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Inaugurando el nuevo hospital
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El furor del consenso frente a la mayoría presupuestaria
Los consensos solo caben en una lógica polarizada y en una estrategia populista como iconos de un pasado, tan sacralizado como denostado, o como ariete para la exclusión, la descalificación y deslegitimación permanente del adversario. Situados en el terreno de los principios, hemos dejado de lado lo fundamental, la política y su expresión presupuestaria para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Un instrumento esencial también para incorporar los fondos europeos de recuperación económica, cohesión social y modernización de nuestro tejido productivo. Hasta ahora parecía que nuestro principal problema con la crisis de representación, a partir de la recesión económica y el 15M, era la gobernanza. Sin embargo, cuando ésta avanza con la configuración primero de un gobierno de coalición y una mayoría de investidura inéditas, y más recientemente con el logro de la mayoría para la aprobación de los primeros Presupuestos desde 2018, parece que el objetivo enunciado hubiera pasado a un segundo plano. Y ahora además se echa de menos un acuerdo transversal o algo mucho más amplio, o sea el famoso consenso que ahora se reclama con furor, ante una situación de emergencia como la pandemia y sus devastadoras consecuencias económicas y sociales. No obstante, la pregunta es si se trata de una voluntad real o por el contrario de una estrategia contra la mayoría de gobierno, también si tiene precedentes cercanos que lo avalen y, ante todo, si es posible. El llamamiento al consenso carece de credibilidad si éste se realiza desde la lógica del más acendrado populismo trumpiano que envuelve hoy la política nacional. Sin embargo, hemos sufrido un daño constante por parte de los actuales agitadores del consenso, primero de deslegitimación de la moción de censura como procedimiento constitucional para la remoción del Gobierno. Y, lo que es peor, desde hace un año se cuestiona el resultado electoral, supuestamente por estar basado en falsas promesas, así como el Gobierno de coalición motejado como socialcomunista y sus apoyos de investidura a los que se califica como antipatrióticos e inconstitucionales. Ya en la gestión de la crisis sin precedentes como es la de la pandemia de la COVID-19, todas las medidas adoptadas por el Gobierno, tan solo con unos breves y menores momentos iniciales de respiro, han sido sistemáticamente objeto de descalificación, cuando no de confrontación, con argumentos que van desde su carácter ideológico, la mala gestión, hasta su carácter autoritario, golpista e incluso criminal, al parecer alentado por intereses eugénesicos inconfesables. Otra oportunidad perdida para ejercitar el tan proclamado consenso. Tanto la derecha del PP como la extrema derecha se han instalado en un modelo de oposición populista en que lo de menos son los hechos y por el contrario triunfan los falsos relatos, las fake news y las teorías conspirativas, y en que los momentos cruciales como las prórrogas del estado de alarma a partir de mayo, no han sido una oportunidad para ningún tipo de mayoría transversal ni mucho menos de consenso, sino una palanca para llevar al paroxismo la estrategia de desestabilización liderada intelectual y políticamente por la extrema derecha. Una extraña mezcla de neofranquismo frailuno y sucedáneo castizo de Donald Trump.El límite infranqueable de esta estrategia vicaria del PP ha sido su fracaso electoral en Euskadi y Galicia a manos de los partidos y sectores internos tradicionales, y más tarde la moción de censura presentada por Vox, que más allá de la formalidad de presentarse frente al Gobierno de coalición progresista, en realidad se trataba de un intento finalmente frustrado de la extrema derecha de disputar la hegemonía del conjunto de la derecha al PP. Aunque el desmarque en el debate por parte de Casado del proyecto antisistema y antieuropeo de Vox no haya tenido continuidad ni desarrollo claro hacia el centro derecha, ya que sabe que no será presidente sin el apoyo de Vox. Casado se desmarca de Abascal y afirma su liderazgo en la derecha, pero seguirá necesitando el apoyo de Vox en Madrid, Andalucía y Murcia. Por eso, ha mantenido incólumes las alianzas que le unen a la extrema derecha en CCAA y municipios, y ha puesto el punto final a la frustrada experiencia de las coaliciones autonómicas con Ciudadanos. La última prueba de ello ha sido la negativa a la coalición cara a las próximas elecciones en Cataluña, a pesar de la amenaza electoral que para el PP todavía supone la extrema derecha. Ciudadanos, por otra parte, ha sido una víctima populista a manos de otro populismo más eficaz y coherente con sus lógicas. La lógica populista de Ciudadanos ha muerto a manos de Vox y de un PP polarizado. Ciudadanos ya no es relevante. Es cierto que a raíz del cambio de Rivera por Arrimadas y del reciente congreso en que constata que sus dos competidores han asumido su discursos y sus prácticas fundacionales, Arrimadas, la nueva responsable del partido, ha adoptado una nueva estrategia de desmarque de la imagen de Colón, punto culminante de la estrategia populista conservadora. Así, acuciados por la búsqueda de su lugar en la derecha tomaron una actitud errática que los ha llevado de los gobiernos de coalición con el apoyo tripartito de las derechas, a proporcionar apoyos al Gobierno de izquierdas en las últimas prórrogas del estado de alarma, los gestos desde los gobiernos compartidos en CCAA como Castilla León o Madrid, y más tarde la disposición a la negociación y al acuerdo para sustituir en la mayoría de apoyo a los Presupuestos a la mayoría de investidura, para ahora volver al nicho de Colón sin solución de continuidad. Una estrategia que tampoco ha contado con el apoyo del conjunto de los dirigentes de Ciudadanos, que, surgidos del sustrato político de la polarización nacionalista y el populismo de la nueva política, han aprovechado la enmienda de ERC a la ley Celaá para marcarle los límites identitarios a la nueva dirección. Por eso se ha recompuesto la mayoría de investidura con una rapidez y una fortaleza inesperadas, a partir del fracaso de la moción de censura. Es desde entonces que Sánchez se garantizaba la legislatura, despejaba la ruta a los Presupuestos y al tiempo abría la negociación de la renovación de los cargos institucionales. Tampoco dentro de la parte de Unidas Podemos del Gobierno de coalición se ha asumido como necesidad, sino como peligro de derechización, la mencionada transversalidad, de manera que ésta ha fracasado por los vetos mutuos de una misma naturaleza populista escindida en dos frentes políticos. Tampoco desde entonces, entre los sectores políticos y mediáticos, tanto de la derecha como de los llamados progresistas moderados representado por antiguos dirigentes del PSOE, el objetivo ha sido la proclamada transversalidad o el consenso en materias esenciales, sino acentuar las contradicciones de la política de alianzas entre los coaligados, por un lado destacando el papel de Pablo Iglesias en una supuesta bicefalia con Sánchez y por otro respaldando la posición histérica de la derecha ante el apoyo presupuestario de Bildu. En definitiva, hemos pasado pues del escándalo por los apoyos inconstitucionales de investidura al de los apoyos presupuestarios de los herederos de ETA. La ausencia de límites del populismo en la búsqueda del poder hace viable la utilización del dolor de las víctimas, aun a pesar de la erosión de la convivencia democrática que tienen estos discursos. La democracia no es un objetivo para la lógica populista es un medio, muchas veces, insuficiente. El furor consensual, al que aludimos, hace del consenso un mero instrumento para cuestionar la importancia de la gobernanza, las mayorías plurales y de la aprobación de los Presupuestos. Así, se contrapone un consenso ideal, hoy por hoy inalcanzable, tanto a la mayoría de investidura ajustada con la que se ha aprobado la Ley de Educación como en particular con la mayoría ampliada de los Presupuestos. Los sectores pretendidamente favorables a una política autodenominada de moderación están haciendo estos llamamientos al consenso desde una práctica populista, sólo para cuestionar la coalición de izquierdas y el derecho a la participación política y el acuerdo con las opciones independentistas. Los consensos solo caben en una lógica polarizada y en una estrategia populista como iconos de un pasado, tan sacralizado como denostado, o como ariete para la descalificación permanente del adversario. La saludable e imprescindible opción por el diálogo, el pacto y las mayorías plurales en democracia no impiden la formación de mayorías más amplias transversales o los consensos, pero estos no pueden ser utilizados como un derecho de veto a la pluralidad ni a la gobernabilidad. En resumen, la derecha, está toda ella sumergida en las mismas lógicas del populismo izquierdista que tanto critica, cuando cuestiona la propia política y el Parlamento como foro de la deliberación, es decir, la propia democracia. En un apunte final podemos añadir que si no es el Parlamento el lugar en el cual se pueden superar intelectual y políticamente las tendencias centrífugas que padece nuestro Estado para incorporar a todas las fuerzas políticas a la construcción de un mismo estado, ¿dónde se puede hacer? Tan ciego está el populismo conservador al excluir del concierto democrático a los nacionalismos independentistas, como el populismo de izquierdas al pensar que esta incorporación bastará para que se comprometan a construir un futuro común. Para lograr el éxito en esta necesaria empresa se necesita en primer lugar la recuperación también de la idea de consenso como punto central del sistema político y de las reformas constitucionales. Por eso, todo lo que hoy se reclama con furor, como el consenso, entendido como instrumento para la exclusión y la confrontación, pertenece más al clima populista que al pensamiento de la democracia representativa.
