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Sanidad registra 8.257 nuevos contagios con coronavirus y 442 muertes desde ayer
El ministerio de Sanidad ha notificado 8.257 nuevos contagios y 442 fallecidos con coronavirus desde ayer. La incidencia acumulada se sitúa en 265,76 casos por cada 100.000 habitantes. El numero de nuevos contagios se reparte de la siguiente manera: 1.815 en la Comunitat Valenciana, 1.381 en Catalunya, 1.360 en Madrid, 825 en Andalucía y 515 en Castilla-La Mancha. Este lunes se habían notificado 19.979 contagios y otras 401 muertes con coronavirus del fin de semana, mientras la incidencia acumulada se rebajó hasta los 275,51 casos por 100.000 habitantes. La mayor parte de los indicadores han ido descendiendo en la última semana, también el de fallecimientos, aunque a un ritmo más lento. El martes pasado, por seguir con la comparativa, se registraron 12.228 contagios y 537 muertes, la cifra más alta de fallecimientos de toda la semana pasada. A poco menos de un mes para que arranquen los festejos navideños, punto que será clave en el discurso de la pandemia, la UE ha informado este martes de que prevé autorizar las vacunas contra la COVID de Pfizer y Moderna el 29 de diciembre y el 12 de febrero. Pfizer, por su parte, ha pedido hoy mismo la autorización a la UE para poder comercializar su inyección. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha anunciado que España ya ha autorizado la compra de 73 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, que empezarán a aplicarse en enero y que serán gratuitas.En cuanto a las normas y recomendaciones con las que convivirá España en las próximas fechas festivas, este miércoles se reunirá el Consejo Interterritorial que tiene previsto aprobar las medidas. Las normas llegarán, según el Gobierno, con la "anticipación suficiente" para que los españoles puedan planificarse.
3 h
eldiario.es
Irene Montero anuncia que el 96% de las respuestas recibidas a la Ley Trans durante la consulta pública son de apoyo
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado este martes en el Senado que la Ley Trans ha recibido 60.000 aportaciones durante la consulta pública abierta por el Ministerio hasta el pasado 18 de noviembre, "el 96% de ellas, de apoyo". Lo ha hecho en respuesta a una pregunta sobre los pasos legislativos del Gobierno para garantizar los derechos del colectivo. En su intervención, Montero se ha comprometido a "despatologizar las realidades trans", es decir, a reconocer la llamada autodeterminación de género: "Este año es el año en que van a ver sus derechos reconocidos en la ley", ha afirmado. La norma, que es objeto de un intenso debate en el seno del movimiento feminista, ha estado sujeta a consulta pública desde el 30 de octubre con el objetivo de recabar la opinión de la población, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del proyecto. Durante este periodo, personas y colectivos trans animaron en redes sociales a enviar sus muestras de apoyo a la ley a través del e-mail habilitado para tal fin por la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio. Por su parte, colectivos feministas que se oponen a la norma, agrupados bajo la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres, también alentaron a enviar sus aportaciones en contra.Según ha detallado tras la intervención de Montero el Ministerio de Igualdad en una nota de prensa, de los 60.957 correos electrónicos recibidos en el buzón habilitado para la consulta, 58.993 han sido de apoyo, 1.386 la han rechazado, y 578 han sido no válidos. La Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans prevé impulsar la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género, que implica eliminar los requisitos médicos que el Estado exige a estas personas para modificar su sexo en el Registro Civil. La ley actual, la de Identidad de Género de 2007, obliga a las personas trans a contar con un informe psicológico que les diagnostique "disforia de género" y a haber estado al menos dos años en hormonación para cambiar su mención registral. Además, excluye a los menores de edad, algo que ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional, y