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Maroto asegura que el Gobierno maneja "datos positivos" para el turismo pese a la quinta ola
El Gobierno es "optimista pero prudente" respecto al impacto de la quinta ola en el sector turístico. A tres días del cierre del julio, la ministra de Turismo Reyes Maroto no ha querido adelantar los resultados parciales, pero ha afirmado que el Ejecutivo "datos positivos" para este mes, como los de las compañías aéreas o el índice de percepción de seguridad para España, que la tercera semana de julio se situó en el 92%. "Los datos que tenemos de asientos de las aerolíneas arrojan que el destino España está siendo uno de los preferidos por parte de los turistas internacionales que deciden viajar. Ese es un condicionante, porque no todos los turistas internacionales que en un año normal viajarían a España están decidiendo salir de sus países, pero si deciden hacerlo lo que sí que puedo trasladar es que España es uno de los destinos preferidos", ha manifestado Maroto, que también ha destacado el "éxito de la vacunación" como uno de los puntos claves del mercado español. "La campaña de vacunación no está siendo tan exitosa en otros países de nuestro entorno", ha recordado, poniendo como ejemplo a EEUU, donde "se ha llegado a un límite de vacunación. Existen ya muchas dificultades porque hay una población negacionista con respecto a las vacunas". "Eso no está pasando en España, esa es la gran noticia, tenemos un porcentaje de rechazo mínimo. La norma en España es que todo el mundo se quiere vacunar y eso nos da una fortaleza de cara a los próximos meses y por ejemplo para la campaña de otoño invierno, la temporada alta en Canarias", ha celebrado la ministra tras la conferencia sectorial de Turismo celebrada este martes junto a las comunidades autónomas.En esa reunión se ha aprobado los primeros 23 planes de Sostenibilidad en Destinos, con una financiación de 64 millones de euros. Su objetivo es la "modernización, transformación y adaptación del modelo turístico" para digitalizarlo y evitar la sobredemanda que se dio en varios puntos de España antes de la pandemia. En los próximos tres años se convocarán ediciones extraordinarias de este programa gracias a una inyección 1.900 millones procedentes de fondos europeos.En esta primera ronda todas las comunidades, excepto Catalunya, organizarán alguno de estos planes. Maroto ha explicado que el motivo de la ausencia de la administración autonómica que dirige Pere Aragonés es que ha preferido renunciar a esta convocatoria ordinaria para concurrir a la extraordinaria financiada con fondos europeos, cuyo plazo para presentar propuestas se abrirá en septiembre.Los proyectos seleccionados en este primera ronda se encuentran en Andalucía (Geoparque de Granada), Aragón (Andorra-Sierra de Arcos, Cinco Villas), Asturias (Valles de Aller y Comarca de Avilés), Baleares (Villa de Ibiza y Formentera), Comunidad Valenciana (Altea y Peñíscola), Canarias (Lanzarote), Cantabria (Alto Asón), Castilla-La Mancha (Campo de Criptana, Montes de Toledo y Molina de Aragón), Castilla y León (Salamanca), Extremadura (La Vera-Valle del Jerte), Galicia (A Mariña Lucense y Ourense Termal), La Rioja (Valle del Alhama-Linares), Comunidad de Madrid (Cerdedilla-Puerto de Navacerrada), Murcia (Portmán); Ceuta (Mercado de Salazones) y Melilla (Recuperación de edificios singulares).La financiación que recibirá cada plan de la Secretaría de Estado de Turismo oscila entre los 400.000 y los dos millones de euros, ha confirmado el Ministerio.
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El salario bruto anual cayó un 2,6% en 2020, hasta 22.837,59 euros
El salario bruto anual alcanzó los 22.837,59 euros en 2020, lo que supone un descenso del 2,6% respecto a un año antes y un 73,3% del coste total, según los resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).El INE ha destacado que este descenso se da tras tres años de crecimiento y ha explicado que en 2020 convivieron trabajadores remunerados con salarios y otros (en ERTE) con prestaciones del SEPE, por lo que la masa salarial percibida no guardó relación con el número de empleados, ya que aunque solo una parte de ellos recibieron rentas salariales, todos estuvieron dados de alta en las plantillas. El salario medio está "distorsionado" y su comparación con 2019 no es "apropiada", según el INE.Respecto a los costes no salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social fueron la partida más importante (7.335,87 euros por trabajador, un 23,6% del coste laboral). Los sueldos y salarios más las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron conjuntamente, por tanto, el 96,9% del coste bruto.Además de los salarios y cotizaciones, 561,45 euros anuales se destinaron a beneficios sociales por trabajador (cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social y gastos de carácter social), 206,27 a otros gastos derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, pequeño utillaje y ropa de trabajo, transporte hasta el lugar de trabajo o selección de personal), 153,45 euros correspondieron a indemnizaciones por despido y 55,57 a formación profesional.Asimismo, el coste laboral por trabajador en términos brutos fue de 31.150,20 euros en 2020, lo que representa un descenso del 2,1% respecto al año anterior. Si se restan las subvenciones y deducciones que se recibieron de las administraciones públicas, se obtiene un coste neto de 30.965,76 euros, con un descenso anual del 2,1%.Según la encuesta, la industria tuvo en 2020 el mayor coste total neto por trabajador, con 36.771,48 euros, aunque coste se cayó un 2,8% respecto al año anterior, con descensos del 3,7% en el coste salarial y del 0,2% en el coste no salarial.En el sector de la construcción el coste neto descendió un 0,9%, debido al descenso tanto del coste no salarial (-1,2%) como de los costes salariales (-0,8%).El sector servicios, por su parte, presentó los costes laborales más bajos en 2020, y registró un descenso del coste neto del 2%, con bajadas del 2,5% en el coste salarial y del 0,7% en el no salarial.Los costes laborales más elevados se dieron en la Comunidad de Madrid (37.124,53 euros), País Vasco (36.867,25) y Comunidad Foral de Navarra (34.508,28), mientras que los más bajos se observaron en Canarias (24.062,13 euros), Extremadura (25.051,16) y Baleares (27.003,07 euros).Por otro lado, la mayor parte de los centros, el 94,7%, que correspondieron al 86% de los trabajadores, estuvieron regulados por convenios colectivos en 2020, siendo el ámbito con mayor proporción el inferior al estatal. Del total de trabajadores con convenio, un 3,3% vieron modificadas sus condiciones de trabajo respecto a lo que se establecía en el convenio colectivo de referencia.