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Vivanta plantea un ERE para 361 empleados y evita contarlo por miedo a parecer un nuevo Dentix
El grupo de clínicas dentales Vivanta plantea un ERE para 361 trabajadores, según ha podido saber elDiario.es y han confirmado fuentes sindicales. Vivanta, controlada por el fondo Portobello, emplea a 2.240 personas en 224 clínicas, así que el expediente afectaría al 16% de la plantilla. La mesa de negociación se constituyó el pasado viernes. La propuesta inicial es el mínimo que marca la ley: 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades. Este miércoles, 2 de diciembre, está prevista la primera reunión."Ahora empieza la negociación, que consistirá en rebajar el número de afectados", explica María Victoria Gómez, miembro de Comisiones Obreras presente en la mesa. "Publicaremos notas sobre cómo avanza, pero aún no podemos contar nada más". En la mesa hay siete miembros de CCOO, cuatro de UGT, uno de ELA y solo uno de la comisión 'ad hoc', la que eligen los trabajadores sin representación. En el caso de Vivanta, eran más de la mitad de la plantilla. Fuentes expertas en derecho laboral explican que la ley facilita que los sindicatos mayoritarios estén en las mesas en detrimento de las representaciones 'ad hoc'. Sobre todo en empresas con muchos centros, en las que los trabajadores están separados.La empresa y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT —que no ha respondido a una solicitud de información—, han querido evitar hasta ahora que la información sobre el ERE sea pública. La situación financiera de la empresa es mala, ha empeorado con la pandemia y que se sepa que vienen recortes podría alarmar a los clientes, que cuentan con el precedente de Dentix. Dentix se declaró en concurso de acreedores el pasado mes de octubre, dejando tirados a miles de clientes y empleados, que ya arrastraban problemas en el cobro de sus nóminas. De hecho, y según se puede comprobar en LinkedIn, varios directivos de Dentix han entrado a trabajar en Vivanta en los últimos meses.El celo por el proceso es tal que los empleados de Vivanta han recibido instrucciones para hablar del tema con clientes y medios. Tras notificarles (vía email o burofax) que el despido colectivo estaba en marcha, la empresa les ha enviado un "Protocolo de actuación" al que ha accedido elDiario.es que explica qué deben responder si alguien pregunta. Si un cliente pregunta por los despidos o la continuidad de su tratamiento, la persona que le atienda debe dar uno de los siguientes mensajes: "la empresa está siendo afectada por las consecuencias de la actual pandemia del coronavirus por lo que ha tenido que tomar medidas para reducir costes incluyendo un reajuste de plantilla (sic.)", "los servicios a nuestros clientes están totalmente garantizados", "Vivanta no va a recortar en ningún caso ningún servicio ni ninguna prestación", "Todos nuestros servicios van a seguir con todas las garantías de calidad y plazos establecidos" y "La clínica va a seguir prestando servicio con total normalidad". Si el cliente desea más información, el empleado puede tomarle los datos para que hable con el responsable de clínica.Si un periodista pregunta por los despidos, la persona que le atienda "no debe ofrecer ningún tipo de información, ni de carácter oficial ni a título personal". Puede recoger sus datos y pasarlos al gerente de zona, que a su vez los derivará a la agencia de comunicación con la que trabaja Vivanta. Una de las especialidades de esta agencia, Marco de Comunicación, es la comunicación de crisis.Fuentes de la empresa explican que la "reestructuración de personal" es "necesaria para adecuarnos a la realidad del mercado". Estas fuentes, que evitan dar la cifra de despidos por estar las negociaciones en marcha, recalcan que Vivanta "va a poner en marcha un plan estratégico de 2021 a 2024" y que cuenta con el respaldo de sus inversores. Por eso, insisten, su caso no se puede comparar con el de Dentix. No quieren generar miedo en sus clientes.Vivanta nació en 2017 como grupo odontológico y de medicina estética. La creó Portobello, un importante fondo de capital riesgo español. Ese año adquirió seis empresas del sector (Unidental, Láser 2000, Doctor Senís, Plénido, Avantdent y Anaga) y al siguiente una veintena más, estas de menor tamaño. El objetivo era crear un gigante dental que compitiera en un "mercado atomizado", tal y como describía su ex-CEO Juan Olave a Cinco Días. La justicia investiga actualmente si hubo falsedad en una de aquellas compras, la de Unidental.Solo dos años más tarde, Portobello preparó la compañía para vendérsela a algún otro fondo. Terminó retrasando la operación para conseguir un precio mejor. El grupo, compuesto por varias sociedades, registró pérdidas de 20 millones en 2018. Las cuentas de 2019 de la principal sociedad, Cartera Vivanta, revelan que la deuda asciende a 260 millones y que la empresa ha obtenido financiación adicional del banco francés BNP y el fondo ARES. Fuentes de la compañía quitan hierro a la deuda e indican que tras sus años de crecimiento llega un "proceso de consolidación".
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Cerco de la Inspección de Trabajo a Mapfre: le exige otros 1,2 millones por falsos autónomos en Sevilla
Ya no son solo casos particulares, ni aislados. La Inspección de Trabajo ha dado de alta de oficio como trabajadores por cuenta ajena a un total de 44 "agentes exclusivos" de seguros que trabajaban (o habían trabajado) para Mapfre como autónomos vinculados a una oficina en el centro de Sevilla. Es decir, la autoridad laboral considera que eran falsos autónomos, un fraude laboral en la contratación por el que las empresas evitan contratar a empleados, pero recurren a autónomos a los que en realidad les exigen una vinculación laboral. La Inspección exige a la multinacional presidida por Antonio Huertas un total de 1.203.591 euros por las cotizaciones impagadas a la Seguridad Social desde marzo de 2015. La noticia de esta nueva acta de la Inspección de Trabajo contra Mapfre en Sevilla llega tras la denuncia pública de cinco agentes de seguros en elDiario.es de su situación de falsos autónomos en cuatro provincias distintas y que quedaron reflejadas en varias actas de la autoridad laboral. Los agentes también fueron dados de alta de oficio como asalariados en el Régimen General y denuncian "represalias" por parte de Mapfre, como cierres y cambios de oficina, así como rebajas salariales respecto a las remuneraciones que cobraban antes de la actuación inspectora. Fuentes de Mapfre, aunque rechazan pronunciarse sobre "casos concretos", niegan a elDiario.es que su red comercial esté basada en falsos autónomos y recuerdan que la legislación específica de los agentes de seguros "es clara" y establece que deben regirse por una relación mercantil. Además, apuntan que "las inspecciones que declaran relación laboral están recurridas por la compañía". Tras las actas que declaraban que estos cinco agentes exclusivos eran falsos autónomos, la empresa limitó estos casos a situaciones particulares dentro de una amplia red de miles de agentes de seguros independientes cuya adecuación a la normativa laboral no estaba puesta en duda. Sin embargo, la actuación de las inspectoras en esta oficina del centro de Sevilla retrata un abuso muy extendido, al menos en esta sede situada en la calle San Pablo de la ciudad. Del listado de 64 personas que estuvieron vinculadas con contratos de autónomas a esta oficina en el periodo estudiado, según los datos facilitados por la empresa, la autoridad laboral dio de alta a 44 de ellas, mientras que el resto quedaron excluidas por la incapacidad de contactar con ellas, no haber trabajado nunca para la aseguradora y operar como intermediarias entre despachos jurídicos/asesoramiento y Mapfre, entre otros motivos. La Inspección solo detecta un caso, el de una agente, que "desempeña sus funciones en el sector de inversiones actuando de forma completamente autónoma".El acta de liquidación recuerda que, aunque la legislación marque que en las agencias de seguros deben establecerse relaciones mercantiles, la jurisprudencia del Supremo ha recordado en muchas ocasiones que la relación entre las partes no se define por lo que figura en el contrato que firman sino por "el conjunto de derechos y obligaciones que se pacten y se ejerciten realmente". Si en la práctica los agentes de seguros autónomo se enfrenta a obligaciones y funciones propias de un asalariado, en realidad debe tener un contrato laboral por cuenta ajena. Las inspectoras de trabajo analizan la información proporcionada por la empresa, la recogida en su visita a la oficina (en la que estaban presentes 12 agentes de seguros autónomos, algunos con fotos personales en las mesas del centro de trabajo) y las declaraciones recogidas de los trabajadores. Su conclusión: "Los agentes no son sino trabajadores por cuenta ajena que han prestado para Mapfre unos servicios que no sólo forman parte de su propia actividad, sino que constituyen parte esencial y básica de esta actividad". Es decir, los 44 afectados son falsos autónomos. Las funcionarias detallan varias situaciones que justifican su dictamen de una relación laboral y no autónoma. "Puede afirmarse con total contundencia que no disponen de infraestructura productiva ni materiales propios para el ejercicio de su actividad, aun cuando en algunos casos pueda existir gastos de menor relevancia, como teléfono y gasolina", explican y, de hecho, constatan que los trabajadores "no podían desarrollar la totalidad de sus funciones desde su ordenador personal" y tenían que acudir a la oficina de Mapfre para cumplir con algunas de sus tareas básicas, como "emitir pólizas". Además, los agentes de seguros "no prestaban sus servicios en régimen de independencia, sino que, por el contrario, estaban sometidos al círculo rector y organicista de la empresa", que queda retratado con ejemplos como reuniones a las que los trabajadores tenían que acudir, un control de su actividad semanal e incluso en ocasiones diario, la obligatoriedad de asistir a cursos de formación sobre los que Mapfre daba indicaciones incluso sobre el vestuario ("es aconsejable vestimenta informal") y sufragaba los costes. En las entrevistas quedó patente que "ningún agente duda en la existencia de una estructura jerárquica", en la que señalan a los asesores como sus "superiores". Las inspectoras de Trabajo destacan que "la doctrina acude a nuevos indicios para determinar la laboralidad" que consideran que están presentes en este caso, como la ajenidad en la marca, que explican como la "búsqueda de clientes bajo la marca ajena, sin que los clientes sean de aquel que presta el trabajo personal", y una "pérdida de importancia la dependencia, en el sentido de flexibilización de horarios, jornada marcada, centro físico de trabajo", mientras se incrementa la relevancia de cuestiones como "si el trabajador tiene una estructura propia o no (personal propio, marca, elementos materiales esenciales y de valor económico relevante". Estos criterios están siendo utilizados para detectar falsos autónomos entre los trabajadores en plataformas digitales, con lógicas de organización más flexibles que las tradicionales. Desde el colectivo ALMAS (Asociación Libre de Mediadores y Agentes de Seguros), antes denominado 'Liberados de Mapfre', reiteran que el abuso de los falsos autónomos en el sector asegurador está muy extendido, con ejemplos también en otras grandes compañías, como varias agencias exclusivas de Santalucía. Por ello, exigen a las empresas que cesen en este fraude en la contratación, una demanda que también ha reiterado este lunes la asociación de autónomos UATAE en un comunicado.
