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Drones y llamadas a la responsabilidad, así reabren las playas andaluzas de Isla Cristina a Níjar
Para muchos pueblos de la costa andaluza, el verano es la piedra de toque. En apenas cuatro meses hay pueblos, empresas y familias que sostienen todo un año. Después del frenazo por la pandemia de coronavirus, estos pueblos quieren pasar de 0 a 100 en unos días. Los responsables municipales están inquietos: hay muchas dudas respecto a la seguridad, el comportamiento de los turistas, los eventuales rebrotes o los visitantes que van a recibir.La Junta de Andalucía ha exigido a todos los municipios costeros que elaboren un plan de contingencia y ha anunciado que contratará a 3.000 vigilantes, a los que pagará 1.900 euros netos al mes, para colaborar en tareas de información y vigilancia. Les ha dado un plazo de 24 horas para inscribirse en la oferta, y prevé que se incorporen el próximo 15 de junio. Muchos alcaldes creen que los fondos extraordinarios, que la Junta cifra en 10,5 millones de euros, son insuficientes. Andalucía cuenta con 372 playas y 603 kilómetros de costa. Un litoral que, según las cuentas de la Junta de Andalucía, atrajo a 17,6 millones de turistas en 2018, el 57,5% de los que visitaron la región. Algo más de la mitad (el 51,7%) eran nacionales, sobre quienes ahora ponen sus esperanzas los municipios costeros. Suele ser un turista fiel, que repite año tras año.Desde la playa de las Negras a Caños de Meca, pasando por la Costa del Sol, las playas tendrán que adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad. Sigue habiendo dudas de cómo lo harán, sobre todo para cumplir el aforo. Por ejemplo, los planes de contingencia para las playas de Níjar-Cabo de Gata establecen que podrá exigirse reserva previa "en función del comportamiento de los usuarios y de la eficacia de las medidas de control". Además, fijan "células de convivencia" de 18 metros cuadrados y prevén que "la ubicación del usuario en cada elemento de sectorización será dirigido por el servicio de protección civil".La alcaldesa, Esperanza Pérez (PSOE) matizó estas medidas al día siguiente de aprobarlas: "Teniendo en cuenta que nuestra libertad para disfrutar sólo tiene como límite el derecho de los demás a sentirse seguros, la cuestión de aforos no tendrá más limitación que la de guardar las distancias de seguridad (…). Nadie va a intervenir o perturbar a nadie si las cosas suceden con normalidad, con orden y sin perder el respeto a la difícil situación sanitaria de la que venimos".Eldiario.es/Andalucía ha preguntado a cinco responsables municipales qué están haciendo para garantizar la seguridad. La casuística es muy amplia, pero la conclusión es compartida: "Por muchas medidas que pongamos, hay que apelar a la responsabilidad individual de cada usuario".Isla Cristina (Huelva)Isla Cristina tiene 12 kilómetros de playas, todas naturales a excepción de 150 metros de playa urbana. Cada verano, sus 22.000 habitantes se convierten en 60.000. En gran parte, turismo nacional con segunda residencia, pero también turistas extranjeros en grandes cadenas hoteleras.Francisco Sosa (Partido Andalucista), concejal de Playas, explica que la gran dificultad es regular la separación de accesos y salidas. Pone el ejemplo de la playa de la Gola, a la que se accede por un puente con una anchura de 2,30 metros. La norma dice que debe haber dos metros desde la entrada a la salida, pero ese acceso está a 1,8 kilómetros del siguiente. "No puedo canalizar la entrada por el puente y la salida a 1,8 kilómetros, ni construir otro puente".Otro problema será el aforo: aunque haya dos kilómetros de playa, la concentración se produce en las cercanías de los accesos. Los vigilantes municipales sólo podrán informar, no sancionar. "Si no cumplen, para eso estarán los municipales o los fuerzas y cuerpos de seguridad. Vendrá la pareja en los quads y los sancionará".Sosa explica que trabajan a contrarreloj para enviar el plan de contingencia antes del 12 de junio, y advierte de que tendrá un alto coste. "A duras penas pagamos las nóminas… No sé cómo vamos a salir de esta".Barbate (Cádiz)Caños de Meca, Zahara de los Atunes… Algunas de las playas más famosas de Cádiz pertenecen al municipio de Barbate, que pasa de 23.000 habitantes a unos 80.000 en verano. La mayor parte de los 20 kilómetros de costa son playa natural y abierta. El alcalde, Miguel Molina (Andalucía por sí), anticipa que será complicado controlar el aforo, pero señala que son playas espaciosas y no masificadas. "Nos preocupan más las calas pequeñas, que las playas como Zahara, La Hierbabuena o Barbate", señala.En Caños de Meca prevé controlar el aforo limitando los vehículos en el aparcamiento. En cambio, en la Playa del Carmen, en el núcleo de Barbate, instalarán pasarelas de entrada y salida, lo que también servirá para dividir la playa en sectores con aforo limitado. Además, los primeros seis metros desde la pleamar serán zona de tránsito. El alcalde quiere que los bañistas usen toda la playa: "La mayoría se pone pegada al agua; este año, sintiéndolo mucho, no puede ser".La Junta de Andalucía aportará 52 vigilantes, y también ha subvencionado la compra de dos pickups, pasarelas y motos de playa por 98.000 euros. "Estoy buscando los recursos para poner megafonía, que nos daría seguridad. Pero cada vez que se lo digo al interventor me dice: "Alcalde, no puedes"". Molina prevé que el Ayuntamiento gastará en playas entre un 20 y un 30% más de lo habitual, que el año pasado fue de 390.000 euros.Mijas (Málaga)Mijas tiene 12 kilómetros de playa, que prevé controlar en tiempo real. Han previsto una separación muy superior al mínimo, de hasta 12 metros cuadrados por unidad familiar, con un aforo total de unas 16.000 unidades. Para comprobar la situación en cada momento, el municipio usará drones, cada uno realizará fotos periódicas del mismo punto. A partir de esa foto se calculará cuántas personas hay en la playa, y se volcarán los datos en una web de acceso público. Los drones también tienen altavoces, que servirán para una labor informativa. "Emitirá recordatorios. La gente verá el dron, y servirá para que sean respetuosos", explica José Carlos Martín (Ciudadanos, que gobierna con el PSOE), concejal de playas.Mijas apuesta por el autocontrol. "Jurídicamente no se puede evitar el paso a la playa, lo hemos estudiado. No hay norma que ampare eso", comenta el concejal: "Al final la responsabilidad, aunque la derivemos al resto de administraciones, es individual". Los controladores harán recomendaciones, y si hay problemas deberán llamar a los agentes de la Policía Local, que patrullará el paseo en bicicleta. Los 54 vigilantes de la Junta de Andalucía no estarán dentro de la playa.Martín asegura que cada uno de los 17 aseos tendrá una persona encargada de su limpieza de 11 de la mañana a ocho de la tarde. "Cada vez que alguien entre, se va a limpiar". Todo esto va a suponer un coste extra de unos 500.000 euros, a añadir a los 900.000 euros que se gasta habitualmente el municipio en abrir las playas.Salobreña (Granada)Este municipio de la Costa Tropical ha optado por un sistema muy visual para garantizar el aforo: un tractor, el mismo que se encargará de airear la arena, dibujará las franjas que se podrán ocupar alternativamente. "Es lo más complicado", subraya María Eugenia Rufino, alcaldesa (PSOE). "Hemos barajado muchas fórmulas, y casi todas tienen defectos o son inasumibles. Hemos optado por uno no muy caro. No podemos garantizar que vaya a salir bien, pero permite que la gente lo vea". El viento de levante modifica por completo la playa, pero han hecho pruebas y cree que las marcas pueden durar cuatro o cinco días.Salobreña recibirá 26 vigilantes. Pocos, según la alcaldesa. El criterio de distribución ha sido los metros lineales de litoral, y la playa de Salobreña tiene cuatro kilómetros de largo, pero es muy ancha. En cambio, no se ha tenido en cuenta la afluencia turística. Además, Rufino cree que las subvenciones autonómicas para la compra de material pueden suponer una injerencia en sus competencias. "Si hay una dotación económica, deberíamos poder elegir en qué gastamos. En algún caso va a haber derroche de personal, y a otros le va a faltar". El Ayuntamiento casi duplicará su gasto en playas: de 300000 a 500.000 euros.Para Rufino, la gran preocupación es la seguridad: "Corresponde a la Policía, tenemos la que tenemos, y miles de problemas en verano. No sé si vamos a ser capaces de garantizar que se resuelvan con eficacia".Roquetas de Mar (Almería)16 kilómetros de playas urbanas, a los que se accede por 115 puntos diferentes, tiene Roquetas de Mar. Son playas muy anchas, que no suelen sufrir aglomeraciones, a pesar de que este municipio de casi 95.000 habitantes casi duplica esa cifra en verano.Rocío Sánchez, concejala de Presidencia (Partido Popular) ha elaborado el plan de contingencia: "No vamos a poner contador de aforo. Las playas son muy grandes y es inviable. No podríamos controlar porque los muros están a ras de arena". "Vamos a apelar a la responsabilidad, que cada uno cuente con la separación de dos metros y dos metros y medio entre sombrillas", añade.Señala también que cualquiera podrá comprobar el estado de las playas en la web, gracias a unas cámaras instaladas en el paseo. Contarán con 114 informadores de playa y una cuadrilla dedicada específicamente a desinfectar pasarelas, duchas y servicios.Roquetas recibe muchos turistas nacionales, procedentes sobre todo de Madrid o Jaén, muchos con segunda residencia, y prepara una gran campaña de publicidad para captar turistas de otras zonas de Andalucía y España.