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Naturgy anuncia 14.000 millones de inversiones hasta 2025 y recorta dividendos
Naturgy ha presentado este miércoles su nuevo plan estratégico, que contempla una inversión de 14.000 millones de euros hasta 2025 para acelerar su descarbonización y un recorte de sus dividendos en el periodo. El plan, centrado en las renovables, prevé repartir unos 5.900 millones en dividendos en el periodo, con un recorte del 'pay out' (porcentaje del beneficio que se reparte a los accionistas) hasta el 85%, frente al 120% del anterior plan.El plan, inicialmente previsto para finales de 2020, se pospuso hasta febrero de 2021 y, tras la pandemia, hasta ahora. Según ha explicado en rueda de prensa el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, el grupo ha decidido presentarlo cuando hay una “visibilidad suficiente” en el mercado y una vez concluida la reestructuración del grupo, sin esperar a que se resuelva la oferta pública de adquisición (opa) parcial presentada por el fondo australiano IFM, sobre la que el Gobierno debe pronunciarse en las próximas semanas. Según Reynés, que ha confiado en recuperar nivel de negocio pre-covid a finales de 2022, “una compañía necesita un plan” y sin él no se puede acometer una inversión de 14.000 millones cuando de ello depende “la motivación de miles de empleados”. “No podemos estar pendientes en resoluciones que son externas a nosotros”, ha dicho el ejecutivo, que ha recordado que se trata de una opa “totalmente no solicitada”.Del total de la inversión, el plan, segundo de la era Reynés, contempla destinar 8.700 millones a renovables y 4.100 millones, a redes, con la instalación en ese lustro de 9,4 gigavatios (GW) renovables, de los que 5,2 GW estarán en Europa, 2,2 GW en Australia y 1,2 GW, en Estados Unidos. El objetivo será alcanzar los 14 GW de tecnologías no emisoras en 2025, de los que un 45% serán fotovoltaicos (frente al 9% de 2020), el 36%, eólicos, y el 16%, hidráulica. Un 3% será almacenamiento. Las renovables deberán aportar un ebitda (beneficio bruto operativo) cercano a los 1.000 millones de euros al final del periodo. El grupo prevé un aumento anual del ebitda del 15% y la obtención de un cash-flow de 16.700 millones en el periodo para respaldar las inversiones. Estas no tienen en cuenta las “oportunidades de inversión adicionales” vinculadas a los fondos europeos, con una posible inversión de 13.800 millones de los que unos 3.000 millones estarían vinculados a proyectos de gases renovables.La retribución prevista para el accionista será de 1,2 euros por título al año. Reynés se ha mostrado dispuesto a revisarla en 2023 en función de la evolución del negocio y la ejecución del plan. El grupo ha aprobado el primer dividendo a cuenta del año 2021, por importe de 0,30 euros por acción pagadero en caja el 4 de agosto. Ese importe deberá descontarse del importe ofrecido por IFM, que aspira a hacerse con al menos el 17% del grupo. Ofrece 22,37 euros, por debajo de la cotización actual de Naturgy, que ha superado ese nivel tras las compras anunciadas por CriteriaCaixa para quedarse al borde del 30%. “El que tiene que opinar sobre el precio es adecuado o no es el opante”, ha dicho Reynés, preguntado al respecto.El nuevo plan estratégico, “adaptado a los tiempos actuales” para compatibilizar el crecimiento de la compañía y su transformación a la transición energética, que se ha “acelerado” tras la pandemia, contempla una reducción de emisiones del 24% de CO2 para 2025 y contar con más de un 40% de mujeres en posiciones directivas. También vincula a objetivos de sostenibilidad el 10% de la retribución variable de los altos directivos, frente al 3% de 2020.Reynés ha dicho que el grupo no se plantea sacar a bolsa ninguna división y se ha mostrado “dispuesto a analizar” desinversiones, aunque las ventas de activos “no forman parte del core del plan”, a diferencia del anterior, que preveía desinversiones por unos 3.000 millones. Tampoco ha cerrado la puerta a las compras. Aunque el objetivo es el crecimiento de forma “mayoritariamente orgánica”, el presidente de la energética no ha descartado adquisiciones: “Estudiaremos cualquier oportunidad” que pueda ser “interesante” y siempre respetando la disciplina financiera y en países con un marco jurídico “estable”.En el primer semestre, Naturgy obtuvo un beneficio neto de 484 millones, un 45% más, gracias en buena medida al cierre en marzo del acuerdo para zanjar la disputa que afectaba a Unión Fenosa Gas (UFG) desde 2012, con la obtención de un pago en efectivo de unos 600 millones de dólares, así como la mayoría de los activos fuera de Egipto -excluidas las actividades comerciales de UFG en España-, que tuvo un impacto positivo no ordinario de 103 millones.El beneficio neto ordinario del grupo alcanzó los 557 millones, un 17% más, pero un 20% menos comparado con el primer semestre de 2019. Las inversiones se recortaron un 20,5%, hasta 439 millones.
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España lanzará en septiembre su primera deuda verde para reducir emisiones del transporte o mejorar la gestión del agua
El Gobierno ha avanzado este miércoles nuevos detalles de sus planes para la emisión de bonos verdes. El Estado hará su primera colocación de esta deuda sostenible en septiembre. Lo hará a 20 años, aunque todavía no ha concretado la cantidad de dinero que espera captar con el que será su debut en un mercado en crecimiento. El objetivo, entre otros asuntos, será la mejora del transporte ferroviario o en la gestión de los recursos como el agua, según han avanzado las vicepresidentas Nadia Calviño (Asuntos Económicos) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).El Tesoro ya anunció en enero la intención del Gobierno de lanzar en otoño su primera emisión de bonos verdes, un asunto que venía tratándose desde hacía mucho tiempo pero que hasta la fecha no se había concretado. Ahora, las vicepresidentas del Gobierno han avanzado nuevos detalles de la operación, aunque sin concretar cuál será la cantidad que se intente buscar. "Los detalles los haremos públicos después de agosto", ha señalado Calviño en rueda de prensa conjunta con Ribera. El Tesoro informó a comienzo de año que el objetivo sería captar entre 5.000 y 10.000 millones de euros.Lo que se sabe hasta el momento es que será en septiembre esta primera emisión y que se buscará captar deuda a 20 años. Para ello, cuenta ya con el sello de una división de la agencia Moody's, que es la misma que ha certificado a otros países como Francia, Italia o Reino Unido en este tipo de deuda. Los bonos verdes son un modelo de financiación que busca captar fondos para proyectos medioambientalmente sostenibles y precisan de un certificado previo sobre los proyectos que se podrían financiar con este dinero, con el objetivo de que los inversores interesados tengan esta garantía.Las vicepresidentas han informado que cuentan con un listado de proyectos susceptibles de recibir este dinero que sumarían unos 13.000 millones de euros. Éstos irían desde la reducción de emisiones del transporte ferroviario a la mejora de la gestión del agua. También incluyen determinados proyectos de I+D+i, restauración y protección de ecosistemas, prevención de la contaminación o impulso a la economía circular.Ribera ha justificado esta emisión por parte de España debido a que "es un ámbito en el que los inversores están particularmente interesados". "Son bonos que facilitan una inversión segura y solvencia a largo plazo", ha señalado la ministra de Transición Ecológica. "El contexto para estas operaciones es cada vez más claro y sostenible", ha enfatizado.Calviño, por su parte, ha señalado que los proyectos que se incluyen entre los susceptibles de recibir esta financiación se encontrarían al margen de aquellos que han sido incluidos en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia que se financiará con fondos europeos, a su vez procedentes de emisiones de deuda verde lanzadas por la Comisión Europea. "Hemos hecho bien nuestro trabajo de identificar las inversiones y desligarlas de los fondos europeos", ha subrayado.
