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MásMóvil eleva un 3% sus ingresos pero cierra 2023 con pérdidas de 240 millones
El grupo MásMóvil alcanzó unos ingresos totales de 2.979 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 3% respecto a un año antes, si bien se anotó unas pérdidas de 240 millones de euros principalmente debido a impactos contables sin salida de caja como amortizaciones de equipamiento de red, IT o PPAs como consecuencia de la adquisición de Euskaltel.El año pasado los ingresos por servicios telco del grupo aumentaron un 6,2% hasta alcanzar los 2.496 millones de euros, al tiempo que los ingresos de servicios alcanzaron los 2.734 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior, según ha informado la compañía.El resultado bruto de explotación (Ebitda) Pre-IFRS, sin los principales ajustes puramente contables, alcanzó los 1.032 millones de euros durante el año pasado, un 3% más, mientras que el Ebitda ajustado se mantuvo estable y alcanzó los 1.189 millones de euros. El margen de Ebitda alcanzó el 40%.En 2023, el grupo invirtió cerca de 437 millones de euros en infraestructuras y crecimiento comercial y demostró, según resalta la compañía, una creciente capacidad de generación de caja operativa, que ha llegado hasta los 594 millones, un 12% más.“Estamos muy satisfechos por los resultados obtenidos en 2023, manteniendo un sólido nivel de crecimiento comercial con 650.000 líneas incrementales en banda ancha y móvil y consolidando nuestro liderazgo en ESG en las telecos en España y Europa, ha afirmado Meinrad Spenger, Consejero Delegado de la compañía. “Una vez obtenidas todas las autorizaciones necesarias por parte de la Comisión Europea y del Gobierno de España, esperamos cerrar la fusión con Orange al final del primer trimestre para formar el operador con mayor número de clientes de nuestro país", ha añadido.
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Vuelven las movilizaciones en Inditex para reclamar pluses para la plantilla en pleno despegue de beneficios y dividendo
Acaba de cumplirse un año desde que los trabajadores de las tiendas de Inditex en España –en su mayoría, mujeres– convocaron unas movilizaciones que derivaron en un acuerdo laboral clave para los empleados de la multinacional. Por primera vez, se fijó un salario base mínimo de 18.000 euros para todo el personal de los establecimientos, de todas sus marcas e independientemente de la provincia en la que trabajasen. Ahora, algo más de doce meses después, vuelven las movilizaciones.La razón por la que se retoman las protestas, según explican fuentes sindicales, es que hace un año quedaron cuestiones pendientes y ahora, en un momento en el que la empresa dueña de Zara, Bershka, Pull&Bear o Stradivarius ha presentado los mejores resultados de su historia –ha ganado 5.381 millones de euros- y va retribuir a su fundador y principal accionista, Amancio Ortega, con más de 2.800 millones, es el momento de reclamar una mejora de las condiciones para las plantillas de los puntos de venta. Para ello, los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones para este viernes 22 de marzo. Por un lado, UGT ha indicado que se llevarán a cabo protestas en Madrid, ante la tienda de Bershka en la Gran Vía; en Barcelona (Zara de Paseo de Gracia), Valencia (Zara de Juan de Austria), Sevilla (Zara de la plaza del Duque de la Victoria) y Málaga (Zara de la calle de Liborio García). Por otro, CCOO indica que también habrá concentraciones ante establecimientos de Bilbao, Las Palmas y Vigo."El motivo de la movilizaciones es la falta de acuerdo en los procesos de negociación abiertos actualmente", explica UGT. En concreto, fuentes del sindicato señalan que, hace un año, ya se puso sobre la mesa cuestiones como la consolidación de horas de quienes trabajan a tiempo parcial o las libranzas de fin de semana.Representantes de la plantilla y de la multinacional ya han mantenido dos reuniones este año, el 22 de febrero y el 8 de marzo. Y hay dos más convocadas, una este martes 19 de marzo; otra, a finales de abril. Sin embargo, según las citadas fuentes, la empresa solo ha querido abrir un proceso de negociación sobre "la madurez y la experiencia de las plantillas de las tiendas en toda España". Es decir, plantear mejores condiciones para los empleados con más edad y más experiencia a sus espaldas. "Sería para hablar de medidas concretas donde se primará la experiencia en la empresa y se negociarán medidas de adaptación de puesto y reducción de jornada cobrando lo mismo para las plantillas con edad avanzada", argumenta UGT. "Inditex sólo quiere hablar de una prima de vinculación" que valoraría "la experiencia de la plantilla que tiene una antigüedad muy elevada, que no concreta pero se intuye que sería a partir de los 20 o 25 años de antigüedad, lo que supone una afectación de poco más de un 5% de la plantilla", indica este sindicato.Al mismo tiempo, reclama un "plus de antigüedad por cuatrienios que tenga una afectación real en el conjunto de la plantilla", independientemente de la edad y que no se veten temas sobre los que