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¿Brexit? Aumentan los vuelos con Canarias desde Reino Unido

La teoría de la salida del Reino Unido de la UE no termina de reducir vuelos a Canarias aunque hayan quebrado aerolíneas como Monarch. Jet2.com y Jet2holidays han confirmado esta semana la comercialización de más de 6.000 asientos adicionales a Canarias desde el aeropuerto de East Midlands, es decir, con impacto en las áreas de Derbyshire, Leicestershire, Lincolnshire, Nottinghamshire, Rutland y Northamptonshire entre febrero y abril de 2019. La importancia de Jet2 en las islas no es solamente turística. En las bodegas de sus aviones se transporta hortalizas y plantas de las islas con destino a tiendas de alimentación. La aerolínea propiedad de Dart Group, que preside Philip Meeson, es uno de los motores de aceleración de la oferta de turismo procedente del Reino Unido en Canarias. Operadores comoTUI tienen cada semana con Canarias con 90 vuelos. La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha dado orden de consolidar el marco de incentivos para 30 nuevas rutas a través del Fondo de Desarrollo de Vuelo de Canarias. El presupuesto máximo total para la convocatoria es de 5,7 millones de euros. De entrada, hay abiertas licitaciones para Alemania (1), Austria (3), Bulgaria (1), Eslovaquia (3), Estados Unidos (2), Francia (3), Irlanda (1), Islandia (1), Italia (5), Letonia (1) , Polonia (2), Portugal (2), Reino Unido (3), Rumania (2), Rusia (3) y Suiza (2). El director ejecutivo de Jet2.com y Jet2holidays, Steve Heapy, ha apuntado que la aerolínea y el operador han percibido «una mayor demanda» en el destino canario. Por ello, habrá 17 vuelos más. Esto incluye vuelos semanales adicionales los viernes a Gran Canaria desde el 14 de febrero al 17 de abril y desde 11 de febrero al 24 de marzo a Tenerife. Jet2 también vuela a Lanzarote y Fuerteventura desde el aeropuerto de East Midlands. Heapy subraya que la decisión es porque «hemos respondido rápidamente a la demanda adicional de vuelos y vacaciones a Gran Canaria y Tenerife, agregando más de nuestros vuelos galardonados y paquetes de vacaciones Atol protegidos desde el aeropuerto de East Midlands». Atol es el nombre del sistema de protección de consumidores. Yaiza Castilla (ASG) ha admitido que su departamento deberá afrontar la «recesión del turismo» que se prevé, si bien matizó que también habrá que tener en cuenta la sostenibilidad en la conservación del archipiélago. Señala que pretende que se avance en la línea de la «agenda 2020-2030», para lo que considera importante que se impliquen todos los sectores. A ello, añade que otro reto será el de afrontar la previsible «recesión del turismo» atendiendo a la sostenibilidad y todo ello «sin olvidar» la industria y el comercio, que es un «motor muy importante».
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Una jueza de Nicaragua decidió multar a la periodista crítica del Gobierno, Kalua Salazar, tras encontrarla culpable por el delito de calumnias en un juicio promovido por tres trabajadoras de una alcaldía gobernada por los sandinistas, partido que lidera el presidente Daniel Ortega.Seguir leyendo....
elperiodico.com/es/
Quiénes son los abogados que han defendido a los 34 absueltos en el 'caso Bankia'
Medio centenar de letrados, entre los que se encontraban los socios de los grandes bufetes, se han encargado de defender a los acusados siguiendo la estrategia fijada por los asesores de Bankia y BFA. Leer
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Según la sentencia, la CNMV es la encargada de controlar la "pureza" de la información suministrada en el folleto, desde la perspectiva de la trasparencia. No obstante, no es cierta dicha afirmación dado que no es lo que entienden los altos cargos de dicha institución cuando son interrogados en ese sentido. Leer
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Caso Bankia: la Audiencia hace justicia
Debería estar claro que una cosa son las responsabilidades que un directivo tiene que asumir por decisiones que, con el paso del tiempo, se demuestran desacertadas y otra cosa es que esos errores estratégicos o sobre decisiones de negocio supongan una responsabilidad penal. Leer
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El comercio, en caída libre
El desplome del turismo extranjero lastra el consumo. Sólo Madrid, La Rioja y País Vasco mantienen una evolución del consumo en positivo. Leer
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Los difíciles escenarios que se abren en Cataluña
La comunidad tendrá un Govern en funciones y con liderazgos a medio gas hasta las elecciones, que ERC sitúa en febrero. Sánchez quiere desactivar la agenda independentista, pero el PP cree que los indultos y la reforma del código penal darán alas al separatismo. Leer
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Sector financiero y tributario, energético y transporte: los objetivos de los ciberataques más peligrosos
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) gestionó 42.997 ciberincidentes en 2019, un 12,5% más que los 38.192 registrados el año anterior, según informó ayer el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al principal departamento de Inteligencia en España. En el «Informe Ciberamenazas y Tendencias. Edición 2020», el CCN constata que un 7,5% de esos ciberataques –es decir, 3.224– pueden catalogarse con «peligrosidad muy alta o crítica»: «Si bien estos incidentes no llegaron a causar un impacto en los servicios esenciales prestados por los operadores afectados. Los sectores más afectados fueron el financiero y tributario, energético y transporte, que alcanzan conjuntamente un 50% de los incidentes de peligrosidad alta o críticos totales gestionados», apunta el informe. Intrusiones en sistemas informáticos y redes de comunicación (36%) o introducción de códigos dañinos (26%) son las tipologías de ataques más frecuentes que tuvo que tuvieron que gestionar los ciberdefensores del CNI. Como ya avanzara hace dos semanas la directora del CNI, Paz Esteban, la pandemia del Covid-19 ha provocado un aumento del ciberespionaje tanto por la mayor utilización del teletrabajo como por la carrera de las farmacéuticas y los centros de investigación por hacerse con la vacuna del coronavirus. «En el marco de la pandemia, es de esperar que los ataques a farmacéuticas, laboratorios de investigación dedicados al Covid-19 o víctimas relacionadas con el sector aumenten con diferentes objetivos: ciberespionaje, extorsión, destrucción de información o incluso operaciones de influencia hacia la opinión pública», apunta el informe anual que consta de 42 páginas. En la actualidad, son ya más de cien países los que presentan la capacidad de desarrollar ataques de ciberespionaje, y su especialización sigue creciendo, de la misma forma que lo hace la amenaza que representan. «Esta capacidad, está dirigida tanto al sector público como al privado, y suele provenir de países que desean mejorar su posición a nivel político, estratégico o económico», subraya el informe sin mencionar a país alguno. «El sector naval también fue objeto de ataques con un grupo denominado APT40» En este apartado, el CCN destaca que uno de los grupos de ataque desde estados más activos –denominado Grupo Snake– tuvo como objetivo empresas del sector público y de la defensa. Otro, catalogado como «Grupo APT27/Emissary Panda», fue muy activo contra empresas tecnológicas y del sector aeroespacial, siendo «su principal objetivo el robo de propiedad intelectual». El sector naval también fue objeto de ataques con un grupo denominado APT40: «Atacaron a universidades focalizadas en la investigación en el sector naval y tecnologías marítimas». El CNI también destaca otras tendencias detectadas el pasado año y que nos acompañarán en 2020: incremento de las acciones ligadas a actores Estado en el ámbito de las operaciones de influencia, propaganda, desinformación…; mejora significativa de las capacidades técnicas y operativas de actores ligados a la delincuencia económica (fraude al CEO,...).; o incremento de los impactos contra sistemas ciberfísicos, bien como objetivo final, bien como daño colateral en ataques a infraestructura de tecnologías de comunicación. Ciberataques de los Estados o grupos patrocinados por Estados - ABC
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Walmart pierde con Asda
Cuando todo lo demás falla, los grandes grupos cotizados venden filiales problemáticas a compradores privados apalancados. Leer
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Ofensiva de Ciudadanos en Europa por el acercamiento de Borrell a Maduro
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no se va a librar tan fácilmente de dar explicaciones sobre la misión que envió a Venezuela para acercar posturas con el régimen de Nicolás Maduro y negociar un cambio en la fecha de las elecciones. El Gobierno bolivariano tiene previsto celebrar dichos comicios el próximo 6 de diciembre pese a que, a juicio de la comunidad internacional, no se dan las condiciones para que se desarrolle una cita democrática y limpia. El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha remitido una batería de preguntas que exigen respuesta por escrito a Borrell para que el vicepresidente de la Comisión Europea y exministro de Exteriores dé más detalles sobre el envío de una misión negociadora europea al país bolivariano. Todo ello, como avanzó ABC, sin conocimiento de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y para disgusto de la Administración de Estados Unidos. «¿Puede confirmar cuándo y cómo informó a los Estados miembros y a la Comisión de la existencia, intenciones y objetivos de esta delegación; el contenido y relación de la agenda prevista a desarrollar en Caracas; así como cuáles fueron las reuniones que se llevaron a cabo finalmente y con quién?». Esta es la primera de las preguntas, a las que ha tenido acceso ABC, formuladas por Cañas. El mandato El ministerio que encabeza Arancha González Laya, a falta de una contestación del jefe de la diplomacia europea, defiende que Borrell respondió al mandado del Grupo Internacional de Contacto, impulsado por España así como que los ministros de Exteriores de los países miembros fueron informados. No obstante, no confirma tajantemente que Von der Leyen fuera informada expresamente. Fuentes diplomáticas consultadas por ABC creen que la presidenta de la Comisión Europea no va a reconocer este extremo, porque supondría una merma a su autoridad, pero pronostican que el también vicepresidente de la Comisión Europea se ha creado un importante problema con esta maniobra. Ciudadanos también pregunta a Borrell si el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue informado de la misión enviada para negociar con el régimen de Maduro; y si la Comisión Europea «mandató» al grupo desplazado a Venezuela acometer unas negociaciones con «el régimen ilegítimo de Maduro» para aplazar una «elecciones fraudulentas». Es reseñable que desde Exteriores hayan defendido tras el estallido de la polémica que Borrell siguió el mandato de los países que conforman el Grupo Internacional de Contacto.
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El jefe del Gobierno contra el jefe del Estado. Yo elijo al Rey
Estamos asistiendo a una batalla de acoso y derribo contra la institución española que garantiza la unidad y la permanencia de la Nación. Leer
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Meritxell Batet rebaja el acatamiento de la Constitución
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha terminado por ceder, pero solo un poco, sobre su pretensión inicial de eliminar en el nuevo Código de Conducta de diputados y senadores el «pleno acatamiento y respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico». Una obligación que sí figuraba en el texto que se aprobó durante el mandato de Ana Pastor, y que ahora se quiere modificar para que se haga extensivo al Senado. Aprovechando este cambio, las presidentas socialistas, Batet y Llop, incorporaron esta modificación en el primer borrador analizado por las mesas de las dos cámaras. Los representantes del Partido Popular denunciaron frontalmente esta decisión y amenazaron con oponerse al texto completo si se eliminaba este punto. Batet ha reaccionado retocando el documento, y ayer presentó uno nuevo en la reunión de la Mesa del Congreso. El texto incorpora, pero solo parcialmente, la enmienda del PP, al referirse solo al «acatamiento y respeto a la Constitución», eliminando el «pleno acatamiento». Igualmente, también rectifica sobre la puesta en marcha de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, después de que en el primer borrador señalara solamente que «se podrá crear». Ello supone volver también al Código de Pastor. La decisión final sobre esta nueva normativa socialista se tomará, previsiblemente, en la reunión de la Comisión Mixta Congreso-Senado, que se celebrará mañana jueves.
