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¿Qué es y cuáles son los síntomas de una infección por la rara pero peligrosa bacteria 'comecarne'?

20MINUTOS.ES

Los médicos recomiendan evitar bañarse en el mar, ríos, lagos o piscinas con heridas abiertas.La mayoría de los casos se dan en personas con el sistema inmunológico débil por otras enfermedades.Uno de cada tres pacientes con esta infección mueren. El último caso: un hombre en Florida.

Fascitis necrosante

Las fascitis necrosante, más conocida como la peligrosa bacteria 'comecarne' que ha causado la muerte a un hombre y ha herido gravemente a otra niña de 12 años en Florida, es una infección bacteriana rara que se propaga rápidamente por el cuerpo y afecta a los órganos, causando la muerte a una de cada tres personas de las que la contraen.

Según explican desde Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE UU, "necrosante significa que causa la muerte de los tejidos" y fascitis significa "inflamación de la fascia, que es el tejido que está debajo de la piel y recubre los músculos, los nervios, la grasa y los vasos sanguíneos".

Esto explica que las personas que se infectan con esta bacteria sufren un endurecimiento e inflamación de las zonas colindantes al punto inicial de la infección, que se suele convertir en un punto entre rojo y negro de aspecto alarmante.

Los primeros síntomas de la fascitis necrosante son la aparición de un área enrojecida o inflamada en la piel que se extiende rápidamente, dolor intenso y fiebre.

Ante estos síntomas y después de una lesión u operación, los facultativos recomiendan acudir al hospital urgentemente. De hecho, la infección avanza tan rápidamente que un diagnóstico temprano es clave para que el paciente pueda sobrevivir. Se estima que la mortalidad se reduce en un 12% si se diagnostica dentro de los cuatro días siguientes a la aparición de los primeros síntomas.

Además, los síntomas pueden avanzar y empeorar provocando úlceras, ampollas o manchas negras en la piel, cambios de color de piel, pus o secreciones que salen del área infectada, mareos, cansancio, náuseas o diarrea.

Tratamiento

La fascitis necrosante es una enfermedad grave que requiere la atención médica en un hospital. Los antibióticos y la cirugía son generalmente las primeras líneas de defensa si el médico sospecha que un paciente tiene esta afección.

Según reza en la web de CDC, "debido a que la fascitis necrosante puede propagarse con tanta velocidad, con frecuencia los pacientes deben operarse muy rápidamente. Los médicos también suministran antibióticos intravenosos para tratar de detener la infección".

"Sin embargo, a veces los antibióticos no pueden llegar a todas las áreas infectadas debido a que las bacterias han causado la muerte de demasiado tejido y se ha reducido el flujo sanguíneo. Cuando esto sucede, los médicos deben extirpar el tejido muerto con una operación. No es inusual que una persona con fascitis necrosante necesite varias operaciones. En los casos graves, es posible que el paciente necesite una transfusión de sangre", añade la misma fuente.

Cómo prevenir

Esta infección es rara y puede afectar a cualquier persona, pero a mayoría de las personas que la contraen suelen presentar otros problemas de salud que comprometen sus sistema inmunológico como la diabetes, patologías en los riñones, cirrosis o cáncer.

Cabe destacar que esta infección no es contagiosa entre humanos, por lo que generalmente no se recentan antibióticos a las personas del entorno del paciente.

Los médicos aconsejan evitar bañarse en el mar, ríos o lagos, así como en jacuzzis o en pisicinas, si se tiene algún arañazo o herida abierta en el cuerpo, puesto que son las puertas de entrada de esta bacterio al cuerpo humano.

En caso de tener cortes o lesiones en la piel (cortes, heridas, ampollas o raspones), se recomienda lavarse con agua y jabón para desinfectarlos, cubrirlos con vendajes limpios y secos.

Por el momento, no existen vacunas para prevenir esta infección.


