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Igualdad impulsa un distintivo en los comercios para que cualquiera sepa cómo actuar ante la violencia machista
Una red de espacios cotidianos seguros. Es el objetivo con el que el Ministerio de Igualdad ha lanzado este miércoles 'Punto Violeta', una nueva campaña con la que el departamento dirigido por Irene Montero prevé ampliar las vías de ayuda a las víctimas de la violencia machista, que en la inmensa mayoría de ocasiones no acuden a las comisarías o a los juzgados a denunciar. La idea es crear una red de establecimientos que cuenten con esta distinción, colocada en un lugar visible, para mandar "un mensaje claro a las víctimas: que son lugares seguros" e implicar a su entorno y al conjunto de la sociedad, ha dicho la ministra en la presentación del instrumento.Desde hoy mismo cualquier comercio, tienda, bar, empresa o entidad puede distinguirse con el 'punto violeta', al que le acompañará un código QR que da acceso a una guía con información sobre los recursos y procedimientos al alcance de las víctimas, también de violencia sexual, y de quienes están a su alrededor. El documento se articula en torno a dos preguntas: "¿Qué puedo hacer si soy testigo o conozco un caso de violencia machista?" y "¿Qué hago si soy víctima de violencia machista?". Con ello, pretenden llegar "a los entornos y lugares más cercanos", en los que se desarrolla la vida cotidiana, y erigirse como una vía "para la sensibilización y concienciación social"."El objetivo es que las mujeres no carguen en sus hombros con la responsabilidad de salir de los contextos de violencia, sino que su entorno más cercano y el conjunto de la sociedad nos hagamos cargo también de ello", ha explicado Montero acompañada de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. El Ministerio de Igualdad, que va a hacer un envío masivo a empresas del recurso, ya puso en marcha durante el confinamiento por la COVID-19 una campaña con carteles para colocar en comunidades de vecinos, farmacias y en las redes sociales con el objetivo de dar a conocer los recursos que asistían a las víctimas durante el encierro. Desde el ministerio esperan que los puntos violetas tengan "una buena implantación" y sean una herramienta "eficaz" que ayude a poner el foco en que la violencia machista no es un problema privado, sino social y público. Igualdad ha reaccionado al repunte de asesinatos registrados tras el fin del estado de alarma que prevé que pueda continuar en los próximos meses y al que "se puede superponer una ola de violencias sexuales" con esta iniciativa y el impulso de un catálogo de medidas "urgentes" aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El paquete es el primer paso del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género anunciado por la ministra hace un par de meses.Entonces Montero advirtió de que España se encontraba en un estado de "alerta machista", tal y como ha reiterado este miércoles, por lo que "debemos ponernos en alerta todas las instituciones". El trabajo coordinado entre los ministerios de Igualdad, Interior, Sanidad, Derechos Sociales y Justicia ha dado lugar a medidas como la puesta en marcha de un instrumento estandarizado para detectar precozmente casos en Atención Primaria, un plan contra la violencia que sufren los hijos e hijas de las víctimas o el impulso de una "ventanilla única" en los Servicios Sociales de base para evitar la peregrinación a la que se enfrentan muchas veces las mujeres y sus familiares en el acceso a las ayudas y prestaciones que les corresponden.La ministra ha reconocido que, a pesar de que las políticas públicas "son eficaces y están salvando vidas" no en todos los casos están "llegando a tiempo". En lo que va de año han sido asesinadas 28 mujeres por sus parejas o exparejas y tres menores. Montero ha asegurado que las medidas se pondrán en marcha "desde ya" y que hay predisposición en las comunidades autónomas para implantar las que dependen de ellas. El paquete, sin embargo, no lleva aparejado un compromiso económico y estará condicionado a las "disponibilidades presupuestarias" de cada caso, recuerda el texto del acuerdo.
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Sanidad pide la retirada de 14 cremas solares porque el factor de protección no se corresponde con el etiquetado
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha solicitado la retirada voluntaria de 14 protectores solares porque el factor de protección solar (FPS) no se corresponde con el etiquetado.Esta petición se produce tras finalizar la campaña de control de mercado de productos de protección solar, iniciada en diciembre de 2019 y que tenía como objetivo garantizar que el factor de protección solar (FPS) reivindicado en el etiquetado no discrepara del determinado en los ensayos.La iniciativa se ha enfocado en protectores solares con FPS 50 o FPS 50+ con formas galénicas novedosas como cremas muy ligeras, brumas y sprays. Para que la muestra fuese representativa, se escogieron 19 productos de empresas de diferentes tamaños y orígenes (españolas, europeas y extracomunitaria) y productos de diferentes rangos de precio.Tras haber recibido los informes finales de los ensayos in vitro e in vivo, la AEMPS ha llevado a cabo una evaluación conjunta de estos resultados y de la documentación requerida a las empresas. A raíz de los resultados, la AEMPS ha iniciado diferentes actuaciones en función de la diferencia entre los resultados obtenidos en los ensayos y la reivindicación en su etiquetado.En concreto, cinco de los solares ensayados tienen resultados de FPS concordantes con el grado de protección de sus etiquetados, si bien nueve productos no tenían un FPS concordante, aunque se han obtenido valores de FPS entre 30 y 49,9, considerado un FPS dentro del intervalo de eficacia de la categoría de alta protección.No obstante, la AEMPS ha asegurado que no se han notificado incidentes por quemaduras solares relacionados con ninguno de estos productos al Sistema Español de Cosmetovigilancia. Si bien, ha instado a las empresas a la retirada voluntaria de los lotes ensayados si siguen en el mercado y les ha solicitado la realización de ensayos adicionales en otros lotes para verificar la seguridad de los productos.La misma actuación se ha requerido para los productos en los que se ha obtenido un valor del FPS inferior a 60 y se reivindicaba 50+ que es la categoría de protección muy alta. Estos últimos productos son: 'Les Cosmetiques sun ultimate sensitive SPF 50+ spray solar pieles sensibles', de Centros Comerciales Carrefour; 'Belle&Sun bruma solar invisible FPS 50', de Perseida Belleza; 'Isdin fotoprotector fusion water SPF 50+. Fotoprotector facial de uso diario', de ISDIN; y 'Farline spray solar SPF 50+ 200 mL Protección muy alta', de Farline Comercializadora de Productos Farmacéuticos S.A.Completan esta lista 'Babaria solar bruma protectora SPF 50', de Berioska; 'Seesee spray solar transparente SPF 50+', de Cosmetrade; 'Piz Buin hydro infusión crema solar en gel SFP 50 Protección alta', de Johnson & Johnson Santé Beauté; 'Ladival piel sensible FPS 50+', de STADA Arzneimittel AG; y 'Lancaster sun sensitive luminous tan crema confort SPF 50+', de Coty.Los cinco productos restantes han obtenido un FPS inferior al indicado en sus etiquetados, siempre por debajo de 29,9. En estos casos la AEMPS ha instado a las empresas a la retirada voluntaria de los mismos, los cuales son: 'Abelay Protector Solar FPS50', de Ab7 cosmética; 'Mussvital fotoprotector spray aerosol ultra light 50+', de Peroxfarma; ' Eucerin sun protection sensitive protect sun spray transparent dry touch SPF 50 alta', de Beiersdorf AG; 'Hawaiian Tropic Silk Hydratation Bruma Solar air soft SPF 50+ (Alta)', de Wilkinson Sword; y 'Australian gold SPF Botanical SPF 50 continuous spray', de Biorius.
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Las comunidades reciben una inyección para exhumar fosas con Madrid y Murcia aún pendientes de presentar proyectos
El Gobierno ha hecho efectivo el traspaso de 2,3 millones de euros a las comunidades autónomas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura y la divulgación de la memoria histórica. La resolución ha sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, con la que se prevé llevar a cabo 190 actuaciones, la inmensa mayoría exhumaciones de fosas, pero también investigaciones, estudios o dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria. La partida total, acordada el pasado marzo en la primera Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, asciende a tres millones de euros, pero aún no todas las comunidades han presentado proyectos.En esta primera remesa de créditos cada comunidad ha recibido lo acordado en la reunión, en la que se discutieron los criterios de reparto y se aprobaron por unanimidad. Forma parte del "plan de choque" impulsado por el Gobierno tras el olvido económico de la época de Mariano Rajoy, y con él se prevé abrir en cuatros años 557 fosas que constan como pendientes de intervención, por lo que no todas entran en este primer ejercicio. Tras la sectorial, las comunidades han ido presentando sus proyectos a financiar, que se han discutido con el Ministerio de la Presidencia. Hay dos comunidades, Madrid y Murcia, que aún no lo han hecho, mientras que el proceso se ha dilatado en el caso de Andalucía, que tampoco está en esta resolución pero cuyos proyectos ya han sido aprobados y se darán a conocer en breves, según fuentes de la negociación.La Comunidad de Madrid piensa hacerlo a la vuelta del verano, en septiembre, explican fuentes de la Consejería de Justicia, que vinculan el retraso a las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo que culminaron en la investidura de Isabel Díaz-Ayuso. La presentación de proyectos "nos pilló en funciones", señalan las mismas fuentes, que aluden a una "total predisposición" y recuerdan que su voto en la sectorial fue favorable. En el caso de Murcia no parece que haya el mismo interés. Fuentes de la Consejería de Presidencia zanjan el asunto asegurando que "no le consta ninguna petición por parte de ninguna asociación ni colectivo para intervenir en ninguna fosa, como tampoco existe una obligación legal de hacerlo", y aseguran que "la preocupación y la prioridad ha estado centrada en hacer frente a la COVID" desde su inicio.Desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ahora en manos de Félix Bolaños, enmarcan el proceso en un escenario de negociación "con total normalidad" debido a que "los proyectos están muy identificados y lo que quedan son temas muy burocráticos", por lo que prevén que "salgan con mucha rapidez". Preguntadas por el caso específico de la Región de Murcia, las mismas fuentes explican que "ha aceptado los fondos y, puesto que no ha dicho lo contrario, estamos a la espera de sus propuestas".Tampoco Andalucía forma parte de este primer paquete, pero a diferencia de las anteriores, la propuesta de proyectos fue presentada por la Junta hace dos meses. "Por su extensión y el elevado número de fosas, el acuerdo requería mucho más estudio y precisión", señalan fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Tras las negociaciones con el ministerio se llegó a un acuerdo hace algo más de una semana, por lo que la resolución se publicará en el BOE "en los próximos días". Por eso, a esos 2,3 millones de euros transferidos ya habrá que añadir los 507.000 euros que le corresponden a Andalucía. Es la comunidad que más montante recibirá, y también la que más fosas pendientes de intervención tiene (137). Le sigue Catalunya, con 336.000 y 88 fosas pendientes y Valencia con 283.000 y 70 fosas. A Madrid le corresponden 64.600 euros y a Murcia 60.800; ambas son dos de las comunidades en las que menos fosas sin intervenir constan, con cuatro y tres respectivamente, pero que no estén en el mapa del Gobierno a día de hoy no significa que no existan. Un ejemplo es lo que ha ocurrido precisamente con la Comunidad de Madrid, donde la sociedad de arqueología y antropología que ha obtenido una subvención de Presidencia para ampliar el estudio ha encontrado ya 150 más.La partida total está dividida en dos vías de financiación: dos millones de euros para la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, y el millón restante para actividades de divulgación, dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria. En este último punto entran proyectos variados como la jornada sobre represión a las personas homosexuales o el estudio sobre los aragoneses enterrados en el Valle de los Caídos que prevé poner en marcha Aragón, que recibe 196.000 euros; los encuentros, charlas y colocación de monolitos conmemorativos que prevé hacer La Rioja en ocho fosas ya exhumadas o la elaboración del proyecto de memorial en el Cementerio de Mahón (Menorca) que hará Baleares.Para las exhumaciones, el acuerdo destina una media de 14.360 euros a cada una de las fosas, una cantidad que las asociaciones que vienen practicando exhumaciones e identificaciones de los restos consideran escasa: desplazamientos, especialistas (antropólogo, arqueólogo, genetista, historiador), maquinaria, días de excavaciones, a veces prueba y error hasta dar con el enterramiento, y luego análisis de los huesos y estudios de cotejo de ADN con los familiares para intentar la identificación. Tomando como ejemplo un reciente concurso público del Gobierno balear, si se tratara de una fosa con una sola persona en ella y se realizara en un solo día, el coste de esas actuaciones sería de 15.000 euros, pero esa no es la tipología única y hay fosas con multitud de enterrados.El plan no está exento de críticas por parte algunas asociaciones memorialistas. Es el caso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que lleva dos décadas trabajando por la recuperación y dignificación de los desaparecidos, tanto mediante ayudas en la época de José Luis Rodríguez Zapatero como únicamente con recursos propios cuando gobernó el PP. En esta ocasión, explica Emilio Silva, su presidente, la asociación no ha participado en estas subvenciones porque no está de acuerdo con el modelo: "Los derechos humanos no pueden tener un presupuesto limitado ni canalizarse de esta forma, sometiéndose al criterio ideológico de comunidades autónomas y ayuntamientos que quieran o no colaborar. Han convertido las fosas en objetos que parece que están ahí por accidente, como si no hubieran sido desapariciones forzadas. Cuando haces depender un derecho de configuraciones políticas y subvenciones, ya no lo es".Silva recuerda que la ONU criticó las subvenciones que se dieron con el Gobierno del PSOE por considerarlo "una privatización" de las exhumaciones, al recaer el peso en asociaciones y las propias víctimas. Y pone de ejemplo el modelo que a juicio de la ARMH debería regir en todo el país, el de Euskadi, que cuenta con Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, al que pueden acudir las víctimas que buscan a familiares desaparecidos. "En ese caso no son activistas o asociaciones los que intentan averiguar e investigar, sino que es un deber del instituto, y si se encuentra una fosa se exhuma automáticamente, no se espera a una subvención", dice Silva.Junto a las 190 actuaciones que prevén ponerse en marcha con esta transferencia de créditos están las 114 exhumaciones y otros tantos trabajos de divulgación que inauguraron el "plan de choque" 2020-2024 activado por el Gobierno. Entonces fueron 1,5 millones de euros en ayudas canalizadas por una doble vía, directa desde el Ministerio de la Presidencia y gestionada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Según cálculos del Ejecutivo, el plan permitirá recuperar entre 20.000 y 25.000 cadáveres de desaparecidos.