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Así han logrado las bodegas un colchón anti-Covid
El Estado avala 3.000 operaciones relacionadas con la industria del vino, que aglutina el 10,5% de los avales al sector de la alimentación. Leer
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Absueltos del juicio político a Bankia
La Audiencia Nacional absolvió ayer a los 34 acusados en la salida a Bolsa de Bankia, con Rodrigo Rato a la cabeza, en una sentencia ampliamente motivada, de más de 400 páginas, que los magistrados han tardado diez meses en redactar, posiblemente porque eran conscientes del impacto que el fallo iba a tener en el debate político y en la opinión pública y dada la importancia que para el sector financiero tenía Bankia y las consecuencias que su crisis podía originar no sólo a este sector sino al conjunto de la economía. Leer
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Torrent permite que Torra comparezca hoy en el pleno del Parlament como «invitado»
El uso abusivo y partidista del Parlamento de Cataluña está llegando a cotas insospechadas hace tan solo una década. Hoy, a partir de las 15.00 horas, Quim Torra intervendrá en el pleno parlamentario para «despedirse» tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo para ejercer un cargo público durante los próximos dieciocho meses. JpC y ERC propusieron el lunes y ayer, los mismos grupos -que tienen mayoría en la Mesa-, aprobaron un pleno monográfico, a celebrarse este miércoles, sobre la condena a Torra. Primero, hablará el expresidente autonómico y, después, se producirá un debate «sobre la situación generada» por la sentencia del Supremo. Para que Torra pueda intervenir en el pleno, JpC y ERC, con el permiso de Roger Torrent (ERC), presidente de la Cámara legislativa catalana, han recurrido a un artículo del Reglamento parlamentario (201) que se utiliza para que representantes de entidades y asociaciones de la sociedad civil, así como «personalidades relevantes», puedan intervenir desde la tribuna de oradores en calidad de «invitados». Un hecho insólito en Cataluña y al que ningún expresidente autonómico recurrió tras dejar su cargo institucional. El objetivo de los grupos independentistas no es otro que el de utilizar la Cámara legislativa, mañana, para convertirla en un homenaje a Torra, quien ya perdió su escaño tras la condena a inhabilitación para cargo público durante dieciocho meses por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en enero, decisión que el lunes ratificó el Supremo, así como la multa de 30.000 euros, tras el recurso del propio Torra. Así, Torra vuelve hoy al Parlamento catalán en una especie de «aquelarre» y que no contará con la participación del PSC, cuyos diputados no acudirán al hemiciclo, según confirmó a los medios el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. PSC y Cs se opusieron a la admisión a trámite de la propuesta de JpC y ERC en la reunión de la Mesa, pero la mayoría secesionista les pasó por encima. Iceta señaló que los socialistas no estarán «presentes» en el pleno, pues «no hemos despedido nunca, así, a un expresidente de la Generalitat». Y añadió: «No hemos hecho nunca un pleno de estas características. En el mejor de los casos, (con estas decisiones) solo se piensa en dos partidos». Sí acudirán al pleno los diputados de Cs y del PP. Carlos Carrizosa (Cs) defendió esta posición alegando que los diputados naranja acudirán al Parlamento catalán «para defender, una vez más, la dignidad de todos los catalanes ante aquellos que solo quieren seguir hablando del ‘‘procés’’». En la misma línea, el PP estará presente durante la intervención de Torra y en el posterior debate «para dar voz a los catalanes que defienden la ley, la democracia y la convivencia, pero no participaremos de la votación sobre resoluciones que hacen referencia a un inhabilitado por la Justicia», señalaron a ABC fuentes de la dirección del PP catalán. Lío jurídico Al margen de esta última operación de propaganda del independentismo, el lío jurídico se ha instalado, otra vez, en la Cámara regional. Torrent tiene la llave para activar el reloj de la cuenta atrás para las elecciones y, por ahora, no parece estar dispuesto a que se active con un pleno de investidura. Cs, PSC y PP consideran que la propuesta de un candidato a presidir la Generalitat, si existe alguien dispuesto a dar el paso, aunque no cuente con una mayoría suficiente, debe llevarse a un pleno de investidura. Sin embargo, ERC y JpC no están dispuestos a dar protagonismo a la oposición.
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Bankia o el dilema del 'Gran Hermano'
La Audiencia resalta el papel relevante del Banco de España, que bendijo los trámites. Leer
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Bankia: una historia agitada bajo la presidencia de Rodrigo Rato
El 'caso Bankia' ha servido para dibujar el complicado entramado político económico que rodeó la creación de la entidad financiera, el papel que jugaron las autoridades políticas y económicas en su gestación, desarrollo y posterior nacionalización, tras la crisis económica iniciada en 2007. Muchos han sido los protagonistas de esta historia que ha finalizado con la absolución en una sentencia histórica. Leer
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Prórroga de los ERTE: continuidad, cambios y alternativas
Es inevitable empezar con un reproche. No puede ser que un tema tan importante como la situación de los ERTE/Covid tenga que ser resuelta en las últimas horas, tras una agonía de anuncios y cancelaciones, sin que los destinatarios de la nueva regulación -empresas, trabajadores y asesores- tengamos ocasión de conocerla y de preparar mínimamente su aplicación. Leer
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¿Es sostenible la protección del empleo por imperativo legal?
El nuevo Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros de ayer despeja, por una parte, las incertidumbres a las que se enfrentaban empresas y sectores afectados por la reducción de actividad derivada de la pandemia, pero constriñe, por otra, las posibilidades de adaptación empresarial al nuevo contexto que se abrirá en los meses venideros. Leer
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Guía de los ERTE para empresas y trabajadores
El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que extiende los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta 31 de enero para 42 sectores y empresas dependientes y crea los ERTE de impedimento y de limitación con importantes exoneraciones. La patronal CEOE dio ayer su aval tras arrancar nuevas coberturas. Leer
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La City disputa a la UE un negocio anual de medio billón de euros
Bruselas intenta que Fráncfort o Ámsterdan arrebaten a Londres el podio como epicentro financiero para la era pos-Covid, pero la City mantiene su magnetismo. Leer
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Fawzia Koofi: "Ya fuimos víctimas de la guerra; no quiero que lo seamos de la paz"
La llegada de los talibán al poder, en 1996, truncó la vida de esta mujer comprometida con los valores democráticos. Leer
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El frente común de las CCAA del PP impuso el control de los técnicos sobre la pandemia
Ven bien el umbral de 500 casos, pero con excepciones y con un control independiente Leer
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Los «peligrosos» mensajes del Rey que alientan la convivencia en Cataluña
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La larga y oscura fama de Gérald Marie, el jefe de Elite acusado de violación: "Pega y viola a las chicas"
Gérald Marie fue el factótum europeo de la célebre agencia de modelos que lanzó a Naomi Campbell o Claudia Schiffer. Leer
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Ciudadanos se pone de perfil en la defensa de Don Juan Carlos
El Ayuntamiento de Tarragona aprobó ayer iniciar los trámites para la retirada de la Medalla de Oro de la ciudad a Don Juan Carlos, que el municipio le había otorgado e 1996. La medida, propuesta por el gobierno municipal de ERC y En Comú Podem (ECP) y que supone «un acto de decencia y dignidad» según defendió el alcalde republicano Pau Ricomà, prosperó con 21 votos favorables. Solo los dos ediles del PP votaron en contra de la propuesta, mientras que los cuatro de Ciudadanos se abstuvieron, con un posicionamiento que sorprendió respecto a sus habituales defensas de la Monarquía, y más en un territorio a menudo hostil con esta cuestión como es Cataluña. Durante el pleno, el portavoz del grupo municipal, Rubén Viñuales, expuso que «no me gusta cómo pinta este asunto de Corinna y las comisiones. Es obvio que a nadie le puede gustar». Con todo, acusó a los grupos independentistas por su «doble vara» de medir: «Llaman a Juan Carlos huido de la justicia cuando todavía no hay una orden en firme y otras personas que todos conocemos y que sí la tienen son mártires y no huidos de la justicia», les espetó. Viñuales también argumentó que «no soy especialmente monárquico: a mi me gusta escoger las cosas. Pero soy plenamente consciente del que ha significado la monarquía parlamentaria» y pidió «que no se confunda la persona con la institución», igual que tampoco se puede hacer con la Generalitat y algunos de sus dirigentes. Viñuales declinó hacer declaraciones a a posteriori ABC para puntualizar la postura de su grupo. El PSC, a favor La sesión acabó con la aprobación específica para iniciar «la instrucción del expediente para la retirada de la medalla de la ciudad al rey emérito», una medida que hace poco más de un mes ya se aprobó, de manera similar y no sin polémica, en el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, si ayer los comunes y el PSC avalaron la retirada, en el consistorio barcelonés ambas formaciones, que gobiernan conjuntamente, se posicionaron diferente y en ningún caso a favor de la medida: entonces PSC votó en contra y los comunes se abstuvieron, aunque en esa ocasión también hubo de por medio una reprobación al Gobierno Sánchez por su acción ante el caso. Por el contrario, ayer los socialistas arroparon la retirada de la medalla, aún recordando que la propuesta «no cuestiona ni la figura de la monarquía parlamentaria ni el Estado español», incidió la concejal Sandra Ramos. El acuerdo tendrá ahora que ponerse a exposición pública y volver a pasar por el pleno para su ratificación. La posición del concejal de Tarragona no fue censurada por Cs, que restó importancia a la votación. El portavoz adjunto del partido en el Congreso, Edmundo Bal, relegó su impacto a un mero valor «testimonial» y se limitó a alabar la ejemplaridad de Don Felipe en las decisiones concernientes a su padre. «La abstención lleva consigo muchas interpretaciones, pero en el fondo significa no apoyar una moción», atajó Bal, en un intento de terminar con el tema. El diputado, eso sí, reivindicó la «transparencia» de la que siempre ha hecho gala Cs e invitó a la Fiscalía del Supremo –en el caso de que aprecie delitos «no amparados por la inviolabilidad»– a realizar las diligencias necesarias «y llegar hasta las últimas consecuencias». Una firmeza que no obsta al partido de Inés Arrimadas a defender a Don Felipe de los «lamentables» ataques vertidos por ministros del Gobierno de España. «Solo pretenden erosionar las instituciones».
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Los socialistas se preparan para una nueva etapa con el reto de dar forma a la relación ERC-PSC
Desde que Pedro Sánchez recuperó en 2017 la Secretaría general del PSOE se abrió a medio plazo un entendimiento con Unidas Podemos que ha terminado por cristalizar en un Gobierno de coalición con el apoyo externo de fuerzas nacionalistas e independentistas. Las primeras piezas del puzzle ya han comenzado por tanto a encajar, pero en las filas socialistas se muestran todavía temerosos y escépticos respecto a la consolidación de esta fórmula. En el plano teórico la posibilidad de algún tipo de entendimiento tripartito entre ERC, PSC y los comunes se entiende como única alternativa al «procés». Pero en términos prácticos el entusiasmo es sustituido por las dudas. «Al PSC la campaña se le puede hacer muy larga como el debate esté consolidado en torno a con quién va a pactar», reflexiona un alto dirigente del PSOE que apunta a la «dificultad» de combinar el crecimiento atrayendo a sectores tibios del independentismo y a la vez a desertores de las filas de Ciudadanos, cuyo crecimiento entre 2012 y 2017 explica buena parte de la caída del PSC. Además, ya se manejan sondeos en Madrid y en Barcelona que apuntan a que la hemorragia naranja estaría taponándose. En el PSC, por contra, quieren aparcar ese debate sobre los pactos y se muestran convencidos de que lo que primará y beneficiará a los socialistas en estos comicios es que, al contrario que en 2017, creen que «el reencuentro» cotiza al alza. La aceleración del reto independentista en el otoño de 2017 situó al PSOE inequívocamente en el bloque contrario al independentismo y pactando con el Gobierno de Mariano Rajoy la aplicación del 155. En ese contexto se produjeron las últimas elecciones catalanas. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ya defendió en aquella campaña la necesidad de indultar a los presos. Fue desautorizado por la dirección federal del PSOE y tuvo que matizar sus palabras. No era el momento. Ya en esa campaña el PSC acudió en coalición con Units per Avançar, grupo promovido por antiguos dirigentes Unió Democrática de Catalunya, de raíces democristianas. Sin atender tanto al eje izquierda-derecha, aquel fue ya un primer intento por romper la dicotomía entre favorables y contrarios a la independencia. Y por construir un tercer espacio entre los llamados sectores templados de ambos bandos. Pero no era el momento. Ahora en cambio todo es diferente. Pedro Sánchez ya no es un líder del PSOE con pocas expectativas futuras sino el presidente del Gobierno. Si Iceta y su discurso fueron en 2017 desacompasados con la realidad del «procés» y con la posición del PSOE, en este momento todo encaja. Un momento Iceta. Puede que el último. En Ferraz nunca ha sido percibido como un candidato con gran tirón, pero su posición interna en el PSC está consolidada y, ahora sí, los diagnósticos del socialismo catalán y La Moncloa encajan a la perfección. La apuesta por «desinflamar» la situación será la hoja de ruta, por construir mayorías alternativas. Y en el horizonte... el tripartito. Solo su nombre genera dudas incluso en los más convencidos. Diferentes dirigentes socialistas descartan de plano la posibilidad de un Gobierno compartido entre ERC y PSC. «Queda mucho para eso», asegura un miembro del Gobierno que se muestra «convencido» de que las fuerzas independentistas volverán a pactar. El propio Iceta ha rechazado por ahora hacer presidente a un candidato de ERC. Y en el PSC hay importantes dirigentes que rechazan de plano compartir gobierno con la formación de Oriol Junqueras. Eso sí, si se da la situación política de que el independentismo no se una y la posibilidad aritmética de que alguna fórmula de entendimiento tripartito los sustituya el PSC abrirá la puerta. Pero en el socialismo catalán, en el PSOE y en los entornos de Unidas Podemos, todos con presencia en el Gobierno, se habla más de la fórmula de un Gobierno compartido entre ERC y los comunes con el apoyo externo del PSC, que se arrogaría el «control» del pacto sin compartir las decisiones. Miembros del Gobierno de España ven en esta fórmula una buena salida. Pero se elude ir más allá hasta que el tablero político no esté de nuevo distribuido. «Hay que defender el proyecto autónomo y de reconciliación que representa el PSC, que debe aspirar a ser mayoritario», defiende un ministro, que pide «no caer en la trampa» de estar cuatro meses hablando de pactos. El Gobierno ha hecho una apuesta inequívoca por imponer ese relato. Fuentes gubernamentales se muestran muy optimistas respecto a la posibilidad de que ERC apoye los Presupuestos Generales del Estado: «Para ellos puede ser una ventana de oportunidad», aseguran. Aunque de fondo siempre asoma el recuerdo de cómo «nos dejaron tirados» en la tramitación de las cuentas en 2019. Y tampoco se renuncia a convocar la mesa de diálogo si ERC y Junts se ponen de acuerdo. En la campaña será central el debate sobre los presos. El Gobierno ha empezado a trabajar «las dos vías» para buscar una temprana salida de prisión. Mediante los indultos, que genera más dudas internas, y con la reforma a la baja del delito de sedición. Y, ahora sí, la comunión con Iceta es total. Ayer mismo el líder del PSC apostó por abrir «espacios de reconciliación» con el independentismo. Incluyendo la necesidad de «abordar» la situación de los presos para «superar el problema» porque algunas condenas «son muy largas».
