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El rey esquiva la disputa por los indultos y se limita a elogiar el papel del empresariado catalán
El rey Felipe VI lleva tres días en el centro de la polémica después de que el domingo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionara que el monarca firmase los indultos a los presos independentistas. En esta tesitura el rey ha viajado este miércoles a Barcelona para participar en la reunión del Cercle d'Economia y ha pronunciado un discurso en el que ha evitado hacer cualquier remota mención a la situación política, y mucho menos a la medida de gracia que el Gobierno prepara. El jefe de Estado se ha limitado a elogiar el papel del empresariado catalán y el papel de España en el comercio internacional, especialmente con Corea del Sur, cuyo presidente, Moon Jae-in era invitado de honor en el encuentro.El monarca ha soslayado así cualquier palabra que pudiera ser interpretada como un apoyo o censura a la política que sigue el Gobierno de Pedro Sánchez en Catalunya. Sin embargo, sí se ha producido una imagen de deshielo cuando ha coincidido con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el encuentro informal que ambos han mantenido junto a empresarios coreanos y el presidente Moon. Felipe VI y Aragonès se han saludado y el primero ha presentado al mandatario coreano. Seguidamente los presentes se han hecho una foto junto a la alcaldesa Ada Colau, en un encuentro que ha durado unos pocos minutos. Antes de esto, Aragonès y Colau habían evitado salir a saludar al rey, como sí habían hecho el presidente del Cercle d'Economia y la Delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.El encuentro entre el jefe de Estado y el president de la Generalitat ha sido poco más que una foto. Pero es una instantánea que inaugura el cambio de política en el Govern, que ha roto con la tradición de Quim Torra de evitar a toda costa coincidir con el rey. Aragonès, aunque se ha ausentado de la cena y evitará coincidir con el presidente Pedro Sánchez este viernes, ha utilizado las jornadas del Cercle para escenificar un incipiente deshielo tanto con las instituciones del Estado como con el mundo empresarial catalán, ante quienes se ha comprometido a redoblar su apuesta por el diálogo y la negociación.Ya en la cena el rey ha pronunciado un discurso centrado en la economía, en el que ha elogiado "las fortalezas, las capacidades y las oportunidades económicas que existen y se ofrecen, aquí en Barcelona y Catalunya, así como en toda España". Felipe VI ha recordado que, tras la crisis económica, España tiene "el firme propósito de impulsar su economía para hacerla más productiva, más fuerte, más moderna, más sostenible y, en definitiva, con una mayor capacidad de adaptación ante los futuros contratiempos". El jefe de Estado además ha loado las relaciones con Corea, en las exportaciones mutuas pero especialmente en terreno turístico. Antes del frugal encuentro entre el rey y el líder independentista, Aragonès y Faus habían inaugurado el evento con dos intervenciones de fuerte carga política. El presidente del Cercle d'Economia ha optado por posicionarse sin ambages a favor de los indultos, tras asegurar que la nueva etapa política es una "oportunidad histórica para la concordia". Según ha afirmado Faus, el Cercle siempre estará a favor de las iniciativas que aumenten la concordia dentro del marco legal, por lo que ha reclamado a Aragonès que trabaje para una solución que profundice "sin rupturas" en "una autonomía política auténtica" para Catalunya, dentro de una España "menos radial".En su turno Aragonès ha respondido a Faus mostrado su disposición a hacer fructificar el diálogo con el Gobierno, pero reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ponga sobre la mesa su propuesta para Catalunya y se abra a que los catalanes la voten. Con todo, el president de la Generalitat ha considerado que si se acaban concediendo los indultos significará que la vía de la negociación tiene recorrido.
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La jueza envía a juicio a 27 policías por lesionar a votantes el 1-O en Girona
Una jueza de Girona ha enviado al banquillo a 27 policías nacionales y a un guardia civil por lesionar a votantes del referéndum durante su intervención el 1 de octubre de 2017 en diversos colegios de Girona y Aiguaviva. La magistrada limita la causa a delitos leves y graves de lesiones, pero descarta que los agentes actuaran con órdenes de violencia de sus superiores así como que cometieran delitos de torturas y contra la integridad moral de los votantes.El auto también archiva las denuncias referidas a las cargas en el pabellón de Sant Julià de Ramis, donde tenía que votar el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y también todas las demás en que no se han podido identificar los agentes (como las que hubo en Pedret o en el centro cívico Ernest Lluch). Los abogados voluntarios que impulsaron la querella colectiva estudian interponer un recurso en la Audiencia.