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La retirada de Simone Biles en los Juegos abre otra grieta en el muro de silencio que estigmatiza la salud mental
Faltaba un giro mortal. El salto de la gimnasta multicampeona olímpica estadounidense Simone Biles era bueno, pero no era el ejercicio de dificultad absoluta que había comunicado a los jueces que haría. Le faltaba un giro clave. Minutos después se retiró de la competición por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y más tarde confirmaba que su abandono se debía a problemas psicológicos: "No estoy lesionada. Simplemente tengo una pequeña herida en mi orgullo".La retirada en medio de la prueba olímpica de una estrella mundial como Simone Biles se une a la que, hace solo unos meses, protagonizó la tenista japonesa Naomi Osaka. Osaka, en aquel momento número dos del mundo, se marchó de Roland Garros por la ansiedad que le provocaba la atención desmedida y la obligación de atender a decenas de preguntas de la prensa. Dos llamadas de atención sobre la, muchas veces, escondida salud mental. Entonces, el exnadador Michael Phelps, ganador de 28 medallas olímpicas y que pasó una depresión, escribió que Osaka podía haber "salvado su vida" gracias a la decisión de apartarse aunque eso supusiera no participar en el torneo. "En los deportistas de primer nivel llama mucho la atención porque la visión desde fuera es que son superhombres o supermujeres", explica el psicólogo y coach deportivo Francesc Porta. La imagen es la de "personas capaces de estar en el top 10 a nivel mundial, que parece que no pueden pasar malos momentos y tener que gestionar las situaciones estresantes como todo hijo de vecino", añade.Biles ha asegurado casi nada más dejar el pabellón de gimnasia que "tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos. Esto no es simplemente salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos", poniendo el foco en la importancia de atender, también, a los aspectos de la salud psicológica. "Es más importante la salud mental que el deporte ahora mismo", ha rematado la cuatro veces campeona olímpica.La atleta no ha ocultado así el origen de su abandono. Ha roto, en cierto modo, el tabú que rodea la salud mental. "El deporte de élite nos está haciendo ver que el cuidado de nuestra mente y nuestro estado psicológico es fundamental para cualquier actividad que requiera rendimiento", analiza el psicólogo Porta.El estigma y la incomprensión que redunda en mantener los problemas de salud mental en secreto tuvo un ejemplo en marzo de este mismo año en un foro tan público como el Congreso de los Diputados. El diputado del PP, Carmelo Romero, gritó al representante de Más País, Íñigo Errejón, "¡vete al médico!", cuando Errejón preguntaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la salud mental de los españoles afectada por la pandemia de COVID-19. Su burla, con gestos incluidos, fue aplaudida por sus compañeros del Grupo Popular.Romero terminó por pedir disculpas, pero había ilustrado uno de los problemas añadidos de la salud mental. La pregunta del diputado de Más País que provocó la mofa del parlamentario del PP no iba desencaminada. De hecho, solo unos meses más tarde se ha constatado que la COVID-19 ha traído una factura en este aspecto al provocar el aumento de un 50% de las urgencias por trastornos de esta índole en adolescentes. Este mismo lunes, una investigación para la Comisión Europea ha revelado que el sentimiento de soledad ha crecido en toda la Unión Europea debido a la pandemia. Tras la mofa del diputado Romero, Errejón replicó más tarde: "Nunca más el estigma ni la vergüenza".El psicólogo e investigador José María López Chamorro insiste en que "a los deportistas se les ve como superestrellas, como si no fueran humanos. Se nos olvida que son personas con sus miedos y sus preocupaciones y el tabú de la salud mental nos hace pensar en esto como situaciones extraordinarias que no nos esperamos, parece que estemos hablando de otra cosa, como si no fueran personas".Aunque de ello se hable poco, España lidia con problemas relevantes de salud mental. Es el país con mayor consumo de fármacos ansiolíticos, hipnóticos y sedantes del mundo en términos relativos. En 2020 superó las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, según el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Los suicidios son la principal causa de muerte violenta en España. 3.671 personas fallecieron por suicidio en 2019, según el INE, un 3,6% más que el año anterior. La tasa es de 7,79 suicidios por cada 100.000 habitantes, por debajo, eso sí, de la media europea de 11,9.Porta entiende que la cuestión traspasa el entorno deportivo de primer nivel. "En el mundo laboral y de las organizaciones también está totalmente estigmatizado. Personas que puedan sufrir algún trastorno o dificultad para ejercer su profesión, los problemas muchas veces se los comen y no son capaces de explicarse ante sus responsables. Pasa en todos los ámbitos", explica.Para la psicóloga de alto rendimiento Lorena Cos, que deportistas de primer nivel como Simone Biles den un paso al frente como el de este martes tiene un valor positivo: "Que atletas de élite como ella expresen con naturalidad que han tenido un ataque de ansiedad ayuda a darle visibilidad y a que cualquiera se pueda sentir cómodo hablando de ello en una situación similar".López Chamorro coincide al subrayar que "cuando eres el referente de millones de personas, puede favorecer y romper el estigma de la salud mental en la sociedad en general, pero también dentro del deporte. Hay muchos niños y niñas que tienen esa presión en el deporte por ser los mejores y que lo pasan mal a la hora de gestionar la presión y las expectativas. Ver a sus grandes estrellas diciendo estas cosas, ver que no pasa nada, que no se acaba el mundo, es muy positivo".Al respecto, Porta explica a partir de su experiencia que "la gente joven cada vez está más abierta a poder hablar con un psicólogo, ver qué estrategias y recursos puede aplicarse para estar bien. Desde la pandemia yo estoy notando un cambio, sobre todo que los padres se ponen en contacto más que antes porque se preocupan por sus hijos deportistas".Los casos de Biles o Naomi Osaka han resultado atronadores por producirse en medio de una gran cita deportiva para la que ambas se habían preparado a conciencia. Para los psicólogos no es casualidad que hayan sido dos mujeres."Puede resultarles más fácil a ellas hablar porque son perfiles más reivindicativos", opina Porta. En cuanto a las estrategias para afrontarlo "no diferencio entre masculino o femenino, pero, de cara afuera, las mujeres son más reivindicativas y se expresan de manera más natural". López Chamorro entiende que "el deporte es una expresión dentro de la sociedad, con lo que está bajo las reglas de la sociedad en general, por eso es importante aplicar la perspectiva de género en general".Cos no cree tanto que sea "una cuestión de género" como de "cultura y educación", y vuelve sobre la idea del deportista de élite como ser invencible. "Es eso lo que dificulta a veces que muestren aspectos que puedan sentir que los debilitan, como la parte mental".Biles aguarda ahora a ver qué tal evoluciona para presentarse, o no, al resto de finales que tiene pendientes. Lorena Cos espera que "el mundo del deporte tome conciencia de la importancia que tiene la parte mental y de su valor en competiciones de este calibre". Mientras, la deportista estadounidense ha ofrecido un resumen contundente: "Ahora tengo que centrarme en mi salud mental".