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ERC rechaza la elección plebiscitaria que propuso Torra para la cita de 2021
Ni un día de paz entre JpC y ERC. Lo que el lunes eran apoyos al presidente saliente, el martes fueron discrepancias por los matices. En el horizonte, unas nuevas elecciones autonómicas. Para finales de enero o inicios de febrero (ERC las sitúa el 7) de 2021. Y, hasta entonces, precampaña y campaña electorales con el objetivo de ser el partido hegemónico del mundo independentista que, si no cambian mucho los resultados en las urnas de las citas anteriores, asegura la Presidencia de la Generalitat. Así, qué hacer tras la cita de 2021 -si finalmente no hay acuerdo en los próximos dos meses para elegir un nuevo presidente autonómico- se convierte en el nuevo desacuerdo independentista. De entrada, ayer, ERC rebajó las expectativas -impulsadas por Quim Torra tras su inhabilitación- para que la próxima cita con las urnas en Cataluña se convierta en una nueva elección «en clave plebiscitaria». Cataluña lleva «plebiscitándose» (según el lenguaje nacionalista), por lo menos, desde el 9-N de 2014. Tras aquella cita, llegaron las elecciones autonómicas de 2015, convocadas por Artur Mas, con una lista conjunta de la entonces CDC y ERC más otros personajes con aspiraciones políticas, y leídas «en clave plebiscitarias». Luego, el referéndum ilegal del 1-O de 2017, ya con Carles Puigdemont al frente de la administración regional. Y esta cita trajo, a su vez, por la intervención del Gobierno de España, las elecciones del 21-D de 2017, que pusieron sobre la mesa que una formación no nacionalista podía ganar las elecciones al Parlamento de Cataluña. En todos los casos, el independentismo consideró las citas, tanto las legales y regladas como las ilegales y sin garantías, como auténticos plebiscitos para «constatar», «declarar» o «ratificar» un apoyo inequívoco a la secesión de Cataluña. JpC quiere insistir en esta vía y fija como «éxito» y «victoria» que las listas independentistas sumen, en las elecciones de 2021, un voto más del 50 por ciento de los emitidos. Un resultado que, para los de Puigdemont, serviría para legitimar el 1-O e intentar, por ejemplo, una nueva declaración unilateral de independencia. Sin embargo, en ERC, ahora mismo, no ven suficiente superar el umbral del 50 por ciento para volver a experiencias ilegales, aunque sí un paso previo e imprescindible para no descartarlas. «Ventana de oportunidad» Fueron, este martes, Albert Batet (JpC) y Sergi Sabrià (ERC) los que demostraron que las dos formaciones siguen enrocadas en constatar su «acuerdo en el desacuerdo». Batet, presidente de JpC en el Parlamento catalán, señaló que, si el secesionismo supera el 50 por ciento, «este resultado tiene que ser vinculante» y debe llevarles a «hacer efectivo el mandato del 1-O». Es decir, una nueva «ventana de oportunidad», aprovechando «la crisis de Estado que hay ahora mismo», dijo en Catalunya Ràdio, en una especie de debate entre independentistas. Una posición de inicio que Sabrià, presidente de ERC en la Cámara legislativa catalana, no compró, al recordarle a Batet que, si bien superar el 50 por ciento de votos emitidos en una cita electoral autonómica es un buen síntoma, esto no implica automáticamente que Cataluña se convierta, al día «siguiente», en un nuevo país. «Esto no es tan sencillo», señaló Sabrià, quien añadió que la independencia requiere de más condiciones, como quedó demostrado, por ejemplo, tras el 1-O. En esta línea, altos cuadros de ERC añadieron más puntos de vista al debate que mantienen con JpC, advirtiendo que unas elecciones son multipartidistas y que si se convierten en un «plebiscito» cabe preguntarse si también serán sobre la gestión del Covid-19, las actuaciones de los Mossos d'Esquadra o, por ejemplo, la gestión del propio Torra como presidente al frente de la Generalitat de Cataluña. Aunque la posición de ERC, en un asunto como este, más de estrategia y programa que del día a día, lo fija la dirección del partido, dividido entre Barcelona (Sabrià, Pere Aragonès y Marta Vilalta, principalmente), la prisión de Lledoners (Oriol Junqueras) y Suiza (Marta Rovira), por lo que Sabrià habla en nombre del partido, Gabriel Rufián, líder de los de Junqueras en el Congreso, se desmarcó de su formación y dio por bueno el discurso de Torra tras su inhabilitación dando aire a la tesis de leer las elecciones «en clave plebiscitarias». Rufián avaló, en declaraciones a TV3, que las elecciones de 2021 deben servir para «refrendar, confirmar y ampliar» el «mandato del 1-O» y defendió que «todo el ciclo electoral pasado, presente y futuro tiene que continuar conformando estas mayorías (independentistas) y ampliándolas». Mientras tanto, viendo la refriega desde la barrera, la CUP insiste en que no hace falta un nuevo «plebiscito». La aritmética parlamentaria convierte, actualmente, a los independentistas antisistema en imprescindibles para ratificar cualquier acuerdo entre JpC y ERC y creen que tras el 1-O ya no hacen falta más votaciones, pues entonces se «expresó» la «voluntad popular». Maria Sirvent, ayer, recordó a Batet y Sabrià que «ahora mismo ya hay una mayoría independentista en el Parlament» y que, pese a esto, les reprochó, «no ha comportado avances» para alcanzar la república. Para Sirvent, «el independentismo ha perdido la credibilidad» durante esta legislatura, que se inició con unas elecciones convocadas por Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno y tras la aplicación de las medidas amparadas por el artículo 155 de la Constitución, y finaliza con un presidente catalán inhabilitado por el Tribunal Supremo. Por ello, desde la CUP se le echó en cara al gobierno catalán que siga hablando de «lucha antirrepresiva» pero utilice las herramientas «autonómicas», como los Mossos d'Esquadra, para «represaliar» a los independentistas. Presión a ERC A falta de encuestas, todavía, que puedan hacer variar las posiciones de los dos principales partidos secesionistas, socios de gobierno en Barcelona, la estrategia de JpC -en fase precampaña electoral- va dirigida a presionar a ERC y acotar el margen que le queda a los de Junqueras para, entre otras cosas, erigirse en interlocutores válidos para el Gobierno. De todas formas, para esto, antes, deben ganar a JpC en una cita electoral autonómica, que se les resiste desde la restauración de la democracia en 1978. Puigdemont, mientras tanto, deshoja el tiempo para elegir a su nuevo valido.
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Turquía en todos los platos
No es difícil imaginar quién ha prendido la mecha del nuevo conflicto bélico en Nagorno-Karabaj, el pequeño enclave habitado por armenios en territorio de Azerbaiyán. Esa «pelea de dos calvos por un peine», como diría Jorge Luis Borges al hablar del duelo entre británicos y argentinos a propósito de las Malvinas, El indigente régimen azerí no se atrevería a abrir fuego contra el armenio si no estuviera jaleado y apoyado por los turcos, con lo que nos encontramos con otro incendio creado por el inefable Tayip Erdogan, el «pirómano sultán» que sueña al parecer con ser la salsa de todos los platos. No hace falta un análisis muy sesudo para advertir la ubicuidad de la diplomacia y de las cañoneras turcas en todo el entorno de la peninsula de Anatolia. Y más allá. Hace semanas saltó la sorpresa de que el canciller turco había mediado en Venezuela entre el régimen totalitario y cierta oposición domesticada, para legitimar las elecciones que los chavistas quieren montar en diciembre. A Erdogan se le queda pequeña la región para sus sueños de grandeza. Por ahora ninguno de ellos se ha hecho realidad. Salvo el de la popularidad del presidente turco gracias a su presencia asidua en los titulares, solo superada por la del presidente Trump. Lo que no deja de ser más lógico. Veamos. Las fuerzas turcas pelean en territorio de Siria contra el régimen de Al Assad pero sobre todo contra los kurdo-sirios, que aspiran a la autonomía. Pelean en Libia -junto al gobierno constituido en Trípoli- contra los rebeldes del este, que a su vez están respaldados por Francia, aliado turco en el seno de la OTAN. Se enfrentan -hoy por hoy solo con exabruptos y amenazas- a Grecia en el Mediterráneo oriental, por el control de los nuevos yacimientos energéticos, y se toman a broma las advertencias de la dipomacia comunitaria. Y acaban de propiciar que las facciones rivales palestinas hagan la paz solo por el interés de sumar fuerzas para enfrentarse a Israel. Erdogan o el arte de hacer amigos.
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Estados Unidos afronta una batería de batallas legales tras el voto
Este verano, el estado de Nueva York celebró sus primarias el 23 de junio. La elección más ajustada, entre dos candidatos a la Cámara de Representantes, no se decidió hasta principios de agosto y el perdedor no concedió la victoria a su oponente hasta finales de ese mes. La razón del retraso: la lentitud en el recuento del voto por correo, disparado por la pandemia. El fiasco será insignificante comparado con lo que podría ocurrir este otoño. Aquella elección era entre dos candidatos demócratas, en un estado dominado por ese partido. A partir del 3 de noviembre, estará en juego la presidencia de EE.UU. y las mayorías en el Congreso, con decenas de millones de votos en juego, en un momento de máxima polarización política, con sistemas electorales diferentes en cada estado y con un presidente que amenaza con no aceptar los resultados. «La única forma de que perdamos las elecciones es por amaño», ha defendido Donald Trump en más de una ocasión. «Es la única forma, y no podemos dejar que ocurra». El presidente de EE.UU. ha liderado una cruzada contra el voto por correo, que muchos estados han expandido para permitir a sus ciudadanos votar con seguridad. Sostiene que supondrá un fraude generalizado, a pesar de que no hay evidencias claras. Él mismo ha votado por correo desde que trasladó su residencia a Florida. Hay estados que lo hacen de forma universal por correo desde hace años, incluido alguno de clara tendencia republicana, como Utah. Todo apunta a que la situación en Nueva York se repita a escala nacional: recuentos interminables y batallas legales cruentas para determinar el ganador en cada estado. Favorito de entrada Con millones de votos depositados por correo, es muy difícil que se pueda apuntar a un ganador en la noche electoral. Pero es posible que si alguien parte esa noche con ventaja, con el recuento de los votos en las urnas, sea Trump. Según las encuestas, los demócratas se inclinan mucho más por votar por correo que los republicanos. El escenario más probable es el de un «blue shift» o «cambio azul», en referencia al color del partido demócrata, mucho más fuerte que en pasadas elecciones, como explicaba hace unos días el periodista Jeffrey Toobin en la revista New Yorker. Según el pronóstico de la consultora Hawkfish, Trump aparecerá la noche electoral como ganador, pero Biden dará la vuelta cuatro días después, cuando se contabilicen más votos por correo, y su victoria será contundente con el recuento de todos los votos, que tardará días o semanas. «Si el recuento cambia, Trump podría demandar que se certifiquen los números de la noche electoral, porque no confía en el voto por correo», aseguró en aquel artículo Edward Foley, profesor de Derecho de la Ohio State University. Todo acabará, con seguridad, en una fenomenal batalla judicial que dejará pequeña la de las elecciones de 2000, en la que George W. Bush ganó la presidencia por un puñado de votos frente a Al Gore, con intervención del Tribunal Supremo. El alto tribunal podría tener que intervenir también en esta ocasión, con la capa de incertidumbre añadida de que está en plena y polémica renovación en el Senado. Hasta el 8 de diciembre El plazo para que los estados concluyan su recuento acaba el 8 de diciembre. Si no son capaces de declarar un ganador, se abre una maraña legal en la que se mezclan las asambleas legislativas de los estados, el poder judical y el Congreso de EE.UU. Todo en un año de tensión por la pandemia y protestas violentas que podrían tener una versión dramática y ampliada si las elecciones no dan un ganador claro. Y lo único probable es que no lo haya la noche del 3 al 4 de noviembre.
