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El juez propone juzgar a López Madrid por contratar a Villarejo para "hostigar" a la doctora Pinto
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al empresario Javier López Madrid y al comisario José Manuel Villarejo por un delito de cohecho en relación al "hostigamiento" a la doctora Elisa Pinto, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El magistrado acaba de dictar auto de pase a procedimiento abreviado, contra el que cabe recurso, y enfila así el juicio contra López Madrid y el policía por el presunto encargo del primero al segundo, cuando Villarejo estaba aún en activo. El juez del caso Villarejo abrió una pieza separada del caso Villarejo a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, para investigar exclusivamente la posible contratación del policía en activo a cargo del yerno de Juan Miguel Villar Mir. Fuera de esa investigación quedaba por tanto el presunto acoso y las "lesiones con un instrumento peligroso" que el Villarejo habría causado a la mujer por encargo de López Madrid. Por estos hechos, la jueza de Madrid Belén Sánchez atribuye a ambos un delito de acoso y otro de lesiones y está pendiente de dictar auto de apertura de juicio oral. Entre la documentación incautada al comisario han aparecido distintos indicios de la citada contratación del policía por parte del poderoso empresario. En el auto de imputación dictado el pasado noviembre por García-Castellón se revela uno de ellos. Se trata de una conversación que Villarejo mantiene con terceros en enero de 2017 en la que el policía afirma: "Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un “embolao” y ni me has llamado para decirme ... (...) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios".El juez reproduce la afirmación de la Fiscalía Anticorrupción en la que ésta describe esta contratación de Villarejo, disfrazada como "gestión de crisis", como el "fiel reflejo de la corrupción que desde hace años habría infectado a un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".En mayo de 2017, Villarejo escribió en una agenda personal, también incautada, el temor que sentía por que la doctora Pinto le fuera a señalar en una rueda de reconocimiento ordenada por el juzgado de Madrid, como finalmente ocurrió, lo que derivó en su imputación. En dos ocasiones anteriores, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del comisario Eugenio Pino había conseguido eximir de su asistencia al policía alegando supuestos viajes de trabajo en el extranjero.El propio García Castellón, como instructor del caso Lezo, envió a juicio a López Madrid por el caso del tren a Navalcarnero. El yerno del fundador de OHL se sentará en el banquillo por corrupción junto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. López Madrid sigue imputado en el caso de la financiación irregular del PP de Madrid, en el marco del caos Punica, y ya fue condenado a seis meses de prisión por las 'tarjetas black' de Caja Madrid.
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Casado dice que "el PP nunca ha levantado cordones sanitarios" pese a sus múltiples peticiones de declaración de persona non grata
Pablo Casado ha asegurado este martes que el PP "nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático" después de que Vox diera por rotas las relaciones con su formación por una declaración de persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta, en la que el PP se abstuvo.Pese a asegurar que su partido "tan solo" reinvindica "una política responsable y de Estado en las cuestiones fundamentales" sin "cordones sanitarios" contra líderes políticos, el pasado 23 de mayo el PP pidió en el Pleno de Toledo la declaración de persona non grata para el alcalde socialista de Palma de Mallorca, José Hila, por la polémica que generó la eliminación de la "calle Toledo" de su callejero.En Galicia, le tocó a Pedro Sánchez, cuando los populares de Pontevedra pidieron su reprobación por el "ninguneo" y la "humillación" a la zona en los Presupuestos Generales del Estado. En la misma región, en 2013 Vigo acordó por unanimidad señalar al por entonces comisario europeo Joaquín Almunia con esta categoría -además, la formación envió una carta al líder de la Comisión Europea, Durao Barroso, solicitando dicha declaración-. Igualmente, de nuevo en la provincia pontevedresa, el aún presidente Zapatero dejó de ser bien recibido en 2010.Cuatro años más tarde, el ex secretario general del PSOE, junto con el expresidente de Baleares, Francesc Antich, y el que fuera conseller de Medio Ambiente, Biel Vicens, fueron el foco de una solicitud presentada por la formación popular en el parlamento insular, a raíz de unas prospecciones petrolíferas.La consejera vasca Arantxa Tapia se enfrentó a la misma situación en Navarra, donde a través de una declaración institucional, el PPN la señaló por unas palabras en las que incluía a Pamplona entre las "capitales vascas". Por su parte, el líder abertzale, Arnaldo Otegi, fue objeto de una petición similar, en este caso por parte del Ayuntamiento de Málaga, presidido por los de Casado, por su supuesta vinculación con la banda terrorista ETA.El PP de Burgos pidió igualmente en 2009 que se considerase persona non grata al secretario provincial del PSOE, José María Jiménez, debido a su "comportamiento bochornoso" durante los actos en honor a la patrona de Aranda del Duero.Estos procedimientos se remontan al 2006, cuando la en aquel momento ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, vio como los populares de Murcia solicitaban este tratamiento para ella tras unos presuntos ataques al director general del agua, Jaime Palop.