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Los contastres de la pandemia: de la falta de restricciones en Madrid al toque de queda valenciano
España es un país de contrastes, también en las medidas para atajar la quinta ola. El fin del estado de alarma dejó sobre la mesa la posibilidad de una gestión de la pandemia múltiple. En lugar de actuar a coro, las comunidades autónomas pudieron adaptarse a sus distintas realidades para frenar la transmisión del virus, y así ha ocurrido. El problema es que ahora todas alcanzan el "riesgo extremo" en contagios y el escenario de restricciones no puede ser más desigual. Por un lado está la reapertura de las plantas COVID-19 en los hospitales, la aprobación de distintos toques de queda, las nuevas restricciones a la hostelería y las limitaciones a las reuniones y, por el otro, la flexibilidad total. Una pandemia por capas que dibuja un verano muy diferente dependiendo de la zona geográfica que toque. En conjunto, los números no son optimistas. A pesar de estar batiendo récords en vacunación, España tiene la segunda incidencia acumulada más alta de Europa y la situación asistencial está sufriendo en diferido la explosión de casos. Los ingresos en planta se han duplicado en solo dos semanas y las UCI se encuentran al 16,5% de su capacidad. Con este panorama, incluso las regiones más reticentes se han visto obligadas a tomar medidas. Aunque siempre hay excepciones. Catalunya, Andalucía, Galicia, la Comunitat Valenciana, Madrid y Canarias son las comunidades que mejor representan esta variedad de posturas y realidades con las que se topan los ciudadanos: con el toque de queda en un lado del espectro y las escasas limitaciones al ocio y a la movilidad en el otro. Todas, además, enfrentándose a la encrucijada imposible de "salvar el verano" o cortar la transmisión de la forma más drástica posible llevándose por delante los atractivos del turismo.Con el ocio nocturno cerrado y un toque de queda entre la 1:00 y las 6:00 en más de 165 municipios (que abarcan buena parte de la población –serán 162 en la próxima prórroga–), el día a día en Catalunya recuerda bastante a la situación vivida durante la segunda ola de COVID del pasado otoño. Las reuniones de más de 10 personas están prohibidas y los restaurantes, con un límite de 6 personas por mesa, deben cerrar a las 00:30. Tanto comercios como actividades culturales siguen teniendo restricciones y el aforo permitido oscila entre el 50 y el 70%. Tampoco está permitido comer ni beber en espacios públicos. Así ha respondido la Generalitat ante los peores datos del país: una incidencia de 1.088 casos por cada 100.000 habitantes –llegó a alcanzar los 1.240 la semana pasada– y un 44% de ocupación en UCI –aún en crecimiento–.El aumento desbocado de casos durante las primeras semanas de julio ha llegado ya tanto a los hospitales como a la Atención Primaria, ambos saturados y obligados a desprogramar visitas y cirugías no urgentes, y con un personal que ha llegado muy quemado y falto de fuerzas al verano. Los datos del martes registraron 585 ingresados en UCI y 2.977 pacientes en planta. Los profesionales sanitarios observan cómo el número de críticos sube a diario y se acerca al umbral de 650 ingresados, que supondría el aplazamiento de las intervenciones urgentes.Por otro lado, el turismo se ha recuperado respecto al año pasado aunque sigue a años luz de 2019. En Barcelona, todavía muchas persianas siguen bajadas en zonas que antes bullían en verano, como Las Ramblas. En junio pernoctaron en Catalunya 992.842 personas –690.000 de ellos residentes en otras partes del Estado–, según datos provisionales del INE, muy lejos de los 2,3 millones de hace dos veranos. Si se compara con los datos de 2020, cuando solo hubo 156.464 pernoctaciones en junio –el país todavía estaba bajo duras restricciones– el aumento es del 634%, informa Pol Pareja. La capital vuelve a ser una isla que funciona a contracorriente dentro del país. Hace unas semanas estaba a la cola en la vacunación, con más viales guardados en el almacén que el resto de comunidades y una polémica con las segundas administradas a destiempo. Madrid abrió entonces la vacunación nocturna y cedió parte de la labor a empresas privadas como El Corte Inglés o el Banco Santander, con lo que ha recuperado alguna posición. En cuanto a datos epidemiológicos, la incidencia ha ido subiendo sin que desde las autoridades se tomase ninguna medida para impedirlo. Actualmente, tiene la sexta incidencia más alta del país, con 718 casos por 100.000 habitantes y el índice a 7 días (365) lleva a pensar que todavía no ha tocado techo."Lo que tenemos que hacer ahora es no afectar más al comercio y a la hostelería mientras que no sea necesario", dijo la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso antes de la subida de casos. Es cierto que la situación hospitalaria, con un 9% de ocupación en planta y un 17% en UCI, ha permitido coger más aire que en olas anteriores, aunque la presión se nota. Pero no ocurre así en la Atención Primaria, primer escudo contra la transmisión comunitaria y dique de contención para las urgencias hospitalarias, que está especialmente débil y colapsada a en esta región. De momento el ejecutivo de Ayuso no contempla cambiar de estrategia porque “por ahora vamos bien”, así que mantendrá abierta la hostelería hasta la 1:00 de la mañana y el ocio nocturno hasta las 3:00. No obstante, ha suspendido las primeras dosis de los más jóvenes (de 20 a 29 años), que registran aquí una incidencia de 2.010 casos por cada 100.000. La región gobernada por Alberto Núñez Feijóo lanzó una de las medidas más controvertidas hace dos semanas: solo se podrá acceder a interiores de restaurantes o a locales de copas y discotecas disponiendo de una PCR negativa o del certificado de vacunación. Es una de las opciones de "ocio seguro" que han implantado otros países como Francia y que aquí quiere imitar también Canarias. No obstante, a los hosteleros no les ha sentado demasiado bien la normativa. "No somos policías y nadie nos ha enseñado cómo debemos proceder en la puerta de nuestros locales", se quejaba una empresaria nocturna de Vigo. Con una incidencia acumulada de 655 casos por 100.000 habitantes, pero unos datos asistenciales por debajo de la media española, Galicia también prohíbe los encuentros entre personas no convivientes entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana. No lo califica de toque de queda, pero tiene efectos prácticos similares. Las reuniones, a cualquier hora del día, no pueden ser de más de seis personas en interiores ni diez en exteriores. Paralelamente, aunque los hospitales no están en una situación crítica, los teléfonos habilitados para rastrear los contactos de los positivos sí que están saturados. Esto obliga a los ciudadanos gallegos a autogestionarse sus cuarentenas e interpretar las normas sin recibir asesoramiento profesional.La región gestionada por José Moreno Bonilla fue la primera en abrir de par en par el ocio nocturno y ampliar los horarios de bares y restaurantes tras el fin del estado de alarma. No tenía entonces los mejores datos y ahora tampoco, aunque las medidas a la hostelería y las discotecas apenas han cambiado. Hace una semana propuso un toque de queda de 2:00 de la mañana, justo cuando cierra el ocio nocturno, a 7.000 en aquellos municipios que superasen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, esta restricción a la movilidad nocturna no ha llegado a estrenarse: Villanueva de Córdoba, el único municipio andaluz que cumplía con los requisitos, se ha salvado porque su incidencia está "en descenso".En este contexto han aparecido imágenes de localidades costeras, receptoras de turismo, con calles llenas de personas o haciendo cola para acceder a locales de ocio nocturno que pueden funcionar con la normativa andaluza en vigor. Los llamamientos a la "prudencia" se han repetido en las intervenciones de los dirigentes andaluces, pero las restricciones sanitarias para frenar la multiplicación de los casos en las últimas semanas han sido mínimas. Para lo único que se ha pronunciado el ejecutivo andaluz es para exigir a Moncloa la obligatoriedad de las mascarillas en la calle, una medida más cosmética que útil dadas las incidencias actuales. La estrategia autonómica es la de "seguir intentando compatibilizar la actividad económica con la situación sanitaria", y la de avanzar con la vacunación. Actualmente, es la segunda comunidad más rápida –por detrás de Asturias– con el 99,9% de sus dosis ya administradas.La comunidad costera parecía haberse salvado del repunte que vivió España en abril, en la cuarta ola. Sin embargo, el impacto de la quinta se sintió por todo el territorio valenciano a mayor velocidad que en los demás. También es cierto que partía con la incidencia más baja del país y, por tanto, fue más fácil que volviera a remontar. En cualquier caso, el ejecutivo de Ximo Puig fue de los primeros en tomar medidas restrictivas haciendo gala de la "mano de hierro" que ha lucido toda la pandemia, como algunos epidemiólogos la han calificado. La capital y otros 31 municipios volvieron a ver restringida su movilidad nocturna tan solo 35 días después de que decayera el anterior toque de queda, algo que no ha sido plato de buen gusto para todos los ciudadanosNo obstante, la Justicia valenciana lo ha avalado junto a la limitación a 10 personas de las reuniones sociales. Tampoco se permite en la región ningún tipo de ocio nocturno. Según el Tribunal Superior de Justicia, las medidas del Gobierno valenciano son "equilibradas" y cumplen el juicio de "proporcionalidad" dado el aumento de las hospitalizaciones y "el colapso que se está ya produciendo en los centros de Atención Primaria". La Comunitat presenta una incidencia de 586, menor que Madrid o Andalucía, y una ocupación hospitalaria del 6,7% y del 12,3% en UCI.