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Goirigolzarri carga contra la banca pública en la junta que vota la absorción de Bankia por CaixaBank: "Me parece un error"
La junta de accionistas de Bankia han dado este martes el visto bueno a la fusión del grupo bancario rescatado en 2012 con CaixaBank. Se trata de uno de los últimos pasos que quedan pendientes para que la creación del mayor banco en España salga adelante. Este jueves será el turno de los accionistas de la entidad catalana.El presidente de Bankia y futuro presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido esta operación en uno de sus últimos discursos como primer ejecutivo del banco rescatado. El FROB, organismo mediante el cual el Estado cuenta con el 62% de la entidad, ya había avalado esta operación, por lo que la cita de este martes se presentaba como un mero trámite para cumplir con todos los pasos legales para que se culmine con su absorción por parte de CaixaBank."El proyecto que hoy estamos sometiendo a su consideración es, sin duda, la mejor respuesta a los retos a los que como sector nos vamos a seguir enfrentando en el medio plazo, al tiempo que generará un gran valor para los accionistas", ha defendido Goirigolzarri. El directivo ha argumentado que esta operación obedece al entorno de bajos tipos de interés que, ha señalado, "los analistas descuentan que no volverán a ser positivos hasta 2027". A ello se suma el camino a la digitalización del sector y a la entrada de nuevos competidores.En este sentido, Goirigolzarri ha defendido ante los accionistas —estaban presentes o representados el 80% de las acciones– que CaixaBank era el socio idóneo para el grupo. "Si bien es cierto que nuestra entidad se convertirá en líder destacado en nuestro país, tanto en cuota de depósitos como de crédito, esta situación no es diferente a la realidad del sector en otros países europeos, donde el líder del mercado ostenta cuotas similares", ha apuntado, recordando que en torno a un 25% de los principales negocios bancarios quedará en manos de esta entidad.En el turno de preguntas de los accionistas ha sido interpelado sobre la oportunidad perdida de contar en España con un banco público. El presidente, en respuesta a esta pregunta, ha vuelto a mostrar su oposición a la existencia de un banco comercial público. "Si por banca pública se entiende que se use un banco como Bankia como un instrumento de política económica no me parece correcto y me parece un error. Las entidades financieras deben gestionarse de manera profesional y con absoluta independencia. Bankia es un clarísimo ejemplo de esto", ha zanjado. "Se debería valorar la gestión de Bankia estos años", ha reivindicado. También ha sido consultado por el futuro proceso de reestructuración tras la fusión que provocará un recorte de plantilla. Goirigolzarri ha evitado avanzar cifras de posibles ajustes, alegando que todavía quedan meses hasta que se produzca este proceso. Ha avanzado, eso sí, tres "vectores" en los que se dirigirá el proceso por parte de la nueva entidad. "Llegar a un acuerdo con la gran mayoría de los representantes sindicales, trataremos que el máximo número de desvinculaciones sean voluntarias y tomaremos decisiones estrictamente meritocráticas", ha señalado.El presidente de Bankia ha asegurado que haber anticipado la fusión de la entidad con CaixaBank en un momento de cambio abrupto del entorno ha permitido contar con una mayor opcionalidad en el mapa de consolidación y afrontar la integración desde una mayor fortaleza financiera. "Ante un cambio tan rápido del entorno, el consejo de administración, que ya en el pasado había dedicado varias sesiones al análisis de la consolidación del sector en España y el posible papel que Bankia podía jugar, entendió que la anticipación era un factor estratégico clave", ha indicado Goirigolzarri en la junta de accionistas celebrada este martes para aprobar el proyecto común de fusión.El presidente de Bankia, que no ha hecho referencia en su discurso a la recuperación de las ayudas públicas que se inyectaron en el banco para reflotar la entidad en 2012, ha destacado en su discurso el cálculo ya planteado por ambos grupos en la presentación del acuerdo en septiembre de que se generarán 1.000 millones de euros de sinergias anuales. Este total se divide de la siguiente manera: 290 millones de euros de ingresos adicionales tras la suma de ambas entidades y 770 millones de ahorro de costes.Goirigolzarri asume que ahora comienza un proceso complejo en la integración de ambos bancos que "conlleva riesgos", aunque ha apuntado que las dos entidades tienen experiencia en la última década en esta clase de operaciones. No en vano, suman en su balance más de una veintena de las antiguas cajas de ahorros.Este jueves será el turno de los accionistas de CaixaBank. También se espera un mero trámite en esa cita, puesto que Criteria, presidida por Isidro Fainé, tiene el 40% de la entidad. La decisión final, ha señalado Goirigolzarri, es responsabilidad del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que a su vez necesitará el informe previo, entre otros organismos, del Banco de España y del Banco Central Europeo así como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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El Banco de España estima que entre el 6,1 y el 9,9% de las empresas españolas no sobrevivirán por la COVID
El Banco de España ha hecho público un informe este martes con el titulo El impacto de la crisis del COVID-19 sobre la situación financiera de las empresas no financieras en 2020: evidencia basada en la Central de Balances en el que señala dos escenarios del impacto de la COVID 19 sobre las empresas españolas a largo plazo de manera que entre el 6,1% y el 9,9% de las compañías de nuestro país desparecerán por un problema de solvencia, sus resultados empresariales no serían suficientes para responder a la presión financiera y se terminarían liquidando. El porcentaje de empresas con presión financiera elevada habría aumentado de forma muy intensa como consecuencia de la crisis del COVID-19, según ha explicado Oscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España. Los incrementos serían de mayor magnitud en el caso de las pymes y, sobre todo, en los sectores más afectados por la crisis, lo que Arce ha definido como industria de proximidad (hostelería, restauración y ocio, y vehículos de motor). Así, en el sector de hostelería y restauración hasta un 72,4% de las compañías tendría problemas de viabilidad porque sería incapaz de generar unos resultados para pagar sus deudas. Arce ha señalado que "las políticas económicas desarrolladas por el Gobierno han sido notablemente eficaces para mitigar los riesgos de liquidez, si bien es cierto que a partir de ahora la presión sobre la solvencia empresarial constituye uno de los principales retos de las autoridades económicas".Durante los primeros nueve meses del año, las empresas habrían visto reducida hasta en un 40,6% El deterioro de la rentabilidad sería especialmente intenso en el segmento de las pymes y, sobre todo, en los sectores de hostelería, restauración y ocio, y de vehículos de motor. Las compañías que han tenido pérdidas en estos tres trimestres del año ha sido el 36% del total, lo que ha tenido repercusión en el empleo. La disminución de los puestos de trabajo en los tres primeros trimestres de 2020 fue de un 5,9 %, aunque con resultado desigual según el tipo de contrato. La caída se concentró en el colectivo de trabajadores temporales, con una destrucción de empleo que alcanzó el 19,5%, mientras que el personal fijo solo se ha reducido un 3 %. Ahora bien, la mita de las empresas española han destruido puestos de trabajo, un 50,6%, entre enero y septiembre de esta año, 14 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado.
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El sector del juego se desploma más de un 50% y vincula su aportación social al nuevo hospital de pandemias de Madrid
El sector del juego ha advertido este martes de que su facturación se ha desplomado más de un 50% en lo que va de año como consecuencia de la crisis del coronavirus y ha puesto en valor su aportación social en forma de impuestos, el “dividendo social del juego”, que ha vinculado a la puesta en marcha de infraestructuras como el nuevo hospital de pandemias que ha inaugurado la Comunidad de Madrid.En un acto telemático realizado en la sede de la CEOE para presentar el Anuario del Juego en España 2020, el profesor de Sociología, miembro del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III y experto de cabecera del sector, José Antonio Gómez Yáñez, responsable del estudio, ha explicado que el juego es uno de los sectores “que en este año excepcional está saliendo con más daños”, y probablemente no va a ser el mismo después de la pandemia, una opinión en la que ha coincidido el director general de la patronal Cejuego, Alejandro Landaluce. Según los cálculos de Gómez Yáñez, hasta septiembre la facturación del sector se había desplomado un 48,4%, más que las ventas de automóviles (38%), la venta de cerveza en hostelería (37%) o el comercio textil (31%). La caída en noviembre, según datos preliminares, será de “más de un 50%”, tras la de octubre, que rondó el 50%.“Desgraciadamente los datos de noviembre son peores”, ha lamentado el director general de Cejuego, que ha señalado que esta cifra contradice “ese mantra de que cuando la gente tiene menos dinero juega más para resolver sus problemas”. Según Landaluce, los tres meses de cierre total de la actividad durante el confinamiento supusieron un 25% de caída, el sector “fue uno de los últimos en abrir” en la desescalada y tras la segunda oleada “es uno de los primeros en cerrar”: “En Aragón estamos cerrados” y en Catalunya los locales no han abierto hasta ahora tras las nuevas restricciones.El profesor Gómez Yáñez ha puesto en valor el “dividendo social del juego” con los patrocinios de la Liga de fútbol, la ACB o la Vuelta a España, y muy especialmente, los impuestos directos que aporta, que ha vinculado directamente con el nuevo hospital de pandemias que ha inaugurado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según sus cálculos, “un tercio de lo que ha pagado el juego” en impuestos en la Comunidad de Madrid, 157 millones de euros, “ha pagado el hospital Isabel Zendal”, cuyo coste ha cifrado en 51,7 millones, si bien ese es el presupuesto inicial de esta infraestructura, que acumula unos 50 millones en sobrecostes. Yáñez ha expuesto que el juego aporta 1.137 millones en impuestos especiales a las comunidades, más unos 600 millones en impuestos generales, IAE, Sociedades, cotizaciones sociales… Es un dinero que “va a inversiones sociales”, como hospitales, porque “salvar vidas es caro”, según el profesor, que ha comparado al sector con una “vaca lechera” al que convendría no exprimir.Yáñez ha asegurado que “no tenemos en España un problema de alarma social” en relación con el juego y ha recordado que “algún casino ya ha cerrado” como consecuencia de la crisis y algunas salas de bingo están teniendo “serios problemas en su reapertura”.El director general de Cejuego ha insistido en que el juego problemático en España “es de apenas 0,3%” y ha asegurado que la prevalencia del juego entre los jóvenes es del 17%, inferior a la media europea, que es del 24%. “Estamos dentro de los que menos juegan”. “Proporcionamos satisfacción y alegría a la gente que juega”, ha dicho Landaluce, que ha recalcado que el sector genera empleo “de valor”, con 47.000 personas en el juego privado y otros 35.000 en el público. Tras la gran reclusión, “el 85% de las plantillas están trabajando” y “solamente hay un 15% en ERTE”.El estudio presentado este martes cifra la aportación al PIB del sector del juego de 10.226 millones, considerando como tal el juego real (ingresos de las empresas restados de las cantidades jugadas, que fueron de 35.665 millones, al descontar los premios), de los que 4.590 millones corresponden al juego público y el resto al privado. En 2019, el sector todavía no se había recuperado del descenso del 24,2% registrado durante la crisis del 2008-2014. “Todavía en 2019 seguíamos por debajo de los niveles de 2008”, aunque “entonces no había alarma social”, ha dicho Landaluce.El año pasado, el juego online representaba el 7,5% del total, porcentaje que en 2020, según Yáñez, “seguramente” alcanzará el 10-12%, por el descenso de las cantidades jugadas.El sector, que aglutina a 6.500 empresas de todas las dimensiones entre las que hay grandes multinacionales y la estatal Selae, daba empleo en 2019 a 84.797 personas. De esa cifra, 47.047 corresponden a empresas privadas y el resto a Loterías (18.463) y la ONCE (19.287), teniendo en cuenta a sus servicios centrales y su red de vendedores.
