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Los sindicatos penitenciarios redoblan la presión al Govern a costa de los derechos de los presos
El teléfono de Carles Martínez no ha dejado de sonar desde primera hora de la mañana. Este abogado, presidente de la comisión de derecho penitenciario del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), ha canalizado las quejas continuas de sus colegas ante una de las jornadas más complejas de la historia reciente del sistema penitenciario catalán: la protesta de los sindicatos penitenciarios por el asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un interno ha derivado en una vulneración de derechos de los internos, a los que, en algunos casos, se ha impedido reunirse con sus letrados o realizar las visitas familiares programadas. "Llevo 20 años en la abogacía y nunca había visto esto", confiesa, a título personal, Martínez.Las prisiones catalanas vuelven a ser un polvorín. Un conflicto larvado desde hace tiempo sobre la seguridad en los centros –que todas las partes admiten que ha empeorado–, pero que ha escalado de forma exponencial debido al crimen de la cocinera de Tarragona. Colectivos a priori dispares como abogados, familiares de presos o exresponsables políticos del sistema penitenciario catalán han llamado a los funcionarios para que el conflicto se canalice por vías que no supongan aumentar más la tensión en las cárceles y la vulneración de derechos de los internos. De momento la petición no ha tenido éxito."Yo estoy de acuerdo con algunas reivindicaciones de los funcionarios, pero lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores". Así se expresa, en conversación con elDiario.es, Marta, una familiar de un interno de Quatre Camins que prefiere no revelar su apellido por miedo a represalias. "Algunos presos empiezan a estar más agresivos, y no dejar entrar a los trabajadores sociales y a los educadores no ayuda", denuncia.Uno de los miembros de estos dos colectivos relata a esta redacción el ambiente en este centro penitenciario catalán. La condición vuelve a ser el anonimato. "Los trabajadores nos sentimos inseguros, en eso todos estamos de acuerdo", expone. Al mismo tiempo, este profesional penitenciario constata cierta división entre los empleados directamente enfocados a la reinserción –juristas, trabajadores sociales, educadores–, más partidarios de la negociación con el Govern, y los funcionarios responsables de la seguridad en los centros y de régimen interior, favorables a mantener la línea dura en la protesta. Esta percepción la corrobora otra fuente penitenciaria, que también solicita no ser identificada."He escuchado gritos de 'esquirol' a compañeros que querían ir a trabajar... Al final los que están pillando son los que están dentro, que están con turnos de 24 horas", constata este profesional penitenciario, que advierte: "Nos pueden sancionar perfectamente por no ir a trabajar sin tener una huelga convocada".El responsable de UGT-Prisiones, Xavier Martínez, ha admitido, a preguntas de este diario, que los sindicatos no convocan formalmente una huelga porque los servicios mínimos que se impondrían harían perder efectividad a las protestas. "Estamos dispuestos a negociar, pero siempre con la premisa de que el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, sea cesado", ha apostillado.Por su lado, un nutrido grupo de exresponsables políticos de las prisiones catalanas ha hecho este lunes, en una carta en el diario ARA, un llamamiento a que la calma vuelva a los centros y retomar la vía de la negociación. "Las situaciones de bloqueo suponen un grave riesgo para mantener el orden interno en los centros penitenciarios, que depende de un equilibrio difícil entre ejercicio de autoridad y capacidad de persuasión para hacerla aceptable sin violencia", recuerda el exconseller de Justicia Josep Maria Vallès, uno de los firmantes de la misiva.Los colegios de la abogacía de toda Catalunya también han censurado los métodos sindicales. "El legítimo derecho a la protesta en ningún caso debe impedir el derecho a la defensa", ha criticado el Consejo Catalán de la Abogacía, que ha advertido de que el hecho de que la acción no se desarrolle mediante la convocatoria de huelga (y la correspondiente implantación de servicios mínimos) "afecta a la asistencia letrada y de comunicación de las personas privadas de libertad con sus abogados y abogadas". Además del