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Despedido un profesor universitario de Mataró por acoso a varias alumnas: "Te obligaré a hacer lo que yo quiera"
El centro universitario TecnoCampus de Mataró (Barcelona), que depende de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), ha despedido a un profesor asociado del grado de Medios Audiovisuales tras una denuncia por presunto acoso sexual presentada por nueve alumnas de cursos diferentes ante la Unidad de Igualdad de la universidad.Una de las jóvenes afectadas, que prefiere mantener el anonimato y ha actuado como portavoz del grupo de denunciantes, ha explicado a Efe que en el chat de las clases virtuales el profesor mantenía conversaciones privadas con ella con expresiones como "quién fuera collar" cuando ella se ponía ese objeto en la boca durante una clase. También le pidió que se pusiese unos pantalones determinados para un examen presencial, la invitó a tomar una copa de vino y le pidió su número privado y le hizo comentarios como "¿es tu novio?, no importa, no soy celoso" al referirse a una fotografía en la que la chica aparecía con un amigo.Los hechos empezaron el pasado mes de diciembre y "al principio parecía raro", recuerda la joven, pero el perfil del profesor "confunde" porque "es muy simpático y enrollado, cercano a los alumnos", ha afirmado la afectada. La alumna comunicó lo ocurrido a la delegada de curso, que a su vez se puso en contacto con sus homólogas de otros cursos y encontraron a más estudiantes afectadas, todas ellas con patrones parecidos de conducta por parte del docente.Los episodios ocurrieron en diferentes momentos y entre alumnas de cursos distintos que no se conocían entre ellas, según esta portavoz, quien ha añadido que "hemos llegado a tener constancia de casos desde 2014, pese a que no aparecen en la denuncia".En uno de los casos, una de las alumnas ha afirmado que mantuvo una relación "breve pero más allá de las aulas con el docente" y que el acoso se agravó cuando intentó "poner distancia entre nosotros". La estudiante ha aportado documentación en paralelo a la denuncia interna colectiva, a la que ha accedido Efe. En ella, ante el silencio de la chica, el profesor le escribió: "te obligaré a hacer lo que yo quiera", "me pone la violencia controlada", "¿te pone, zorra?", "pídemelo, obedece" o "eres mi esclava".En la documentación aportada también se puede leer cómo el docente se refirió en conversaciones con otros alumnos de la universidad con expresiones como "el día de la graduación suelo ponerme muy cachondo con vuestros modelitos" o "podemos hacer orgías". "Que me pongan cachondo, dos o tres en clase", "las empotraría, son 3 que me follaría con dureza", "sabes que a ti te reventaría si pudiera", son otros los mensajes recogidos por las alumnas.Las jóvenes también han señalado que, pese a que los hechos denunciados empezaron en diciembre pasado, tienen constancia de que en octubre un grupo de seis alumnas de segundo curso acudieron a una profesora explicando el comportamiento "extraño" del profesor, pero sin aportar detalles, y que, pese a la advertencia de la profesora que "no conocía la magnitud de los actos", el profesor "siguió actuando".Por todo ello, las estudiantes decidieron acudir a la Unidad de Igualdad, que el Tecnocampus creó en 2011 en el marco del Plan de Igualdad y que ha instruido con este caso su primer expediente. El director de Recursos Humanos el Tecnocampus –centro con entidad jurídica propia adscrito a la Universidad Pompeu Fabra (UPF)– Xavier Vives, ha confirmado a Efe el despido del profesor por unos hechos "muy graves e inapropiados", lo que ha llevado a "imponer la sanción máxima de despido sin indemnización".Por su parte, el profesor denunciado ha explicado a Efe que ha interpuesto una demanda por despido improcedente y ha circunscrito la situación a "un conflicto laboral" en el que Tecnocampus ha considerado que "mi actuación, ante la queja de las alumnas, sobrepasa su código ético".El representante legal del profesor, el abogado Eloi Serra, ha añadido que su defendido "rechaza todas las acusaciones" vertidas por las chicas y para ello se ha amparado en la "dilatada experiencia docente del profesor".Al haber activado por primera vez el protocolo contra el acoso, "hemos detectado alguna laguna que se revisará", ha reconocido el director de Recursos Humanos, que se ha mostrado "satisfecho" de la "celeridad y contundencia con que la que ha reaccionado la universidad" ya que "hemos hecho lo que teníamos que hacer".Las estudiantes, que han valorado positivamente la actuación del Tecnocampus y la ayuda recibida, han afirmado que el objetivo de la denuncia ha sido "frenar la situación" y "ayudar a que no haya más víctimas" ante la "certeza de que el profesor ejerce la docencia en otras instituciones" y "está buscando empleo como docente en más lugares".En los últimos dos años, las universidades catalanas han recibido cerca de 100 denuncias por acoso y esta se produce tras la reciente de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde un grupo de alumnas denunciaron a un profesor de Veterinaria por presuntas agresiones y acoso, y a otras de los últimos meses, como las que afectaron a un profesor del Instituto del Teatro de Barcelona o a un ex profesor del Aula Municipal de Teatre de Lleida, acusado de presuntos abusos a decenas de alumnas menores de edad. EFE.