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Detenido el presidente del CD Badajoz y registrado su estadio por un fraude masivo del IVA
El presidente y dueño del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra Páez, ha sido detenido este martes por efectivos de la Guardia Civil dentro de una operación contra una presunta organización criminal que habría defraudado más de 13 millones de euros de IVA, informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. El estadio Nuevo Vivero del equipo de la capital pacense, que milita en Segunda División B, es uno los 16 inmuebles registrados por orden judicial. Junto a Parra Páez hay otros cuatro detenidos a los que se les atribuye un delito contra la Hacienda Pública. Como resultado de la operación se ha procedido al bloqueo y embargo preventivo de 225 cuentas bancarias, 36 inmuebles, dos yates y 49 vehículos de lujo. El titular del juzgado de Málaga que dirige la operación ha declarado el secreto de las actuaciones. La Guardia Civil ha procedido igualmente a la paralización de la actividad y embargo del combustible de 6 gasolineras con las que se defraudaba a Hacienda. Parra Páez figuró hasta diciembre de 2020 como administrador único de la compañía a la que pertenecen, Extrem Petrol.Los registros se han extendido por Málaga, Madrid y Sevilla. En la capital andaluza se ha registrado la sede de Extrem Petrol. Según Efe, el hijo de Parra sigue como apoderado de la compañía.Parra Páez habría invertido más de tres millones de euros procedentes del fraude en el estadio del equipo. El empresario sevillano Joaquín Parra se hizo con el club en junio de 2019 sin haber tenido antes vinculación alguna con el mundo del fútbol. En enero de 2020 concedió una entrevista al diario As en la que aseguraba: "En seis o siete meses hemos crecido una barbaridad y puedo decir que somos uno de los clubes más grandes de Segunda B, incluso mayores que algunos de Segunda. Y en términos económicos hay muy pocos tan saneados como nosotros. Había mucha deuda. Ya está todo al día".