derecho a la defensa y de la reinserción de los presos que no han podido acudir a su centro de trabajo fuera de la cárcel, el bloqueo sindical también ha comportado que en varios centros los internos no hayan podido acudir al economato, salir de permiso o a visitas médicas, así como las actividades educativas, laborales y de tratamiento que se realizan a diario.Una abogada, que no ha podido acudir a una visita programada con un cliente en la cárcel de Figueres, ya ha denunciado los hechos ante el juzgado de guardia, que ya abierto diligencias. Por su lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha mostrado la preocupación de la judicatura en la que pide a la Generalitat que le informe sobre la afectación de la "huelga" de funcionarios, pese a que las protestas se desarrollan de forma alegal, sin una huelga formal convocada.Lejos de ceder a las críticas, los sindicatos penitenciarios han redoblado el pulso contra el Govern y no han asistido a ninguna de las dos reuniones a las que el Ejecutivo catalán les había convocado este lunes. Tampoco lo harán este martes. Conscientes de la debilidad de un Ejecutivo en funciones y que acaba de convocar elecciones anticipadas, los sindicatos han advertido de que no se sentarán en la mesa hasta que cese el el responsable de las prisiones catalanas, Amand Calderó.Con todo, se ha abierto una grieta en el inmovilismo sindical. Este lunes, en un reconocimiento implícito de errores en la gestión del asesinato de la cocinera de la prisión de Mas d'Enric, la conselleria de Justicia se ha comprometido a reforzar la vigilancia de las cocinas de las cárceles tras una reunión con el comité de empresa del Centro de Iniciativas de la Reinserción (CIRE), la empresa pública en la que trabajaba la cocinera asesinada por un interno (que después se suicidó)De esta forma, la Generalitat empieza a hallar una interlocución con trabajadores penitenciarios, si bien el Govern no ha tomado ninguna decisión sobre si se debe cesar al responsable de la prisión de Mas d'Enric que decidió que un preso condenado por asesinato con arma blanca podía trabajar en una cocina en la que se manejan cuchillos. Durante cinco años el interno no tuvo conductas problemáticas en la cocina, pero el riesgo "estaba ahí", admiten fuentes penitenciarias.La conselleria de Justicia, Gemma Ubasart, ha emplazado a los sindicatos penitenciarios a una nueva reunión de este martes tras el plantón de este lunes para darles más información sobre el asesinato. Además, ha insistido en negociar y en convertir en estructurales las medidas temporales para incorporar a más profesionales penitenciarios que ya aprobó el Govern. "El bloqueo al diálogo no se entiende", ha afeado Ubasart a los sindicatos.El dirigente sindical Xavier Martínez también ha restado importancia a las quejas de familiares de presos y abogados, que ha tildado de "daños colaterales". "Que un abogado no pueda contactar con un interno un día pues no es el problema más importante, si todo va bien podrá hacerlo la semana que viene. El problema principal es que nuestra vida corre peligro dentro de las cárceles porque trabajamos en un ambiente hostil y violento", ha aseverado.Las posiciones siguen enconadas, toda vez que el Govern no tiene intención de cesar a Calderó, que pese a ser el blanco de las críticas sindicales es un responsable penitenciario muy bien considerado por políticos de todos los colores. Calderó representa la apuesta histórica del sistema penitenciario catalán, que celebra 40 años del traspaso de competencias, por un modelo que priorice el derecho constitucional a la reinserción y abandone la concepción decimonónica de la prisión como castigo.La protesta de los trabajadores también se ha dejado notar en el mundo judicial: se han anulado ocho traslados de presos y se han visto afectados 41 juicios, 18 videonconferencias y otras 60 diligencias judiciales. Además, este lunes no se han podido realizar videoconferencias o visitas pactadas entre clientes y letrados. El impacto de la protesta no se limita al derecho de defensa de los internos. Más allá del efecto en las actividades diarias de los centros que este lunes no se han podido desarrollar, también se han visto truncados aspectos fundamentales como la visita mensual de hijos de presas a la cárcel de Wad-Ras. "Para ellas ver a sus hijos es la vida y este sábado se la quitaron", lamenta la familiar de una de las internas.
