Herramientas
Cambiar el país:
eldiario.es - Internacional
eldiario.es - Internacional
América derriba a Colón en el segundo centenario de su independencia
Hace un año la artista peruana Daniela Ortiz, de 35 años, entró en directo en Espejo Público porque había protagonizado una reivindicación contra los monumentos coloniales a los pies de la famosa estatua del marino italiano que hay en Madrid, donde se han reunido varias veces grupos conservadores a reclamar su ideal patriótico. Para Ortiz, los monumentos dedicados a Colón y a los militares españoles que "invadieron América" hace cinco siglos deben ser derribados del espacio público. Dijo que son símbolos que reivindican la supremacía blanca y que por ello se deben vandalizar y retirar de las calles. Para Ortiz estas esculturas honran en Europa y en España un proceso colonial que sigue vigente y acaba con la vida de miles de personas, a través de los procesos de control migratorio. Entonces Susanna Griso le dijo a la artista que a ella la estatua de Colón no la ofendía. A lo que Ortiz respondió rápido: “Claro, porque eres blanca”.Fue uno de los pocos capítulos iconoclastas en España, si no el único, que emergió con el movimiento Black Lives Matter, después de que la policía de Minneapolis asesinara a George Floyd. Entre junio y julio de 2020, más de treinta monumentos de Cristóbal Colón fueron destruidos, decapitados, incendiados y pintarrajeados en varias ciudades de los Estados Unidos. En menos de 24 horas tras la caída de la primera estatua del explorador italiano en Richmond, en Virginia, otra de bronce era derribada en Minnesota, después de que un grupo de manifestantes atara cuerdas alrededor del cuello de la pieza y la arrancara del pedestal. Otros tantos se acercaron al parque Byrd, en Richmond, para echar abajo la escultura del “conquistador”. Una vez la derrumbaron, la envolvieron en una bandera estadounidense y le prendieron fuego. Después de quemarla, los activistas antirracistas y contra las herencias coloniales arrastraron la figura de piedra hasta un lago cercano y la arrojaron al agua. En Latinoamérica el terremoto anti simbólico tuvo epicentro en Colombia, pero se expandió por todos los países con monumentos que fueron levantados cuatro siglos después de la llegada de los españoles. Las últimas en caer han sido las dedicadas a Colón y a la reina Isabel la Católica, inauguradas en 1906 en Bogotá. Hace unos días, el Ministerio de Cultura dio la orden de retirar las figuras."Somos los supervivientes de los que no pudiste matar": así se definió el pueblo misak, originario americano, frente a la estatua que homenajeaba al militar español Sebastián de Belalcázar, colocada en Popayán. Los manifestantes derribaron el año pasado la escultura que había sido colocada en 1940 y el Ministerio de Cultura ya explicó entonces lo que ahora ha comunicado con la retirada del explorador y la monarca: quiere abrir un diálogo “para reflexionar sobre el significado y el valor del patrimonio cultural”. Ante los incidentes de Popayán la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, repudió la acción pero anunció que no se restituiría la imagen derribada. La acción, además, propició que la ministra abriera una conversación “para restablecer la memoria y contar la historia que no se ha contado”. El filósofo Reyes Mate escribe en Las víctimas como precio necesario (Editorial Trotta, 2016) que hay una deuda con la violencia desde el deber de la memoria, “reconociendo la actualidad de las injusticias pasadas y preguntándonos hoy por la vigencia hoy de esas lógicas que causaron en el pasado las injusticias que conocemos”. A la pregunta quién determina lo que es ofensivo, el filósofo responde que las víctimas. Porque la memoria de estas, dice el autor, no lleva a la venganza, sino a la reconciliación. Esa es la reclamación de los pueblos originarios que denuncian que continúan siendo expulsados de sus tierras y de las instituciones por los herederos de los invasores. “La memoria de las víctimas no es un obstáculo para la paz, una invitación al enfrentamiento, sino el fundamento de una paz duradera”, dice Reyes Mate.En esa línea, las autoridades colombianas entienden este descabalgamiento de estatuas como una oportunidad para “avanzar en la creación de espacios” en los que se debe dar a conocer la identidad propia de la comunidad y en busca, además, de la paz de la región. La idolatría a estos personajes aspira a la admiración, muchos siglos después de su actuación histórica, pero deriva irremediablemente en la destrucción, porque son emblemas destinados a perpetuar e imponer unas ideas sobre las poblaciones herederas de los que homenajean. Los movimientos americanistas contra estas esculturas son anteriores a 2020, pero el año pasado se multiplicaron las reacciones contra ellas. Es probable que no fuera más que el anticipo de lo que sucederá en mayor medida en este 2021, cuando se celebran dos siglos de la descolonización