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Singapur replantea su relación con los trabajadores inmigrantes tras la COVID-19
Con la rehabilitación de edificios como alojamientos temporales y la futura construcción de 11 dormitorios, Singapur se replantea ahora la situación de miles de trabajadores inmigrantes no cualificados que representan mas del 90 por ciento de los casos de la COVID-19 en la ciudad-Estado. Las autoridades de Singapur, uno de los primeros países en detectar el virus dentro de sus fronteras, lograron sortear la primera ola de la pandemia con una estrategia rápida y efectiva basada en los test y el aislamiento de los infectados. No obstante, se olvidaron de una pequeña parte de su población: unos 300.000 trabajadores no cualificados que viven hacinados en 43 barracones y proceden en su mayoría del sur de Asia, aunque esenciales para el funcionamiento de la lujosa ciudad-Estado de 5,6 millones de habitantes. A este grupo pertenecen más del 90 por ciento de los 36.922 infectados confirmados en Singapur, la gran mayoría durante la segunda ola de contagios ocurrida a partir de abril. La ciudad-Estado inició a principio de este mes la fase de desconfinamiento, a pesar de sumar este jueves 517 positivos, 502 de ellos en los barracones de inmigrantes. PEQUEÑAS CÁRCELES Con el objetivo de disminuir la densidad de personas en las habitaciones y mejorar su nivel de comodidad, el Gobierno anunció el pasado lunes que pretende habilitar antiguas escuelas, almacenes y otros edificios como alojamientos temporales, mientras construyen en un periodo previsto de dos años 11 dormitorios para alojar a unas 60.000 personas. "Las autoridades de Singapur son especialmente buenas proyectando y ejecutando planes con éxito. Pero fallan a la hora de pensar en las personas, por ejemplo en este caso (fallaron) en convertir en espacios más habitables los barracones para inmigrantes", comenta a Efe Alex Au, subdirector de la oenegé Transient Workers Count Too (TWC2). Au denuncia que los actuales dormitorios son más parecidos a "pequeñas cárceles de baja seguridad" rodeadas de vallas, alambres y con numerosos controles de seguridad y privación de libertades. Estos barracones se componen en general de habitaciones compactas donde conviven hasta 20 personas donde es imposible acatar las medidas de distanciamiento físico, con prácticamente nula privacidad, baños y comedor compartido y pobres condiciones higiénicas. EPIDEMIAS ANTES DEL NUEVO CORONAVIRUS De hecho, años antes del envite de la COVID-19, otras enfermedades víricas como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) o la gripe aviar ya habían golpeado con especial énfasis entre los inmigrantes residentes de estos dormitorios. La propagación de la COVID-19 fue muy rápida y se descontroló entre los inmigrantes lo que sorprendió con el pie cambiado a las autoridades, asegura el representante de TWC2. A diferencia de otras ocasiones, las autoridades, que por norma general desoyen las alertas de las oenegés, comenta Au, colaboraron con las organizaciones de derechos para inmigrantes y aceptaron las recomendaciones de mover a los residentes a lugares deshabitados como campamentos militares o barcos para reducir el riesgo de contagios. NUEVAS MEDIDAS E IDEAS PARA LOS DORMITORIOS Conforme al plan de construcción, las autoridades singapurenses buscan establecer un máximo de 12 personas por habitación y mejorar varios aspectos sanitarios. "La idea actual del Gobierno de Singapur consiste en estar preparados ante la próxima epidemia. Disminuir la densidad de población, aunque con 12 personas no es la solución ideal, será clave para un futuro menor impacto de la enfermedad", apunta Au. Entre las recomendaciones de TWC2 está crear pequeños apartamentos para ocho personas entre dos habitaciones en lugar de habitaciones compactas, reducir los controles de seguridad y respetar las libertades de movimiento de los inmigrantes. Además de proveer de cocinas o buscar localizaciones con mejor acceso al servicio de transporte público, ya que en general los dormitorios se encuentran en las zonas industriales. EVITAR EL "NO EN MI PATIO TRASERO" El ministro para el Desarrollo Nacional y viceministro de Finanzas, Lawrence Wong, pidió durante el anuncio del plan comprensión a los singapurenses al señalar que algunos de los edificios convertidos de manera temporal en alojamientos para inmigrantes estarán "inevitablemente" cerca de áreas residenciales. Wong reclamó evitar la mentalidad de "no en mi patio trasero" y concentrarse en la "contribución" de los inmigrantes a Singapur, uno de los países con mayor renta per cápita del mundo. "En sociedades con una brecha de desigualdad amplia, como Singapur, las clases altas se niegan a mezclarse con los pobres", comenta el activista sobre las posibles tensiones raciales. En 2008 residentes del barrio acomodado de Serangoon Gardens se opusieron a los planes gubernamentales para la construcción de viviendas para inmigrantes alegando la posible bajada de los precios del terreno y el supuesto aumento de los índices de criminalidad. También están presentes los disturbios del 8 de diciembre de 2013 en el barrio de Little India, calificados como el peor incidente desde la independencia de Singapur, que terminaron con 1 muerto y 62 inmigrantes arrestados, entre numerosos destrozos del mobiliario urbano. Noel Caballero
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Inmigración e Ingreso Mínimo Vital: los bulos que te están intentando colar