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La Subdelegación del Gobierno instruye un expediente de sanción contra el príncipe de Bélgica por saltarse la cuarentena
El Príncipe Joaquín de Bélgica se enfrenta a una sanción por parte de la Subdelegación del Gobierno por saltarse la cuarentena en pleno estado de alarma en España. Eso sí, tras la instrucción de la Policía Nacional no queda claro que el Príncipe asistiera a una fiesta de 27 personas, como reflejó la Junta de Andalucía en un informe. El aristócrata y todas las personas con las que tuvo contacto (26 en total) han declarado que no fue una fiesta a la que acudió, sino a dos: una con la presencia de 15 personas y otra con 12. Una en un chalet de El Brillante y otra en una finca de Hornachuelos.Este viernes, la Subdelegación del Gobierno ha informado de que ha recibido por fin el informe definitivo de la Policía Nacional. El documento ha sido registrado en la sede del Gobierno a las 13:00 horas por el propio Comisario Provincial de la Policía Nacional en Córdoba.No se multará ni a los asintentes ni a los organizadoresPosteriormente, la Subdelegación ha informado que “habiendo constatado que de dicho informe se desprende que pudiera haberse cometido infracción administrativa conforme a la normativa vigente en el momento de los hechos, se procederá el próximo día hábil, lunes 8 de junio, al nombramiento de instructor para la incoación del correspondiente expediente”.Es decir, la sanción irá única y exclusivamente contra el Príncipe de Bélgica, que ha dado positivo en COVID-19. No se multará por tanto ni a los organizadores ni a los asistentes a los dos encuentros familiares y de amigos a los que asistió Joaquín de Béélgica. El trabajo policial ha consistido en recabar el testimonio de todas las personas con las que ha tenido contacto el Príncipe. Para ello, han tirado del listado que manejaba la Consejería de Salud tras detectar el positivo del aristócrata. Los agentes han hablado con todas las personas que fueron nombradas por el propio Príncipe. Una de ellas, un joven, ha dado positivo en COVID-19, sin que se sepa a ciencia cierta si ha sido o no contagiado por Joaquín de Bélgica.
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Los 3.000 contratos para auxiliares de playa: ni saldrán de la bolsa única ni serán 1.900 euros netos
Los 3.000 contratos (3.014 más exactamente) para convertirse en auxiliares de playa estos meses de verano han generado tantas expectativas como controversia por el procedimiento para unos puestos de trabajo que pueden solucionar el año a muchas familias, pero que se han vendido durante dos semanas como lo que no son: ni saldrán de la bolsa única puesta en marcha por la Junta de Andalucía ni supondrán ingresos de 1.900 euros netos cada mes, como no ha dudado en decir el propio Juan Manuel Moreno hasta en dos ocasiones. La publicación este jueves del anuncio en la web del empleado público de la Junta de Andalucía, con una convocatoria por cada una de las cinco provincias con playa dando 24 horas para optar a uno de estos empleos (por medio de un correo electrónico a un buzón que en el caso de Cádiz se desbordó durante unas horas, y devolvía las candidaturas hasta que se solventó) ha terminado de liarlo todo.Crear empleo sí, pero sin negociaciónLos propios sindicatos han reconocido el "caos" en un plan que reciben con agrado porque se trata de crear empleo, pero "no ha pasado por negociación ninguna", como aseguran desde CCOO y CSIF. Cualquier conocedor de la función pública se sorprendería al oír al presidente decir que los contratos saldrían de una bolsa única que se quedó en el primer paso ("presente su solicitud") y que, de facto, es como si no existiera; o que estas personas iban a ganar 1.900 euros netos cuando los sueldos son públicos y están establecidos muy por debajo.Finalmente, este viernes, y después de que cada Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía empezara a su manera, porque se les delegó la selección del personal, se han ido unificando los criterios, de los que previamente se informó en la comisión de convenio. Es la que vigila el cumplimiento del sexto (varios años caducado, pero en vigor) convenio colectivo de la Junta de Andalucía por el que se rige el personal laboral, o sea, que no es ni funcionario, ni interino ni eventual, sino contratado, como será el caso de estos agentes de playa.¿De dónde saldrán pues esos auxiliares de playa? De las bolsas que ya existían en la Junta de Andalucía. Porque la bolsa única es una idea que impulsaron los sindicatos y que aseguran que da más transparencia, sin olvidar tampoco que se creación se gestó la pasada legislatura. No obstante, que las bolsas sean provinciales no quiere decir que antes no hubiera baremaciones.El procedimiento que se está siguiendoEn concreto, los primeros a la hora de optar a uno de estos empleos han sido los integrantes de las bolsas de trabajo de "personal de servicios generales" publicada el 30 de octubre de 2019. Son personas que han trabajado alguna vez para la Junta de Andalucía como laborales e incluso se han presentado a procesos selectivos de ofertas de empleo público pero sin la fortuna de conseguir plaza. En el caso de Almería y Cádiz se ha llamado uno a uno a los integrantes de las mismas por si les interesaba el trabajo, mientras que Huelva, Granada y Málaga han optado por un anuncio. El caso es que agotadas esas bolsas, se ha abierto una segunda vía de entrada: el envío de la candidatura vía mail, que es lo publicitado este jueves dando 24 horas para optar. Desde la Junta de Andalucía recuerdan que este plazo tan apurado se debe a las excepcionales circunstancias del coronavirus. De hecho, ya se ha usado estos meses para la contratación de personal para las residencias de ancianos, donde urgía tener a trabajadores de un día para otro. Pues bien, todo los que hayan enviado su candidatura en plazo y reúnan los requisitos tendrán opciones de optar a uno de los contratos (la Junta de Andalucía no ha dado aún la cifra de cuántos quedaban después de ofrecerse a la gente de las bolsas) por "riguroso orden de solicitud".Salario de grupo 4Comienza así a aclararse esta historia que empezó el pasado 26 de mayo, cuando el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley que incluye el plan para la reapertura de la playas. Juan Manuel Moreno aprovechó su comparecencia tras las Conferencia de Presidentes del fin de semana para concretar que incluía "unos 3.000 empleos de auxiliares de playa". Textualmente, subrayó que saldrían "de la bolsa única de trabajo creada por la Junta de Andalucía hace unos meses" y que ganarían "1.900 euros netos". "Si eso fuera así, yo mismo me pido una excedencia y me voy tres meses a trabajar a la playa", bromea un funcionario de la Junta de Andalucía técnico superior. Bromas aparte, genera un contexto peligroso porque el personal de playa contratado por las administraciones locales (un socorrista por ejemplo) no gana esa cantidad. Desde la Junta de Andalucía confirman que cobrarán lo previsto en el convenio colectivo, categoría "vigilante". Es decir, "unos 1.400 euros netos en el supuesto de máximos, o sea, trabajando varios festivos, pero la media será unos 1.200", según fuentes de la Junta de Andalucía. Corresponde a grupo 4.Pese a todo, y después de que desde la oposición se hubiera avisado de este detalle y de que la bolsa única "no está baremada", el pasado fin de semana se reiteraba en su comparecencia Juan Manuel Moreno, de nuevo, después de la Conferencia de Presidentes: "Se están estableciendo los criterios (...). Serán hecho públicos mañana [por el lunes]. (...) Poco a poco vamos a darle utilidad a esa bolsa única que se ha creado en Andalucía y que va a ser transparente". Pues bien, ni se anunciaron los criterios el lunes ni saldrán de la bolsa única los auxiliares de playa, sencillamente porque "no está cerrada", como reconocen ya desde el Gobierno de Andalucía.Cabe recordar que en esa bolsa única se inscribieron medio millón de demandas, entre el 2 de enero y el 7 de febrero (el plazo se llegó incluso a prorrogar dado el aluvión de peticiones), tiempo en que permaneció abierta. Pero en los más de tres meses que transcurrieron desde entonces hasta el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía no trascendió nada más de la misma, ni siquiera lista de admitidos y excluidos, y por tanto, tampoco periodo de alegaciones ni baremación.20 horas de formación una vez contratadosPablo López del Amo, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, explica que en la comisión del convenio se les informó también de que la formación de este personal se desarrollará con carácter previo a su incorporación y una vez haya sido contratado. Será de entre 3 y 4 días, de manera telemática a través de la plataforma de formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). El curso, de 20 horas en total, tendrá un carácter básico y no será selectivo ya que se realizará una vez que la persona ha sido contratada. 