e independencia en países como México, Perú, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá. Los contrarios a la desaparición de la vía pública de estos monumentos aseguran que la finalidad es “borrar la historia”. Quienes defienden los levantamientos contra los monumentos públicos dicen no se rebelan contra la historia, sino contra los signos producidos por intereses que no representan a toda la comunidad. También aseguran que no son las estatuas ni sus pagadores quienes escriben la historia. La postura de Colombia es la misma que han defendido en el último año los alcaldes estadounidenses que decidieron retirar estos monumentos, cuya presencia se vio incrementar en el siglo XX para reconocer la presencia de la comunidad italoamericana. Frank Moran, alcalde de Camden (New Jersey), dio la orden de retirar la estatua de Colón, con la que la ciudad convivía desde 1915, y declaró que la estatua era “ofensiva para todas las personas de color, ya sean negras o marrones”. En un comunicado, el alcalde dijo que la estatua había sido durante mucho tiempo “un símbolo controvertido” y su presencia “dolía” a los residentes de la comunidad, que le había hecho llegar numerosas peticiones de retirada. “La comunidad ya no apoya el monumento. Hubo muchas atrocidades hacia los seres humanos que estaban en la isla de Puerto Rico y otras islas del Caribe por parte de este individuo”, añadió el alcalde.Mike Purzycki, alcalde de Wilmington (Delaware), aseguró que tenía noticias de que el monumento realizado por Egidio Giaroli, en 1957, iba a ser vandalizado y decidieron apartarlo de la vía pública antes de que sucediera. La almacenó “para abrir una discusión sobre la exhibición pública de personajes y eventos históricos”. El alcalde apuntó: “No podemos borrar la historia, por dolorosa que sea, pero ciertamente podemos discutir la historia entre nosotros y determinar juntos lo que valoramos y lo que creemos que es apropiado recordar”.“Realmente creo que la gente necesita ser escuchada y el dolor histórico que han sufrido, nos guste o no, necesita ser reconocido si se quiere que nuestra nación sane”, dijo Mary Casillas Salas, alcaldesa de Chula Vista (California), que también dio la orden de mandar al almacén municipal la imagen de Colón, situada en el Parque del Descubrimiento, desde 1991.En West Orange (New Jersey), el alcalde Robert Parisi ordenó retirar el monumento que se había inaugurado en 1992, porque, según declaró entonces, “la leyenda de Colón no coincide con la historia. Y hoy, el hombre, las estatuas, los monumentos que celebran su vida dividen, y un símbolo de odio y opresión no puede permanecer como parte de nuestra comunidad”.Después de 134 años ubicada en St. Louis Park, la estatua de St Louis (Missouri) fue apartada porque “para muchos simboliza un desprecio histórico por los pueblos y culturas indígenas y la destrucción de sus comunidades”, explicaron en un comunicado los responsables que supervisan el parque. Tras la votación de la Junta se mostraron favorables al retiro de la imagen creada por el escultor alemán Ferdinand von Miller II, que en 1884 retrató al marino con barba. Las autoridades apuntaron que fue erigida como una manera de “celebrar las contribuciones de los inmigrantes”. Con esta decisión reafirmaron su compromiso, explicaron, de ser “un lugar de bienvenida”. La descomunal estatua de Colón de la ciudad que lleva su nombre, Columbus (Ohio), tampoco se libró. Su alcalde decidió apear de su pedestal a la imagen que desde hacía 65 años lo recordaba como un hombre maduro, aunque sin los atributos propios de su iconografía, y almacenarla. “Para muchas personas de nuestra comunidad, la estatua representa al patriarcado, la opresión y la división. Y eso no representa a nuestra gran ciudad. Ya no viviremos a la sombra de nuestro pasado. Es el momento de reemplazar esta estatua con obras de arte que demuestren nuestra lucha duradera para poner fin al racismo y celebrar la diversidad y la inclusión”, recalcó el alcalde Andrew J. Ginther.Pero la retirada más significativa de todas fue la que firmó la presidenta del Senado de California, Toni G. Atkins, con la que apartó de la vista pública el conjunto escultórico Última petición de Colón a la reina Isabel, después de 137 años presente en la rotonda del Capitolio. “Cristóbal Colón es una figura histórica profundamente polémica, dado el impacto mortal que su llegada a este hemisferio tuvo en las poblaciones indígenas. La presencia continua de esta estatua en el Capitolio de California, donde ha estado desde 1883, está completamente fuera de lugar hoy. Será retirada”, decía la orden de la demócrata, firmada tres semanas después del asesinato de George Floyd. No se trataba de un grupo de manifestantes, reunidos en un parque en una quedada convocada por redes sociales. La cúpula de la autoridad ejecutiva derrocaba un símbolo del pasado, que consideraba desubicado para los estándares civiles de 2020. 
