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El lenguaje a la carta del PP en sus pactos con Cs y Vox: violencia machista para unos e intrafamiliar para los otros

El acuerdo firmado el viernes de madrugada por el Partido Popular y Vox, con el visto bueno de Ciudadanos, para asegurar los votos que dieron la alcaldía de Madrid a José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldía a Begoña Villacís está prácticamente calcado del que los populares rubricaron con Ciudadanos unas horas antes. Coincide casi punto por punto en medidas fiscales, urbanismo, seguridad y la imagen que las tres formaciones pretenden exportar de la ciudad a nivel internacional.

Pero el PP ha planteado pactos a la carta que ofrecen incluso cambios en el lenguaje en cuestiones que la formación de extrema derecha exige y que son espinosos para Ciudadanos, que aún después de la investidura de Almeida, sigue tratando de negar el pacto a tres en el Ayuntamiento de la capital. 

Los pactos bilaterales que el PP ha firmado primero con Ciudadanos y luego con Vox difieren principalmente en lo referente a Madrid Central, y en la terminología empleada en materias que tienen que ver con igualdad, como la violencia machista o lo relativo al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI).

El documento de 80 medidas firmado por PP y Ciudadanos, que ha aupado a Almeida a la alcaldía y a Begoña Villacís como número dos del Gobierno municipal, asegura la aprobación de un "Plan de detección temprana de la violencia machista", así como un "Plan específico de formación en violencia machista para todo el equipo profesional de intervención del Ayuntamiento". Pero el término "violencia machista" era inaceptable para Vox que lleva meses negándolo y por tanto no aparece mencionado en el acuerdo que el partido de Santiago Abascal ha rubricado con el PP. Su batalla contra un tipo de crimen específico que ha dejado en España más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que existen registros, en 2003, les hace hablar de violencia intrafamiliar. En su acuerdo, estas dos formaciones se comprometen a aprobar un "plan municipal de educación contra todo tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar".

"La violencia de género o violencia machista ha tardado muchísimo en ser reconocida", indica la constitucionalista experta en género Julia Sevilla. "La ley de 2004 ya explica que se maltrata o se mata a las mujeres por ser mujeres y también como consecuencia de una relación afectiva", explica. Por eso, omitir el concepto "es un aspecto importante de la política y el programa de Vox y una manera de entender la sociedad y la situación de la mujer. No se hace en función del carácter terminológico, que también, sino ideológico, al considerar que las mujeres no son especialmente atacadas por el hecho de ser mujeres", desarrolla Sevilla. El PP, que en su acuerdo con Ciudadanos si reconoce la violencia machista, continúa con este acuerdo a dos bandas con la estrategia que inició Pablo Casado tras hacerse con el liderazgo del partido, al hablar indistintamente de violencia de género e intrafamiliar o doméstica, que responde a aquella que se ejerce entre miembros de una familia, pero que no tiene un carácter estructural. 

La presencia o la influencia de una determinada ideología en un gobierno de coalición condiciona las políticas, por lo que la terminología no es baladí. Se ha visto en Andalucía, donde Vox ha condicionado la aprobación de los presupuestos de PP y Ciudadanos a la introducción, por primera vez en unas cuentas andaluzas, del concepto de 'violencia intrafamiliar' que la extrema derecha utiliza en sustitución de 'violencia de género' o 'violencia machista'. "Intentan modificar parámetros que se habían utilizado hasta este momento", sentencia Sevilla.

"Garantizaremos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, defenderemos los derechos de las personas LGTBI y erradicaremos la lacra social de la violencia machista en nuestras ciudad",recoge el punto 41 del acuerdo PP-Ciudadanos. Un texto que deberá conjugarse con el de PP-Vox: "Lucharemos por la igualdad de derechos, obligaciones, y oportunidades entre mujeres y hombres, con la finalidad de que no pueda existir ninguna discriminación por razones de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". De nuevo, desaparece la violencia machista, pero también cualquier mención al colectivo LGTBI, mientras se hace hincapié en las "obligaciones".

"Eliminar las especificidades"

"Cuando hay un acuerdo y no se menciona, es porque no se quiere mencionar de manera expresa", lo que demuestra que "no quieren saber nada de nosotros", señala la presidenta del Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM), Carmen García del Merlo. Aunque el acuerdo de los de Almeida y Villacís se compromete a que "el Orgullo seguirá celebrándose donde viene siendo habitual estos últimos años", Vox ha puesto sobre la mesa durante la campaña la posibilidad de enviar la manifestación lejos del centro, a la Casa de Campo. "Quieren volver a meternos en los armarios e invisibilizarnos, por eso quieren llevarnos a un sitio que no sea céntrico, lejos de donde se reúne todo el mundo, de donde se reúnen ellos", denuncia García del Merlo. En cualquier caso, la autorización de una manifestación es competencia de la delegación del Gobierno. El PP también quiere, de la mano de Vox, apoyar la Navidad y la Semana Santa "como manifestaciones públicas del sentir mayoritario de los españoles".

