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Greenpeace desembarca en la central de Los Barrios (Algeciras) para reclamar el final del carbón

Activistas de Greenpeace han desembarcado en lanchas en el muelle desde el que se descarga el carbón para la central térmica de Los Barrios (Algeciras) para reivindicar que no se apoye, ni con inversiones privadas ni con subvenciones públicas, a este combustible, «el principal responsable de cambio climático». A primeras horas de la mañana de este viernes una veintena de activistas Greenpeace han desembarcado en lanchas del «Rainbow Warrior» en el dique del muelle de Endesa desde el que se descarga el carbón para la central térmica de Los Barrios (Algeciras), propiedad de Viesgo, y han desplegado una pancarta de más de 30 metros de largo con el mensaje «Fábrica de cambio climático». Mientras, cinco escaladores han subido a la grúa de 50 metros del puerto con pancartas con el lema: «Cambia la energía, no el clima». En una nota de prensa que ha difundido para informar de su acción, Greenpeace explica que con ella reclama «que no se dedique más dinero al carbón, ni en inversión privada ni en subvención pública». «Los últimos datos de Red Eléctrica de España (REE) confirman no solo que es posible prescindir del carbón, sino que disminuir su uso reduce enormemente las emisiones y por tanto supone un gran beneficio para el clima. A nivel mundial el carbón es responsable de más del 40 % de las emisiones de CO2, que es el principal gas de efecto invernadero», asegura la asociación ecologista. Esta acción se enmarca en la campaña de Greenpeace «En marcha por el clima» en la que su buque insignia, Rainbow Warrior, recorre diversos puertos europeos para exigir «mayor ambición climática a la clase política y empresarial y abrir paso a la democratización de la energía». En la acción de hoy, han reivindicado específicamente que la térmica de Los Barrios, que pertenece a la eléctrica Viesgo, anuncie que cerrará la instalación en 2020 y que procederá a la recuperación ambiental del emplazamiento y que Endesa cierre el puerto a la actividad carbonera. «Los Barrios, que ha pasado inadvertida durante muchos años, ocupa la sexta posición de entre todas las instalaciones de España que más CO2 (principal gas de efecto invernadero causante del cambio climático) emitió en 2018», asegura la organización ecologista mientras responsabiliza a sus emisiones contaminantes de «muertes prematuras, crisis asmáticas en niños y niñas, bronquitis crónica en adultos, ingresos hospitalarios con síntomas respiratorios y/o cardiovasculares». «Viesgo está siendo la compañía más opaca, no sabemos cuáles son los planes para su térmica de los Barrios, si ha realizado las inversiones necesarias para seguir operando o si va a cerrarla o incluso venderla», ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace. Los activistas han desplegado la pancarta en el dique de descarga del carbón que opera ENEL-Endesa, «la eléctrica que lleva años siendo la mayor responsable de cambio climático en España», apuntan. Greenpeace reclama a la compañía que cierre sus térmicas de carbón «en 2025 como tarde» y que «abandone sus negocios en combustibles fósiles y se comprometa para que todas sus actividades de generación de electricidad sean con energía 100% renovable en 2030». La organización ecologista reclama también al Gobierno «que garantice que no se dará ninguna subvención más al carbón» y que regulará para que las plantas que no hayan realizado a día de hoy las inversiones ambientales necesarias «cierren en 2020 y las restantes lo hagan no más tarde de 2025». «Estas centrales han recibido más de 4.000 millones de euros en unas subvenciones llamadas pagos por capacidad que han pagado los y las consumidoras a través de la factura de la luz desde el año 2007», afirma Greenpeace.