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Cinco aspectos sobre una segunda ola del coronavirus en la vivienda
Cuando las empresas inmobiliarias de nuestro país estaban comenzando a reorganizar sus negocios y a retomar la normalidad tras el final del estado de alarma, llega la amenaza de una segunda ola del coronavirus. La expansión del Covid-19 parece imparable, y aunque el confinamiento total parece que se descarta, muchos potenciales compradores están retrasando su decisión a la espera de que la situación vuelva a su cauce. Desde pisos.com tratamos de despejar las incógnitas sobre la incertidumbre que pesa sobre la vivienda: 1. Efecto limitado. Algunas promotoras señalan que durante el verano el cierre de operaciones ha discurrido con normalidad. La solidez del sector residencial va reflejándose en los datos. Tras meses de intensas caídas, se va retomando el ritmo, aunque de forma más lenta. La vivienda se configura como un activo estable frente a otro tipo de inversiones. 2. Indicadores a la baja. Otros expertos no son tan optimistas. De hecho, auguran fuertes caídas en los precios de la vivienda. En este sentido, hay empresas que opinan que no se volverán a alcanzar los niveles anteriores a la pandemia hasta el primer o el segundo trimestre de 2021. La ansiada recuperación en V será más bien en U e incluso en W para algunos especialistas. 3. Nueva vs. usada. Una de las claves que se destaca es que el impacto del coronavirus será diferente en función de si se trate de obra nueva o de segunda mano. Las nuevas promociones siguen funcionando gracias a que la comercialización sobre plano se realiza con un mínimo de dos años vista y se apoya en herramientas visuales muy llamativas. Sin embargo, la vivienda usada no solo es más inmediata, sino que no tiene tan desarrollado el aspecto tecnológico en lo que respecta a las visitas virtuales. 4. Desempleo feroz. A medida que se imponen restricciones de movilidad o de reunión a la población, también se imponen reducciones de aforo a la hostelería y a la cultura. Todas estas medidas influyen negativamente también hoteles, comercios y otros negocios que han visto mermados sus ingresos, lo que repercute en el consumo y en el desempleo. Sin estabilidad laboral, la demanda de vivienda se rompe. 5. Inversor al acecho. Frente al ciudadano que pierde su capacidad de compra está el que no ha visto afectado sus rendimientos por trabajo. Precisamente, este perfil de comprador podría ser una pieza fundamental de la recuperación del mercado. La clave está en que los precios se estabilicen lo antes posible, dado que hablamos de personas que están a la espera de nuevos ajustes con el fin de hallar la oportunidad perfecta.
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La industria del lujo no encuentra la inmunidad frente a la crisis del Covid
Esta vez la industria del lujo no ha podido capear la crisis económica derivada de la pandemia, como sí pudo hacerlo con la debacle financiera de 2008. Entonces el mercado de alta gama se vio menos afectado y se recuperó más rápido gracias a un emergente consumidor asiático, especialmente proveniente de China, donde crecía —y sigue creciendo— una nutrida clase media y alta, con un elevado poder adquisitivo, que mira a los productos premium con gran pasión y debilidad caprichosa. Así este mercado crecía año tras año a un ritmo sostenido de entre el 3 y 4% a nivel mundial, generando un montante anual de 270.000 millones. Solo en 2018, el lujo aportó 800.000 millones de euros a la economía europea, un 4% de su PIB. En España, las cifras resultan más modestas: esta industria facturó unos 9.200 millones de euros (un 9% más que el año anterior), según un informe elaborado por la consultora internacional Bain&Company para Círculo Fortuny, lejos de los 27.000 millones de Francia y los 29.000 millones de Italia. Sin embargo, nuestro país empezaba a tomar posiciones en el ranking mundial y las previsiones de facturación de esta industria apuntaban que duplicaría su tamaño en 2025 y alcanzaría los 21.000 millones de euros. Ahora ese escenario está en el aire. Las restricciones a la movilidad, la falta de confianza del consumidor, incluso el impacto del deterioro económico que pueda tener en las rentas más altas y el miedo al contagio han dado de lleno a un sector que presumía de tener músculo suficiente para detener coyunturas económicas adversas. Las previsiones de Bain&Company estiman una contracción global de este mercado a finales de año de entre un 25 y 35%, en el peor de los escenarios. De tal forma que la recuperación a los niveles de 2019 no llegará hasta 2022 o 2023. Y para conseguirlo, además, la industria del lujo tendrá que hacer los deberes y enfrentarse a una gran transformación, fruto de la pandemia. La digitalización, la sostenibilidad y una ética responsable serán claves para que las firmas conserven a un consumidor fiel y seduzca a nuevos usuarios más jóvenes. «A pesar de la crisis las marcas de lujo pueden salir de ella más fuertes, más innovadoras y con más determinación», concluye el informe de Bain&Company. Y España no se puede quedar atrás. Con o sin pandemia, los expertos señalan al gran gigante asiático como el motor para impulsar el imperio del lujo. Los ciudadanos chinos representan el 35% de este mercado global (se estima que supondrán el 50% en 2025) y fueron responsables del 90% del crecimiento de esta industria en 2019. Ya hay señales de que así seguirá siendo, porque «China está empezando a arrancar. Tiene una alta tasa de poder adquisitivo de nuevos ricos y empresarios», sostiene Cristina Martín, presidenta de la Asociación Española del Lujo-Luxury Spain. Incluso, «el director de la Academia de Turismo de China, Dai Bin, ha afirmado que los chinos están empezando a viajar», advierte Elena Serra, presidenta de la Comisión de Comunicación de Círculo Fortuny. «La crisis allí está finalizando, y se está recuperando el lujo», asevera Susana Campuzano, directora del Programa Superior de Dirección y Gestión Estratégica del Universo del Lujo de IE University. En España tiene un gasto medio en compras de productos premium de 22.000 euros, lejos de los 35.000 que se gastan en otros países como Reino Unido España no puede dejar pasar esa oportunidad. «El peso del turista asiático en el mercado del lujo es indudable. El 68% de los viajeros de alto poder adquisitivo son asiáticos, principalmente de China. Es un turista amante de los productos exclusivos y de las ediciones limitadas, pero también se vuelcan en la cultura y la artesanía. Y es en esa línea donde España debe captar su atención, ya que contamos con una cultura y una industria artesanal única. Es nuestro valor diferencial», defiende Elena Serra. El afán chino por el lujo encuentra otros atractivos en el mercado europeo y español que no hay que olvidar. «Un bolso de Louis Vuitton cuesta en China un 30% más caro. Tienen muchos impuestos, por eso les sale más económico comprar aquí», dice Cristina Martín. «Los productos de lujo tienen menor precio en España y la bonificación fiscal asociada a la devolución del IVA favorece este turismo», considera Serra. Desde luego, ganarse a esos turistas millonarios sería todo un filón para muchos negocios. A la luz de los datos de Global Blue, presentados en el Excellence Day de Círculo Fortuny del pasado año, actualmente España solamente capta el 37% del presupuesto de los turistas de alto poder adquisitivo que nos visitan, en su gran mayoría asiáticos, con un gasto medio de 22.000 euros, mientras que en otros países europeos la cifra llega a alcanzar el 60%, como en Reino Unido, donde gastan unos 35.000 euros de media en compras. «La oportunidad está ahí —insiste Serra—, pero debemos centrarnos en dar a conocer nuestros productos y servicios de alta gama, de tal manera que antes de que vengan ya sea atractivo para estos turistas y quieran venir». Y tampoco hay que dejar de lado a los turistas del Golfo Pérsico que siguen mirando a París y Londres como sus destinos por excelencia. Durante el confinamiento, las ventas de lujo por internet concetraron el 16% de las compras totales. En 2019 fue el 12%. Se espera que lleguen al 30% en 2025 Al igual que en otros sectores, la pandemia ha abierto la puerta al canal online en este mercado con un fuerte arraigo de la presencia en tienda física. «Las grandes marcas han sido muy activas durante el confinamiento en China. Ellos tienen poder adquisitivo, están muy hechos a las pandemias, han seguido trabajando y compraban por internet. Las primeras compras de venganza allí fueron desmesuradas», indica Susana Campuzano. De hecho, con las tiendas cerradas, internet concentró el 16% de las ventas durante entre marzo y junio, cuando en todo 2019 ese canal supone el 12% del total de las ventas mundiales. Cosmética, perfumería y complementos arrasaron. «Era como una especie de recompensa», cree Elena Serra. A por el público joven Esto ha puesto en evidencia la escasa penetracion del canal online en la industria de lujo, que tendrá que hacer un gran esfuerzo para digitalizarse. Hay firmas que todavía no venden online, y otras que han abierto su ecommerce en plena pandemia. Todo indica que a partir de ahora las cosas cambiarán. Se espera que en 2025 las ventas de lujo online supongan el 30% del mercado. Algo que tiene mucho que ver con ese consumidor chino y la captación de un público joven que maneja las redes sociales y «está habituado a consultar, comprar y vender a través de medios digitales», cuenta Martín. «El crecimiento del mercado a medio plazo estará respaldado por la demanda de la clase media china y un mayor apetito por los artículos de lujo entre los millennials y la Generación Z», estima Bain&Company, que son totalmente digitales. No en vano, el gigante mundial de las compras por internet ha inaugurado recientemente la tienda Amazon Fashion X, donde se pueden adquirir colecciones de firmas como Hannibal Laguna, Roberto Verino, Agatha Ruiz de la Prada, Deyi Living y Ángel Schlesser. Y es que, en pleno siglo XXI, el lujo ya se ha democratizado. «Ahora no hace falta ser millonario para adquirir lujo. Cualquier clase social puede darse un capricho: un pintauñas de Dior, un perfume de Chanel, un masaje con aceites esenciales o contemplar una puesta de sol con un zumo ecológico», afirma Cristina Martín. De toda formas, el lujo seguirá conviviendo con los clientes de toda la vida que quieren un trato directo y una atención personalizada en la tienda. «La personalización de la experiencia del cliente es más importante que nunca», cree Martín. Tradición renovada e innovación irán de la mano en el futuro de esta industria que, aunque resentida por la crisis, espera su pronta recuperación. El lujo silencioso La pandemia ha hecho que el lujo tenga a partir de ahora otros símbolos. Las nuevas generaciones piden a las marcas sostenibilidad y ética responsable. «Son consumidores que prefieren firmas colaboratavias, útiles y que demuestren tener compromiso real con la sociedad», indica Cristina Martín. Una nueva filosfía está arraigando en este mercado. «El consumo ostentoso no estará bien visto —continua Martín—. Se considerará hasta un gesto ofensivo. El público joven cada vez prefeire más invertir en el lujo de experiencias, valora la artesanía, la parte ecológica y sostenible. Es un lujo silencioso destinado a los que tienen dinero pero no tienen necesidad de presumir de riqueza». Ese lujo silencioso quiere productos exclusivos y de nicho, que no estén masificados. Por eso huye de las marcas globalizadas que pueden tener «mecánicas propias del gran consumo», estima Martín. Lo local también adquiere valor, como sugiere Campuzano: «El consumo de lo cercano, volver a los orígenes y buscar la autenticidad favorece a las marcas más pequeñas». Porque como asegura Martín: «El verdadero lujo es gastarse 3.000 euros en unos zapatos a medida hechos por un artesano». Damnificados El turismo, los viajes, los cruceros, los hoteles y toda la restauración del lujo han sido los sectores de la industria de alta gama más afectados por las restricciones a la movilidad. También el sector del automóvil y el retail ha sufrido grandes caídas en sus ventas. Sin embargo, la moda, cosmética, accesorios, vinos de alto standing y la vivienda se han viso menos dañados. Por ejemplo, en la Costa del Sol el mercado premium se resiste. Los compradores buscan viviendas con un precio medio de 1,5 millones como segunda residencia (por miedo a un segundo confinamiento o para teletrabajar), mientras que los inversores buscan terrenos para construir o activos a reformar. Sin embargo, el segmento del superlujo (más de 3 millones) apenas tiene demanda.
