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Maroto asegura que el Gobierno maneja "datos positivos" para el turismo pese a la quinta ola
El Gobierno es "optimista pero prudente" respecto al impacto de la quinta ola en el sector turístico. A tres días del cierre del julio, la ministra de Turismo Reyes Maroto no ha querido adelantar los resultados parciales, pero ha afirmado que el Ejecutivo "datos positivos" para este mes, como los de las compañías aéreas o el índice de percepción de seguridad para España, que la tercera semana de julio se situó en el 92%. "Los datos que tenemos de asientos de las aerolíneas arrojan que el destino España está siendo uno de los preferidos por parte de los turistas internacionales que deciden viajar. Ese es un condicionante, porque no todos los turistas internacionales que en un año normal viajarían a España están decidiendo salir de sus países, pero si deciden hacerlo lo que sí que puedo trasladar es que España es uno de los destinos preferidos", ha manifestado Maroto, que también ha destacado el "éxito de la vacunación" como uno de los puntos claves del mercado español. "La campaña de vacunación no está siendo tan exitosa en otros países de nuestro entorno", ha recordado, poniendo como ejemplo a EEUU, donde "se ha llegado a un límite de vacunación. Existen ya muchas dificultades porque hay una población negacionista con respecto a las vacunas". "Eso no está pasando en España, esa es la gran noticia, tenemos un porcentaje de rechazo mínimo. La norma en España es que todo el mundo se quiere vacunar y eso nos da una fortaleza de cara a los próximos meses y por ejemplo para la campaña de otoño invierno, la temporada alta en Canarias", ha celebrado la ministra tras la conferencia sectorial de Turismo celebrada este martes junto a las comunidades autónomas.En esa reunión se ha aprobado los primeros 23 planes de Sostenibilidad en Destinos, con una financiación de 64 millones de euros. Su objetivo es la "modernización, transformación y adaptación del modelo turístico" para digitalizarlo y evitar la sobredemanda que se dio en varios puntos de España antes de la pandemia. En los próximos tres años se convocarán ediciones extraordinarias de este programa gracias a una inyección 1.900 millones procedentes de fondos europeos.En esta primera ronda todas las comunidades, excepto Catalunya, organizarán alguno de estos planes. Maroto ha explicado que el motivo de la ausencia de la administración autonómica que dirige Pere Aragonés es que ha preferido renunciar a esta convocatoria ordinaria para concurrir a la extraordinaria financiada con fondos europeos, cuyo plazo para presentar propuestas se abrirá en septiembre.Los proyectos seleccionados en este primera ronda se encuentran en Andalucía (Geoparque de Granada), Aragón (Andorra-Sierra de Arcos, Cinco Villas), Asturias (Valles de Aller y Comarca de Avilés), Baleares (Villa de Ibiza y Formentera), Comunidad Valenciana (Altea y Peñíscola), Canarias (Lanzarote), Cantabria (Alto Asón), Castilla-La Mancha (Campo de Criptana, Montes de Toledo y Molina de Aragón), Castilla y León (Salamanca), Extremadura (La Vera-Valle del Jerte), Galicia (A Mariña Lucense y Ourense Termal), La Rioja (Valle del Alhama-Linares), Comunidad de Madrid (Cerdedilla-Puerto de Navacerrada), Murcia (Portmán); Ceuta (Mercado de Salazones) y Melilla (Recuperación de edificios singulares).La financiación que recibirá cada plan de la Secretaría de Estado de Turismo oscila entre los 400.000 y los dos millones de euros, ha confirmado el Ministerio.