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Lo certifica Frontex en su informe del pasado junio: de los aproximadamente 4.500 inmigrantes que se registraron en España durante el primer semestre, uno de cada dos era argelino, nacionalidad que ya supera con mucho a los marroquíes en la ruta marítima que une el norte de áfrica con nuestro país. Y eso que en junio no había comenzado la temporada alta para los que huyen de Argelia, el periodo entre agosto y octubre en que, como ocurre desde 2017, sus pateras se lanzan rumbo al levante español, -muchas acaban desviadas a Baleares- como sucedió el último fin de semana de julio. En apenas 24 horas, dentro de lo que pareció una operación orquestada por las mafias para desbordar los medios de vigilancia, se interceptaron decenas de pateras con 800 ocupantes a bordo, 454 de ellos en aguas o las costas murcianas, donde ya en 2017 una avalancha de este tipo obligó a abrir la entonces aún sin estrenar cárcel de Archidona para alojarles. Y a llamar a la embajadora argelina para abordar de urgencia la situación. Ahora ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ayer se desplazó a Argel para reunirse con el presidente, Abdelmadjid Tebooune; con su homólogo, Kamel Beldjoud y con el titular de Asuntos Exteriores, Sabri Boukadoum, y analizar lo que los territorios receptores valoran en términos de crisis. Sin detalle «Reforzar la cooperación bilateral en materia de Interior» es todo el mensaje que ha trasladado del Ministerio como resultado de esta visita. Lo ha hecho un comunicado protocolario sin mayor contenido, en el que nada se dice acerca de si España ha comprometido o no nuevos recursos económicos o materiales a Argelia para que colabore en el freno a esta inmigración disparada. Sí constata Grande-Marlaska que para gestionar los flujos migratorios en el Mediterráneo de forma adecuada «es necesario adoptar medidas preventivas», sobre las que tampoco se hace precisión alguna, y que tradicionalmente han consistido en aportar dinero para desarrollo en países emisores para que generen riqueza propia capaz de retener a sus poblaciones. Al respecto, Beldjoud fue más explícito: «Argelia sufre este problema (la inmigración ilegal) y busca potencial financiero y humano importante para combatir el fenómeno». A pesar de la oleada, Marlaska ha destacado en este viaje «la buena cooperación en materia de lucha contra inmigración irregular y contra las redes de tráfico de personas», que se entiende que ha ido a peor después de que la precariedad en ese país se agudizara en febrero de 2019 con las protestas que en abril lograron la dimisión del histórico presidente Abdelaziz Buteflika. La instabilidad de Argelia también la hace vulnerable a la embestida yihadista, concentrada en el asentamiento del «Frente de apoyo para el Islam y los Musulmanes» (Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen, JNIM)», de la órbita del Daesh, al límite de su frontera sur, en el amplio territorio desértico que constituye el norte de Malí y el noroeste de Níger, totalmente fuera del control de los gobiernos de los respectivos países. Precisamente el domingo, seis ciudadanos franceses y sus dos guías locales eran asesinados a tiros en las cercanías de una reserva de jirafas situada a unos 50 kilómetros al sur de la capital, Niamey. La presión yihadista Este grupo islamista fue autor en 2019 de al menos tres intentos de masacre contra las tropas españolas desplegadas en África. Se trata del conocido ataque con coche bomba en febrero a la base de Koulikoro (Mali), otro frustrado de similar naturaleza en el mismo centro en junio y el último, hace un año contra unas instalaciones del Ejército en la localidad de Gao, de cuyo aeropuerto apenas media hora antes acababa de despegar un avión militar español, según figura en el Balance sobre el Terrorismo en España 2019 hecho público recientemente por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. En relación con el yihadismo, Grande-Marlaska también subrayó la importancia de la cooperación entre Europa y Argelia, al tiempo que destacó el compromiso de todas las partes «con Níger, con el conjunto del Sahel, en la lucha contra todas las organizaciones y la criminalidad organizada». Este ha sido el tercer viaje oficial de Grande-Marlaska a Argelia desde que se hizo cargo de la cartera de Interior. El anterior fue el 28 de noviembre de 2019. El ministro retoma con esta visita su agenda internacional. Ha realizado desde junio de 2018 viajes oficiales para estrechar la cooperación en la lucha contra las mafias que trafican con personas a Marruecos (en cuatro ocasiones), Argelia, Mauritania, Guinea Conakry, Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Ghana.