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El Reto CTA Turismo #PostCovid19 recibe 57 propuestas para ayudar a la recuperación del sector
Este Reto, dotado con 15.000 euros para el ganador --que se conocerá a lo largo del mes de junio--, ha sido lanzado por CTA para estimular la creatividad y las ideas innovadoras que puedan ayudar, mediante la aplicación de tecnología, a la recuperación del sector turístico andaluz, "uno de los más castigados por la limitación de la movilidad de personas y el distanciamiento social que han supuesto la lucha contra la pandemia de la Covid-19"."El objetivo se ha conseguido, puesto que, si bien solo un proyecto resultará ganador, se han movilizado decenas de iniciativas innovadoras que podrían ser aplicadas por el sector", añaden desde el CTA en un nota de prensa.Del total de candidaturas recibidas, el 77% están lideradas por entidades andaluzas, contando con propuestas nacionales e internacionales (Israel, República Checa y Rumanía). Las propuestas han sido presentadas mayoritariamente por empresas (42 de ellas), seguidas por 13 emprendedores, una fundación y un centro tecnológico.En cuanto a las líneas de innovación de los proyectos, abarcan tecnologías y aplicaciones muy diversas: desde soluciones de detección automática de personas y control de aforos tanto en interiores como exteriores, por ejemplo una playa, hasta tecnología para interactuar con el personal y servicios de un hotel sin contacto físico, pasando por experiencias de realidad aumentada y videojuegos, tecnologías para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad o diferentes mecanismos y tecnologías que ayudan a mantener la distancia social.También hay propuestas para desarrollar sistemas de información al turista sobre niveles de riesgo sanitario y recomendaciones de rutas asociadas, sistemas portables de desinfección, plataformas de conexión de turistas y la oferta turística y gastronómica, aplicaciones de Big Data o soluciones para gestionar destinos turísticos inteligentes, entre otras muchas propuestas.
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Parlamento aprueba pedir al Gobierno que se permita a ayuntamientos aplicar el superávit ante el Covid-19
También pide la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social, así como cumplir los acuerdos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para establecer una colaboración en la recuperación de los sectores económicos y sociales.Estos son los puntos recogidos en una proposición no de ley (PNL) defendida por Cs, cuyo portavoz parlamentario adjunto, Fran Carrillo, ha apelado "al papel fundamental de los ayuntamientos en la toma de medidas para la contención contra la pandemia, en las fases de desescalada del confinamiento y para la recuperación económica y atención de las necesidades de carácter social", Así, ha subrayado que los municipios son los que se encuentran en "la primera línea", y en este sentido ha asegurado que "han sufrido esta crisis incluso más que otras administraciones al disponer de menos recursos". Por ello, según ha continuado, "desde el Gobierno andaluz de Ciudadanos les hemos apoyado, adelantando más de 51 millones de euros del fondo social, porque las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez no llegaban", según ha apostillado.Carrillo ha señalado que Ciudadanos exigirá que "ese superávit se quede en los ayuntamientos y que no se lo arrebate el Gobierno central". "Queremos que las corporaciones locales puedan hacer uso de su superávit para ayudar a la economía local, tanto de las familias como de las empresas, flexibilizando la legislación actual", ha insistido.Por último, el parlamentario de Cs ha remarcado las dos premisas de su partido durante esta crisis, que son "salvar el mayor número de vidas y de empleos posibles", según ha sostenido, y ha asegurado que Ciudadanos es "consciente del fuerte impacto que ha tenido la crisis del Covid-19 en la economía de muchas familias", por lo que "tan importante es salir de esta crisis como la forma en la que se hace", según ha concluido.PSOE-A: "BIENVENIDOS A ESTA DEMANDA"Para posicionar al PSOE-A, su parlamentario José Luis Ruiz Espejo ha recordado que fue el PP "el que encorsetó" a los ayuntamientos con la Ley de Estabilidad frente a la petición del PSOE de "flexibilizarlo", de ahí que les dé la bienvenida en esta demanda. Así, ha pedido que las comunidades también pongan a disposición de los ayuntamientos los recursos disponibles para hacer frente a la pandemia, además del Gobierno central.En nombre del PP-A, el diputado Bruno García ha señalado "las tragedias sociales" que deja esta crisis sanitaria y ha reconocido el "papel protagonista" de los ayuntamientos para hacer frente a la pandemia del coronavirus por ser "la más cercana y la más vulnerable al tener menos recursos y herramientas". Así, ha señalado "el ataque" del Gobierno central a los municipios por quedarse con sus ahorros y por beneficiar más a los del País Vasco y Navarra que a los andaluces."Los ayuntamientos han ahorrado por el esfuerzo de sus ciudadanos y quieren el cien por cien de sus recursos para luchar contra el coronavirus", ha señalado, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo quiere gestionar ella porque el Estado "lo necesita" y además "privilegiando al País Vasco y Navarra". El diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha indicado que bienvenido Cs a la defensa del municipalismo, aunque hay que dudar de ese "giro repentino" porque parece que más bien responde a la "confrontación" y a seguir aumentando la "incertidumbre y el malestar generalizado". Ha reprochado a Cs que no reconozca que se ha permitido que los ayuntamientos puedan ejecutar un 20 por ciento de ese superávit para gasto corriente y contratar a personal.El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha denunciado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exconsejera andaluza del ramo, la que ahora niega el pago del IVA de 2017 a Andalucía, al tiempo que pretende un "trilerismo" con el reparto de los 16.000 millones del plan de contingencia anunciado para las comunidades. Ha opinado que, probablemente, Montero sea el cargo político que pase a la historia como el que "más daño" ha hecho a Andalucía.Ha mostrado su preocupación por que ahora el Ejecutivo nacional pretenda "expropiar" el superávit generado por los ayuntamientos en el año 2019, es decir, "se castiga al que cumple", con el objetivo de "pagar el peaje que le debe a sus socios políticos de gobierno y a los que lo sustentan, los filoetarras y los independentistas".
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Andalucía pasa a la Fase 3 el próximo lunes 8 de junio, con Málaga y Granada incluidas tras solo una semana en Fase 2
El Ministerio de Sanidad ha autorizado este viernes que la comunidad autónoma de Andalucía completa pase desde el próximo lunes, 8 de junio, a la Fase 3 del plan de transición a la "nueva normalidad" de la crisis de la COVID-19.Es la primera vez en lo que va de la denominada 'desescalada' de la pandemia que el Ministerio autoriza el cambio de fase de toda la comunidad autónoma andaluza, incluidas las provincias de Málaga y Granada, que hasta ahora -en las fases 1 y 2-- habían progresado de nivel con una semana de retraso respecto a las otras seis provincias "por criterios sanitarios", explicaba el Ministerio.Así, Málaga y Granada se sumarán desde el próximo lunes a la Fase 3 pese a haber pasado sólo una semana en la etapa anterior, a la que accedieron el pasado 1 de junio, rompiendo así con el criterio del Ministerio de Sanidad hasta ahora de recomendar que cada territorio pasara un mínimo de dos semanas en cada fase antes de promocionar a la siguiente fase para evaluar la evolución de la incidencia de la pandemia en el periodo de tiempo que se calcula de incubación del coronavirus.Esta diferencia entre provincias en la desescalada ha sido motivo de controversia entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España a lo largo de estos meses. La Junta ha reprochado que se estuvieran utilizando argumentos "políticos" mientras el Ministerio de Sanidad ha defendido que se trataba de criterios "sanitarios". Por este motivo, este pase a la fase 3 se ha interpretado desde el Gobierno andaluz como una suerte de victoria. En un comunicado, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha asegurado que "por fin el Gobierno ha atendido las reclamaciones de la Junta de Andalucía y admite que Granada y Málaga avancen al mismo ritmo que el resto de Andalucía". A su juicio, las dos provincias "cumplen con absolutamente todos los requisitos sanitarios, epidemiológicos y asistenciales".También el presidente y vicepresidente de la Junta han mostrado su satisfacción ante esta decisión. De esta crisis salimos juntos todos los andaluces. Somos la comunidad con menor incidencia del virus y no tenía sentido que ninguna provincia se quedara atrás. Tomaremos las decisiones oportunas con transparencia, rigor y responsabilidad. #Andalucía unida pasa a la Fase 3. pic.twitter.com/TowzKH7JXT— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 5, 2020#Andalucía pasa al completo a la Fase 3 a partir de este lunes. Era lógico que el Gobierno de Sánchez e Iglesias tomara esta decisión; escuchando, aciertan. Responsabilidad y prudencia para avanzar juntos en la desescalada. Saldremos unidos y reforzados. https://t.co/ebvQ0LIebN— Juan Marín