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La Fiscalía pide 45 años de cárcel para el acusado de violar e intentar matar a una menor en Igualada en 2021
La Fiscalía ha pedido 45 años de cárcel y casi 260.000 euros en indemnizaciones para el hombre acusado de la brutal violación de una menor de 16 años la madrugada del 1 de noviembre de 2021, cuando salía de una discoteca en Igualada (Barcelona).En su escrito de acusación, el ministerio público atribuye al presunto violador, Brian Raimundo C., de 24 años, los delitos de asesinato en grado de tentativa y agresión sexual y pide que se le impongan otros diez años de libertad vigilada cuando salga de prisión, informa EFE.La brutal violación ocurrió la noche de Halloween de 2021, cuando la menor, que ingresó en la UCI en estado crítico a raíz de la agresión, se dirigía sola y a pie hacia la estación de tren para ir a su casa, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), tras estar de fiesta con unas amigas en la discoteca Epic de Igualada.Según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, el procesado siguió a la joven por las calles de Igualada y la atacó "de forma sorpresiva", tras lo que se la llevó a una zona "solitaria y huérfana de testigos, poco iluminada y sin cámaras", para agredirla sexualmente.A lo largo de 20 minutos, añade el ministerio público, el procesado golpeó a la chica en varias partes del cuerpo, mientras la sujetaba con fuerza, y la penetró "de manera brutal", incluso con objetos, demostrando así su "absoluto desprecio a su condición de mujer".Tras la violación, el procesado propinó a la víctima un "fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente", la dejó abandonada en el suelo y huyó del lugar.A consecuencia de la agresión, la menor sufrió un traumatismo craneoencefálico y una ruptura craneal, además de otras lesiones por todo el cuerpo, por lo que tuvo que estar ingresada durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y casi un año hospitalizada.Según el ministerio público, la joven arrastra como secuelas un "estrés postraumático grave y desestabilización personal", puesto que las lesiones causadas, en la mayoría de casos "mortales de necesidad", pusieron su vida en peligro.Por ese motivo, la Fiscalía plantea que el procesado pague casi 160.000 euros en indemnizaciones a la víctima por las secuelas físicas y psíquicas provocadas y otros 100.000 por los daños morales que le causó la violación.Dada la "extrema gravedad" de la agresión cometida, la acusación pública solicita que se acuerde la ejecución de la condena íntegra impuesta al procesado, y que, en todo caso, cuando acceda al tercer grado o a la libertad condicional se le sustituya la pena que le quede por su expulsión de España.También propone que, una vez salga de prisión, se inhabilite al procesado para ejercer cualquier oficio en el que pueda tener trato con menores y que se le prohíba acercarse y comunicarse con la víctima por un período de diez años una vez cumplida la pena de cárcel.
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La Audiencia Nacional avala a García Castellón y respalda la imputación por terrorismo en Tsunami
La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez Manuel García Castellón de investigar por terrorismo el caso Tsunami Democràtic y ha rechazado el recurso de la Fiscalía, que reclamaba que la causa se siguiera por un delito de desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.En un auto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respalda una de las decisiones más polémicas del juez y de mayor trascendencia política. La imputación por terrorismo del caso Tsunami era una forma de complicar la aplicación de la amnistía para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los otros nueve imputados del caso.La decisión de este lunes de los magistrados de la Audiencia Nacional responde a un recurso interpuesto el pasado mes de noviembre por la Fiscalía, y llega después de que el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial, respaldara sin fisuras la imputación por terrorismo y asumiera el caso Tsunami contra el expresident catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg.En su recurso, el fiscal Miguel Ángel Carballo descartó que la plataforma Tsunami Democràtic colmara los requisitos del delito de terrorismo e incluso de una organización criminal. Para el fiscal Tsunami fue, en realidad, el “banderín de enganche” para canalizar el descontento por la sentencia del procés de 2019 mediante distintas protesta.Por contra, la sección 3ª de la Sala de lo Penal resuelve rechazar el recurso del fiscal toda vez que el Supremo ya determinó que los hechos sí podían investigarse por terrorismo. "Sobre la naturaleza y calificación jurídica de estos hechos se ha pronunciado el Tribunal Supremo", se limita a recoger el auto, para a renglón seguido reproducir íntegramente algunos de los argumentos del Alto Tribunal.En una breve argumentación, la Sala agrega una breve citación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge que la Audiencia Nacional "conoce de la instrucción y enjuiciamiento de las causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos así como de los delitos conexos con los anteriores".La decisión de la Sala de lo Penal, que ha venido respaldando a García Castellón en todos los extremos más polémicos de la instrucción acordados por el magistrado, da vía libre al instructor para que lleve a cabo las citaciones de los imputados que había acordado en noviembre y que se habían recurrido, entre ellas las de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros nueve imputados salvo Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, en manos del Supremo.
