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eldiario.es - Irene Castro
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De prolongar los ERTE a la gestión de Euskadi del ingreso mínimo: las cesiones del Gobierno en el estado de alarma
Prorrogar el estado de alarma se le ha ido poniendo cuesta arriba a Pedro Sánchez al tiempo que la curva de la COVID-19 se iba doblegando en España. El camino prácticamente expedito que tuvo en la primera ampliación de la medida de excepcionalidad se ha ido complicando paulatinamente. Primero fue Vox el que se fue al no y después el PP, previo paso por la abstención, al tiempo que los aliados parlamentarios del Gobierno se fueron desmarcando obligando a la coalición a pagar cada vez un precio más caro. A eso atribuye el Ejecutivo el pacto con EH Bildu que causó la enésima polémica y un gran malestar en la patronal, que forzó una rectificación tras una llamada a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.La complejidad para lograr los apoyos en una sexta prórroga del estado de alarma llevó al Gobierno a ponerlo en duda, a pesar de que el plan de desescalada lo hace obligatorio —según los argumentos que hasta ahora había dado el Ejecutivo— a mantenerlo al menos hasta el 5 de julio, que es la primera fecha en la que regiones como la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona o la práctica totalidad de Castilla y León podrían alcanzar la "nueva normalidad" en la que ya se prevé la movilidad interprovincial. El gabinete de Sánchez siempre ha sostenido que la alarma es el único instrumento jurídico que le permite restringir la movilidad dentro de España.Por eso Moncloa ha retomado los contactos con los grupos políticos para intentar una "última prórroga para terminar la desescalada", según fuentes gubernamentales. Pero ha lanzado una advertencia: "Les transmitimos que nuestra conversación iba a versar de forma exclusiva sobre los elementos que tienen que ver con la salud de los ciudadanos". Así se pronunció la portavoz, María Jesús Montero, en plena resaca por el acuerdo con EH Bildu, que incluyó dos cuestiones que no estaban muy relacionadas con la pandemia: la derogación de la reforma laboral antes de que caduquen las medidas extraordinarias aprobadas por la COVID-19 y la capacidad de ampliar el gasto por parte de las entidades locales, forales y autonómicas "para paliar los efectos" del virus.A pesar de que esas dos medidas —la derogación de la reforma laboral y de la regla de gasto— figuran en el acuerdo del programa de la coalición, Sánchez reprochó que la posición del no por parte del PP "hace que se abra la espita en la interlocución del Gobierno de España con distintos grupos parlamentarios de debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria y tampoco tienen que ver con la salud pública. Tienen que ver con compromisos de legislatura, con compromisos de investidura o con planteamientos de financiación, de aprobación o derogación de leyes, etcétera". Aún así, el ánimo del Gobierno para sacar adelante la sexta prórroga ha mejorado tras alcanzar un acuerdo con el PNV a través del que se transfiere a Euskadi la gestión de ingreso mínimo vital aprobado este viernes. La decisión se produce en plena negociación de la alarma y después de que la izquierda abertzale se anotara un punto a las puertas de las elecciones. El acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu no sentó bien a los nacionalistas vascos, acostumbrados a ser por excelencia la fuerza negociadora en Madrid."Este Gobierno tiene un acuerdo estable de legislatura con el PNV. Eso no se ha modificado. Muchas partes de los acuerdos que se firmaron hay que ir desarrollándolos en los próximos meses. Que el PNV revise los textos forma parte de la forma de comportarse y de proceder de este Gobierno, que intenta informar y recabar la opinión de una de nuestras alianzas más fuertes", expresó Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.No obstante, el PNV ya había arrancado a Sánchez otras contrapartidas en la negociación de las prórrogas anteriores. Una de ellas fue el compromiso de Moncloa de facilitar la celebración de las elecciones vascas el 12 de julio a pesar de la situación de excepcionalidad que atraviesa el país. También fue la presión de los nacionalistas vascos a cambio de su sí la que forzó la "cogobernanza" del proceso de desescalada. Ahora admiten que un nuevo estado de alarma más suavizado y no homogéneo "podría estar razonablemente bien formulado". La pretensión de Sánchez es levantar la alarma de forma asimétrica.Por su parte, Ciudadanos se ha convertido por sorpresa en un aliado imprescindible para el Gobierno. Inés Arrimadas se mantuvo en el sí cuando Pablo Casado optó por abstenerse y logró arrancar al presidente el compromiso de que algunas de las medidas sociales y