Desde que se aprobara el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se publicara en el Boletín Oficial del Estado este lunes, la desinformación sobre la población migrante ha resurgido con afirmaciones como que "todos los inmigrantes que lleguen en patera" a España tendrán derecho a percibir esta ayuda o con imágenes que te hacen creer que muchos inmigrantes ya están solicitándola. Sin embargo, la regulación de esta ayuda es clara: para percibirla, el solicitante deberá llevar al menos un año residiendo en España de manera regular.Las únicas excepciones serán si la solicitante es víctima de violencia de género o si es víctima de trata de seres humanos o de explotación sexual, una situación que deberán poder demostrar.Algunos mensajes están intentando hacer creer que esta última excepción significa que los inmigrantes que lleguen a través de mafias de tráfico de personas en pateras tendrán acceso a esta prestación. Es un bulo que mezcla y confunde víctimas de trata con personas víctimas de mafias de tráfico para llegar a España en patera. Esto no es lo mismo. La trata de seres humanos es a personas que sufren explotación sexual o con fines de explotación laboral y nunca es consentida o este consentimiento está sujeto a coacción y no implica transnacionalidad, mientras que el tráfico de personas sí que es consentido y se centra en el cruce de fronteras.No es cierto que “todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta”.Uno de los mensajes que más se ha difundido esta semana sobre el IMV vinculándolo a la migración irregular afirma que todas las personas que lleguen en patera a España podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital. Es un bulo: para conseguir esta prestación es necesario llevar al menos un año residiendo de manera regular en España. Sólo las víctimas de violencia de género, de trata o los menores que se incorporen a la unidad de convivencia estarán exentos de esta condición, como explica el Real Decreto que regula esta ayuda publicado este lunes en el BOE.En Real Decreto también se especifica que las víctimas de trata y de explotación sexual deberán acreditar esta condición a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a este tipo de víctimas o por los servicios sociales. También Santiago Abascal, líder de Vox, ha afirmado en Twitter que "todas las personas que lleguen en patera tendrán tendrán derecho a cobrar la renta", en relación al Ingreso Mínimo Vital, pero como os hemos contado esta afirmación es falsa.En este vídeo en árabe no se dice que las personas que están en situación irregular puedan acceder a la prestación.Esta semana un vídeo de cinco personas hablando en árabe sobre la renta mínima se ha difundido por Twitter, Facebook y WhatsApp con mensajes como "publicitan por todo el Magreb el Ingreso Mínimo Vital" o asegurando que explican "la posibilidad de acceder a la ayuda a pesar de encontrarse en situación irregular". Esto es falso: tres traductores nos han confirmado que en el vídeo no se dice en ningún momento que las personas en situación irregular puedan acceder a esta ayuda. De hecho, al final del vídeo, uno de los participantes explica que esta ayuda "la recibirán personas que tienen papeles" y señala que "los que no tienen papeles" no la recibirán.Las personas que aparecen en este vídeo son Otmane El Hadad, Khadija Ben Amar Taza, Abou Mariam, Karim Kasri y Abou Razan, youtubers que en algunos casos tienen miles de seguidores y que hablan en sus cuentas sobre cuestiones administrativas como la renta mínima y los ERTE, o de la obligatoriedad del uso de mascarillas durante el confinamiento por el coronavirus.No es cierto que las excepciones en las condiciones para acceder al Ingreso Mínimo Vital hagan referencia al tráfico de personas: la trata y el tráfico de personas no es lo mismo.Otro de los mensajes que más se ha difundido en los últimos días en redes sociales es el que afirma que las excepciones para poder acceder al ingreso mínimo vital sin llevar un año residiendo de manera legal en España hacen que cualquier inmigrante ilegal que llegue en patera a España tiene derecho a percibirla. Esto es falso: la excepción que contempla el real decreto es que la persona sea víctima de trata y esto no es lo mismo que tráfico de personas, aunque a veces puedan estar conectadas.El Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018) elaborado por el antiguo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se distingue entre las situaciones de trata de seres humanos (artículo 177 bis del Código Penal) y de tráfico ilegal de personas (artículo 318 bis del Código Penal). En ese documento se indica que aunque puedan estar conectados, entre los delitos de tráfico y trata existe una clara distinción y esto resulta fundamental desde el punto de vista de atención a las víctimas ya que "puede ocurrir que las víctimas de trata de seres humanos sean confundidas con personas sometidas a tráfico, no activándose los mecanismos de protección de los derechos humanos para víctimas de este tipo de delito".En el Plan también se explica, que una de las principales diferencias entre la trata y el tráfico es que la primera nunca es consentida o este consentimiento está sujeto a coacción o a situaciones de vulnerabilidad, mientras que en el tráfico ilegal es siempre consentido, aunque los trayectos se realicen en condiciones peligrosas.Además, la trata no siempre implica transnacionalidad y las víctimas no son siempre personas extranjeras en situación irregular, pero el tráfico de inmigrantes consiste