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Bárcenas: “Los empresarios estaban dispuestos a donar dinero al PP a cambio de sentarse una hora con un ministro”
El extesorero del PP Luis Bárcenas describió el pasado 16 de julio en la Audiencia Nacional su labor y la del fallecido Álvaro Lapuerta en la caja B del partido como de intermediarios entre los constructores que querían tener acceso a los ministros del ramo, principalmente Fomento y Medio Ambiente, a cambio de una cantidad de dinero negro para la contabilidad paralela de la formación, según aparece en el vídeo de la declaración, al que ha tenido acceso elDiario.es.“Era un concepto de relaciones públicas. No sé si en el mundo del lobby en otros países donde está admitido legalmente cómo funcionan las cosas pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosostros. Al final en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio”, afirma Bárcenas a preguntas de la representante de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane.La jefa de la Sección Penal de la Abogacía del Estado intentó que Bárcenas concretara quién participaba en esa trama. Bárcenas respondió que los ministros de Fomento y Medio Ambiente y sus secretarios de Estado desde 1996 a 2004 sin precisar nombres. Esos cargos fueron ocupados, en lo que respecta a Fomento por Rafael Arias-Salgado y Francisco Álvarez Cascos; y en la cartera de Medio Ambiente por Isabel Tocino, Jaume Matas y María Élvira Domínguez. Bárcenas describe cómo en una ocasión, Lapuerta conectó a uno de los empresarios con un director general de Carreteras para enfado de Álvarez Cascos, ministro de Fomento. “El ministro tiene una conversación un poco dura con Alvaro para recriminarle llamar a un director general y no a él y prohibirle que se dirigiese a ninguna persona que dependiese de él. De alguna forma le cerró la puerta para que pudiera dirigirse a cualquier membro de la administración por debajo de él”, afirmó Bárcenas. El extesorero del PP añadió después que en el caso de que los empresarios estuvieran interesados en comunidades autónomas del PP, Lapuerta les conectaba directamente con el presidente de la región. Luis Bárcenas declaraba ante el juez que instruye la línea del cohecho de los empresarios dentro del caso de la caja B, Santiago Pedraz, por un escrito que presentó el pasado febrero y en el que, por primera vez, aludía a donaciones finalistas más allá de la que ya había denunciado en 2007 para la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal. Sin embargo, ante el juez dijo que no podía precisar nada concreto de esas donaciones finalistas porque se trata de documentación que le fue sustraída durante la Operación Kitchen en el estudio de su mujer y que, según él, esconde el comisario imputado Andrés Gómez Gordo, actual jefe de la comisaría madrileña de Villa de Vallecas y antiguo asesor en Castilla-La Mancha de Cospedal.Sobre esa documentación sustraída, Bárcenas dijo: “El concepto de los gastos eran electorales, de mailing, de imprenta, una serie de conceptos que en aquella época no estaban financiados por la ley electoral y que tenían un coste muy elevado y requerían nodos adicionales a los que se aportaban oficialmente en la campaña. Se hacían acciones específicas para conseguir que determinados donantes entregaran esos documentos. Lo que se contenía en esa documentación es quién dio el dinero, la cantidad y a qué se aplicó”.
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VÍDEO | Bárcenas declara ante el juez que investiga el cohecho de empresarios en la caja B del PP
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Cuidado con llamar incendiario non grato al que va a Ceuta con una antorcha
Durante décadas, muchas discusiones en Madrid sobre Ceuta y Melilla venían acompañadas de un aviso que quería ser sombrío. Algún día, la población musulmana de ambas ciudades superaría a la de origen español (es decir, católica) y eso pondría en peligro la pertenencia de ambas a España. Ese discurso catastrofista nunca se convirtió en realidad, a pesar de que la premisa casi se ha cumplido. Un 43% de los habitantes de Ceuta es musulmán, según un estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España. El porcentaje supera el 50% en Melilla. Los problemas económicos son reales y los sentimientos racistas existen desde hace tiempo, pero la convivencia nunca se ha quebrado por completo.Vox ha venido para cambiar esa situación con la idea de que redundará en su favor en las urnas. Atizar el enfrentamiento entre ambas comunidades es su principal argumento. El asalto a la frontera de Ceuta en mayo propiciado por el Gobierno marroquí ha sido una oportunidad que el partido de Santiago Abascal no ha desaprovechado. Su líder fue corriendo a Ceuta para reclamar mano dura y la militarización de la frontera. Regresó después para un mitin en la ciudad, que no llegó a celebrarse por prohibición judicial. Su presencia provocó incidentes cuando centenares de personas le abuchearon frente al hotel en que se