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El empresariado catalán se posiciona en favor de los indultos: "Vivimos una oportunidad histórica para la concordia"
Claro mensaje de apoyo a los indultos por parte del empresariado catalán representado por el Cercle d'Economia. Javier Faus, presidente del foro que comienza este miércoles su reunión anual, ha dado la bienvenida a Pere Aragonès remarcando que la política catalana viven una "oportunidad histórica para la concordia", por lo que el Cercle apoyará cualquier iniciativa para el entendimiento "dentro del marco legal". "Y los indultos lo son", ha subrayado Faus, que ha bendecido así las medidas de gracia que el Gobierno planea aplicar de forma inminente para los líderes independentistas presos.Faus ha defendido los indultos en la sesión inaugural de las jornadas del Cercle, donde esta misma tarde se recibirá al rey Felipe VI y, el jueves a primera hora, a Pablo Casado. El foro empresarial catalán vuelve a posicionarse de esta forma respecto a uno de los debates políticos candentes, como ya lo hizo para censurar la ruptura que suponía la independencia durante el procés y, de forma tradicional, por un nuevo diseño territorial de España en lo político pero también en lo económico."Creemos que se inicia un momento idóneo par buscar una solución que encaje el conflicto político que vive Catalunya", ha continuado Faus, que ha propuesto a los presentes "trabajar todos por un nuevo ciclo de concordia, por superar el conflicto y apostar por un mañana en común". La organización empresarial ha aprovechado la presencia del president de la Generalitat elogiando los primeros pasos dados por el nuevo Govern, de los que ha dicho que marcan una dirección que el Cercle valora "muy positivamente".Sobre la cuestión territorial, Faus ha recordado que la apuesta de su organización es por una visión de España diversa y desde las periferias. "El Cercle apuesta por una autonomía política auténtica, de forma pragmática y sin rupturas. Queremos lanzar otra mirada desde la periferia y hablar del modelo territorial español", ha indicado, tras recordar que en las jornadas de este año estarán invitados cuatro presidentes autonómicos, además del catalán, como son el gallego Alberto Nuñez Feijoo, el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, el valenciano Ximo Puig y la balear Francina Armengol. "El Cercle aposta per una España menos radial, más alemana que francesa", ha resumido Faus.Pese a esto, Faus ha llamado la atención de Aragonès sobre dos proyectos importantes para la organización, como es la iniciativa privada en las energías renovables y la ampliación del aeropuerto de Barcelona. "En algunos momentos somos los propios catalanes quienes perdemos oportunidades para políticas públicas contra la iniciativa privada o por no tener claros cuales son nuestros objetivos", ha destacado el presidente del Cercle d'Economia.Catalunya, ha asegurado el presidente del foro económico, tiene capacidad para ser "muy competitiva" en la nueva economía, pero para ello debe centrarse en la recuperación, que ha descrito como una visión combinada entre el crecimiento económico y la protección social. A la vez, Faus ha abogado por cerrar el conflicto territorial defendiendo un nuevo encaje en el Estado. Si el Govern Aragonès sigue estas recetas, podrá contar con la ayuda de los actores económicos del Cercle, ha transmitido.
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Los jueces ven "mejorable" la coordinación con servicios sociales tras el suicidio antes de un desahucio
El desahucio de Segundo F., que se suicidó este lunes justo cuando la comitiva judicial llamaba a su puerta, ha enfrentado en las últimas horas el Ayuntamiento de Barcelona con los magistrados, a quienes han acusado de falta de sensibilidad a la hora de aplicar la moratoria de desalojos aprobada por el Gobierno. La abogada de oficio remitió al juzgado un informe de servicios sociales que acreditaba su vulnerabilidad, pero el magistrado, el titular del juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona, consideró que no se cumplían todas los los requisitos que exige el decreto ley estatal. “No había ningún motivo legal para pararlo”, ha defendido este mismo lunes en TV3 el delegado de los juzgados de primera instancia de Barcelona, Roberto García Cisneros. Cisneros ha argumentado que el juez dio aplicación el decreto 8/2021, que amplía la moratoria antidesahucios hasta el 9 de agosto, pero al mismo tiempo ha admitido que la coordinación con los servicios sociales fue mejorable, por un lado, y que muchas veces los magistrados son más garantistas de lo que prevé la ley cuando hay casos de vulnerabilidad en los desalojos. "Muchos, muchos desahucios se paralizan a la vista de situaciones de última hora que se encuentran en la propia práctica de la diligencia. Si solo parásemos los que tienen una causa clara de suspensión con motivo legal, se pararían muy pocos", ha valorado. También se paralizan a menudo diligencias, según ha afirmado, "por documentación no del todo completa" o por "muchas otras razones". "Decir que este no se habría podido parar… Seguro que sí, si se hubiese entrado en este ámbito. Pero en este caso no se hizo", ha reconocido Cisneros. ¿Cuál fueron entonces la razones últimas que argumentó el juez? A falta de conocer el auto, que no se ha hecho público, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) afirmó en un comunicado que las circunstancias de Segundo F. "no eran las que regula el Real Decreto como vulnerabilidad que permita la suspensión del lanzamiento". Además de los informes de servicios sociales, los afectados deben aportar documentación que acredite que están en situación de desempleo. En el caso de Segundo, llevaba desde 2018 sin trabajo y había pasado por el servicio de asesoramiento de Càritas antes de entrar en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Esto último fue ya en febrero de 2021, cuando llevaba ya meses, concretamente desde junio del 2020, sin pagar el alquiler, de unos 800 euros. El propietario, un particular –no un gran tenedor–, puso la demanda para iniciar el proceso de desahucio el pasado enero.A partir de aquí, las versiones entre la judicatura y el Ayuntamiento difieren en un aspecto de la cronología: la entrega de los informes de Servicios Sociales. Según el TSJC, cuando el juzgado entregó a Segundo la ficha para que indicase si necesitaba ayuda de estos profesionales, él no cumplimentó la ficha, con lo que no se pudo trasladar su caso. Además, Cisneros ha añadido que su abogada solo aportó el informe de vulnerabilidad el 9 de junio, días antes del lanzamiento. Por contra, el Ayuntamiento asegura que ese documento ya se remitió al juzgado una primera vez en mayo, cuando se solicitó inicialmente la acogida a la moratoria. Sea como fuere, la edil barcelonesa de Vivienda, Lucía Martín, ya argumentó este martes que si había algún problema por falta de documentación o por incumplimiento de requisitos, ante un caso con indicios tan evidentes de vulnerabilidad se debería haber revisado. El consistorio asegura que llamó a los juzgados el viernes anterior al lanzamiento para aclarar esta cuestión, pero no obtuvo respuesta. García Cisneros ha reconocido que el procedimiento es "mejorable" y que "es evidente que tiene que haber mejor comunicación", en caso de dudas, "entre el juez y los servicios sociales”. Pero aun así se ha insistido en que el "caso concreto" el escrito no se presentó hasta "última hora". "Constancia no hubo ninguna hasta este escrito a última hora", ha expresado. Y ha añadido a ello un argumento recurrente por parte de los jueces en estos casos: que son los servicios sociales los que deben dar alternativas a las personas sin recursos (en el caso de Segundo F., apenas había comenzado los trámites para entrar en la mesa de emergencia en la que conseguir una vivienda social).Por último, García Cisneros también ha mandado una crítica velada al propio decreto ley antidesahucios, que cree que en algunos aspectos “genera dudas”.