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Marlaska viaja a Argelia para tratar de frenar la ola de pateras
Lo certifica Frontex en su informe del pasado junio: de los aproximadamente 4.500 inmigrantes que se registraron en España durante el primer semestre, uno de cada dos era argelino, nacionalidad que ya supera con mucho a los marroquíes en la ruta marítima que une el norte de áfrica con nuestro país. Y eso que en junio no había comenzado la temporada alta para los que huyen de Argelia, el periodo entre agosto y octubre en que, como ocurre desde 2017, sus pateras se lanzan rumbo al levante español, -muchas acaban desviadas a Baleares- como sucedió el último fin de semana de julio. En apenas 24 horas, dentro de lo que pareció una operación orquestada por las mafias para desbordar los medios de vigilancia, se interceptaron decenas de pateras con 800 ocupantes a bordo, 454 de ellos en aguas o las costas murcianas, donde ya en 2017 una avalancha de este tipo obligó a abrir la entonces aún sin estrenar cárcel de Archidona para alojarles. Y a llamar a la embajadora argelina para abordar de urgencia la situación. Ahora ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ayer se desplazó a Argel para reunirse con el presidente, Abdelmadjid Tebooune; con su homólogo, Kamel Beldjoud y con el titular de Asuntos Exteriores, Sabri Boukadoum, y analizar lo que los territorios receptores valoran en términos de crisis. Sin detalle «Reforzar la cooperación bilateral en materia de Interior» es todo el mensaje que ha trasladado del Ministerio como resultado de esta visita. Lo ha hecho un comunicado protocolario sin mayor contenido, en el que nada se dice acerca de si España ha comprometido o no nuevos recursos económicos o materiales a Argelia para que colabore en el freno a esta inmigración disparada. Sí constata Grande-Marlaska que para gestionar los flujos migratorios en el Mediterráneo de forma adecuada «es necesario adoptar medidas preventivas», sobre las que tampoco se hace precisión alguna, y que tradicionalmente han consistido en aportar dinero para desarrollo en países emisores para que generen riqueza propia capaz de retener a sus poblaciones. Al respecto, Beldjoud fue más explícito: «Argelia sufre este problema (la inmigración ilegal) y busca potencial financiero y humano importante para combatir el fenómeno». A pesar de la oleada, Marlaska ha destacado en este viaje «la buena cooperación en materia de lucha contra inmigración irregular y contra las redes de tráfico de personas», que se entiende que ha ido a peor después de que la precariedad en ese país se agudizara en febrero de 2019 con las protestas que en abril lograron la dimisión del histórico presidente Abdelaziz Buteflika. La instabilidad de Argelia también la hace vulnerable a la embestida yihadista, concentrada en el asentamiento del «Frente de apoyo para el Islam y los Musulmanes» (Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen, JNIM)», de la órbita del Daesh, al límite de su frontera sur, en el amplio territorio desértico que constituye el norte de Malí y el noroeste de Níger, totalmente fuera del control de los gobiernos de los respectivos países. Precisamente el domingo, seis ciudadanos franceses y sus dos guías locales eran asesinados a tiros en las cercanías de una reserva de jirafas situada a unos 50 kilómetros al sur de la capital, Niamey. La presión yihadista Este grupo islamista fue autor en 2019 de al menos tres intentos de masacre contra las tropas españolas desplegadas en África. Se trata del conocido ataque con coche bomba en febrero a la base de Koulikoro (Mali), otro frustrado de similar naturaleza en el mismo centro en junio y el último, hace un año contra unas instalaciones del Ejército en la localidad de Gao, de cuyo aeropuerto apenas media hora antes acababa de despegar un avión militar español, según figura en el Balance sobre el Terrorismo en España 2019 hecho público recientemente por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. En relación con el yihadismo, Grande-Marlaska también subrayó la importancia de la cooperación entre Europa y Argelia, al tiempo que destacó el compromiso de todas las partes «con Níger, con el conjunto del Sahel, en la lucha contra todas las organizaciones y la criminalidad organizada». Este ha sido el tercer viaje oficial de Grande-Marlaska a Argelia desde que se hizo cargo de la cartera de Interior. El anterior fue el 28 de noviembre de 2019. El ministro retoma con esta visita su agenda internacional. Ha realizado desde junio de 2018 viajes oficiales para estrechar la cooperación en la lucha contra las mafias que trafican con personas a Marruecos (en cuatro ocasiones), Argelia, Mauritania, Guinea Conakry, Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Ghana.
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abc.es