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Los dueños de HM Hospitales acumulan 25 millones en instrumentales en Luxemburgo y desembarcan en Reino Unido
Los dueños de HM Hospitales, uno de los principales grupos de sanidad privada de España, siguen diversificando su fortuna en el extranjero. La familia Abarca Cidón, propietaria del grupo sanitario, acumula ya más de 25 millones de euros en activos en dos instrumentales en Luxemburgo y han utilizado una de ellas para desembarcar en una firma inmobiliaria en Reino Unido. Estas inversiones se suman a las que tienen en Miami (Estados Unidos) junto a un presunto blanqueador de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.Entre esas sociedades, destaca especialmente por el volumen de activos que maneja la luxemburguesa LuxATM Investments Sarl. Creada poco después de levantarse el primer estado de alarma, cerró 2020 con 18,3 millones en activos. Se trata de préstamos que no detalla en las cuentas que ha depositado recientemente. La firma empezó a operar el 16 de julio de 2020 con 300.000 euros de capital. Su principal administrador es Alejandro Abarca, consejero delegado del grupo sanitario que preside su hermano, Juan Abarca, también presidente del lobby de la sanidad privada, la Fundación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).Fuentes de la familia vincularon en octubre esa sociedad luxemburguesa a la posible adquisición de un hotel en ese país, que se sumarían a los que ya tienen en Portugal. LuxATM figura desde enero en el consejo de administración de una sociedad británica dedicada a la inversión en inmuebles, Alma Terra Mater UK LTD. Esta firma se creó en diciembre. Durante unos días tuvo como consejero a Alejandro Abarca. En abril amplió capital por algo más de 4 millones de libras esterlinas (unos 4,7 millones de euros), según el registro británico.Los máximos accionistas de HM, a los que el último ranking de El Mundo atribuye un patrimonio 385 millones y sitúa en el puesto 134 de los más ricos de España, tienen otra sociedad en Luxemburgo creada a finales de 2015, Cadab Ventures Sarl, que cerró 2020 con otros 6,8 millones en activos, también préstamos, frente a los cerca de 5 millones de 2019. Su principal accionista es la matriarca de la familia, la doctora Carmen Cidón, de 76 años.En Miami, los Abarca Cidón cuentan también con varias sociedades que los hermanos Alejandro y Carmen Abarca administran junto al financiero Guillermo Martínez Lluch, acusado de ayudar supuestamente a blanquear fondos opacos de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel. Martínez fue citado en noviembre para el juicio que celebrará la Audiencia Nacional por este caso junto a dos asesores de la máxima confianza de HM Hospitales: el secretario del consejo del grupo de sanidad privada, José Antonio López Rubal, y otro abogado de postín, el recientemente fallecido Manuel Delgado Solís, vinculado durante años a la constructora ACS.Más allá del ladrillo, en España, a través de sociedades como Alma Terra Mater y Cidotama, que están en el centro de una pugna con accionistas minoritarios de HM, los Abarca han apostado por otros sectores como la educación concertada a través de Educare. Es uno de los grupos más potentes de la Comunidad de Madrid, con seis de sus ocho colegios construidos sobre suelo público, entre ellos, varios adquiridos en 2018 a inversores vinculados a la familia López del Hierro y adjudicados en tiempos de Esperanza Aguirre.En residencias de ancianos, los Abarca han lanzado Valdeluz Mayores, en alianza con la constructora Arpada, que en 2019 abrió su primer geriátrico en Leganés (Madrid) y está construyendo otro en el barrio madrileño de San Blas que prevé inaugurar en 2022.El grupo HM, con 16 hospitales y 4 centros de atención integral en Madrid, Galicia, Castilla y León y Catalunya, cerró 2020 con una facturación de 466,2 millones, similar a la de 2019, según la última memoria anual del grupo, que explica que su deuda financiera se disparó casi un 50%, hasta cerca de 292 millones, "debido principalmente a la realización de inversiones en nuevas adquisiciones por valor de 77 millones (Málaga, Barcelona, pagos diferidos de Galicia etc.) y a un reparto extraordinario de dividendos a nuestro socio inmobiliario Medical Property Trust por la operación de Sale & Lease del año 2019". En las cuentas anuales que la matriz de HM, Profesionales de la Medicina y de la Empresa, ha aprobado recientemente, se señala que esta firma "pasa a ser deudor" de un préstamo de 40 millones contraído por Abacid, la empresa de laboratorios de los Abarca, para financiar a dos sociedades de la familia. El préstamo se concedió en octubre de 2019, poco antes de la absorción de Abacid por parte de HM pese al rechazo de algunos minoritarios del grupo hospitalario, que han denunciado "irregularidades" en sus cuentas.En su carta a los accionistas, el consejero delegado de HM anticipa posibles movimientos corporativos en el sector ante el incremento de costes en el sector por la pandemia: "En este nuevo entorno competitivo no todos los actores sobrevivirán, y se producirán nuevos movimientos de reestructuración y concentración a los que estaremos atentos si representan una verdadera oportunidad de consolidar y ampliar nuestra red asistencial", señala Alejandro Abarca.