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La mina abandonada que alumbró una premiada cerveza rural
La historia de Juan José Villanueva es la de un hombre de 40 años que, tras sacarse una oposición a Policía y trabajar como tal durante una década, decide emigrar a Panamá y poner en marcha empresas de seguridad. Negocios que a día de hoy emplean a más de 400 personas y asesoran a importantes conglomerados turísticos. Con el tiempo decide volver a su tierra para apostar por la creación real de oportunidades y combatir la despoblación en el Valle de Laciana, territorio que es Reserva de la Biosfera. «Resido entre mi pueblo, Villaseca de Laciana, y Panamá», explica Juan José, quien se corrige a sí mismo apuntando que «en realidad es en el avión donde paso una parte importante de mi tiempo». No obstante, sus planes inmediatos contemplan regresar de manera definitiva a la provincia de León para avanzar en su proyecto cervecero, «12.70». Este proyecto nace de la vinculación de este joven emprendedor con su zona. Allí puso en marcha hace un tiempo la Asociación Manuel Villanueva –que lleva el nombre de su abuelo–, con el objetivo de asesorar a las empresas para la fijación de proyectos locales. Posteriormente, ya en 2019, lanzó esta cerveza, elegida en el año de su estreno por los consumidores como la mejor del año. Regreso a su tierra natal Juan José Villanueva es un apasionado de su pueblo y quería mantener esa estrecha vinculación con él, pero también potenciar el legado hacia sus hijos, según explica. Por ese motivo, adquiere el grupo minero Lumajo, con 102 años de historia. Un lugar escondido en la Montaña de León y donde trabajaron sus dos abuelos y su padre. Tras analizar las diferentes opciones, decide fijar allí una cervecera, una factoría en la que ya trabajan seis personas. «Decidí comprar primero la mina y después ver las alternativas que podían desplegarse allí, porque quería que hubiera un proyecto escalable hacia el exterior». En concreto, detalla, lo que buscaba la fábrica y el ecosistema que ha creado alrededor de la misma era dar oportunidades laborales, pero también atraer visitantes. El presentador leonés Jesús Calleja ya ha visitado las instalacionesDe manera que, solo durante este pasado verano, se han acercado a las instalaciones de la fábrica, que da acceso a la mina, 2.500 visitas, que pudieron hacer una cata a más de 200 metros de profundidad. Lo hicieron en la mina abandonada desde hace más de 30 años a la que tienen opción de acudir y hasta hacer un recorrido en su tren subterráneo por los 34 kilómetros de túneles. El impulso de Iberaval La financiación, uno de los escollos más habituales en los proyectos emprendedores, no fue en esta ocasión un problema. «Llegamos a Iberaval a partir de nuestro análisis financiero, y no tuvimos problemas dado que, por el contrario, recibimos una atención fantástica, pero sobre todo unas mejores condiciones en el acceso al crédito, garantías y, además, hemos recuperado parte de lo pagado por las bonificaciones públicas» del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Como indica Villanueva, su negocio es «un 80 por ciento historia y un 20 por ciento producto». La marca, «12.70», proviene del año 1270. En esa fecha se firmó la Carta Puebla que tanta importancia histórica tiene para el Valle de Laciana. Además, su creador apunta el lema de su cerveza:«Las leyendas nunca mueren». Un homenaje a los mineros, como su padre y sus abuelos, que trabajaron en esa explotación. «El coronavirus también nos ha afectado» El mundo de la cerveza también ha sufrido de cerca los reveses de la pandemia. «Como a casi todos, el Covid-19 nos ha afectado. En nuestro caso, por la dependencia que tenemos con el canal Horeca –hostelería y restauración–. Por suerte, también vendemos mucho en lineal de varias cadenas de hipermercado. Eso ha evitado que esto fuera peor», asegura Juan José Villanueva, quien agrega que en el último año «DoceSetenta» ha producido 96.000 litros de cerveza. ¿Qué aporta «12.70»? Lo explica su propietario: «Nuestra cerveza es de mayor calidad que la industrial, pero igualmente distinta a las artesanas porque no es amarga ni turbia. Todos los que la prueban aseguran que es muy suave. Además la hacemos sin químicos ni productos añadidos». Durante este invierno, tal y como adelanta su autor, se comercializará una cerveza premium, con edición limitada de solo 2.000 botellas. Será una cerveza fermentada en la mina, empleando para ello levadura salvaje y modelada a partir de microorganismos únicos, que sólo viven en el interior de la explotación. Se la conocerá en el mercado como «992».
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La burbuja aún no pincha en Portugal
Mientras el sector inmobiliario en España da signos preocupantes en plena pandemia, la sorpresa salta en Portugal. Hasta 420 agencias centradas en la compra y venta de casas han surgido desde marzo, según un informe del portal especializado luso Imovendo. Siguiendo el mejor comportamiento del país vecino durante la gestión de la crisis sanitaria y económica, las operaciones están al alza y el director de esta web de referencia, Manuel Braga, ofrece una significativa radiografía en este sentido: «Solo a finales de mayo se fundaron 300 nuevas inmobiliarias, aunque la media arroja unos términos de unas 80 por mes entre marzo y finales de agosto». Tanto es así que la cifra global de inmobiliarias, que estaba en poco más de 7.000 de norte a sur (incluyendo también la capital de Madeira, Funchal, y las tres capitales oficiales del archipiélago de Azores: Ponta Delgada, Horta y Angra do Heroísmo), se ha incrementado hasta las 7.471, lo que representa un 5% del sector a pesar del difícil contexto actual. Además, está previsto que la tendencia alcista continúe su curva hasta final de año, como mínimo. Un panorama ligado a la búsqueda de un entorno con escasa contaminación, tal cual sucede incluso en los dos grandes núcleos urbanos: Lisboa y Oporto, con unos niveles polutivos notablemente inferiores a los de Madrid y Barcelona. Sí, porque se está manifestando la novedad de que las condiciones ambientales y de sostenibilidad determinan la elección del inmueble que se vaya a adquirir y de la zona de ubicación. Corrección en marcha Los precios de la vivienda, en general, han descendido hasta un 20% al otro lado de la frontera… pero no puede olvidarse que esta corrección se produce justo después de cuatro años seguidos con subidas bastante acusadas, sobre todo desde que Portugal se puso de moda cuando la selección comandada por Cristiano Ronaldo ganó la Eurocopa de 2016 en París ante la mismísima Francia. Un informe oficial retrata que el tramo inmobiliario de lujo se ha disparado un 98% a lo largo de la última década en la cuna del fado. Otra prueba más de que el mercado luso continúa mostrando síntomas colaterales de la burbuja en la que ha estado sumido y, a falta de saber qué pasará bajo el clima de incertidumbre, sigue inflado con respecto a lustros anteriores. Resta por completarse la elaboración del documento que la Asociación de Promotores Inmobiliarios publicará en las próximas semanas relativo al segundo semestre de 2020, donde se detallará el volumen de operaciones concretas desde el verano hasta la Navidad, pero el diagnóstico no deja lugar a dudas. El CEO de Vanguard Properties, José Cardoso Botelho, reconoce: «La demanda en Portugal se mantiene alta». Zonas «vip» Una conclusión que recobra especial incidencia en tres áreas fundamentales: Lisboa (contemplando igualmente lugares cercanos con elevado nivel, al estilo de Sintra o Cascais, ambas localidades a solo 30 kilómetros de la capital y con líneas ferroviarias específicas a partir de las estaciones de Rossio y Cais do Sodré), Comporta (ese paraíso eco-chic que seduce a famosos como Madonna, Rania de Jordania o Carla Bruni a unos 120 kilómetros de Lisboa, en dirección sur) y el Algarve, región limítrofe con Andalucía que concentra la mayor cantidad de horas de sol. En consecuencia, el sector evidencia capacidad de resistencia frente al empuje de los denominados «inversores oportunistas», esos que rastrean el parque de viviendas en busca de oportunidades a precios reducidos. Portugal parece haber sorteado sus dotes para la especulación en tiempos en que comprar barato para después vender más caro constituye una de las actividades favoritas de un determinado perfil de operadores. Así las cosas, el Salón Inmobiliario de Lisboa está presto a celebrarse con todas las garantías de higiene y seguridad. Será en el recinto ferial del Parque de las Naciones, entre el 8 y el 11 de octubre. Hacia un IVA al 6% en la obra nueva Portugal no es ajeno a un fenómeno inmobiliario que ha extendido sus alas desde que la pandemia comenzó a afectarnos: en vista de que las incógnitas se ciernen sobre el futuro a medio plazo, se incrementa el número de operaciones «congeladas». Es decir, gana enteros la opción de posponer la compraventa, siempre manteniendo las condiciones establecidas para que tal aplazamiento no acabe derivando en una cancelación. Con todo, el informe anual del sector camina hacia el saldo positivo, una buena señal en un contexto tan complicado como el actual. Hasta el punto de que los promotores inmobiliarios portugueses ya se han puesto a buscar soluciones en previsión de cualquier posible giro brusco de las perspectivas económicas. Así, reclaman al Gobierno socialista de Antonio Costa una rebaja del IVA de la obra nueva hasta el 6%, una medida que consideran clave dadas las circunstancias excepcionales de este atípico 2020.
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Guia para entender los nuevos ERTE
Después de una dura y larga negociación, el Consejo de ministros aprobó ayer las condiciones en las que se prorrogarán los ERTE hasta el 31 de enero de 2021. Y lo hizo con el acuerdo de la patronal y los sindicatos, lo que pareció difícil hasta el último minuto. El nuevo paraguas de protección nace por tanto con el respaldo empresarial y sindical y supone, según los expertos, un balón de oxígeno que puede resultar vital para afrontar los duros meses que esperan a la economía y las empresas españolas. «Si salvamos el otoño y el invierno entraremos de lleno en la recuperación», reconoció ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La nueva normativa contempla ayudas a todas las empresas en determinados escenarios y sea cual sea su sector, aunque mantiene los límites al despido objetivo por covid y el compromiso de mantenimiento del empleo. Los autónomos, por su parte, también verán renovadas sus ayudas hasta el final de enero, momento hasta el que se ha ampliado la prestación por cese de actividad, la del colectivo de temporada, y se han implementado instrumentos extraordinarios para proteger algunos casos que habían quedado desprotegidos. El real decreto-ley prorroga los ERTE por fuerza mayor solo para determinados sectores económicos, aunque incluye además otras dos figuras más, los ERTE de impedimento de la actividad y los ERTE de limitación de actividad, a las que podrán acogerse todas las empresas, sean del sector que sean, y que contemplan exoneraciones muy elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%. Sí que quedan prorrogadas automáticamente las prestaciones de desempleo de los trabajadores. En cuanto a los ERTE por causas económicas, los llamados ETOP, se limitan las exoneraciones a las empresas incluidas en las actividades protegidas. La importancia de las negociaciones era vital, en tanto que España lleva gastados ya 22.000 millones en estos conceptos. Ayer, la sensación entre los partícipes de la mesa era de satisfacción. Fuentes cercanas a los empresarios aseguran que han logrado mejorar incluso el documento que actualmente está vigente y apuntan a su utilidad de cara a los meses tan duros que están por venir. En el lado negativo de la balanza sigue estando el hecho de haber apurado hasta el último minuto la negociación, lo que no ofrece un entorno de certidumbre ahora muy necesario. La ministra Díaz se disculpó ayer por esta tardanza, aunque se mostró convencida de que «ha valido la pena». Díaz remarcó en varias ocasiones que la nueva norma «protege a todas las empresas y a todos los trabajadores», en un claro guiño a la que ha sido una de las líneas rojas que separaban a los empresarios del acuerdo. Y a ella misma de su homólogo de Seguridad Social, José Luis Escrivá. «Nuestro único objetivo es salvar la economía, las empresas y los empleos», remarcó en un discurso mucho más amable con el entorno empresarial que al comienzo de la pandemia y que, de hecho, le ha llevado a encontrar en estas filas un apoyo inesperado en la negociación. España gana así cuatro meses más para intentar llegar a la recuperación sin arrasar el tejido productivo por el camino. El ministro Escrivá junto a la ministra Díaz y la portavoz Montero en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros - EFE Un nuevo esquema para encarar la pandemia ERTE por fuerza mayor por sectores Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitarán a las empresas incluidas en unos sectores considerados como los más afectados. Las exenciones de cuotas de entre el 75% y el 85%, según explicó Escrivá. Estas exoneraciones se aplicarán también a la cadena de valor de la empresa, algo que determinará la autoridad laboral. ERTE por causas económicas Los ERTE denominados ETOP solo tendrán exoneraciones para los sectores «protegidos». También se reservan para las empresas que transiten de un esquema de fuerza mayor a uno por causas económicas. Gozan, en estos casos, de exoneraciones de en las cuotas de entre el 75% y el 85% al igual que los de fuerza mayor. ERTE de impedimento A esta nueva modalidad acudirán las empresas cuando no puedan mantener su actividad como consecuencia de las restricciones adoptadas por las autoridades (como les ha ocurrido a las empresas de ocio nocturno). Tendrán exenciones de entre el 90% y el 100% en función del tamaño de su plantilla. ERTE de limitación de actividad Esta figura está destinada a las empresas que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios. Tendrán efectos retroactivos desde el 1 de septiembre e irán acompañados exoneraciones entre el 100% y el 70% en función del tamaño y su duración.