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Los contrastes de la pandemia: de la falta de restricciones en Madrid al toque de queda valenciano
España es un país de contrastes, también en las medidas para atajar la quinta ola. El fin del estado de alarma dejó sobre la mesa la posibilidad de una gestión múltiple de la pandemia. En lugar de actuar a coro, las comunidades autónomas pudieron adaptarse a sus distintas realidades para frenar la transmisión del virus, y así hicieron. El problema es que ahora todas alcanzan el "riesgo extremo" en contagios y el escenario de restricciones no puede ser más desigual. Por un lado está la reapertura de las plantas COVID-19 en los hospitales, la aprobación de distintos toques de queda, las nuevas restricciones a la hostelería y las limitaciones a las reuniones y, por el otro, la flexibilidad absoluta. Una pandemia por capas que dibuja un verano muy diferente dependiendo de la zona geográfica que toque. Los números, vistos en conjunto, no son optimistas. A pesar de estar batiendo récords en vacunación, España tiene la segunda incidencia acumulada más alta de Europa y la situación asistencial está sufriendo en diferido la explosión de casos. Los ingresos en planta se han duplicado en solo dos semanas y las UCI se encuentran al 16,5% de su capacidad. Con este panorama, incluso las regiones más reticentes se han visto obligadas a tomar medidas. Aunque siempre hay excepciones. Catalunya, Andalucía, Galicia, la Comunitat Valenciana y Madrid son las comunidades que mejor representan esta variedad de posturas y realidades con las que se topan los ciudadanos: el toque de queda en un lado del espectro y las escasas limitaciones al ocio y a la movilidad en el otro. Todas, además, enfrentándose a la encrucijada imposible de "salvar el verano" o cortar la transmisión de forma drástica llevándose por delante los principales atractivos del turismo.Con el ocio nocturno cerrado y un toque de queda entre la 1:00 y las 6:00 en más de 165 municipios (que abarcan buena parte de la población –serán 162 en la próxima prórroga–), el día a día en Catalunya recuerda bastante a la situación vivida durante la segunda ola de COVID del pasado otoño. Las reuniones de más de 10 personas están prohibidas y los restaurantes, con un límite de 6 personas por mesa, deben cerrar a las 00:30. Tanto comercios como actividades culturales siguen teniendo restricciones y el aforo permitido oscila entre el 50 y el 70%. Tampoco está permitido comer ni beber en espacios públicos. Así ha respondido la Generalitat ante los peores datos del país: una incidencia de 1.088 casos por cada 100.000 habitantes –llegó a alcanzar los 1.240 la semana pasada– y un 44% de ocupación en UCI –aún en crecimiento–.El aumento desbocado de casos durante las primeras semanas de julio ha llegado ya tanto a los hospitales como a la Atención Primaria, ambos saturados y obligados a desprogramar visitas y cirugías no urgentes, y con un personal que ha llegado muy quemado y falto de fuerzas al verano. Los datos del martes registraron 585 ingresados en UCI y 2.977 pacientes en planta. Los profesionales sanitarios observan cómo el número de críticos sube a diario y se acerca al umbral de 650 ingresados, que supondría el aplazamiento de las intervenciones urgentes.Por otro lado, el turismo se ha recuperado respecto al año pasado aunque sigue a años luz de 2019. En Barcelona, todavía muchas persianas siguen bajadas en zonas que antes bullían en verano, como Las Ramblas. En junio pernoctaron en Catalunya 992.842 personas –690.000 de ellos residentes en otras partes del Estado–, según datos provisionales del INE, muy lejos de los 2,3 millones de hace dos veranos. Si se compara con los datos de 2020, cuando solo hubo 156.464 pernoctaciones en junio –el país todavía estaba bajo duras restricciones– el aumento es del 634%, informa Pol Pareja. La capital vuelve a ser una isla que funciona a contracorriente dentro del país. Hace apenas unas semanas estaba a la cola en la vacunación, con más viales guardados en el almacén que el resto de comunidades y una polémica rodeando a las segundas administradas a destiempo. Madrid abrió entonces la vacunación nocturna y cedió parte de la labor a empresas privadas como El Corte Inglés o el Banco Santander, con lo que ha recuperado alguna posición. Sin embargo, en cuanto a contagios, la tasa ha ido subiendo sin que desde las autoridades se tomase ninguna medida para impedirlo. Actualmente, tiene la sexta incidencia más alta del país, con 718 casos por 100.000 habitantes y el índice a 7 días (365) lleva a pensar que todavía no ha tocado techo."Lo que tenemos que hacer ahora es no afectar más al comercio y a la hostelería mientras que no sea necesario", dijo la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso antes de la subida de casos. Es cierto que la situación hospitalaria, con un 9% de ocupación en planta y un 17% en UCI, ha permitido coger más aire que en olas anteriores, aunque la presión se nota. Pero no ocurre así en la Atención Primaria, primer escudo contra la transmisión comunitaria y dique de contención para las urgencias hospitalarias, que está especialmente débil y colapsada a en esta región. De momento el ejecutivo de Ayuso no contempla cambiar de estrategia porque “por ahora vamos bien”, así que mantendrá abierta la hostelería hasta la 1:00 de la mañana y el ocio nocturno hasta las 3:00. No obstante, ha suspendido las primeras dosis de los más jóvenes (de 20 a 29 años), que registran aquí una incidencia de 2.010 casos por cada 100.000 habitantes.La región gobernada por Alberto Núñez Feijóo lanzó una de las medidas más controvertidas hace dos semanas: solo se podrá acceder a interiores de restaurantes o a locales de copas y discotecas disponiendo de una PCR negativa o del certificado de vacunación. Es una de las opciones de "ocio seguro" que han implantado otros países como Francia y que aquí quieren imitar también las islas Canarias. A los hosteleros no les ha sentado demasiado bien la normativa. "No somos policías y nadie nos ha enseñado cómo debemos proceder en la puerta de nuestros locales", se quejaba una empresaria nocturna de Vigo. Con una incidencia acumulada de 655 casos por 100.000 habitantes, pero unos datos asistenciales por debajo de la media española, Galicia también prohíbe los encuentros entre personas no convivientes entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana. No lo califica de toque de queda, pero tiene efectos prácticos similares. Las reuniones, a cualquier hora del día, no pueden ser de más de seis personas en interiores ni de diez en exteriores. Paralelamente, aunque los hospitales no están en una situación crítica, los teléfonos habilitados para rastrear los contactos de los positivos sí que están saturados. Esto obliga a los ciudadanos gallegos a autogestionarse sus cuarentenas e interpretar las normas sin recibir asesoramiento profesional desde la Xunta.La región gestionada por José Moreno Bonilla fue la primera en abrir de par en par el ocio nocturno y ampliar los horarios de bares y restaurantes tras el fin del estado de alarma. No tenía entonces los mejores datos y ahora tampoco, aunque las medidas a la hostelería y las discotecas apenas han cambiado. Hace una semana propuso un toque de queda de 2:00 de la mañana, justo cuando cierra el ocio nocturno, a 7:00 en aquellos municipios que superasen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, esta restricción a la movilidad nocturna no ha llegado a estrenarse: Villanueva de Córdoba, el único municipio andaluz que cumplía con los requisitos, se ha salvado porque su incidencia está "en descenso".En este contexto han aparecido imágenes de localidades costeras, receptoras de turismo, con calles llenas de personas o haciendo cola para acceder a locales de ocio nocturno que pueden funcionar con la normativa andaluza en vigor. Los llamamientos a la "prudencia" se han repetido en las intervenciones de los dirigentes andaluces, pero las restricciones sanitarias para frenar la multiplicación de los casos en las últimas semanas han sido mínimas. Para lo único que se ha pronunciado el ejecutivo andaluz es para exigir a Moncloa la obligatoriedad de las mascarillas en la calle, una medida más cosmética que útil dadas las incidencias actuales. La estrategia autonómica es la de "seguir intentando compatibilizar la actividad económica con la situación sanitaria" y avanzar con la vacunación. Actualmente, es la segunda comunidad más rápida –por detrás de Asturias– con el 99,9% de sus dosis ya administradas.La comunidad costera parecía haberse salvado del repunte que vivió España en abril, en la cuarta ola. Sin embargo, el impacto de la quinta se sintió por todo el territorio valenciano a mayor velocidad que en los demás. También es cierto que partía con la incidencia más baja del país y, por tanto, fue más fácil que volviera a remontar. En cualquier caso, el ejecutivo de Ximo Puig fue de los primeros en tomar medidas restrictivas haciendo gala de la "mano de hierro". La capital y otros 31 municipios volvieron a ver restringida su movilidad nocturna tan solo 35 días después de que decayera el anterior toque de queda, algo que no ha sido plato de buen gusto para todos los ciudadanosNo obstante, la Justicia valenciana lo ha avalado junto a la limitación a 10 personas de las reuniones sociales. Tampoco se permite en la región ningún tipo de local de ocio nocturno. Según el Tribunal Superior de Justicia, las medidas del Gobierno valenciano son "equilibradas" y cumplen el juicio de "proporcionalidad" dado el aumento de las hospitalizaciones y "el colapso que se está ya produciendo en los centros de Atención Primaria". La Comunitat presenta una incidencia de 586, menor que Madrid o Andalucía, y una ocupación hospitalaria del 6,7% y del 12,3% en UCI.Información realizada con la colaboración de Pol Pareja (Catalunya), Daniel Salgado (Galicia), Javier Ramajo (Andalucía) y Carlos Navarro (Comunitat Valenciana).
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Los obispos alertan de un "resurgir artificial de las dos Españas"
"Los enfrentamientos crecen y pareciera que asistimos a un resurgir artificial de 'las dos Españas' de tan dramático recuerdo". Los obispos españoles analizan la realidad española. Y lo hacen de forma catastrofista, ante "una situación sociopolítica convulsa", que ha llevado a nuestro país a "una profunda crisis institucional", que comparan con los momentos previos a la Guerra Civil. En una declaración llamada a ser el 'programa' de la Conferencia Episcopal (CEE) para los próximos cinco años, y que la Oficina de Prensa del Episcopado 'hizo pública' a través de la web (los responsables de la Iglesia española, sabedores del conflicto que podría acarrear con el Gobierno, han preferido un perfil bajo, muy en la línea de la falta de transparencia de la CEE), los obispos denuncian "la irrupción de estrategias mediáticas y políticas basadas en la posverdad" que llevan a una sociedad marcada por "la desvinculación, la desconfianza y el enfrentamiento".Las 'Orientaciones pastorales para el quinquenio 2021-25' de la Conferencia Episcopal muestran una sociedad cada vez más alejada de la religiosidad y los valores y, tal vez por ello, más crispada. Por primera vez en décadas, los obispos admiten que "la cultura ambiental que los españoles vivimos ya no es una cultura inspirada en la fe cristiana"."La defensa de las múltiples identidades desvinculadas, sin un relato compartido, genera el enfrentamiento para afirmar la propia posición. Queda poco espacio para la deliberación democrática, los relatos compartidos e incluso, simplemente, la palabra. Entre las instituciones afectadas por la desvinculación está la familia y la pertenencia activa a instituciones como la Iglesia", sostiene el documento, que traza "una situación sociopolítica convulsa" con "una profunda crisis institucional, en la que algunos grupos políticos quisieran abrir una segunda fase constituyente"."La puesta en cuestión de la Constitución, la monarquía, el poder judicial, junto a las fuertes tensiones independentistas en medio de una inédita crisis económica, llenan de preocupación e incertidumbre a la sociedad española", insiste el documento, que apunta cómo "los enfrentamientos crecen y pareciera que asistimos a un resurgir artificial de 'las dos Españas' de tan dramático recuerdo"."Abonan esta situación las iniciativas legislativas del Gobierno de coalición sobre la educación, la eutanasia, el aborto, la memoria democrática, el Consejo General del Poder Judicial, que van en la línea del proyecto de deconstrucción antes citado a escala global", denuncian los obispos españoles, que advierten de que estas iniciativas "ponen en riesgo la libertad y dificultan la imprescindible unidad, tan necesaria en plena crisis sanitaria y en los albores de una crisis económica de consecuencias sociales impredecibles".En cuanto a la situación eclesial, los obispos admiten que "la Iglesia española experimenta las consecuencias de la gran transformación", con distintos grupos de creyentes: los que "se manifiestan católicos" pero cuya participación en la vida eclesial "es muy débil y esporádica"; los "bautizados que se declaran católicos pero organizan su vida 'como si Dios no existiera'"; un "emergente grupo postsecular, insatisfecho con la propuesta de vida del progreso permanente y que no ha acogido ni la fe ni los prejuicios antirreligiosos"; y el grupo de "los inmigrantes católicos", en quienes depositan su confianza de cara al futuro. Y es que el análisis episcopal resalta "el descenso en el número de personas que participan en la vida sacramental". "Especialmente llamativo es el descenso de matrimonios, y como lógica consecuencia disminuyen los bautismos y comienza a descender de manera apreciable la participación en las primeras comuniones", analiza el documento, que también admite el "evidente" descenso de vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.Además, la constatación de que, "para muchas personas, las verdades cristianas son ahora incomprensibles y las normas morales que brotan del Evangelio se han vuelto inaceptables", recalcan los obispos, que inciden en que "las verdades que intentamos transmitir son de difícil comprensión y la propuesta moral muy difícil de aceptar"."Esto conlleva un profundo desafío cultural; la Iglesia, que a lo largo de los siglos ha generado tantísima cultura, hoy observa cómo el cine, el teatro, la música, las series de TV realizan propuestas culturales indiferentes o antitéticas a la cultura cristiana", denuncia la Iglesia española, que cuenta con sus propios canales de radio y televisión, así como con presencia en los medios de titularidad pública, en función de los Acuerdos Iglesia-Estado.Finalmente los obispos también se detienen en "algunas dificultades" que "han aparecido de manera recurrente en los medios". ¿Cuáles? "Los graves casos de abusos u otros comportamientos inadecuados, así como con la insistencia en asuntos patrimoniales como inmatriculaciones, IBI, etc., contribuyen a la pérdida de confianza en muchas personas". ¿Qué hacer? "Si no logramos superar esa desconfianza ambiental que, en amplios sectores de nuestra sociedad, se ha instalado respecto de la Iglesia, la evangelización se nos hace más difícil", y más contando que "no estamos ya en un régimen de cristianismo porque la fe –especialmente en Europa, pero incluso en gran parte de Occidente– ya no constituye un supuesto obvio de la vida en común; de hecho, frecuentemente es incluso negada, burlada, marginada, ridiculizada".Toda la información en www.religiondigital.org
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La tasa de incidencia frena su escalada y se queda en los 701 casos, pero crece la presión hospitalaria
España sigue sumando contagios, aunque a un ritmo menor que en semanas anteriores. En las últimas 24 horas, la tasa de incidencia acumulada ha alcanzado los 701 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, sin embargo, la presión hospitalaria sigue aumentando. Si este lunes había 9.384 pacientes ingresados con COVID-19, este martes ya hay 9.522 personas con la infección en hospitales. Este martes, Catalunya ha vuelto a prorrogar otra semana el toque de queda, que afectará a 162 municipios. La Generalitat alarga dicha restricción hasta al menos el 6 de agosto debido a la alta incidencia y a la presión hospitalaria, que ha obligado a aplazar otras intervenciones no urgentes. Navarra también ha pedido prorrogar el toque de queda. En la otra cara de la moneda esta Canarias, donde el toque de queda ha quedado descartado. El Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno, considera que el auto del TSJC concluye de forma razonada que carece de justificación la limitación de la libertad de circulación propuesta.