a las personas extranjeras sin nacionalidad española. Nueve comunidades autónomas han superado este marco y en los últimos años han ido aprobando normas que eliminan estos requisitos para los ámbitos de su competencia.En opinión del departamento que dirige Irene Montero, la ley de 2007 supuso un "un avance sustancial", pero considera necesario un marco estatal que "se equipare a los estándares internacionales". En este sentido, "los organismos internacionales de protección de los derechos humanos se han manifestado sobre la necesidad de superar la concepción de la transexualidad como una enfermedad o trastorno, y de lograr la despatologización de las identidades trans", añade el Ministerio en la información habilitada a la ciudadanía para la consulta pública. Pero, además, la ley prevé incluir medidas en otros ámbitos –sanitario, educativo...– con el objetivo de combatir la transfobia a la que siguen enfrenándose: según una reciente encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), un 63% de personas trans en España se ha sentido discriminado en el último año.La norma, que forma parte, junto a la LGTBI y la de Igualdad de Trato, del paquete legislativo contra la discriminación que el PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a impulsar en su acuerdo para el Gobierno de coalición, ha desatado un profundo debate en el seno del feminismo. Para una parte, se trata de una norma necesaria para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas trans, otra considera que el derecho a la libre autodeterminación de género provocaría "el borrado" de las mujeres y que estas leyes vienen a introducir en el ordenamiento jurídico la 'teoría queer'. En este sentido, organizaciones agrupadas en plataformas como Contra el Borrado de las Mujeres o la Confluencia Movimiento Feminista pelean por paralizar el proyecto porque afirman que autorizar a las personas trans a que modifiquen su sexo sin requisitos médicos supone la "pérdida de la protección de los derechos específicos contra la opresión por razón de sexo". La tensión está también presente en el ámbito político y en el propio Gobierno, que se evidenció el pasado mes de junio, cuando se hizo público un argumentario interno del PSOE, firmado por algunos altos cargos y sosteniendo motivos similares para oponerse a la norma.
4 h
eldiario.es
Pfizer pide la autorización para el uso de su vacuna frente a la COVID-19 en la Unión Europea
BioNTech y Pfizer han pedido al regulador europeo que autorice el uso de emergencia de su vacuna frente a la COVID-19, según ha informado este martes AP. Este lunes hizo lo mismo la biotecnológica estadounidense Moderna tras confirmar un 94,1% de eficacia.La vacuna de Pfizer y BioNTech utiliza tecnología de ARN mensajero, una novedosa técnica que permite usar el mecanismo de generación de proteínas de una célula para generar la respuesta inmunológica deseada contra virus como el SARS-CoV-2. La opción de Moderna, sin embargo, no necesita temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, como es el caso de Pfizer, por lo que su transporte y almacenaje sería más barato y accesible a zonas rurales o economías en desarrollo.
eldiario.es
Crear grados y doctorados desde cero: el requisito que amenaza la supervivencia de muchas universidades privadas
Algunas universidades privadas van a tener que trabajar a contrarreloj si quieren seguir ostentando esa categoría. La nueva normativa en la que trabaja la cartera encabezada por Manuel Castells no afectará solo a la creación y reconocimiento de nuevos centros, sino que servirá también para enderezar a los ya existentes. Estos últimos tendrán un plazo de cinco años desde la publicación del Real Decreto para corregir sus programas y adaptarlos a la legalidad, aunque los conocedores del sector aseguran que en algunos casos será insuficiente. A grandes rasgos, las que quieran conservar su licencia de universidad deberán incluir entre su oferta académica al menos diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado de tres ramas de conocimiento distintas dentro de las cinco grandes (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura). Pero