Torra reabre su guerra contra Torrent a cuenta de los letrados
Uno de los mayores rivales políticos de Quim Torra y Carles Puigdemont y que les ha causado grandes inconvenientes en esta legislatura es Roger Torrent. Tras las elecciones de diciembre de 2017, el ya elegido presidente del Parlamento de Cataluña impidió, cumpliendo la ley y las órdenes judiciales, que Puigdemont fuera escogido presidente de la Generalitat mediante un procedimiento a distancia. Después, en enero de 2020, el de ERC retiró el escaño a Torra, también por orden judicial. Desde entonces, la Cámara autonómica tiene 134 escaños, pues JpC se niega a sustituir al condenado por desobediencia y presidente autonómico. Ahora, Torra exige a Torrent que destituya al secretario general del Parlamento de Cataluña, Xavier Muro, el funcionario parlamentario de más alto rango y cargo de confianza de Torrent. Este lunes era el día previsto para que el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) publicase el texto aprobado el viernes y que puso fin a la sesión monográfica sobre «la crisis de la Monarquía española», una sesión parlamentaria solicitada por Torra a principios de semana y tras conocer que Don Juan Carlos había dejado España temporalmente. Llegó el lunes, y como habían advertido los letrados de los Servicios Jurídicos del Parlamento autonómico el mismo viernes, no se publicaron los aspectos aprobados en el pleno que pueden chocar con la ley y las advertencias, sobre todo, del Tribunal Constitucional. Al mediodía -después de que se publicasen las propuestas presentadas- el BOPC publicó la Resolución 905/XII, cuyo texto compila las propuestas de resolución aprobadas. Sin embargo, al final de la resolución, poco antes de la firma de Muro, se añadió una breve nota aclaratoria: «Dado el deber establecido sobre el secretario general del Parlament de impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento de lo dispuesto en las STC 259/2015, 98/2019, 111/2019, así como las ITC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 184/2019 y 11/2020, la publicación de esta Resolución no incorpora las resoluciones núm. 5 (GP JpC, GP ERC, SP CUP-CC); 2 in fine (GP ERC); 1.2 (SP CUP-CC); 1.7 (SP CUP-CC) y 4 en el inciso ''blinda la continuidad de una Monarquía delincuente'' (GP JpC, GP ERC, SP CUP-CC)». Es decir, la Resolución 905/XII no incluye los aspectos más polémicos y de dudosa legalidad, en opinión de los letrados parlamentarios, como el que «declara que Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey» y, entre otros, el que ratifica que «el único camino para superar este régimen monárquico es construir efectivamente la república catalana como un Estado de Derecho». Petición de cese a Muro Al poco de conocer la decisión de Muro, Torra pidió ayer su cese por las redes sociales de internet. «Ya pasó con mi condición de diputado y ahora otra vez. Basta. El secretario general del Parlament tiene el deber de obedecer al pleno, que es soberano. Y si no lo hace, el presidente del Parlament tiene el deber de cesarlo y asumir él y la Mesa la responsabilidad de publicar la resolución», indicó el presidente de la Generalitat, recordando lo sucedido en enero, cuando tras ser condenado por desobediencia, Torra presionó a los letrados y Torrent para que le mantuvieran el escaño, en contra de lo que establecen las normas. Ya por la tarde, JpC dio a conocer un escrito con el que exige a Torrent y a los demás miembros de la Mesa del Parlmento autonómico la publicación «íntegra» de la resolución aprobada a última hora del viernes 7 de agosto y que se dé la orden a Muro para que proceda a ello. Y en caso de que el secretario general no «ejecute» la orden, señalaron desde JpC, Torrent debería adoptar las medidas oportunas para la publicación de lo aprobado en el pleno y cesarlo del cargo. La presión de Torra y JpC contra Torrent y el secretario general encontró respuesta en varios líderes de grupos parlamentarios. Así, por ejemplo, Alejandro Fernández (PP) criticó a Torra por sus «amenazas» y Carlos Carrizosa (Cs) adelantó que su formación irá «donde haga falta» para «defender la democracia», y que impugnarán judicialmente el pleno. Carrizosa también pidió al Gobierno que «haga todo lo posible para que (los independentistas) no creen más conflictos».
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abc.es
El Supremo tendrá que pronunciarse sobre los recursos contra Delgado