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El Vaticano pone a la venta el palacio de Londres que tumbó a un cardenal por malversación
"Se está preparando la venta del palacio de Londres, se están emprendiendo acciones legales contra quienes creemos que han perjudicado los intereses de la Santa Sede". La víspera del macrojuicio que sentará en el banquillo, por primera vez en la historia, a un cardenal acusado de malversación de fondos, y a una decena de antiguos altos cargos de la economía vaticana, el superministro de Economía del Papa, el jesuita español Juan Antonio Guerrero, ha anunciado que el Vaticano se desprenderá del polémico palacio londinense que ha supuesto varios cientos de millones de pérdidas para el Óbolo de San Pedro, el dinero que los fieles de todo el mundo donan al Papa para que se lo dé a los pobres. Más de 450 millones de euros que acabaron en otras manos, y que el prefecto de Economía de la Santa Sede admite que Roma no recuperará.Y es que el Vaticano plantea el juicio contra el cardenal Angelo Becciu, Cecilia Marogna, Gianluigi Torzi –el broker de la operación– y antiguos representantes de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA) como "un punto de inflexión" que permitirá, o eso piensan, a la Iglesia romana recuperarse de un déficit de credibilidad que, sumado a la pandemia, han arrojado las peores cifras que se recuerdan. "Espero que los pasos que se están dando en la dirección correcta de una mejor gestión, un control más eficaz y una mayor transparencia ayuden a recuperar la credibilidad", afirma, rotundo, el jesuita Guerrero.Uno de esos pasos vio la luz este fin de semana con la publicación de dos informes económicos que aportaban datos inéditos acerca de las cuentas y propiedades vaticanas. Desde la creación, en 1967, de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, jamás se había hablado a las claras de ingresos y gastos en el Estado pontificio. Una muestra de transparencia que algunos ven como una cortina de humo para dejar caer a Becciu y sus secuaces y que otros valoran por el hecho de que Roma no esconde un déficit de 66,3 millones de euros sólo en 2020, frente a los 11,1 del año anterior. Más de cincuenta millones en números rojos. Tal como se especifica en el informe publicado, mientras que en 2019 las actividades de la APSA generaron 73,21 millones de euros, en 2020 estas fueron de 21,99 millones. Del mismo modo, el organismo redujo su contribución a la Curia romana, de 41,2 millones en 2019 a 20,6 millones en 2020.El segundo informe, también inédito, ha mostrado por primera vez el patrimonio que la Santa Sede tiene repartido por el mundo: se trata de un total de 5.171 propiedades, que tendrían un valor de mercado superior a los 883 millones de euros. La gran mayoría (4.051) están en Italia, mientras que 1.120 se encuentran en el extranjero, fundamentalmente en Francia, Alemania o Suiza.La cifra puede parecer escasa, pero hay que aclarar que se trata de edificios propiedad del Estado vaticano, no de diócesis o congregaciones religiosas, y que en los mismos no se incluyen iglesias, conventos ni casas de oración. Tampoco las sedes de las nunciaturas, que normalmente son palacios cedidos por el país donde se encuentra la delegación diplomática vaticana. En cuanto a los bienes italianos, el Vaticano alquila a tarifas de mercado el 14% de sus propiedades, mientras que el 40% son edificios cedidos a instituciones y que albergan hospitales, escuelas u hospicios. Del mismo modo, el informe resalta que Roma ha comprado propiedades como inversión en áreas exclusivas de Londres, Ginebra, Lausana y París.El más conocido, el palacio de Sloane Avenue 60, que ahora, pocas horas antes de que arranque el mayor juicio por corrupción de la historia contemporánea de la Iglesia católica, el Vaticano pone a la venta. ¿Operación de marketing o auténtico esfuerzo por recuperar la credibilidad? El resultado del juicio, y las futuras reformas emprendidas por Francisco dirán.Toda la información en www.religiondigital.org
2 d
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Los tests de autodiagnóstico para la COVID-19 aumentan la presión en Urgencias: cómo evitar la sobrecarga
Los autotest de antígenos –que detectan una potencial infección por el virus SARS-CoV-2 en aproximadamente 15 minutos– son una realidad en las farmacias de toda España desde el 20 de julio. La llegada de estas pruebas, que no necesitan receta médica, ha estado marcada por las dudas de parte de los sanitarios sobre su correcta utilización entre la población general y su potencial papel para ayudar a controlar los contagios por coronavirus.La autorización para vender pruebas de autodiagnóstico sin receta se ha producido cuando, desde hace unas semanas, diferentes comunidades autónomas están comunicado episodios de saturación en sus servicios de Urgencias y Atención Primaria por el aumento drástico de la incidencia de casos y el de contactos con personas infectadas. A eso se le están añadiendo en los últimos días, además, las personas que acuden a estos servicios porque han tenido un test de antígenos con resultado positivo. Para intentar limitar la sobrecarga, diferentes autoridades sanitarias están informando públicamente sobre los pasos a seguir cuando estas pruebas marcan una infección activa.Es el caso de la Consejería de Sanidad de Cantabria, que ha solicitado públicamente a las personas con test de autodiagnóstico positivo que no acudan a Urgencias si no tienen sintomatología grave, porque están "saturando" este servicio. Según informa la Consejería en un comunicado, tras la entrada en vigor de la dispensación libre en farmacias de estos test de antígenos, varios servicios de emergencias sanitarias de la región "están saturados de forma innecesaria" por personas que acuden a realizarse la prueba PCR confirmatoria tras el resultado positivo del test.Por su parte, el Ministerio de Sanidad informa en el documento de Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 (actualizado el 5 de julio) que "teniendo en cuenta que [los autotests de antígenos] suelen utilizarse en personas asintomáticas y con una baja probabilidad pretest, los resultados positivos deberán ser confirmados. De cara a la interpretación de los resultados es muy importante reforzar el mensaje de que un resultado negativo no excluye la infección ni exime del cumplimiento de las medidas de control recomendadas". Además, Sanidad comunicó recientemente que había llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas para que, en caso de positivo en test de antígenos, las personas se consideren "posible caso" y puedan confirmar su positivo con una prueba de infección activa en la red pública de sanidad. Aunque la fiabilidad de estos test depende en gran medida de la incidencia de casos en una población, un resultado positivo en estas pruebas indica una elevada probabilidad de infección (son pruebas muy específicas). Sin embargo, dar positivo se considera en España "caso sospechoso" y se requiere un diagnóstico de confirmación mediante prueba de infección activa (PCR o test de antígenos) para comprobar si realmente existe infección.Los pasos clave a dar una vez conozcamos el resultado positivo son los siguientes: si la persona se encuentra bien o no tiene síntomas, esta debe aislarse de los demás en casa y contactar por teléfono o Internet con los servicios ofrecidos por cada comunidad autónoma para los pacientes sospechosos de estar infectados por el coronavirus. Estos establecerán la prueba confirmatoria y el rastreo de contactos en caso de ser positiva.No se debe acudir directamente a Urgencias o a Atención Primaria, pues contribuye a la saturación de estos servicios sanitarios y se puede contagiar a otras personas. Si el individuo tiene síntomas que afectan en grado variable a su salud (sensación de falta de aire, por ejemplo), debe comunicarlo a los servicios sanitarios responsables para que valoren la opción más adecuada: urgencias en Atención Primaria o en el hospital, cita normal, etc...En caso de ser contacto estrecho con una persona con infección confirmada, un test de antígenos negativo no sirve para descartar la infección y es necesario igualmente guardar 10 días de cuarentena para las personas no vacunadas. Con respecto a las personas vacunadas, las actuales recomendaciones dictan que quienes tengan pautas de vacunación completa ya no tendrán que guardar cuarentena, aunque se recomienda la realización de una PCR al inicio y a los siete días del último contacto con el caso confirmado. La justificación tras esta postura se debe a que, aún en el caso de infección en estas personas, la carga viral es considerablemente menor que aquellas no vacunadas y, por tanto, también el riesgo de contagio. En cualquier caso, las personas vacunadas que hayan tenido contacto estrecho con casos confirmados deben evitar relacionarse con personas vulnerables y no vacunadas, continuar con el uso de mascarilla en las interacciones sociales y evitar acudir a eventos multitudinarios. Hay tres excepciones que obligan a mantener la cuarentena aunque el individuo esté vacunado: cuando este sufra inmunodepresión, es decir, un mal funcionamiento del sistema inmune. Cuando se sospecha contagio a partir de visones o cuando se detecta que la infección está producida por las variantes beta y gamma del SARS-CoV-2. Es necesario contactar telemáticamente con los servicios sanitarios en caso de que surgieran síntomas durante la cuarentena.Un resultado positivo en el test de antígenos es justificación suficiente para no acudir físicamente al trabajo y evitar así contagiar a los demás. Si la persona con resultado positivo en el test de antígenos necesitara baja médica para poder aislarse en casa y no asistir al trabajo, el médico de Atención primaria puede realizarla con carácter retroactivo.