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Muere una hembra de lince, el cuarto ejemplar en 15 días en carreteras de la comarca de Doñana
Con esta muerte ya son cuatro los linces atropellados en 15 días en carreteras del entorno de Doñana, uno de ellos cerca de El Rocío, en la carretera N-438 Bollullos-Matalascañas (Huelva), otros dos en la vía que une Villamanrique (Sevilla) con Hinojos (Huelva), y ésta última en la vía A-474 entre Hinojos y Pilas (Sevilla).Ante estos fallecimientos, desde Ecologistas en Acción han recordado que el suceso ha tenido lugar precisamente este viernes, Día Mundial del Medio Ambiente, y pone de manifiesto que es "urgente aplicar medidas correctoras en las carreteras".En una nota de prensa, la organización ecologista ha remarcado que, con este fallecimiento, ya son diez los ejemplares atropellados en la comarca de Doñana este año.Por tanto, Ecologistas en Acción solicita a la Junta que convoque con carácter de urgencia un pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana, de forma virtual si es necesario, debido a la situación sanitaria actual, para que este órgano colegiado promueva y tutele planes de choque, acciones para la permeabilización de carreteras, trabajos para restauración de hábitats, fortalecimiento de corredores ecológicos, impulso a programas de sensibilización y todas las medidas oportunas para intensificar los esfuerzos, unidos, por la recuperación del lince ibérico en Doñana.Según han indicado, esta mañana ha aparecido el primer lince atropellado en el mes de junio. Ha sido en el kilómetro 29 de la A-474 entre Hinojos y Pilas, siendo el décimo atropellado en Doñana en lo que va de 2020."A este ritmo de atropellos y muertes, se plantea inalcanzable que los esfuerzos de recuperación de esta especie emblemática y sus hábitats que se desarrollan en la comarca sea exitoso", han indicado desde Ecologistas en Acción, que ha solicitado a las administraciones públicas competentes que eleven el asunto dándole "carácter prioritario".Esta organización mantiene desde hace tiempo diversas propuestas para disminuir el riesgo de atropello de fauna y la necesidad urgente de poner medidas correctoras en todas las carreteras que ya están definidas como puntos negros.Como han precisado, se da la circunstancia de que en el lugar del atropello existen señales de tráfico indicando limitación de velocidad y señales que advierten la presencia de fauna salvaje y el peligro de atropellos.Por ello, la primera de las medidas concretas con carácter de urgencia que se proponen es, en zonas sensibles y zonas de paso, adecuar la limitación de velocidad, al igual, por ejemplo, que se hace en los núcleos urbanos, puesto que la señalización de carácter genérico por el tipo de vía se ajusta insuficientemente a las necesidades especiales de la misma. Del mismo modo, los controles efectivos y reales de velocidad se hacen "necesarios para garantizar la eficacia de la señalización viaria", sostienen desde Ecologistas.En segundo lugar, estiman que "se hace imprescindible" en las vías objeto de mejora acometer la limpieza de las márgenes de las carreteras, sobre todo en las más críticas, ya identificadas: Chucena-Hinojos-Villamanrique, Hinojos-Pilas, Almonte-El Rocío, camino asfaltado de CHG en Puebla del Río en el entorno de Dehesa de Abajo, camino asfaltado El Rocío-Villamanrique y la carretera Huelva-Mazagón en el entorno de Dunas del Odiel-Laguna de Palos.
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El coordinador de Vox en un pueblo de Jaén denuncia una brutal paliza por un compañero de partido
El coordinador de Vox en la localidad de Aldeaquemada (Jaén) ha denunciado ante la Guardia Civil la brutal paliza que habría sufrido por parte de un compañero de partido, además de asegurar que la dirección provincial del partido no ha hecho nada por solventar la situación.Así lo ha adelantado este viernes Radio Jaén Cadena SER, que cita que los hechos sucedieron el pasado 14 de mayo en el restaurante de la piscina municipal. El propio afectado ha rehusado hacer más declaraciones al respecto y se remite a lo publicado por la emisora jiennense sobre el suceso.Según señala en la denuncia, la agresión se produjo "prácticamente sin mediar palabra", y sin saber los motivos, aunque ha aclarado que el presunto agresor no fue elegido en su día Jefe de Comunicación del partido por los miembros de Aldeaquemada. Impotente y frustradoSostiene que está "impotente y frustrado e incapacitado para andar", con fuertes dolores. Todo lo que pasó esa noche está recogido, además de en la denuncia, en el  parte de lesiones enviado por lo médicos al Juzgado de Guardia.Ahí aparece con "arañazo en mejilla izquierda con contusión abdominal". El agredido sospecha que llevaba algo en los dedos que le provocó la herida abierta en la cara. "La contusión abdominal es por una fortísima patada que puso punto y final a la agresión"."Al menos, y cuando menos, es una persona muy agresiva. Yo nunca en mi vida ni le había pegado a nadie ni me había pegado nadie. Yo he llevado una vida normal, me he podido enfadar más o me he podido enfadar menos pero siempre ha llegado un punto en que ahí se acabó la historia y ya está, no pasa nada. Pero jamás había visto que se echaran encima de mí con esa cara de odio y de saña, con esa cara tan violenta, tan sumamente violenta. Es que solamente pensarlo te dan hasta escalofríos", señala a Radio Jaén.Sin dar sus datos personales en ningún momento, sí ha asegurado que el presunto agresor ha tenido episodios parecidos anteriores, y a pesar de eso dice que está desamparado por el partido a nivel provincial.Nadie se ha interesado por su caso en VoxSegún dice, ha hablado con Salud Anguita, presidenta provincial de Vox en Jaén, "pero no se han aportado ni soluciones jurídicas, ni ningún tipo de comunicación ni algún tipo de comunicado condenando la agresión violenta". Once días después del suceso, nadie en la dirección de Vox se ha interesado por su caso "Me hubiera gustado que Vox hubiera criminalizado los hechos ocurridos, para que no vuelvan a suceder", concluye.
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Clausurada una guardería clandestina en Sevilla con 12 menores que carecía de medidas de prevención
La vivienda, propiedad de una mujer de 39 años y un hombre de 45, se ubica a escasos metros de la Plaza del Pumarejo y estaba completamente desamueblada. Los alimentos que había en su interior carecían de métodos de refrigeración para su conservación, únicamente había cuatro vasos para los doce menores y no se localizaron elementos de prevención sanitaria como guantes, geles hidroalcohólicos, extintores o botiquín de primeros auxilios.Además, el establecimiento carecía de licencia o autorización por parte del Ayuntamiento o por la Junta de Andalucía para el ejercicio de esta actividad educativa. Tras ordenar la suspensión de la actividad, se han iniciando los correspondientes expedientes sancionadores.Los niños se encontraban repartidos en dos grupos. Siete menores de seis años de edad estaban en el salón, sentados y tumbados en el suelo, sin guardar la distancia de seguridad entre ellos, bajo el cuidado de una mujer de 27 años titulada en Educación Infantil que dijo haber sido contratada por los propietarios del inmueble para servicio doméstico y para cuidar niños.Otros cinco menores de unos 8 ó 9 años de edad se encontraba en otra habitación, sentados alrededor de una mesa realizando tareas educativas, sin protección y sin guardar distancia de seguridad, junto un varón de 42 años.La investigación arrancó tras detectar agentes de la Unidad de Policía Turística, con informaciones recibidas en el Distrito Casco Antiguo de la Policía Local, un importante trasiego de adultos que entraban con menores de edad en un inmueble, lo que hizo sospechar que pudiera tratarse de una guardería clandestina.El teniente alcalde de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, delegado además del Distrito Casco Antiguo, se ha mostrado "sorprendido" ante "la irresponsabilidad" de quienes exponen a sus hijos al contagio del Covid-19.Además, ha indicado que el Servicios de Salud del Ayuntamiento canalizará el rastreo de las diferentes personas que han estado en contacto para monitorizar el posible contagio en el caso de aparecer algún síntoma en ese círculo de personas.