El Tribunal Supremo tiene en el buzón de entrada dos recursos del Partido Popular y Vox que piden revocar el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado y que esperan resolución sobre su admisión a trámite. Ambos partidos entienden que se debe revocar la designación, habida cuenta de que Delgado era ministra de Justicia de Pedro Sánchez y por tanto, su imparcialidad está en tela de juicio, así como se acumulan causas sobre las que por su origen, tendría que abstenerse. En el caso del PP, tal y como adelantó este diario el pasado 4 de mayo, el recurso, anunciado en febrero, se presentó fuera de los focos. Los de Pablo Casado esgrimieron contra el nombramiento que Delgado a su juicio no cumple el requisito de «idoneidad» para el cargo por «falta total de objetividad y de imparcialidad». «Es la ministra número 23 del Gobierno de Pedro Sánchez. No se puede elegir fiscal general a un miembro del Gobierno socialista que, además, participó en actos electorales del PSOE lanzando proclamas muy duras contra un partido político, el PP», con el que competía en las urnas, decían los populares. Ven así declarada una «aversión» pública hacia el principal partido de la oposición incompatible con la imparcialidad que debe presumirse a la más alta responsable del Ministerio Público. En este sentido, inciden en que debe declararse la nulidad de su nombramiento, «porque constituye una desviación de poder al ser un fraude constitucional». «Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible dada su vinculación con el Gobierno y el PSOE. La ex ministra entregó la cartera a su sucesor el 14 de enero, el mismo día en que se propuso su nombramiento como fiscal general del Estado. ¿Es esto imparcialidad?», planteaban ayer desde Génova, donde se describe a Delgado como «una persona muy ideologizada». En el caso de Vox, el recurso se formalizó el pasado 28 de julio con una línea argumental muy similar: «No cumple los requisitos de idoneidad ni de imparcialidad que deben regir dicho cargo». El partido que lidera Santiago Abascal incide en que cuando se trata de la idoneidad, es incompatible con el hecho de que Delgado, fuese reprobada tres veces durante su etapa como ministra (dos en el Congreso y una en el Senado). El recurso, firmado por la vicesecretaria Jurídica de VOX, Marta Castro, argumentaba este asunto, al tiempo que ponía en duda que el informe del Consejo General del Poder Judicial con el que pasó el primer trámite para poder ser designada fuese realmente un aval. En opinión de los servicios jurídicos de Vox, aquel dictamen «no puede considerarse válido» porque «expresamente se ha excluido del juicio de los Vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad». Su tercer argumento clave es sobre la imparcialidad y recuerda el informe firmado por los siete vocales del CGPJ que votaron contra el nombramiento, para incidir en que a si fue diputada del PSOE no se puede presumir que es imparcial.
2 h
abc.es
El juez quiere aclarar si todo el caso Dina fue un montaje
Ante la enrevesada trama del caso Dina, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha apostado por volver al inicio y citar a un testigo que puede ser clave a la hora de decidir si el juego de espejos que se ha venido revelando a lo largo de la investigación era ya en origen un montaje. A la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham le robaron el móvil en un centro comercial en noviembre de 2015 y lo denunció. Unos meses después, parte del contenido de aquel teléfono empezó a ver la luz en prensa y Bousselham amplió la denuncia: entendía que el medio que difundía los temas más duros -unos chats que dejaban a Iglesias de machista- tenía que ver con el robo. Insistió sin suerte hasta llegar a la Audiencia Provincial. No había caso. Hubo alguien en su entorno que tampoco creía en el asunto, el entonces abogado de Podemos José Manuel Calvente. Según su propia versión, avisó de que el tema se podía volver contra ellos e insistió en desvincular al partido de algo que podía ser personal de Bousselham, e incluso culpa suya, sobre todo cuando el volcado de su móvil apareció en los archivos de Villarejo e Iglesias mostró interés por entrar en el procedimiento. Nadie le escuchó. Ha pasado año y medio y Calvente, que se dice «purgado» tras denunciar irregularidades en el partido bajo una acusación de acoso que se ha desestimado, ahora tuitea y concede entrevistas. Y lo que cuenta es que aquello fue un montaje y que el origen de sus males no es ya tanto haber puesto el dedo en la llaga sobre el modo en que se facturan algunos servicios en el partido, sino negarse a «participar en la patraña del caso Dina». Esta es la razón por la que el juez, aún a sabiendas de que no podrá contar mucho de lo que afecte a la relación abogado-cliente con Podemos, le ha citado como testigo el próximo 2 de septiembre. Ya no es sólo que Iglesias tuviese la tarjeta de Bousselham durante meses sin decir nada a su propietaria, a la Policía ni a los tribunales que vieron la denuncia, es que cabe la sospecha de que el robo ni siquiera llegara a producirse. Por eso, el pasado 23 de julio, el juzgado pidió a la Policía Judicial que revise la versión del marido de ella sobre lo ocurrido, habida cuenta de que como testigo ante el juez no fue claro sobre el tema. Poner en duda ya el propio robo es