hablar. En este sentido, apunta que el plan de igualdad aprobado en 2023 contemplaba iniciar este año un proceso de consolidación de horas para los contratos a tiempo parcial, reducir este tipo de contratos y aumentar el número de horas de los mismos. "También se acordó pactar un número mínimo de fines de semana libres al año". Algo que ahora, según las citadas fuentes, no se está barajando.Por otro lado, CCOO menciona que, además de tratar la prima de vinculación, un plus de antigüedad o las jornadas en fin de semana se valoren también posibles prejubilaciones, reducciones de jornada, aumentos de los días de vacaciones o un plan de pensiones. Asimismo, CCOO plantea otros puntos a negociar en las próximas reuniones, como la carga de trabajo, la transparencia en las comisiones y los sistemas de incentivo –para igualarlos en las diferentes cadenas– así como los cierres de tiendas. Sobre estos últimos, no es que Inditex esté cerrando establecimientos para reducir su presencia en España. Desde hace varios años, el grupo gallego está prescindiendo de locales pequeños para concentrar su espacio comercial en tiendas más grandes, con más oferta comercial y donde logra mejores datos de ventas por metro cuadrado. Inditex no ha valorado a elDiario.es la nueva convocatoria de movilizaciones y las propuestas de los sindicatos. En su memoria, la multinacional sí da pistas sobre las condiciones laborales de su plantilla. Desglosa la estructura en tres categorías: dirección (el 6% de sus trabajadores, 9.811 personas), responsables (el 9%, 14.976 empleados) y especialistas (el 85%, 136.494). Son los mismos porcentajes que un año antes. De esa plantilla total, 47.761 empleados están en España, pero no desglosa por categorías. Sí apunta en la memoria de 2023, que el 78% de la plantilla con calificación de especialista (donde está el personal de tienda) tenía contrato indefinido y el 67% contaba con un contrato con jornada a tiempo parcial. También, que el 74% de los especialistas eran mujeres, frente al 78% de la dirección.Y sobre los salarios, el sueldo medio de la categoría especialista se situó en 2023 en los 25.132 euros, con un crecimiento del 9,4% respecto a 2022. Mientras, el sueldo medio de la plantilla con categoría de responsable se situó en 43.336 (creció un 9,7%) y el de la dirección, 70.567 euros de media (avanzó un 6,2%).La situación laboral y las condiciones de la plantilla de Inditex se desarrollan en paralelo a otra mesa de negociación en la que también está la multinacional gallega. Se trata de la Asociación Retail Textil España (ARTE). Una negociación que no acaba de arrancar porque los sindicatos están encallados sobre quien tiene representatividad o no para defender los intereses de las plantillas.
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La economía de España conquista a los inversores internacionales pese a la inestabilidad política
"Los inversores tienen razón al preferir España a otros grandes países europeos", titula un informe reciente de Natixis, uno de los bancos de inversión más importantes de Francia. La economía de nuestro país ha conquistado al capital internacional pese a la inestabilidad política. "La visión positiva que se tiene de España en comparación con Francia, Alemania o Italia es razonable", continúa la entidad. El mundo financiero está transigiendo con la fragmentación parlamentaria y el accidentado calendario electoral regional (Catalunya en mayo y Euskadi en abril) y destaca la fortaleza del crecimiento de nuestro país."España avanza más deprisa que los otros tres grandes países del euro", dice Natixis. "La exposición de España al comercio mundial [que se ha desacelerado] es mucho menor que la de Alemania. La competitividad de costes de España es positiva. La producción industrial no disminuye. La balanza comercial es excedentaria [es decir, el sector exterior suma al PIB]. Y España ha desarrollado significativamente las energías renovables", sintetizan los analistas del banco."La economía española, competitiva e impulsada por los servicios, debería registrar tasas de crecimiento superiores a la media de la eurozona durante el periodo entre 2024 y 2027", afirma la revisión del 'rating' [calificación, en inglés] de la deuda de nuestro país que S&P publicó el pasado viernes. Esta agencia internacional, una de las tres de referencia junto a Moody's y Fitch, mantuvo la 'nota' de España en una A (lo que sería equivalente a un notable) con "perspectiva estable", pese a que admite que "el Gobierno en minoría tendrá que contar con el apoyo de un grupo heterogéneo de partidos para aprobar leyes, lo que podría dificultar la aplicación de las políticas".El mismo día, Moody's coincidió en dejar a nuestro país en un aprobado holgado y mejoró la perspectiva de estable a "positiva", el paso previo a un aumento de la calificación, porque considera que el modelo de "crecimiento es más equilibrado". Los informes de ambas agencias se dieron a conocer días después de que el Gobierno de coalición diera por imposible la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. En el caso del de Natixis, ni