En el punto relativo a la prevención del acoso escolar, el Partido Popular y Vox invisibilizan la violencia machista y el acoso en los colegios e institutos por lgtbifobia, que queda reducido a un "cualquier otra condición o circunstancia personal o social". La FELGTB ha detectado en los centros escolares en los que trabaja que el 60% del alumnado ha percibido algún tipo de ciberacoso hacia alumnos por su orientación sexual o de género y que el riesgo de suicidio entre adolescentes LGTBI es tres veces mayor al del resto. "Si los chavales no conocen al realidad es muy difícil que la afronten, que vean que hay una diversidad en la escuela y en la calle", señala la presidenta de COGAM. "Al final, se están queriendo eliminar las especificidades que existen y que deberían ser tratadas de forma diferente", sentencia Sevilla.

También tiene una formulación diferente el Plan de Convivencia Social e Intercultural pactado por los de Almeida y Villacís que pretende "ordenar todas las actuaciones municipales en materia de inmigración, incluyendo una línea estratégica municipal para la plena integración de los hijos de inmigrantes en la ciudad de Madrid". En el caso PP y Vox se menciona "un pacto que facilite la integración de los inmigrantes legales mediante un mayor aprendizaje de la cultura, la historia, la lengua y las tradiciones españolas, así como el conocimiento de nuestra ciudad". Precisamente, el de 'inmigrante ilegal' o, en contraposición 'inmigrante legal', es otro concepto que los de Santiago Abascal quieren volver a traer a la agenda pese a que "era algo que estaba muy superado y que supone un gran retroceso al volver a hablar de personas legales e ilegales", denuncia la politóloga y responsable de incidencia política de Red Acoge, Paloma García Varela.

"Las terminologías tienen mucho peso y no son neutras, tienen mucho contenido detrás", denuncian desde la entidad, que considera que el uso del lenguaje pone trabas a unas sociedad más inclusiva al utilizar marcos legales para hablar de personas que, además, "tienen una connotación negativa". Con este acuerdo tanto el PP como Vox inclumplen el Pacto Mundial de las Migraciones, firmado por España, en lo referente a la utilización de un lenguaje inclusivo. No es la primera vez: los presupuestos andaluces firmados a tres por PP, Ciudadanos y Vox también hablan de 'inmigrantes ilegales'.

De "reconvertir" a "acabar" con Madrid Central

El PP ha negociado con Ciudadanos "reconvertir la Zona de Bajas Emisiones denominada Madrid Central bajo el criterio de nuevas áreas de prioridad residencial aportando soluciones alternativas y complementarias de movilidad a todos los sectores de la población". Mientras, ha acordado con Vox, directamente, "acabar con la política de prohibiciones y restricciones de los últimos cuatro años de Madrid Central", que en realidad lleva en vigor poco más de seis meses. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, afirmó este mismo lunes en una entrevista al periódico El Mundo que "no sería buena política revertir todo Madrid Central". En cualquier caso, su partido ya se ha comprometido con el PP a una moratoria de la imposición de multas a partir del 1 de julio, lo que en la práctica deja sin efecto el área restringida. En ese mismo punto del acuerdo a dos bandas firmado por el PP hay otra diferencia: con Vox se compromete a estudiar la viabilidad técnica y económica del soterramiento de la Gran Vía.

Por otro lado, PP y Ciudadanos garantizan "la gestión íntegra y transparente de los servicios públicos", así como la mejora de "la gobernanza de las empresas públicas". La formación de extrema derecha añade en su pacto suscrito con los populares que estas solo podrán estar dirigidas por "personas con trayectoria profesional contrastada". Además, los cargos públicos imputados formalmente por delitos de corrupción deberán renunciar al cargo en ambos acuerdos, pero el de PP y Ciudadanos añade que "no podrán ir en listas electorales", una condición que los de Vox no han puesto.

El PP se ha comprometido con Ciudadanos a eliminar "gastos en subvenciones sin retorno social". Con Vox, este mismo punto aparece reformulado: "Suprimiremos todas las subvenciones a entidades cuyo fin sea ideológico y no quede acreditado un interés público y/o social". En ningún caso se establece cómo se calculará ese retorno o interés social ni qué entienden el PP y Vox por "ideológico".