en cruzar ilegalmente la frontera. El delito de trata atenta contra los derechos humanos, mientras que el de tráfico ilegal de personas es contra los intereses del Estado, es decir, la protección de sus fronteras.Qué sabemos sobre la imagen que te hace creer que personas marroquíes están haciendo cola frente al consulado para solicitar el ingreso mínimo.También se ha intentado desinformar a través de imágenes que supuestamente muestran largas colas de inmigrantes pidiendo esta prestación, como esta foto de personas haciendo cola en la puerta del Consulado de Marruecos en Almería que se ha difundido afirmando que están ahí para "preparar el papeleo del Ingreso Mínimo Vital". Esta imagen es real y está tomada en frente del Consulado de Marruecos en Almería, como se puede ver comparando la imagen con Google Street view.Sin embargo, desde el Consulado nos aseguran que ellos no realizan trámites relacionados con el Ingreso Mínimo Vital. Además, explican que están atendiendo "los casos de siempre, trámites para documentos de identidad, procuración, actas de recién nacidos, certificados" y aseguran que debido al confinamiento por el coronavirus ha permanecido cerrado al público hasta el 26 de mayo, cuando volvió a abrir sus puertas. También afirman que están atendiendo a mucha gente, lo cual podría justificar las colas de personas que esperan a ser atendidas.Además, explican que el aforo permitido dentro del edificio es del 30% y que la gente tiene que esperar fuera. También señalan que no ha ido nadie preguntando por el Ingreso Mínimo Vital y que están atendiendo principalmente a gente que quiere regularizar documentos o renovarlos.Desde Maldita.es no hemos podido verificar que la imagen corresponde a una fecha posterior a la reapertura del consulado, pero sí que se puede ver a personas con mascarillas, algo que no era habitual antes del estado de alarma.*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.
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El miedo al virus no viaja en patera
Cocinero por accidente, Alfa Jafo se extraña cuando le preguntan si la COVID-19, que ha confinado a millones de personas acostumbradas al libre movimiento, ha aniquilado su anhelo de esquivar la pobreza y saltar a Europa. Expulsado de Argelia, desde hace meses trabaja en un restaurante de la histórica ciudad nigerina de Agadez, trampolín de la migración irregular en el Sahel, con la idea de volver a la ruta, esa pesadilla que precede al sueño europeo. "No, no tengo miedo", afirma. "En cuanto pueda viajaré a Libia. Rezo porque es Dios quien va a salvar a los hombres del coronavirus, quien nos salvará a todos. Y desde allí a Italia para casarme y estudiar", agrega. Andre Chani, un "pasador" que abandonó el negocio en 2017 -cuando el Gobierno de Níger, presionado por Europa, lo declaró actividad ilegal-, coincide en que el virus es para los migrantes un guijarro en una senda salteada de rocas mortales. "Incluso con el coronavirus, es mucho mejor que quedarse aquí, en África, donde no hay nada. Prefieren sufrir en el desierto, donde hay tantas y tantas muertes, o la COVID-19 antes que permanecer en casa", insiste. Sin embargo, aunque nada parece haber cambiado en el espíritu del camino -más allá de un control limítrofe algo más estricto- , sí lo ha hecho en el destino, donde las blindadas fronteras se han acorazado y la vieja controversia entre la protección de los nacionales y los derechos de los extranjeros se ha agudizado. "La del COVID-19 no es la primera crisis que azuza este debate, pero es una de las más amplias y graves. El virus representa un tipo de amenaza distinto a cualquier grupo terrorista, red criminal u otros problemas asociados al debate sobre la migración", explica el investigador Niall McGlynn, vinculado al Trinity Collage en Dublin. Una discusión que Solon Ardittis, director general de Eurasylum, y Frank Laczko, responsable del centro de análisis de datos de Organización Internacional de las Migraciones (IOM), creen que girará en torno a cuatro grandes ejes durante la pospandemia. "Combatir la xenofobia promoviendo la inclusión, desbloquear a los migrantes que han quedado varados, asegurar que las respuestas a la migración tengan su reflejo en los sistemas de salud y reducir el impacto socioeconómico negativo", señalan en un artículo. A ellos, la Alta Comisionada Adjunta de Protección en ACNUR, Gillian Triggs, añade el riesgo de una mayor estigmatización de los migrantes. "Existe la posibilidad de que alguien en la sociedad comience a argumentar que los refugiados, demandantes de asilo y desplazados son vectores de la enfermedad, que portan el virus" para tratar de eludir así las obligaciones del derecho humanitario internacional, subraya.UN FLUJO QUE NO CESA En un país víctima del caos desde la caída en 2011 del dictador Muamar al Gadafi, la guerra civil libia, la primera completamente privatizada de la historia reciente, se ha recrudecido. Solo en el último año, los combates por la conquista de Trípoli han segado la vida de más de 1.700 personas y han obligado a más de 200.000 a abandonar su hogar, entre ellas miles de migrantes a la espera de huir hacia Europa. "La cifra que tenemos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en centros de detención es probablemente la más baja en mucho tiempo. La OIM habla de 1.500 detenidos en esos centros oficiales, lo que deja abiertas muchas preguntas", señala Hassiba Hajd Saharaui, portavoz de MSF en Amsterdam. No sólo a dónde ha ido la mayor parte de los que estaban atrapados