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Unilever prueba en Nueva Zelanda la semana laboral de cuatro días con el 100% del salario
El fabricante angloholandés de productos de consumo Unilever experimentará en Nueva Zelanda desde diciembre de 2020 y por un periodo de doce meses la implementación de la semana laboral de cuatro días, el 80% de la jornada habitual, sin aplicar recortes salariales a aquellos de sus 81 empleados en el país que se adhieran a la iniciativa, según ha anunciado la multinacional. "Los empleados participantes de Unilever Nueva Zelanda mantendrán sus salarios al 100% mientras trabajan el 80% del tiempo", ha indicado la empresa y recoge la agencia Europa Press. La compañía ha subrayado que los trabajadores contarán con flexibilidad para determinar "cuándo y cómo trabajarán mejor dentro de la nueva estructura".En la compañía han sostenido que, a pesar de que inicialmente el ensayo de la jornada laboral de cuatro días se limita a Nueva Zelanda, donde el Gobierno está potenciando esta medida de organización laboral, estudiará la posibilidad de evaluar su impacto a nivel más amplio de cara al futuro.La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha propuesto la semana laboral de cuatro días para fomentar el turismo y la economía, así como otras opciones de trabajo más flexibles para permitir la conciliación de las familias, entre otras medidas.El director gerente de Unilever Nueva Zelanda, Nick Bangs, ha explicado que la alteración de las prácticas laborales habituales a raíz del impacto de la pandemia de la COVID-19 ha servido de impulso para la introducción de esta novedosa organización de la jornada laboral. "Nuestro objetivo es medir el rendimiento en función de la producción, no del tiempo. Creemos que las viejas formas de trabajar están anticuadas y ya no son adecuadas para su propósito", ha afirmado Bangs.Unilever colaborará con la Escuela de Negocios de la Universidad de Tecnología (UTS) de Sídney en la evaluación de los resultados cualitativos del experimento. "Estamos ansiosos por compartir las lecciones de este experimento con otras empresas de Nueva Zelanda, con la esperanza de incitar a otros a reflexionar sobre la forma en la que trabajan", ha añadido Bangs y recoge la agencia AFP. La multinacional angloholandesa no es la primera en dar este paso. La neozelandesa Perpetual Guardian, de 250 empleados, aplicó la semana de cuatro días laborales y asegura que sus trabajadores están más concentrados y son más productivos tras el experimento, como recoge este reportaje de The Guardian publicado en elDiario.es. En España, hay movimientos que están exigiendo la semana de cuatro días laborales, como 4Suma, y entre los partidos políticos la iniciativa ha sido apoyada por Más País y Compromís, que presentaron una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. En los sindicatos también es una medida que se valora desde hace años, por ejemplo UGT la ha propuesto para hacer frente a la automización del trabajo y la economía.
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La OCDE suaviza la caída del PIB de España en 2020 pero avisa de que será la economía que más sufra
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha actualizado sus perspectivas económicas para España pronosticando una caída del PIB para 2020 menor de lo estimado anteriormente pese a la segunda ola de la COVID-19, así como un menor incremento de la tasa de paro, al tiempo que ha mantenido sin cambios la previsión de crecimiento de la economía para 2021. La economía española sufrirá en 2020 la mayor recesión de todos los países de la OCDE, un 11,6% de su PIB. Entre los países miembros de la OCDE los descensos más pronunciados en 2020 junto al de España serán los del Reino Unido (-11,2%), Grecia (-10,1%), Francia (-9,1%), Italia (-9,1%). La zona euro en conjunto verá disminuida su actividad en un 7,5%.En la edición de diciembre de su informe bienal 'Perspectiva Económica', publicada este martes, el 'think tank' de los países desarrollados ha atribuido a España una caída del 11,6% de su PIB para este año, ligeramente por encima del descenso del 11,2% que espera el Gobierno. Por otro lado, la OCDE prevé un crecimiento económico del 5% en 2021 y del 4% en 2022.En junio, la última vez que la OCDE ofreció pronósticos para España, el organismo consideraba que la economía se hundiría un 11,1% en caso de que solo hubiera habido una oleada de la pandemia y un 14,4% si se producían dos oleadas. Dado que finalmente sí han sucedido dos oleadas, la mejora del pronóstico es de casi tres puntos porcentuales.Con respecto a 2021, la estimación anterior era del 7,5% para una sola oleada y del 5% si se producía un rebrote. De esta forma, la OCDE ha mantenido su previsión. En junio, el organismo no ofreció perspectivas para 2022, por lo que el crecimiento del 4% asignado este martes no tiene comparación."Las restricciones localizadas para atajar los brotes de Covid-19 y la continua disrupción de los viajes y el turismo serán un lastre para la recuperación hasta que una vacuna efectiva esté ampliamente desplegada", ha afirmado la OCDE. El organismo presidido por el mexicano Ángel Gurría ha explicado que la "elevada incertidumbre" y las condiciones "adversas" del mercado laboral afectarán negativamente al consumo, mientras que la recuperación de la demanda externa ayudará al crecimiento económico en 2021 y 2022.Cuando termine 2021, el PIB español seguirá siendo casi un 6% inferior al que había antes del estallido de la crisis del coronavirus (solo Portugal, Islandia, Reino Unido y Grecia estarán peor) y un año después seguirá por debajo.El despegue del consumo privado y de la inversión, ayudados por una contribución positiva del comercio exterior en esos dos años quedará limitado por una recuperación del mercado laboral incompleta.Los nuevos pronósticos de la OCDE también son mejores que sus estimaciones de junio. Ahora, el organismo con sede en París prevé que la tasa de paro se situará en el 15,8% este año, que se elevará hasta el 17,4% en 2021 y que descenderá levemente hasta el 16,9% en 2022.En su informe anterior, la OCDE consideraba que el paro se situaría este año en el 19,2% en caso de una sola oleada y en el 20,1% en caso de dos. De esta forma, la mejora ha sido de 4,3 puntos porcentuales. Para 2021, la institución esperaba un paro de entre el 18,7% y el 21,9%, según hubieran ocurrido una o dos oleadas."Aunque la extensión de los esquemas de reducción de empleo (ERTE) ayudarán a los sectores más afectados, deberían acompañarse de más formación y de políticas laborales más activas para preparar la reasignación de recursos entre empresas y sectores", ha alertado el 'think tank'.El organismo también ha asegurado que, aunque los indicadores de actividad del sector manufacturero siguen recuperándose, los de los servicios mantienen su descenso. Además, la recuperación ha sido desigual, ya que la mayoría de los trabajadores que siguen afectados por algún ERTE se concentran "en regiones y sectores más afectados por la crisis".Con respecto al resto de indicadores macroeconómicos, la OCDE estima que la ratio de deuda rondará el 120% del PIB durante los próximos dos años. Además, el déficit escalará hasta el 11,7% en 2020 y se reducirá gradualmente hasta el 9% en 2021 y el 6,6% en 2022.