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La cesión de Escrivá precipitó el pacto con los empresarios
Siete horas. Es el tiempo que tardó en darse la vuelta una negociación a la que a última hora de la noche del lunes no se había subido la organización empresarial, empeñada en proteger a todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, y no solo al turismo, de los efectos de una pandemia que está haciendo estragos en el tejido productivo y en el empleo. Hoy hay claros ganadores, la CEOE y la ministra Díaz, y un perdedor, el ministro de Seguridad Social, a quien le ha tocado hacer renuncias para llegar a un acuerdo en el diálogo social que protegerá, en mayor o menor medida, a las empresas españolas en la pandemia. Llegar a hasta aquí ha sido un camino empedrado. Semanas de tensiones y una negociación dura y maratoniana de última hora. Quedaba poco tiempo porque los ERTE decaían hoy. Hasta pasada la una de la madrugada estuvo el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, reunido con sus hombres de confianza en la sede de Diego de León 50 a la espera de que llegara una última oferta del Gobierno para subirse al acuerdo o, en el peor de los casos, preparar el terreno para un «no». Los empresarios se hubieran tenido que justificar. Era necesario en este caso redactar un argumentario porque el Ejecutivo y, sobre todo, UGT y CC.OO. se les iban a echar encima. Los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ya habían dado el sí a la prórroga del Gobierno a la espera del visto bueno de sus órganos de dirección. «Hay un texto que podría dar pie, sin duda, a un acuerdo tripartito. Si no fuera así, ese texto debería modificarse. El acuerdo bipartito debiera ser otro», dijo Sordo concluida la reunión que acabó sin acuerdo el lunes. El líder sindical instaba a Trabajo y Seguridad Social a cerrar un pacto solo con sindicatos. Sobre las ocho de la mañaña de ayer llegó la última oferta a las empresas. Escrivá se apeaba de sus primeras intenciones y cedía en las exoneraciones. Se fijaba un abanico de ayudas en el pago de cotizaciones para todas las empresas en ERTE en porcentajes muy superiores a los actuales. Este había sido el objetivo de Garamendi desde el primer momento; llegar a todas las empresas afectadas por los confinamientos. «No vamos a dejar atrás a ninguna empresa, ni al comercio, ni a la hostelería porque hay muchas familias detrás, porque son el día a día de la economía de este país y porque la mayoría de trabajadores que han ido al paro son de estos sectores», avisó el presidente de la CEOE en una entrevista con ABC publicada el pasado domingo, a pocas horas de que la patronal se sentara de nuevo en las mesas de negociación. La cerrazón del ministro de Seguridad Social, José Luis Escriva, ha hecho muy difícil que los empresarios pusieran el sello a un acuerdo para ampliar los ERTE que, en un primer momento, solo protegía el empleo para el turismo. «No puede haber un café para todos en el acuerdo para prolongar los ERTE porque la pandemia no afecta a todas las empresas por igual», dijo el titular que gestiona las pensiones solo unos días antes de cerrar el acuerdo, mientras su compañera de negociación Yolanda Díaz mediaba para lograr que las empresas también respaldarán la ampliación de la protección al empleo hasta el 31 de enero. «El Gobierno no va a dejar caer a las empresas, ni a los trabajadores», repetía. Ha sido el mantra de la titular de Trabajo durante el diálogo tripartido, que ya suma seis acuerdos clave del diálogo social.
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Del cielo al infierno de un hombre que soñó con presidir España
Rodrigo Rato, el hombre orgulloso que fue casi todo en el Partido Popular; la cara con la que se identificó «el milagro económico español» de finales de los noventa; el político que soñó con suceder a Aznar y llegar a presidir España, recibió ayer el primer alivio en el infierno que vive desde que la primavera de 2012 fuera destituido de la presidencia de Bankia por los suyos, por un gobierno del PP. El exvicepresidente económico, que desde diciembre de 2018 cumple condena en la cárcel de Soto del Real por el caso de las tarjetas black, recibió el primer varapalo en su vida política en agosto de 2003 cuando José María Aznar eligió a Mariano Rajoy y no a él para sucederle. Fue entonces cuando se centró en su siguiente objetivo: convertirse en el primer español en dirigir el FMI. Cuenta Aznar que movió muchos hilos para conseguir apoyos internacionales a esta candidatura: Bush, Chirac, Blair, Shroeders,... incluso el Gobierno de Zapatero le dio su apoyo, pero solo un año después de trasladarse a Washington anunció por sorpresa que dejaba el cargo y volvía a España. Alegó motivos personales: estaba separado y tenía aquí a sus tres hijos; también su pareja, y actual esposa, estaba en España... excusas que no convencieron a los que se habían dejado la piel por auparle a uno de los puestos de mayor relevancia interncional. Pero la carrera pública de Rato no acabó ahí. Fue el hombre elegido por Esperanza Aguirre en 2010 para presidir Caja Madrid. Pese al fiasco del FMI, Rato seguía teniendo un gran prestigio en el mundo económico y fue considerado el hombre idóneo para presidir una de las principales cajas de ahorros de España en un momento de fuerte crisis económica y financiera. Bajo su mandato se llevó a cabo la absorción de varias cajas de ahorros más pequeñas, todas ellas de comunidades gobernadas por el PP. Recuerdo que en diciembre de ese año 2010, en la Asociación de Periodistas de Información Económica concedimos el Premio Secante, el que se otorga a aquellas personalidades que no se prodigan con los medios, a Rodrigo Rato, y el Tintero, el de los que lo hacen bien con la prensa, a Emilio Botín. Rato, a diferencia de otros que reciben este premio, acudió en persona a recibir el tirón de orejas. Eso sí, se llevó el elogio de Botín: «Ha sido el mejor ministro de la democracia», le dijo, no sabemos si intentando hacer méritos ante lo que parecía una evidencia, el fin del zapaterismo y la vuelta a los Gobiernos del PP. En marzo de 2011 nació Bankia y solo unos meses después se producía la salida a Bolsa de la entidad, operación por la que ayer fue absuelto. Era verano de 2011, los brotes verdes de la economía española, de los que hablaba la entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, habían sido prácticamente un espejismo y estábamos de nuevo en recesión. Los intentos de resolver los problemas de las cajas de ahorros por parte del Banco de España y del Gobierno de Zapatero, y de despejar las dudas sobre el sistema financiero español en su conjunto, no acababan de dar resultado y el éxito de la salida a Bolsa de Bankia se había convertido no solo en un tema de supervivencia para el flamante banco, sino en una cuestión de Estado. Y el Gobierno, el Banco de España, la CNMV,... utilizaron el prestigio para atraer a grandes y pequeños inversores. Y las visitas, y las llamadas, a los medios para pedir apoyo a la operación no vinieron solo de directivos de Bankia. Como dice el fallo de ayer, todos los supervisores avalaron la salida a Bolsa de la entidad. «España se la juega», nos dijeron a los periodistas. Solo unos meses después, en mayo de 2012, Rato era forzado a dejar Bankia por Luis de Guindos, un hombre que había trabajado en su equipo económico, algo que nunca perdonó, como no perdonó que fuera el FROB, bajo las órdenes del propio De Guindos, quien sacara a la luz los chanchullos de las tarjetas black, que el no creó pero que mantuvo y usó; como le dolió en el alma que uno de los momentos más duros de su vida: aquel abril de 2015 en el que el antaño todopoderoso vicepresidente era detenido e introducido en un furgón policial ante las cámaras de televisión, acusado de fraude fiscal, tuviera detrás a la Agencia Tributaria. Una imagen y una operación de la que Rato siempre culpó al que fuera su compañero de gabinete, Cristóbal Montoro. El fallo de la Audiencia Nacional allana el horizonte judicial de un hombre que tocó el cielo con sus dedos y que descendió a los infiernos. Aún tiene asuntos pendientes con la Justicia relacionados con su patrimonio, pero ayer Rato respiró con alivio.
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El fallo de la salida a Bolsa de Bankia, un alivio reputacional para Caixabank
Punto y (casi) final al caso Bankia. Al caso que juzgaba los excesos de la crisis financiera de 2008. Ocho años de instrucción, juicio y elaboración de la sentencia que han deparado en la absolución de todos los acusados. Incluida la propia Bankia como responsable civil subsidiaria, a las puertas de la fusión con Caixabank. El riesgo, especialmente reputacional, queda diluido con este fallo y Bankia se integrará en la nueva entidad sin el lastre de esta causa judicial. Este mes de septiembre ha sido frenético en los dos bancos fusionados. Un jueves por la noche se anunciaron las negociaciones y pocas semanas después la operación ya contaba con el visto bueno incluso de los consejos de administración. Todavía quedan pasos por andar, pero se espera que en primavera ya sean solo una entidad, bajo la marca Caixabank. Muchas miradas en el sector bancario estaban puestas en la sentencia de la Audiencia Nacional; en cómo podía afectar esto a nivel económico y reputacional. Porque no es ni parecido fusionarse con una entidad que acaba de recibir una condena que hacerlo con una absuelta. Aunque en términos económicos, dicen las fuentes consultadas, el golpe a las cuentas iba a ser prácticamente nulo en cualquier escenario porque ya se han devuelto 1.900 millones de euros. Fuentes financieras apuntan a que ya respiran más que tranquilos tanto en Caixabank como en Bankia. El camino está despejado -aunque todavía quede por saber si habrá recursos al Tribunal Supremo en el caso- para la unión con el frente judicial dejado atrás. El estigma de protagonizar la macrocausa de la crisis financiera empieza a estar ya en el retrovisor. Asimismo, entre las principales preocupaciones del sector, como indican fuentes financieras, estaba el riesgo reputacional que este fallo podía ocasionar a todos los bancos. Que, en caso de condena, hubiera el temido «efecto contagio» sobre el resto de entidades y se sometiera a «condena» pública a todo el gremio. Ahora todo eso queda olvidado, aunque en Bankia internamente no estaban muy preocupados por el impacto de imagen que esto podía suponer. Después de ocho años de procedimiento, lo que se buscaba era dar carpetazo al caso y poder centrarse en el futuro. Si a eso se le une que la Justicia no ha visto delito en la salida a Bolsa, el panorama es esperanzador. Aunque en la memoria y la herencia de Bankia siempre quedarán las preferentes y las tarjetas «black».
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Golpe a la Fiscalía: fin al caso Bankia con todos absuelto
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer absolver al expresidente de Bankia y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato y a otros 33 acusados de falsedad en las cuentas y estafa a los inversores en el proceso de salida a Bolsa de la entidad. Una sentencia de 442 páginas que es un varapalo a la Fiscalía Anticorrupción: critica la «orfandad probatoria» de su acusación. La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ángela Murillo, no ve delito en la conformación de BFA y sus cuentas de 2010, en la salida a Bolsa ni en el ejercicio de Bankia de 2011. Tampoco engaño: considera que el folleto contenía información «amplia y certera», además de comprensible, y que todo el proceso contó con la venia de los supervisores. Llega a esta conclusión tras 74 sesiones de juicio celebradas a lo largo de un año y en las que se escuchó a más de medio centenar de testigos y una veintena de peritos, así como a los acusados. Es a la hora de entrar a valorar la situación de cada uno cuando la Sala se muestra especialmente crítica. Llama la atención sobre «la ausencia de menciones especificas a las personas acusadas» durante el juicio «por parte de los numerosos testigos» y «también por parte de los peritos», así como «de referencias documentales etc. de contenido incriminatorio». «En el acto del plenario nadie los nombró, ni para bien ni para mal, de manera que la mayoría de las personas acusadas cayeron en el olvido en el transcurso del juicio oral, solo recordadas sus identidades por el Ministerio Público en el trámite de conclusiones definitivas para dirigir ahora su acusación contra los que antes acusó y, además, contra los que no acusó, miembros de las comisiones de auditoría y cumplimiento de BFA y Bankia sin que sepamos a ciencia cierta en base a qué obedeció tal cambio de postura ostentada por la Acusación Pública», dice la sentencia. Ese cambio de postura al que se refiere el fallo es a que la Fiscalía descartó al principio la falsedad contable y más tarde la incluyó. Entiende que «las escasísimas referencias que se hacen a las personas sometidas a enjuiciamiento» son «consecuencia ineludible de la ausencia de hechos concretos imputados por el Ministerio Fiscal y demás acusaciones», que según dice, «en el mejor de los casos», atribuyen «actitudes genéricas, que no tienen cabida en un relato de hechos probados de una sentencia condenatoria e impiden, desde luego, a los acusados defenderse adecuadamente de algo tan etéreo, tan abstracto, tan indefinido, como es la observancia de una actitud». Falta de concreción, evidencias y fundamentos en un golpe directo a la Fiscalía. En el caso de Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildelfonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma, los magistrados dicen que «brilla por su ausencia» una «descripción de hechos concretos y suficientemente acreditados». «Estamos ante simples discursos absolutamente improbados», dice la Sala, sobre la tesis de que había deterioros en las cuentas anuales consolidadas de BFA de 2010 que se trataban de tapar. Así, «se dice que Rato y Oliva contaron con la colaboración de Barcoj para ocultar deterioros ocultos en las cuentas anuales del Grupo BFA de 2010, pero se omite hacer la más mínima referencia a qué actos ejecutó». Es la tónica con los miembros de los comités de auditoría y cumplimiento (CAC) de BFA y Bankia -los acusados Ángel Acebes, Pedro Bedía Pérez, Jesús García-Fuster Gonzalez-Alegre, Mercedes Rojo Izquierdo, Alberto Ibáñez y Araceli Mora-. Se les atribuye participación en una acción concertada con el interventor general y con el auditor interno de BFA/Bankia para «obstaculizar» la labor de Deloitte (auditor, en la persona de Francisco Celma) y así postergar que afloren los deterioros, pero los magistrados ven «total ausencia del más mínimo sustento probatorio necesario para apoyar semejante acusación». «Nos parece clamorosa, puesto que no se detalla ni un solo dato que puedan conducirnos a albergar siquiera la mera creencia fundada de que estos acusados hicieron dejación de sus funciones», concluye. Con el también exministro Acebes, que presidió el CAC, el tribunal atiende a un «argumento exculpatorio que sería de preferentísima aplicación»: «Que no estaba ni siquiera integrado a BFA en la fecha de la salida a Bolsa de Bankia». «El Tribunal no alcanza a comprender de dónde extrae el Ministerio Fiscal y demás acusaciones adheridas la novedosa existencia de esa coordinación (...) que nunca se planteó antes, y quieren ahora poner en tela de juicio, en el trámite de conclusiones definitivas, nada menos, sin posibilidad alguna para los afectados de al menos poder intentar la prueba -desde luego, diabólica- de la inexistencia del extraño ‘‘consilium fraudis’’». Era viable Para la Audiencia Nacional, Bankia era viable y «tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban». Así, el fallo sostiene que el banco «fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las Instituciones». En este contexto, el folleto, tanto en la parte financiera como la no financiera, contenía información «más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado». Uno de los argumentos clave de la sentencia: todo se hizo con la vigilancia y beneplácito de los supervisores. En cuanto a la supuesta falsedad en las cuentas anuales individuales y consolidadas de BFA y Bankia del ejercicio 2011 recuerda que la propia Fiscalía dijo en sus conclusiones que «no podían considerarse como tales, en sentido estricto», pues sólo lo eran las que habían sido formuladas tres meses a partir del cierre del ejercicio y una vez revisadas y verificadas por el auditor de cuentas y aprobadas por la junta general. En este caso, «ni fueron objeto de auditoría ni se aprobaron por las juntas generales de BFA y de Bankia». Es decir, no llegaron al público y ,por tanto, «no pueden constituir el objeto material del delito de falsedad». Recurso, sólo en el TS Tras la sentencia, ahora solo cabe ya recurso de casación ante el Tribunal Supremo ya que el procedimiento es anterior a 2015. De momento, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ya ha anunciado que acudirá al Alto Tribunal, mientras que Adicae dice que «casi seguro» lo hará para «que haya justicia con los afectados». El tono más duro lo utilizó ayer Asufin al calificar de «decepcionante» e «incoherente» la sentencia de la Audiencia Nacional. En este sentido, la organización señala que no tiene sentido esta decisión judicial con respecto a anteriores sentencias del Supremo en vía civial sobre Bankia y que la entidad haya devuelto ya cierta cantidad de la salida a Bolsa a inversores minoristas. Hasta la fecha, el banco ha reembolsado casi 1.900 millones de euros a más de 225.000 cuentas de inversores minoristas. Ese, dicen fuentes financieras, será el saldo prácticamente final al que ascenderá la devolución. La Fiscalía, por su parte, todavía no tiene decidido si recurirrá la sentencia. Así las cosas, el fallo supone un alivio para los afectados a título personal pero también para Bankia y el auditor Deloitte. En ambas compañías se ha recibido de muy buen grado la sentencia, aunque desde el inicio del procedimiento mantuvieron ambos la tesis de que no se había cometido ningún delito. Cosa distinta, como dicen fuentes financieras, es que en Bankia saben que la salida a Bolsa no fue una decisión acertada.