siquiera menciona la inestabilidad política. Este último se publicó el 11 de marzo, antes de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconociera que el adelanto de las elecciones catalanas al 12 de mayo alteraba "el tablero político" y hacía imposible llegar a acuerdos con los grupos nacionalistas de Junts y ERC, cuyos votos en el Congreso son necesarios para sacar adelante cualquier iniciativa.El dato que mejor recoge estas afirmaciones y comentarios es la prima de riesgo. Este indicador que hoy parece de otro tiempo es el resultado de comparar el tipo de interés que se exige a la deuda de España en los mercados financieros con el que paga Alemania, considerado el socio del euro más fiable. La prima de riesgo sirve para medir cuántas dudas hay sobre la capacidad de una economía para cumplir con sus compromisos. Actualmente, este indicador está cerca de su mínimo de los últimos años, y eso que el Banco Central Europeo (BCE) ha reducido sus compras de deuda, que fue la principal vía con la apaciguó la crisis de deuda hace una década y con la que evitó una situación similar en 2020.Concretamente, la prima de riesgo está por debajo de los 80 puntos básicos. El tipo de interés de la deuda de España de referencia (con vencimiento a 10 años) es de cerca del 3,25%. El de Alemania, en el 2,45%. En 2012, este diferencial llegó a escalar por encima de los 600 enteros. En lo peor de la pandemia, superó momentáneamente los 140 puntos básicos. Hoy, Francia apenas paga un poco menos que nuestro país."El tipo de interés a largo plazo de la deuda pública española ha caído en relación con los bonos alemanes y franceses y es inferior al tipo de interés a largo plazo de Italia. Esto demuestra que los inversores prefieren España a los otros tres grandes países de la zona euro", describe Natixis.Moody's incluso aprecia que el riesgo de "la política interna" es "moderado". "Las tensiones políticas entre el Gobierno central y las fuerzas independentistas en Catalunya son una característica clave de la legislatura", observa la agencia de 'rating'. "Sin embargo, estas tensiones no tendrán un impacto negativo", añade. Estas visiones dan aire al aplomo con el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este domingo en una entrevista con elDiario.es que, "en términos prácticos, el espacio que genera [la prórroga de los PGE de 2023] es suficiente para seguir avanzando con las prioridades políticas para este año 2024, y concentrar ahora el esfuerzo en los Presupuestos del año 2025". El Gobierno de coalición está convencido de encajar el tropiezo que supone no contar con PGE este año, y se dispone a remachar las cuestiones que sean necesarias con Reales Decretos-leyes y otras vías. Por ejemplo, el pasado martes ya anunció una subida del 2% de los salarios de los trabajadores públicos mediante una enmienda en la tramitación del real decreto de medidas frente a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.Las dificultades son inevitables. "Hay vías alternativas a los Presupuestos Generales para seguir impulsando las políticas, pero ofrecen un enfoque asimétrico y parcial. Y muy posiblemente son más tortuosas y difíciles de aprobar que unos nuevos PGE", lamenta Carlos Martín Urriza, portavoz de economía y hacienda del grupo parlamentario de Sumar.Eso sí, el ritmo de crucero que ha tomado la actividad económica no está en peligro. "A pesar de la fragilidad política, la economía española parece relativamente resistente, con un crecimiento medio del PIB real del 2% en 2024-2027, frente al 1,2% de la eurozona", incide S&P. "Las exportaciones netas seguirán siendo clave. Los boyantes ingresos por turismo mantuvieron a flote las exportaciones en 2023, pero esperamos que otros componentes aumenten con la recuperación de la demanda exterior en 2024-2027. Esto compensará parcialmente el aumento de las importaciones debido al dinamismo de la demanda interna y las importaciones de capital", detalla la agencia de calificación.S&P resalta el "sólido consumo privado (tres cuartas partes del PIB). Al igual que para otros países de la eurozona, la relajación de las condiciones de financiación [por la futura bajada de los tipos de interés del BCE] y la disminución de la inflación impulsarán los ingresos reales y el gasto de los consumidores. Pero España se recuperará a partir de una base más sólida tras una ligera desaceleración en 2023 gracias, en parte, a la prórroga parcial de las medidas de choque del Gobierno"."En comparación con sus homólogos industriales de la eurozona, España se ha beneficiado de la mayor agilidad de su economía, impulsada por los servicios (70% del PIB) y ha diversificado significativamente su suministro energético frente a la crisis de los precios de la energía de 2022", prosigue. Además, acentúa la fortaleza del mercado laboral y el apoyo de la inversión pública, en parte por el despliegue del Plan de Recuperación. Al margen de la inestabilidad política, que precisamente advierte que podría retrasar los desembolsos de los fondos europeos, el otro punto negativo que reseña es "la atonía de la inversión privada".