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Santander y BBVA se alían con el mayor banco público de Argentina para competir por el negocio del dinero digital
Las sucursales de Argentina de los bancos Santander y BBVA han decidido ponerse bajo el liderazgo del mayor banco estatal de ese país para darle pelea a las fintech en el creciente negocio del dinero digital en la segunda economía de Sudamérica, según han asegurado fuentes con conocimiento directo de la situación.Los dos bancos españoles consiguieron la semana pasada que el Banco de la Nación, la entidad financiera más grande de Argentina medido en activos, se uniera al consorcio de más de 30 bancos tradicionales. Las dos entidades ya fueron claves para agrupar a la banca en el lanzamiento de Modo, la aplicación móvil para manejar dinero desde el teléfono móvil que será presentada formalmente este jueves, según informaron una fuentes que pidieron el anonimato ya que no son portavoces de la joint venture.A cambio de la llegada del Nación al consorcio, Santander y BBVA, que son el segundo y el sexto banco del país en términos de activos respectivamente según estadísticas del Banco Central, cederán al banco estatal argentino la presidencia del consorcio de bancos por un año. Santander y BBVA obtuvieron 144 millones y 133 millones de euros en ingresos netos en Argentina en 2019, respectivamente, según sus balances. Santander, a quien le hubiera correspondido la presidencia por ser el banco privado más grande de la Argentina, fue clave en la cesión de los honores, según aseguraron estas fuentes. Ana Botín, la presidenta del Banco Santander y banquera más importante de España, mantiene una buena relación de más de 20 años con el presidente argentino Alberto Fernández, a quién conoció personalmente en los años 90, cuando se desempeñaba como superintendente de Seguros de la Nación durante el Gobierno de Carlos Menem. De hecho, el anuncio y lanzamiento de Modo, un sistema de agregación de pagos que permitirá a los clientes de los bancos que participan ofrecer transferencias a contactos del celular o pagos con distintos formatos (QR, contactless y otros), ha contado con la presencia y el respaldo de Alberto Fernández. Una delegación de los bancos se reunirá este martes con el presidente argentino.Las oficinas de prensa de Santander y BBVA en Buenos Aires declinaron hacer comentarios y se limitaron a dirigir las las preguntas a Play Digital SA, como se conoce al consorcio de más de 30 bancos tradicionales que lanzarán Modo para dar batalla a las fintech. En esta guerra por controlar el dinero digital los principales competidores de la aplicación de la banca son Mercado Pago, el sistema de pago digital de la mayor empresa de Argentina, Mercado Libre, y Ualá, compañía financiada por George Soros que había comenzado a dominar el segmento en Argentina. Los bancos se unen para aprovechar la base instalada de todo el sistema bancario argentino, que según las últimas cifras del Banco Central tiene registradas 90 millones de cuentas (sumando cajas de ahorro, cuentas corrientes y de seguridad social), frente a las ocho millones de usuarios de billeteras de fintech como Mercado Pago, Ualá y otras.Modo, que ya está disponible tanto en la tienda de Apple como en la de Android, también nace para competir con el poderoso Grupo Clarín, que en alianza con Prisma SA está a punto de lanzar Bimo, una billetera móvil para los comercios y usuarios adheridos a su programa de fidelización de clientes llamado 365. “El CEO de Play Digital SA será Rafael Soto,” dijo una portavoz de Play Digital, que declinó comentar sobre quién ocupara la presidencia. Pero las fuentes que contactó este periódico confirmaron que el presidente de la compañía de Modo será Eduardo Hecker, presidente del Nación. Hecker fue en el pasado presidente de la Comisión Nacional de Valores y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
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Madrid, o paraíso fiscal o al menos refugio
Salvo sorpresa mayúscula, el Gobierno conseguirá este jueves un gran éxito político. Va a sacar adelante en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo con casi 190 votos, una mayoría amplísima, muy superior a la que tuvo el Presupuesto aún vivo que consiguió aprobar Mariano Rajoy en mayo de 2018, pocas semanas antes de su caída por la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. Con los Presupuestos para 2021, el Gobierno de coalición logra la herramienta imprescindible para garantizarse la estabilidad y para acometer la reconstrucción de una economía y una sociedad devastadas por la pandemia. Pero el éxito hubiera sido mayor, al menos para la parte socialista del Gobierno, si la estrategia de Pablo Iglesias de sacar de la ecuación a Ciudadanos no le hubieran llevado hace tres semanas al vicepresidente segundo a saludar a toda prisa el sí de Bildu a las cuentas públicas como una bienvenida a esta formación política a la dirección del Estado o si el Ejecutivo no le hubiera dado a Gabriel Rufián la primicia y la bandera de la causa de la armonización fiscal entre Comunidades Autónomas para que lo convirtiera, en plena precampaña electoral catalana, en una bandera de tela y palo de Catalunya contra Madrid. La torpeza gubernamental o socialista ha convertido en héroes, de distintas parroquias, tanto a Rufián como a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al Gobierno en su conjunto probablemente le ha hecho más daño que bien. Por mucho que piensen en el PSOE y en Unidas Podemos en un tripartito con ERC en Catalunya tras las elecciones autonómicas.La expresión 'paraíso fiscal' nace de una especie de errata. Al país o lugar donde uno apenas paga impuestos se le llama 'tax haven' en inglés. 'Haven' significa "puerto, refugio", pero algún traductor poco avezado o algún hispanohablante duro de oído debió de confundirlo con 'heaven', que significa 'cielo', y trasladó el 'tax haven' al castellano como 'paraíso fiscal'. ¡Hasta las erratas se pueden convertir en una metáfora de éxito! A la luz de la multitud de datos que estos días se han puesto encima de la mesa por tirios y troyanos, no es seguro que la Comunidad de Madrid sea un paraíso fiscal, pero sí parece que al menos es un refugio fiscal para los ricos propios y para algunos ricos foráneos.¿En competencia desleal con el resto de las Comunidades Autónomas? ¿Nos quejamos como Estado, con razón, de que la UE tolere singularidades fiscales como Holanda o Irlanda y al mismo tiempo consentimos que se cree una singularidad fiscal en una región española? Las preguntas son pertinentes. Merece la pena este debate público, y esta es buena ocasión para tenerlo. Pero quizás le convenga al Gobierno reconducirlo y que se haga donde procede: en ámbitos académicos -entre los expertos-; en el Ministerio de Hacienda, que es quien tiene que proponer las reformas de las normas si lo considera oportuno y conveniente; y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas.Hace unos años, con la anterior crisis económica, se hablaba mucho de las élites extractivas, aquellas que se apartaban del bien común y dedicaban sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecían. Hay quien ve en las políticas fiscales de Madrid una especie de élite extractiva institucional. Una comunidad de élite extractiva que, gracias a que es una de las regiones más ricas, a que es también la capital del Estado, y la sede de prácticamente todas las instituciones públicas estatales y de las grandes empresas y corporaciones, y el laboratorio liberal del PP donde se ensayan desde hace décadas las políticas fiscales comentadas y las sociales de adelgazar y/o privatizar los servicios públicos, atrae y absorbe recursos y talento de todo el resto de España pensando en el bienestar propio, no en el del conjunto del Estado. Entre los críticos a estas políticas no hay solo presidentes autonómicos socialistas. También algunos del PP, en privado, cuestionan algunas prácticas fiscales de Madrid. Estos últimos deberían posicionarse también en público, pensando menos en su disciplina de partido y más en su responsabilidad para con sus administrados. Como ellos mismos y sus jefes máximos en el PP saben, en 2017, en tiempos de Cristóbal Montoro, el de los Presupuestos del Partido Popular aún vigentes y que en breve van a pasar a mejor vida, los expertos que reunió el ministro para la reforma de la financiación autonómica propusieron una armonización fiscal para que los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, y transmisiones patrimoniales tuvieran unos tipos mínimos que evitaran distorsiones en la eficacia y eficiencia tributaria. Al PP no debería parecerle ahora una tragedia lo que cuando gobernaba consideraba justo y necesario.
1 d
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¿Qué partidas priorizarían los políticos si tuvieran más presupuesto?
Finales de año es siempre época de debate sobre los Presupuestos generales, autonómicos y municipales. Este año, además, habrá decisiones trascendentes que tomar sobre a qué dedicar los fondos europeos para la reactivación económica que empezarán a llegar en 2021. A qué se dedique este considerable gasto público dependerá de lo que logren acordar los partidos políticos. Pero, ¿importa realmente qué partido esté en el poder? ¿Existen diferencias sustanciales en las prioridades de gasto entre políticos de diferentes ideologías?Aunque no podemos saber qué ocurriría si gobernaran partidos diferentes, sí podemos analizar si los políticos de izquierda y de derecha tienen preferencias distintas sobre a qué dedicar un dinero "extra". Para estudiar esta cuestión, usamos datos de una gran encuesta realizada a más de 1.000 alcaldes y alcaldesas de municipios españoles de más de 2.000 habitantes en 2018 y 2019 donde se les pedía que imaginasen la hipotética situación de que llegase una partida presupuestaria no esperada a su municipio. Preguntamos a qué cuatro áreas entre las 10 más significativas en los presupuestos municipales destinarían estos fondos extraordinarios. El gráfico a continuación muestra los porcentajes de políticos que escogieron cada una de las áreas.Parece claro que la prioridad de los alcaldes que respondieron a nuestra encuesta es la protección social, siendo escogida como una de las cuatro prioridades por el 77% de los encuestados. A esta le siguen educación, servicios municipales e infraestructuras y transportes, escogidas por el 60%, el 53% y el 50% de los entrevistados respectivamente. Muy por detrás quedan otras áreas como igualdad de género (21%), seguridad y protección civil (21%), deportes (12%) y cultura y fiestas (10%), siendo estas las menos escogidas por los políticos.Estos datos sirven también para estudiar si políticos de diferentes tendencias ideológicas tienen preferencias distintas. En la misma encuesta se añadió una pregunta de auto-ubicación ideológica, con la clásica escala de 0 al 10. El siguiente gráfico muestra los resultados entre los políticos que se autodefinen como de izquierda (escogen una posición entre 0 y 4 en la escala) y los que se autodefinen como de derecha (entre 6 y 10).Los políticos de izquierdas dan más prioridad que la media a áreas sociales tales como protección social (85%), educación (64%) o igualdad de género (28%). Para los políticos de derechas el orden de estas preferencias cambia y dan una clara prioridad a las infraestructuras y transportes, siendo esta el área más priorizada entre los alcaldes de derechas (69%). En cambio, los alcaldes de derechas escogen la igualdad de género entre las cuatro principales prioridades de gasto extra en mucha menor medida que la media (10%). Infraestructuras y transportes presenta diferencias entre izquierdas y derechas de unos 20 puntos porcentuales. Encontramos también que los alcaldes de derechas priorizan mucho más la seguridad ciudadana que el resto de grupos, con diferencias de unos 10 puntos porcentuales. El área de igualdad de género es una de las que muestra mayores diferencias, con 17 puntos porcentuales de distancia entre políticos de izquierdas y derechas. Otro dato curioso es que los políticos de diferentes ideologías parecen estar de acuerdo en algunas prioridades. El porcentaje que escoge educación, sanidad, o deportes como prioridad es muy similar en ambos grupos.Llama la atención que la sanidad no era antes de la pandemia un área al que ni izquierdas ni derechas dieran una gran prioridad. Tan solo el 30% de los políticos escogieron sanidad como área de preferencia para destinar los recursos, en una sexta posición. Sería muy interesante poder observar si las prioridades de los alcaldes han cambiado en la actualidad a consecuencia de la pandemia.¿Son estas diferencias en preferencias importantes o pequeñas? ¿Acaban reflejándose en presupuestos muy distintos según la ideología de los partidos que gobiernen? Aunque quedan muchas preguntas abiertas, lo que parecen mostrar estos datos es que izquierdas y derechas están básicamente de acuerdo sobre la prioridad relativa de varias áreas de gasto, incluidas sanidad y educación, mientras que sobre otras áreas como infraestructuras, seguridad o género existen discrepancias ideológicas más intensas. Seguramente es en estas áreas dónde más cambien los presupuestos según quién gobierna. 