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La acusación popular recurrirá el fallo "ofensivo" de 'La Manada' por los abusos de Pozoblanco
La abogada de la acusación popular recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba que condena a penas de entre dos años y diez meses y cuatro años y seis meses de prisión a cuatro miembros del grupo de WhatsApp de 'La Manada' por abusos sexuales sobre una joven en mayo de 2016 en la localidad cordobesa de Pozoblanco, con anterioridad al caso de los Sanfermines de 2016, por el que ya han sido condenados a 15 años de cárcel por violación junto a un quinto miembro más del grupo.La letrada que representa a la Asociación Clara Campoamor, en su delegación en Andalucía, Patricia Catalina, califica de "tremendamente ofensivo" el fallo de esta resolución contra la víctima y cree que "es una carta blanca para las agresiones y abusos sexuales en manada", a la vez que advierte de que la joven "sí que tiene una condena"."Las penas son bajísimas"Tras lamentar haberse "enterado por la prensa del fallo, incluida la víctima", la letrada manifiesta que "la idea es recurrir", puesto que "las penas son bajísimas conforme a los hechos que se han cometido". "Con todos mis respetos al juez de lo Penal, pero me parece que se ha quedado muy corto", apunta la abogada, quien anima a que "cualquier víctima acuda a la asociación" ante hechos que haya sufrido.Mientras, señala que su análisis sobre la sentencia es "un poco contradictorio", porque "por un lado, nos alegramos enormemente de que su señoría haya confiado en la licitud del vídeo que finalmente ha servido como prueba de cargo para imponer unas determinadas penas a los ahora condenados".Al respecto, destaca que esa fue "una de las bases, sobre todo principales, de todas las sesiones del juicio oral, en la que cada uno hicimos una serie de argumentaciones". "La mía era la del hallazgo casual, que la Policía tenía que estar obligada siempre en el caso de comisión de un delito investigarlo, porque además ellos lo que hicieron fue entregar voluntariamente un teléfono", precisa, para asegurar que "no se vulneró ningún principio constitucional, ni se vulneró ninguna legalidad".Por tanto, agrega, "una vez que ya tenemos la seguridad de que van a poder ser condenados, llegamos a las penas", que, en su opinión, "son muy bajas conforme a los hechos cometidos", si bien defiende que "el Tribunal Supremo hace mucho hincapié en que las agresiones que sean abusos sexuales grupales tienen que ser castigadas de una manera firme y severa".En este sentido, explica que "si se habla de abusos sexuales de un año y seis meses de prisión, las víctimas están absolutamente desfavorecidas", a la vez que cree que "se hace una especie, de alguna manera, de llamamiento a que no pasa nada". "Si no hubiéramos tenido la desgracia de tener un delito contra la intimidad de la víctima, ¿de qué estaríamos hablando?", cuestiona la abogada."No es acorde con la brutalidad"De este modo, subraya el hecho de tener a "una persona inconsciente en un coche, que va supuestamente protegida porque sabe que un guardia civil va en él, que la están llevando a su casa". Por ello, asevera que "la condena la tiene la víctima, porque esto no es una condena ni muchísimo menos acorde con la brutalidad y la desfachatez de estos hechos delictivos".Según detalla Patricia Catalina, "nos enfrentamos a que mis penas eran infinitamente superiores y en mi petición y calificación hablaba de cuatro años y tres meses por el delito contra la intimidad y por el delito de abuso sexual continuado pedía tres años para cada uno". Ante ello, lamenta que "las penas no superan los tres años".También, enfatiza que "es en la víctima en la que hay que pensar y en las demás víctimas que puede haber, porque esto parece que es un llamamiento a que no pasa nada si las agresiones o abusos sexuales se cometen de forma grupal". En su opinión, "no es una justicia justa", al tiempo que traslada toda su "admiración al juez y al Juzgado de lo Penal número 1, porque fue magistral".De hecho, asevera que está "convencida" de que la sentencia está "absolutamente motivada, que es una sentencia muy bien pensada, muy argumentada, pero nos hemos quedado cortos en las penas".Entretanto, la letrada adelanta que presentará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, con el fin de que "estas penas se eleven, porque son ofensivas", puesto que considera que "parece que va a ser verdad que una no puede salir sola, salir con los amigos y tomar unas copas"."Parece ser que si de repente vienen cuatro personas y te meten en un coche inconsciente, les cuesta un año y seis meses de prisión", abunda la letrada, quien declara que "hay que conseguir una justicia justa", a lo que añade que "gracias al ordenamiento penal hay una segunda instancia, que va a permitir, por lo menos, volver a argumentar todo lo que a lo largo de las sesiones de juicio se pudo defender"."Ejemplarizantes"En cuanto a su calificación de los hechos como agresión sexual al elevar a definitivas las conclusiones, Patricia Catalina apunta a "toda la prueba practicada y las declaraciones de la víctima, que sale con la ropa rasgada y tiene cierto moratón", entre otros aspectos, para afirmar que "existía prueba de cargo suficiente", de ahí que aboga por hacer "mucho hincapié en uno de ellos al respecto y el resto, lógicamente, tendrán abuso sexual".Asimismo, argumenta que "si se hubiese tenido en aquel momento toda la doctrina que se podía haber aplicado de cooperación necesaria, realmente si hubieran sido cooperadores necesarios todos ellos, que lo son, en todos los abusos, como el delito contra la integridad moral, se hubieran podido subir muchísimo más las penas".Ante ello, avanza que "es muy probable" que utilice "esa doctrina para que sea ejemplarizante, porque hace falta que sean ejemplarizantes". "Esto no puede quedar así", avisa la abogada, quien se muestra "muy contenta" con el hecho de admitirse el vídeo, pero "les ha salido muy barato y no se puede consentir", subraya, para apostillar que ella solo piensa "en la víctima, no en un expediente, ni una sentencia".Según explica, "la víctima no está bien, ni lo va a estar durante mucho tiempo", puesto que "la condena la lleva ella". También, expone que "si no hubiera ocurrido, entre otras cosas, 'La Manada' de Pamplona como les gusta hacerse llamar, entonces no hubiera aparecido ella", la joven de Pozoblanco.Al hilo, valora que "la Policía Foral hizo un trabajo magnífico para encontrarla por un lunar". "Si no llega a ser porque el sistema funciona en ese sentido y la protección de la víctima existe, que se preocuparon por ella y la vieron inconsciente en ese vídeo, hicieron todo lo que estaba en su mano para localizarla", resalta.De este modo, elogia dicha labor, porque "la víctima pensó que nunca la creerían, porque estaba inconsciente", a lo que añade que "ellos la cosificaron, la despreciaron, la humillaron y tenemos un año y seis meses por ello, y además lo grabaron y lo difundieron". Por ende, insiste en que el fallo "se queda muy corto y la justicia tiene que ser justa".Diferencia en las peticionesLa acusación particular pedía dos años y seis meses de cárcel, órdenes de alejamiento por cinco años y un año de libertad vigilada por la supuesta comisión de delito continuado de abusos sexuales; así como cuatro años y tres meses de cárcel por delito contra la intimidad. También, reclama indemnización de 3.600 euros por las lesiones sufridas y 80.000 euros por el daño moral ocasionado.Y la acusación popular, representada por la Asociación Clara Campoamor, que solicitaba las mismas penas que la otra acusación, incrementó al final de juicio la pena para uno de los procesados, A.J.C., hasta los cinco años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual, en vez de los dos años y seis meses que pedía por abusos sexuales.
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El presidente andaluz cierra filas con Vox y rechaza la "geometría variable" que le ofrece la izquierda para pactar la salida de la crisis
"Usted lo ha jugado todo a Vox, teniendo el aval de los otros cuatro grupos del Parlamento para formar la comisión para la reconstrucción de Andalucía. No sea rehén de la extrema derecha y apúntese a la geometría variable". La portavoz de Adelante Andalucía y veterana diputada de IU, Inmaculada Nieto, fue la primera que tendió la mano el jueves al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para que reconduzca el consenso político en la búsqueda conjunta de soluciones para abordar la reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus. Luego se sumó a esta petición la líder del PSOE, Susana Díaz. Pero Moreno se aferró a su alianza con Vox, porque de ella depende la estabilidad de su Gobierno.Las matemáticas no dejan mucho margen a la geometría variable que mencionaba Nieto, porque el Parlamento andaluz, a diferencia del Congreso, está partido en dos bloques compactos y sin actores intermedios -las derechas y las izquierdas-, y porque la alianza PP-Ciudadanos-Vox garantiza la permanencia de este Gobierno hasta final de la legislatura. Ya lo dejó dicho el portavoz del grupo ultraderechista, Alejandro Hernández: "Aquí todo el mundo sabe contar y nadie se ha caído de un guindo". Además, el líder de la oposición es un PSOE que gobernó los 37 años anteriores a la llegada de la derecha, y ese rival común -"la herencia recibida"- es un pegamento que cura todas las fisuras que dividen a los socios. Que las hay.La sesión plenaria de este jueves en el Parlamento ha certificado la defunción de aquello que Moreno bautizó, de forma solemne, "una gran alianza por Andalucía". Un consenso de todos los grupos políticos frente a la crisis del coronavirus, como el que se ha constituido en el Ayuntamiento de Sevilla (con un alcalde socialista), o en el Granada (con un alcalde de Ciudadanos), o en Aragón (con un presidente del PSOE), o en Castilla y León (con un presidente del PP). En Andalucía, en cambio, PP y Ciudadanos han entregado la presidencia de la comisión para la reconstrucción a Vox, el único partido que votó en contra de su creación. Los dos grupos e izquierdas -PSOE y Adelante Andalucía- han aprovechado la sesión de control para avisar a Moreno de que su "gran alianza" era un "fracaso" y de que su perfil de líder moderado y buscador de consensos quedaba desdibujado por su dependencia de la ultraderecha. El presidente ha encajado mal el discurso de la portavoz de Adelante -suave en el tono, duro en el contenido-. Nieto le ha recordado todas las medidas que su grupo ha propuesto a la Junta durante la crisis sanitaria, y las iniciativas del Gobierno que ellos le han apoyado en el Parlamento. "Usted ha confundido la responsabilidad de la oposición con debilidad. Hemos sido un aliado leal con su Gobierno, no me hable de responsabilidad si no quiere que le deje en evidencia", le ha dicho Nieto, para finalmente afearle que su "propuesta de gran alianza no era cierta, porque su margen de maniobra sin Vox es muy estrecho".Este cara a cara no ha dejado satisfecho al presidente, de ahí que en su turno de preguntas a Moreno, el portavoz del PP andaluz, José Antonio Nieto, ha dedicado una parte a atacar duramente a la diputada de Adelante, sin que ésta tuviera ya derecho a réplica. "Usted tiene una idea de la democracia de connotaciones sectarias. ¿Qué normas hemos alterado por darle la presidencia a Vox? ¿Es que sus votos valen más que los de otros? Ya está bien de esa dichosa superioridad moral de la izquierda y de la ultraizquierda", ha dicho visiblemente alterado el diputado popular, que ha terminado citando el encontronazo de Pablo Iglesias con Espinosa de los Monteros en el Senado.El presidente andaluz ha recuperado el brío en su cara a cara con Susana Díaz, a quien tiene más cogido el pulso, porque puede servirse de los reproches a su anterior Gobierno y las críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Moreno le ha afeado que "ataque a Vox en todos los debates", y le ha recordado a Díaz que el Gobierno ha pactado con "los filoterroristas de Bildu". "¿Su margen moral le permite que su partido firme un acuerdo con una banda que ataca la casa de la líder de los socialistas de Euskadi?", le ha preguntado.Inmaculada Nieto y Susana Díaz, con un tono similar y una estrategia parecida, le han reprochado al presidente que haya aprovechado la pandemia para impulsar, sin acuerdos, un super decreto que cambia de un plumazo 21 leyes y otros seis decretos, y que se haya planificado una nueva ley andaluza del suelo que reactivará la vieja fórmula del ladrillo para crear empleo y riqueza. Sobre esta última norma, el presidente de la Junta ha recordado que la oposición aún tendrá un año de tramitación para enmendarla.