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Las familias más pobres de las ciudades gastan un 22% más en vivienda que las que viven en zonas rurales
La pobreza infantil se está enquistando en las ciudades, con índices crecientes en los últimos años frente a datos que disminuyen en zonas rurales. Además, las ciudades esconden tras sus datos medios grandes desigualdades y situaciones de pobreza más aguda. Uno de los factores que más lastran a las familias vulnerables en las ciudades es la vivienda, como han apuntado varios análisis. El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil ha publicado este martes un estudio que indica que los hogares con niños con menos recursos de las grandes urbes pagan de media "un 22%" más en vivienda que aquellas con ese nivel de ingresos que residen en pequeñas poblaciones. El organismo, que publica frecuentemente documentos de análisis para ahondar en la pobreza infantil en España, se centra en esta ocasión en las diferencias entre las grandes y pequeñas poblaciones. Los datos son más altos en las zonas rurales, con una tasa de pobreza infantil moderada del 29,6% en zonas poco pobladas frente al 27,6% en las de grandes poblaciones, pero las cifras se están acercando. Desde 2013, la pobreza infantil se ha reducido en las zonas escasamente pobladas, mientras ha aumentado en las ciudades en un proceso que califican de "reurbanización" de la pobreza, recortando la distancia entre ambos datos en 13 puntos. Aunque el documento no desarrolla las causas de esta divergencia de la evolución de la pobreza infantil en ciudades y zonas rurales en los últimos años, sí llama la atención sobre un elemento que lastra más a las familias en las urbes: los gastos de vivienda. El Alto Comisionado estudia, a partir de los datos de gasto de la Encuesta de Presupuestos Familiares (2020), las diferencias en el coste de vida de los hogares con menores de edad en los entornos rurales y urbanos. Los investigadores dividen los hogares en cinco grupos, según nivel de renta y se detienen en el que menos ingresos tiene. Cuando analizan sus cuentas, observan que "en el quintil más pobre hay poca variación del gasto total del hogar en función del tamaño del municipio". Sin embargo, al desglosar estos gastos destaca el mayor 'bocado' en las cuentas familiares que supone la vivienda en las ciudades respecto a las poblaciones más pequeñas. "En el gasto de vivienda, que incluye no sólo la cuota de alquiler o hipoteca sino también los suministros o servicios (comunidad, gas, agua, electricidad) o de mantenimiento y reparación, la imagen es distinta", recoge el documento del Alto Comisionado. "Un hogar del quintil con menos renta de una ciudad de más de 100.000 habitantes dedica de media un 22% más de dinero a la vivienda que un hogar del mismo grupo que vive en un municipio de menos de 10.000 habitantes", recoge el informe. Hay otros datos que retratan el esfuerzo económico que supone la vivienda en las ciudades y que dificulta especialmente la vida a los que menos tienen. En concreto, el estudio se fija en el "sobrecoste" en vivienda, situación que implica dedicar más del 40% del total de ingresos del hogar a solventar estos gastos. En las ciudades, el porcentaje de niños que viven en hogares con este problema de "sobrecoste" en vivienda duplica al de las zonas poco pobladas. "Un 13,4%" de los menores de edad que reside en las urbes afronta en sus casas este gasto excesivo en vivienda, que limita por tanto la inversión en otras partidas, frente a "un 6,4%" de los niños y niñas de zonas de escasa población, detalla el estudio. "Un factor determinante" en el mayor sobrecoste en vivienda y el grado de urbanización pasa por "las diferencias en el régimen de tenencia" de los hogares, añade el estudio. Mientras que en las zonas muy pobladas "un 42,5%" de los niños y niñas en riesgo de pobreza vive de alquiler, en las zonas poco pobladas este porcentaje se reduce mucho, "hasta el 27,4%", con más familias que viven en propiedad sin hipoteca "24,5%, frente al 15% en las zonas muy pobladas". Muchas familias vulnerables viven de alquiler porque no pueden permitirse comprar una vivienda, pero los altos precios de los alquileres en las ciudades resienten sus ingresos y suponen una elevada carga en sus economías familiares. El Alto Comisionado seguirá analizando otros factores que han podido contribuir a la diferente evolución de la pobreza infantil en las ciudades y en pequeñas poblaciones, como en los recursos educativos, explican en el organismo. El objetivo es detectar focos de pobreza y dónde residen los mayores retos y déficits que afrontan las familias, para poder dirigir mejor las políticas públicas contra la pobreza. "Crecer en la pobreza en grandes áreas urbanas y zonas escasamente pobladas presenta retos diferentes y requiere de políticas distintas", concluye el Alto Comisionado. Por ejemplo, los entornos menos poblados se enfrentan a dificultades como la "falta de oportunidades laborales, desequilibrio demográfico, escasa oferta educativa y acceso a servicios básicos y falta de infraestructuras adecuadas", indica el informe, mientras que las urbes encuentran problemas como una mayor intensidad de la pobreza (más pobreza "alta" y "severa" que en zonas menos pobladas) y "se caracterizan por una mayor desigualdad, segregación residencial y alto coste de vida".El organismo subraya la importancia de bucear en las distintas realidades de las ciudades, especialmente las más grandes con altos índices de desigualdad, donde situaciones de mucha dificultad económica se camuflan a menudo tras datos medios, influidos también por la presencia de muchos otros menores que residen en hogares con rentas muy altas. El Alto Comisionado pone como ejemplo dos distritos de Madrid, colindantes: Tetúan y Chamartín. "En el primero la pobreza infantil es del 31,5% y en el segundo de apenas el 8,9%", destaca el estudio. "Es importante destacar que el área urbana de Madrid es la que tiene un mayor número de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza", con un total de 230.000 en esta situación, el 9% a nivel nacional.
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El Gobierno saca a consulta pública la Ley que permitirá crear una empresa con un euro
El Gobierno ha dado por comenzada este martes, tras el Consejo de Ministros, la audiencia pública sobre la Ley 'Crea y Crece, que permitirá crear empresas con un euro de manera rápida y telemática. La Ley surge para impulsar la creación de empresas y su crecimiento y rebaja el capital inicial necesario para registrar una compañía desde los 3.000 euros al euro testimonial.La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha definido esta Ley como una de las reformas "más importantes" junto a la Ley de startups y la reforma concursal al presentarla. No obstante, para que entre en vigor, debe ser aprobada de nuevo por el Consejo tras la consulta pública, algo que se espera para finales de este año o comienzos del que viene, así como por el Parlamento, trámite que, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sitúan a finales de 2022.La reforma se sitúa en el componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El aumento de tamaño de las empresas españolas es uno de los objetivos del Gobierno, que con esta ley busca "eliminar obstáculos" para que las pymes ganen tamaño.Uno de los puntos clave de la nueva ley es la lucha contra la morosidad comercial que se hará en base a un enfoque más "moderno y eficaz", según las mencionadas fuentes en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El objetivo es que las empresas españolas cambien su cultura hacia el "pronto pago".Para ello, se promoverá el uso de la factura electrónica entre pymes y, con el objetivo de que esta no sea un coste, se incluirá en los servicios subvencionados en el 'digital toolkit', el plan financiado con 3.000 millones de euros de los fondos europeos para la digitalización de las pymes.Asimismo, las empresas que no cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias de subvenciones públicas en un momento marcado por la llegada de los fondos europeos. Además, se tendrá en cuenta que el contratista pague en plazo a subcontratista a la hora de evaluar los riesgos de adjudicación de un contrato público, así como la posibilidad de resolver un contrato si no se cumplen los plazos de pago. También se creará un observatorio de la morosidad para recabar información y analizar estas prácticas.Entre las medidas contempladas se incluye la información a emprendedores sobre los beneficios del nuevo sistema, así como se mejorarán las ventanillas que permitirán denunciar cualquier comportamiento que vaya contra la ley de unidad de mercado. Con este último punto, el Ministerio busca mejorar las garantías para consumidores.También se amplía el catálogo de actividades exentas de licencia y se incluye un mandato para que la conferencia sectorial elabore una ordenanza tipo de licencias empresariales.Asimismo, se buscará que otros instrumentos de financiación ganen peso en el crecimiento empresarial y en ellos destacarán los fondos de deuda cerrados que invertirán en préstamos, facturas e instrumentos comerciales. También se adaptarán las normativas de las plataformas de financiación participativa para que puedan tomar más impulso y tener mayor escala y financiación y trasladarlo así a impacto en las empresas.Entre los cambios, se incorporará la posibilidad de que reciban fondos a largo plazo europeos, así como permitirles invertir en fintech. Para los inversores individuales, se limitará a 1.000 euros o el 5% de su riqueza, excluyendo fondos de pensiones y propiedades inmobiliarias, la participación en estas empresas. A partir de ahí, se podrá hacer la inversión, pero la persona recibirá una advertencia sobre el riesgo.Cada proyecto de inversión colectiva tendrá un límite de cinco millones de euros que podrá superarse emitiendo un folleto y con el que se espera que el sector pueda expandir el alance y la escala de las inversiones.En el Consejo no ha estado el anteproyecto de ley concursal, aunque fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos apuntan a que el anteproyecto saldrá en los próximos días a audiencia.Entre sus objetivos se encuentra aumentar la eficacia de los mecanismos preconcursales para que las empresas viables puedan reestructurarse y volver a la actividad con una estructura financiera distinta tras acuerdos entre accionistas e acreedores.También se reforzará el concepto de segunda oportunidad y los autónomos o empresas que sean personas físicas podrán ser exonerados sin perder su patrimonio personal y sobre todo su vivienda para que puedan volver a ejercer su actividad.