abrir la puerta a un delito de denuncia falsa, lo que complica más esta trama en la que Pablo Iglesias ha pasado de ser víctima a sospechoso y su antigua asesora ha ido perdiendo credibilidad a golpe de contradicciones. Se ha visto despojada, además, de su abogada, que también era la de Iglesias, por orden judicial ante el conflicto de interés con él. Se trata de Marta Flor, precisamente, la letrada de Podemos que interpuso la denuncia de acoso contra Calvente desencadenando lo que él califica de purga, en una guerra interna que ha acabado dañando a la Fiscalía Anticorrupción. Guerra de abogados Marta Flor, de acuerdo a la tesis que el propio Calvente esgrimió para defenderse de la acusación de acoso , alardeaba ante sus compañeros de tener una confianza más allá de lo profesional con el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa, lo que llevó a la jefa de ambos, Gloria Elizo, a apartarla de la causa, donde llevaba con otro letrado la acusación popular. Se retractó entonces, como publicó «Vozpopuli», reconociendo que se había pasado de «bocazas», pero siguió fuera del caso. El problema es que además de fanfarronear sobre su relación con el representante del Ministerio Público, dio a entender a sus compañeros del equipo legal que le sacaba información de la causa cuando aún estaba bajo secreto. «El Confidencial» publicó una batería de chats al respecto y Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación. Calvente, mientras, está en guerra con Podemos y ha denunciado irregularidades que ya se investigan en un juzgado de la capital. Según dijo en una entrevista con ABC, en el partido «quieren gente que diga que sí aunque sea ilegal» . «No puedes cuestionar nada: o aceptas o estás fuera». ¿Quién llevó la tarjeta a Interviú? En un afán por esclarecer cada uno de los cabos sueltos, el juez acordó el 30 de julio requerir al Grupo Zeta la hoja de registro de entradas y salidas a la revista Interviú en las fechas en que recibieron un sobre anónimo que contenía la supuesta tarjeta del móvil de Dina Bousselham, para intentar aclarar quién la depositó. Es la misma que el presidente de Zeta, Antonio Asensio, entregaría a Pablo Iglesias en enero de 2016 y su contenido es el que hicieron llegar los jefes de la revista Alberto Pozas y Luis Rendueles al comisario Villarejo en un pendrive entendiendo que respondían a un requerimiento policial verbal. Los dos siguen imputados, sin que se haya resuelto aún su petición de sobreseimiento.
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abc.es
Una fundación de Izquierda Unida usó una subvención para pagar despidos
La Fundación por la Europa de los Ciudadanos (FEC), vinculada a Izquierda Unida (IU), aprovechó el dinero de una subvención pública para afrontar el pago de las indemnizaciones a tres trabajadores que despidió en el año 2016. Así queda reflejado en el último informe elaborado por el Tribunal de Cuentas (TCu) después de fiscalizar la situación de los balances de partidos y fundaciones al finalizar el ejercicio 2016. Concretamente, la FEC aprovechó 16.645 euros procedentes de una subvención que le concedió el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para abordar gastos relativos a la extinción de dichos contratos. «Este concepto no resulta subvencionable al no tratarse de un gasto necesario para el funcionamiento de la fundación, ya que la convocatoria únicamente considera gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan al objeto de la subvención y resulten estrictamente necesarios». Con este párrafo revela el Tribunal de Cuentas la irregularidad contable cometida por la fundación que, como se puede observar en su propia página web, cuenta entre sus patronos con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al igual que con otros políticos de la formación que concurrió en coalición con Podemos a las últimas elecciones generales. Fruto de esta incidencia, con la que esta fundación de IU pretendía beneficiarse de fondos públicos para realizar cambios en estructura laboral, el Tribunal de Cuentas obligó a la FEC a devolver una parte de la subvención recibida, 11.518 euros, al Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Balance negativo La cuantía de la asignación, no obstante, era incluso mayor y ascendió hasta los 75.234 euros. Se trató, en el ejercicio 2016, de la mayor subvención recibida por la FEC, que tuvo otras dos: una por valor de 13.360 euros del Instituto de la Juventud (Injuve) y otra por 4.140 euros del Ministerio de Asuntos Exteriores. En total, 92.734 euros públicos que ayudaron a conformar el balance de la fundación, que aquel año ingresó 172.730 euros por los 209.459 euros de gastos que sostuvo. Como consecuencia, el balance fue negativo en 36.729 euros. La FEC es una de las principales fundaciones de IU y, entre sus actividades, está la organización de las escuelas de verano de IU. A la edición de 2017 acudieron el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Unai Sordo, el diputado en el Congreso Enrique Santiago, o el propio Alberto Garzón. También se anunció la presencia en aquel evento, desplegado durante tres días en Fuentidueña del Tajo (Madrid), del antiguo líder de IU, ya fallecido, Julio Anguita.