1 d
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Concentración en Córdoba contra la sentencia a 'la manada': "Nuevamente la justicia patriarcal se pone del lado del agresor"
Más de medio centenar de personas, convocados por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, se ha concentrado este jueves en la Plaza de las Tendillas de la capital en repulsa por la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 que condena a penas de entre dos años y diez meses y cuatro años y seis meses de prisión a cuatro miembros del grupo de WhatsApp de 'La Manada' por abusos sexuales sobre una joven en mayo de 2016 en la localidad cordobesa de Pozoblanco.Los asistentes han portado pancartas y vestimenta morada manteniendo en todo momento las distancias de seguridad ante la actual situación y expresando mediante diversas consignas su postura opuesta al fallo judicial conocido este jueves. En algunos momentos ha habido presencia policial. A las 21,00 horas de este viernes prevén una concentración en Pozoblanco, municipio de origen de la joven víctima.Según apuntan desde el colectivo, "nuevamente la justicia patriarcal se pone del lado del agresor", de ahí que hayan acudido a la concentración con los lemas "sin justicia, no hay igualdad", así como "ante agresiones patriarcales, respuesta feminista" y "en apoyo a nuestra hermana de Pozoblanco".Los cuatro miembros de 'la manada' juzgados por abusar sexualmente de una joven de 21 años en Pozoblanco en mayo de 2016 (José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero) han sido condenados este jueves a una pena de 18 meses de prisión por ese delito, inferior a los cuatro años de prisión que pedía la Fiscalía. El titular del juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba, Luis Javier Santos Díaz, también los ha condenado por un delito contra la intimidad con penas que van de los 16 meses para tres de ellos y tres años para 'El Prenda'. Uno de ellos, Alfonso Cabezuelo, tendrá que pagar una multa por maltrato debido a las lesiones que ocasionó a la joven.
1 d
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El nombramiento de cinco altos cargos enciende los ánimos entre los bomberos de Granada por la falta de personal de base
La promoción interna de cinco cabos a sargentos dentro del cuerpo de bomberos de Granada capital ha provocado malestar entre los profesionales. Estos denuncian que el Ayuntamiento ha permitido que el número de puestos de mando siga creciendo cuando falta personal de base, que es el que se trabaja en el terreno durante la extinción de un incendio. Se trata de unos nombramientos que ya han sido aprobados por el pleno municipal y que, según los dos sindicatos mayoritarios, incumple la normativa interna del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Granada (SPEIS) y hace saltar por los aires un acuerdo plenario del año 2017.El problema de fondo no es nuevo. El cuerpo de bomberos de Granada padece la falta de efectivos desde hace tiempo. Hace una década contaba con más de 200 profesionales y hoy apenas supera los 160. Una cifra que el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y Comisiones Obreras (CCOO) explican por la escasa tasa de reposición. En los últimos años, el número de profesionales que se han jubilado ha superado siempre al de aquellos que han entrado al cuerpo. De hecho, la última convocatoria de plazas es de 2018, la oposición aún no se ha celebrado, y apenas supone la entrada de 9 bomberos."Racionalización"Sin embargo, a la falta de efectivos se le ha sumado en los últimos meses una promoción interna que ha encendido los ánimos de los profesionales. El Ayuntamiento de Granada ha elevado de categoría profesional a cinco cabos, convirtiéndolos en sargentos y creando esos puestos, ha eliminado las mismas plazas de cabo y ha amortizado otra del mismo nivel que no volverá a salir. El equipo de Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo del PSOE, ha llevado a cabo el proceso asegurando que se trata de un proceso de “racionalización” que sólo cumple con la legalidad y con las demandas del oficial a cargo del cuerpo de bomberos.Pero esa explicación no convence a los dos sindicatos que representan a la mayoría de profesionales. SAB y CCOO, que junto con CSIF son la representación sindical de la plantilla de bomberos, ven injustificada esta maniobra que ha quedado confirmada en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento este mes de junio. Creen que no se explica que se apueste por la promoción de nuevos altos cargos cuando ya tienen una plantilla “mermada y envejecida”.“Se quiere crear una red clientelar”Para Ernesto Moreno, bombero y portavoz del SAB, lo que está ocurriendo en el cuerpo en los últimos años responde a que “se pretende crear una red clientelar en los puestos de mando”. El sindicalista cree que no está justificada la promoción de los cabos a sargentos cuando con ello, además, se incumple con el reglamento interno del SPEIS. De acuerdo con la información aportada por el SAB, la normativa señala que debe haber 2 cabos por cada sargento y con este nuevo cambio no se cumple porque acabará habiendo más sargentos (17) que cabos (14).No obstante, Moreno matiza que cuatro de los sargentos están exentos de participar en las brigadas operativas, por lo que en la práctica serían prácticamente el mismo número de cabos que sargentos. “No tiene sentido que haya tantos puestos de mando porque lo que necesitamos son bomberos que puedan actuar en el terreno y no hacen falta tantos sargentos”, sostiene el sindicalista.Por su parte, el secretario general de CCOO, Daniel González, también ve arbitraria la promoción: “En el expediente no se recoge el estudio y los cálculos necesarios para fijar en cinco plazas de sargentos el aumento de la plantilla. Sólo aparece la referencia de la petición del Jefe de Bomberos a las pretendidas cinco plazas y ninguna otra en cuanto a la necesidad de incrementar en cabos, bomberos y bomberos conductores la mermada y envejecida plantilla de los funcionarios que tienen que realizar los trabajos más lesivos, penosos y arriesgados que es donde este Ayuntamiento si debería ocuparse”.Ernesto Moreno se sorprende de que el PSOE haya apoyado esta medida, sobre todo cuando en 2017 “se comprometió con nosotros a no amortizar ningún puesto de bombero”. Además, reconoce que han negociado con los socialistas y que “en un principio nos dijeron que no apoyarían la propuesta, pero finalmente lo han hecho”. Sobre eso, Moreno tiene su propia teoría: “El oficial del cuerpo fue puesto por el PSOE en 2017 y es él el que pide estos nombramientos”.Además, desde el SAB se traslada que la promoción supone un gasto superior en personal. El plan aprobado supone, según la información facilitada por el sindicato, un desembolso anual de 1,45 millones de euros solo en los salarios de altos cargos, mientras que si el organigrama contara con menos sargentos el gasto se quedaría en 1,32 millones de euros anuales. Por otro lado, en CCOO censuran que la creación de las nuevas plazas supone que estas pasen a ser del grupo A2, dejando sin posibilidad de ascenso a aquellos bomberos que no hayan recibido formación universitaria.Evitar la "discriminación" y organizar "jubilaciones inminentes"Este medio se ha puesto en contacto con el concejal de Personal del Ayuntamiento de Granada, el popular Francisco Fuentes, para conocer su postura al respecto de las protestas sindicales. Fuentes recuerda que el proceso “ya pasó una comisión informativa, los sindicatos estuvieron negociando en enero y salió adelante”. El edil añade que “las alegaciones que han presentado CCOO y SAB han sido trasladadas al jefe de bomberos que ha emitido un informe desestimándolas”.Del mismo modo, explica por qué se ha tomado la decisión: “El actual número de sargentos era insuficiente para cubrir los parques sur y norte porque lo que sucedía es que en el parque sur había dos cabos y ningún sargento. Por eso, uno de ellos tenía adscritas las funciones de sargento de forma temporal y había que crear esa plaza de sargento para evitar la discriminación entre parques”Además, Fuentes justifica la promoción interna en base a que hay “jubilaciones de sargentos inminentes y hay que organizarlo a corto plazo”. Porque si estos se retiran del cuerpo, “habría que cubrir muchas horas extraordinarias en esos puestos y en el equipo de Gobierno entendemos que hay que reducirlas”. No obstante, Fuentes reconoce que “como en la Policía Local, en los últimos años es cierto que falta plantilla, pero por eso hemos acelerado para que se pongan en marcha las oposiciones para esas nueve plazas de bombero que están pendientes desde 2018”.“Desconozco a qué se refieren cuando hablan de una red clientelar”, dice el edil de Personal. Porque, según explica, este proceso ya se inició bajo el anterior mandato del PSOE en el Consistorio. Fuentes matiza que ellos solo cumplen con lo que ya se pactó entonces cuando hace tres años “se acordó que se amortizarían las plazas que quedaran vacantes, pero te das cuenta luego de que, a lo mejor, hay puestos que no se tenían que haber incluido en esos planes”.Por su parte, el PSOE es el otro de los protagonistas señalados por los sindicatos. Sobre todo, la que fuera edil de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, cuyo voto ha servido para que esta promoción salga adelante cuando junto con el CCOO y SAB se había acordado que no sucediera. Ruz se defiende de las acusaciones alegando de que “no existe ninguna red clientelar”. Reconoce que “es cierto que el oficial que ha pedido los cambios estaba con nosotros durante nuestro mandato, pero no está en el PSOE y de hecho creo que pertenece a otro partido”. A su juicio, “es muy fácil echarnos la culpa a nosotros cuando lo que se está haciendo es cumplir con lo que pide el interventor del Ayuntamiento de acabar con las plazas que estaban en una situación de atribuciones temporales que no eran legales”. En cualquier caso, la exedil de Seguridad Ciudadana coincide con los sindicatos en que hace falta más personal de base y que habrá que sacar más plazas, pero sentencia que “lo que se ha decidido con los sargentos había que hacerlo”.