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El Gobierno plantea mejorar la jubilación de los fijos discontinuos
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado este lunes a los agentes sociales su intención de mejorar el acceso de los trabajadores fijos discontinuos a las prestaciones por jubilación. Una decisión que han adelantado desde Comisiones Obreras y UGT, que la han valorado positivamente, tras la salida de la mesa del diálogo social sobre seguridad social y pensiones. También se ha abordado el desarrollo de la participación de las mutuas en las bajas traumatológicas y el desarrollo de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación a las personas trabajadoras en empleos penosos. El secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, ha indicado que la intención del ministerio de mejorar la jubilación de los trabajadores fijos discontinuos "atiende a la reivindicación" del sindicato. En concreto, la medida afectaría a aquellos empleados que trabajan una parte del año a jornada completa o parcial y que, según ha explicado tras la reunión, tendrían "unas condiciones de acceso a la jubilación comparables" a aquellos "que trabajan a tiempo parcial durante todo el año". "En los últimos meses se están produciendo incidencias en el acceso a la jubilación de este colectivo y el sindicato viene insistiendo en que es una situación que se tiene que resolver de manera inmediata. El Gobierno, verbalmente aún, ha anunciado su disposición a resolver está cuestión", ha señalado Bravo. En la valoración "positiva" coinciden también desde UGT. "Parece ser que el ministerio ha encontrado alguna solución de la que nos va a hacer participes en cuanto a la eliminación del coeficiente de parcialidad que se aplicaba a las jubilaciones de los fijos discontinuos", ha señalado la secretaria de política institucional y políticas territoriales, Cristina Estévez. La reunión en la que se profundizará en este asunto será, previsiblemente, la que los agentes del diálogo social celebrarán el próximo 8 de abril. Para esa fecha, los sindicatos han insistido también en la necesidad de que el departamento que dirige Elma Saiz presente ya un documento en el que se ahonde en la jubilación parcial y el contrato relevo. Es, ha dicho Estévez al término de la mesa de este lunes, una cuestión "esencial", que no se ha abordado en esta cita. "Nuevamente, el ministerio celebra una reunión sin hablar de la materia, dando una patada hacia adelante para después de las vacaciones de Semana Santa", ha señalado. Lo que sí ha presentado el ministerio es un nuevo documento sobre la jubilación activa, que permite compatibilizar trabajo y pensión. "Para nosotros todos los temas son importantes, pero hay algunos temas que son más prioritarios que otros y este, precisamente, no es de los más prioritarios", ha insistido Estévez, que ha apostado por la jubilación parcial con contrato relevo como la mejor fórmula para "que se produzca una salida paulatina y flexible de los trabajadores del mercado laboral" y "para que se produzca un rejuvenecimiento de las plantillas". Las organizaciones sindicales, ha explicado Bravo, han insistido en la necesidad de que el Gobierno "ponga sobre la mesa una propuesta de acceso a la jubilación de manera generalizada para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras". Un trabajo que se enmarca dentro del compromiso de reforma de la Seguridad Social del pasado 30 de junio, que se vio pospuesto por el adelanto electoral. "Necesitamos ya que ese tema avance", reclaman desde CCOO. Durante la reunión, los agentes sociales y el ministerio han seguido trabajando en la colaboración de las mutuas con los servicios públicos de salud en la atención médica de las bajas de incapacidad temporal por problemas traumatológicos. Una medida que, sin dar fechas, Saiz ya había enmarcado a principios de año en el "corto plazo". En una nota difundida este lunes, este departamento ha indicado que "se ha profundizado sobre el desarrollo de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)", en relación a este asunto. En la mesa de diálogo, en la que Calvo ha indicado que el ministerio ha trasladado que "probablemente" se superen este mes los 21 millones de afiliados a la seguridad social, se ha abordado también el procedimiento para el establecimiento de coeficientes reductores para anticipar la jubilación en determinados trabajos. Estos serían, ha dicho el ministerio, "en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño, que experimenten un elevado índice de morbilidad o siniestralidad a partir de una determinada edad o que ocasionen secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad como consecuencia de contingencias profesionales". "La penosidad ya no está en cuestión, pero sí cómo vamos a objetivarla, qué parámetros se van a poner sobre la mesa", ha señalado Estévez, que ha lamentado que "el ministerio sigue discutiendo el concepto de edad en los coeficientes reductores". "En relación al desarrollo reglamentario para reconocer coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos tóxicos, penosos, insalubres o peligrosos se han mantenido debates durante la reunión, sin que haya habido avances significativos, si bien el Gobierno ha comprometido nuevas propuestas que veremos próximamente", ha emplazado Bravo.