en primera línea de combate, sino también sobre la disonancia existente entre el número de los que han partido en botes en las últimas semanas, los que han llegado a Italia y los que han sido interceptados por la polémica Guardia Costera libia. "Tememos que, y tenemos razones para creerlo, algunas de esas personas son entregadas a las mafias y bandas de traficantes, gente que desaparece y alimenta así las redes de contrabando. Son interceptados en el mar, reingresan en las redes de contrabando al llegar a Libia y lo vuelven a intentar", advierte. "Toda esta gente es muy vulnerable y esa vulnerabilidad se está incrementado a causa de la guerra, pero también de la COVID-19 porque supuestamente se tienen que aplicar unas medidas que las condiciones en las que viven no les permiten. ¿Cómo te aislas cuando vives en un lugar así?", se cuestiona. La ONU pidió el pasado 24 de marzo una "tregua humanitaria" para luchar contra la pandemia, pero ambas partes en conflicto la eludieron. Desde entonces los enfrentamientos se han intensificado y se desconoce cuál es el verdadero alcance de la enfermedad en el país. "La guerra va a tener dos tipos de efectos muy diferentes: uno, evidentemente, es el efecto empuje: los migrantes van a querer salir más y más a medida que sigan los combates", explica McGlynn. "Pero los cambios repetidos en la línea del frente harán que las condiciones para embarcarse sean más complicadas. Incluso para las mafias a la hora de mover a los migrantes y los botes", agrega el investigador, que cree que, aun así, el flujo de botes se incrementará con la llegada del buen tiempo. También se teme un repunte en la ruta occidental, la que desde el Sahel desemboca en España, que en los últimos dos años -desde que Italia endureció sus políticas- se ha convertido en la más importante del Mediterráneo. Aunque se han visto fenómenos extraños como la "migración irregular inversa", migrantes que han pagado a las mafias por huir de España, uno de los países más afectados por la pandemia, la sensación es que el flujo va a ser similar al de años precedentes. Según el ministerio español del Interior, en los primeros cuatro meses de año llegaron al país de forma irregular 6.297 personas, casi 2.000 menos que en el mismo periodo de 2019. Las llegadas por mar bajaron un 21,2%, pese a que la cifra de embarcaciones aumentó un 23,7%. "Saber los motivos de los movimientos migratorios es siempre complicado, se juntan varias cosas, el cierre de fronteras afecta incluso en los no regulares y no podemos obviar que España ha sido uno de los centros mundiales de la pandemia, eso hace que la gente se plantee venir", cuenta a Efe el secretario general de la Federación Andalucía Acoge, José Miguel Morales. Uno de los pocos territorios que vive un repunte de llegadas de migrantes son las Islas Canarias, que ha recibió un 160% más de embarcaciones este año respecto al mismo periodo de 2019. "La deuda externa en África es un elemento clave, el incremento y falta de conciencia del G20 a la hora de cancelar la deuda implica un incremento de los movimientos migratorios como única alternativa", dice Morales, al asegurar que "hay indicios como para pensar que una vez pase lo peor, habrá un incremento" de llegadas. "Ni siquiera la pandemia puede echar para atrás la búsqueda de una vida mejor", subraya.HACINAMIENTO Y ESTIGMATIZACIÓN Levantado en la isla griega de Lesbos, el campo de Moría, es el mayor de Europa. Desparramado más allá de sus contornos iniciales, en sus insalubres calles se hacinan cerca de 20.000 personas en unas condiciones que parece casi un milagro que no se haya producido ninguna catástrofe. Abocados a la aglomeración, en tiempos de confinamiento el aire es uno de los bienes más preciados. El otro, el agua, es incluso más escaso. Hay un grifo para 1.300 personas y un baño para más de 200. "Es muy difícil practicar el aislamiento en estas estructuras, sin puertas, agua, ni espacio", explica Vassilis Stravaridis, director de MSF en Grecia. Una situación que se repite en las otras cuatro islas que constituyen la principal puerta de entrada a Europa por el Mediterráneo oriental -Kos, Quíos, Samos y Leros-, en las que se amontonan 38.000 migrantes y refugiados sin ningún caso confirmado hasta la fecha de la COVID-19. En los campos del continente, el Gobierno tomo la decisión de impedir entrar y salir, pero en las islas únicamente pidió a las ONG detectar a los más vulnerables antes de evacuar a hoteles a unas 2.400 personas: solicitantes de asilo mayores de 65 años, personas con enfermedades y familiares más allegados. Según Stravaridis, lo que el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis describe como una estrategia de éxito, posiblemente sea mera fortuna. En este contexto, las ONG denuncian la falta de una gran estrategia preventiva, sobre todo ante el previsible aumento en verano de las llegadas, pese a que en abril éstas fueron mínimas. Según el responsable de ACNUR en Grecia, Philippe Leclerc, el bajón se debe posiblemente al endurecimiento de los controles marítimos y terrestres a raíz de la crisis con Turquía, pero también a que el confinamiento ha sido generalizado en otros países. Leclerc augura que habrá casos de contagio: "va a suceder, como ocurre en el resto del mundo, y debemos estar preparados". En la misma línea, McGlynn apunta que bastará con que se multipliquen los casos en los campos de refugiados de Grecia e Italia, en los centros de detención de Libia o en los bosques de Marruecos para que el debate se avinagre. "Si