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Trabajadores penitenciarios catalanes retoman los bloqueos y vuelven a confinar en sus celdas a 5.500 presos
La tregua ha durado solo 24 horas. Trabajadores penitenciarios han retomado este lunes desde primera hora de la mañana las protestas con barricadas que bloquean los accesos a los centros penitenciarios catalanas e impiden los cambios de turno previstos. Los internos son, igual que el pasado viernes, los que más sufren el pulso de los empleados penitenciarios contra el Govern: según fuentes penitenciarias, en siete de los nueve centros penitenciarios catalanes, la falta de personal ha impedido abrir las celdas, lo que deja a unos 5.500 internos confinados en sus celdas e impide que salgan a trabajar o realicen las actividades previstas en prisión. En los otros dos centros (Quatre Camins y Joves) sí se han podido abrir las celdas pero permanecen sin actividad.Los centros penitenciarios catalanes habían recuperado este domingo la normalidad después de dos días de protestas de los funcionarios de prisiones, que habían tensionado la convivencia en el interior de los centros al confinar, en varias cárceles, a los internos por falta de personal para desarrollar la normal actividad en prisión. El sábado, además, en los centros de Quatre Camins, Joves y Wad-Ras, los funcionarios impidieron las visitas de los familiares a los internos. El conflicto se abrió el pasado miércoles, después del asesinato de una cocinera en la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), a manos de un preso que posteriormente se suicidó. El viernes los funcionarios bloquearon los accesos a las cárceles y dejaron en sus celdas a 5.000 internos, una situación que el Govern dijo que no podía repetirse pero que se ha repetido este lunes.Sin embargo, las protestas se llevan a cabo formalmente sin una huelga convocada. Es más, los representantes sindicales se han negado a acudir a la reunión a la que a primera mañana de este lunes les había convocado el Govern para desescalar el conflicto y han amenazado con que solo se sentarán a negociar si antes dimite toda la cúpula del departamento de Justicia: la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el responsable de las prisiones catalanas, Amand Calderó.Los funcionarios también han hecho caso omiso de la carta conjunta que un nutrido grupo de exresponsables de prisiones catalanas de todos los partidos (desde el exconseller Josep Maria Vallès al exdirector general Albert Batlle) han publicado en el diario ARA en la que les solicitan no complicar más la vida en prisión. "Sería hacer pasos atrás si, aprovechando una desgracia, se entrara en derivas regresivas y modelos fracasados", alerta la misiva.
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Puigdemont anunciará este jueves si se presenta a las elecciones catalanas
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, anunciará este jueves 21 de marzo si se presenta a las elecciones catalanas previstas para el 12 de mayo tras el avance electoral declarado por el presidente catalán, Pere Aragonès. Según ha informado el partido, Puigdemont comunicará su decisión en una conferencia a las 19 horas en el Ayuntamiento de Elna, en el sur de Francia. La semana pasada, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya dio por hecho que Puigdemont podía ser el candidato de la formación a los comicios, y él mismo se mostró convencido de que podría estar en Catalunya para el debate de investidura. Y el propio expresident también dejó caer que le haría ilusión estar en el Parlament ese día. El dilema al que se enfrenta el líder de Junts tiene una vertiente política y otra legal: si intenta volver de nuevo a ser president y regresar a Catalunya gracias a la amnistía, tendría que renunciar a la inmunidad que le otorga su escaño en el Europarlamento, un asunto que no es menor en vista a los obstáculos que el Tribunal Supremo pueda poner a la aplicación de la ley.En este sentido, su decisión afectará a su eventual candidatura a las elecciones europeas de junio. Junts ha avanzado que ven complicado que se presenta a ambas.