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La inflación de la eurozona se moderó dos décimas en febrero, hasta el 2,6%
La inflación de la eurozona se moderó dos décimas en el mes de febrero, hasta el 2,6%, mientras que la del conjunto de la Unión Europea cayó tres décimas, hasta el 2,8%, según los datos publicados este lunes por Eurostat.La oficina comunitaria de estadística confirma así los datos preliminares publicados a principios de este mes, que también apuntan a un descenso desde el 3,3% de enero al 3,1% de febrero de la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía, los alimentos y el tabaco por ser más volátiles y es la que utiliza el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria.De esta forma, la evolución de los precios continúa con su senda a la baja, que se truncó en diciembre con una aceleración de cinco décimas (2,9%), para después caer hasta el 2,8% en el primer de este año y hasta el 2,6% en el segundo.Así, la inflación de la zona euro se sigue acercando al objetivo del 2% que persigue el banco dirigido por Christine Lagarde, que está esperando a confirmar que el retroceso de los precios se consolida y que las presiones salariales no pueden empujarlos de nuevo al alza para decidir su primera bajada de tipos.En febrero los servicios registraron la mayor inflación con un incremento del 4% que es idéntico a las tasas de noviembre, diciembre y enero, mientras que el precio de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco aumentó un 4,5%, una tasa que es siete décimas inferior al del mes anterior.Por otro lado, la inflación de los alimentos sin elaborar se situó en el 2,1%, y la de los bienes industriales no energéticos, en el 1,6%. La energía de nuevo registró una tasa negativa, del 3,7%, y continúa con el proceso de desinflación observado en los últimos meses.En consecuencia, la mayor contribución a la inflación el pasado mes provino de los servicios (1,73 puntos porcentuales), seguido de los alimentos, el alcohol y el tabaco (0,79 puntos) y los bienes industriales no energéticos (0,42 puntos), mientras que la energía restó 0,36 puntos a la tasa.Con estos datos, la inflación en España, del 2,9% en tasa armonizada con el resto de los socios europeos, se situó una décima por encima de la media de la Unión Europea y es tres décimas superior al promedio de la zona euro.Los Estados miembros con menor tasa de inflación en febrero fueron Letonia y Dinamarca (ambos con un 0,6 %), seguidos de Italia (0,8 %), Lituania y Finlandia (1,1%), Chipre (2,1 %), República Checa (2,2%), Irlanda y Portugal (2,3%), Suecia (2,6%) y Alemania y Países Bajos (2,7%).Por encima de la media comunitaria se situaron España (2,9%), Malta (3%), Grecia (3,1%), Francia y Luxemburgo (3,2%), Eslovenia (3,4%), Bulgaria (3,5%), Bélgica y Hungría (3,6%), Polonia (3,7%) y Eslovaquia (3,8%).Por último, los Estados miembros con mayor inflación el pasado mes fueron Estonia (4,4%), Croacia (4,8%) y Rumanía (7,1%).
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Carlos Cruzado: “Casos como el del novio de Ayuso inciden muy negativamente en la conciencia fiscal de los ciudadanos”
Carlos Cruzado (Madrid, 1958) y José María Mollinedo (Jaén, 1964) son técnicos de Hacienda con una amplia carrera en la Agencia Tributaria. Ahora, han plasmado sus conocimientos y su experiencia en un libro en el que tratan de divulgar de manera sencilla los agujeros que tiene nuestro sistema fiscal y que acaban beneficiando a quienes más tienen. Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing) es un ensayo breve que recorre los problemas que tienen las grandes figuras tributarias, pero también analiza cómo los discursos en contra de los impuestos han generado todavía más vías para que los grandes capitales encuentren un escape. Del diseño de nuestro sistema fiscal en la Transición hasta las reformas fiscales frustradas de los últimos años, pasando por amnistías fiscales y leyes con efectos contrarios a los que se buscaba. En elDiario.es conversamos con Cruzado unos días después de desvelar el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.elDiario.es desveló la pasada semana la acusación de la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. Este caso surge tras una inspección de la Agencia Tributaria, que a menudo tiene una imagen negativa, ¿Cómo valora el papel de la Agencia en casos como este?Siempre se habla de filtraciones, pero normalmente, como ha ocurrido en este caso, se conocen cuando llegan al juzgado. En la Agencia Tributaria hay un control de entradas a los temas muy exhaustivo, una obligación de guardar secreto y se monitorea las entradas de los funcionarios. No digo que no pueda haber fugas, pero en este y en otros tantos casos, lo conocemos cuando llega al juzgado.En este caso de la pareja de Ayuso, si la Agencia Tributaria tiene justificadas estas facturas falsas, quizá no de libro, pero sí que es muy fácil controlarlo. Además con ese dato de que había aumentado muchísimo su facturación y, sin embargo, los beneficios eran más bien escasos. Pues todos estos datos conducen a que en este caso o en cualquier otro similar, salte y se lleve a la inspección.