5 h
eldiario.es
La batalla sin fin de los niños soldado en Colombia
A los 15 años Yeimy Sofía Vargas ya forma parte del registro de niños y adolescentes víctimas del conflicto armado colombiano. La menor murió en marzo tras un bombardeo de la Fuerza Aérea sobre un campamento de disidentes de las antiguas FARC en Guaviare, una zona de tradición insurgente al sur del país. Tras los hechos, el Ministro de Defensa, Diego Molano, quiso proyectar una imagen de autosuficiencia y seguridad. Además, hizo responsables a las disidencias guerrilleras, quienes, a su juicio, convertían a los menores en “máquinas de guerra”. Analistas del conflicto armado como Andrés Aponte señalan que el Gobierno conservador de Iván Duque buscó con aquellas declaraciones evadirse de su obligación constitucional de proteger a una de las poblaciones más vulnerables del conflicto, y de paso, cargarles con el peso de una “gran estigmatización”.La noticia revivió, además, el recuerdo devastador de los ocho menores de edad que fallecieron en 2019, tras otra descarga de plomo aéreo sobre la misma facción guerrillera. El hecho trató de ser ocultado por la cartera de Defensa y le costó el puesto al entonces ministro Guillermo Botero.El reclutamiento ilícito de menores de 18 años en la guerra colombiana es una antigua realidad. A pesar de la opacidad de las cifras, sabemos que 6976 niños, niñas y adolescentes han sido acogidos entre 1999 y 2021 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad estatal que atiende a los jóvenes que se desvinculan, o son rescatados, de cualquier grupo armado ilegal.Por su parte, la Unidad de Víctimas del conflicto ha registrado desde 1985 unos 16.045 homicidios de personas de entre 12 y 17 años. Y otras cifras apuntan que, del total de más de nueve millones víctimas del conflicto registradas en la misma entidad, algo más de un millón son adolescentes. El politólogo Carlos Otálora es enfático en señalar que si a la violencia en Colombia “se le pusiera una edad, la niñez y la adolescencia serían, sin duda, una de las poblaciones más golpeadas”.Así mismo lamenta que los medios locales se hayan limitado a replicar la faceta más llamativa de una problemática profunda y compleja. Andrés Aponte añade, en el mismo sentido, que el lenguaje noticioso ha distorsionado la realidad: “La prensa en Colombia repite como muletilla que se trata de ‘reclutamiento forzoso’ de menores. Un estudio detallado muestra que eso es impreciso y que en nuestro país el grueso de los casos de incorporación a los grupos ilegales es voluntaria”. De la misma manera, añade que el tratamiento correcto sería el de “reclutamiento ilícito”. Y remata asegurando que, allí, "prefieren las condenas moralistas y se forman ideas erróneas. En el caso colombiano no sucede lo que en Nigeria, donde Boko Haram rapta a los niños y les corta violentamente toda capacidad de elección”.A los 13 años, Pedro Pablo Ibatá ya era un muchacho con nociones políticas y relatos de guerra en la cabeza. A esa edad tomó la decisión de alistarse en la guerrilla marxista de las FARC y seguir los pasos de su padre, que formó parte de las primeras cuadrillas insurgentes a principios de los años 60. Del universo rural que dejaba atrás, solo añoraba a su familia, ya que la mayoría de chicos en la zona apostaron también, en un punto u otro, por la lucha armada. En Vistahermosa, la población del centro del país donde Ibatá fue criado, a finales de los 80 quedaban ya pocos conocidos. Muchos acabaron en las tropas antagónicas de la extrema derecha paramilitar, que, por entonces, se empleaba a fondo en eliminar del mapa a los miembros de la Unión Patriótica, una formación política legal de raíz guerrillera.Ibatá recibió el nombre de Guillermo como alias de guerra y pasó casi 30 años en la clandestinidad, donde llegó a ser uno de los mayores expertos en explosivos con varios delitos en la capital. Hoy, tras los acuerdos de paz de 2016 en La Habana con el Gobierno, es uno de los 19.000 desmovilizados de las antiguas FARC. Cuenta que a sus 47 años ya es abuelo y tiene canas. A pasar de ser un hombre precavido, muestra entusiasmo cuando habla de su nueva misión al frente de una de las dependencias del programa de reinserción a la vida civil para jóvenes combatientes.Las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron, históricamente, los mayores reclutadores de jóvenes, con un 56%, según las cifras de menores acogidos por el ICBF, la mayoría de ellos tenía entre 14 y 17 años. A las FARC las siguen el aún activo Ejército de Liberación Nacional, con un 19% del total de menores reclutados y las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, con el 15%.  