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Torra reabre su guerra contra Torrent a cuenta de los letrados
Uno de los mayores rivales políticos de Quim Torra y Carles Puigdemont y que les ha causado grandes inconvenientes en esta legislatura es Roger Torrent. Tras las elecciones de diciembre de 2017, el ya elegido presidente del Parlamento de Cataluña impidió, cumpliendo la ley y las órdenes judiciales, que Puigdemont fuera escogido presidente de la Generalitat mediante un procedimiento a distancia. Después, en enero de 2020, el de ERC retiró el escaño a Torra, también por orden judicial. Desde entonces, la Cámara autonómica tiene 134 escaños, pues JpC se niega a sustituir al condenado por desobediencia y presidente autonómico. Ahora, Torra exige a Torrent que destituya al secretario general del Parlamento de Cataluña, Xavier Muro, el funcionario parlamentario de más alto rango y cargo de confianza de Torrent. Este lunes era el día previsto para que el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) publicase el texto aprobado el viernes y que puso fin a la sesión monográfica sobre «la crisis de la Monarquía española», una sesión parlamentaria solicitada por Torra a principios de semana y tras conocer que Don Juan Carlos había dejado España temporalmente. Llegó el lunes, y como habían advertido los letrados de los Servicios Jurídicos del Parlamento autonómico el mismo viernes, no se publicaron los aspectos aprobados en el pleno que pueden chocar con la ley y las advertencias, sobre todo, del Tribunal Constitucional. Al mediodía -después de que se publicasen las propuestas presentadas- el BOPC publicó la Resolución 905/XII, cuyo texto compila las propuestas de resolución aprobadas. Sin embargo, al final de la resolución, poco antes de la firma de Muro, se añadió una breve nota aclaratoria: «Dado el deber establecido sobre el secretario general del Parlament de impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento de lo dispuesto en las STC 259/2015, 98/2019, 111/2019, así como las ITC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 184/2019 y 11/2020, la publicación de esta Resolución no incorpora las resoluciones núm. 5 (GP JpC, GP ERC, SP CUP-CC); 2 in fine (GP ERC); 1.2 (SP CUP-CC); 1.7 (SP CUP-CC) y 4 en el inciso ''blinda la continuidad de una Monarquía delincuente'' (GP JpC, GP ERC, SP CUP-CC)». Es decir, la Resolución 905/XII no incluye los aspectos más polémicos y de dudosa legalidad, en opinión de los letrados parlamentarios, como el que «declara que Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey» y, entre otros, el que ratifica que «el único camino para superar este régimen monárquico es construir efectivamente la república catalana como un Estado de Derecho». Petición de cese a Muro Al poco de conocer la decisión de Muro, Torra pidió ayer su cese por las redes sociales de internet. «Ya pasó con mi condición de diputado y ahora otra vez. Basta. El secretario general del Parlament tiene el deber de obedecer al pleno, que es soberano. Y si no lo hace, el presidente del Parlament tiene el deber de cesarlo y asumir él y la Mesa la responsabilidad de publicar la resolución», indicó el presidente de la Generalitat, recordando lo sucedido en enero, cuando tras ser condenado por desobediencia, Torra presionó a los letrados y Torrent para que le mantuvieran el escaño, en contra de lo que establecen las normas. Ya por la tarde, JpC dio a conocer un escrito con el que exige a Torrent y a los demás miembros de la Mesa del Parlmento autonómico la publicación «íntegra» de la resolución aprobada a última hora del viernes 7 de agosto y que se dé la orden a Muro para que proceda a ello. Y en caso de que el secretario general no «ejecute» la orden, señalaron desde JpC, Torrent debería adoptar las medidas oportunas para la publicación de lo aprobado en el pleno y cesarlo del cargo. La presión de Torra y JpC contra Torrent y el secretario general encontró respuesta en varios líderes de grupos parlamentarios. Así, por ejemplo, Alejandro Fernández (PP) criticó a Torra por sus «amenazas» y Carlos Carrizosa (Cs) adelantó que su formación irá «donde haga falta» para «defender la democracia», y que impugnarán judicialmente el pleno. Carrizosa también pidió al Gobierno que «haga todo lo posible para que (los independentistas) no creen más conflictos».