2 d
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España afronta una paradoja con su quinta ola: récord europeo en vacunación y a la vez en contagios
Hay dos contadores que dibujan la trayectoria de la pandemia en todo el mundo: ritmo de vacunación y número de contagios. Y España anota récords en los dos. En comparación con otros países del entorno, el plan de inmunización destaca a pesar de las complicaciones del verano y del reducido lote de vacunas apalabrado para julio por la Unión Europea. Este fin de semana se alcanzó el 54,7% de la población con la pauta completa, el 65% con al menos una dosis y se superó por primera vez a Reino Unido, hasta ahora el vecino más rápido en su campaña de vacunas.Este hito ha hecho que España luzca de verde intenso en el mapa del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Un color que comparte con líderes en vacunación de la UE como Irlanda del Norte, Malta o Hungría, países mucho menores en tamaño y en población. En el otro lado de la balanza, el mapa de contagios, en el que España destaca para mal y en color rojo. Con 700 casos por cada 100.000 habitantes, es el segundo país europeo con la incidencia más alta por detrás de Reino Unido. Justo después está Países Bajos, con 673 casos.Hace tiempo que la incidencia dejó de ser el indicador más importante, siempre que no repercuta en la presión asistencial. El problema es que sí está teniendo efecto en hospitales y centros de Atención Primaria y, además, está provocando una respuesta de los países de alrededor, que la siguen tomando como baremo principal. Francia o Alemania recomiendan no viajar a España este verano y las comunidades siguen en la encrucijada de atajar los contagios sin castigar demasiado al turismo de fiesta y restauración.La quinta ola ha generado una paradoja en los datos epidemiológicos y en la situación de España de cara al exterior. La vacunación ha conseguido proteger a los más vulnerables de la explosión de contagios, pero por sí sola no puede frenarla. Y aunque la cobertura de los mayores de 40 años está cerca de culminar (92% con al menos una dosis y 86% con la pauta entera), las vacunas administradas a los grupos de edad más expuestos siguen siendo insuficientes. "El 83% de los positivos está sin vacunar", recuerda Saúl Ares, investigador del CSIC. Entre 20 y 29 años, el rango de edad más disparado, apenas el 37,5% ha recibido la primera inyección. De 12 a 19, un grupo con una incidencia de 1.624, solo el 7,5% está a medio inmunizar."Hace un mes y medio, las instituciones repitieron el mensaje de que la pandemia ya no era un problema de Salud Pública, sino de salud individual. Esto fue música para los oídos de los jóvenes, que llevaban un año encerrados para no exponer a los más débiles. De pronto les dijeron que no pasaba nada, que se podía salir y hacer lo que quisieran", indica Ares. Aunque la gente de más edad lleva meses con la pauta completa, lo que ha cambiado para el científico es el mensaje que ha recibido la población. "En Reino Unido y Escocia ocurrió lo mismo, se confiaron en la bajada de casos y el ritmo de vacunación, mientras que otros países menos drásticos aguantaron la oleada mejor", explica. Gloria Hernández Pezzi, exjefa del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, llama a la cautela con las comparaciones entre países porque, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, "las circunstancias no son las mismas y hacen que las ondas no vayan al mismo ritmo ni de forma simultánea en todas partes". Ella apunta a una confluencia de factores que han conducido a España a la situación actual, entre los que destaca "un aumento excesivo de la confianza" basado en el éxito de la vacunación y el descenso "a riesgo medio" en junio tras estar meses en riesgo alto y extremo."Con la ilusión de mejoría y las esperanzas de recuperación económica, las autoridades relajaron las restricciones –quizás antes de tiempo– y unido a la llegada del buen tiempo, la movilidad y las vacaciones, los ciudadanos bajamos un poco la guardia. El resultado ha sido un claro empeoramiento de la situación en julio”, señala.De acuerdo con los últimos datos, en nuestro país la inmensa mayoría de las personas contagiadas actualmente estaba sin inmunizar (83%) y solo el 5% estaban completamente vacunadas, una cifra que los científicos piden contextualizar para no alarmar. "Se aprecia claramente que la mayoría de los casos se dan en no vacunados. Me gustaría insistir en que ninguna vacuna es efectiva en el 100% de la población, incluidas las que tenemos frente a la COVID-19. Siempre va a haber personas cuya respuesta no sea optima o que tengan patologías de base", ha precisado Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, este lunes en rueda de prensa.De hecho, esas cifras de "fallo vacunal" entran dentro de las esperadas y solo arrojan una conclusión: que los sueros contra la COVID-19 funcionan y protegen de los cuadros más graves de la enfermedad. También son efectivos contra la variante Delta, culpable de la alta transmisibilidad del virus y de la velocidad de los contagios, pero no de síntomas más graves.Hernández señala que “la vacunación va a muy buen ritmo, pero aún no hemos alcanzado el escenario al que debemos llegar, pues aún faltan por completar dosis y fundamentalmente cubrir a todas las edades”. La población joven es la que aún no ha sido vacunada y también un colectivo "con mucha movilidad y tendencia a la sociabilidad", recuerda la experta, que apunta además a que la vacunación "reduce los efectos graves de la enfermedad, pero no es una garantía para evitar el contagio", por lo que "la sensación extendida de mejoría es una percepción que puede resultar engañosa".Ares comparte que la falta de medidas ha reforzado "las ganas de salir de la gente joven, sin vacunar y sin factores de riesgo", porque se les transmitió que no había riesgo de infectar a los más débiles y que las posibilidades de hospitalizar eran mínimas. Además, Atención Primaria, que debía actuar como escudo, se ha visto sobrepasada en esta quinta ola, con lo que el efecto de la subida también se ha notado más de lo deseable en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. "El esfuerzo hay que ponerlo en cortar la transmisión cuanto antes porque sabemos que la incidencia se traduce luego en hospitalizaciones", ha pedido la secretaria de Estado de Sanidad.Los hospitalizados por COVID se han multiplicado en la mitad de las provincias españolas, en algunos casos por nueve, y muchas superan el 10% de ocupación en UCI. Algo esperable según la evolución de las etapas de la enfermedad, que ha seguido el mismo esquema desde el comienzo de la pandemia: la subida de contagios se nota dos semanas después en los hospitales, tres en los ingresos en UCI y, finalmente, en los decesos. La media de edad de los afectados en la quinta ola ha roto un poco esta tendencia, sobre todo respecto a los fallecidos. Por otro lado, el investigador del CSIC confía en que la percepción del riesgo haya aumentado un poco en las últimas semanas y que la curva de contagios empiece a revertir antes de lo que imaginamos. "En el momento en el que la incidencia sube, asusta. La gente reacciona en tiempo real y cambia un poco su comportamiento, incluso antes de que las autoridades tomen medidas", piensa Ares. De hecho, el indicador más fiable para observar el ritmo de la transmisión es la incidencia a 7 días, que ha empezado a descender ligeramente antes de la avalancha de restricciones anunciada por las comunidades autónomas. En estos momentos ese dato de 338 casos por 100.000 habitantes, menos de la mitad de la incidencia a 14 días, que está en 700. "Los políticos pueden hacerse trampas al solitario, pero la población ha entendido por su cuenta que gestionar un alto número de contagios no es tan sencillo", asegura. Con todo, la secretaria de Estado Calzón ha querido poner el foco con una fórmula algo distinta: comparar "cuánto de frecuente es hospitalizar con la vacuna puesta frente a no estar vacunado. Cuánto de riesgo me ahorro por estar vacunado frente a una hospitalización. Y los datos "son abrumadores a favor de la vacunación. Esta nueva onda lo refleja ya que los vacunados tienen menos hospitalizaciones", ha rematado Calzón.  Sobre si la quinta ola azotará en diferido a otros países del entorno, como ha ocurrido en otros momentos de la pandemia, el investigador no se atreve a vaticinar: "Los países que intenten mantener a la población concienciada mientras avanzan en la vacunación, podrán evitar una quinta ola con nuestras incidencias. Los que se apresuren a abrir la mano con las medidas, presentarán una paradoja como la nuestra".Mapas, por Victória Oliveres.
2 d
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La guerra contra los expertos y la COVID-19: ¿vuelve el culto a la ignorancia?
"Guárdense del consenso de los ‘expertos’", advertía desde su titular un artículo de opinión publicado en el Washington Post por la columnista Megan McArdle a finales de mayo. "Parece que [este] era algo ilusorio y habría sido bueno recordar que, como el resto de nosotros, los científicos son propensos al pensamiento grupal y que las preocupaciones no científicas pueden infiltrarse en sus declaraciones públicas", arrancaba el texto.McArdle explicaba lo fácil que era caer en "la trampa de ‘los expertos dicen" y sugería que esta "ilusión de cuasi infalibilidad" prometía certezas en una época en la que el mundo está siendo mucho menos predecible de lo que pensábamos.¿Razonable? El artículo criticaba que el "consenso de los expertos" hubiera encerrado en un ataúd la desde entonces resucitada hipótesis —hasta la fecha sin evidencias— de que el SARS-CoV-2 salió de un laboratorio de China."Los expertos no nos han contado la historia completa sobre la teoría del escape del laboratorio durante un año, ¿cómo sabemos si nos están contando la historia completa sobre el cambio climático?", se preguntaba en Twitter el senador conservador australiano Matthew Canavan días después. De alguna forma, había seguido el consejo de McArdle.Las palabras de Canavan son reflejo del llamado "antiintelectualismo", la desconfianza hacia los expertos. No es un problema nuevo: "En Estados Unidos hay un culto a la ignorancia, y siempre lo ha habido. […] Ahora los oscurantistas tienen una nueva consigna: ‘¡No confíes en los expertos!", escribió en 1980 Isaac Asimov en una columna sobre este tema publicada en Newsweek. Hoy, algunos investigadores se preguntan cómo afecta esta actitud a la percepción de la pandemia."El antiintelectualismo ha jugado un papel poderoso moldeando la reacción del público a la pandemia", aseguraban los autores de un estudio publicado este año en la revista Nature Human Behaviour. El coronavirus ha bajado a la propia ciencia de su pedestal, pero son los expertos e investigadores quienes están en primera línea: comunican mensajes de salud pública, desmienten bulos y forman parte de la respuesta de los gobiernos a la covid-19.Esta desconfianza, aplicada a la pandemia y según los autores del trabajo, reduciría la percepción del riesgo que supone el coronavirus y la adherencia a las medidas, y aumentaría las percepciones erróneas.Los resultados, obtenidos a partir de encuestas con miles de canadienses, confirmaron esa hipótesis. "El antiintelectualismo supone un reto fundamental para mantener e incrementar el cumplimiento del público de las directrices de salud pública contra la covid-19 planteadas por los expertos", concluían en el artículo.El investigador de la Universidad de Ontario (Canadá) y coautor del trabajo, Eric Merkley, asegura a SINC que son muchas las razones que pueden llevar a la población a desconfiar de los expertos. "Pueden tener creencias populistas por las que ven a los expertos como un grupo de élites que se opone a los intereses de la gente", asegura. Así, la ideología puede empujar a algunas personas a "rechazar" la opinión de los especialistas.Merkley pone como ejemplo el cambio climático: "Tiene implicaciones políticas que se oponen a las creencias que tienden hacia la derecha, por lo que este tema puede crear animosidad frente a los expertos".Otro motivo, afirma, es la religiosidad, "típicamente ligada al antiintelectualismo porque la autoridad científica en ocasiones se ve como una amenaza para la autoridad religiosa". También el miedo a la tecnología. "La conclusión es que científicos y expertos tiene un poder sobre las decisiones políticas que los lleva a tomar posiciones que amenazan los intereses y valores de ciertos grupos de ciudadanos", añade Merkley.El investigador advierte de que estas actitudes "importan" en países como Canadá y Estados Unidos, donde han "moldeado" las actitudes y el comportamiento del público en todo lo que rodea a la pandemia de covid-19.El sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid Josep Lobera considera normal que estas mentalidades afloren en tiempos difíciles. "Es mucho más fácil vender que el