¿Cómo valora que la respuesta para defender al entorno de Ayuso sea que la Agencia Tributaria es un órgano dirigido por el Gobierno?Hay que tener en cuenta que ya estamos en otro estado de la situación. La Agencia Tributaria manda la denuncia en enero, pero ya es la Fiscalía la que la ha asumido. Por tanto, ya estamos en el ámbito, si no judicial, prejudicial. La Agencia ha hecho lo que debe hacer, que es cuando ve que hay un delito mandarlo. En este caso, la Agencia Tributaria ve dos elementos: uno es que la cuota defraudada supera los 120.000 euros, y el otro es el dolo. Tiene que observar que hay intencionalidad. En este caso, desde luego, si hay facturas falsas, es evidente que hay dolo. Adentrándonos en el libro, en el que analizan cómo el sistema acaba beneficiando a quienes más tienen, ¿considera que casos como este, o el de deportistas, empresarios o el propio del rey emérito de algún modo deterioran la imagen y la confianza que tiene el ciudadano de a pie que sí cumple con sus obligaciones?Cuando hablamos de grandes empresarios, pero sobre todo de políticos, entendemos que deben dar ejemplo con algunos asuntos y muchas veces no es así. Esto incide muy negativamente en la conciencia fiscal de los ciudadanos. Y claro, es algo negativo, porque no anima precisamente al contribuyente de a pie a pagar sus impuestos con tranquilidad, a evitar esos trabajos sin factura. También hay una lectura positiva: los ciudadanos ven que la Agencia Tributaria hace su trabajo. Desde luego el ejemplo es muy malo y es importante para llevar adelante esa necesidad de concienciar fiscalmente a los ciudadanos.Profundizan en el libro sobre la diferencia de recaudación fiscal que tiene España con otros países europeos, ¿qué le parecen los mensajes de que España es un “infierno fiscal”?Habitualmente se habla de la idea del infierno fiscal cuando un youtuber se muda a Andorra. Claro, si nos comparamos con Andorra, con un territorio de muy baja tributación, con un paraíso fiscal o un refugio fiscal como ahora ha admitido la la RAE, pues lo sería, pero obviamente nuestro país no es un infierno fiscal. España es homologable en su fiscalidad a la de la mayoría de los países que tienen un Estado de bienestar y que necesitan de una recaudación y de un sistema tributario suficiente para cubrir todas esas necesidades que nuestra Constitución establece en la educación pública, sanidad pública, pensiones, todos los ámbitos de un Estado social y democrático de derecho. Como dice nuestra Constitución, no es un infierno fiscal España, ni muchísimo menos.En el libro plantea la necesidad de recaudar más de 40.000 millones más para acercarse a Europa. ¿Eso lo ve posible con un sistema fiscal como el que tenemos?Como el actual no, precisamente es necesario esa modificación. Planteamos la necesidad de una reforma integral en la que coinciden prácticamente todos los expertos. Llevamos desde los años 70 con este sistema fiscal, desde entonces solo ha habido parcheos o retoques, por eso nuestro sistema adolece de la coherencia necesaria. Hablamos de subir o bajar impuestos, pero olvidamos de que esto debería de conllevar un gran acuerdo, un gran pacto de Estado, partiendo de la base de la dimensión del Estado que queremos. Eso tiene unas necesidades y un gasto que tenemos que cubrir con los recursos suficientes. La diferencia con la zona euro en presión fiscal es de casi cuatro puntos y es importante rebajar ese diferencial producido por una parte por a la economía sumergida y el fraude pero también por la estructura de nuestro sistema fiscal. Por eso llamamos al libro ‘Los ricos no pagan IRPF’, al hilo de esa frase que repitieron por un lado Aznar hace unos años y luego Pedro Sánchez. La mayoría de los expertos mantienen que efectivamente la planificación fiscal de las grandes fortunas, de los grandes capitales, pues hace que tengan muy pocas rentas a tributar en el IRPF. El sistema fiscal necesita tapar esos agujeros y dar coherencia. Precisamente, el libro toma de referencia el IRPF como arranque del análisis de un sistema que sufre de agujeros. Una de las críticas que se hace es la dualidad del IRPF, en el que las rentas del capital tiene menos tributación que las procedentes del trabajo. ¿Se precisa esa igualación que han planteado PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno?Ya ha habido varios movimientos en ese sentido del Gobierno de coalición y sí, la verdad es que parece que deberíamos tender a ello. No siempre ha sido así, antes se gravaban todas las rentas de manera general, pero luego