopte en adelante. El PP ya ha dicho que, sea cual sea la propuesta, su voto será el no, una postura que también se defiende desde Vox. ERC y PNV mantienen en el aire su respaldo a la espera de una negociación con PSOE y Unidas Podemos que pueda desbloquear sus diferencias.Y Ciudadanos no quiere adelantar aún qué hará su partido si finalmente se solicita esa sexta prórroga: "Nosotros siempre tomamos decisiones con responsabilidad", recalcaba Bal este lunes.
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La 'yenka' de Vox: el partido de extrema derecha empieza a rectificar y apoya medidas que antes criticaba
El partido de Santiago Abascal empieza a darse cuenta de que la estrategia de máxima tensión en todos los frentes que mantiene desde que estalló la crisis sanitaria no le está dando el resultado esperado mientras ve cómo el PP está aprovechando la situación para promocionar al máximo la figura de Pablo Casado como líder de un partido que gobierna en Madrid.En estas últimas semanas Casado no ha parado de hacer campaña junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acompañado a un sinfín de actos institucionales. Abascal se ha tenido que conformar con dar ruedas de prensa o protagonizar actos, como el de la cacerola del sábado pasado en Madrid, que no comparte una parte del PP ni tampoco Ciudadanos.La formación de extrema derecha, que hasta ahora presumía de tener un equipo de comunicación potente gracias al cual subían como la espuma en las encuestas, ha empezado a rectificar algunas de las decisiones que había tomado estos días conscientes de que les iban a acarrear más perjuicios que beneficios entre un electorado de derechas muy polarizado.Una de esas rectificaciones ha sido sobre el primitivo rechazo a la renta mínima vital que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros. Hace unos días Santiago Abascal aseguraba en una rueda de prensa que con esa medida Podemos nos quería llevar al "paraíso comunista" y criticaba al "ciudadano Bergoglio" [en referencia al Papa Francisco] por defenderla. "Yo respeto su opinión pero a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar", afirmó. Sus declaraciones sobre el Papa fueron acogidas con estupor y muy criticadas en las redes sociales, incluso por sus propios seguidores, en su gran mayoría muy católicos.Conscientes del error cometido, este lunes Vox reconocía que esa ayuda económica estatal era algo "necesario" para ayudar a "millones de españoles que se encuentran sin empleo, débiles" ante la crisis sanitaria y social que ha desencadenado la pandemia del coronavirus.El encargado de la rectificación ha sido el portavoz del partido, Jorge Buxadé, quien en en rueda de prensa aclaró que "Vox no está en contra" de ese ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Según explicó, porque la idea se parece mucho a la propuesta que hace dos meses lanzó su formación a través de la medida "Protejamos España", que incluía, por un lado, el pago de las nóminas a los trabajadores durante tres meses, y, por otra, abonar la cantidad equivalente al nivel medio de su facturación a los autónomos."No podemos dejar a ni un solo español solo", recalcó el portavoz de Vox, que luego no dudó en culpar de esta situación extrema en la que se encuentra miles de familias exclusivamente a la "negligencia culpable" del Gobierno.Aceptan presidir la Comisión de la Reconstrucción en AndalucíaOtras de sus más sonadas rectificaciones ha sido en Andalucía en donde los socios del Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, han propuesto que la formación de extrema derecha, aliado externo del bipartito, presida la comisión para la recuperación económica y social constituida este lunes en el Parlamento autonómico. Y Vox ha aceptado provocando de inmediato que el PSOE y Adelante Andalucía hayan anunciado que abandonan el órgano parlamentario recién constituido.Lo más paradójico es que hace tan solo unos días Vox votó en contra de la creación de esta Comisión, impulsada por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno que calificó la iniciativa de "una gran alianza andaluza".Entonces los de Abascal afirmaron: "Esta comisión es un ardid". "No se pueden buscar alianzas imposibles con socialcomunistas". Ahora, sin embargo, Vox acepta la presidencia "de buena fe", subrayando de partida su "desconfianza" en lo que pueda salir de ahí. "Vox está porque quiere y porque puede. Si no participamos, nos hubieran criticado por ir contra la recuperación de Andalucía", ha incidido su portavoz regional, Alejandro Hernández. El elegido para presidir la comisión ha sido el diputado Manuel Gavira, que ha obtenido el apoyo de PP, Cs y de su grupo.Las incongruencias del partido de Abascal le han llevado a que en el Congreso primero anunciaran que sí participarían en la también recién creada Comisión por la Reconstrucción para impulsar medidas ante la crisis sanitaria generada por el coronavirus.Pero su obsesión por encontrar perfil propio frente a un PP que se les desboca y por buscar rédito político durante la pandemia les ha empujado a anunciar que se levantan de esa Comisión del Congreso. La excusa para romper el consenso es que dejaban las mesas de trabajo por el pacto del PSOE y Unidas Podemos con "los filoetarras de Bildu" para derogar "íntegramente" la reforma laboral del PP.Los de Casado han hecho bandera de esa reforma y el propio líder del PP ha sacado a la palestra de nuevo a su artífice, la exministra de Empleo, Fátima Bañez, que trabaja ahora para la CEOE. Otra batalla que Abascal tampoco podrá rentabilizar como le gustaría.