1 d
eldiario.es
El FMI rebaja la previsión de crecimiento de España en 2021 frente al incremento de las economías avanzadas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado dos décimas la previsión de crecimiento de la economía española para 2021. El pronóstico no es alarmante salvo porque es uno de los pocos países dentro de las economías avanzadas que ve cómo sus proyecciones económicas se reducen. Si las economías avanzadas incrementan sus perspectivas de crecimiento en 0,5 puntos porcentuales en 2021, hasta el 5,6%, el FMI apunta que España crecerá un 6,2%, dos décimas menos que en la previsión de abril. Ahora bien, el organismo multilateral añade un punto porcentual el crecimiento de nuestro país en 2022, hasta el 5,8%, manteniéndose como la economía que más crecerá en la Eurozona en ambos años. Se prevé que la economía mundial crezca un 6,0% en 2021 y un 4,9% en 2022. El Fondo muestra su preocupación por las divergencias en la recuperación. Las perspectivas de crecimiento de las economías avanzadas para este año han mejorado en 0,5 puntos porcentuales, hasta el 5,6%. Las diferencias en las políticas de apoyo y fiscales son una fuente de profundización de la brecha. En las economías avanzadas se mantiene un apoyo fiscal considerable, con 4,6 billones de dólares de anunciados en relación con la pandemia disponibles en 2021 y en años posteriores.También avisa de que "la recuperación no está asegurada en ninguna parte mientras segmentos de la población sigan siendo susceptibles al virus y a sus mutaciones" En este sentido, el FMI destaca el papel de Estados Unidos, con unas políticas públicas que refleja la legislación prevista de apoyo fiscal adicional en la segunda mitad de 2021 y sirven de tractoras para el resto de las economías. EEUU crecerá un 7% este año y un 4,9% en 2022. En el caso de la zona euro, la previsión de crecimiento suma dos décimas más en 2021, hasta el 4,6%, y medio punto porcentual más en 2022, hasta el 4,3%. El fondo recuerda que en las economías emergentes y en desarrollo la mayoría de las medidas fiscales y de apoyo expiraron en 2020 y ahora estos países se encuentran buscando reconstruir sus reservas fiscales. Algunos mercados emergentes, como Brasil, Hungría, México, Rusia y Turquía, también han empezado a subir los tipos de de la política monetaria para frenar las presiones al alza de los precios en un entorno de inflación de los precios de las materias primas. "Se espera que la inflación vuelva a sus rangos anteriores a la pandemia en la mayoría de los países en 2022". Con esta premisa el organismo que dirige Kristalina Georgiev llama la atención a los bancos centrales por la subida de precios: "Los bancos centrales deberían tener en cuenta las presiones inflacionistas transitorias y evitar el endurecimiento de la política monetaria hasta que se aclare la dinámica subyacente de los precios". 
1 d
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El Gobierno aprueba un nuevo techo de gasto "histórico" de más de 196.000 millones gracias a los fondos europeos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Se trata de la aprobación de un nuevo techo de gasto, que sienta las bases generales sobre las que se regirán las futuras cuentas públicas, que deberán incorporar la llegada de fondos europeos de recuperación tras la pandemia. En concreto, el Gobierno ha aprobado un nuevo límite de gasto no financiero del Estado de 196.142 millones de euros. El nivel es ligeramente superior al del año pasado, que hasta ahora suponía un récord. Por ello, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que se trata de un límite de gasto "histórico".El año pasado el Gobierno ya aprobó un techo de gasto expansivo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado que correspondían a este ejercicio. Entonces se fijó en 196.097 millones de euros, frente a los 127.069 que se había aplicado el año pasado, debido al aumento de gastos vinculados con la pandemia del coronavirus. El techo de gasto para 2021 ya incluía más de 27.000 millones procedentes del plan de recuperación europeo. El Gobierno, además, ha decidió suspender las reglas fiscales para los años 2020 y 2021, por lo que "quedará anulada la senda de estabilidad actualmente vigente y no se aprobarán nuevos objetivos de estabilidad que acompañen al techo de gasto", señaló entonces la ministra de Hacienda.La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha hecho un análisis exultante en su visión de las previsiones de la economía española. Calviño ha destacado que “está en marcha una sólida recuperación económica”, que tuvo sus inicios a mediados del pasado mes de marzo y se ha consolidado en el segundo trimestre del año. Así, la vicepresidenta primera ha confirmado que las previsiones de crecimiento de la economía española son del 6,5% en 2021 y del 7% en 2022. “Todos los analistas prevén que en 2022 se recupere el PIB previo a la pandemia y que en 2023 se recupere la senda de crecimiento anterior”, ha señalado. Calviño ha resaltado el mejor comportamiento del sector exterior, con un mayor crecimiento de lo esperado de la zona euro, pero ha remarcado en la parte negativa el incremento del precio de las materias primas, especialmente del petróleo.  En este sentido, también ha reseñado el “gran dinamismo del consumo” a partir segundo semestre de 2021, ya que los hogares cuentan con un ahorro embolsado de 60.000 millones lo que supondrá “una evolución importante para el consumo”.En cuanto al empleo, Calviño ha subrayado que las previsiones es que la tasa del paro sea de 15,2% en 2021 y del 14,2% en 2022. La vicepresidenta primera ha apuntado que la buena marcha de la economía viene reflejada en el mercado de trabajo donde los trabajadores afectado por ERTE han pasado de un millón a 340.000 en la actualidad, de los que un tercio están en ERTE a tiempo parcial, hay 160.000 autónomos recibiendo la prestación, el menor nivel en los últimos nueve meses, y el dinamismo de la afiliación de la Seguridad Social, ha permitido volver a niveles de 2019, de manera que en otoño se recuperará el empleo perdido en 2020.