llegaron las decisiones hasta llegar a escalas diferentes como ahora. No tiene mucho sentido y de hecho la propia OCDE, en un informe de España en 2014, ya planteaba, con vistas a una reforma fiscal, que habría que tender precisamente a esa desaparición del doble rasero. Es algo que está ahí y genera situaciones injustas, como que personas que tienen rendimientos importantes del ahorro, pues tributan en mucha menor medida que personas con rendimientos altos de trabajo.Efectivamente esta dualidad es la que provoca que en las escalas más altas de rentas se pierda la progresividad del IRPF. Si además añadimos la carrera a la baja en Patrimonio o Sucesiones, que gravan más a los más ricos, puede dar la sensación de que todos los cambios que se han hecho desde hace años en España van a reducir la tributación de las grandes fortunas.Eso es lo que ha ocurrido en España. Cuando se diseña nuestro sistema tributario es el momento en el que en Europa se está instalando el discurso de políticas conservadoras, como las defendidas por Thatcher y Reagan, que básicamente defienden lo bueno que es que las grandes fortunas o empresas tributen menos. Esto también llegó a España, claro. Lo que empezó con partidos conservadores, se contagió a los partidos socialdemócratas. La progresividad de los sistemas empezó a caer y esto lo que ha producido ha sido un incremento de las desigualdades. Ese aumento de la desigualdad es quizá lo que está haciendo cambiar el discurso de algunas organizaciones a nivel mundial, que lo hemos visto muy claro hace unos pocos meses, cuando Reino Unido, la anterior primera ministra, anunció esa bajada de impuestos que causó un estrépito mundial. Aquí a veces no lo percibimos, pero están cambiando las cosas a nivel internacional. Hay un viento que está haciendo cambiar el paradigma de que cuantos menos impuestos mejor. Lo están planteando muchos economistas a nivel mundial: hay que intentar gravar a las a las muy grandes fortunas. ¿Ve por tanto un cambio en la ortodoxia económica en favor de gravar más la riqueza?Está cambiando, y yo creo que en buena medida es como consecuencia de ese incremento de desigualdades en países desarrollados que supone un problema económico. Lo decía la OCDE hace nada, recomendando aumentar la recaudación del impuesto de Sucesiones. Y sin embargo vemos que luego hay algunos movimientos políticos o de opinión defendiendo que es un impuesto injusto.Si la Constitución tiene marcado que el sistema fiscal debe de ser progresivo, ¿por qué cree que los discursos que proponen medidas en ese sentido son considerados a veces de antisistema o casi de comunistas?Es algo que no tiene sentido, en las encuestas del CIS vemos mucha transversalidad y que los ciudadanos mayoritariamente apuestan por el Estado de bienestar, por un sistema de educación pública, incluso como consecuencia de la pandemia, pues la mayoría piensa que hay que dedicar más recursos a la sanidad. Sin embargo, el discurso de algunos partidos va en sentido contrario de lo que dicen sus propios votantes. Eso complica que haya un gran acuerdo sobre fiscalidad y sobre la dimensión del Estado que queremos. Si verdaderamente queremos proteger y potenciar la educación pública, la sanidad pública, las pensiones, eso tiene que conllevar un sistema suficiente. No casa con bajadas de impuestos generalizadas.Entonces, ¿por qué elección tras elección cala tanto ese discurso en favor de la bajada de impuestos?Hay una continuidad en ese discurso que hace unos años caló en todos los partidos. Recordamos en el libro la frase de Zapatero, que seguramente ahora no la repetiría, que bajar impuestos es de izquierdas. Y ahora es difícil quizá dar marcha atrás e intentar poner de manifiesto o dignificar el pago de impuestos cuando se ha estado demonizando muchos, muchos años. Porque hablar de bajar impuestos porque sí, pues eso de alguna manera está dando al ciudadano una idea de que los impuestos son malos. Hay que cambiar todos estos aspectos para potenciar una mayor conciencia fiscal.En esas encuestas que planteaba, se constata que algunos falsos mitos han calado, como que en España se pagan más impuestos que en Europa o que se aporta más de lo que se recibe. ¿Falta ser más explicativos respecto a asuntos fiscales e ir más allá de subidas y bajadas de impuestos?Sin duda. Habrá algunos impuestos que quizá hay que bajarlos, otros subirlos, pero además, dentro de los impuestos habrá sectores a los que habrá que subirle los impuestos y otros bajarlos. No voy a decir que haya demagogia, pero hay discursos que no encajan con la realidad. Al ciudadano hay que informarle. La transparencia es fundamental. Es algo a lo que hemos llegado un poco tarde.Sin embargo, los distintos intentos de reforma fiscal, con informes de expertos, se han encontrado siempre con un muro. ¿Por qué cree que es tan difícil que haya avances