no solo eso, también perderán su credencial las que en este tiempo no hayan conseguido equilibrar su alumnado de máster y de grado o doble grado para que este último represente al menos el 50% del total.Hoy en día, al menos 13 centros privados de los 36 que hay en España incumplen alguno de estos requisitos. Pero ni todas las universidades de la lista están al mismo nivel, ni todos los condicionantes son igual de fáciles de satisfacer. Los que más quebraderos de cabeza suponen a los equipos directivos son fundamentalmente dos: ampliar la oferta de grados y dobles grado para llegar al mínimo de diez y de tres áreas de conocimiento distintas que establece el Gobierno, y el de crear tres programas de doctorado. Eso significa que un tercio de las 36 universidades de titularidad privada que existen en nuestro país deberán reinventarse o morir –aunque podrán seguir operando como escuelas superiores al estilo de los colleges anglosajones o como centros adscritos a otra universidad–. Las más beneficiadas son las que tienen matriculados a más alumnos en programas de posgrado que en ciclos universitarios (algunas superan el 75%, como Atlántico Medio, el ESIC y la Universidad Internacional Valenciana) y que básicamente tienen dos salidas: o reducir los máster o aumentar los estudiantes de grado. La primera opción es más sencilla, pero también más cara para los centros, que perderían muchos ingresos puesto que el crédito del máster cuesta aproximadamente el triple que el de grado. La segunda es la complicada, según explica Ernesto Anabitarte, secretario ejecutivo de Crue-Docencia y vicerrector de la Universidad de Cantabria, a elDiario.es. "Obtener estudiantes de grado no es fácil. La cantidad de alumnos de España es la que es y casi todos los años se distribuyen de manera parecida porque no hay tanta movilidad ni universidades que reciban gente de fuera, excepto quizá en Madrid, Barcelona, Salamanca o Granada", desvela el experto. Además, los grados se implantan curso a curso, con lo que el proceso no permite atajos."Cinco años parecen muchos, pero no es tanto", abunda el vicerrector cántabro. "Habrá universidades privadas tradicionales que no tendrán problemas para adaptarse porque tienen su estructura y son homologables a las públicas, pero hay algunas nuevas para las que se me antoja complicado", asegura.Entre las mayores dificultades está la de trabajar en una oferta académica amplia y de diversas ramas del conocimiento, como exige el Real Decreto. Crear un grado desde cero puede llevar fácilmente dos años, explica Anabitarte. Hay que diseñar primero el grado en sí y luego someterlo a trámite, que incluye su aprobación por la Junta del centro universitario (facultad o escuela) del que dependa, por el consejo de gobierno de la universidad en cuestión y por el consejo social. De ahí debe pasar a una agencia de calidad que lo acredite, más tarde al Consejo de Universidades y finalmente ser aprobado por la Comunidad Autónoma de turno."Y esto es un título de los sencillos", matiza Anabitarte, "uno más complejo como Medicina cuesta más". Para el vicerrector, el de la diversidad de la oferta es "el gran cambio". "Esta exigencia me parece la más complicada de cumplir" para aquellos centros que actualmente no lleguen. Más delicada aún es la situación de los centros que no tienen suficientes programas de doctorado, el eslabón en el que más fallan las privadas: la Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, ESIC Universidad, Villanueva, Internacional Isabel I de Castilla y la Internacional Valenciana no tienen ninguno; la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) tiene uno. Pero los expertos que conocen el proceso de creación de este tipo de programas desconfían en que pueda realizarse en un plazo de cinco años."Sin investigación no hay Universidad", repite el ministro Manuel Castells a menudo. Precisamente, el Real Decreto establece que los centros deberán dedicar "al menos" un 5% de su presupuesto a un programa o programas de investigación, un punto que parece dirigido exclusivamente a los centros privados, que enfocan su actividad en la docencia y dejan