encontraba. La Asamblea de Ceuta votó a favor de denominar a Abascal persona non grata en la ciudad con los votos del PSOE y de dos pequeños partidos locales, MDyC y Caballas, además de la abstención del PP, el primer partido con nueve escaños (el PSOE cuenta con dos menos y Vox con cinco menos tras la salida de otros dos al grupo mixto). El portavoz de Vox en la Asamblea había cumplido antes la orden de sus jefes de elevar al máximo la crispación en los plenos. Un debate sobre una rotonda fue suficiente para que el líder regional de la extrema derecha denunciara al presidente, Juan Vivas, del PP, por no convocar un pleno extraordinario dedicado a los acontecimientos en la frontera, e insultara a Fatima Hamed, del partido MDyC, tachándola de "integrista" y de servir a los intereses de Marruecos. Vox pretende definir a los partidos musulmanes y a sus votantes de "quintacolumnistas", como si Marruecos estuviera a punto de invadir Ceuta y hubiera que ocuparse del enemigo interior. Sin embargo, su objetivo último es tachar a Vivas y al PP de blandos ante esta supuesta amenaza para provocar tal resentimiento entre comunidades que los votantes del PP acaben en manos de Abascal. En las elecciones autonómicas de mayo de 2019, el PP superó en 3.000 votos y casi nueve puntos a Vox. En las generales de ese año, seis meses después, se cambiaron las tornas y la extrema derecha ganó el escaño de Ceuta. Vox le sacó 4.300 votos al PP.La extrema derecha tiene una estrategia muy clara: "Vox lleva dos años poniendo en duda la españolidad de parte de nosotros sólo en base a la religión, la vestimenta, la zona donde resides", dijo en mayo el sociólogo de Ceuta Enrique Ávila. "Han ido sembrando la semilla del enfrentamiento entre 'moros y cristianos', como si de una cruzada se tratase". Vivas es muy consciente de esa intención y del daño que provoca la polarización en la ciudad, no sólo política, sino también social y religiosa. Por eso, suspendió los plenos cuando se convirtieron en un intercambio de insultos azuzados por Vox. "Ustedes le están haciendo el discurso a Marruecos y un daño enorme a España", les dijo Vivas en el pleno que tuvo que suspender tras sólo media hora. El consejero de Medio Ambiente, del PP, fue más expeditivo. Llamó "sinvergüenza" y "fascista" al portavoz de Vox.El presidente de Ceuta explicó el lunes en una entrevista en la COPE las razones para hacer posible la reprobación de Abascal con su abstención. Fue astuto al negar que intenten aislar a Vox, entre otras cosas porque ese partido en Ceuta ha conseguido aislarse a sí mismo. "No a los cordones sanitarios, pero tampoco a los que establece Vox para incendiar Ceuta", dijo. Vivas no olvida la visita de Abascal del 24 de mayo, cuando acudió a prender fuego a una situación sin precedentes como fue la llegada de 12.000 marroquíes y subsaharianos. En el momento en que el Gobierno de Ceuta necesitaba ayuda del Gobierno central y de otros partidos, Abascal optó por echarle una mano al cuello.En el Partido Popular, deberían ser conscientes de la situación muy delicada que viven sus compañeros en esa ciudad. Pero el PP de Madrid tiene sus propios intereses, que pasan por mantener una relación de extrema cortesía con el partido de Abascal. No es la primera vez que menosprecian a los dirigentes de PP en otras comunidades autónomas por no ser lo bastante puros. De ahí que su concejal de Madrid, Andrea Levy, llamara "herramienta deleznable de la izquierda" a la declaración de persona non grata, que no pasa de ser una censura simbólica de efectos nulos. Cayetana Álvarez de Toledo –peleada con Casado, pero reserva espiritual del PP madrileño– denominó a la censura "incongruencia moral y disparate estratégico". A la diputada le gusta dar lecciones de moral a su propio partido.Levy estaba indignada por la votación de Ceuta contra Abascal al estar en contra de ese tipo de iniciativas por una cuestión de principios y "porque lo hemos sufrido de forma totalitaria". Como si el PP no hubiera recurrido a ella contra sus adversarios en numerosas ocasiones. El PP de Zaragoza la propuso por ejemplo contra el actor Willy Toledo por sus comentarios sobre la Virgen del Pilar. Si te pisan los callos más sagrados, entonces la censura es menos totalitaria. Vox ha respondido con el anuncio de que corta relaciones con el PP. No negociará más presupuestos o leyes con ellos en parlamentos y ayuntamientos. Es un aviso que lanzan una vez cada seis meses y que nunca terminan de cumplir. En la Asamblea de Madrid, ya han dejado claro que aceptan el papel de felpudos del PP al permitir la aprobación de la ley que entrega el control de Telemadrid a Isabel Díaz Ayuso.Juan Vivas no va a recibir mucho apoyo de la dirección nacional de su partido en su intento de frenar los planes con los que Vox quiere dinamitar la convivencia en la ciudad. Seguirá exigiendo que nadie se presente con una antorcha en Ceuta, pero en su partido hay algunos que creen que una buena antorcha en el momento adecuado es una herramienta imbatible.
