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eldiario.es - Aitor Riveiro
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Pablo Iglesias anuncia que el Gobierno aprobará el martes el proyecto de ley de protección a la infancia
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros del próximo martes se aprobará el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una de las promesas legislativas del Ejecutivo que se ha visto postergado unos meses por la irrupción de la COVID-19. Iglesias ha comparecido ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso para informar sobre la gestión que ha hecho su ministerio ante la crisis sanitaria, económica y social producida por el SARS-CoV-2.El vicepresidente segundo ha desgranado alguna de las medidas ya conocidas, pero también ha concretado el anuncio sobre la llamada ley Rhodes que ya deslizó hace unos días. Iglesias ha recordado que esta norma estaba llamada "a ser el primer proyecto que sacara adelante" su departamento. El texto estaba ya casi listo, pero la pandemia truncó los planes legislativos del Ejecutivo de coalición.Con la curva de contagios doblegada y el país en proceso de desescalada del confinamiento, la Vicepresidencia Segunda ha reactivado la maquinaria para tener lista la norma el próximo martes. Una ley, ha dicho Iglesias, que "va a ser fundamental para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país y que a mí me llena de orgullo poder impulsar como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno".El proyecto de ley contempla "el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes"; la creación del la del "coordinador de bienestar y protección", que estará presente en todos los centros educativos, donde se van a establecer "protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia". Además, la propuesta del Gobierno contempla la creación de "unidades especializadas" en las diferentes policías, así como la formación a jueces y fiscales. Uno de los elementos más importantes y que con más ahínco han reclamado las asociaciones de víctimas es retrasar la prescripción de estos delitos. El proyecto contempla que que dicho plazo para los delitos graves "no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años". 
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