de lado la I+D+i. Pero esta exigencia es imposible de cumplimentarse de un día para otro. "Conseguir estos proyectos es muy complicado porque se presentan un gran número de investigadores y no hay presupuesto para todos", explica Juan Arturo Rubio, director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nebrija, que cuenta con cinco programas de doctorado. Anabitarte, de la Universidad de Cantabria, añade como dificultad la exigencia de que todos los profesores de los programas de doctorado sean ellos mismos doctores. "El profesorado de las privadas no suele cumplir exto", explica, y ya van con el tiempo justo para formarlos. Rubio, de la Nebrija, opina que lo más difícil es conseguir que el 60% del Personal Docente Investigador cuente con un sexenio vivo –como lo denominan en la jerga interna–, otra de las nuevas condiciones que recoge el RD. Es decir, lo primero que se requiere es que más de la mitad de los docentes de la universidad tengan trabajos científicos publicados en revistas de alta indexación. "Todos vamos a las mismas, es un sector muy competitivo porque no publican a cualquiera", matiza Rubio. Después, un tribunal independiente debe aprobar una selección de esos artículos pertenecientes a un período de seis años. De ahí procede el término sexenio, cuya misma definición imposibilita obtenerlo en un lustro si se parte de cero. "Conseguir un sexenio y tener cinco publicaciones buenas en cinco años no es nada fácil. Debe existir una dinámica constante de publicación y de realización de proyectos que cuesta mucho arrancar desde cero", dice este doctor, vaticinando lo que va a ocurrir con las universidades privadas que llegan tarde a este punto. "Lo único que pueden hacer es dar la vuelta por completo a su parrilla de titulares, porque en este tiempo se han conformado con una docencia que no investiga y eso les deja al nivel de profesores de Bachillerato", remarca. "Van a volar las ofertas, pero deben contar con que les va a costar mucho dinero", asegura Rubio, en referencia a los altos sueldos que suele exigir un PDI con sexenios.Investigación, docencia, y transferencia son las tres claves que definen a una universidad para el Director de Doctorado de la Nebrija, pero admite que salvo contadas excepciones, como la suya, las privadas no han tenido históricamente esta tradición "porque han ido a sacar pasta". "El doctorado es un sector deficitario, se invierte más de los beneficios que genera, y por eso no es una apuesta en marcha en la educación privada", afirma. Si hasta ahora se han mantenido es porque el decreto vigente de Wert despacha esta cuestión en una línea: "Las universidades deberán promover el desarrollo de actividad investigadora". Luego se amplía un poco más apelando a una "programación plurianual de la actividad investigadora", pero no establece mínimos ni otros requisitos concretos.El apartado investigador del nuevo Real Decreto, en cambio, establece la exigencia de "como mínimo haber presentado cinco propuestas de proyectos de investigación en programas nacionales o internacionales", y al menos una de ellas debe ser internacional. Además, dice el texto, "transcurridos cinco años desde el inicio de actividades, se deberá demostrar la concesión de al menos cinco proyectos de ámbito nacional o internacional". Juan Arturo Rubio considera beneficiosos todos estos cambios en aras a una educación superior de "mayor calidad", como persigue el ministerio de Manuel Castells. "Han sido muchos años de jauja, pero eso se acabó", sentencia.
1 d
eldiario.es
Buscar la vacuna sin cobrar por ello: "Lo fácil sería dejarlo todo, pero me siento en la obligación moral de seguir"