pueblo está mal por culpa de las élites políticas, científicas y tecnocráticas cuando hay una crisis", explica. Ante eventos complejos sin una explicación sencilla y rodeadas de miedo e incertidumbre, determinadas personas se "activan" y "compran" este tipo de ideas.Lobera cree que es importante "delimitar bien las fronteras" al hablar de este tema. Separa así entre la mentalidad anticiencia —minoritaria en España, según explica—, la conspirativa y el populismo anticientífico. Este último lo identifica con Trump y Bolsonaro y sus "interpretaciones políticas" de la ciencia. Sería, por lo tanto, una "rama política" distinta de las otras dos, aunque "a veces se entrecrucen".Estas posiciones no son un bloque cerrado y delimitado. "Tienen un rango muy amplio que va desde las dudas razonables, sutiles e informadas hasta el descreimiento total ante cualquier informe técnico no avalado por el partido político afín", matiza Lobera.También aclara que son actitudes que siempre han estado ahí, en ocasiones escondidas dentro de cada persona. "En 2019 no veías personas conspiranoicas porque el mundo estaba tranquilo. De repente, en 2020 te sientas con mascarilla en una terraza con tu primo y descubres una dimensión suya que no conocías porque el contexto es diferente", comenta. "Él siempre ha sido así, se defiende de esa forma de una incertidumbre que hasta entonces no existía a ese nivel".Aunque el trabajo de Merkley advierta de los peligros de la desconfianza hacia los expertos, lo cierto es que la actitud de la población ante la ciencia ha mejorado durante la pandemia. Así lo muestran numerosas encuestas publicadas por todo el mundo en el último año.El investigador de la Universidad de Warwick (Reino Unido) Eric Jensen cree que la actitud de la población se ha vuelto más positiva hacia la ciencia y asegura no ver evidencia de que haya un "sector creciente" de personas con mentalidad antiintelectualista. Merkley tampoco lo piensa. De hecho, espera que la confianza aumente debido a que "la ansiedad de la gente ha hecho que se vuelvan hacia las autoridades científicas"."En estos tiempos de desinformación son unas raras buenas noticias", aseguraba Jensen en una correspondencia publicada en Nature en la que compartía los resultados de algunas de estas encuestas. Por ejemplo, los niveles de confianza en la ciencia aumentaron en Alemania de un 46 % en 2019 a un 60 % en noviembre de 2020, antes de que se aprobaran las vacunas contra la covid-19. El pico, sin embargo, se alcanzó en abril de 2020, con un 73 % de apoyo.Lobera afirma que esos vaivenes nos recuerdan no debemos sacar conclusiones precipitadas, al menos en el caso de España. "Con los datos de nuestro país no podemos decir que la gente confía más en la ciencia", dice. "Para la gente ha sido un año y medio de shock, y en ese contexto hay quien reacciona creyendo en la ciencia y poniéndole velas como si fuera infalible; y hay quien duda del cura y del científico".Por eso cree importante esperar a que cada sector salga del estado de conmoción imperante para ver cómo se modula todo. En tiempos difíciles, algunos tienen una actitud "exageradamente confiada y cientifista" y otros reaccionan ante la incertidumbre con pensamientos conspirativos.Jensen admite que puede haber "una pequeña tendencia hacia la polarización" que haga que la visión de las personas sobre estos temas se vuelva más firme, ya sea hacia un lado o hacia otro. Lobera coincide con esa apreciación y pide prudencia: "La pandemia nos polariza, no podemos hablar de una tendencia social", aclara. "Tenemos tendencias sociales divergentes, con grupos con una mayor confianza en la ciencia y grupos con una mayor mentalidad conspirativa y anticientífica".Esta polarización ya la sugirió la tercera ronda de la Encuesta de Percepción Social de aspectos científicos de la covid-19, elaborada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y dirigida por Lobera. Según sus resultados, uno de cada cuatro españoles cree que existen organizaciones secretas que influyen en las decisiones políticas y casi un tercio piensa que las mascarillas son malas para la salud.Las futuras encuestas de percepción de la ciencia deberán ser muy cuidadosas a la hora de evaluar los cambios en la polarización de la ciudadanía, explica Lobera. "Será interesante, porque puede que la media no cambie mucho pero cuando mires más a fondo resulte que haya grupos que se han ido hacia los extremos".¿Qué sucederá cuando acabe todo? "Es imposible saber si estos cambios hacia una mayor confianza en la ciencia se mantendrán a largo plazo más allá de la pandemia, pero hay una buena posibilidad de que perduren", confía Jensen. Pone como ejemplo un precedente histórico: el ambiente procientífico que siguió a los logros científicos y tecnológicos de mediados del siglo XX.Lobera es más cauto: "Vamos a salir más desiguales de esta crisis en lo referente a creencias, estado de ánimo e interpretaciones. Las teorías conspirativas durarán décadas"."Hay quien tendrá la pandemia en su vida durante muchos años, o seguirán anclados en 2020 y 2021. Algunos no recuperarán su economía, su vida ni su pareja perdida. Otros están hoy peor que nunca", dice. Por el contrario, "hay grupos que ya se han olvidado de la covid-19". Por eso no ve la situación en términos de principio y final, sino como "un chicle que se estira" más para unos que para otros.Merkley aclara que el antiintelectualismo puede variar entre grupos de ciudadanos, contextos nacionales y a lo largo del tiempo, pero que existen pocos datos para plantear un perfil demográfico común entre países."Según los datos de Canadá y Estados Unidos, los individuos con un alto sentimiento antiintelectualista tienen un nivel educativo y socioeconómico menor, son más religiosos y tienden a vivir en áreas rurales y ser hombres", resume. "Tienen menos aptitudes científicas, una menor inclinación a evaluar con cuidado la información nueva y se inclinan hacia la derecha política y el populismo".Este perfil, sin embargo, no tiene por qué ser extrapolable a otros lugares. Asegura que no existe evidencia de que el sentimiento antiintelectual sea "más pronunciado" en unos países que en otros pero, de nuevo, compara las similitudes entre Canadá y Estados Unidos."La diferencia fundamental que separa a países como Estados Unidos y Brasil del resto es el grado en el que las élites políticas usan una retórica antiintelectual para polarizar a su público", comenta Merkley. Cuando medios y partidos concretos recurren a ella, la "atan a un conflicto ideológico con una extensión mucho mayor". El resultado, advierte, tiene "enormes consecuencias para la salud pública". Pone como ejemplo las "catastróficas" tasas de vacunación en los estados republicanos de Estados Unidos.Merkley explica que lo más importante para evitar el antiintelectualismo es que políticos y partidos alcancen un consenso para que este concepto no quede unido a una ideología polarizada concreta. "Ese barco ha zarpado en varios países", asegura. La solución, según el investigador, pasa por elevar los mensajes de aquellos líderes de opinión que "se toman la covid-19 en serio" y atraer a los ciudadanos con este tipo de mentalidad."Puede haber formas de plantear la vacunación de la covid-19 de formas que atraigan a los conservadores que desconfían en los expertos más allá de simplemente apoyarse en la autoridad científica para lograr esa persuasión", añade Merkley.En contextos tan polarizados como el de Estados Unidos, piensa, este viaje será una "enorme cuesta arriba". El club de la ignorancia que denunciaba Asimov hace 40 años no desaparecerá con el coronavirus. Con suerte, tampoco aumentará su lista de miembros.
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eldiario.es
El sentimiento de soledad se ha duplicado en toda la UE desde el inicio de la pandemia
El sentimiento de soledad se ha duplicado en toda la Unión Europea desde el inicio de la pandemia, hasta el punto de que uno de cada cuatro ciudadanos de la UE ha reconocido sentirse solo durante los primeros meses de la expansión del coronavirus, según un informe del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea presentado este lunes. En el caso de España, el sentimiento de soledad ha pasado del 11,6% de los encuestados antes de la pandemia al 18,8%, con un incremento de 7,2 puntos, de los menores de toda la Unión. El informe cuenta con estudios recientes sobre la soledad y el aislamiento social en la UE, y analiza también la encuesta de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, que muestra que los sentimientos de soledad se duplicaron en todos los grupos de edad en los primeros meses de la pandemia, si bien se cuadruplicó entre los jóvenes de 18 a 35 años, en comparación con 2016. La cobertura de los medios de comunicación en toda la Unión sobre el fenómeno de la soledad también se duplicó durante la pandemia, y la conciencia del problema fue diferente entre los Estados miembros. La vicepresidenta de Democracia y Demografía, Dubravka Šuica, ha dicho: "La pandemia ha puesto de relieve problemas como la soledad y el aislamiento social. Estos sentimientos ya existían, pero había menos conciencia pública de ellos. Con este nuevo informe, podemos comenzar a comprender y abordar mejor estos problemas". La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha dicho, por su parte, que "la soledad es un desafío que afecta cada vez más a nuestros jóvenes, pero para abordar cualquier desafío de manera eficaz, primero debemos comprenderlo". El informe presentado este lunes es el primer paso de un trabajo entre el Parlamento Europeo y la Comisión. El proyecto incluirá una nueva recopilación de datos sobre la soledad en toda la UE, que se llevará a cabo en 2022, y el establecimiento de una plataforma web para vigilar la soledad a lo largo del tiempo y en toda Europa. Las investigaciones muestran que la soledad y el aislamiento social tienen repercusiones nocivas sobre la salud física y mental, así como importantes consecuencias para la cohesión social y la confianza de la comunidad. Así, tanto la soledad como el aislamiento social se reconocen cada vez más como problemas críticos de salud pública que merecen atención y deben abordarse con estrategias de intervención eficaces. La pandemia de COVID-19 también ha cambiado drásticamente la vida y las prácticas sociales de los europeos. Las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social adoptadas para contener la propagación del virus han provocado discusiones públicas sobre los efectos secundarios no deseados, particularmente en forma de soledad y aislamiento social. Algunos temen que el precio de la soledad pueda tener consecuencias mucho después de que el virus retroceda.Este informe ofrece una descripción general del estado actual sobre la soledad y el aislamiento social en la UE utilizando dos fuentes de información complementarias: encuestas y datos de medios online."La pandemia ha aumentado los niveles ya preocupantes de soledad en Europa", afirma el informe: "Las medidas de distanciamiento social han sido fundamentales para limitar la expansión del virus. Sin embargo, también existe una creciente preocupación por el impacto que la remodelación de la vida social del año pasado podría tener sobre la soledad, en particular para las personas que ya eran más propensas a la soledad en el período prepandémico". Así, la prevalencia de la soledad aumentó drásticamente en los primeros meses posteriores al brote de la COVID-19. "Mientras que en 2016 alrededor del 12% de los ciudadanos de la UE indicaron sentirse solos más de la mitad del tiempo, esta proporción aumentó al 25% en los primeros meses posteriores al brote de COVID-19. Otras emociones negativas como sentirse tenso o desanimado siguieron la misma tendencia, mientras que las emociones positivas como sentirse alegre, tranquilo, activo o descansado se movieron en la dirección opuesta".Una gran parte del debate público sobre la soledad se ha centrado hasta ahora en los adultos mayores, ya que a menudo se los considera la población más vulnerable. Esto se debe a que el envejecimiento está asociado con otros factores de riesgo de soledad, explica el estudio. "Sin embargo, durante los primeros meses de la pandemia, los adultos jóvenes han sido, con mucho, los más afectados por las medidas de distanciamiento social", analiza. Más concretamente, "la proporción de personas de 18 a 25 años que indicaban sentirse solos casi se cuadruplicó en los primeros meses de la pandemia (del 9% en 2016 al 35% a principios de 2020). El trabajo considera que es esperable que este sentimiento de soledad entre los adultos jóvenes "sea de naturaleza transitoria, sin embargo, la edad adulta joven es también un momento asociado a menudo con dejar el hogar familiar y pasar a una nueva etapa en la vida. En este contexto, el impacto de más de un año de reducción de los contactos personales podría seguir sintiéndose mucho después de que la pandemia