2 d
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El sector ultra que quiere reactivar el recurso contra el aborto en el Constitucional: exdiputados del PP y Abogados Cristianos
Se cumplen once años desde que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una década después —en la que los populares han estado dos legislaturas al frente del Ejecutivo— no ha habido respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Ante esta situación, una parte del sector más ultraconservador de la derecha trata de reactivar ese pronunciamiento, según adelantó este lunes El País. A lo largo del último mes se han producido dos movimientos con los que se busca que el tribunal de garantías se posicione ante la argumentación jurídica expuesta por los populares en el año 2010. Por un lado, la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos anunció hace quince días la presentación de una querella en el Tribunal Supremo contra Andrés Ollero, ponente del recurso contra la ley del aborto en el Constitucional, al que acusan "de un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso". Por otro, una veintena de exdiputados del PP han optado por llevar a Europa la demora de la respuesta. El exconsejero de Educación del Gobierno de Esperanza Aguirre, Luis Peral; la exdiputada popular y actual diputada de Vox, Lourdes Méndez Monasterio y el expresidente del PP vasco, José Eugenio Azpiroz, presentaron ante los medios en las afueras de la sede del Constitucional la demanda dirigida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el tribunal de garantías "por retraso injustificado en dictar sentencia". En la nota de prensa difundida aportaron los nombres del resto de exdiputados populares que apoyan esta actuación, entre los que destacan los exministros Jorge Fernández Díaz y Federico Trillo, así como el actual diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.Esta no era la primera vez que pedían a los magistrados a que se posicionasen sobre el aborto. En conversación con esta redacción, Peral recuerda que "el 16 de diciembre también enviaron una carta" pidiendo "resolver el asunto" y no obtuvieron respuesta. Ese silencio ha motivado que los exparlamentarios populares hayan terminado pidiendo amparo en Estrasburgo. En el tribunal tanto Ollero como el presidente, Juan José González Rivas, están preocupados por la imagen del Constitucional al no resolver expresamente este recurso, admiten fuentes jurídicas, que también exponen que esta causa no se resolvió al considerar que estaba tácitamente desistida después de que el PP no derogase la ley cuando estuvo al frente del Gobierno y con mayoría absoluta en el Congreso. Aún así, los magistrados del tribunal de garantías no pueden mantener el asunto en un cajón —exponen las fuentes consultadas— porque los diputados que presentaron el recurso no quieren retirarlo. El magistrado encargado de la ponencia tiene un marcado carácter conservador, fue diputado del PP durante 17 años, y religioso. Su posicionamiento antiabortista ha quedado patente en más de una ocasión. "Cinco lustros después, la situación es de aborto libre, al convertirse España en un paraíso del turismo abortista y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea", lamentó en un artículo publicado en Diario Médico en enero de 2012.El problema de fondo por el que no se ha debatido este recurso se centra en el bloqueo de la renovación del tribunal de garantías, añaden las fuentes jurídicas consultadas, que defienden que a Ollero — con un mandato caducado desde 2019— le genera un problema de conciencia afrontar una ponencia de desestimación. Por eso, se ha dilatado la decisión con el objetivo de asumir el recurso con un nuevo ponente, ante la posibilidad de que hubiese acuerdo para sustituir a los jueces con un mandato ya expirado. En declaraciones a El País, Ollero ha asegurado que tiene "preparados los trabajos necesarios" para llevar al pleno la ponencia sobre la ley del aborto en cuanto sea necesario. Vox ha aprovechado la presencia de su diputada entre los firmantes de la demanda ante el TEDH para difundir en su