Tres de los principales proyectos españoles para una vacuna contra la COVID-19 están dirigidos por investigadores ad honorem ya jubilados. Mariano Esteban (76 años) Luis Enjuanes (75) y Vicente Larraga (72) encabezan las iniciativas más punteras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pero no cobran ni un euro por este trabajo y sus ingresos son las prestaciones de la Seguridad Social que les corresponden. Es una situación que no es infrecuente y, por ejemplo, también la socióloga María Ángeles Durán (78 años) sigue investigando en estas condiciones. La científica Margarita Salas trabajó prácticamente hasta el final de su vida, a los 80 años. "Somos científicos y consideramos que seguimos en primera línea: tenemos proyectos, formamos a estudiantes, becarios, obtenemos financiación externa, no solo nacional, también internacional. Seguimos publicando y desarrollando procedimientos que consideramos importantes", remarca Mariano Esteban. En su caso, dirige el equipo que busca una vacuna en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Su plataforma "se basa en una variante muy atenuada de la vacuna que se utilizó en el programa de erradicación de la viruela, y que se llama virus vaccinia modificado de Ankara [MVA], al que se le han incorporado genes codificantes de proteínas del SARS-CoV-2 con la finalidad de inducir respuestas inmunitarias amplias y duraderas contra la COVID-19". El virólogo detalla que "al ser un virus ADN no relacionado con el coronavirus, pero que confiere una potente activación del sistema inmunitario después de la vacunación, tiene todos los indicadores para proteger frente al SARS-CoV-2". Están elaborando el dossier para obtener autorización e iniciar la fase clínica de ensayos con unos cien voluntarios en el primer trimestre de 2021, y más adelante con entre 500 y 600 para la fase II. Si no hay contratiempos, podrían iniciar la fase III en el tercer trimestre, con miles de voluntarios. "¿Que podríamos estar jugando al golf, comprando el pan y la leche?, pues sí, pero después de cincuenta años en la virología, ha llegado un momento en que me siento con la obligación moral de apoyar a mi propio país", subraya en conversación con elDiario. Reconoce que "la posición más fácil sería dejarlo todo y no hacer nada", pero entonces tendría que suprimir todos los puestos de trabajo que genera con el personal que trabaja en el centro y terminarían las ayudas que ese equipo concreto, de 12 científicos además de él, recibe. En el caso de Vicente Larraga, su idea era jubilarse la primavera pasada. "Yo estaba cerrando mi laboratorio", explica, cuando estalló la pandemia de la COVID-19. El último proyecto con el que estaba trabajando junto a su equipo, también de doce personas además de él mismo, es la vacuna veterinaria contra la enfermedad de la leishmaniasis, ya en última fase antes de su comercialización. Este fue precisamente el motivo por el que le contactaron desde la Agencia Española del Medicamento para pedirle que tratara de aplicar estos conocimientos a un posible suero contra el coronavirus. "Me preguntaron si creía que el vehículo de la vacuna de ADN sintético también se podría utilizar en este caso. Yo lo pensé y al día siguiente cuando me llamaron acepté quedarme". En siete u ocho meses han hecho el trabajo que normalmente tarda dos años, remarca."Somos jubilados [Esteban, Enjuanes y él mismo], cobramos de la Seguridad Social, no un sueldo como investigadores ni ninguna gratificación. Lo hacemos porque creemos que había que enfrentarse al problema y trabajar y eso es lo que estamos haciendo. Llevamos treinta años trabajando en vacunas", nos explica. Su reflexión es que "no puede ser que teniendo capacidad técnica y tecnológica para que España tenga sus propias vacunas no las haya. No podemos estar dependiendo de otras empresas que tienen una política y harán su política. Creo que ese ha sido el motivo principal para que nos pusiéramos a trabajar". Una vacuna española como en las que están trabajando estos científicos proporcionaría independencia a la hora de diseñar estrategias propias de inmunización. Más aún en un contexto en el que se ha desatado una carrera entre potencias internacionales y grandes farmacéuticas para aprovechar el nuevo mercado abierto con la inmunización ante el SARS-CoV-2. A los anuncios sucesivos por parte de las empresas y consorcios nacionales sobre la efectividad de sus productos han ido adheridos los compromisos públicos de varios países sobre contratos de compra y acuerdos con terceros para distribuir los sueros de sus compañías.Así, el acaparamiento de sueros como los de Pfizer o Moderna (que aseguran superar