1 d
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Solo el 2,8% de andaluces ha desarrollado inmunidad al coronavirus según la nueva oleada del estudio de seroprevalencia
La segunda ola del estudio de seroprevalencia confirma los datos premilinares y cifra en 2,825 % los andaluces que han tenido contacto con el coronavirus y que ha desarrollado inmunidad a la enfermedad. La primera oleada, dada a conocer el pasado 13 de mayo, arrojó que solo el 2,7% de la población andaluza había pasado la COVID-19 y por tanto tiene los anticuerpos necesarios para no volver a pasar la enfermedad al menos en un tiempo. En España, el 5,2% de la población española tiene anticuerpos, una cifra que queda muy lejos de lo conocido epidemiológicamente como 'inmunidad de grupo'Sanidad ha hecho públicos los resultados preliminares de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia ENE-COVID que comenzó hace un mes el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y que arroja de nuevo grandes diferencias territoriales y que viene a confirmar los primeros resultados, que desvelaron que las provincias del centro del país han sido las más afectadas por la epidemia.En lo que respecta a Andalucía, vuelven a darse diferencias entre provincias, destacando Huelva como la provincia española con menor tasa de seroprevalencia (1,2%) La horquilla se sitúa en este caso entre ese dato y el 4,4% de Jaén. Completan la estadística Málaga (3,6%), Córdoba (2,5%), Granada (3,3%), Sevilla (2,7%), Almería (2,5%) y Cádiz (2,4%).Los porcentajes de seroprevalencia en Andalucía en la primera oleada fueron Málaga (4,4%), Jaén (3,6%), Córdoba (2,4%), Granada (2,4%), Sevilla (2,3%), Almería (1,8%), Cádiz (1,7%) y Huelva (1,5%).
2 d
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Andalucía suma tres muertes por Covid-19, 16 casos por PCR y 10 hospitalizados en 24 horas
Andalucía registra 1.422 fallecidos por el coronavirus Covid-19, tres más en las últimas 24 horas, según los datos difundidos este jueves por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza los mismos casos positivos confirmados por PCR que la víspera, 16, en una jornada con diez nuevos hospitalizados, ninguno de ellos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y con 106 pacientes que han superado la enfermedad.Por undécima jornada consecutiva, los datos difundidos por la Consejería de Salud difieren de los facilitados por el Ministerio de Sanidad, que informa de nueve casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, con 19 hospitalizados y ningún ingreso en UCI en los últimos siete días, periodo en el que contabiliza dos muertes en Andalucía.Además de estas "discrepancias" en las cifras diarias, Consejería y Ministerio siguen registrando diferencias en los datos acumulados de fallecidos --1.422 según la Junta y 1.404 según el Ministerio--; casos confirmados por PCR --12.753 según Salud y 12.743 según Sanidad--; pacientes hospitalizados --6.286 según la Junta y 6.299 según el Ministerio--, e ingresados en UCI --769 según Salud y 772 según Sanidad--.MISMA CIFRA DE CASOS POR PCR QUE EL MIÉRCOLESDe acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía suma en total 12.737 casos confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia, 16 más en 24 horas, misma cifra que este miércoles y por debajo de los 28 registrados el martes.Tras registra la víspera su cuarta jornada sin muertes por Covid-19 desde marzo, Andalucía suma este jueves tres fallecidos después de sumar uno solo el martes y ninguno el lunes.Por su parte, la cifra de hospitalizados mantiene su evolución positiva y se mantiene estable en 6.286, diez más en 24 horas, por encima de las seis de este miércoles y de las ocho del martes. El número de ingresados en UCI sigue sin aumentar en los últimos seis días y se mantiene en 769.30 PACIENTES EN UCIEl dato que más crece de la jornada vuelve a ser la cifra acumulada de curados, que alcanza los 13.752 con un incremento diario de 106, ligeramente inferior a los 120 del miércoles y los 157 del martes pero superior a los 46 del lunes.Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces registran este jueves 94 pacientes ingresados, dos menos en las últimas 24 horas, de los que 30 se encuentran en UCI, dos menos que este miércoles.Granada sigue siendo la provincia andaluza que presenta más hospitalizados y también la que contabiliza más pacientes en UCI junto a Córdoba. Así, Granada registra 20 pacientes hospitalizados, siete en UCI; seguida por Málaga --17, cuatro en UCI--, Córdoba --15, siete en UCI--, Sevilla --15, cinco en UCI--, Almería --12, ninguno en UCI--, Cádiz --siete, cinco en UCI--, Huelva --cinco, uno en UCI-- y Jaén --tres, uno en UCI--.DOS MUERTES EN JAÉN Y UNO EN SEVILLAEn cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, las 1.422 muertes registradas en Andalucía --tres en las últimas 24 horas-- mantienen a la cabeza a Málaga con 287 junto a Sevilla --una más--, seguida por Granada con 286, Jaén con 184 --dos más--, Cádiz con 159, Córdoba con 117, Almería con 54 y Huelva con 48.Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR ascienden a 12.753 desde el inicio de la pandemia --16 más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 2.806 --cinco más--, seguida por Sevilla con 2.480 --tres más--, Granada con 2.455, Jaén con 1.463 --uno más--, Córdoba con 1.347 --uno más--, Cádiz con 1.274, 521 en Almería --cuatro más-- y 407 en Huelva --dos más--.Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan 6.286 en Andalucía --diez más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 1.491, 1.209 en Sevilla --dos más--, 1.204 en Granada, 769 en Jaén, 586 en Cádiz --tres más--, 561 en Córdoba --uno más--, 244 en Almería --cuatro más-- y 222 en Huelva.De ellos, 769 han pasado por la UCI en toda Andalucía, sin cambios en las últimas 24 horas, con la provincia de Málaga que continúa a la cabeza con 168, seguida de Sevilla con 150, Granada con 133, Jaén con 90, Cádiz con 81, Córdoba con 76, Almería con 41 y Huelva con 30.Finalmente, la cifra de curados se sitúa en los 13.752 en toda la comunidad --106 más en 24 horas--, con la provincia de Málaga a la cabeza con 2.943 --nueve más--, seguida de Granada con 2.851 --24 más--, Sevilla con 2.735 --26 más--, Córdoba con 1.540, Jaén con 1.491 --13 más--, Cádiz con 1.045 --29 más--, Almería con 679 --cuatro más-- y Huelva con 468 --uno más--.El Ministerio de Sanidad informa sobre la evolución de los casos confirmados por PCR en la última semana y en los últimos 14 días y en ambos parámetros ofrece datos muy favorables para Andalucía, que registra la segunda menor incidencia de toda España de casos confirmados por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas y en los últimos siete días.Así, Sanidad detalla que Andalucía sumó la víspera nueve casos confirmados por PCR, registró 141 en los últimos 14 días con una tasa de 1,68 por cada 100.000 habitantes --muy lejos de los 12,24 de media nacional-- y 86 en los últimos siete días con una tasa de 1,02 por cada 100.000 habitantes --muy inferior al 4,84 de media nacional--. Sólo Melilla en los últimos 14 días y Galicia en la última semana mejoran estos datos.Además contabilizó 36 casos diagnosticados con síntomas en los últimos 14 días y 14 en los últimos siete días, con tasas con el quinto mejor dato nacional tras Canarias, Melilla, Galicia y Murcia. Igualmente, el Ministerio precisa que Andalucía registra 19 hospitalizados y ningún paciente en UCI con fecha de ingreso en los últimos siete días, en los que contabiliza dos fallecidos.