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Condenado a 5 años de cárcel el independentista al que el Govern acusó de golpear a un mosso en una protesta
Cinco años de prisión por "golpear con un palo" el antebrazo derecho de un antidisturbios de los Mossos d'Esquadra durante una protesta contra Jusapol en 2018. Esta es la pena que la Audiencia de Barcelona ha impuesto al activista independentista Marcel Vivet, tres meses más que la petición de cárcel realizada durante el juicio por la Genealitat de Catalunya, que ejerció la acusación particular. Ha bastado la palabra del mosso agredido, que el tribunal considera "suficiente" para fundar la condena al "no presentar indicios de falsedad".Reconoce el tribunal que "no constan imágenes" del golpe concreto, pues el fotograma clave para las acusaciones "no es concluyente". Sin embargo considera creíble la declaración del mosso lesionado, quien explicó que "memorizó" la cara y vestimenta de Vivet durante la protesta y luego "localizó" al joven en una red social, para después comparar la cara de su perfil en redes sociales con las imágenes captadas por los Mossos de la protesta. En el juicio el agente se reafirmó en señalar a Vivet como la persona que le golpeó con un palo, extremo que el tribunal ve probado ya que en los vídeos anteriores a la agresión de la protesta se ve a Vivet "blandiendo" el palo. No da credibilidad en cambio el tribunal a la tesis de defensa de Vivet, quien negó haber golpeado al agente y alegó que solo permaneció 15 minutos en la protesta. "Poco o nada importa el tiempo que estuvo", zanjan los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, para quienes Vivet mantuvo en todo momento "una actitud retadora y desafiante". El juicio contra Vivet era la primera ocasión para comprobar si la Generalitat cumpliría con lo anunciado en noviembre por el entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, y dejaría de acusar por atentado a la autoridad o desobediencia en causas por disturbios, limitando a un delito de lesiones su acción penal si hay mossos d'esquadra heridos. El anuncio se produjo después de las polémicas por las penas de prisión a manifestantes independentistas que pedía el Govern. No fue así y, al final de la vista, el abogado de la Generalitat, que ejerce la acusación particular en representación del mosso herido, elevó a definitiva su petición inicial de condena de cuatro años y nueve meses de cárcel por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.Por los mismos delitos acusaba la Fiscalía, que solicitaba cinco años y medio de prisión en línea con las altas penas solicitadas por el Ministerio Público en los casos de altercados relacionados con el procés, y que en ocasiones han llevado a los jóvenes acusados a pactar penas más bajas a cambio de no tener que entrar en prisión. En el caso de Vivet no fue así y ahora el joven se expone a tener que pisar un centro penitenciario, aunque la sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
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El juez sienta en el banquillo a la familia Pujol e impone una fianza de 7,5 millones al primogénito
La familia Pujol Ferrusola está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este miércoles la apertura de juicio oral contra el expresident de la Generalitat, sus siete hijos y otros once empresarios, uno de los últimos trámites antes de la vista, que todavía no tiene fecha. El magistrado impone además una fianza de 7,5 millones al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a quien las acusaciones piden las penas más altas.El juez ha tomado esta decisión una vez todas las acusaciones de la causa ya han presentado sus escritos contra la familia. La última en hacerlo fue este lunes la Abogacía del Estado, que decidió no acusar al expresident y cinco de sus hijos y centrar su acusación en los delitos fiscales cometidos por el primogénito y su exmujer, Mercè Gironès. En cambio la Fiscalía pide nueve años de prisión para Pujol padre por los delitos de asociación ilícita y blanqueo.