económicas aprobadas durante la emergencia sanitaria se prolongaran más allá del estado de alarma, entre ellas los ERTE.En la segunda negociación, el Gobierno, que se vio obligado a recular en su intención inicial de aprobar una prórroga de 34 días, aceptó la petición de Ciudadanos de una ampliación adicional de un mes sin intereses de demora para la moratoria de impuestos (IVA, IRPF, Sociedades) a los contribuyentes afectados por el impacto negativo del coronavirus así como un compromiso para que se desvincule del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos. También se garantizó que el Congreso seguirá a pleno rendimiento en el mes de julio.En su comunicado, el partido de Arrimadas aseguraba que, gracias a Ciudadanos, "no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles". Sin embargo, el Gobierno lo desmintió al garantizar que la mesa de diálogo con la Generalitat se reactivaría cuando la emergencia sanitaria diera un respiro.Además de fijar un horizonte para la mesa de negociación entre gobiernos, los republicanos catalanes han puesto tres condiciones para volver a la abstención: medidas de conciliación para que familias monoparentales puedan conjugar trabajo y cierre escolar, desbloquear el superávit de los ayuntamientos y una nueva ley de salud pública que permita hacer frente a un posible rebrote. Sin embargo, ERC no ve en Sánchez intención alguna de asumir esas peticiones y recuperar su apoyo.El voto en contra del grupo que pilota Gabriel Rufián obligó al Gobierno a reforzar los lazos con su aliado parlamentario a través de varias reuniones de los equipos negociadores de la investidura, pero esta vez no dio frutos. Ante esa situación y con la negativa de Casado a facilitar el mantenimiento del estado de alarma, varios ministros tuvieron que remangarse para negociar con los grupos más pequeños.Fue entonces cuando Coalición Canaria pasó de la abstención al sí, a pesar de que no era determinante. Ana Oramas, que fue contactada por José Luis Ábalos, logró el compromiso de Moncloa de prolongar los ERTE del sector turístico canario. Ahora se está negociando un decreto ley específico con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social.En las primeras prórrogas del estado de alarma, una crítica generalizada al Gobierno por parte de los grupos y las comunidades autónomas fue la falta de interlocución. Sánchez se defendió con el argumento de que muchas propuestas se veían reflejadas posteriormente en las medidas que aprobaba. Así fue, por ejemplo, en el caso de la paralización de la actividad económica no esencial, que defendió de forma unánime la izquierda parlamentaria y que Sánchez anunció poco después, pese a haberlo descartado en el Congreso, vinculándolo a la cercanía de la Semana Santa. También en medidas más concretas planteadas por grupos, como Más País o ERC, como la moratoria o suspensión del pago de hipotecas y alquileres o la protección a las mujeres víctimas de violencia machista mediante una alternativa habitacional.
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eldiario.es
La Abogacía del Estado acusa a la Guardia Civil de "deslizar sospechas" y "generar suspicacias" en su informe del 8M
Un escrito de la Abogacía del Estado, incorporado a la investigación del delegado del Gobierno de Madrid por no prohibir el 8 de marzo, acusa a la Guardia Civil de "deslizar continuas sospechas" y "generar suspicacias" en el informe que le reclamó la jueza en el marco de esa causa. La Abogacía del Estado ejerce la defensa del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. "La Policía Judicial desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces por los complementos de documentación, perjudicial para la investigación y para el investigado, ya que genera aclaraciones posteriores, sucesivas, que hacen más complejo el análisis global de toda la información cuando no generan suspicacias, que son de todo punto innecesarias  y podrían evitarse dando el tiempo necesario para cumplir adecuadamente esos requerimientos", dice el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en alusión a su crítica a la jueza Carmen Rodríguez-Medel de ejercer una instrucción apresurada pese a la situación generada por la pandemia. La abogada del Estado Rosa María Seoane dice que el instituto armado ha actuado con "claro sesgo acusatorio" y acusa a la jueza de promover ese informe pese a que estaba pendiente resolver el recurso de apelación presentado por la Abogacía al auto que dio inicio a la causa. De hecho, el escrito, que ha adelantado El País, recuerda que ni la Fiscalía se pudo pronunciar "oportunamente" antes de que se desenvolvieran todas las diligencias acordadas ni la Audiencia Provincial ha revise la "legalidad" de la forma de proceder de la instructora. 
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