el 90% de efectividad) por parte de los países ricos, que en algunos casos se han garantizado el suministro de hasta cinco dosis por habitante, ha abierto el camino para la expansión de los proyectos de China y Rusia en los estados en desarrollo. EEUU, la Unión Europea, Gran Bretaña o Japón están copando la producción de los laboratorios estadounidenses. La vacuna rusa Sputnik V está encontrando acomodo en Suramérica, México o India. Algunos sueros chinos ya en fase III de investigación tienen comprometida la distribución en Emiratos Árabes Unidos, Perú, Pakistán, Serbia, Turquía, Bangladesh, Tailandia, Laos, Vietnam, Myanmar, Camboya, Filipinas o Marruecos. Sinovac, una de las empresas chinas con su producto más avanzado, ha asegurado tener acordado el envío de 60 millones de dosis en el estado de Sao Paulo (Brasil) y otros 40 millones en Indonesia.Aunque estos científicos desligan su decisión de seguir trabajando cuando ya han sobrepasado la edad de jubilación de la situación de precariedad de los investigadores –sobre todo jóvenes– en España, son críticos con el estado de la política científica: "Espero que esta pandemia nos obligue a todos a replantearnos dónde queremos que España esté en los próximos 10 a 20 años. Hay gente muy buena, podríamos estar mucho más avanzados si tuviéramos los condicionantes, la infraestructura y los apoyos para construir los edificios que hacen falta en la ciencia", defiende Mariano Esteban. Como ejemplo, relata cómo recientemente ha participado en un tribunal para conceder una plaza a la que se presentaron 13 científicos de alto nivel. "Pero tienes que dejar a 12 fuera, entre ellos gente que puede ser profesora en las mejores universidades de otros países. Sin embargo, aquí los tiramos", lamenta. Y advierte de que "si los jóvenes no pueden desarrollar aquí su carrera y creatividad la desarrollarán en otros países". La carrera entre las vacunas españolas y las de las empresas multinacionales que pueden llegar antes a España no es ni mucho menos entre iguales, pero no por una cuestión de capacidad científica, sino de medios. Como ha puesto de manifiesto Enjuanes en un debate en la Fundación Alternativas, algunos de estos laboratorios tienen hasta a 650 científicos de alto nivel buscando la vacuna, frente a la docena que trabaja en los laboratorios que la buscan España. Además, si AstraZeneca o Pfizer han recibido de media 2.000 millones de dólares, en España se han destinado entre uno y dos millones de euros. "Pero lo que más me preocupa es la infraestructura", ha explicado, ya que aún en el caso de que llegara una inyección de 20 millones a su proyecto "nos vendrían muy bien, pero nuestros centros están saturados y es dificilísimo que te dupliquen el espacio". "Necesitamos consorcios nacionales, internacionales e inversores, y la colaboración de empresas potentes", ha afirmado.Todo es una cuestión económica: "Si en los Presupuestos Generales del Estado no apoyas la I+D+i tendrás problemas". En los del año próximo se espera un importante incremento del 59,4%, con respecto a 2020, hasta alcanzar los 3.232 millones de euros. "Ahora todo son incrementos, a ver lo que duran. Si luego volvemos a la precariedad, no levantaremos cabeza", advierte. Este año el presupuesto de Ciencia, como el resto, se beneficia de los ingentes fondos europeos para la recuperación, de 140.000 millones de euros para tres años. De los 27 investigadores que trabajan en el desarrollo de vacunas frente a la COVID-19 en el CSIC, 19 (un 70%) tienen contratos temporales, según el portal de información para médicos y sanitarios isanidad.Como destacaba Mariano Barbacid, jefe del grupo de oncología experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en un debate celebrado este lunes en el que han participado estos investigadores, hay además otra enseñanza en su ejemplo. Frente a la tendencia a "apartar" a las personas a partir de determinada edad, "seguir produciendo, ser activos y seguir contribuyendo a la sociedad, tengas 30, 40 o 70 años, también transmite un mensaje", afirmaba el reconocido oncólogo, que se encuadra en este grupo al haber cumplido 71 años y seguir trabajando.