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abc.es
El Supremo tendrá que pronunciarse sobre los recursos contra Delgado
El Tribunal Supremo tiene en el buzón de entrada dos recursos del Partido Popular y Vox que piden revocar el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado y que esperan resolución sobre su admisión a trámite. Ambos partidos entienden que se debe revocar la designación, habida cuenta de que Delgado era ministra de Justicia de Pedro Sánchez y por tanto, su imparcialidad está en tela de juicio, así como se acumulan causas sobre las que por su origen, tendría que abstenerse. En el caso del PP, tal y como adelantó este diario el pasado 4 de mayo, el recurso, anunciado en febrero, se presentó fuera de los focos. Los de Pablo Casado esgrimieron contra el nombramiento que Delgado a su juicio no cumple el requisito de «idoneidad» para el cargo por «falta total de objetividad y de imparcialidad». «Es la ministra número 23 del Gobierno de Pedro Sánchez. No se puede elegir fiscal general a un miembro del Gobierno socialista que, además, participó en actos electorales del PSOE lanzando proclamas muy duras contra un partido político, el PP», con el que competía en las urnas, decían los populares. Ven así declarada una «aversión» pública hacia el principal partido de la oposición incompatible con la imparcialidad que debe presumirse a la más alta responsable del Ministerio Público. En este sentido, inciden en que debe declararse la nulidad de su nombramiento, «porque constituye una desviación de poder al ser un fraude constitucional». «Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible dada su vinculación con el Gobierno y el PSOE. La ex ministra entregó la cartera a su sucesor el 14 de enero, el mismo día en que se propuso su nombramiento como fiscal general del Estado. ¿Es esto imparcialidad?», planteaban ayer desde Génova, donde se describe a Delgado como «una persona muy ideologizada». En el caso de Vox, el recurso se formalizó el pasado 28 de julio con una línea argumental muy similar: «No cumple los requisitos de idoneidad ni de imparcialidad que deben regir dicho cargo». El partido que lidera Santiago Abascal incide en que cuando se trata de la idoneidad, es incompatible con el hecho de que Delgado, fuese reprobada tres veces durante su etapa como ministra (dos en el Congreso y una en el Senado). El recurso, firmado por la vicesecretaria Jurídica de VOX, Marta Castro, argumentaba este asunto, al tiempo que ponía en duda que el informe del Consejo General del Poder Judicial con el que pasó el primer trámite para poder ser designada fuese realmente un aval. En opinión de los servicios jurídicos de Vox, aquel dictamen «no puede considerarse válido» porque «expresamente se ha excluido del juicio de los Vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad». Su tercer argumento clave es sobre la imparcialidad y recuerda el informe firmado por los siete vocales del CGPJ que votaron contra el nombramiento, para incidir en que a si fue diputada del PSOE no se puede presumir que es imparcial.
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El juez quiere aclarar si todo el caso Dina fue un montaje
Ante la enrevesada trama del caso Dina, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha apostado por volver al inicio y citar a un testigo que puede ser clave a la hora de decidir si el juego de espejos que se ha venido revelando a lo largo de la investigación era ya en origen un montaje. A la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham le robaron el móvil en un centro comercial en noviembre de 2015 y lo denunció. Unos meses después, parte del contenido de aquel teléfono empezó a ver la luz en prensa y Bousselham amplió la denuncia: entendía que el medio que difundía los temas más duros -unos chats que dejaban a Iglesias de machista- tenía que ver con el robo. Insistió sin suerte hasta llegar a la Audiencia Provincial. No había caso. Hubo alguien en su entorno que tampoco creía en el asunto, el entonces abogado de Podemos José Manuel Calvente. Según su propia versión, avisó de que el tema se podía volver contra ellos e insistió en desvincular al partido de algo que podía ser personal de Bousselham, e incluso culpa suya, sobre todo cuando el volcado de su móvil apareció en los archivos de Villarejo e Iglesias mostró interés por entrar en el procedimiento. Nadie le escuchó. Ha pasado año y medio y Calvente, que se dice «purgado» tras denunciar irregularidades en el partido bajo una acusación de acoso que se ha desestimado, ahora tuitea y concede entrevistas. Y lo que cuenta es que aquello fue un montaje y que el origen de sus males no es ya tanto haber puesto el dedo en la llaga sobre el modo en que se facturan algunos servicios en el partido, sino negarse a «participar en la patraña del caso Dina». Esta es la razón por la que el juez, aún a sabiendas de que no podrá contar mucho de lo que afecte a la relación abogado-cliente con Podemos, le ha citado como testigo el próximo 2 de septiembre. Ya no es sólo que Iglesias tuviese la tarjeta de Bousselham durante meses sin decir nada a su propietaria, a la Policía ni a los tribunales que vieron la denuncia, es que cabe la sospecha de que el robo ni siquiera llegara a producirse. Por eso, el pasado 23 de julio, el juzgado pidió a la Policía Judicial que revise la versión