en seis meses tenemos un enorme número de casos en Libia, pese a que no podamos saber cuánta gente tiene el virus, creo que va a ser un factor clave en términos de presión popular para que los Gobiernos cierren las fronteras e impidan la entrada de los migrantes", pronostica.NUEVOS PROTOCOLOS DE RESCATE En abril, cuando el barco "Alan Kurdi" rescató a 150 migrantes en plena pandemia y pidió un puerto para atracar, el Gobierno italiano entendió que la llegada de migrantes -que se había triplicado respecto a 2019- debía gestionarse de otra manera. Primero, aprobó a la carrera un decreto que permitió cerrar los puertos y que desató el caos. Después, y tras días de tensa espera, envió un ferry para que los 150 migrantes de ese barco y los 46 rescatados por el "Aita Mari" pasaran la cuarentena aislados en el golfo de Palermo. Dos apresuradas y controvertidas medidas adoptadas tras haber apostado semanas antes por las devoluciones en caliente a Libia, como se vio obligado a admitir el primer ministro de Malta, Robert Abela, tras investigaciones del diario italiano Avvenire y del estadounidense The New York Times. Una política de bandazos que la ministra italiana de Transporte e Infraestructura, Paola Micheli justificó por "la falta de condiciones organizativas para gestionar emergencias en los hospitales en caso de que ocurran muchas llegadas". El alcalde de Lampedusa, Salvatore Martello, lo calificó de "situación absurda" consecuencia de la mezcla del flujo incesante de botes, la falta de espacio y las vicisitudes de la pandemia. "Se trata de seguridad de todos. Si tienes el centro de acogida lleno, no los puedes dejar fuera. Por eso pedimos un barco", explicó Martello. Según el protocolo previo, antes de su trasladado al centro de acogida, los migrantes rescatados deben pasar la cuarentena en el muelle Favarolo, centro de operaciones de sanitarios y cooperantes. Sin embargo, el tapón creado por la COVID-19 había obligado enseguida a que decenas de ellos durmieran a la intemperie una vez pasado el aislamiento entre las protestas de las ONG, que entienden que optar por la cooperación es mucho más efectivo. "Nosotros, como organización médica, no vemos ninguna razón fundamental para hacer las cosas de manera diferente. Si has sido rescatado del mar, la organización que lo ha hecho aplica las medidas necesarias", explica Hassiba, que recuerda que MSF ha ofrecido a Italia crear una centro de cuarentena en Sicilia y ayuda en la gestión de llegadas. "Una vez desembarcados se debe seguir el protocolo, una cuarentena, por ejemplo. Pero cerrar todos los puertos es, en opinión de MSF, "una excusa para rehacer las políticas de control de la migración que han seguido Malta, Italia y la Unión Europea durante varios años", denuncia.ASILO Y EQUILIBRIO SANITARIO A falta de una política europea común, desde la sociedad civil se apunta que la solución reside en un equilibrio entre el respeto escrupuloso al derecho humanitario internacional y la integración de los migrantes sin que se vean afectados los sistemas sanitarios de los países de acogida. "La solución son medidas sanitarias razonables y bien calibradas. La gente debe ser rescatada, ese no debe ser un tema de negociación, ocurra lo que ocurra. En estos días todos alabamos la solidaridad, ¿pero dejamos que la gente muera en el mar?", recalca Hassiba. "Lo que le pedimos a los Gobiernos es que se aseguren de incluirlos en sus programas nacionales", señala, por su parte, Triggs, quien advierte sobre la tentación de usar la COVID-19 como excusa para recortar derechos. "Dado que la pandemia no discrimina, muchos Gobiernos han entendido que tienen que incluirlos en los sistemas nacionales de salud, pero les pedimos que vayan al siguiente nivel y se aseguren de que sean incluidos en las redes de asistencia social", recalca. Una tentación que ya parece sobrevolar a Gobiernos como el griego, que sostiene que la clave del éxito pasa por reducir los flujos migratorios, acelerar el proceso de asilo para poder expulsar cuanto antes y controlar las entradas por mar, aunque haya que cometer ilegalidades. "Se debe saber que nuestro país ya no está abierto a la inmigración para aquellos que no tienen derecho a protección internacional. Y esta es una clara elección política del Gobierno", insiste el ministro de Migración, Notis Mitarakis. McGlynn considera "muy difícil" frenar este tipo de discurso ultraconservador y propone como alternativa una estrategia que "aúne racionalidad y hechos" y que pase por "enfatizar que los Gobiernos están tomando medidas proactivas, que pueden ponerlos en cuarentena médica, darles las medicinas necesarias y cortar al máximo la cadena de contagio". Al final del camino, otro de los grandes problemas es que aquellos que logren su sueño europeo no queden rezagados, sin opciones de regularización y por tanto sin las ayudas excepcionales por la pandemia y caigan en manos de empresarios sin escrúpulos. "La llegada de migrantes no carga el sistema sanitario público, es gente joven que viene con voluntad de trabajar, pero lo que sí hay que garantizar es que nadie esté en la calle porque eso provoca problemas de salud pública", zanja Morales. Y es que prisionero en un centro de detención, hacinado en un campo de refugiados o a bordo de una patera, la necesidad de huir es más fuerte que el miedo a la pobreza, a la violencia o incluso al virus. Reportaje elaborado por Javier Martín en colaboración de Ingrid Haack, Macarena Soto y Cristina Cabrejas. Editado por Marta Rullán y Javier Marín.