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Los colegios privados de élite se abren paso en Barcelona gracias a la llegada de 'expats'
La llegada reciente de miles de profesionales extranjeros a Barcelona, seducidos por el buen clima y un pujante sector tecnológico, no solo está teniendo impacto en el mercado laboral o en el de la vivienda. Menos visible, el ecosistema de colegios privados de élite, históricamente minoritario en la capital catalana, celebra también su llegada con aumentos de matrículas y apertura de nuevos centros. "La verdad es que el crecimiento está siendo brutal", reconoce Gemma Izquierdo, directora del Saint Patricks International School, en Sant Joan Despí, un centro que solo ofrecía la etapa de Infantil y que en 2018 se amplió hasta la Secundaria. "La demanda es muy evidente y el número de colegios sigue creciendo. Si te paseas por la zona de Sarrià-Sant Gervasi uno de cada dos edificios parece ser un colegio privado", afirma James Petrie, director ejecutivo de The British School of Barcelona.Esta red británica de colegios internacionales ya contaba con dos centros en las cercanías de Barcelona y este curso 2023-2024 ha abierto un nuevo campus en la ciudad. Además, otro centro privado, Montiba, prepara su apertura para el curso que viene en una exclusiva torre modernista de la montaña de Collserola rodeada de 14.000 m2 de bosque. Y no solo es la oferta creciente, sino el interés que despiertan estos colegios barceloneses para los grandes grupos internacionales de centros privados. La escuela La Miranda, también en la localidad de Sant Joan Despí, conocida por ser la que escogieron Gerard Piqué y Shakira para sus hijos, fue adquirida por Inspired Education Group, una multinacional de 80 colegios "premium" con hasta 60.000 estudiantes. La operación de compra de Miran S.A., según ha podido comprobar elDiario.es de sus cuentas consolidadas, ascendió a 25 millones de euros. La mayoría de estos colegios suelen mezclar alumnos autóctonos con extranjeros. Y sus tarifas pueden oscilar desde los 700 u 800 euros al mes, los más baratos, hasta los más de 1.000. Es el caso, por ejemplo, de la American School of Barcelona, cuyo director, Mark Pingitore, explica que desde 2009 hasta la actualidad han casi duplicado la matrícula, de 600 a 1.000 estudiantes. Los colegios consultados suelen tener un reparto entre alumnos nacionales e internacionales que no está muy lejos del 50%-50%. Una de las razones de este auge de la demanda que reconocen todos los centros privados es el desembarco en la ciudad de profesionales extranjeros de alta cualificación, con sueldos propios de países más ricos, o los llamados nómadas digitales, los que pueden teletrabajar y deciden instalarse en ciudades que les parecen atractivas. “Son profesionales que podrían vivir en cualquier sitio y escogen Barcelona por su estilo de vida, por el mar, por su riqueza cultural, por la seguridad que ofrece y por estar en Europa”, explica Pignitore, refiriéndose sobre todo a los norteamericanos. De acuerdo con los informes de Mobile World Capital, en Barcelona viven y trabajan unos 32.000 profesionales extranjeros solo en el sector tecnológico (el 32% del total). Aproximadamente la mitad se habrían establecido en la ciudad en los últimos cinco años y, solo en 2022, fueron 3.300 los recién llegados. Conscientes de ese desembarco, desde el lobby empresarial Barcelona Global hace años que piden más plazas y a precios más económicos en los colegios internacionales. “Una de las principales razones por las que esos profesionales acaban declinando ofertas en Barcelona es la falta de escuelas internacionales accesibles y asequibles para sus hijos”, señalan en un estudio. Con todo, el número de colegios privados sobre el sistema educativo barcelonés sigue siendo minoritario. Las 25.000 plazas con las que cuentan los 48 centros que integran la Asociación de Escuelas Privadas Independientes de Catalunya (APIC) apenas supone el 2% del total de alumnos de pública y concertada que hay en la comunidad autónoma. En comparación con Madrid, Barcelona nunca ha tenido una gran tradición de escuelas internacionales privadas. El director de la American School of Barcelona lo atribuye a que el perfil de familias extranjeras que acuden a estos centros suelen estar vinculadas al mundo diplomático, por un lado, y a las sedes de las grandes corporaciones multinacionales, del otro. Pero esto estaría cambiando con el fenómeno de los llamados expats.También da fe de ello Isabel Mañes, de la empresa de Sant Cugat del Vallès BQgat Relocation, una agencia que se dedica a prestar servicios a estos profesionales extranjeros durante su mudanza a Barcelona. Les asesoran sobre búsqueda de vivienda, papeleo administrativo, asistencia sanitaria... Y, evidentemente, escuelas. "La educación es lo primero que piensan las familias cuando te contactan ya en origen; primero buscan la oferta educativa y a partir de ahí buscan la vivienda”, describe Mañes. Según su experiencia, los intereses educativos de los expats son de dos tipos. “Por un lado están los ejecutivos, que suelen venir a Barcelona por un tiempo límite, cinco o diez años, y que quieren asegurarse un retorno fácil para sus hijos a colegios de su país”, expone. Esos son los que priorizan los colegios internacionales. “Después están los que vienen para quedarse, para hacer un cambio de vida, ya sea desde Latinoamérica o de otros países de Europa. Estos pueden buscar también la integración en colegios concertados o incluso públicos”, concluye.