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El presidente andaluz deja en el aire la movilidad entre provincias porque dice ignorar sus competencias en la fase 3
Las discrepancias en el seno del Gobierno andaluz respecto a la movilidad entre provincias -Ciudadanos a favor de autorizarla desde el lunes; PP llamando a la prudencia y a no anticiparse- ha generado tal desconcierto que incluso el aliado externo, Vox, ha preguntado qué va a pasar al presidente de la Junta durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento. Pero Juan Manuel Moreno no ha resuelto el dilema.El presidente de la Junta se queja de su "incapacidad para organizar y liderar la fase 3 de la desescalada" en Andalucía, que previsiblemente empezará este lunes, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no le ha aclarado qué competencias tendrá la Junta sobre el control de la crisis sanitaria cuando el Ministerio de Sanidad delegue en las comunidades la gestión de la última prórroga del estado de alarma. "No tengo ningún papel, ninguna comunicación escrita o verbal del Gobierno que nos aclare cuáles serán nuestras competencias. Así cómo vamos a planificar la fase 3", se ha lamentado Moreno.El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunirá este viernes de forma telemática con el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, para comunicarle si Andalucía pasa entera a la fase 3, o si Málaga y Granada -que llevan una semana de retraso respecto al resto- deben esperar otros siete días. La Junta esgrime datos "sanitarios y científicos" para que avance todo el territorio junto en la desescalada. Si es así, a partir del lunes el presidente andaluz recuperará todos los poderes que tenía antes de que se decretase el estado de alarma. El Gobierno sólo mantiene las limitaciones a la movilidad de los ciudadanos dentro y fuera de su comunidad. La Junta podrá solicitar permiso al Ministerio de Sanidad para autorizar la circulación entre provincias -algo que ya contempla el equipo de Moreno- y también el progreso a la llamada nueva normalidad, es decir, que los andaluces puedan salir de su comunidad para viajar a regiones que se encuentren en la misma fase de la desescalada, y al contrario (que ciudadanos de fuera visiten Andalucía, un paso fundamental para la reactivación del turismo).Moreno no ha revelado en el Parlamento si su Gobierno quiere activar la circulación entre provincias el lunes -como anunció el vicepresidente Juan Marín- o esperar unos días por "prudencia", como corrigió el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. De momento, se queja de no saber cuáles serán sus competencias en la fase 3, sin embargo, la líder de la oposición, la socialista Susana Díaz, le ha recordado que sus competencias están claramente definidas en el documento de la prórroga del estado de alarma, aprobada en el Congreso de los Diputados el miércoles pasado y publicado de inmediato en el BOE.El punto siete de ese documento dice así: "La autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada". Y añade: "Serán las comunidades autónomas las que puedan decidir con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y, por tanto, su entrada en la «nueva normalidad".Susana Díaz le ha leído este párrafo al presidente andaluz, pero éste ha insistido en que el presidente Pedro Sánchez explicó a los líderes autonómicos que la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas le haría llegar una lista con las atribuciones que tendrían para gestionar la última prórroga del estado de alarma. "Se me dice que voy a tener el mando y no tengo ningún escrito", lamenta Moreno. Posteriormente, en conversación con los periodistas, el presidente ha explicado que quiere saber si podrá "mandar a la Policía y a la Guardia Civil" para, por ejemplo, controlar y limitar los accesos a las playas si hay un exceso de riesgo, o confinar un distrito sanitario ante un posible rebrote de contagios.En realidad, un presidente autonómico no tiene, ni ahora ni antes, competencias para "mandar" a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que dependen del Ministerio de Interior. En la fase 3, Moreno podrá coordinar la desescalada, pero seguirá contando con los otros actores del Centro de Coordinación (Cecor), del que forma parte la Delegación del Gobierno en Andalucía (responsable de los agentes de seguridad), y representantes de las Fuerzas Armadas, de la UME, de la Abogacía del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.Susana Díaz ha recordado que, al final de su mandato, se produjo un enorme incendio cerca de la carretera que va al Parque Nacional de Doñana que afectó a las viviendas de Mazagón y Matalascañas. El Gobierno central y la Junta actuaron de forma coordinada, cerrando la carretera y ordenando a la gente a permanecer en sus domicilios hasta que el fuego estuviese controlado. La situación en cuanto a gestión de emergencias sería la misma para la coordinación de la fase 3 de la desescalada, dice Díaz.Todo este debate viene precedido de un cierto caos dentro del Ejecutivo andaluz. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, anunció a principios de semana que autorizarían la movilidad entre provincias el próximo lunes 8 de junio, en cuanto supieran que Andalucía había pasado a fase 3 y asumido la gestión del estado de alarma. Acto seguido, el portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, corrigió a su compañero, hizo un llamamiento a la "prudencia" y aseguró que no iban a "anticiparse". PP y Ciudadanos ahondaron más tarde en esta crisis, porque los primeros defendían que la movilidad interprovincial en Andalucía se autorizaría cuando todas las provincias estuviesen en fase 3 -Málaga y Granada llevan una semana de retraso ("No puede haber una Andalucía a dos velocidades")-; y los segundos contestaron que deberían abrir primero las seis provincias más avanzadas, para "que no pagasen justos por pecadores".  
2 d
eldiario.es
Experto de Ingeniería Química de UMA cree que es momento para el cambio de mentalidad en el uso de bicicletas
Así lo ha indicado a través de un comunicado este miércoles, 3 de junio, coincidiendo con la conmemoración del 'Día Mundial de la Bicicleta', una efeméride declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover este medio de transporte, considerado un potente instrumento de cambio social.Paz ha hecho un repaso de los principales retos de la bicicleta urbana en España, un medio de transporte que, según ha afirmado, ha aumentado su uso durante la pandemia de COVID-19, como consecuencia de una pérdida de confianza sobre el transporte público.El profesor ha destacado que, "aunque vamos con retraso, en España existe una Estrategia Estatal por la Bicicleta para el periodo 2020-2025, cuyo objetivo es fomentar su uso"."La sustitución del coche por bicicletas da lugar a ciudades más seguras, con menos contaminación atmosférica, lumínica y sonora, y con ciudadanos más saludables", ha afirmado, aunque ha alertado de que mientras en otros países su uso se concibe como un vehículo urbano más, especialmente efectivo para los desplazamientos locales, "en España la mayoría de la población sigue percibiendo la bicicleta como un deporte o un juguete".Así, ha indicado que los robos, la falta de aparcamiento o la habilitación de carriles bicis continúan "siendo algunas de las asignaturas pendientes" en España que limitan el uso de la bici. "Sigue teniendo dificultades para competir con otros medios de transporte", ha apostillado.Para que se imponga, ha considerado necesario contar, "no solo con una red de carriles exclusivos y seguros, sino también con zonas de aparcamiento, un marco normativo que regule su uso y, quizás lo más importante, un cambio en nuestra manera de vivir que fomente la cultura de la bici".Juan Manuel Paz ha publicado el artículo 'Los retos de la bicicleta urbana en España' en la plataforma 'The Conversation', un canal de difusión del conocimiento del mundo universitario, con quien la UMA mantiene un acuerdo de colaboración para que profesores e investigadores puedan publicar artículos de divulgación académica y científica.De hecho, cada semana, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, a través del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, lanza un boletín de búsqueda de expertos para temas de actualidad específicos.
2 d
eldiario.es
Cuatro miembros de 'la manada', condenados a 18 meses más de cárcel por abusar sexualmente de otra joven
Los cuatro miembros de 'la manada' juzgados por los abusos sexuales de Pozoblanco (José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero) han sido condenados por estos hechos a una pena de 18 meses de prisión, inferior a los cuatro años de prisión que pedía la Fiscalía por este delito. El juez del juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba, Luis Javier Santos Díaz, también los ha condenado por un delito contra la intimidad con penas que van de entre los 16 meses y los tres años.Segú ha avanzado Espejo Público y recoge Cordópolis, la pena más grande es para José Ángel Prenda, condenado a tres años de prisión por un delito contra la intimidad y a un año y seis meses de cárcel por abuso sexual. Hay que recordar que en la última sesión del juicio, celebrado el pasado mes de noviembre en Córdoba, El Prenda hizo uso de su última palabra para declararse autor de los vídeos que probarían los abusos sexuales a una joven de 21 años y para manifestar que el resto de los imputados desconocía que los había mandado a los grupos de Whatsapp La Manada y Peligro.Sin embargo, el juez ha considerado que el delito contra la intimidad fue cometido por los cuatros integrantes de la Manada. Así, Alfonso Cabezuelo ha sido condenado a 1 año y cuatro meses de cárcel por un delito contra la intimidad y a un 1 año y seis meses por abuso sexual, a lo que hay que añadir una multa por maltrato debido a las lesiones que ocasionó a la joven.Manuel Guerrero y Jesús Escudero han sido condenados a un año y cuatro meses de cárcel por un delito contra la intimidad, un año y 6 meses de prisión por abuso sexual.
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