desaparezca". "Se deben realizar análisis adicionales para evaluar más a fondo el impacto de la pandemia en la generación joven y diseñar estrategias de intervención apropiadas, si es necesario", afirma el documento.Las relaciones cara a cara con familiares cercanos reducen la incidencia de la soledad. Pero, dice el estudio, "vivir solo ha hecho que sea más difícil hacer frente a las medidas de distanciamiento social. Las personas que viven solas experimentaron un aumento en la prevalencia de la soledad en 23 puntos porcentuales en comparación con los niveles observados antes de la pandemia". Por tanto, los primeros meses de la pandemia han sido especialmente difíciles para quienes viven solos.También hay una serie de otros factores de riesgo. Las condiciones económicas favorables (ingresos del hogar) protegen contra la soledad: esto fue igualmente cierto antes y durante la pandemia, según los datos. La mala salud está asociada con la soledad. "En el período previo a la pandemia, alrededor del 32% de los encuestados que indicaron que tenían mala salud también informaron que se sentían solos más de la mitad del tiempo. Esta cifra contrasta con el 8% entre las personas con buena salud. En los primeros meses de la pandemia, la incidencia de la soledad aumentó al 46% para los encuestados con mala salud y al 20% para los que gozaban de buena salud. Por lo tanto, la brecha en los niveles de soledad por estado de salud no cambió mucho después del brote de COVID-19. Esto sugiere que la incidencia de mala salud como factor de riesgo de soledad se aplica en todas las circunstancias", dice el informe.Finalmente, las mujeres tienen la misma probabilidad que los hombres de sentir soledad. Esto no ha cambiado con las medidas de distanciamiento social. Del mismo modo, vivir en una ciudad o en una zona rural no afectó los niveles de soledad antes o durante la pandemia, según el estudio.En el periodo previo a la pandemia, la soledad era más baja en el norte de Europa, con alrededor del 6% de las personas que informaron sentirse solas más de la mitad del tiempo. Europa occidental, meridional y oriental exhibió una mayor prevalencia de soledad, que oscilaba entre el 11% y el 13%. Sin embargo, tras el brote de COVID-19, Europa occidental y septentrional experimentaron el aumento más pronunciado de la soledad, si bien el norte de Europa estableció confinamientos más suaves que el sur y el oeste de Europa. Las características de la población y el contexto social más amplio también explican los patrones macrorregionales y nacionales. De hecho, cuando tenemos en cuenta estos factores, se observa que, en igualdad de condiciones, dentro de cada país, cuanto más duro es el encierro, más agudo es el sentimiento de soledad.Las conexiones sociales son fundamentales. La angustia experimentada en todo el mundo durante los últimos 16 meses se debe, en parte, a las limitaciones impuestas a las interacciones sociales. El informe analiza cómo la situación actual ha exacerbado los problemas de quienes ya estaban solos y destaca cómo la composición de la población con mayor riesgo de aislamiento social y soledad ha cambiado durante este período. Sin embargo, "hace falta más investigación para evaluar las consecuencias a largo plazo de las medidas de distanciamiento social. Las preocupaciones sobre una posible pandemia de soledad están creciendo. Esta es una oportunidad para desestigmatizar tal angustia y abordarla con intervenciones efectivas".El análisis cuantitativo de los informes de los medios sobre la soledad y el aislamiento social en los Estados miembros de la UE, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 15 de enero de 2021, muestra que la cantidad de artículos que informan sobre la soledad y el aislamiento social se duplicó con el inicio de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020 en comparación con los dos años anteriores. Los informes sobre la soledad y el aislamiento social crecieron en volumen con el inicio de la primera ola europea de la pandemia COVID-19 (marzo-mayo de 2020).La información sobre la soledad varía mucho entre los Estados miembros, según el estudio. Si bien en algunos países se habla mucho del tema en los medios (por ejemplo, Italia, España, Francia, Alemania y Suecia), en otros países el volumen de información en los medios es muy bajo o inexistente (Chipre, República Checa, Grecia, Lituania , Letonia, Malta, Eslovaquia, Eslovenia y Eslovaquia).La información de los medios sobre la soledad durante la pandemia se centró especialmente en los jóvenes y las mujeres. Esto posiblemente se deba al hecho de que la pandemia afectó más a las perspectivas de empleo de ambos grupos.Aproximadamente un tercio de los informes de los medios cubren la soledad y el aislamiento social en relación con la salud. La soledad también se menciona en el contexto de la economía, pero con menos frecuencia: alrededor del 10% de los artículos contienen referencias a la economía o al costo de la soledad en los sistemas de salud y protección social. Desde el comienzo del brote de la COVID-19, el impacto del teletrabajo en la soledad también se discute en las noticias de los medios.El análisis cualitativo de la información de los medios online en términos de narrativas y sentimiento asociado sobre la soledad en los Estados miembros de la UE muestra que el sentimiento predominante en los reportajes sobre la soledad es negativo, aunque el sentimiento positivo está presente en los artículos que se refieren a estrategias para afrontar la soledad. Durante la pandemia de la COVID-19, las noticias positivas también se han referido a la necesidad del aislamiento social para contrarrestar la propagación de la enfermedad."Las narrativas sobre la soledad y la salud describen los efectos negativos de la soledad en el bienestar físico y emocional, en términos de baja autoestima, estrés, ansiedad, depresión, problemas para dormir, agotamiento o incluso tendencias suicidas", asegura el estudio: "Los medios de comunicación también destacan cómo la soledad todavía sufre de estigmatización social, mientras que otros problemas sociales y de salud mental se debaten comúnmente y se consideran mucho menos tabú"."Hay dos tipos principales de narrativas mediáticas que relacionan la soledad con la economía", dice la investigación: "El primero describe la soledad como un fenómeno estructural, a menudo vinculado a una crítica al neoliberalismo y la economía de libre mercado. Algunas narrativas de los medios también se refieren a una planificación y un diseño urbanos deficientes, a menudo vinculados con desarrollos económicos y sociales acelerados, como posibles impulsores de la soledad. El segundo tipo de narrativa discute la soledad en el contexto de la pandemia que se desarrolla. Describe el vínculo entre el teletrabajo y el aumento del aislamiento social o la soledad tanto en términos negativos (mayor atomización del trabajo que conduce a la soledad y problemas de salud mental) como en términos positivos (mejora del equilibrio entre el trabajo y la vida)".El papel de la tecnología en la 'economía de la soledad' también se describe tanto de forma positiva como negativa en los informes de los medios. El lado positivo se relaciona con "la tecnología como una forma de vincular a las personas, mientras que el lado negativo contiene narrativas sobre la explotación de la soledad en el mundo digital al monetizar las necesidades de compañía de las personas. Un análisis detallado de las iniciativas para abordar la soledad en la UE revela que hay una mayor conciencia del fenómeno en algunos Estados miembros y que se están proponiendo diferentes soluciones, normalmente a nivel local o regional, que incluyen líneas telefónicas e iniciativas de desarrollo comunitario. En otros Estados miembros, el tema se menciona poco o nada en los medios. "En este caso, se debe hacer un análisis más profundo, para ver si esto se debe a la falta de información de los medios o a la falta de reconocimiento del problema", dice la investigación.El análisis se realizó mediante la búsqueda en el índice de artículos recopilados por el sistema Europe Media Monitor, un sistema que procesa más de 300.000 artículos al día, en más de 70 idiomas, con una amplia cobertura de fuentes de noticias nacionales y locales de la UE. Su procesamiento automático etiqueta cada artículo por emociones (ira, miedo, tristeza, disgusto, sorpresa, alegría) y valores de sentimiento (positivo, negativo y neutral).El análisis cuantitativo reveló que ambos temas se han vuelto muy relevantes en el panorama mediático de la UE, especialmente desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, y los temas sobre el tema de la soledad registraron una duplicación del volumen en los primeros meses de la pandemia. y siguiendo un patrón similar al de la pandemia en sí: disminuyendo en los meses de verano de 2020 y aumentando a nuevos picos con el inicio de la segunda ola. El análisis cuantitativo también mostró que los volúmenes de informes, sin embargo, difieren entre los Estados miembros de la UE, al igual que el número y los tipos de iniciativas propuestas para abordar el problema.El análisis cualitativo mostró que las narrativas subyacentes están relacionadas con los efectos negativos que la soledad tiene sobre la salud, tanto emocional como física, y con las consecuencias económicas de la soledad y el aislamiento social en términos de costos de salud, desempleo y el impacto a largo plazo en la salud social y social. desarrollo personal, especialmente de la Generación Z y categorías sociales ya vulnerables. Esto fue especialmente visible durante la pandemia para los jóvenes (19-25) y las mujeres, las categorías más afectadas por la pérdida de puestos de trabajo. Las narrativas también se relacionan con las causas subyacentes de la soledad, analizando las tendencias individualistas promovidas por las sociedades occidentales, así como la necesidad de nuevos tipos de arquitectura y planificación urbana para disminuir el aislamiento y la soledad.La soledad y el aislamiento social se reconocen cada vez más como problemas críticos de salud pública que merecen atención y deben abordarse con estrategias de intervención eficaces. "Una amplia evidencia científica apunta a los efectos perjudiciales de la soledad y el aislamiento social en la salud física y mental, así como en la cohesión social", dice el informe: "La pandemia de la COVID-19, y en particular las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social adoptadas para contener la propagación del virus, ha hecho que la necesidad de abordar la soledad y el aislamiento social sea aún más urgente".La dirección general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, en colaboración con el JCR, ejecutará el proyecto piloto del Parlamento Europeo Proyecto exploratorio: Seguimiento de la soledad en Europa. Este proyecto piloto tiene como objetivo, entre otros, recopilar datos completos y comparables en toda la UE, analizar datos nuevos y existentes, posiblemente incluyendo también nuevas fuentes de datos que se expandan desde los medios tradicionales en línea hasta los datos de las redes sociales, para evaluar el impacto de la crisis de la COVID-19, para establecer una web, monitorear la soledad y el aislamiento social a lo largo del tiempo y en los Estados miembros de la UE, y para proporcionar recomendaciones para combatir la exclusión social y los problemas de salud mental relacionados con la soledad."La evidencia científica puede contribuir a diseñar intervenciones efectivas, mejorando la comprensión del problema y sus efectos, así como evaluando qué intervenciones funcionan para abordar la soledad y el aislamiento social", dice el informe, "y contribuir a construir una Europa más cercana a los ciudadanos".
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España supera los 700 casos de incidencia tras sumar 61.625 nuevos contagios desde el viernes
España alcanza los 700 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tras sumar durante el fin de semana 61.625 nuevos contagios. La tasa de incidencia sigue en ascenso, sin embargo, a un ritmo mucho menor. Las medidas que se han puesto en marcha en algunas autonomías comienzan a dar sus frutos, sin embargo, la Atención Primaria así como la ocupación en cuidados intensivos siguen en tensión. Murcia se suma a las nuevas restricciones y restringirá las reuniones y encuentros sociales a partir de las 02:00 horas y hasta las 06:00 de la madrugada. Además, solicitará al TSJ de Murcia aumentar el plazo concedido a la limitación del derecho de reunión a un máximo de diez personas no convivientes. Continúa el debate sobre el uso de la mascarilla en exteriores. Según los expertos, el llevarla o no es una estrategia insuficiente si no se acompaña de otras restricciones en los que se consideran focos de contagio: ocio nocturno, interiores y reuniones sociales masivas. 
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