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Calviño retrasa a septiembre la decisión de subir el salario mínimo
El Gobierno decidirá en septiembre si sube el salario mínimo interprofesional (SMI). Lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La responsable de Economía del Ejecutivo ha condicionado el posible incremento a la recuperación del empleo durante el verano. "A la luz de cómo evolucione el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional" para los últimos meses del año, ha afirmado. La decisión de si subir o no el SMI este 2021 queda así pospuesta hasta después del verano, después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmara ayer que estaba a la espera de que la parte socialista del Ejecutivo se posicionara al respecto. El Gobierno se ha mantenido dividido en este tema. Yolanda Díaz, responsable de Unidas Podemos dentro de la coalición de gobierno, ha apostado por subir el SMI este año, mientras que Nadia Calviño se ha inclinado hasta la fecha por su congelación dada la crisis ocasionada por la pandemia. La vicepresidenta económica ha explicado que las perspectivas para los próximos meses son de "fuerte recuperación económica" y, en concreto, ha destacado la buena marcha de la recuperación del empleo perdido tras la irrupción de la pandemia de coronavirus. "Si esta tendencia tan positiva se mantiene durante el verano, en el curso del otoño podríamos recuperar niveles de empleo cercanos a febrero de 2020", ha afirmado. La previsión de los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio del Gobierno apuntan a que se recuperará "más del 90% del total de empleo efectivo perdido tras el shock covid del año pasado", ha adelantado Calviño. Así, quedarían "unos 450.000 trabajadores afectados", ya sean desempleados o en ERTE, y la vicepresidenta económica ha subrayado que la "prioridad" del Gobierno es la reincorporación y contratación de estas personas.
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Pepa Bueno será la nueva directora de El País
Pepa Bueno será la directora de El País. El Consejo de Administración de el periódico ha acordado iniciar el proceso de nombramiento de nuevo director para el diario y designar a Pepa Bueno en sustitución de Javier Moreno, quien seguirá vinculado al proyecto, según un comunicado remitido por Prisa.Pepa Bueno (Badajoz, 1963), es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera en los servicios informativos de Radio Nacional de España en Extremadura y, posteriormente, fue jefa de informáticos en RNE en Aragón y en Madrid. En 1991 se incorpora a RTVE para dirigir el informativo regional, primero en Andalucía y luego en Madrid. En septiembre de 1996 es nombrada subdirectora del programa de actualidad Gente. Ocho años después se encargará de Los Desayunos de TVE, compaginando su responsabilidad con diferentes participaciones en otros programas de la misma cadena. En 2009 asume la dirección y presentación de la segunda edición del Telediario de TVE por el que obtuvo diversos reconocimientos, hasta que en 2012 se incorpora al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. En 2019 es nombrada directora del informativo nocturno Hora 25. Durante estos años, Pepa Bueno también ha colaborado en programas de Telecinco y Cuatro.Tal y como contempla el Estatuto de la Redacción del periódico, la propuesta de relevo ha de ser comunicada al Comité de Redacción, que lo someterá a una votación sin carácter vinculante por parte de la plantilla del diario. Tras el resultado de la consulta, el Consejo de Administración de El País ratificará el nombramiento, que también debe ser objeto de consideración favorable por el Consejo de Administración de Prisa, así como de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.
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Endesa e Iberdrola piden reformar la tarifa eléctrica regulada ante la escalada de precios
Endesa e Iberdrola emplazan al Gobierno a reformar la tarifa eléctrica regulada de la luz, el denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), para “proteger” al consumidor de las subidas del mercado mayorista de electricidad, al que está indexado. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha reclamado este martes una “reforma” de esa tarifa para “proteger a los clientes domésticos de la volatilidad del mercado”. El PVPC, al que se pueden acoger los consumidores con hasta 10 kilovatios contratados, tiene sus precios directamente indexados a los que marca cada hora el pool, que la semana pasada marcó un recórd diario de 106,57 euros por megavatio hora y está en máximos históricos por el encarecimiento del gas natural y los derechos de emisión de CO2.Bogas ha recalcado que “la coyuntura del mercado energético en España, con el fuerte aumento de precios en el mercado mayorista, no está beneficiando a las compañías eléctricas como Endesa, ya que tenemos vendida a clientes energía a precios menores de los que está marcando el pool”. Endesa, que tiene que contratar parte de la energía que suministra a terceros, ha anunciado este martes un beneficio de 832 millones hasta junio, un 26% menos, afectada por el repunte de los precios del gas y la coyuntura del mercado. La eléctrica ha reafirmado sus objetivos para 2021.La petición de Bogas llega después de que el lunes, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, se pronunciara en términos parecidos en una entrevista en Cinco Días y reclamara cambios para “hacer el diseño de la tarifa PVPC más estable”. Santamaría recordó que esa tarifa “está por ley vinculada a los precios horarios del mercado, de forma que toda subida y bajada se traslada al consumidor, que es el que menos capacidad de gestión tiene de su consumo. Como consumidora, me gustaría tener cierta predictibilidad de qué me va a costar la electricidad y no estar preocupada de si sube o baja. En otros países como Reino Unido se referencia a una cesta de mercados a plazos y tienes más o menos fijo el precio durante tres/seis meses o un año, por lo que no hay un sobresalto continuo y esta alarma actual, y aporta certidumbre”. En opinión de la ejecutiva de Iberdrola, “el diseño de la PVPC es un problema, preocupa no saber qué te vas a gastar, estar conectado a un mercado que ni entiendes ni tienes por qué entender”. “Yo diría que nuestra tarifa regulada es única en Europa y no nos trae nada bueno”, señaló Santamaría, que planteó “soluciones de diseño similar a otros países como Italia o Reino Unido, o bien proveer de energía a este tipo de consumidores con contratos con tecnologías que puedan dar precios estables y sean competitivas, como son las centrales nucleares”.El actual sistema de precios horarios regulados indexados al pool se implantó en época del PP, tras otro pico alcista de precios que llevó al entonces ministro José Manuel Soria a enterrar el anterior mecanismo, basado en una subasta trimestral. La espectacular escalada del mercado en las últimas semanas ha llevado a la actual ministra del ramo, Teresa Ribera, a pedir por carta a la Comisión Europea que se permitan modificaciones en el diseño del actual modelo marginalista, por el que la oferta más cara determina lo que cobran todas las tecnologías en la casación. Ribera también ha planteado recortar el exceso de retribución de hidráulica y nuclear por el encarecimiento de los derechos de emisión.Pese a estar más expuesto a estas subidas, el PVPC es la opción que más recomiendan los expertos, el Gobierno, las asociaciones de consumidores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A la larga, es la opción que más compensa a los usuarios, porque es más barato que las ofertas del mercado libre que promocionan las compañías eléctricas, con márgenes superiores para ellas. El PVPC lleva años en retroceso. En febrero (último dato disponible) había acogidos a él 10,6 millones de suministros, frente a los 16,2 millones que estaban en el mercado libre.