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Carlos Wang: "Kymco ha logrado superar ya los números rojos del año"
La marca taiwanesa, con un fuerte tirón de las ventas en el canal cliente durante el verano, afronta el fin de serie Euro4 sin previsión de riesgo de automatriculacion para los concesionarios. Leer
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«Cuando el mundo busca una solución a la pandemia, nuestros diputados debaten sobre cómo acabar con la vida de los más débiles»
La presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune, Mónica López Barahona, se ha sumado a un nutrido grupo de médicos, académicos, políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil que --aglutinados bajo la plataforma «Los 7.000»-- han decidido alzar su voz para pedir al Congreso de los Diputados que detenga la tramitación de la ley de eutanasia y se ponga en marcha un «plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población», ya que lo esencial es «eliminar el sufrimiento, no al que sufre». ¿Qué mensaje quiere hacer llegar este manifiesto? El objetivo del manifiesto es detener la tramitación de la legislación de la eutanasia en nuestro país. Apelamos a toda la sociedad y de forma especial a aquéllos que tienen la responsabilidad de aprobar o no esta ley. La eutanasia es el mayor fracaso ante una situación de dolor físico de sufrimiento. Cuando la ciencia y la medicina no pueden curar siempre deben cuidar. «Los profesionales sanitarios se forman durante años en sus carreras para tratar de curar, proteger y cuidar a los enfermos, no para acabar con sus vidas» ¿Es la eutanasia una solución a los enfermos que sufren? No. Por eso es necesario y urgente que los esfuerzos hacia los pacientes en estado terminal, con patologías incurables o hacia los ancianos se enfoquen en su atención integral a través de programas reales, multidisciplinares y eficaces de cuidados paliativos. Los médicos y los profesionales sanitarios se forman durante años en sus carreras para tratar de curar, proteger y cuidar a los enfermos, no para acabar con sus vidas. ¿Qué le parece que el Gobierno aliente la tramitación de una ley de eutanasia en plena pandemia por el Covid-19? La tramitación de una ley que regula acabar con la vida de las personas, o de algunas personas, en cualquiera que sea la circunstancias que ésta se produzca no es aceptable. Vivimos un momento especialmente dramático a nivel mundial en el que se ha puesto claramente de manifiesto la fragilidad del ser humano, la necesidad de potenciar la investigación básica y la actuación en muchas ocasiones heroica que han tenido los profesionales sanitarios. Cuando el mundo trata por todos los medios de encontrar la solución a una pandemia, nuestros diputados y senadores debaten sobre la procedencia de acabar con la vida de los más débiles. Aún golpean nuestras mentes y nuestros corazones las cifras de los ancianos que han fallecido como víctimas del Covid-19 y simultáneamente somos testigos del debate parlamentario que quiere llegar a regular cómo acabar con sus vidas. ¿Dónde está la coherencia? ¿De verdad importa la vida de los ancianos, los pacientes terminales, los pacientes incurables?
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El Gobierno permitió el 8-M en Madrid con una previsión de sólo 1.500 asistentes
Cinco ministros, una pandemia a punto de explotar y continuos llamamientos para asistir a una manifestación que otros años había sido multitudinaria pero que, para su edición de 2020, tenía una asistencia estimada de 1.500 personas según los organizadores. Estos fueron los mimbres con los que el Gobierno permitió que se celebrara la protesta feminista del 8 de marzo en Madrid, con el coronavirus en fase de expansión en España y con las autoridades, tanto políticas como sanitarias, negando que las aglomeraciones fueran un peligro para la salud pública. La estimación de asistencia figura en los cálculos que la Delegación del Gobierno en Madrid entregó al Ministerio de Política Territorial, del que dependen estos organismos desplegados por todas las autonomías, y facilitados a ABC a través de los mecanismos de Transparencia. Estos documentos clarifican, además de dicho cálculo, otros detalles como la fecha en la que se comunicó el evento o la fecha de celebración. Sorprende que la institución encabezada por el socialista José Manuel Franco no pusiera pegas a dicha estimación, especialmente tras los precedentes de años anteriores: en 2019 hubo 375.000 personas y en 2018, 170.000, según datos oficiales. También choca al comparar con los pronósticos de otras grandes capitales, como Sevilla o Zaragoza, que tenían previstas protestas de 60.000 y 5.000 personas, respectivamente. Al final, el Gobierno reseñó 120.000 asistentes este año en Madrid. El evento a favor de los derechos de las mujeres fue comunicado a la Delegación madrileña el día 25 de febrero, cumpliendo el requisito de advertirla al menos diez días antes de que se llevara a cabo. En aquel momento, la pandemia había dejado rastro de su letalidad en China y comenzaba a complicar seriamente la situación en Italia. No obstante, es cierto que en España no había tenido todavía una incidencia demasiado importante. En el informe que el Ministerio de Sanidad ofreció el 26 de febrero, el coronavirus se había cobrado 2.715 vidas en China, 11 en Italia y ninguna en España, aunque ya se tenía constancia de 10 casos. La perspectiva del tiempo invita a pensar que, aunque sólo había 10 infecciones detectadas, el virus ya tenía una gran presencia, pero no se percibió su magnitud real debido a la escasa capacidad de detección que los mecanismo de Sanidad podían ofrecer en aquellos momentos. Salvo casos extraordinarios, las delegaciones del Gobierno suelen dar luz verde a la mayoría de manifestaciones. Sin embargo, la ley estipula deben ser informadas de la celebración de estos eventos mismas por escrito y con un mínimo de diez días de antelación. Así lo hizo la Comisión 8M de Madrid, organizadora de esta protesta en la capital y entidad con estrechos vínculos con el 15-M, movimiento que alumbró a Podemos, ahora con presencia en el Gobierno y al frente del Ministerio de Igualdad. La Comisión tuvo que remitir una solicitud a la delegación que dirige Franco en la que se incluyeron, entre otros datos, las señas de los organizadores, la fecha de la protesta y su itinerario y la previsión de asistentes. También estaban obligadas a especificar las medidas de seguridad previstas por los convocantes. Este diario se ha puesto en contacto sin encontrar respuesta con la Coordinadora 8M, que aglutina a las comisiones regionales de este movimiento, para recabar el porqué de una estimación tan reducida, especialmente después de que hubiera precedentes multitudinarios en años anteriores. Muy a la baja En el mes previo a la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el Gobierno consintió que en Madrid, además de la del 8-M, se celebraran otras 26 manifestaciones. Siete de ellas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en toda la región. Desconcierta, al comparar los datos, que la coordinadora feminista avanzara una asistencia de 3.000 personas en el municipio madrileño de Getafe, mientras que en la capital, en un acto mucho mayor, únicamente se pronosticaran 1.500. El resto de convocatorias feministas presentan una similitud. Las previsiones de asistencia son bastante bajas, especialmente al compararlas con los registros de años precedentes o con las estimaciones realizadas por las autoridades una vez concluidas las marchas. En Arganda del Rey, Parla o Tres Cantos, localidades que en todos los casos superan los 40.000 habitantes, tampoco se informó a la Delegación de asistencias amplias: pronosticaron 200, 200 y 300 asistentes esperados, respectivamente. De todo tipo Al margen de las protestas feministas, en los 30 días previos al decreto del estado de alarma, autorizado en el momento en el que el sistema sanitario estaba colapsado y, como ha publicado este diario, con informes en manos de Sanidad que alertaban del peligro de la pandemia, se desarrollaron concentraciones y marchas de todo tipo en la capital. Protestas laborales, otras organizadas por aficionados del Rayo Vallecano, para fomentar la adopción de animales, en favor de los derechos de minorías étnicas e incluso contrarias al pin parental. En total, 27 protestas celebradas entre el 20 de febrero y el 13 de marzo que, según las previsiones de la Delegación del Gobierno, iban a reunir a 21.940 personas. Sorprende esta cifra tan rebajada, descafeinada principalmente por las previsiones a la baja de los organizadores de las protestas feministas. Como curiosidad, destaca que los aficionados del Rayo Vallecano previeron un seguimiento de 1.000 personas a su iniciativa, o que los convocantes de la manifestación contra el pin parental estimaron la asistencia de 10.000 personas a su evento, por las 1.500 que reseñaron los colectivos feministas para la gran manifestación del 8 de marzo.