1 d
eldiario.es
Los expertos advierten del riesgo de rebrote explosivo por el nivel de contagios con el que España afronta la Navidad
España se adentra en el mes de diciembre y todos los ojos están puestos en las fiestas navideñas. Aún es una incógnita el detalle de las medidas que estarán entonces vigentes, pero la previsión del incremento de movilidad y de contactos sociales puede poner a nuestro país en una situación muy delicada. El antecedente es lo ocurrido en verano, cuando la relajación de las restricciones adelantó una segunda ola que se alarga hasta ahora. Con todo, el escenario en junio era mejor que el actual; partíamos de un nivel mucho más bajo de contagios: hoy el número de casos es 25 veces superior al del 21 de junio. Una situación que redobla el riesgo de que el brote tras las fiestas sea más explosivo que entonces, coinciden los expertos.El país ha logrado sortear el abismo al que parecía encaminarse el mes pasado y lo previsible es que en las próximas tres semanas la curva siga la tendencia descendente tras el pico de finales de octubre, pero la velocidad es lenta y los niveles de incidencia siguen situando a nuestro país en un nivel de "riesgo extremo", según el semáforo de Sanidad. Aunque también están a la baja, las hospitalizaciones y muertes reflejan también la gravedad de la situación: si a finales de junio estábamos en una media de 28 ingresos, tres en UCI, y 16 fallecimientos en siete días, los últimos datos del Ministerio, a pesar de los retrasos de las notificaciones, apuntan a 381 hospitalizaciones, 31 en cuidados intensivos, y 136 decesos."Partimos de una situación que no es la del verano, entonces llegamos a incidencias muy bajas, pero ahora estamos en cifras inaceptables que pueden hacer que la curva se dispare más fácilmente porque no estamos en un escenario de mitigación. Los encuentros a gran escala y los desplazamientos que se prevén son un polvorín", resume la epidemióloga Pilar Serrano. La experta pone el foco en las cifras de ocupación asistencial, que actualmente están en el 11% a nivel de camas para agudos y en el 26% de UCI. Con estos datos, un incremento muy acusado de los contagios "puede llevar a que la situación en enero sea inmanejable por el sistema sanitario" y con un nivel de mortalidad "que no podemos permitirnos", añade apuntando a la presencia en las cenas y comidas navideñas de "muchas personas mayores vulnerables".Coincide Elena Martínez, recién nombrada presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE): "El problema de estas fiestas es que las actividades que se realizan suelen implicar mayor riesgo y se realizan de forma más frecuente que en otros momentos. Las reuniones no se limitan a una tarde, sino a largos encuentros de celebración acompañados de comida y bebida, generalmente en interiores y aumentando el tiempo que se está sin mascarilla. Suelen ser varias a lo largo de los días con familiares y amigos que no ves a lo largo del año. Obviamente esto hace que haya un riesgo de transmisión alto que de lugar a un aumento importante de casos". Además, las compras y aglomeraciones son otro de los puntos distintivos de estas fechas, tal y como se pudo ver en las calles comerciales de varias ciudades este fin de semana y que ha lamentado este lunes la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. La responsable ha llamado a la "prudencia y al "sentido común" y ha augurado unas fiestas que "van a tener que ser diferentes, tendremos que relacionarnos con menos gente. Es importante la decisión individual de centrarnos en los que más queremos y no exponernos a riesgos innecesarios".En esta misma línea, el Centro Europeo de Control de Enfermedades alertaba la semana pasada de que, de relajarse las restricciones, nos encontraríamos con otra ola a la vuelta de las fiestas. En España, Gobierno y comunidades autónomas intentan acordar un marco común en forma de "indicaciones" que "se sigue trabajando esta semana" de cara al Consejo Interterritorial del miércoles, apuntan fuentes del Ministerio. Pero cada territorio tendrá potestad para dictar medidas. Aún está en el aire en qué grado y qué días se permitirá la movilidad entre unas y otras, el límite para las reuniones o el horario del 'toque de queda' en Nochebuena y Nochevieja. La recomendación de Sanidad en el borrador que se filtró la semana pasada era de encuentros de