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Catalunya levanta el límite máximo de personas en las reuniones y permite diez comensales en las terrazas
La Generalitat sigue levantando restricciones a medida que baja la incidencia del virus en Catalunya y aumenta la cobertura de vacunación, que se sitúa ya en el 31% de la población con pauta completa y el 52% con una dosis. Ante el avance favorable, el Procicat, el ente liderado por los departamentos Salud e Interior, ha validado el protocolo de reapertura del ocio nocturno, previsto para el 21 de junio, y ha aprobado también poner fin al límite máximo en la reunión de personas, que hasta ahora era de 10. Ahora será solo una recomendación. “La tendencia es descendente y claramente positiva, podemos comenzar la desescalada hacia la normalidad”. Con estas palabras ha arrancado su primera intervención como secretaria general de Salud Meritxell Massó. En estos momentos, los ingresados con COVID-19 son 512, de los que 179 siguen en la UCI. En las últimas 24 horas se han registrado 513 nuevos contagiados. Entre las medidas más destacadas que entrarán en vigor el lunes, está la finalización del límite en las reuniones. “Podrán ser más de diez, aunque se recomienda evitarlo”, ha expresado la directora general de Protección Civil, Mercè Salvat. En cuanto a las terrazas de los bares, en el exterior se pasará de un máximo de seis comensales a diez. La otra gran novedad es la aprobación de la reapertura del ocio nocturno, aunque sus detalles ya se dieron a conocer tras el acuerdo con el sector el pasado fin de semana. A partir del día 21, las salas y discotecas podrán abrir hasta las 3.30, con un aforo del 50% en interiores. Las pistas de baile estarán abiertas y la distancia de 1,5 metros no será obligatoria, sino “como norma general”. Asimismo, las consumiciones se deberán realizar en una zona concreta y sentados. Por lo que respecta a las entradas, todas deberán contar con un registro y conservarlo durante un mes, para trazar posibles brotes. En el caso de los locales de menos de 500 personas, el registro se podrá hacer in situ, mientras que en los que superen esa capacidad se deberá hacer mediante un sistema de venta anticipada. Massó y Salvat han respondido a todas las cuestiones de actualidad que rodean la situación epidemiológica actual. Entre ellas, su valoración del acuerdo de la Comisión de Salud Pública por el cual se puede empezar a vacunar ya a la población menor de 40 años. “Todo parece indicar que será en las próximas semanas, no esperaremos mucho tiempo”, ha señalado la secretaria general, que también ha insistido en la voluntad de la Generalitat de que se aborde la retirada de las mascarillas al aire libre.Sobre el aumento de casos de la variente Delta, la que se detectó por primera vez en la India, han reconocido que va ganando terrenio y que todo parece indicar que en los próximos tiempos será la dominante. Actualmente se detecta en el 12% de los casos y la semana próxima se situaría, estiman, en el 20%.
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Segundo se suicidó antes del desahucio: solo, en paro y sin poder asumir 800 euros al mes
El 12 de noviembre de 2010 la recesión económica comenzó a mostrarse con toda su crudeza cuando un vecino de L'Hospitalet, recién desalojado de su piso, se ahorcó en plena calle. Dos años después, el mismo día de febrero de 2013 en que la PAH tramitaba en el Congreso la iniciativa legislativa para acabar con los desahucios, se suicidó un matrimonio de ancianos que iba a quedarse sin casa en Palma. La historia de la crisis de la vivienda, primero con las hipotecas, luego con los alquileres, es también la de aquellos que se han quitado la vida debido a su situación límite. En 2018, un hombre se lanzó al vacío en Cornellà justo cuando la comitiva judicial llamaba a su puerta. Este jueves hizo exactamente lo mismo y en el mismo instante un vecino de Sants, en Barcelona. El fallecido se llamaba Segundo, era originario de Ecuador y vivía en el piso, por el que pagaban unos 800 euros al mes, desde hacía varios años. Al principio, según relatan sus vecinos de la calle Bacardí, se mudó al piso con su mujer y la hija de ella, que a su vez tenía también a sus hijos en casa. Pero con el tiempo la mujer volvió a su país y él se quedó solo. "Hacía tiempo que no trabajaba, él lo comentaba a veces", explicaba este martes uno de sus compañeros de escalera. Por lo demás, en un edificio de 30 viviendas, sabían poco de él, más allá de que rondaba la sesentena (tenía 58, según fuentes policiales) y que sacaba a pasear a menudo su perro. Segundo se quedó sin empleo en 2018 y desde entonces no había encontrado nada. Durante algún tiempo, relatan los vecinos, tuvo que compartir su piso con otros familiares y conocidos, realquilando las habitaciones. Si no, no podía hacer frente al pago mensual. Y no tenía alternativa de vivienda. Al final, ya en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, entró en contacto con Cáritas Diocesana, donde se le hizo acompañamiento laboral. Desde la entidad le asesoraron para vincularse con los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona y para recibir la prestación social que le tocaba. "Se presentó a ocho ofertas de trabajo distintas, pero desgraciadamente y a pesar de sus esfuerzos, ninguna de ellas fructificó", señalan fuentes de Càritas.El hombre dejó de pagar el alquiler en junio de 2020, tras lo más duro de la pandemia. En el bloque lo sabían algunos vecinos porque mantenían el contacto con el propietario, que antiguamente y durante años vivía en ese piso. Se trata de un particular. Los Servicios Sociales del consistorio tuvieron