1 d
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Ayuso es muy antiespañola y mucho antiespañola
Madrid es el ariete del PP contra el Gobierno. Casado ha encontrado en Ayuso, con el apoyo de Almeida, la forma de hacer oposición nacional con la política autonómica y llevar a cabo la estrategia de crispación diseñada por Aznar. Hasta ahora ha sido por la pandemia, ahora es por los impuestos. La presidenta madrileña ha jurado convertirse en la peor pesadilla para quienes cuestionen la fiscalidad madrileña y ha desafiado a Sánchez prometiendo bajar aún más los impuestos. Para chulapa, ella. No dice a quién ni cómo disminuirá los tributos, sólo busca el titular y la pelea. Da igual que haya una crisis galopante que se podría afrontar mejor con la ayuda de los que más tienen. A los suyos, no se les toca. Esta nueva bronca empezó cuando el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, anunció que había pactado con el Gobierno una mesa para trabajar en una armonización fiscal en toda España y acabar con el paraíso fiscal madrileño. El PP puso el grito en el cielo, cuando lo cierto es que también fue propuesta por los expertos consultados por Rajoy en su última legislatura y es una de las metas de la UE para acabar con la competencia desleal que provoca una tributación asimétrica. La desigualdad perjudica a otras comunidades también gobernadas por los populares, pero no quieren tocar el cortijo madrileño porque les da muchos votos y protege a las grandes fortunas a las que representan.Madrid no es un paraíso pero sí una isla paradisíaca para los más ricos. Tienen el IRPF y el Impuesto de Transmisiones más bajo de España, bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones y exención total sobre el Patrimonio. El modelo es neoliberalismo de libro: ventajas a las rentas altas y reducción del gasto público, lo que ha provocado que las fortunas trasladen su domicilio fiscal a Madrid perjudicando al resto de regiones y que las empresas privadas se hagan con los servicios que la Administración no presta. Todo por la pasta. Ésa es su patria. Luego te cuelan una bandera iluminada de chorrocientos metros para que las luces te cieguen y no veas cómo te la están metiendo doblada y viva España y olé.   Este sistema, implantado por Aguirre, hace que Madrid deje de ingresar hasta 5.000 millones de euros anuales que recaudaría si tuviera una fiscalidad armonizada. Se lo puede permitir porque se beneficia de ser la capital y, por ello, centro de instituciones, inversiones, multinacionales y grandes empresas. Gracias a eso, Madrid recauda un 45% más que el resto de comunidades, sin embargo, es la tercera región que menos gasta en servicios públicos por habitante. Mínima recaudación a los que más tienen, mínima inversión en los que tienen menos. Cuando Ayuso amenaza con defender el modelo madrileño, no está defendiendo a todos los madrileños, sólo a los de primera fila, mientras abandona al resto y perjudica a los demás españoles. De patriótico, no tiene nada. Ayuso es muy antiespañola y mucho antiespañola. El ejemplo más claro lo hemos visto en la Sanidad durante la pandemia. Este sábado se manifestaba en Madrid la Marea Blanca de sanitarios contra la falta de medios, los contratos precarios y el abandono. No son precisamente perroflautas, son los profesionales que están cuidando de nosotros y salvando vidas. La respuesta de la presidenta es inaugurar esta semana su hospital de pandemias que le ha costado más del doble de lo previsto y que no tiene dotación de médicos propia. Se ha gastado en ladrillo lo que no se ha gastado en Sanidad. Lo que no le paga a los sanitarios, se lo paga a las constructoras y eso se paga con vidas. Madrid quiere ser la tumba del sanchismo, pero por ahora es la mayor tumba de la epidemia. Podría haber sido, sin embargo, la comunidad mejor preparada para hacerle frente si hubiera más recaudación y más inversión pública. Este domingo, Ayuso concluía su entrevista en ABC con una afirmación que es como un bumerán: "Me resisto a creer que la Historia de España acaba aquí, en manos de cuatro estúpidos. Este país es mucho más y habrá cambio de tendencia, habrá pelea por ser español en España". Yo también me resisto a creer que acabemos en manos de cuatro estúpidos que se pelean por ser españoles, en lugar de pelearse por protegerlos.
1 d
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La Inspección de Trabajo exige a Mapfre 277.000 euros por contratar durante años a "agentes exclusivos" como falsos autónomos
La lupa de la Inspección de Trabajo sobre el sector asegurador alcanza a Mapfre. Cinco delegados, "agentes exclusivos" de seguros de la multinacional mediante los contratos mercantiles habituales para estos comerciales, han sido declarados falsos autónomos por la Inspección de Trabajo, que ha levantado actas de infracción y liquidación a la aseguradora en las que le exige algo más de 277.000 euros por las cotizaciones sociales impagadas a la Seguridad Social. Los trabajadores, organizados en el colectivo ALMAS, denuncian "represalias" de la compañía. Fuentes de Mapfre, que rechazan pronunciarse sobre "casos particulares" que están judicializados, niegan que su amplia red comercial con "casi 3.000 oficinas de delegados comerciales, con sus correspondientes empleados" esté basada en falsos autónomos. El colectivo ALMAS, antes denominado Liberados de Mapfre, reúne a agentes de seguros que denuncian su situación de falsos autónomos en algunas de las mayores compañías del país. En este caso se trata de cinco trabajadores de Mapfre, la mayor aseguradora española, pero recientemente se han conocido resoluciones de la autoridad laboral que declaraban la existencia de este fraude en la contratación en otras empresas, como en Centro Técnico de Agentes de Seguros (CTAS, SA), agencia exclusiva de Santalucía, con una deuda de 1,3 millones de euros con la Seguridad Social por las cotizaciones sociales impagadas. Las actas de la autoridad laboral, tras actuaciones de oficio o por denuncias de los trabajadores, están fechadas entre 2019 y este año. Dos de ellas son del pasado mes de octubre. Alcanzan a cinco trabajadores en cuatro provincias distintas, Zaragoza, Tenerife, Málaga y Huelva, y en todas ellas los inspectores concluyen que los agentes de seguros son falsos autónomos, ya que se insertan dentro de los ámbitos de organización y dirección de la empresa, que controla y les exige llegar a determinados resultados, entre otras cuestiones. A través de correos electrónicos que recibían los afectados, se puede comprobar cómo tenían que dar cuenta de sus resultados para alcanzar ciertas metas, a veces incluso en varios momentos del día cuando había lo que denominan una "Maratón", por la que había que hacer un esfuerzo específico sobre un producto concreto, por ejemplo, seguros de vida. "Ayer se vendieron 7 hogares. Tenéis que incrementar oferta. VAMOS" y "os recuerdo que el compromiso MÍNIMO fijado era conseguir 2 vencimientos / cuestionario por SEMANA", son algunos de los mensajes que enviaban directores de oficina de Mapfre (asalariados directos de la multinacional) a estos delegados supuestamente independientes. La multinacional era la que en todos los casos asumía los costes de las oficinas y su mobiliario, en las que prestaban sus servicios los delegados. Con toda la información recabada de los trabajadores y de la empresa, la Inspección de Trabajo concluye en los cinco casos que los trabajadores no son realmente autónomos y les da de alta de oficio a la Seguridad Social. La autoridad laboral exige las cotizaciones sociales impagadas por los cinco empleados de los último cuatro años, el máximo posible, aunque sus actividades se remontan incluso a 1995 en uno de los casos analizados. En total, la Inspección reclama a Mapfre 277.170,93 euros, como ha podido comprobar elDiario.es. Varios de los trabajadores afectados por las actas, que piden mantener su anonimato, aseguran que están sufriendo "represalias" por parte de Mapfre. Carlos trabajaba en una oficia en Zuera (Zaragoza) junto a su mujer, Virginia, también autónoma. "El 7 de octubre nos comunicaron el alta. El 19 de octubre, fui testigo en el juicio de un compañero en Zaragoza, que se enteró de mi alta de oficio y me citó a declarar. Mi testimonio fue verídico e iba contra los intereses de la empresa. Esa tarde me citaron para acudir al día siguiente al despacho de la directora, también a mi mujer, donde nos informaban del alta como trabajadores por cuenta ajena, aunque nos dijeron que iban a recurrir el acta de la Inspección. Nos daban de alta en la categoría más baja del convenio y esa tarde cerraban la oficina en la que estábamos. Yo me tenía que ir Tudela, a 100 kilómetros de mi casa y mi mujer justo en la otra dirección, a Huesca, a 75 kilómetros", explica Carlos a este medio. El agente de seguros explica que la pareja ha denunciado a la empresa por estas medidas. "Con el tema de la movilidad geográfica llegamos a un acuerdo prejudicial y nos han vuelto a destinar a Zaragoza, yo vuelvo este martes y mi mujer en enero. Pero quedan pendientes las denuncias por los salarios", indica Carlos, ya que la pareja ha pasado a ganar "la mitad" de lo que ingresaban antes de la actuación de la Inspección, denuncian. "Todo esto en clara represalia por testificar y colaborar con la Inspección y es ejemplarizante, para que el resto no denuncie, porque mira lo que ocurre", sostiene el trabajador. Marcel, que trabajaba en la oficina de Tenerife junto a su esposa, también ha sufrido el cierre de la oficina en la que trabajaban. El trabajador explica que en su caso la empresa le rescindió el contrato mercantil, "ignorando que la Inspección ha dicho que el contrato no era válido y que me dio de alta de oficio como laboral", y le exigió que se marcharan de la oficina. Marcel estaba de baja recuperándose en ese momento de una grave enfermedad que lo llevó a cuidados intensivos y a una intervención quirúrgica de urgencia, por lo que su mujer, Claudia, fue la que lidió con la multinacional, negándose a abandonar el espacio de trabajo. "La dejaron sin acceso informático, un día se presentaron tres personas de Mapfre y una notaria para que se fuera de la oficina... Parecía una actuación