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La ejecutiva española salpicada por el escándalo Wirecard deja sus cargos en la petrolera portuguesa Galp
Susana Quintana-Plaza, hasta ahora la ejecutiva española de mayor rango en Portugal, ha puesto fin a su periplo en la petrolera lusa Galp. La hasta ahora consejera ejecutiva y responsable de Renovables de la energética deja la compañía portuguesa más de un año después de estallar el escándalo de la tecnológica alemana Wirecard, a la que supervisó (sin funciones ejecutivas) hasta abril de 2020.La ejecutiva manchega, de 47 años, ha renunciado a sus cargos en Galp en el marco de una reorganización de su cúpula en la que han salido otros dos directivos. Dimitieron el jueves, según explicó este lunes la petrolera en su presentación de resultados. El puesto de la española quedará vacante. Sus funciones las asume provisionalmente el consejero delegado de Galp, el británico Andy Brown (nombrado en febrero), mientras llega un recambio al frente de la dirección de la unidad de Renovables y Nuevos Negocios, que lideraba Quintana-Plaza. "Susana fue muy eficaz en la creación de un negocio significativo de energías renovables, así como en la identificación de nuevas oportunidades de negocio y start-ups", destacó Brown en una nota remitida a la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), equivalente a la CNMV, en la que agradeció los esfuerzos de los tres miembros salientes de su comisión ejecutiva. Poco conocida en España pero con una destacada trayectoria en gigantes extranjeros de primer nivel, Quintana-Plaza llevaba tiempo en el punto de mira de medios y partidos políticos portugueses por su pasado en Wirecard. Fue una de las seis integrantes del consejo de supervisión de la firma alemana de pagos electrónicos hasta que dimitió en abril de 2020. Unos días después, salió a la luz el multimillonario fraude, definido hace meses por la presidenta de la CMVM, Gabriela Figueiredo, como "ejemplo" de "malas prácticas y conductas impropias" que ha puesto de relieve las "vulnerabilidades de los mecanismos de gobierno corporativo".Nacida en Ciudad Real en 1974, Quintana-Plaza, ingeniera aeroespacial formada en Estados Unidos con un MBA en Harvard, tiene un brillante currículum en grandes multinacionales de la industria aeronáutica, la energía, la consultoría y el capital riesgo, con cargos de relevancia en firmas como Boeing, E.ON, Siemens o, hasta ahora, la energética lusa. Una hoja de servicios ensombrecida por su paso por Wirecard, a la que asesoró desde junio de 2018, adscrita, como vocal independiente, al comité de Remuneraciones, Recursos Humanos y Nombramientos, hasta que la empresa anunció su salida (con efectos desde el 7 de abril de 2020) el 29 de abril de 2020, un día después de publicar los resultados de una auditoría de la firma KPMG en la que se reconocían las primeras irregularidades. Quintana-Plaza, que adujo "razones personales" para abandonar Wirecard y "concentrarse" en Galp, fichó en abril de 2019 por la compañía portuguesa como responsable de Renovables, Nuevos Negocios e Innovación. Allí tenía una remuneración de más de 765.000 euros brutos anuales, según recogía el último informe de Gobierno corporativo del grupo luso, que omitía su paso por Wirecard, como destacaba recientemente el semanario Expresso. La firma alemana de pagos electrónicos comenzó su andadura gestionando pagos para juegos de azar y sitios web para adultos y acabó procesando transacciones para gigantes como Visa y Mastercard. Llegó a superar la capitalización bursátil de Deutsche Bank, con un valor de más de 25.000 millones, pero en junio de 2020 admitió un agujero de 1.900 millones en sus cuentas, tras haber inflado presuntamente su balance en una cuarta parte del total con fondos que supuestamente estaban en dos cuentas de un banco de Singapur en Filipinas y que, según reconoció la compañía, probablemente "no existían". Tras ser expulsada del selectivo bursátil DAX, Wirecard se convirtió en la primera firma de ese índice (el Ibex germano) que se declaró en bancarrota. La Fiscalía de Múnich investiga a la compañía por "fraude comercial organizado" y estima que se podrían haber perdido más de 3.000 millones. Su ex CEO Markus Braun, y Jan Marsalek, miembro del consejo de administración, supuestamente falsearon las cuentas para hacerlas más atractivas a ojos de los inversores. Braun está en la cárcel, pendiente de juicio, mientras que Marsalek está en busca y captura.El caso, que se compara con la quiebra de la eléctrica estadounidense Enron, ha puesto en entredicho el papel del auditor de la compañía germana (la firma EY) y al supervisor financiero alemán (BaFin). El escándalo ha propiciado la apertura de una comisión de investigación parlamentaria en la que ha tenido que rendir cuentas la canciller, Angela Merkel, y ha llevado a la Comisión Europea a plantearse imponer a los auditores de las empresas más responsabilidades en casos de negligencia o irregularidades intencionadas.Según publicó hace un año Financial Times, en junio de 2019 la consultora McKinsey advirtió a Wirecard de la necesidad de adoptar una "acción inmediata" para hacer frente a la ausencia de controles en sus mayores negocios. El informe fue remitido al consejo de administración del grupo y al consejo de supervisión al que pertenecía entonces Quintana-Plaza. El influyente diario económico británico, clave en la caída de la tecnológica (empezó a cuestionar sus prácticas en 2015), ya advirtió en febrero de 2019 de un "escándalo contable" por sus operaciones en Singapur. Galp, que obtuvo un beneficio neto de 232 millones en el primer semestre de 2021, frente a las pérdidas de 410 millones de un año antes, es la mayor petrolera portuguesa y la cuarta distribuidora de carburantes en España por número de gasolineras (cerró 2020 con 570 estaciones de servicio en nuestro país), donde también comercializa gas natural o electricidad. Hasta ahora, la compañía había ratificado su confianza en Quintana-Plaza, que tenía encomendada la tarea de liderar su transición verde, un puesto crucial en un momento en el que todas las grandes compañías del sector (y en especial, las europeas) están girando hacia la descarbonización. En esa apuesta se enmarca la adquisición, en enero de 2020, de una participación mayoritaria en el negocio fotovoltaico de la constructora española ACS por 2.200 millones para convertir a Galp en "el principal player de energía solar de la Península Ibérica", con una cartera de 3.300 megavatios (MW) hasta 2023 en España.Una operación que podría no ser la última, pese a la sobrevaloración que, según el primer ejecutivo de Galp, tienen muchos activos renovables en venta. No obstante, el español es un mercado que "tiene una gran importancia en la estrategia de Galp hacia la descarbonización porque es el país donde más renovables tenemos y vamos a tener, dadas las oportunidades y el potencial que existe en el mercado", destacaba Brown en junio en una entrevista a Expansión. A partir de ahora, será sin Quintana-Plaza a los mandos de su negocio verde.