3 h
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España lanzará en septiembre su primera deuda verde para reducir emisiones del transporte o mejorar la gestión del agua
El Gobierno ha avanzado este miércoles nuevos detalles de sus planes para la emisión de bonos verdes. El Estado hará su primera colocación de esta deuda sostenible en septiembre. Lo hará a 20 años, aunque todavía no ha concretado la cantidad de dinero que espera captar con el que será su debut en un mercado en crecimiento. El objetivo, entre otros asuntos, será la mejora del transporte ferroviario o en la gestión de los recursos como el agua, según han avanzado las vicepresidentas Nadia Calviño (Asuntos Económicos) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).El Tesoro ya anunció en enero la intención del Gobierno de lanzar en otoño su primera emisión de bonos verdes, un asunto que venía tratándose desde hacía mucho tiempo pero que hasta la fecha no se había concretado. Ahora, las vicepresidentas del Gobierno han avanzado nuevos detalles de la operación, aunque sin concretar cuál será la cantidad que se intente buscar. "Los detalles los haremos públicos después de agosto", ha señalado Calviño en rueda de prensa conjunta con Ribera. El Tesoro informó a comienzo de año que el objetivo sería captar entre 5.000 y 10.000 millones de euros.Lo que se sabe hasta el momento es que será en septiembre esta primera emisión y que se buscará captar deuda a 20 años. Para ello, cuenta ya con el sello de una división de la agencia Moody's, que es la misma que ha certificado a otros países como Francia, Italia o Reino Unido en este tipo de deuda. Los bonos verdes son un modelo de financiación que busca captar fondos para proyectos medioambientalmente sostenibles y precisan de un certificado previo sobre los proyectos que se podrían financiar con este dinero, con el objetivo de que los inversores interesados tengan esta garantía.Las vicepresidentas han informado que cuentan con un listado de proyectos susceptibles de recibir este dinero que sumarían unos 13.000 millones de euros. Éstos irían desde la reducción de emisiones del transporte ferroviario a la mejora de la gestión del agua. También incluyen determinados proyectos de I+D+i, restauración y protección de ecosistemas, prevención de la contaminación o impulso a la economía circular.Ribera ha justificado esta emisión por parte de España debido a que "es un ámbito en el que los inversores están particularmente interesados". "Son bonos que facilitan una inversión segura y solvencia a largo plazo", ha señalado la ministra de Transición Ecológica. "El contexto para estas operaciones es cada vez más claro y sostenible", ha enfatizado.Calviño, por su parte, ha señalado que los proyectos que se incluyen entre los susceptibles de recibir esta financiación se encontrarían al margen de aquellos que han sido incluidos en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia que se financiará con fondos europeos, a su vez procedentes de emisiones de deuda verde lanzadas por la Comisión Europea. "Hemos hecho bien nuestro trabajo de identificar las inversiones y desligarlas de los fondos europeos", ha subrayado.
5 h
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El Gobierno saca a consulta pública la Ley que permitirá crear una empresa con un euro
El Gobierno ha dado por comenzada este martes, tras el Consejo de Ministros, la audiencia pública sobre la Ley 'Crea y Crece, que permitirá crear empresas con un euro de manera rápida y telemática. La Ley surge para impulsar la creación de empresas y su crecimiento y rebaja el capital inicial necesario para registrar una compañía desde los 3.000 euros al euro testimonial.La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha definido esta Ley como una de las reformas "más importantes" junto a la Ley de startups y la reforma concursal al presentarla. No obstante, para que entre en vigor, debe ser aprobada de nuevo por el Consejo tras la consulta pública, algo que se espera para finales de este año o comienzos del que viene, así como por el Parlamento, trámite que, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sitúan a finales de 2022.La reforma se sitúa en el componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El aumento de tamaño de las empresas españolas es uno de los objetivos del Gobierno, que con esta ley busca "eliminar obstáculos" para que las pymes ganen tamaño.Uno de los puntos clave de la nueva ley es la lucha contra la morosidad comercial que se hará en base a un enfoque más "moderno y eficaz", según las mencionadas fuentes en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El objetivo es que las empresas españolas cambien su cultura hacia el "pronto pago".Para ello, se promoverá el uso de la factura electrónica entre pymes y, con el objetivo de que esta no sea un coste, se incluirá en los servicios subvencionados en el 'digital toolkit', el plan financiado con 3.000 millones de euros de los fondos europeos para la digitalización de las pymes.Asimismo, las empresas que no cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias de subvenciones públicas en un momento marcado por la llegada de los fondos europeos. Además, se tendrá en cuenta que el contratista pague en plazo a subcontratista a la hora de evaluar los riesgos de adjudicación de un contrato público, así como la posibilidad de resolver un contrato si no se cumplen los plazos de pago. También se creará un observatorio de la morosidad para recabar información y analizar estas prácticas.Entre las medidas contempladas se incluye la información a emprendedores sobre los beneficios del nuevo sistema, así como se mejorarán las ventanillas que permitirán denunciar cualquier comportamiento que vaya contra la ley de unidad de mercado. Con este último punto, el Ministerio busca mejorar las garantías para consumidores.También se amplía el catálogo de actividades exentas de licencia y se incluye un mandato para que la conferencia sectorial elabore una ordenanza tipo de licencias empresariales.Asimismo, se buscará que otros instrumentos de financiación ganen peso en el crecimiento empresarial y en ellos destacarán los fondos de deuda cerrados que invertirán en préstamos, facturas e instrumentos comerciales. También se adaptarán las normativas de las plataformas de financiación participativa para que puedan tomar más impulso y tener mayor escala y financiación y trasladarlo así a impacto en las empresas.Entre los cambios, se incorporará la posibilidad de que reciban fondos a largo plazo europeos, así como permitirles invertir en fintech. Para los inversores individuales, se limitará a 1.000 euros o el 5% de su riqueza, excluyendo fondos de pensiones y propiedades inmobiliarias, la participación en estas empresas. A partir de ahí, se podrá hacer la inversión, pero la persona recibirá una advertencia sobre el riesgo.Cada proyecto de inversión colectiva tendrá un límite de cinco millones de euros que podrá superarse emitiendo un folleto y con el que se espera que el sector pueda expandir el alance y la escala de las inversiones.En el Consejo no ha estado el anteproyecto de ley concursal, aunque fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos apuntan a que el anteproyecto saldrá en los próximos días a audiencia.Entre sus objetivos se encuentra aumentar la eficacia de los mecanismos preconcursales para que las empresas viables puedan reestructurarse y volver a la actividad con una estructura financiera distinta tras acuerdos entre accionistas e acreedores.También se reforzará el concepto de segunda oportunidad y los autónomos o empresas que sean personas físicas podrán ser exonerados sin perder su patrimonio personal y sobre todo su vivienda para que puedan volver a ejercer su actividad.