mafiosa, la presionaron para que entregara las llaves, pero no lo hizo. Al final, cortaron la luz y quitaron el rótulo de Mapfre. Se hizo imposible trabajar, así que se marchó. Nos han denunciado por desahucio precario. Nosotros hemos denunciado porque se vulneraron los derechos fundamentales de mi mujer", critica el trabajador. Mapfre cerró las oficinas de los dos trabajadores, una en marcha desde "el año 1993" y otra, unos cinco años, en la que estuvo unos 15 años, explican los empleados. Fuentes de la empresa, que insisten en que no se pronuncian sobre casos específicos, sostienen que la multinacional del Ibex 35 dirigida por Antonio Huertas no toma ninguna represalia contra sus empleados y que los cierres de oficinas se deben exclusivamente a cuestiones comerciales y de rentabilidad. Desde ALMAS insisten en que el fraude de los falsos autónomos está muy extendido en las aseguradoras. Aunque el sector cuenta con una legislación específica que indica que los contratos de los agentes han de ser mercantiles, en la práctica en la asociación sostienen que las empresas no respectan la naturaleza de esta relación y ejercen control y dirección sobre los profesionales, sin que se respete realmente su independencia. Las actas de la Inspección de Trabajo se remiten en estos casos a una sentencia del Tribunal Supremo de 2016, que declaró la laboralidad de un agente de seguros ya que se cumplían las condiciones típicas de una relación laboral. Desde Mapfre insisten en que su red comercial, compuesta por miles de autónomos, "no está formada por falsos autónomos". Es decir, que el fraude –si prospera en los tribunales y lo ratifica la justicia– no es generalizado. La asociación de autónomos UATAE, que está colaborando con ALMAS, destaca en cambio que lleva "más de dos años recibiendo denuncias de trabajadores de Mapfre y otras compañías de seguros, y asesorando a los afectados, sobre su condición de falsos autónomos". Diferentes figuras con diversas denominaciones (mediadores, agentes, delegados) "sufren la imposición de formalizarse como autónomos y autónomas a pesar de que las condiciones de trabajo, el horario, la retribución, la dependencia funcional o las herramientas de trabajo dependen en exclusiva del criterio de la empresa". En palabras de María José Landaburu, secretaria general de UATAE, "cuando los casos aislados son la norma, estamos ante un 'modus operandi' por el cual estas empresas, incluso cotizando en el Ibex 35, encuentran un margen de beneficio mayor externalizando sus costes laborales y aprovechándose para ello de la precariedad estructural del trabajo autónomo, y eso debe ser perseguido con todo el peso de la ley".Carlos y Marcel confían en que la multinacional cambie de proceder y "respete la legislación": contratando al personal si tiene una relación laboral o respectando la independencia de una relación mercantil. "Llevo la mitad de mi vida con Mapfre, entré a trabajar con ellos en prácticas, cuando salí del instituto. Para mí esto es un desencanto total con la empresa, con gente contratada con la que has trabajado 20 años y que no te hagan ni una llamada... Es duro", lamenta Carlos.
1 d
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El FMI alerta de que pueden ser necesarias más ayudas económicas en la UE ante la profundidad de la segunda ola de la pandemia
Si la cosa no mejora y los fondos europeos siguen retrasándose, pueden hacer falta más medidas económicas en la Unión Europea para soportar el impacto de la pandemia ante la dureza de la segunda ola que está viviendo el continente. Éstas son algunas de las conclusiones pronunciadas por la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien ha presentado este lunes a los ministros de Finanzas de la eurozona su informe de 2020. "La pandemia está provocando graves trastornos socioeconómicos y dificultades a pesar de una respuesta política sin precedentes", afirma el documento: "Una enérgica respuesta de la política monetaria del BCE, un estímulo fiscal sin precedentes y otras medidas tanto a nivel nacional como de la UE ayudaron a amortiguar el impacto de la crisis y respaldaron una fuerte recuperación en el tercer trimestre. Sin embargo, la segunda ola presenta un riesgo considerable para la recuperación. El aumento de las infecciones y las restricciones decretadas por los gobiernos han dañado la confianza y reducido la movilidad, y el crecimiento mejor de lo esperado en el tercer trimestre de 2020 probablemente será seguido por una actividad más débil en el cuarto trimestre. A menos que la dinámica de la pandemia cambie significativamente en los próximos meses, el crecimiento en el primer trimestre de 2021 será más débil de lo previsto en las perspectivas de octubre de 2020".El FMI entiende que "los riesgos profundos se mantienen claramente hasta principios de 2021 dada la segunda ola", si bien reconoce que "las prometedoras noticias sobre el desarrollo de vacunas brindan una importante oportunidad, ya que la entrega rápida y generalizada de vacunas seguras y efectivas probablemente estimularía una recuperación rápida". "Sin embargo", prosigue el organismo de Georgieva, "una crisis de salud prolongada y una recuperación lenta conducirían a condiciones financieras más estrictas y mayores vulnerabilidades del sector público y privado, mientras que una histéresis [cicatrices permanentes] significativa del mercado laboral aumentaría la desigualdad y la pobreza. En conjunto, estos efectos deprimirían el potencial de crecimiento de la zona del euro. Las negociaciones en curso sobre la futura relación del Reino Unido con la UE27 y una posible escalada de las tensiones comerciales aumentan las incertidumbres".En este sentido, el FMI reconoce que "el histórico paquete de recuperación de la UE de próxima generación (NGEU) podría proporcionar un impulso significativo al crecimiento de la zona del euro si se aplica de forma eficaz. El acuerdo de julio sobre el paquete de recuperación, que incluye 390.000 millones de euros en transferencias, envía una fuerte señal de solidaridad europea para afrontar esta crisis. Sin embargo, es necesario superar los obstáculos para finalizar el paquete y desembolsar los fondos, ya que nuevos retrasos dañarían las perspectivas de recuperación de la zona del euro".Con la segunda ola en apogeo, asume el FMI, "es probable que las políticas fiscales nacionales necesiten dar un apoyo amplio durante más tiempo del previsto inicialmente". "Las políticas fiscales nacionales han sido una defensa fundamental contra la pandemia, y han amortiguado notablemente su impacto económico y social al proporcionar salvavidas fundamentales para los trabajadores y las empresas", afirma el organismo: "Retirar ese apoyo demasiado pronto correría el riesgo de descarrilar la recuperación. Y se necesitará un apoyo fiscal mayor si las perspectivas se deterioran aún más. Los préstamos del fondo de recuperación europeo y las líneas de crédito precautorias del Mecanismo Europeo de Estabilidad [el mecanismo de rescates de la UE], que aún no se han utilizado [240.000 millones], pueden ayudar a mitigar estas presiones. En un escenario de empeoramiento grave, puede ser necesario aumentar o expandir las defensas".Desde que comenzó la pandemia, la Comisión Europea dejó en suspenso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para que los Estados pudieran saltarse los límites de déficit y deuda con políticas expansivas de gasto público. "La cláusula de escape del Pacto de Estabilidad debería ampliarse hasta que la recuperación esté firmemente establecida", sugiere el Fondo Monetario Internacional, que apunta que "podría ser un momento oportuno para reformar las reglas fiscales de la UE. Con el funcionamiento normal de las reglas suspendido hasta 2021, los líderes de la UE deberían encargar a la Comisión Europea que proponga reformas fundamentales a las reglas como parte de su revisión del marco fiscal". "La política monetaria ha sido audaz", concede el FMI, "pero es probable que se necesite más apoyo. En tanto que las perspectivas económicas se deterioran aún más, se necesitarán estímulos adicionales para facilitar un aumento sostenido de la inflación. A este respecto, se acoge con satisfacción el compromiso del Consejo de Gobierno del BCE de recalibrar sus instrumentos de política en su próxima reunión en diciembre, una vez que estén las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema".El FMI avisa de que "los bancos ya han comenzado a endurecer las condiciones crediticias a medida que aumenta la aversión al riesgo y expiran las garantías crediticias y las moratorias". El Fondo también entiende que "la escala sin precedentes de la crisis y las incertidumbres en torno a la recuperación llaman a ampliar el apoyo a la solvencia. En el ámbito de la UE, un instrumento de apoyo a la solvencia podría desempeñar un papel en el mantenimiento de la integridad del mercado único dadas las diferentes capacidades de los países para proporcionar capital a empresas en dificultades, especialmente en un escenario a la baja"."Las políticas del mercado laboral deben seguir siendo ágiles para ayudar a facilitar el ajuste al tiempo que respaldan la recuperación, y es posible que se justifique un rediseño más profundo dada la transformación estructural en curso", afirma el FMI: "Las medidas diseñadas para amortiguar el impacto inmediato de la pandemia pueden no ser adecuadas para apoyar la recuperación. Por ejemplo, los ERTE han sido valiosos para proteger los empleos y los medios de vida durante la pandemia, pero una vez que la recuperación comience, estos esquemas deberían eliminarse gradualmente y complementarse con medidas para facilitar el movimiento de trabajadores hacia empleos en empresas e industrias en expansión". El FMI también señala que "la pandemia está afectando de manera desproporcionada a las regiones más pobres con problemas estructurales preexistentes y está exacerbando la desigualdad, y los beneficios de la recuperación también pueden resultar distribuidos de manera desigual, por lo que se necesitarán políticas específicas para proteger las regiones vulnerables y prevenir el aumento de la desigualdad, con especial atención a los jóvenes y los grupos desfavorecidos".