Casi todas las fuentes coinciden en que, a pesar de que es innegable que ha habido reclutamiento forzoso, se trata de un fenómeno residual a lo largo de medio siglo de conflicto interno. Hay documentación, por ejemplo, que demuestra que en la década de los 90 las FARC ejercieron un sistema de cuotas. En determinadas regiones se llevaban para la selva, bajo extorsión, a un menor por cada familia. En 2012 se descubrió el escándalo de unos escuadrones, bautizados los "pisa suave", de niños especializados en operaciones especiales que llegaron a degollar a miembros de la fuerza pública. Pero el politólogo y ex guerrillero del ELN, Álvaro Villarraga, matiza que en el esquema clásico de las guerrillas campesinas predominó un sistema de convencimiento político y factores de tipo hereditario. Los documentos de inteligencia militar clasificaban como familias “farianas” o “elenas” a los clanes de milicianos que se sucedían por las estructuras a través de generaciones.El caso de los paramilitares es distinto. Su modelo consistía en atraer delincuentes jóvenes más avazados, muchas veces ex guerrilleros o ex militares, a los que se les ofrecía un sueldo o la promesa de todo tipo de bienes. A diferencia de las guerrillas, su centros de preparación se situaban a las afueras más pobres de ciudades medias, y no en el campo.Andrés Aponte, de la Fundación Ideas para la Paz, se refiere a una “mercenarización” de la guerra. “A partir de los 80 se abre una ventana de ascenso social distinto para jóvenes humildes. En la guerrilla no había pago, pero en el caso de los paras sí, y la remuneración dependía de la destreza de cada guerrero.”, señala el investigador. A los 14 años, José Sánchez ingresó a la guerrilla de las FARC para evitar la cárcel. Su padrastro había violado a una de sus hermanas y como venganza decidió “zamparle un tiro para que aprendiera a respetar”. Por eso huyó. Allí recibió el alias de "El tuerto". No reniega de su pasado, pero confiesa que, en las más de tres décadas en la montaña, lo único con lo que nunca congenió con su organización fue en la fe religiosa. “Los lineamientos marxistas-leninistas imponen el ateísmo. Con eso nunca pude. Siempre creí en la existencia de Dios y antes de cada misión me echaba la bendición sin falta”, aseguró.Sánchez tuvo en sus manos la misión de reclutar nuevos integrantes para “la causa”. Asegura sin titubear que nunca mintió ni tampoco obligó a nadie a seguirlo. Hoy, desmovilizado y con 57 años, trabaja como conductor de maquinaria pesada y no reniega de su pasado.Camila, en cambio, se muestra reacia a hablar de su vida en la guerrilla. Además de haber perdido una pierna al pisar una mina antipersona, ha tenido problemas de salud y su única preocupación en la vida es velar por el futuro de su hijo de seis años.También entró a las FARC con 14 años porque en su municipio “no había más nada”. Ni escuela, ni ejército, ni nada. Allí aprendió a leer, cumplió funciones como enfermera y odontóloga. Su voz es seca y dura. Su vida no ha sido muy distinta. Tras preguntar una y otra vez cuál es la finalidad de la entrevista, pide una única condición: que no se mencione su nombre. No quiere que su hijo lea en el futuro sobre un pasado que quisiera enterrar.Las motivaciones para escoger el camino de las armas han variado muy poco en el último medio siglo. La violencia ha amainado, pero de ninguna forma ha desaparecido. De hecho, el cierre de escuelas debido a la crisis sanitaria ha espoleado nuevos casos de reclutamiento documentados por Organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano (Coalico). El vínculo entre niños y maestros se ha visto interrumpida. Y el repliegue por el confinamiento ha ahondado aún más el vacío institucional. En los últimos tiempos, nuevos grupos ilegales, así como bandas más pequeñas apoyadas en el sempiterno y lucrativo narcotráfico, han sumado herramientas digitales para enganchar a chicos en los suburbios urbanos (en la ruralidad la cobertura de internet no supera en promedio el 9,6%). Se trata de muchachos mucho menos ideologizados, más interesados en subsistir. Muchas veces, migrantes venezolanos vulnerables.José lo resume claro: “Desde hace rato el Estado se lo pone muy fácil a los grupos armados”. Basta repasar las declaraciones de los excombatientes para constatar que hay patrones que se repiten: precariedad, ausencia estatal, venganza o violencia. Pero también pequeñas dosis de esperanza de que en un futuro no muy lejano las próximas generaciones no tendrán que crecer bajo el silbido de las balas.