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La letra pequeña del acuerdo sobre el impuesto global de Sociedades puede restar hasta un 15% de ingresos
'Histórico' ha sido el adjetivo más utilizado en los últimos meses al hablar del acuerdo alcanzado por el G7, el G20 y la OCDE para la formalización de un impuesto mínimo global de Sociedades, con el fin de evitar la competencia fiscal de los países con menor tributación. Si bien es una realidad que un acuerdo de este tipo nunca se había producido y que existe un cambio de discurso a nivel internacional, no son pocas las organizaciones que han advertido que este acuerdo no es tan ambicioso como debería ser o que incluye algunas características que limitan su efectividad. El último en publicar un aviso al respecto ha sido el Observatorio Fiscal de la UE, creado recientemente, y que asegura que uno de los puntos acordados en el seno de la OCDE reduce el impacto inicial de mejora de ingresos.A principios de este mes, 132 países acordaron la creación de un impuesto mínimo para los beneficios de las empresas del 15% a nivel global, en línea con lo que se había hecho previamente desde el G7 y el G20. Sin embargo, este observatorio dirige su mirada a uno de los puntos de este acuerdo, referido a las exenciones. En concreto, las empresas podrán reducirse el 5% de los activos y del gasto de salarios que tengan en una determinada jurisdicción, lo que reducirá la base sobre la cual se calculará ese 15% mínimo.El Observatorio Fiscal europeo, que es centro de estudios sobre impuestos, recaudación y fraude a nivel comunitario, considera en un informe que esta exención va en contra del objetivo inicial de evitar la competencia fiscal entre países que perseguía este acuerdo global. Así, entienden que incluir esa exención va a animar a que las multinacionales fijen en países con una tributación que consideren favorable sus activos y su plantilla, lo que provocará una nueva competencia entre países.En concreto, el informe asegura que introducir esta exención genera dos problemas. El primero es que cambia "profundamente" el significado de un mínimo global en el impuesto y podría "exacerbar la competición fiscal". El segundo de los problemas es que "reduce el ingreso potencial del impuesto mínimo".El organismo ha trazado una estimación del coste sobre las previsiones de mejora de ingresos para los países europeos que se esperaba con el impuesto mínimo a nivel global. En concreto, señala que en el caso de un gravamen mínimo del 15% para todos los países en los que opera una multinacional, la ganancia para la Unión Europea es de más de 48.000 millones de euros. Con esta exención incluida en el acuerdo de los más de 130 países en el seno de la OCDE y el G20, el Observatorio Fiscal de la UE considera que se rebaja hasta los 41.000 millones de euros anuales, un 15% menos de lo inicialmente previsto.España también es, por tanto, uno de los damnificados por esta exención, según el citado estudio. En concreto, pasaría de ingresar 700 millones de euros más al año por el impuesto de Sociedades a 600 millones, lo que supone un recorte de más del 14%.El acuerdo alcanzado por esos más de 130 países supone que las multinacionales tengan que pagar el 15% de sus beneficios en todos los países donde operan. Sin embargo, para aquellos estados donde esté vigente un impuesto inferior a esa barrera, la empresa en cuestión tendrá que abonar la diferencia en la jurisdicción donde tenga su sede central. Por ejemplo, una empresa española que tuviera actividad en un territorio bajo en fiscalidad cuyo impuesto de Sociedades se situase en un 5%, pagaría ese porcentaje en ese país y otro 10% del beneficio obtenido en dicha jurisdicción tendría que ser abonado en España. De ahí llegaría esa ganancia de ingresos para el Estado.El problema, según advierte el citado Observatorio, es que la factura sería inferior con esa exención que se ha incluido en el acuerdo. Para ello lo explica con un ejemplo. Pongamos que esa empresa española citada previamente obtiene en esa jurisdicción un beneficio de 100 euros. Pero, a su vez, tiene un gasto de 100 euros en salarios y activos de 100 euros en dicho país. Sin la exención, esa empresa pagaría 5 euros en este territorio y 10 en España. Con la exención se reduciría la base imponible (la cantidad sobre la que se aplica impuesto) de los 100 euros iniciales a 90 (el 5% de los 200 euros de activos y salarios del ejemplo). Por tanto, el 10% que recibe España pasaría de 10 a 9 euros. Esto, traducido en grandes cantidades, supone en una merma de ingresos de 100 millones de euros anuales, según los cálculos del observatorio.Tal y como está contemplado actualmente el acuerdo, la reducción en la tributación sería todavía mayor durante el periodo de adaptación. Se contempla que durante los cinco primeros años el porcentaje de exención sería del 7,5%. En este caso, la pérdida de dinero para España sería de 200 millones anuales. Sin embargo, el organismo recuerda que esta propuesta todavía está pendiente de una decisión final, por lo que puede verse alterada en su redacción. Por si fuera el caso, el Observatorio calcula cuál sería el deterioro en la recaudación en caso de que esta exención fuera, incluso, más elevada y llegara hasta el 10%. En esa hipótesis, la ganancia para la UE quedaría en algo más de 34.000 millones, 14.000 millones menos que en un escenario sin exenciones.La principal erosión de la recaudación que produciría esta exención en los ingresos de la UE no se vería en los territorios considerados paraísos fiscales, sino en aquellos que, sin tener esta etiqueta, tienen políticas fiscales beneficiosas para las multinacionales. Mientras que en el caso de los paraísos, el Observatorio considera que la reducción de la ganancia sería de unos 800 millones de euros; en los países no incluidos en esta lista el recorte sería de 3.100 millones anuales.El Observatorio señala que habría sido más positivo para la recaudación de los países europeos que el mínimo del impuesto de Sociedades se hubiera situado en un 25%, frente al 15% que finalmente se ha fijado. Este baremo estaría más cerca de las principales economías comunitarias que tienen en torno a ese listón el impuesto de Sociedades y, a la vez, tendría más distancia frente a aquellos países (también en Europa) que han azuzado la competencia fiscal en el entorno de la Unión Europea para atraer las sedes de las empresas, erosionando los ingresos del resto de vecinos. Ese cambio de mínimo dispararía el aumento de la recaudación de 48.000 a 167.000 millones de euros.No es el único organismo que ha advertido de esta circunstancia. José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia y presidente del ICRIT, un colectivo de economistas favorables a la imposición global a las empresas, señaló en una entrevista en este medio que el impacto de este acuerdo en la recaudación podría ser "muy limitado". "La tasa del 15% es demasiado cercana a las tasas de países de baja tributación como Irlanda y Suiza", apuntaba en la conversación. Otras organizaciones como Oxfam Intermon también lamentaron el listón mínimo que finalmente se acordó, frente a unas posiciones iniciales que rondaban el 21%.Se espera que tras el otoño se concrete finalmente la puesta en marcha de este nuevo mínimo global para empresas.
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