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Tres nuevos detenidos en la trama de fraude de mascarillas destapada en Ávila
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Blanco aplaude la vuelta de las ferias agroalimentarias por dinamizar los productos cántabros
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha asistido hoy en Santander a la primera edición del Mercado de Productores Cántabros y ha aplaudido la vuelta de las ferias agroalimentarias tras la pandemia del Covid-19 por su "valor dinamizador" de los productos de la región.
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Corinna Larsen, la examiga del rey emérito Juan Carlos I, aseguró a la justicia de Suiza que el monarca le transfirió 64,8 millones de euros al año 2012 “por gratitud y amor” y por “garantizar” el su futuro y el de sus hijos, según publica este...
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Un fallecido y tres nuevos afectados en las ultimas 24 horas en la Región
La Región de Murcia ha registrado un fallecido y tres nuevos afectados respecto al día anterior en las últimas 24 horas, según el balance correspondiente a las 23.59 horas de este sábado publicado por la Consejería de Salud.
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La Selectividad más segura de la historia: un profesor o vigilante por cada cuatro estudiantes en Valencia
Los estudiantes de la Comunidad Valenciana van a afrontar la Selectividad más segura de la historia, por el despliegue de un dispostivo con un profesor, vigilante o profesional de apoyo por cada cuatro alumnos. Además, se repartirán 33.000 mascarillas para los casi 24.000 inscritos en los exámenes. Aunque la intención no es esa, va a ser particularmente difícil copiar o utilizar chuletas, con tantos ojos encima y tan cerca. La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha adoptado medidas extraordinarias de seguridad para la realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en colaboración con las conselleries de Justicia, Educación, Sanidad y Hacienda, debido a la situación generada por la Covid-19 con el objetivo de proteger la salud y seguridad del alumnado que se presenta a los exámenes. La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha destacado que la Generalitat «ha puesto en marcha un dispositivo sin precedentes para que el alumnado pueda acudir con confianza y seguridad a realizar las pruebas». Las pruebas ordinarias se realizarán los próximos días 7, 8 y 9 de julio, en 470 centros de Bachillerato que ya están preparados para acoger a los casi 24.000 alumnos y alumnas que acudirán a examinarse, han informado fuentes de la Generalitat. Para que las PAU puedan realizarse con las máximas medidas de seguridad, la Conselleria de Innovación ha preparado un suministro de 33.545 mascarillas que se repartirán entre el alumnado y alrededor de 3.090 unidades de gel hidroalcohólico. Asimismo, está previsto que cerca de 2.500 profesores y profesoras voluntarios, participen en el desarrollo de las pruebas, además de los efectivos de Protección Civil y Policía Local. También habrá más de 2.000 vigilantes y alrededor de 1.800 personas que forman parte del personal asignado encargado del proceso. Todos ellos se distribuirán entre las 2.173 aulas de toda la Comunitat Valenciana (788 en Alicante, 254 en Castellón y 1.131 en Valencia), en las que el grupo de coordinación de las pruebas ha trabajado previamente para tener previstas todas las medidas necesarias atendiendo a las especificidades de cada centro. Vídeo informativo La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha elaborado un vídeo dirigido al alumnado en el que resume las medidas de seguridad y explica el funcionamiento de las pruebas. El objetivo es informar sobre todas las medidas de seguridad que deben cumplirse, como es el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos, evitar aglomeraciones, el mantenimiento de distancias de seguridad y los horarios de llegada (45 minutos antes del examen). La consellera Carolina Pascual ha podido comprobar de primera mano esta semana todo el dispositivo organizado para las PAU, durante el simulacro realizado el pasado día 30 de junio en los centros que acogen las pruebas. Carolina Pascual visitó el IES Benlliure de Valencia, donde se desarrolló uno de los simulacros, en el que participaron los coordinadores de las pruebas y los vocales-correctores del tribunal, además de un equipo de Protección Civil y voluntarios que representaron a los estudiantes que se presentan a los exámenes. La prueba sirvió para confirmar el correcto funcionamiento del sistema informático de control de acceso y apertura de la aplicación, así como para verificar la descarga de documentos, con el objetivo de conseguir que no se produzcan problemas en los días de la realización de los exámenes. Este curso se ha producido un aumento significativo con respecto al curso anterior de los alumnos y alumnas matriculados en las PAU. Alrededor de 3.700 estudiantes más se van a examinar en las pruebas del mes julio, lo que representa un 18,4 por ciento más que en 2019 y eleva la cifra de presentados en 2020 a 23.979.
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