5 h
eldiario.es
Armenia afronta las primeras elecciones de la posguerra con una sociedad polarizada por la derrota en Nagorno Karabaj
Dos días después del comienzo de la guerra de Nagorno Karabaj, sin decir nada a su familia, Norik partió hacia la autoproclamada República de Artsaj. Este joven de 36 años decidió alistarse en el ejército armenio y luchar por el territorio que consideraba su tierra, disputado por Armenia y Azerbaiyán. En aquel momento, grandes carteles con el lema "Vamos a ganar" ocupaban las principales calles de la capital armenia y la ciudadanía se volcaba unida en apoyo a las fuerzas armadas y los desplazados del conflicto. Hoy, siete meses después de un alto el fuego que supuso la perdida de buena parte del territorio de Nagorno Karabaj, el soldado de 36 años vive sin movilidad de cintura para abajo debido a un disparo recibido durante los últimos días de ofensiva azerí. Se pregunta si valió la pena: "Las decisiones de este gobierno han perjudicado nuestra patria"."La superioridad tecnológica de Azerbaiyán, principalmente por el apoyo de Turquía, no nos permitía hacerlos frente en igualdad, atacaban con drones desde el aire, hasta los conductores tenían miedo de salir a la carretera", afirma Norik con tristeza en el centro donde se recupera de sus heridas. Tras 44 días de una guerra marcada por la clara ventaja militar azerí e iniciada a finales de septiembre de 2020, el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, firmó un acuerdo con Azerbaiyán, en el que cedía gran parte del territorio de Nagorno Karabaj, ubicado dentro de las fronteras azeríes pero hasta entonces poblada y controlada por ciudadanos de etnia armenia. El alto el fuego fue recibido con incomprensión por parte de su población y desplazados por el conflicto, que se vieron traicionados por el gobierno armenio y decepcionados conrla comunidad internacional. La decisión provocó un gran descontento social que se medirá por primera vez en las urnas este domingo, después de que el Gobierno armenio se viese forzado a convocar elecciones anticipadas el pasado mes de marzo tras realizar una serie de consultas con el presidente de la Republica de Armenia, Armén Sarkisián y los tres partidos que integran el Parlamento de Armenia. Para parte de la población del país, la firma del acuerdo que puso fin a 44 días de conflicto fue una traición a la patria. Muchos ciudadanos consideran en vano la muerte de alrededor de 3.900 compatriotas, más aproximadamente 11.000 heridos. Gran parte de estos heridos se recuperan, como lo hace Norik, en el Centro de Rehabilitación de Defensores de la Patria de Ereván. Antes de la guerra, se dedicaba a la elaboración de muebles. Ahora, busca una forma de reinventarse y comenzar una nueva vida a través de la formación en 3D o la apertura de un negocio como tallador.Siete meses después del final del conflicto, 27.501 familias de las 90.640 personas que tuvieron que huir de Nagorno Karabaj a Armenia para protegerse de las bombas aún no han podido volver a sus casas. Eleta es una de las desplazadas de guerra que sigue esperando el momento de poder regresar. En un taller de costura de la ONG Bari Mama, donde recibe formación profesional para salir adelante, la mujer narra sus últimos años en Nagorno Karabaj. "En 2018 compré un piso en Hadrut y en 2019 me trasladé desde Tug, mi pueblo. Cuando comenzó la guerra, huimos. Nos prometieron que podíamos volver a por nuestras cosas, pero la realidad no fue así, los azeríes nos lo han arrebatado todo a mí y mis dos hijas", dice entre los telares del taller ubicado en Jrvezh, cerca de la capital armenia. Ella ya poseía alguna noción de costura pero, a través de este proyecto, ha tenido la oportunidad de formarse de manera profesional y apoyarse en sus compañeras, además de obtener un salario que le permite vivir con dignidad.Junto a Eveta se encuentra Venera también procede de Tug (Nagorno