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La jueza advierte de que actuará contra Interior si confirma que Pérez de los Cobos ha sido cesado por obedecerla
La jueza Carmen Rodríguez-Medel está dispuesta a abrir una investigación al Ministerio del Interior si confirma que el coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido cesado por obedecer sus órdenes y no informar a sus superiores de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid por tolerar la manifestación del 8M, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. La magistrada advirtió al capitán al mando de la investigación que el deber de secreto que tiene en cualquier causa se vería reforzado en la presente por tratarse el único investigado por el momento en un superior jerárquico suyo, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El capitán le trasladó esta orden de la jueza al coronel Pérez de los Cobos, informan fuentes del instituto armado. El Ministerio del Interior se ha limitado a decir públicamente que Pérez de los Cobos ha sido cesado por "pérdida de confianza", pero al jefe de la Comandancia de Madrid le explicó la directora general del Cuerpo que el motivo era no haber informado de la entrega a la jueza del informe de Guardia Civil por la causa del Juzgado número 51 de Madrid. La magistrada ha reaccionado con un auto en el que cita a declarar al ya investigado José Manuel Franco y recuerda a los agentes del instituto armado que es a ella a la única que deben dar cuenta de su trabajo. Este es el argumento principal, el deber del secreto de los agentes que actúan como policía judicial, de una carta que la jueza ha remitido al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, una vez ha trascendido el cese de Pérez de los Cobos.
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Ciudadanos sostiene que el enigma de quién pagó durante dos años la vivienda de Rivera es un "asunto privado"
Ciudadanos ha vuelto a eludir este lunes dar explicaciones sobre la vivienda de lujo que durante cerca de dos años ocupó Albert Rivera en una exclusiva zona de Madrid que le cedió el empresario madrileño Kike Sarasola siendo presidente de Ciudadanos y diputado por Madrid. Según ha replicado el portavoz adjunto del partido, Edmundo Bal, al ser preguntado por la noticia publicada en exclusiva por eldiario.es, "cada uno decide libremente su domicilio y negocia las condiciones que quiere con su casero".Las informaciones de esta redacción es que no consta que Rivera pagara alquiler alguno por ocupar ese piso que estaba arrendado por Sarasola. Tanto el exdirigente de Ciudadanos como el empresario madrileño han declinado dar explicaciones.Bal, que está sustituyendo a Inés Arrimadas como la voz visible del partido mientras la dirigente de Ciudadanos está de baja maternal, tiró de argumentario interno en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido esta mañana y coincidió en responder prácticamente lo mismo que la semana pasada el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado: que se trata de un "asunto privado". "Vivirá donde le dé la gana, faltaría más que yo me metiera a valorar donde vive". "Me parece que hay una esfera privada y personal que hay que respetar y más en este caso que ya [Rivera] es un ciudadano más, un ciudadano anónimo que no tiene por qué dar explicaciones ni tiene por qué ver en los medios de comunicación donde ha vivido o ha dejado de vivir porque eso pertenece a la esfera privada de las personas, dijo Aguado.Bal fue más escueto y en las dos ocasiones en las que ha sido preguntado ha replicado: "Cada uno decide libremente su domicilio, dónde quiere vivir, y negocia las condiciones con su casero o con su vendedor si va a adquirir la vivienda, o con quien quiera sobre dónde vaya a vivir". El portavoz de Ciudadanos ha insistido luego en señalar: "No tengo ninguna opinión sobre el lugar donde vive cada persona de mi partido o el que en su día fue el presidente fundador".el diario.es preguntó a Bal exactamente: "¿A usted y a la nueva dirección de Ciudadanos les parece ético que el señor Rivera, siendo presidente del partido y diputado, viviera durante cerca de dos años en un piso de lujo cedido por el empresario madrileño Kike Sarasola, en una de las zonas más exclusiva de Madrid, tal y cómo ha publicado el diario.es?". "¿No debería dar explicaciones el propio Rivera