del marido de ella sobre lo ocurrido, habida cuenta de que como testigo ante el juez no fue claro sobre el tema. Poner en duda ya el propio robo es abrir la puerta a un delito de denuncia falsa, lo que complica más esta trama en la que Pablo Iglesias ha pasado de ser víctima a sospechoso y su antigua asesora ha ido perdiendo credibilidad a golpe de contradicciones. Se ha visto despojada, además, de su abogada, que también era la de Iglesias, por orden judicial ante el conflicto de interés con él. Se trata de Marta Flor, precisamente, la letrada de Podemos que interpuso la denuncia de acoso contra Calvente desencadenando lo que él califica de purga, en una guerra interna que ha acabado dañando a la Fiscalía Anticorrupción. Guerra de abogados Marta Flor, de acuerdo a la tesis que el propio Calvente esgrimió para defenderse de la acusación de acoso , alardeaba ante sus compañeros de tener una confianza más allá de lo profesional con el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa, lo que llevó a la jefa de ambos, Gloria Elizo, a apartarla de la causa, donde llevaba con otro letrado la acusación popular. Se retractó entonces, como publicó «Vozpopuli», reconociendo que se había pasado de «bocazas», pero siguió fuera del caso. El problema es que además de fanfarronear sobre su relación con el representante del Ministerio Público, dio a entender a sus compañeros del equipo legal que le sacaba información de la causa cuando aún estaba bajo secreto. «El Confidencial» publicó una batería de chats al respecto y Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación. Calvente, mientras, está en guerra con Podemos y ha denunciado irregularidades que ya se investigan en un juzgado de la capital. Según dijo en una entrevista con ABC, en el partido «quieren gente que diga que sí aunque sea ilegal» . «No puedes cuestionar nada: o aceptas o estás fuera». ¿Quién llevó la tarjeta a Interviú? En un afán por esclarecer cada uno de los cabos sueltos, el juez acordó el 30 de julio requerir al Grupo Zeta la hoja de registro de entradas y salidas a la revista Interviú en las fechas en que recibieron un sobre anónimo que contenía la supuesta tarjeta del móvil de Dina Bousselham, para intentar aclarar quién la depositó. Es la misma que el presidente de Zeta, Antonio Asensio, entregaría a Pablo Iglesias en enero de 2016 y su contenido es el que hicieron llegar los jefes de la revista Alberto Pozas y Luis Rendueles al comisario Villarejo en un pendrive entendiendo que respondían a un requerimiento policial verbal. Los dos siguen imputados, sin que se haya resuelto aún su petición de sobreseimiento.
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Una fundación de Izquierda Unida usó una subvención para pagar despidos
La Fundación por la Europa de los Ciudadanos (FEC), vinculada a Izquierda Unida (IU), aprovechó el dinero de una subvención pública para afrontar el pago de las indemnizaciones a tres trabajadores que despidió en el año 2016. Así queda reflejado en el último informe elaborado por el Tribunal de Cuentas (TCu) después de fiscalizar la situación de los balances de partidos y fundaciones al finalizar el ejercicio 2016. Concretamente, la FEC aprovechó 16.645 euros procedentes de una subvención que le concedió el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para abordar gastos relativos a la extinción de dichos contratos. «Este concepto no resulta subvencionable al no tratarse de un gasto necesario para el funcionamiento de la fundación, ya que la convocatoria únicamente considera gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan al objeto de la subvención y resulten estrictamente necesarios». Con este párrafo revela el Tribunal de Cuentas la irregularidad contable cometida por la fundación que, como se puede observar en su propia página web, cuenta entre sus patronos con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al igual que con otros políticos de la formación que concurrió en coalición con Podemos a las últimas elecciones generales. Fruto de esta incidencia, con la que esta fundación de IU pretendía beneficiarse de fondos públicos para realizar cambios en estructura laboral, el Tribunal de Cuentas obligó a la FEC a devolver una parte de la subvención recibida, 11.518 euros, al Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Balance negativo La cuantía de la asignación, no obstante, era incluso mayor y ascendió hasta los 75.234 euros. Se trató, en el ejercicio 2016, de la mayor subvención recibida por la FEC, que tuvo otras dos: una por valor de 13.360 euros del Instituto de la Juventud (Injuve) y otra por 4.140 euros del Ministerio de Asuntos Exteriores. En total, 92.734 euros públicos que ayudaron a conformar el balance de la fundación, que aquel año ingresó 172.730 euros por los 209.459 euros de gastos que sostuvo. Como consecuencia, el balance fue negativo en 36.729 euros. La FEC es una de las principales fundaciones de IU y, entre sus actividades, está la organización de las escuelas de verano de IU. A la edición de 2017 acudieron el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Unai Sordo, el diputado en el Congreso Enrique Santiago, o el propio Alberto Garzón. También se anunció la presencia en aquel evento, desplegado durante tres días en Fuentidueña del Tajo (Madrid), del antiguo líder de IU, ya fallecido, Julio Anguita.