constancia de su caso en febrero de este año, poco después de que el propietario impusiera la demanda por impagos, y rápidamente emitieron un informe de vulnerabilidad económica, dada su situación de desempleo. Pero de nada sirvió esta documentación, puesto que el lanzamiento definitivo se acabó fijando para este lunes. Sin Mossos d'Esquadra de por medio, pero sí con profesionales de la unidad antidesahucios del Ayuntamiento, la comitiva judicial llamó a la puerta de Segundo, en el tercer piso. Él abrió, les pidió que aguardaran un instante y se lanzó al vacío por el patio interior del inmueble. La muerte de Segundo ha desatado fuertes quejas de los movimientos antidesahucios, que han convocado este martes una protesta frente a la Delegación del Gobierno. Creen que una vez más ha quedado demostrado que el decreto de moratoria contra los desahucios aprobado por el Gobierno central, y que se extiende de momento hasta el 9 de agosto, no es efectivo en muchos casos. Sin ir más lejos, de enero a marzo de 2021 el número de lanzamientos ha aumentado en España. Esta vez, además, se ha vuelto a poner en el foco la labor de los servicios sociales y la validez de sus informes. Ya ocurrió en el polémico desalojo del Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec, cuando el juez del caso cuestionó la vulnerabilidad en materia de vivienda de un ocupante, reflejada en un documento de los profesionales del consistorio, al considerar que sí tenía alternativas donde alojarse. En esta ocasión, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aseguran que las circunstancias recogidas en el informe "no son las que regula el real decreto como vulnerabilidad que permita la suspensión". Por su parte, en el Ayuntamiento de Barcelona, por voz de la edil de Vivienda Lucía Martín, han puesto el grito en el cielo al reprochar al juez que no les haya justificado exactamente cuáles son los detalles que faltaban ni diera tiempo para volverlo a revisar, si es que era ese el problema realmente. "Necesitamos una aplicación garantista de la normativa, y ante la duda de si la situación del afectado es clara o no, el juzgado debe priorizar por encima de todo los derechos de las personas vulnerables", lamentaba este martes Martín. "Pero el juzgado no nos dijo nada y tiró adelante el desahucio. Es injustificable", añadía. El primer informe de Servicios Sociales tiene fecha de abril de 2021 y se envió al juez en mayo, junto con la solicitud para acogerse a la moratoria. Esto fue antes de una primera fecha de lanzamiento que se acabó aplazando por cuestiones de forma. Al final, se fijó para el 14 de junio. Y días antes la abogada de oficio volvió a pedir la moratoria junto con el mismo informe y demás detalles sobre su situación económica, pero esta se denegó. En el documento, según la edil de Vivienda, constaba que Segundo estaba en paro y que cobraba una prestación, por lo que era vulnerable.Además, Martín ha asegurado que llamaron el viernes al juzgado para saber por qué no se aplicaba la moratoria. "Por si había que añadir alguna información más. Pero nos encontramos con una negativa sin ningún tipo de explicación", subraya. "Es falso que la vulnerabilidad no estaba acreditada, pero si lo que tenían eran dudas, tenían que haber preguntado", remarca la concejal. Fuentes del consistorio añaden que pese a la moratoria y en casos parecidos, con un pequeño propietario, se acaba ejecutando el desalojo, pero no en su primera fecha. A diferencia de lo que ocurrió con Segundo, esto le da aire al afectado y a la unidad antidesahucios para negociar con la propiedad o buscar alternativas de vivienda. En esta ocasión, todavía se estaba tramitando su ingreso a la mesa de emergencia de vivienda.A eso de las 10.00 de este martes, pasó con su bici por la calle Bacardí la portavoz de la PAH en Catalunya, Lucía Delgado. "Es horroroso. Estas muertes solo conllevan rabia e impotencia porque llevamos 12 años denunciando estas situaciones y porque lo podríamos haber evitado", ha lamentado.
1 d
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La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola pero no acusa al expresident
La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para el primogénito de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, por los delitos de falsificación en documento mercantil, contra la Hacienda, blanqueo de capitales y frustración a la ejecución de la investigación cuando ocultó fondos relacionados con sus negocios y el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra. La Abogacía, que depende del Gobierno, pide para su hermano Josep Pujol cuatro años y medio de cárcel y para su exesposa, Mercè Gironès, 17 años y medio de cárcel, y en cambio no acusa al expresident de la Generalitat. Además de las penas de cárcel, la Abogacía del Estado reclama a Pujol Ferrusola y Gironès 7,7 millones de euros por el fraude fiscal correspondientes al pago del IRPF de los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. En cambio Hacienda ya dictaminó que el delito contra la Hacienda Pública del expresident estaba prescrito, motivo por el que la Abogacía no le acusa y por lo tanto no le pide pena de cárcel alguna, al contrario que la Fiscalía, que le reclama nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitaleArgumenta la Abogacía del Estado que aunque se procesara al conjunto de la familia Pujol y a varios empresarios por organización criminal y otros delitos, su presencia en la causa responde a los delitos contra la Hacienda Pública, por lo que el "alcance" de su acusación se limita al fraude fiscal y a los delitos relacionados, según expone la abogada del Estado Rosa María Seoane.