página web la interposición de esta demanda. "Durante más de diez años el Tribunal Constitucional español se ha negado, por razones desconocidas, a dictar sentencia en este recurso de inconstitucionalidad denegando a los demandantes en la práctica y de forma absolutamente arbitraria su derecho de acceso a la justicia", recoge la nota de prensa de la formación de extrema derecha publicada por este asunto. Antes de dar el salto a Vox y representar al partido de Santiago Abascal en Murcia, uno de sus nichos electorales, Méndez Monasterio fue diputada del PP durante tres legislaturas, entre los años 2004 y 2016, y consejera de Trabajo en el Gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel entre 2002 y 2004. Tanto durante sus años en Génova 13 como en la formación de extrema derecha esta política ha hecho público su posicionamiento en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, llegando a ser una de las representantes del PP en el Congreso que rompió en 2015 la disciplina de voto del partido al no posicionarse a favor de la reforma de la ley del aborto promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esa misma decisión fue adoptada por otro de los impulsores de la demanda, José Eugenio Azpiroz.Hace un mes Méndez Monasterio participó en unas conferencias organizadas bajo el título Asamblea de Asociaciones por la Vida, junto a portavoces de colectivos católicos y ultraconservadores, como Jaime Mayor Oreja, que preside la federación europea One Of Us; y representantes del Foro Español de la Familia y de la Federación Española de Asociaciones Provida. En esa charla la diputada de Vox expuso en qué consistía el recurso de inconstitucionalidad presentado por la formación de extrema derecha contra la ley de eutanasia. En el Congreso, donde asume la portavocía del partido en la Comisión de Igualdad, las interpelaciones de Méndez Monasterio no han pasado desapercibidas desatando la polémica al negarse a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista o al criticar una proposición no de ley que pretendía que las mujeres que son pareja no tengan que estar casadas para inscribirse como madres.Junto a la actual diputada de Vox acudieron a la sede del Constitucional para hacer pública la demanda presentada ante el TEDH dos excompañeros de bancada popular: Luis Peral y José Eugenio Azpiroz. El primero no es uno de los firmantes del recurso presentado ante el tribunal porque en 2010 era senador, aunque asegura a elDiario.es que formó "parte del equipo jurídico que redactó" el escrito. Antes de llegar a la Cámara Alta, Peral pasó por el pleno del Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea autonómica, llegando a ocupar la cartera de Educación en uno de los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre. En 2016 abandonó la política activa, tras renunciar a su acta en la Asamblea de Madrid. Durante la legislatura presidida por Cristina Cifuentes tuvo varios encontronazos con la disciplina de voto de su grupo parlamentario. Afrontó una multa de 300 euros por ausentarse en la votación de la Ley contra la 'LGTBfobia', que ahora Ayuso baraja reformar tras su acuerdo con Vox, y otra de 600 euros por votar en contra de una proposición no de ley sobre los vientres de alquiler. Una vez abandonado el escaño se ha centrado en su carrera académica. En marzo, a los 70 años, se doctoró con una tesis sobre la política económica de la Segunda República. El último de los exparlamentarios que ha hecho público su apoyo a la demanda presentada contra el Constitucional es el abogado José Eugenio Azpiroz. Este letrado también rompió la disciplina de voto del partido. En este caso se produjo al negarse a apoyar la reforma de la ley aborto impulsada por Rajoy, años después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad. "No me siento ultraconservador", aseguró posteriormente a esta redacción. Es más, siempre han dicho que soy un poco rojo en cuestiones sociales", sostiene el diputado del PP, que también defendió que "matar a alguien no es un derecho de nadie".
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