en ello?Quizá falta lo que en otros ámbitos muy importantes: políticas de Estado. Y es quizá esa luz larga y no quedarse en el periodo electoral, que muchas veces es lo que está mediatizando estas decisiones. Es lo que ha faltado con el Libro Blanco hace dos años, con la excusa de la crisis de Ucrania se ha quedado en un cajón. Es un informe muy importante, en el cual se analiza con exhaustividad todo el sistema al margen de las propuestas que luego se puedan plantear o no, pero falta voluntad política de querer afrontarlo. Nos jugamos mucho los estados en el tema fiscal.Cuando se habla de reformas fiscales quizá nos centremos mucho en las subidas y bajadas de impuestos o en la eliminación de beneficios fiscales pero, ¿qué papel debe de tener la inspección y el control de la Agencia Tributaria?Muy importante. Si comparamos con otros países, nuestro nivel de inspectores o de funcionarios dedicados al control tributario vemos que estamos a la mitad. Y en cuanto al gasto, que a mí me gusta hablar siempre de inversión en Agencia Tributaria, pues nos pasa lo mismo. Por lo tanto, si tenemos la mitad de recursos, pues es normal que tengamos el doble de economía sumergida o de fraude que países con los que queremos compararnos. Ahí también hablamos siempre de falta de voluntad política. En la Ley de Prevención del Fraude de 2021, había dos disposiciones que el Gobierno está incumpliendo. Una de ellas era la elaboración de un informe oficial sobre economía sumergida. La otra plantea que la Agencia Tributaria haga una planificación de recursos humanos y de inversión a medio plazo. Pasa el tiempo y no se toman decisiones importantes.En este aspecto, da la impresión de que ha sido muy sencillo el control de los salarios o del pequeño fraude fiscal, pero quizá el reto está en los grandes patrimonios o en las multinacionalesHay que tener en cuenta que el volumen que tiene de información que cruza la Agencia Tributaria cada vez es mayor. Entonces sí que hay o estamos en disposición de poder hacerlo, pero faltan efectivos a nivel prevención del fraude, contar con gente suficiente. Nosotros siempre decimos que aproximadamente un 80% del esfuerzo de la Agencia Tributaria precisamente se dedica a ese control de discrepancias en nóminas, en rendimientos de trabajo, autónomos, pequeñas empresas y pensamos que es necesario desplazar de alguna manera la lupa hacia grandes fortunas, grandes empresas, que por otro lado es donde está el gran fraude. Muchas veces la gente identifica el fraude fiscal con el 'con IVA o sin IVA' del fontanero. Claro que tenemos que empezar también por ahí. Esto ya lo estamos haciendo, pero sin embargo se nos están escapando muchas veces las grandes tramas de fraude de IVA o que se están produciendo en las gasolinas. Bueno, ahí es donde quizá tenemos que hacer un mayor esfuerzo y sobre todo en los grandes entramados societarios de grandes fortunas que no pagan el IRPF. Y no se hace por falta de medios.Se han tomado medidas que han sido muy efectivas. Por ejemplo, el coto a las sicav que ha hecho desaparecer la mayoría de ellas. ¿La solución está en la legislación o en la inspección?Hay que compaginarlas. En el tema de las sicav es muy acertado porque llega un momento en que todos los partidos coincidían en plantear medidas para limitar esa utilización privada de una institución colectiva. Esto es lo que necesitamos, grandes acuerdos y plantear esas medidas para evitar que se den situaciones que son injustas. En el libro hemos querido hablar de las dos patas, por un lado, de la necesidad de que ese principio de igualdad y progresividad que plantea la Constitución se lleve a efecto en la estructura tributaria, en las leyes, pero también a través del trabajo de la Agencia Tributaria. Hacienda somos todos, es lo que dice la Constitución y la Agencia Tributaria debería actuar en esa línea siempre.Por acabar, ¿le da confianza que a nivel internacional esté calando el discurso de que hay que gravar más a las grandes fortunas?A la vista de la opinión de los ciudadanos y de esta corrientes que estamos viendo a nivel internacional, de esos pequeños pasos que han ido dando organizaciones como la OCDE, el G20, el FMI. Bueno, pues creo que sí va a ser un proceso lento. Hay paradigmas que están empezando a desaparecer y será positivo.–––––Nos atrevemos con los más poderosos porque sabemos que estáis ahí. La investigación periodística de elDiario.es es posible por el apoyo de nuestros socios y socias: más de 77.000 personas. Si eres uno de ellos, queremos darte las gracias: tu ayuda nos permite publicar noticias así, que casi nadie cuenta. Y si aún no nos apoyas, o dejaste de hacerlo, este puede ser un buen momento para echarnos una mano: necesitamos todo el respaldo posible. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
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