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González Terol (PP): «A este Gobierno le sobra soberbia y crispación y le falta voluntad de consenso»
Esta ofensiva del Partido Popular está siendo pilotada por el vicesecretario Territorial, que prepara un «agosto caliente» contra el Gobierno. —El PP inició ayer su ofensiva contra Sánchez por el acuerdo con la FEMP en una reunión de alcaldes ¿cuáles serán los siguientes pasos? —Hemos registrado mociones en ayuntamientos y diputaciones para oponernos a la incautación. En segundo lugar, iniciamos movilizaciones; en tercer lugar, nos planteamos votar en contra de la convalidación del real decreto e instar al resto de formaciones políticas a que sigan nuestros pasos; en cuarto lugar, un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto; y en quinto, aplicando el real decreto, que dice que el depósito de los 15.000 millones es voluntario, no vamos a ingresar un euro del dinero municipal en la Hacienda Pública. —¿El PP nunca conoció el contenido del acuerdo entre Pedro Sánchez y Abel Caballero? ¿No hubo diálogo? —A nosotros, 24 horas antes de que se aprobase en Junta de Gobierno, nos lo enviaron a los miembros del PP presentes en la FEMP. No hubo diálogo previo, ni voluntad del Ministerio de Hacienda, ni del presidente de la FEMP de llegar a un acuerdo previo con el PP o con el resto de formaciones. No hubo diálogo interno en la FEMP porque el presidente llevó las conversaciones en solitario con el Gobierno, ni tampoco hubo llamada de la ministra para llegar a acuerdo con el real decreto. —A pesar de estos antecedentes ¿Tienen alguna esperanza de que todavía sea posible algún acuerdo? —A este Gobierno le sobra soberbia y crispación y le falta voluntad de diálogo y de consenso. Por tanto, yo creo que la ministra Montero tiene poca voluntad de llegar a un acuerdo con los ayuntamientos, no del PP, de cualquier otro signo político que no sea el PSOE. No obstante, desde el PP volvemos a tender la mano al Gobierno para que rectifique, retire el real decreto y se ponga manos a la obra a dialogar. El problema es que este Gobierno está de vacaciones y no tiene un plan para mejorar la financiación de los ayuntamientos. —El presidente de la FEMP, Abel Caballero afirmó en ABC que el acuerdo se puede mejorar, pero que no ha habido alternativa ¿comparte esta afirmación? —La alternativa él la conoce, porque la votó con el PP por unanimidad. Es el documento de pilares para la reconstrucción, donde todas las formaciones políticas presentes en la FEMP formamos un documento de más de 40 páginas, que es la propuesta de los ayuntamientos y diputaciones al Gobierno de España. Ese documento no recibió ninguna respuesta y es el que Abel Caballero ha traicionado porque no lo ha defendido. Ahí se pedía que los ayuntamiento pudieran utilizar libremente sus ahorros, que se cree un fondo de reconstrucción por valor de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos que no tenían liquidez. —El PSOE les acusa de «manipular» a los alcaldes. —No es el PP el que se opone, sino hasta ocho formaciones políticas. Que no tergiversen la realidad, son ellos los que crispan.
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París investiga el asesinato de ocho personas a manos de yihadistas en Níger
La Fiscalía antiterrorista del Tribunal de París ve plausible que los seis cooperantes franceses y dos ciudadanos nigerinos asesinados en la región de Kouré (suroeste de Níger) el domingo pasado fueron víctimas de uno de los grupúsculos yihadistas que intentan desestabilizar parte del Sahel, un «vientre fofo» que se ha convertido en posible «puerta» de acceso al Mediterráneo y Europa del terrorismo islámico. La emboscada y matanza tiene mucho de provocación ensangrentada: se consumó en el área que intenta controlar la operación militar «Barkhane», liderada por Francia, con una tímida presencia de algunos aliados europeos y apoyo logístico importante (satélites de comunicaciones) de EE.UU. En la operación participan más de 5.000 soldados franceses y otros 3.000 de cinco nacionalidades (Reino Unidos, España, Estonia, Dinamarca y República checa). Washington (primer «proveedor» de comunicaciones) y París (gestor militar de la fuerza de contención del yihadismo) estiman que la defensa de la amenazada estabilidad de cinco frágiles Estados –Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad– es estratégica para Europa y contener las nuevas amenazas terroristas. Las minas de uranio de esa región son igualmente esenciales para