1 d
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Sánchez impulsa la candidatura de Illa en Catalunya y afirma que "no hay nada más antipatriota que defraudar a Hacienda"
Pedro Sánchez ha aprovechado el congreso del PSC este domingo para empujar a Salvador Illa hacia la presidencia de la Generalitat y para afianzar el que será el mensaje del socialismo catalán hasta el 12 de mayo. "El ideal Constitucional y europeo de convivencia en Catalunya hoy solo lo representa el PSC con Illa al frente", ha proclamado. El adelanto de los comicios de Aragonès ha inundado el conclave socialista de un clima de carrera electoral que esperan que les devuelva al Palau de la Generalitat 14 años después de que lo abandonara José Montilla. Para lograrlo, Sánchez ha pronunciado una intervención de cierre del congreso que ha enfatizado la estrategia socialista para ganar el 12M: la de presentarse como única fuerza con opciones de ganar y voluntad de pasar página a la década del procés en Catalunya. “Esa es la disyuntiva. Si unir o dividir, si pasar página o no, si avanzar o resignarnos a la letanía y al declive que sufre Catalunya como consecuencia de estar a otras cosas y no a lo importante, que es dignificar los servicios públicos”, ha planteado Sánchez. Este fue el leit motiv del discurso de Illa el sábado. “Catalunya nunca avanzará sola, sino unida”, a afirmado. Junto a Sanchez, han acudido al acto miembros del Ejecutivo estatal como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o la ministra de Educación, Pilar Alegría.  Se trataba además de la primera visita del presidente a Catalunya después de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso. Un hito que sin embargo se vio eclipsado por la convocatoria electoral en Catalunya, que ha empujado al Gobierno a renunciar a los Presupuestos Generales del Estado para 2024 en vistas de una campaña que enfrentará a los socialistas con dos de sus socios en Madrid, ERC y Junts. Sánchez ha defendido una vez más las "medidas de gracia" como los indultos y la amnistía. "Son instrumentos con un objetivo claro: la normalización política. Cuando gana la convivencia, gana el crecimiento económico, el empleo, los derechos y la estabilidad política", ha argumentado. El mitin le ha servido al president para cargar también contra la derecha y la ultra derecha, de la que ha afirmado que su patriotismo acaba "en sus bolsillos". "No hay nada más antipatriota que defraudar a Hacienda", ha proclamado, y todavía ha insistido, en plena polémica en la Comunidad de Madrid por el fraude de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso desvelado por elDiario.es: "Menos lecciones de patriotismo y más cumplir con la patria pagando impuestos". Igual que ha criticado a ERC y Junts por mirar más al octubre de 2017 que al futuro, Sánchez también ha acusado a la derecha y a la extrema derecha de no tener "proyecto" para Catalunya. “¿Qué proponen? ¿Un 155 permanente? ¿La guerra sucia como cuando gobernaron en España? ¿La ilegalización de los partidos independentistas?”, ha proclamado el líder socialista. “No aceptan España tal como es, plural en lo político y diverso en lo territorial”, ha rematado. “Volverán a plantearse rupturas de unos y recentralizaciones de otros”, ha insistido Sánchez para situar al PSC como único partido que defiende autogobierno sin independencia antes de pasarle el testigo a Illa para cerrar definitivamente la jornada. 
2 d
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Los funcionarios catalanes levantan las protestas y las cárceles recuperan la normalidad
Los funcionarios de prisiones decidieron la noche del sábado levantar las concentraciones en los dos centros que permanecían todavía bloqueados: el de Quatre Camins y Joves, en la Roca del Vallès, y el de Mujeres, en Barcelona. Según el Departamento de Justicia, este domingo se ha recuperado ya la normalidad y los internos pueden salir de sus celdas y recibir visitas. Los trabajadores, que han puesto fin por ahora a dos jornadas de movilizaciones por el asesinato de una cocinera a manos de un recluso, han asegurado que levantan el bloqueo gesto de buena voluntad porque la reivindicación no es contra los internos. De esta forma, las visitas de familiares se pueden llevar a cabo el domingo y finaliza un confinamiento que el viernes afectó a 5.000 internos y este sábado todavía perjudicaba a unos 1.200. Los funcionarios que salieron por la noche de Quatre Camins llevan 24 horas trabajando. En este centro y en el de Joves era el primer día de bloqueo. Los trabajadores están muy molestos con el director y le acusan de culparles de los incidentes con los internos. Por la mañana, el director salió de prisión y los trabajadores le dieron la espalda y le pidieron la dimisión. Una decena de familiares acercaron a la cárcel para intentar realizar una visita aunque la dirección ya había avisado de que no se podrían hacer.En cuanto a Wad-Ras, como se conoce la cárcel de Mujeres, las internas llevaban en las celdas desde la noche del jueves, pero fuentes sindicales explicaron a la agencia ACN que han colaborado mucho y no hubo tensiones.
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