1 d
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Un grupo de 58 cubanos varados en Perú por el COVID-19 llegan a La Habana
Un grupo de 58 cubanos llegó este miércoles a La Habana procedente de Perú, donde habían quedado varados tras el cierre de fronteras y aeropuertos de ambas naciones debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.Los cubanos que se encontraban de visita en Lima y otras ciudades del país suramericano fueron repatriados a la isla en un avión de la Fuerza Aérea Peruana como parte de una operación binacional, según informaron medios estatales.Este es el segundo vuelo con cubanos evacuados desde Perú tras el regreso a la isla de un grupo de once deportistas a principios de abril a partir de un acuerdo entre las cancillerías de los dos países para repatriar a sus nacionales varados por el coronavirus en el Caribe y en Suramérica.Este miércoles el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, anunció que próximamente partirá hacia Perú una brigada de profesionales de la salud para ayudar en el enfrentamiento a la epidemia en ese país.El canciller del país caribeño escribió en su cuenta de Twitter que la brigada de sanitarios prestará servicios en diversas regiones de Perú en respuesta a una solicitud del Gobierno de Lima.Este nuevo colectivo se suma a más de 2.300 colaboradores de la salud cubanos, organizados en una veintena de brigadas médicas del contingente internacional Henry Reeve, que participan en la asistencia a la emergencia sanitaria del COVID-19 en países de América Latina y el Caribe, África y Europa.Desde que Cuba anunció el cierre parcial de sus fronteras aéreas y marítimas como medida de prevención ante la pandemia, han retornado unos 3.000 cubanos procedentes de más de una docena de países.Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Alemania, Angola, Barbados, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Nicaragua, Perú, Portugal, República Dominicana, México, Panamá y Guinea Ecuatorial, según el portal oficial de la Cancillería cubana.
2 d
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Panamá refuerza la vigilancia en el albergue que algunos migrantes amenazaron con quemar
Las autoridades panameñas reforzaron la vigilancia en un albergue de migrantes irregulares luego de que un grupo de ellos amenazara este miércoles con prender fuego al lugar si no los dejaban continuar su viaje hacia el norte del continente, lo que no es posible por el cierre de las fronteras por el COVID-19. La situación se registró en La Peñita, situada en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia, donde se encuentran cerca de 2.000 migrantes de varias nacionalidades varados en un albergue que presenta hacinamiento, según han reconocido las propias autoridades panameñas. "Este grupo de migrantes solicita que se le permita el libre camino hasta la frontera de Costa Rica. Se le está explicando que tanto las fronteras con Colombia, con Costa Rica y a nivel de la región están cerradas por la situación del COVID-19, pero estos insisten en su solicitud", explicó el subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, Roger Mujica, en un video colgado en redes sociales. En un comunicado, el Senafront informó asimismo que un grupo de los migrantes "amenazan con quemar la Estación Peñita poniendo en peligro no solo su vida sino la de los pueblos aledaños". Estos migrantes "se mantienen tranquilos" aseveró Mujica en el video desde el albergue, y señaló que agentes del Senafront se encuentran "pendientes, monitoreando y dirigiendo toda la maniobra para contener este situación". "Hemos atendido de manera diligente" las solicitudes de los migrantes, "visitándolos y agotando todas las vías pacíficas necesarias para la solución del conflicto", agregó el organismo de seguridad en su misiva. Hace pocas semanas un grupo de migrantes intentó abandonar La Peñita para retomar su viaje pero fueron contenidos por los agentes del Senafront, en un incidente que no pasó a mayores de acuerdo con la información oficial. Este martes en Honduras, otro grupo de unos 300 migrantes irregulares varados en ese país intentó reanudar su travesía pero fueron frenados por las autoridades hondureñas. Se trata de migrantes de África, Cuba y Haití, entre ellos niños, que se encuentran en Honduras desde marzo, cuando llegaron después de atravesar Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, dijo la subinspectora de Policía hondureña, Tania Cruz. El cierre de las fronteras por la pandemia frenó la llegada de los migrantes irregulares a Panamá procedentes de Suramérica, pero desbordó el programa de atención que aplica el país, conocido como flujo controlado, ya que dejó varados a los más de 2.500 que se encontraban ya en suelo panameño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) urgió la semana pasada Panamá a garantizar el derecho a la salud sin discriminación a los migrantes en Darién, tras haber pedido al Estado panameño un informe sobre la situación allí y el manejo de la pandemia, ya que se reportó a mediados mayo oficialmente que 43 se había contagiado de coronavirus. "Lamentablemente sí tenemos un hacinamiento porque hay demasiadas personas" en Darién, unas 1.993 según las autoridades, reconoció el martes la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, que anunció planes para construir en esa provincia un albergue modular o de campaña con capacidad para 500 personas. Panamá "ha estado haciendo más que cualquier otro país (...) solo Panamá y Costa Rica atienden a los migrantes" irregulares, "les damos alimentación y servicios de salud", defendió la directora de oficina de Migración panameña, que informó que hasta el martes solo había 15 personas afectadas por el COVID-19. Otros 578 migrantes en tránsito se encuentran en el albergue panameño de Gualaca, situado cerca de la frontera con Costa Rica, de acuerdo con los datos oficiales.