o alguien en el partido teniendo en cuenta que Ciudadanos ha hecho de la transparencia y de la regeneración democrática sus dos principales banderas y cuenta además con un Código Ético que prohíbe estos comportamientos?".La tercera cuestión que esta redacción le puntualizó es que no tenía sentido replicar lo mismo que Aguado, acerca de que "era un asunto de la vida privada de Albert Rivera”, porque cuando el exdirigente del partido se instaló en ese piso ostentaba un cargo público y era presidente del partido, no un ciudadano cualquiera. Ninguna de estas cuestiones efectuadas durante su comparecencia fue respondida por Bal. Dado que el formato impide repreguntar, el asunto quedó de nuevo sin más explicaciones.
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La jueza cita como imputado al delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación del 8M
La titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber autorizado las marchas del 8M. Le llama a declarar el próximo día 5 de junio por un delito de prevaricación, según El País.La jueza decidió abrir una investigación tras la denuncia realizada por el abogado Víctor Valladares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por haber permitido las manifestaciones del 8M que tuvieron lugar en las principales ciudades españolas.En una providencia de hace unas semanas, la jueza decidió retirar la acusación de lesiones contra el delegado del Gobierno en Madrid al no ver "causalidad" entre las marchas del 8M y el aumento del número de contagios por coronavirus. Eso sí, mantuvo la acusación de prevaricación por haber permitido las movilizaciones y por la que ahora le cita.La jueza tomo aquella decisión después de recibir un informe forense que descarta que se pueda establecer una relación entre las manifestaciones autorizadas por la Delegación del Gobierno y un aumento en el número de casos positivos de COVID-19.
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Marlaska destituye al coronel de la Guardia Civil de Madrid por un informe de la causa que investiga 8M y Covid-19
El coronel jefe de la comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, ha sido destituido de su puesto por no informar a sus superiores de que los agentes a su mando habían entregado a la jueza un informe solicitado por ésta sobre la presunta responsabilidad penal en la convocatoria feminista del pasado 8 de marzo, han informado a eldiario.es fuentes del instituto armado. La magistrada de Madrid Carmen Rodríguez-Medel mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la causa abierta en su juzgado, el número 51 de Madrid, a raíz de la denuncia de un particular. Según publicó El Confidencial, en el informe elaborado por la Policía Judicial de Guardia Civil en Madrid se apunta a la presunta responsabilidad del director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.El Ministerio del Interior se limita a señalar que Pérez de los Cobos ha sido cesado por "pérdida de confianza". Pérez de los Cobos lleva décadas destinado en puestos clave de la seguridad del Estado con gobiernos de distintos signo. Fue clave en el equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba en la gestión del final de ETA y fue designado en la época del Partido Popular como mando único para Catalunya con motivo del referéndum secesionista del 1-O.
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El juez del caso Villarejo retira a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en el caso del móvil de su colaboradora
El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha retirado a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en el caso del robo y posterior difusión de parte del contenido del móvil de una antigua colaboradora, Dina Bousselham. Una copia de la tarjeta apareció entre el material incautado a Villarejo en 2017.La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el pasado viernes al juez del caso Villarejo que retirara al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en la citada pieza [aquí puedes consultar la trayectoria del caso]. Fuentes fiscales informaron a eldiario.es que no se planteaban solicitar al juez que vuelva a llamar a Iglesias como testigo, ni aprecian indicios contra él como para elevar exposición razonada al Tribunal Supremo, ante el que está aforado. 
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