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González Terol (PP): «A este Gobierno le sobra soberbia y crispación y le falta voluntad de consenso»
Esta ofensiva del Partido Popular está siendo pilotada por el vicesecretario Territorial, que prepara un «agosto caliente» contra el Gobierno. —El PP inició ayer su ofensiva contra Sánchez por el acuerdo con la FEMP en una reunión de alcaldes ¿cuáles serán los siguientes pasos? —Hemos registrado mociones en ayuntamientos y diputaciones para oponernos a la incautación. En segundo lugar, iniciamos movilizaciones; en tercer lugar, nos planteamos votar en contra de la convalidación del real decreto e instar al resto de formaciones políticas a que sigan nuestros pasos; en cuarto lugar, un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto; y en quinto, aplicando el real decreto, que dice que el depósito de los 15.000 millones es voluntario, no vamos a ingresar un euro del dinero municipal en la Hacienda Pública. —¿El PP nunca conoció el contenido del acuerdo entre Pedro Sánchez y Abel Caballero? ¿No hubo diálogo? —A nosotros, 24 horas antes de que se aprobase en Junta de Gobierno, nos lo enviaron a los miembros del PP presentes en la FEMP. No hubo diálogo previo, ni voluntad del Ministerio de Hacienda, ni del presidente de la FEMP de llegar a un acuerdo previo con el PP o con el resto de formaciones. No hubo diálogo interno en la FEMP porque el presidente llevó las conversaciones en solitario con el Gobierno, ni tampoco hubo llamada de la ministra para llegar a acuerdo con el real decreto. —A pesar de estos antecedentes ¿Tienen alguna esperanza de que todavía sea posible algún acuerdo? —A este Gobierno le sobra soberbia y crispación y le falta voluntad de diálogo y de consenso. Por tanto, yo creo que la ministra Montero tiene poca voluntad de llegar a un acuerdo con los ayuntamientos, no del PP, de cualquier otro signo político que no sea el PSOE. No obstante, desde el PP volvemos a tender la mano al Gobierno para que rectifique, retire el real decreto y se ponga manos a la obra a dialogar. El problema es que este Gobierno está de vacaciones y no tiene un plan para mejorar la financiación de los ayuntamientos. —El presidente de la FEMP, Abel Caballero afirmó en ABC que el acuerdo se puede mejorar, pero que no ha habido alternativa ¿comparte esta afirmación? —La alternativa él la conoce, porque la votó con el PP por unanimidad. Es el documento de pilares para la reconstrucción, donde todas las formaciones políticas presentes en la FEMP formamos un documento de más de 40 páginas, que es la propuesta de los ayuntamientos y diputaciones al Gobierno de España. Ese documento no recibió ninguna respuesta y es el que Abel Caballero ha traicionado porque no lo ha defendido. Ahí se pedía que los ayuntamiento pudieran utilizar libremente sus ahorros, que se cree un fondo de reconstrucción por valor de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos que no tenían liquidez. —El PSOE les acusa de «manipular» a los alcaldes. —No es el PP el que se opone, sino hasta ocho formaciones políticas. Que no tergiversen la realidad, son ellos los que crispan.
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