2 d
eldiario.es
Los avances en las vacunas llevan al Ibex35 a cerrar el mejor mes de su historia
Mes histórico para el Ibex35, el selectivo bursátil que engloba a las principales empresas cotizadas del país. Pese a la caída del 1,39% de este lunes, el índice ha cerrado noviembre con 8.076 puntos y una subida acumulada del 25%, el mayor alza que ha vivido nunca el Ibex desde que se creara en 1992. Los anuncios de los avances en las vacunas han inyectado optimismo en los inversores de cara a una recuperación del consumo. Los resultados de las elecciones en EEUU o los movimientos en banca son algunos de los factores que han ayudado a esta subida nunca antes vista.Con este mes, el Ibex35 ha recuperado los niveles previos al estado de alarma, situándose en los registros del mes de febrero, cuando todavía no había confinamiento en España pero comenzaban a llegar noticias preocupantes de otros países. Incluso con ello, el selectivo bursátil continúa dejándose más de un 16%. No en vano, este año se han producido los dos extremos en la evolución del Ibex. Noviembre ha cosechado el mayor ascenso, pero venía de producirse en marzo el mayor desplome del selectivo, tras caer un 22%. Por ello, pese al avance, el Ibex todavía se encuentra un XX% por debajo de los 10.083 puntos que se alcanzaron el 19 de febrero, el máximo del año. Eso sí queda un XX% por encima de los 6.107 puntos del mínimo del año, el 16 de marzo.El mejor mes hasta ahora en el Ibex 35 fue el de junio de 2012, pese a que fueron las semanas en las que España solicitó el rescate para inyectar dinero público en el sistema financiero. Entonces la subida acumulada fue del 16%. Además, durante este mes se han vivido algunos registros de subidas de los más importantes desde el nacimiento del Ibex. El 9 de noviembre Pfizer anunciaba los avances en su vacuna, avanzando entonces una eficacia de más del 90%, y se confirmaba la victoria de Joe Biden en EEUU. Con estas noticias, el Ibex subió un 8,57%, el mayor alza en una década. Además, aquella semana, entre el 9 y el 13 de noviembre, se produjo el mayor incremento en el Ibex35 desde 1998.Sergio Ávila, analista de mercados de IG Spain, asegura que la "clave" ha sido el avance en las vacunas anunciadas durante este mes. Los inversores ven a España como un país "cíclico" y consideran que la llegada de las vacunas, aunque todavía tarden, llevarán a un aumento del consumo y del turismo. "Se espera que con ello haya una recuperación de las pymes, que puedan salir a flote y, con ello, reduzcan los riesgos para los bancos", señala. A eso se añade que el sector turístico "lo ha pasado muy mal" pero se ve la vacuna como "un catalizador" para su vuelta a las subidas. "Ha explotado el optimismo", subraya.Pero los analistas muestran cierta cautela. "El mejor mes de la historia del Ibex hay que ponerlo en perspectiva con las caídas de meses anteriores", señala Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank. "El Ibex sigue estando muy lejos de sus niveles previos a la pandemia, por lo que no deja de ser una recuperación parcial de esas caídas", subraya. López añade que "las mayores subidas" se han producido en países "cuyas economías han sufrido más las consecuencias de la pandemia y cuyas bolsas habían recuperado menos". Coincide en que la vacuna ha sido el factor detonante para las subidas bursátiles. "Las expectativas de que a lo largo del año que viene pueda llegarse a un cierto control de la pandemia han animado a los inversores a invertir en los sectores más penalizados y que más se beneficiarían de la mejoría de la situación sanitaria", remarca.Prácticamente todos los valores del Ibex cierran noviembre con importantes subidas al calor de las expectativas que ha abierto la llegada de las distintas vacunas que están anunciadas. La hotelera Meliá ha sido la más beneficiada durante los últimos 30 días, con una subida de más del 70%, junto con IAG, el holding británico al que pertenece Iberia. Ambas empresas asociadas al turismo son impulsadas por la previsión de que la respuesta ante el virus permita reabrir los canales de entrada y salida de turistas. El tercer valor con mejor comportamiento ha sido BBVA, que se vio impulsada por la venta de su filial en EEUU y las negociaciones con Sabadell y, una vez rotas, ha seguido al alza. En el lado opuesto se encuentran Pharmamar, Cellnex y Grifols, las tres que cierran en rojo el mes.La vacuna no ha sido el único factor que ha ayudado a la Bolsa. El analista Sergio Ávila cita también a las elecciones de EEUU, que se celebraron a comienzos de noviembre. El mercado ha celebrado la victoria de Joe Biden por los nuevos estímulos económicos que se espera que aplique en el país, frente a la política de Donald Trump. Esto también se contagia a las bolsas europeas. Además, "Biden tiene una política geoestratégica de negocación menos agresiva respecto a China y Europa", señala, lo que permite a los inversores confiar en un cambio de las políticas comerciales, frente al proteccionismo que ha reivindicado Trump durante su mandato.Ávila apunta que durante estos meses, debido a la crisis del coronavirus, ha habido mucho movimiento y volatilidad en las bolsas, lo que ha provocado que los movimientos que se han vivido sean tan altos durante este año. Respecto al futuro, señala que cabe esperar que los mercados españoles sigan subiendo paralelamente a la llegada de las vacunas, aunque no descarta que se produzcan "correcciones" en algunas empresas del Ibex por una posible "sobrerreacción" por parte de los inversores.Pese a los avances del último mes la gran parte del Ibex acumula importantes caídas en lo que va de año. Una de cada tres compañías se deja más de un 30% de su valor en 2020, destacando Sabadell, que pierde un 66%, o IAG, que pierde el 63%. Menos de una tercera parte del selectivo consigue terminar en verde los once meses que llevamos de ejercicio. En este caso destaca el 193% de Solaria o el 130% de Pharmamar, ambas debutantes este año en el Ibex 35.
2 d
eldiario.es
Calviño ya está "analizando" con Bruselas la reforma de las pensiones mientras trata "con los distintos ministerios" la reforma del mercado laboral
La vicepresidencia económica y la Comisión Europea están en un contacto cotidiano para desarrollar los planes de recuperación y de reformas vinculados con los 140.000 millones de los fondos europeos (72.000 millones en transferencias, que son los que, en principio, ha anunciado el Gobierno que quiere utilizar). En ese contacto cotidiano, ya se han ido entregando fichas relativas a los cuatro grandes bloques definidos por el Gobierno: "Construir una España más verde; una España más digital; una España más igualitaria y una España más cohesionada". Pero hay dos grandes bloques que parecen atragantarse: los que tienen que ver con la reforma del mercado laboral y de las pensiones. Las dos tienen que ver con el programa de Gobierno acordado entre el PSOE y Unidas Podemos. En cuanto a la labora, incluía la reforma de aquellos aspectos más "lesivos" de la legislación de Mariano Rajoy. En cuanto a las pensiones, su vinculación por ley con el IPC. En ambos casos, la vicepresidenta Calviño ha evidenciado posiciones diferentes a las expresadas por otros ministros, ya sean socialistas o de Unidas Podemos. "Estamos realizando reuniones entre los distintos ministerios", ha explicado la vicepresidenta económica antes la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro (Eurogrupo): "Y vamos avanzando bien en la revisión de las distintas fichas. Con respecto al ámbito laboral, desde el principio hemos sido claros con la voluntad de afrontar un paquete de medidas que permitan modernizar nuestro marco laboral, y este trabajo se va a hacer en el contexto del diálogo social. El planteamiento que se hará a las autoridades europeas será presentar todo este conjunto o este paquete de acciones de reformas e inversiones que van a irse desplegando y desarrollando a través del diálogo social".Trabajo entiende que el marco legal se derogará íntegramente de "facto" pero que, dada la complejidad para crear un cuerpo normativo alternativo, el procedimiento se abordará en dos fases. La primera y más urgente, la que afecta a los aspectos más lesivos, incluye derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad (que ya ha sido aprobado), la anulación de las limitaciones del ámbito temporal del convenio colectivo y la suspensión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Sin embargo, según publicó El País, "el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, aboga por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales —en plata: menos poder de negociación para los sindicatos—. Diluye así el pacto de coalición y ha causado un choque entre Economía y Trabajo, además de malestar en los sindicatos".Y en ese asunto, entre otros, se encuentra sin cerrar el fichero relacionado con la reforma del mercado laboral, que no se enviará a Bruselas hasta que haya acuerdo con "los distintos ministerios", es decir, Trabajo, principalmente; y hasta que cuente con el visto bueno de los agentes sociales, más allá del documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, que no goza del consenso necesario dentro del Gobierno como para enviarse a la Comisión Europea."De momento no hemos entrado a hablar en detalle de cuestiones relacionadas con el ámbito laboral", reconoce Calviño, en tanto que aún no están cerradas con el resto de ministros y los agentes sociales, "más allá de lo que ya conoce la Comisión Europea con respecto a las intenciones de nuestro gobierno y nuestra determinación de abordar ese paquete de modernización del mercado laboral en el contexto del diálogo social, un aspecto que, por cierto, las instituciones europeas valoran muy positivamente".  En cuanto a las pensiones, si bien en el pasado la vicepresidenta económica ha expresado su oposición a vincular por ley su revalorización, la comisión del Pacto de Toledo ha aprobado medidas, respaldadas ampliamente por el Congreso, como la revalorización de las pensiones en base al IPC y la revisión de la jubilación anticipada, que funcionará como guía para que el Gobierno de coalición lleve a cabo la reforma del sistema público de pensiones. Tras confirmar este pacto político, el Ejecutivo pretende lograr otro acuerdo con los sindicatos y la patronal, para que la nueva legislación cuente también con el visto bueno del diálogo social."La Comisión Europea lleva años haciendo recomendaciones a España sobre las pensiones", ha afirmado Calviño antes del Eurogrupo, "y está analizando junto con nosotros las distintas cifras, las distintas previsiones, el impacto sobre el sistema de pensiones como sobre el presupuesto público y por tanto el impacto fiscal de las diferentes medidas que se van a poner en marcha. Y se está produciendo ese análisis en un ambiente tremendamente constructivo".
2 d
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