seis personas y un confinamiento nocturno a la una de la mañana, pero cada comunidad hará sus propuestas. Madrid, por ejemplo, ha planteado alargarlo hasta la 1.30 y permitir reuniones de diez. En Extremadura se habla de permitir reuniones de hasta 15 personas de tres grupos familiares. En este escenario, hay voces que reclaman que más allá "de entrar en un regateo de media hora más o menos o si son seis ocho o diez las personas que deben reunirse", lo que hace falta "es un marco de actuación" con la mayor parte de medidas comunes, explican los expertos Daniel López-Acuña, José Martínez Olmos y Alberto Infante en este artículo. Todos apreciamos la costumbre cultural de reunirse familiarmente en Navidad, pero si aumentamos las interacciones gregarias cuando la transmisión es aún muy alta, lo que haremos será jugar a la ruleta rusa poniendo en riesgo la salud".Con todo, y a pesar de que haya cierta flexibilidad, las medidas tampoco serán las mismas que en verano, cuando el ocio nocturno estaba abierto, en general no había límite a las reuniones y tampoco toques de queda. Las restricciones serán sí o sí mayores, pero también se prevé mayor intensidad de encuentros y desplazamientos. Por eso, los expertos apuntan a una combinación de factores que en global nos encaminan "a un repunte", en palabras de Serrano. "Las reuniones, la movilidad y el frío van a producirlo porque hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad con una enorme proporción de asintomáticos, pero que no sea una tercera ola peor que esta y con unos impactos de mortalidad imperdonables dependerá de hasta dónde se relajan las restricciones y del comportamiento de la población".Sin entrar al detalle de las medidas, la experta considera que aquellas comunidades que superen el nivel de alerta "extremo" deberían cerrarse perimetralmente, pero es consciente de lo delicado de la decisión y de la "carga emocional" que tienen estas fiestas. "Relajar las medidas en Navidad no se sustenta con este panorama epidemiológico", recalca. Pedro Gullón, especialista en Medicina Preventiva y miembro de la SEE apuesta por restringir las reuniones a seis personas, no extender los aforos en interiores y limitar la movilidad a los días más señalados en el calendario. "Cuando hablamos de Navidad estamos poniendo al mismo nivel no dejar a una persona sola en Nochebuena y las fiestas con 25 primos y amigos. Son dos extremos entre los que nos tenemos que mover", incide.Más allá de las restricciones que se acaben aprobando, el epidemiólogo llama a la Administración a anticiparse y reforzar el rastreo, los servicios de Salud Pública y la Atención Primaria de cara al previsible incremento de los contagios. Medidas estructurales que reclaman desde el principio de la pandemia los especialistas y cuya ausencia puede llevarnos a una "espiral de confinamientos" periódicos. "Lo mejor que podemos hacer es estar preparados. Las medidas, en el fondo, van a basarse en que la gente quiera cumplir, así que parece que vamos hacia una estrategia de intentar mitigar los efectos. Es casi inevitable que la gente se encuentre con sus familias tras un año tan duro, asumimos que va a haber contacto social, pero hay que reiterar que no pueden ser las navidades que hacemos todos los años", añade. En eso coinciden todos los especialistas y apuntan a Gobierno central y autonómicos para que lancen un mensaje unánime y se alejen de mantras tan repetidos como "salvar la Navidad" y de anteponer decisiones económicas a las epidemiológicas. "Debe haber directrices claras porque la ciudadanía juega un papel determinante. Creemos que hay una mayor conciencia y autorregulación que en el verano y eso debe mantenerse, pero no podemos pensar que vamos seguros a las fiestas porque no es real", menciona Serrano. "Se habla de 'salvar la Navidad', pero creo que más bien debemos pensar en salvar las navidades de aquí en adelante para poder celebrarlas todos juntos el resto del año", concluye Martínez.
1 d
eldiario.es
Moderna confirma que su vacuna tiene una eficacia del 94% y pide autorización para su uso en la Unión Europea
Los resultados finales del ensayo de la vacuna de Moderna frente a la COVID-19 han confirmado un 94% de eficacia, según informa TheGuardian. La compañía ha pedido la autorización para su uso en la Unión Europea.
1 d
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