Karabaj) y trabajaba allí como profesora. El 5 de octubre huyó de su pueblo junto con su hija de 25 años. Su otra hija de 30 años y el resto de su familia vive en Stepanakert, la capital de la autoproblamada República de Artsaj, que se mantiene bajo el control armenio. "Al comienzo de la guerra pensé que sería cosa de tres días y todo volvería a su cauce, como en otras ocasiones. Ahora no me queda nada".Marine vivía en Arakel y trabajaba en un jardín de infancia. Cuenta con terror el momento en que subieron a lo alto del pueblo cuando comenzó la guerra, de donde tuvo que huir a Armenia cinco días después. Un amigo le dejó una casa en una localidad próxima a la capital y en febrero comenzó a formarse como costurera en este proyecto. Tiene miedo de lo que pueda pasar en las elecciones ante la polarización surgida tras la escalada del conflicto en Nagorno Karabaj: "Tal vez tengamos una guerra civil", augura con temor.Las protestas contra la gestión del gobierno fueron la tónica tras la firma del acuerdo con Azerbaiyan y la derrota en la guerra. La situación para la Republica de Armenia se agravó aún más el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno acusó al ejército azerí de intentar sobrepasar el límite territorial impuesto en el acuerdo del alto el fuego en las regiones de Syunik y Gegharkunik.Esta situación tampoco ha favorecido al primer ministro, Nikol Pashinian, de cara a las elecciones parlamentarias. La división de la sociedad se ha agudizado cada vez más en el último mes entre los partidarios de Pashinian y quienes apuestan por un cambio de gobierno. La alternativa más fuerte al partido proeuropeo Contrato Civil, del actual primer ministro en funciones, es la del partido de influencia prorusa Alianza Armenia, de Robert Kocharyan, quien fue presidente de la Republica de Nagorno Karabaj entre 1994-1997 y posteriormente presidente de la Republica de Armenia de 1998 a 2008.Robert Kocharyan fue protagonista en una de las páginas negras de la historia de Armenia. En febrero de 2008, Nikol Pashinian encabezó las protestas, conocidas como la Revolución de Terciopelo, con motivo de los resultados de las elecciones presidenciales en las que Serzh Sargsyan, quien Kocharyan apoyaba, se proclamó vencedor con un 52% de los votos. El 1 de marzo de 2008, Robert Kocharyan, quien era presidente en aquel momento, mandó reprimir violentas protestas que acabaron con la muerte de ocho opositores y dos policías. Posteriormente, estableció un estado de emergencia en el que se produjeron detenciones de opositores, se prohibieron manifestaciones y se censuró a parte de la prensa. Kocharyan fue detenido e investigado por estos acontecimientos, hasta que en abril de 2021 fue absuelto por el Tribunal de Jurisdicción General de la ciudad de Ereván.La campaña preelectoral en Armenia, al igual que todos los meses posteriores a la guerra en el Karabaj, se ha caracterizado por acaloradas discusiones entre el Gobierno y la oposición, que se acusaban mutuamente de las circunstancias que llevaron a la derrota en el conflicto con Azerbaiyán, informa Efe. El fracaso en la guerra y las críticas a las decisiones tomadas entonces por Pashinian han catapultado de nuevo a Kocharyan, al que parte de la sociedad también mira con rechazo, por su pasado oscuro. La encuesta realizada por MPG Gallup a fecha 10 de junio da como vencedor a la Alianza Armenia con el 24,1% de los votos, muy cerca del partido de Nikol Pashinian, Contrato Civil, con el 23,8% de los votos. Nikol Pashinian ya ha convocado manifestaciones para después de las elecciones y Kocharyan afirma que responderá con protestas si las autoridades amañan las elecciones. El próximo domingo 20 de junio el pueblo armenio decide si continuar acercándose a Europa o volver a la senda prorusa, un futuro muy incierto en un contexto vulnerable para la sociedad armenia y con Azerbaiyán acechando en cada momento.