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El guirigay en Europa: la falta de un criterio fijo abre la puerta a cada país a decidir sobre un confinamiento
No hay un criterio fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) sobre cuándo un país tiene que confinar o cerrar una región determinada, un área concreta. Hasta el pasado viernes, España también carecía de él, y según el plan de respuesta temprana que habían acordado finalizada la desescalada el Gobierno con las autonomías no establecía ese criterio común, sino que incluía varios indicadores con los que se monitorizaría la evolución de la pandemia en cada zona. A saber, entre ellos, la incidencia acumulada de casos (sin una cifra), la tasa de ocupación de las camas y el nivel de carga asistencial y el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). No se consensuó ningún criterio objetivo o cuantitativo, pero el ministro de Sanidad Salvador Illa presionó el viernes pasado en rueda de prensa a la Comunidad de Madrid al señalar que «por encima de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días era una incidencia sobre la que actuar». Lérida tuvo en julio pasado 800 casos; Aragón repitió el patrón a finales del mes de julio; Navarra la supera ampliamente en la actualidad... pero ninguna autonomía sabía nada de confinar bajo ese criterio. Por eso, algunas de ellas, como Castilla y León, Murcia y Andalucía exigirán hoy en el Consejo Interterritorial de Salud que el Ejecutivo de Pedro Sánchez les traslade ese indicador (si lo hay) nuevo, o sepan a partir de qué umbral de casos deben adoptar medidas más restrictivas y contundentes, como se está demandando ahora mismo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Manos libres por parte de la OMS a cada país Desde Ginebra, María Teresa Benítez de Lugo refrenda que a pesar de que desde la agencia sanitaria de la ONU, la OMS, se presentó el confinamiento selectivo como el último recurso, tampoco establece unos criterios precisos para determinar cuando un país debería o no tomar esa determinación y encerrar a la población en sus hogares para detener la progresión del patógeno por estimar que, en materia sanitaria, cada gobierno toma sus decisiones en función de su propia evaluación del riesgo y de su contexto. Este organismo recomienda emplear la estrategia que se adapte mejor a cada situación. Italia La falta de un criterio único no afecta solo a España. Italia, que fue epicentro de la primera ola el pasado mes de marzo, carece de ese indicador y no contempla cerrar un pueblo o región salvo por la decisión que se tome en un momento de descontrol de la pandemia. Según informa Ángel Gómez Fuentes, el Gobierno italiano considera que ahora mismo la situación de la pandemia bajo control, aunque preocupan algunas regiones. En los últimos 14 días, la media es de 37,4 nuevos casos positivos cada 100.000 habitantes (329,2 en España, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). El profesor Walter Ricciardi, asesor del ministro de Sanidad y miembro del comité científico, ha manifestado que hay tres regiones especialmente golpeadas por el coronavirus, con riesgo de confinamiento: Campania, Lazio y Cerdeña. Concretamente, en Campania hubo 295 nuevos positivos el lunes. El presidente de la región, Vincenzo Campania, amenazó con el cierre total de la región si la curva epidémica continuaba creciendo. De momento, se han impuesto nuevas restricciones, como el uso de la mascarilla durante toda la jornada incluso en espacios abiertos. Los gobiernos regionales pueden adoptar medidas restrictivas, pero la decisión última para el confinamiento corresponde al gobierno central. No hay establecido un número determinado de casos para decretar una zona roja o el confinamiento. Se tienen en cuenta diversos factores, en particular la rapidez de crecimiento de la curva epidémica. Bélgica Por su parte, ayer los belgas estaban a la espera de conocer en las próximas horas lo que la primera ministra Sophie Wilmes definió como un «barómetro» que «funcionará bajo el principio de niveles. Muy simple: cuanto más se agrave la situación, mayores medidas de restricción deberán ser adoptadas». Wilmes pretende que ese barómetro sea lo más «afinado posible» de modo que describa la situación nacional, regional, provincial e incluso local, para «afinar» más las medidas. La publicación del «barómetro» se está haciendo esperar porque lo está diseñando el comité de expertos científicos, cuyos componentes son bien conocidos por el público, y de hecho están tomándose más tiempo del esperado, porque las últimas medidas del Gobierno, aliviando algunas normas como la obligación del uso de mascarilla en la calle, han causado cierta perplejidad dado ha coincidido con un repunte evidente en los contagios. En todo caso, en Bruselas, la capital, el alcalde de cada barrio puede tomar medidas concretas para su territorio. Por ejemplo, la mayoría de barrios –pero no todos- imponen el uso de máscaras en las calles comerciales más frecuentadas, informa Enrique Serbeto. Rusia, sin listón Rafael M. Mañueco informa desde Moscú de que en Rusia no hay ningún patrón ahora mismo para definir cuándo hay que recurrir al confinamiento. El gobierno ruso ha subrayado que por el momento no contempla confinar a nadie, sin explicar en qué cotas debe estar el nivel de contagios para hacerlo, mientras el volumen de contagios sigue su tendencia al alza en el país. Alemania se fija en el factor de reproducción Por su parte, en Alemania está más estandarizado, informa Rosalía Sánchez. Toma dos datos de referencia para decidir si es necesario o no aumentar las restricciones. El primero es el factor de reproducción, basado en una comparativa de las infecciones en un intervalo de cuatro días respecto a los cuatro días anteriores y que refleja la evolución de contagios de hace aproximadamente una semana y media, que permite un diagnóstico rápido de la evolución de la pandemia. El segundo, más fiable y tomado como dato de confirmación del primero, es el factor R, que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que permite un mayor balance de las oscilaciones derivadas de brotes localizados. El nivel tope que el gobierno alemán tolera del factor R es el valor 1. A partir de esa medida, la canciller Merkel advirtió desde la relajación de restricciones que habría que volver a implantarlas. Ayer mismo hubo un pequeño cambio: Merkel mantuvo en la tarde de este martes 29 de septiembre una videocnferencia con los presidentes regionales de los Bundesländer y decidió que, además del factor R, las regiones que registren 35 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días tendrán que imponer un límite de 50 personas en las fiestas al aire libre o locales alquilados y de 25 en fiestas familiares al aire libre y 10 en casa. El Instituto Robert Koch, entidad independiente que centraliza los datos de coronavirus y elabora estos índices, informa además de la tasa de infección, especialmente valorada en las grandes ciudades. Berlín, por ejemplo, con más de cuatro millones de habitantes, presenta una mayor incidencia en los últimos siete días, con una ratio de 28.1 casos por cada 100 mil habitantes. Los países nórdicos actúan por su cuenta En los países nórdicos, informa José-Pablo Jofré, «los confinamientos locales son una de nuestras últimas opciones», comentó el ministro de Sanidad danés Magnus Heunicke. De momento, en Dinamarca, 88 municipios han registrado 20 casos por cien mil habitantes los últimos 7 días, si esta cantidad aumenta se comenzaría a cerrar parcialmente instituciones educativas. En Noruega, el jefe del gobierno de Oslo, Raymond Johansen, ha cedido a las presiones del ministro de Salud del país, Bent Høie, de restringir aún más las medidas en la capital noruega sin llegar al confinamiento: Oslo ha registrado un total de 543 casos nuevos durante los últimos 14 días, además de las 575 personas en cuarentena en la ciudad por sospecha de una posible infección. El mayor país de Escandinavia es también el único en Europa en evitar a toda costa un confinamiento: sin embargo, ayer Suecia anunció que debido al aumento de casos las medidas para restaurantes, bares y cafés no serán todavía levantadas. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, Suecia ha reportado 37 casos nuevos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Finlandia ha tenido un 90% menos de muertes por coronavirus per cápita que Suecia y nunca ha llegado a un confinamiento total de la población: según Helsinki, el límite máximo de casos por cada 100.000 habitantes en los países desde que se permite viajar se elevó a 25; que es a su vez un listón interno para el aumento de restricciones. El gobierno finlandés anunció la reintroducción a partir del pasado lunes de las recomendaciones de cuarentena para las personas que ingresan desde Suecia y Estonia. Francia divide el países en tres grandes zonas ¿Cómo lo hace Francia? Juan Pedro Quiñonero informa de que el gobierno de Emmanuel Macron ha dividido Francia en tres grandes zonas sanitarias, de alerta, alerta reforzada y alerta máxima, con protocolos adaptados a muy distintas situaciones, que pueden cambiar y adaptarse al «ritmo» de la evolución de la pandemia. Tras el fin del confinamiento, en mayo, el gobierno francés ha ido adaptando su comportamiento, con medidas siempre centralizadas, pero adaptándolas a cada realidad local o regional, dando cierta libertad de iniciativa a los prefectos regionales y departamentales, los representantes del Estado, en concertación relativa con las autoridades locales. Desde la semana pasada, los distintos niveles de acción gubernamental son complementarios. Las autoridades sanitarias, comenzando por el ministro de Sanidad, rinden cuentas públicas sistemáticamente, y la información básica es de acceso público. Francia considera zonas de alerta aquellas donde se contabilizan, semanalmente, unos 50 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Buena parte del territorio nacional. En el conjunto de esas zonas, los prefectos del Estado tienen cierta libertad para tomar las medidas que estimen pertinentes. Fiestas familiares, matrimonios y acontecimientos deben celebrarse con un máximo de 30 personas. Se consideran zonas de alerta reforzada aquellas donde se contabilizan más de 150 nuevos casos semanales por cada 100.000 habitantes. O cuando la cifra de personas de «cierta edad» es superior a los 60 casos por 100.000 habitantes. En ese nivel de crisis se encuentran París, Burdeos, Lyon, Toulouse, Niza, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier y Lille. En esta zona se han tomado medidas particulares: -Prohibición de reuniones de más de 1.000 personas. -Prohibición de celebración de grandes acontecimientos. -Prohibición de reuniones de más de 10 personas en espacios públicos. -Cierre de bares a partir de las 10 de la noche. -Cierre de gimnasios y espacios deportivos. -Cierre de salas de fiestas y reuniones públicas. -«Fomento» del teletrabajo «en la medida de lo posible». Dos zonas francesas viven en estado de alerta máxima: Marsella y su región, y la Guadalupe, territorio de ultramar. En estas zonas la incidencia del Covid-19 es superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes. En la zona de alerta máxima se han tomado medidas más duras: cierre total de bares y restaurantes, durante quince días. Cierre de todos los establecimientos públicos, donde no existan protocolos sanitarios particulares. Medidas de control «muy rigurosas» en todo tipo de comercios. Los portavoces sanitarios del Ejecutivo francés informan con mucha frecuencia de la evolución de la crisis, insistiendo, siempre en los principios cardinales: uso de mascarillas, distanciamiento físico, evitar contactos, «prudencia extrema». Portugal, sin municipios confinados Francisco Chacón informa desde Lisboa de que el país vecino de España no tiene ahora mismo municipios confinados. Con casi 2.000 muertos en todo Portugal y cerca de 75.000 casos confirmados de norte a sur, no existe a día de hoy ningún municipio confinado en el país vecino… ni previsiones de que la situación de los rebrotes pueda dispararse en alguno de ellos. Lisboa y Sintra son los dos núcleos que mayor número de positivos registran: 467 en la última semana, pero con un total de afectados que varía de los 6.517 en la capital portuguesa a los 5.441 en la mágica localidad ubicada a 30 kilómetros de la primera. La lista de los municipios donde más incide el virus se completa con Loures, Cascais, Guimaraes (primero de la zona norte), Amadora, Vila Nova de Gaia, Oeiras y Almada. En cualquier caso, no se ha estipulado un criterio genérico para determinar cuál debe ser el umbral que desembocara en un hipotético encierro de la población. La Dirección General de la Salud tiene un delegado en cada ciudad y él es quien alza la voz de alarma. Si surgieran brotes muy acusados, este delegado tiene facultades para coordinarse con el alcalde en cuestión y tomar una decisión conjunta sobre si adoptar o no el eventual confinamiento, en el supuesto de que fuera necesario. Reino Unido A día de hoy una de cada cinco personas en Reino Unido está bajo medidas más estrictas que el resto de la población para evitar la propagación del Covid-19, informa desde Londres Ivannia Salazar. Actualmente, la región más afectada es Blaenau Gwent, en el sur de Gales, con 291 casos por cada 100.000 habitantes. Otra de las ciudades más afectadas es Liverpool, donde el número de casos por cada 100.000 habitantes es 262. El promedio en todo el país es de 26. El establecimiento de confinamientos locales se basa en varios indicadores. Según el gobierno, estos «ayudarán a proporcionar un sistema de alerta temprana para permitir una acción preventiva» y se «mantendrán bajo revisión y se modificarán a medida que aumente nuestra comprensión del virus». Se dividen en: -Datos de prueba y rastreo: por ejemplo, el número y la tasa de aumento de casos positivos y el número de brotes en un área. -Vigilancia sindrómica: por ejemplo, el aumento de las llamadas al número de teléfono de asistencia de la seguridad social por síntomas de Covid-19. -Actividad del NHS (el sistema nacional de salud): por ejemplo, el número de ingresos hospitalarios y datos de mortalidad. Las áreas del país se dividen en las siguientes categorías: -Áreas de preocupación: áreas con la prevalencia más alta, donde el las autoridades mantienen en vigencia acciones específicas para reducir la prevalencia, por ejemplo, pruebas adicionales en hogares de ancianos. -Área de mayor apoyo: para áreas de riesgo medio / alto donde se necesitan recursos adicionales de apoyo por parte del gobierno central al local. -Áreas de intervención: donde se necesitan medidas más fuertes debido a los datos de los indicadores. Actualmente en Inglaterra hay 44 áreas de intervención focalizada, y otras 11 señaladas como áreas de preocupación. El plan del gobierno en Inglaterra es que, ahora que se ha puesto en marcha la aplicación de rastreo de contactos, los confinamientos locales (que varían en cuanto a las medidas aplicadas) puedan ser activados semi automáticamente por un sistema de "semáforo" de tres niveles, con alertas enviadas directamente a los teléfonos móviles de las personas. El nuevo enfoque planificado divide el país en diferentes áreas según las tasas de infección locales, que determinarán la gravedad de los cierres locales. Las autoridades locales en Inglaterra tienen poderes para: cerrar locales específicos (como tiendas, cafés y gimnasios); cerrar los espacios al aire libre (como parques, áreas de juego y playas); cancelar eventos (como conciertos, bodas y eventos deportivos). El gobierno central puede: cerrar sectores o tipos de locales en áreas específicas; reducir el tamaño máximo de las reuniones entre personas; restringir el uso del transporte público y privado; restringir la circulación y evitar que las personas se muevan de un área a otra. Cabe destacar que cada gobierno de los cuatros países que conforman el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) puede imponer medidas más restrictivas. Por ejemplo, en Escocia ahora mismo no están permitidas las reuniones entre familias que viven en diferentes casas. ------------------------------------------------------------------------------ **Información elaborada por los corresponsales de ABC en Londres, Ginebra, París, Roma, Bruselas, Moscú, Lisboa, Berlín y Copenhague.
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«Ha sido un error no tener criterios claros sobre cuándo actuar»
No es fácil valorar cuándo se debe confinar un territorio y tomar las medidas más duras para cortar la progresión de la pandemia. España no contaba con indicadores comunes que permitan tomar una decisión sin entrar en un debate político. Tras el fin del estado de alarma, cada comunidad decidió en función de su número de casos o aparición de brotes. Por eso, Cataluña confinó Lérida cuanto sumaba 800 casos por 100.000 habitantes y, sin embargo, impuso restricciones en Barcelona, con una incidencia menor, que no llegaba a 100. La falta de criterios homogéneos no es única en Europa. Aunque se planteó una hoja de ruta común con criterios objetivos, cada país ha decidido por su cuenta. Algunos como Francia han... Ver Más
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Torra y sus 'vacaciones' a cargo del contribuyente
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