la industria francesa y para el mercado mundial de minerales estratégicos. Detalle que tiene su importancia en un compromiso militar que tiene un costo humano muy trágico. Más de un centenar de militares y civiles han muerto en Sahel en el último quinquenio, y los atentados terroristas islámicos en la región se han multiplicado por siete en los últimos tres años. Apoyo a la presencia militar La sociedad francesa acepta «pagar» ese dramático tributo. Un 60% aprueba la presencia militar allí. El presidente Emmanuel Macron y las más altas jerarquías militares del Estado, comenzando por el general François Lecointre, jefe de Estado mayor de los ejércitos, insisten en la dimensión histórica y estratégica de esa presencia, que debe prolongarse indefinidamente. Las sospechas bien fundadas de la Fiscalía antiterrorista, estimando que los seis franceses y dos nigerinos asesinados en el suroeste de Níger fueron víctimas de un grupúsculo yihadista confirman la gravedad siempre inestable e inflamable de una crisis de larga duración. Es difícil combatir a una «nube» de grupos terroristas islámicos, enfrentados entre sí en algunos casos. Son «pequeños» pero muy peligrosos: como asesinos y como «factor» de desestabilización de unos Estados muy frágiles, dependientes y amenazados. Es muy difícil «estabilizar» una zona estratégica sin fronteras claras ni bien definidas, unos aliados europeos que no siempre perciben la amenaza desde el mismo ángulo y cuando los aliados norteamericanos amenazan conmodificar el nivel de su compromiso, esencial.
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Vilafranca y Santa Coloma se ponen a prueba con estrategias distintas
Hasta el viernes se espera hacer unos 4.000 tests PCR voluntarios a ciudadanos de Vilafranca del Penedès y de su comarca, entre los 19 y los 40 años, un colectivo que suma unas 9.500 personas en la capital del Alt Penedès. También se harán tests en...
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Bielorrusia reprime las protestas tras el aparente pucherazo electoral
De acuerdo con el escrutinio no definitivo de las elecciones del domingo, el actual presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, ha sido reelegido para un sexto mandato de otros cinco años con un 80 por ciento aproximadamente de los votos. Le sigue su principal adversaria, la profesora y traductora de inglés, Svetlana Tijanóvskaya, con casi un 10% de los sufragios. Sin embargo, ella no está de acuerdo con tales resultados. Tras conocerse el domingo por la noche el sondeo a pie de urna que daba la victoria a Lukashenko, aseguró que «somos nosotros los que tenemos la mayoría». Se negó a reconocer la derrota. Este lunes, en un encuentro con periodistas en Minsk, Tijanóvskaya dijo que «las autoridades deben reflexionar sobre cómo cedernos el poder. Me considero vencedora de las elecciones (...) no he obtenido el 10%, sino eso varias veces más» y acusó al jefe del Estado de «intentar retener el poder por la fuerza». Advirtió de que «tenemos un sistema de escrutinio alternativo y vamos a probar las infracciones que se han cometido». Anunció también estar dispuesta a reunirse con Lukashenko. La jefa de su equipo de campaña, María Kolésnikova, declaró por su parte que «estamos preparados para una campaña de protestas larga en el tiempo». Las observaciones realizadas por organizaciones independientes apuntan a que fue ella la que más votos recibió en los comicios y no Lukashenko, que este lunes reivindicó su victoria como legítima y merecida, repudiando a quienes pretenden «aguar esta fiesta» y alertando de que no permitirá en su país un «Maidán» como el habido en Ucrania en 2014. Tijanóvskaya dijo que «las autoridades deben permitir las protestas y garantizar el orden en ellas. En declaraciones a la radio Eco de Moscú, el experto del Instituto para el Desarrollo de Procesos de Integración, Dmitri Bolkunets, aseguró que «es obvio que el actual presidente ha perdido los comicios». Según sus palabras, «decenas de actas electorales, incluso en Minsk, muestran que Lukashenko tuvo escasos resultados mientras Tijanóvskaya ganó con un resultado de algo más del 70%». «Y él vence en colegios electorales vecinos en donde no había observadores. Es evidente que ha habido falsificación», señala Bolkunets. El analista ruso sostiene que «en algunas circunscripciones, los presidentes de las mesas electorales se han negado a firmar las actas de recuentos manipulados al alza» en favor de Lukashenko. Y sostiene que «la sociedad bielorrusa está preparada y mentalizada para acometer cambios importantes». Según sus informaciones, «en decenas de ciudades de Bielorrusia se están llevando a cabo grandes manifestaciones de protesta de quienes no están de acuerdo con los resultados oficiales de la votación». Los partidarios de Tijanóvskaya iniciaron las protestas el domingo por la noche, tras