1 d
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Aragonès delega en el vicepresident Puigneró (Junts) la asistencia a la cena de empresarios que presidirá el rey en Barcelona
El Govern estará presente en la cena de empresarios que este miércoles presidirá el rey Felipe VI en Barcelona, a la que acudirá el vicepresident Jordi Puingneró, máximo cargo de Junts en el Ejecutivo. El president Pere Aragonès ha decidido delegar en su número dos la presencia en la ceremonia, que marca sin embargo un cambio de política de los miembros de la Generalitat respecto a su coincidencia en actos con el Jefe de Estado. Durante el mandato de Quim Torra los miembros del Govern evitaban acudir a eventos en los que pudiera coincidir con el rey, en muestra de protesta. Una decisión que cambiará en esta legislatura. "El Govern no condicionará su agenda por lo que haga el rey", ha afirmado la portavoz del Govern.El rey Felipe VI presidirá este miércoles la cena inaugural de la reunión de las jornadas del Cercle d'Economía, a la que asistirá también el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In. El Govern se implicará al máximo en este evento, que abrirá el propio Pere Aragonès junto al presidente del Cercle, Javier Faus. Posteriormente el president de la Generalitat participará en un encuentro privado con empresarios y agentes económicos en el marco de las jornadas, a las que acuden responsables nacionales e internacionales del mundo político e internacional. Aragonès ha valorado hasta este mismo martes la posibilidad de acudir a la cena, pero finalmente ha preferido delegar en su número dos. Que finalmente sea el máximo responsable de Junts en el Govern quien acuda a la cena con el rey subraya el cambio de política decidido por el Govern. Este martes estaba previsto que Jordi Puigneró compareciera junto a la portavoz del Govern en la rueda de prensa, pero finalmente el vicepresident no ha comparecido y ha excusado su presencia por un "asunto de agenda de última hora".La línea seguida hasta el momento por el Govern para no coincidir con el rey había supuesto no pocas polémicas a lo largo de la última legislatura. Torra de hecho se la había saltado en algunos momentos, como en la inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona en 2018. Ya después de su inhabilitación y este mismo año, voces empresariales protestaron por la ausencia de Aragonès en el acto por el 70 aniversario de SEAT, en marzo pasado.Esta consigna ha cambiado tras la reunión del Ejecutivo de este martes. "No se condicionará la agenda del Govern a lo que haga el monarca del reino de España. La prioridad es ocupar los espacios que son relevantes para el país y su gente, independientemente de lo que haga el monarca", ha resumido la portavoz del Govern.
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El exconseller de Interior Miquel Buch dirigirá la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat
El extitular de Interior Miquel Buch será el nuevo presidente de la empresa pública Infraestructures.cat en sustitución de Joan Jaume Oms, según publica este martes el diario Ara y han confirmado a la agencia ACN fuentes cercanas al exconseller. Infraestructures.cat es una empresa pública que depende del Departamento de Economía y Hacienda, encabezado por el consejero propuesto por Junts per Catalunya Jaume Giró. Precisamente, este lunes, se hizo público que la Fiscalía pide a Buch seis años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos para nombrar asesor un agente de los Mossos que hacía de escolta a Carles Puigdemont. El Ministerio Público también solicita 4,5 años de cárcel para el policía en cuestión, Carles Escolà, que también fue asesor en sistemas de seguridad.Buch fue cesado el pasado verano como conseller de Interior por el entonces president, Quim Torra, en la crisis de gobierno del verano después de que se pusiera en duda la actuación de los Mossos en protestas como la posterior a la sentencia del 1-O. Su sustituto fue Miquel Sàmper, que ocupó el cargo hasta el nombramiento del nuevo Govern. En aquella crisis de Gobierno también fueron cesados ​​la consejera de Empresa, Ángeles Chacón, y la consejera de Cultura, Mariàngela Villalonga.Antes de ser conseller, Buch ocupó la alcaldía de Premià de Mar y también fue presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), cargos que abandonó poco antes de las elecciones del 21 de diciembre del 2017.