1 d
eldiario.es
Las fotos de políticos europeos sin camisa mientras se vacunan: "Es un poco autoindulgente"
Desde la llegada de la vacuna contra la COVID-19, tanto famosos como políticos han llenado las redes sociales de fotografías recibiendo la vacuna. Esto ha dado pie a un nuevo fenómeno pandémico: imágenes de políticos con el torso al descubierto y mirando a cámara mientras una enfermera les inocula el suero. El fenómeno parece darse solo en Europa. Uno de los primeros en unirse fue el ministro de Asuntos Sociales y Sanidad francés, Olivier Véran, cuyo tuit con la imagen tuvo más de 20.000 "me gusta". Recibió la primera dosis de AstraZeneca en febrero, días después de que llegaran las primeras remesas a Francia, rodeado de cámaras y fotógrafos. Su intención era infundir confianza en la vacuna, pero más bien acabó sirviendo de inspiración para memes."En esta última edición de Los políticos europeos se quitan la camisa para vacunarse, la tímida pose medio cubierta de Olivier Véran hace una clara referencia a La Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Apto, sofisticado. 5 estrellas", dijo Katy Lee, periodista de la agencia AFP. No es la única que hizo referencia al famoso cuadro."Cómo empezó / Cómo está ahora. Edición del ministro francés de Sanidad"."Los franceses", dice un comentario en Twitter, "incluso cuando solo están siendo inmunizados posan naturalmente como si fueran héroes en un cuadro de Jacques-Louis David".El militar y miembro del Parlamento del Reino Unido Johnny Mercer tiró de ironía para justificar su foto. "Lo probamos con la camisa puesta, pero simplemente no podía cubrir mis músculos con las mangas", dijo Mercer. "Pensé que era un poco autoindulgente publicar eso en público. Sabes que soy tímido."El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, fue uno de los primeros en recibir la primera dosis de Pfizer, solo seis días después de que fuera aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. El primer ministro justificó que tanto él como otros altos funcionarios fueran los primeros en vacunarse, junto con los sanitarios, para así "enviar el ejemplo de que la vacuna es segura y eficaz". Sin embargo, obtuvo una respuesta negativa por parte de la oposición y sindicatos de sanitarios.Cuando Mitsotakis fue a recibir su segunda dosis en enero optó por no llevar un polo de manga corta, como en la ocasión anterior, y en su lugar prefirió dejarse fotografiar con el torso al descubierto. Entonces se habló poco de si era correcto o no que fuera de los primeros en estar completamente inmunizado."El primer ministro griego haciendo lo que haga falta para venderle la vacuna a su población", dijo el analista político Ramy Yaacoub.En España tampoco nos hemos quedado atrás. Hace solo unos días el portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibía la primera dosis de la Pzifer y nos dejaba una imagen parecida a la de sus colegas europeos.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cambio, optó por un polo de manga fácil de arremangar para recibir la primera dosis de la vacuna este viernes en Madrid.Durante estos meses de vacunación, ninguna política se ha visto en la necesidad de quitarse la camisa para recibir la vacuna. Ellas suelen ir preparadas para la ocasión con una prenda de manga corta o que permita subir las mangas fácil y rápidamente, como indican las recomendaciones para agilizar el proceso.Sin duda la más previsora fue Dolly Parton. La cantante estadounidense, que donó dinero para el desarrollo de la vacuna de Moderna, escogió una prenda con dos agujeros en la parte superior para que el doctor inyectara ahí la vacuna. Fácil y rápido.