2 d
eldiario.es
La comunidad afrodescendiente en España se moviliza tras la muerte de George Floyd: "Aquí también hay racismo"
Las protestas antirracistas desatadas tras la muerte de George Floyd, asfixiado por un policía en Minneapolis, empiezan a extenderse más allá de Estados Unidos. En París, cerca de 20.000 personas se concentraron para apoyar las manifestaciones estadounidenses, pero también para mostrar su indignación por la muerte de un joven negro francés tras una detención policial en 2016, de la que se han conocido nuevos detalles en los últimos días. En España, afrodescendientes de distintas ciudades han organizado movilizaciones esta semana para recordar que el racismo anti-negro "no es una cuestión solo de EEUU", que la discriminación también está en casa. "Las hermanas y hermanos afrodescendientes nos hemos coordinado en distintas ciudades para pedir justicia por George Floyd, pero también para recordar que el racismo institucional y social no solo ocurre en EEUU, sino que es una cuestión global", advierte desde Madrid Yeison García, activista de la recién formada Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España, una nueva plataforma que aglutina a ciudadanos afrodescendientes que acumulan años de lucha antirracista desde pequeños colectivos. "Mucha gente está dejando de lado que el racismo también ocurre en España", enfatiza desde Barcelona otra de sus integrantes, Jennifer Molina.Los controles policiales por perfil étnico y racial, las desigualdad con la que se chocan en el mercado laboral, la vulneración de derechos humanos ligadas a las políticas migratorias, las persecuciones policiales a los manteros o las condiciones de insalubridad en las que viven los jornaleros migrantes en el campo español, son algunas de las situaciones que les empujan a convocar este domingo concentraciones en Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Málaga y Valencia. La organización pide que los manifestantes acudan con mascarilla y respeten la distancia social. "En diferentes partes del mundo, de manera diversa, vemos como el racismo institucional y social atenta contra las vidas negras, tanto de forma directa como de forma indirecta, con las condiciones de pobreza estructural, explotación laboral y falta de oportunidades a las que somos sometidas", denuncian desde la comunidad negra en España. Los negros, parados por la Policía "42 veces más"Su lista de reivindicaciones no es nueva. Las exigencias ligadas a su próxima protesta son las mismas que repiten desde hace años, aquellas que han quedado reflejadas en informes recogidos en 2016 y 2018 por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial en 2016 y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tras su visita a España en 2018, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes llegó a la conclusión de que los controles policiales de personas afrodescendientes por perfil étnico y racial "es un problema endémico". "A los afrodescendientes se los toma constantemente por inmigrantes indocumentados y se los detiene mucho más a menudo que a personas de otro origen étnico en los controles en la vía pública y sin que existan problemas de seguridad", detallaron en su informe, que destaca una investigación de la Universidad de Granada que documenta cómo la población negra en España corre el riesgo de ser parada por la policía "42 veces más"  en las estaciones y el transporte público "simplemente por el color de su piel"."Esta práctica generalizada no solo discrimina a los extranjeros y a los ciudadanos españoles pertenecientes a minorías étnicas, sino que también alimenta el racismo, ya que quienes presencian esas interpelaciones dan por sentado que las víctimas desarrollan actividades delictivas", lamentó el Grupo de Trabajo, que solicitó entonces al Gobierno español la activación de "un mecanismo de denuncia específico e independiente" para abordar los controles policiales por perfil étnico o racial, así como ofrecer "una formación especializada a los agentes de policía y a los funcionarios públicos para prohibir y sancionar la utilización de perfiles raciales". Discriminación en el mercado laboralEn cuanto a la discriminación ligada al mercado laboral, el Grupo recogió las denuncias de colectivos de afrodescendientes en España sobre la desigualdad existente en los procesos de contratación: "Personas afrodescendientes no tenían acceso a empleos del mismo nivel que otros ciudadanos españoles, aun teniendo una formación académica similar, por el color de su piel", incluye el informe.El equipo de expertos de las Naciones Unidas se mostró especialmente preocupado "por la difícil situación de los trabajadores migrantes que viven en condiciones deplorables" en España, particularmente en Almería. En 2018 escucharon "los testimonios de trabajadores migrantes que viven en chozas construidas con cartones y plásticos, sin saneamiento ni agua potable", una realidad que permanece. " Los trabajadores migrantes también se quejaron de que sufrían regularmente el acoso, la extorsión y las palizas de la Guardia Civil, presuntamente con la complicidad de los empleadores", recoge el documento.Piden más visibilización: "España no es blanca"La población afrodescendiente española llama también la atención sobre la "invisibilización" que aseguran sufrir. "También salimos a la calle el domingo para visibilizar que España no es blanca. Estamos invisibilizadas en los medios. Los españoles blancos no identifican a la comunidad afrodescendiente como españoles. No tenemos por qué ser extranjeros por ser negros. En otros países, como Reino Unido, Francia o EEUU, está asumido. Aquí, no", enfatiza Jennifer Molina.Su reclamación también forma parte de los documentos