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Batalla laboral en Burger King por el exceso de contratos temporales y la precariedad: "Hemos llegado al límite"
Es poco habitual ver a un grupo de trabajadores protestar frente a un restaurante de comida rápida. Ocurrió a principios de junio en la provincia Barcelona, cuando varias decenas de empleados se concentraron a las puertas de dos Burger King, en Granollers y en la capital catalana. La acción pasó algo desapercibida, pero hizo visible el malestar de al menos una parte de la plantilla contra una empresa que denuncian que no garantiza sus derechos laborales. "Los incumplimientos son constantes desde hace años y ahora hemos llegado al límite", resume Miguel Ángel Sánchez, liberado sindical de CCOO y empleado durante una década en varios establecimientos de la cadena norteamericana. El origen de las quejas tiene que ver con al menos dos informes de la Inspección de Trabajo que ya en 2019 constataba varias deficiencias en materia laboral y que, según los trabajadores, a día de hoy todavía no se han corregido. Entre ellas, el exceso de contratos temporales injustificados, el incumplimiento del descanso mínimo de 12 horas en algunos turnos o la falta de una evaluación sobre el riesgo de estrés dentro de la plantilla, que se quejaba de ello. Pero la gota que ha hecho colmar el vaso, según denuncian los sindicatos, es que en la actual situación de reapertura tras la pandemia no se está recuperando todo el personal que había antes, con lo que la carga de trabajo es mayor en muchos restaurantes."Hay restaurantes, como los de Sant Adrià del Besòs o Urquinaona, que tienen mucha venta, incluso superior a antes de la pandemia debido al aumento del delivery, pero están bajo mínimos de personal", denuncia Sánchez. Según las estimaciones de CCOO, que aseguran que las hacen a partir del censo de los ERTE, en la provincia de Barcelona, donde hay 73 restaurantes de Burger King, los trabajadores en activo han pasado de ser unos 1.600 a unos 1.000. Por su parte, la empresa responde que dan empleo a más de 2.000 personas en esta misma zona. "La compañía sigue apostando por invertir y generar empleo en Catalunya, donde la marca abrió por primera vez en 1982 y, pese a las restricciones impuestas por la pandemia, prevemos abrir tres restaurantes durante 2021", responde a este diario Burger King. Sobre si han corregido las advertencias que les hizo la Inspección de Trabajo en 2019, se limitan a afirmar: "Burger King cumple con la normativa vigente y, siempre que es necesario y se le requiere, colabora con las autoridades laborales aportando toda la información necesaria". Los informes de la Inspección, a los que ha tenido acceso este diario, se llevaron a cabo en septiembre de 2019, cuando esta firma se proclamaba ya el mayor operador de restaurantes de España. A razón de 30 nuevos locales al año, entre los propios y los franquiciados, Burger King Spain alcanzó más de 800. Más de 5.000 en toda Europa. En un primer documento, los inspectores constataron que en dos de sus hamburgueserías de Barcelona, en Port Olímpic y Glòries, se usaban sus vestuarios también como almacén, cosa que la normativa no permite. Tras el apercibimiento, la empresa lo arregló. Pero la Inspección también pidió que se actualizase una evaluación de riesgos psicosociales de la plantilla, cosa que los sindicatos aseguran que no se ha hecho. A partir de varias muestra en 2019 en distintos establecimientos, ese informe constató que "en todas ellas se identifica el riesgo de fatiga y de carga mental", e hizo el requerimiento a la firma para que realizase su propia evaluación y aplicase las "medidas correctoras necesarias". El otro informe, de la misma fecha, se recogen otros incumplimientos de la normativa laboral. Entre ellos, que en algunos casos no se cumplía el mínimo de 12 horas entre turnos. O las contrataciones temporales sin la justificación adecuada. Motivos ambos que llevaron a la Inspección a proponer actas de sanción por infracción grave cuyo montante no ha trascendido. Lo mismo que con un acto de "obstrucción a la labor inspectora", al constatar este ente que la empresa retrasó "todo lo posible" la entrega de documentación, "y a mayor abundamiento decidió unilateralmente no comparecer a una citación de la inspectora actuante", señala el documento.El caso de la temporalidad es uno de los caballos de batalla de los trabajadores. Desde CCOO aseguran que se plantean movilizaciones en toda España si la empresa no se sienta a negociar. Ante la inspección, Burger King defendió que su 24% de temporalidad –porcentaje de ese momento– está vinculado a las campañas de verano y, tal como hacía constar en los contratos, a "un aumento de ventas en el restaurante" originado la realización de una "fuerte campaña publicitaria en radio, prensa y televisión". Para la Inspección, sin embargo, esta justificación no fue suficiente, puesto que constataron que el crecimiento de Burger King ese mismo año estaba siendo sostenido en el tiempo y no fruto de un pico de actividad. "Por lo tanto, en el presente caso se considera probado que los contratos eventuales celebrados por la empresa Burger King Spain SLU transgreden la normativa de contratación temporal", especifica el documento de la Inspección. "El problema es que es una empresa donde todo son trabas y tienes que batallar cada pequeña cosa", opina Luis Miguel, empleado del Burger King de Manresa, también en la provincia de Barcelona. En su caso, como la mayoría de empleados, tiene un contrato de 20 horas semanales, lo que sería una media jornada, y se saca unos 500 euros al mes. Luego tienen horas complementarias, con un máximo de un 60%, que muchos quieren hacer para "poder llegar a fin de mes". Pero estas horas de más, denuncia, a veces se usan para premiar o castigar a los empleados. "El otro día tenía que marcharme a la 1 de la madrugada y me llamó un jefe porque me negaba a entregar un pedido que había llegado. Me dijo que luego nos quejamos cuando nos ponen al mínimo de horas complementarias", relata este empleado. Desde CCOO denuncian también que los errores en el cobro de nóminas son habituales, sobre todo con impagos de horas extras y vacaciones. "Todos los meses hay problemas de horas no pagadas", dicen. En cuanto a la sobrecarga de trabajo, argumentan que el número de empleados no da para cubrir la demanda de trabajo. Luis Miguel pone como ejemplo las horas valle, cuando la actividad decae –que suele ser entre la comida y la cena–. En esa franja, explica, a veces los restaurantes como el suyo tienen a dos o incluso solo a una persona para asumir las diferentes tareas. "Se encarga de prácticamente todo: atender a los autos [el servicio de venta por ventanilla a los coches], preparar las hamburguesas, cocinarlas, atender al mostrador… Eso ocurre más de lo que querríamos", lamenta este empleado.
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