1 d
eldiario.es
Un grupo de exmilitares pide a las Fuerzas Armadas de Perú que no reconozcan a Castillo si la Justicia desestima las acusaciones de fraude
Una carta firmada presuntamente por cientos de militares peruanos retirados pide a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que desconozcan la validez de la victoria de Pedro Castillo en los comicios presidenciales. Los autores de la carta esgrimen que si la Justicia desestima las reclamaciones por fraude que ha presentado la candidata derechista Keiko Fujimori, el Ejército debería levantarse contra "un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado".Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a Efe que los jefes del Comando Conjunto de las FF.AA. recibieron una misiva en la que se argumenta que las autoridades militares "no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude" o fruto de "irregularidades".Keiko Fujimori, que salió perdedora tras el recuento de votos en las pasadas elecciones presidenciales, es, junto a sus aliados políticos, la única que sostiene la existencia de un fraude electoral, sin haber aportado pruebas fehacientes. Por ello, solicitó a los tribunales electorales anular centenares de miles de sufragios en los bastiones electorales de Castillo.La misiva fue recibida por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo; el Comandante General de la Marina de Guerra, almirante Ricardo Menéndez; el Comandante General del Ejército, general Manuel Gómez de la Torre, y el Comandante General de la Fuerza Aérea, general del aire Rodolfo Pereyra.El presidente peruano en funciones, Francisco Sagasti, ha asegurado este viernes que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son "neutrales y no deliberantes" y que la carta ha sido remitida al Ministerio Público para que valore si incurre en "conductas lesivas al orden constitucional". En el documento, los exoficiales expresan su "profunda preocupación por la amenaza que se cierne contra la estabilidad democrática" del país, a raíz de la forma en que se ha realizado la segunda vuelta electoral, en la que Castillo obtuvo un 50,12% de los votos. Los militares retirados recogen la versión de Fujimori de que el partido de Castillo, Perú Libre, habría cometido "fraude sistemático" con firmas falsas y adulteraciones en la votación.En ese sentido, sostienen que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ignora o desestima las denuncias de Fuerza Popular, el partido de Fujimori, y proclama a un ganador "obviando sus funciones y responsabilidades, tendríamos un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado, por ser consecuencia de un delito cometido por parte de los actores electorales".El JNE ya está analizando las reclamaciones presentadas por Fuerza Popular, la inmensa mayoría presentadas fuera del plazo legal establecido.De momento, ningún caso de los analizados ha dado la razón a Fujimori, que no aportó ninguna prueba fehaciente de sus acusaciones.Según estos militares retirados, la Constitución reconoce el derecho a la no obediencia y a desconocer como presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional "a una persona que haya sido nombrada violando la Constitución y las Leyes de nuestro país, pudiendo recurrir al Congreso de la República para dar una solución democrática y de acuerdo a Ley".Asimismo, afirman que la población civil "tiene el derecho de insurgencia en defensa del Orden Constitucional" y que "son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas".La carta de los exoficiales se suma a otras difundidas en redes sociales en los últimos días por parte de otros militares en la reserva, que han alimentado el clima de tensión e incertidumbre sobre los resultados electorales.El JNE ha señalado que solo proclamará los resultados de la segunda vuelta presidencial cuando haya resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad, que se pudieron presentar legalmente hasta las 20:00 horas del pasado 9 de junio.Sin embargo, la carta, avalada al parecer por un extenso listado de nombres, no tiene firmas, y se observa que en ella hay por lo menos cuatro o cinco fallecidos entre quienes supuestamente la suscriben, han indicado las fuentes oficiales.Por ese motivo, el Ministerio someterá el escrito a una investigación para verificar su autenticidad y luego "determinar si procede una denuncia" sobre su contenido, que podría incurrir en graves delitos por incitar a quebrantar la Constitución y las leyes peruanas.
1 d
eldiario.es
La Justicia belga impone a AstraZeneca un calendario de entregas ante los retrasos acumulados
La Justicia belga ha fallado este viernes que AstraZeneca debe entregar 50 millones de dosis antes del 27 de septiembre de 2021. El fallo llega tras la denuncia de la Comisión Europea por los incumplimientos de la farmacéutica, que no ha entregado más que un tercio de lo previsto en el primer semestre de 2021.Así, el tribunal ordena a AstraZeneca que entregue con 50 millones de dosis antes del 27 de septiembre de 2021, de acuerdo con un calendario vinculante: 15 millones de dosis para el 26 de julio, a las 9 a.m; 20 millones de dosis para el 23 de agosto; 15 millones de dosis al 27 de septiembre.En caso de incumplimiento de estos plazos de entrega, AstraZeneca deberá pagar una penalización de 10 euros por dosis no administrada. "La decisión del juez sobre las medidas cautelares solicitadas se basa en el hecho de que AstraZeneca cometió un incumplimiento grave (faute lourde) de sus obligaciones contractuales con la UE", afirma la Comisión Europea en un comunicado."El tribunal también sostiene que AstraZeneca debería haber desplegado todos sus esfuerzos para entregar las vacunas dentro del calendario acordado, incluidos los sitios de producción británicos mencionados explícitamente en el contrato, especialmente dados los grandes retrasos en las entregas a la UE", explica Bruselas.
2 d
eldiario.es