redactados en 2018 por los expertos de la ONU. Según manifestaron, la falta de datos desglosados por origen étnico o raza, "conduce a la invisibilización de la comunidad afrodescendiente e impide encontrar soluciones eficaces contra el racismo y la exclusión social". Esta información, apuntaban entonces, resulta "imprescindible para entender la gravedad y el alcance de la discriminación racial contra los afrodescendientes". Otra de las reivindicaciones históricas de la población afrodescendiente en España es la revisión de los libros de texto y otros materiales educativos "para asegurarse de que reflejen con precisión los hechos históricos relativos a tragedias y atrocidades del pasado, en particular la esclavitud, la trata de personas africanas esclavizadas y el colonialismo". Piden una "una mayor visibilidad a la historia y la cultura de los afrodescendientes" a través de museos, monumentos, etc. Para abordar el racismo en España desde todas sus perspectivas, desde los colectivos antirracistas solicitan desde hace años la aprobación de una ley integral para combatir el racismo, como también exigió entonces el equipo de expertos de la ONU. A través de la referencia a dichos documentos, la comunidad negrade España busca destacar que "lleva años haciendo incidencia política para que nuestros derechos sean garantizados" pero, lamentan, "nos hemos encontrado con una clase política, tanto de izquierdas como de derechas, que ignoran nuestras demandas, las tergiversa o se pierden en el gesto político que no produce ningún cambio estructural". Este domingo, la Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente de España quiere pedir justicia por George Floyd, pero también por "todas las vidas negras". También por aquellas perdidas en el Mediterráneo en su intento de llegar a Europa (268 en lo que va de año) o en los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE). Citan, entre otros, a las 14 víctimas del Tarajal fallecidos entre pelotas de goma y botes de humo de la Guardia Civil. Mencionan a Lucrecia Pérez, a Samba Martíne, a Mame Mbaye. Según denuncian, sus muertes encuentran su base, de forma directa o indirecta, en el "racismo institucional y social que hay en España".
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La ONU exige a los Gobiernos ayuda a los refugiados y migrantes ante el COVID-19
El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó este miércoles a los Gobiernos de todo el mundo apoyo a los refugiados, desplazados y migrantes ante la crisis generada por el COVID-19 y exigió que los cierres de fronteras y restricciones de movimientos para combatir la enfermedad respeten los derechos humanos. “Más de 150 países han impuesto restricciones fronterizas para contener la propagación del virus. Por lo menos 99 Estados no hacen ninguna excepción en los casos de las personas que solicitan asilo por motivos de persecución”, lamentó. En un mensaje en vídeo, Guterres subrayó que es necesario “defender la dignidad humana frente a la pandemia y aprender del puñado de países que han demostrado cómo es posible aplicar restricciones de viaje y controles fronterizos respetando plenamente los derechos humanos y los principios internacionales de protección de los refugiados”. El jefe de Naciones Unidas recordó que migrantes y refugiados están especialmente amenazados por el coronavirus, dado que muchos viven en “condiciones de hacinamiento en las que el distanciamiento social resulta un lujo imposible y en las que con frecuencia es difícil acceder a servicios básicos”. “Los efectos de esta crisis serán aún más devastadores para el gran número de personas en movimiento que viven en los países menos adelantados. Un tercio de la población mundial desplazada internamente vive en los diez países con mayor riesgo del COVID-19”, apuntó. Además, estas personas están más expuestas a la crisis socioeconómica que ha estallado por la pandemia, al trabajar a menudo en economías informales y sin acceso a protección social, y la caída de las remesas amenaza también a los familiares de los migrantes que dependen de ellas en los países de origen. Por otra parte, subrayó, el temor a la COVID-19 “ha exacerbado la xenofobia, el racismo y la estigmatización”, poniendo en más riesgo a estas poblaciones, a pesar de que muchos refugiados y migrantes están “haciendo un aporte heroico en la primera línea de las labores esenciales”. En ese sentido, destacó que alrededor de una de cada ocho personas que en todo el mundo se dedican a la enfermería ejerce su profesión en un país distinto del de su nacimiento. Por todo ello, Guterres reclamó a los gobernantes incluir a refugiados y migrantes en la respuesta a la pandemia y defendió que la crisis del coronavirus “es una oportunidad para replantear la movilidad humana”. Ese replanteamiento debe basarse en cuatro grandes claves, según un documento propuesto este miércoles por Naciones Unidas. La primera, que la exclusión es cara y la inclusión rentable, dado que incluir a toda la población en la respuesta de salud pública y en la socioeconómica “ayudará a derrotar el virus, reiniciar nuestras economías y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. La ONU insiste además en que, pese a la pandemia, deben respetarse los compromisos de protección de los refugiados y en que debe garantizarse que los diagnósticos, tratamientos y vacunas son accesibles para todo el mundo. Y por último, defiende que “las personas en movimiento son parte de la solución”. “Eliminemos las barreras injustificadas, exploremos modelos que permitan regularizar vías para los migrantes y reduzcamos los costos de transacción de las remesas”, defendió Guterres.
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