1 d
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Endesa e Iberdrola piden reformar la tarifa eléctrica regulada ante la escalada de precios
Endesa e Iberdrola emplazan al Gobierno a reformar la tarifa eléctrica regulada de la luz, el denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), para “proteger” al consumidor de las subidas del mercado mayorista de electricidad, al que está indexado. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha reclamado este martes una “reforma” de esa tarifa para “proteger a los clientes domésticos de la volatilidad del mercado”. El PVPC, al que se pueden acoger los consumidores con hasta 10 kilovatios contratados, tiene sus precios directamente indexados a los que marca cada hora el pool, que la semana pasada marcó un recórd diario de 106,57 euros por megavatio hora y está en máximos históricos por el encarecimiento del gas natural y los derechos de emisión de CO2.Bogas ha recalcado que “la coyuntura del mercado energético en España, con el fuerte aumento de precios en el mercado mayorista, no está beneficiando a las compañías eléctricas como Endesa, ya que tenemos vendida a clientes energía a precios menores de los que está marcando el pool”. Endesa, que tiene que contratar parte de la energía que suministra a terceros, ha anunciado este martes un beneficio de 832 millones hasta junio, un 26% menos, afectada por el repunte de los precios del gas y la coyuntura del mercado. La eléctrica ha reafirmado sus objetivos para 2021.La petición de Bogas llega después de que el lunes, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, se pronunciara en términos parecidos en una entrevista en Cinco Días y reclamara cambios para “hacer el diseño de la tarifa PVPC más estable”. Santamaría recordó que esa tarifa “está por ley vinculada a los precios horarios del mercado, de forma que toda subida y bajada se traslada al consumidor, que es el que menos capacidad de gestión tiene de su consumo. Como consumidora, me gustaría tener cierta predictibilidad de qué me va a costar la electricidad y no estar preocupada de si sube o baja. En otros países como Reino Unido se referencia a una cesta de mercados a plazos y tienes más o menos fijo el precio durante tres/seis meses o un año, por lo que no hay un sobresalto continuo y esta alarma actual, y aporta certidumbre”. En opinión de la ejecutiva de Iberdrola, “el diseño de la PVPC es un problema, preocupa no saber qué te vas a gastar, estar conectado a un mercado que ni entiendes ni tienes por qué entender”. “Yo diría que nuestra tarifa regulada es única en Europa y no nos trae nada bueno”, señaló Santamaría, que planteó “soluciones de diseño similar a otros países como Italia o Reino Unido, o bien proveer de energía a este tipo de consumidores con contratos con tecnologías que puedan dar precios estables y sean competitivas, como son las centrales nucleares”.El actual sistema de precios horarios regulados indexados al pool se implantó en época del PP, tras otro pico alcista de precios que llevó al entonces ministro José Manuel Soria a enterrar el anterior mecanismo, basado en una subasta trimestral. La espectacular escalada del mercado en las últimas semanas ha llevado a la actual ministra del ramo, Teresa Ribera, a pedir por carta a la Comisión Europea que se permitan modificaciones en el diseño del actual modelo marginalista, por el que la oferta más cara determina lo que cobran todas las tecnologías en la casación. Ribera también ha planteado recortar el exceso de retribución de hidráulica y nuclear por el encarecimiento de los derechos de emisión.Pese a estar más expuesto a estas subidas, el PVPC es la opción que más recomiendan los expertos, el Gobierno, las asociaciones de consumidores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A la larga, es la opción que más compensa a los usuarios, porque es más barato que las ofertas del mercado libre que promocionan las compañías eléctricas, con márgenes superiores para ellas. El PVPC lleva años en retroceso. En febrero (último dato disponible) había acogidos a él 10,6 millones de suministros, frente a los 16,2 millones que estaban en el mercado libre.
1 d
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