el cierre de los colegios electorales, y se toparon con los antidisturbios, que emplearon cañones de agua, balas de goma, gases lacrimógenos, porras, escudos y una violencia inusitada contra los manifestantes. Activistas bielorrusos pro derechos humanos del Centro Viasna sostienen que hubo más de un centenar de heridos y un muerto. De nada sirvieron los llamamientos de Tijanóvskaya a las fuerzas de seguridad para que detuvieran la represión. El Ministerio del Interior bielorruso informó de 3.000 detenciones durante la noche. El Comité de Instrucción, mientras tanto, advertía que a muchos de los arrestados se les abrirá expediente criminal por «disturbios masivos», artículo del Código Penal bielorruso que contempla penas de entre 8 y 15 años de prisión. El Ministerio de Exteriores, por su parte, negó la muerte de ningún manifestante, pero periodistas del canal de televisión polaco Belsat, que emite en lenguas rusa y bielorrusa, confirmaron que vieron y asistieron a la víctima, de nombre Evgueni Zaínchik, le llevaron al hospital y supieron después de su fallecimiento. Caracas felicita Los enfrentamientos con la Policía y los arrestos se reprodujeron este lunes. Tijanóvskaya no estuvo presente en la protestas por decisión de sus colaboradores, por motivos de seguridad y para evitar ser encarcelada. Pero llamó a participar en las manifestaciones organizadas en casi todas ciudades del país. Durante las manifestaciones se gritaron consignas como «¡Lukashenko vete!» o «¡viva Bielorrusia!». Lukashenko recibió las felicitaciones de los presidentes de Rusia, China, Kazajstán y Venezuela, Vladímir Putin, Xi Jinping, Kasim-Zhomart Tokáyev y Nicolás Maduro. Pero también las críticas de la Unión Europea, de la OTAN y de países como Alemania y Polonia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió «respetar los derechos fundamentales» a través de su cuenta de Twitter. Exigió que se lleve a cabo un recuento de los votos «preciso». En su mensaje señaló también que «el acoso y la represión violenta no caben en Europa».
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China envía cazas a Taiwán en respuesta a la visita oficial de EE.UU.
Con una escuadrilla de cazas J-10 y J-11 que, brevemente, penetraron en el espacio aéreo taiwanés e hicieron saltar todas las alarmas. Así dio este lunes China la bienvenida al secretario de Salud Alex Azar, primer ministro de un gobierno de Estados Unidos que visita desde hace cuatro décadas la isla de Taiwán , independiente «de facto» pero reclamada por Pekín. Desde 1979, cuando Washington dejó de reconocer a Taiwán y cambió sus lazos diplomáticos por una China que empezaba entonces su auge, la Casa Blanca había evitado este tipo de contactos directos para no airar a Pekín. Pero, con la «Nueva Guerra Fría» entre ambas superpotencias exacerbada por el coronavirus, el frente taiwanés se ha añadido a sus disputas políticas, comerciales y tecnológicas. Y, además, como uno de los más sensibles y peligrosos. Poco antes de que Azar se reuniera por la mañana con la presidenta Tsai Ing-wen, la Fuerza Aérea de Taiwán detectó varios aviones de combate chinos que sobrepasaron la línea divisoria en el Estrecho de Formosa. Según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa taiwanés, fueron «expulsados con decisión» y apuntados con misiles tierra-aire. De esta manera tan dramática, Pekín protesta por la visita de Azar, que en teoría está en Taiwán para aprender de su éxito contra el coronavirus porque solo ha registrado 480 contagiados y siete fallecidos. Pero su presencia es todo un desafío para Pekín, que persigue aislar internacionalmente a la isla exigiendo la «política de una sola China» a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas. Algo que podría cambiar tras esta visita. «Creo que, con la cooperación y esfuerzos entre ambas partes, habrá más logros no solo combatiendo la pandemia, sino también en otras áreas e intercambios bilaterales», confió la presidenta Tsai, según recoge el periódico «South China Morning Post». «Leyes para fortalecer la alianza Taiwán-EE.UU.» Por su parte, el secretario Azar recordó que el «presidente Trump ha firmado leyes para fortalecer la alianza entre Taiwán y EE.UU. y en 2018 abrimos un nuevo Instituto Americano», en referencia a la oficina de representación económica y cultural que hace de Embajada por falta de lazos diplomáticos. Además del Acta de Viajes a Taiwán para fomentar las relaciones directas entre ambos países, desde 2018 el Congreso estadounidense ha aprobado otras cuatro mociones en dicho sentido. Entre ellas destaca el Acta sobre la Participación Internacional de Taiwán, que aboga por la admisión de la isla en organismos internacionales donde ahora está vetada por la presión de China. Uno de ellos es la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se ha vuelto a abrir el debate sobre su inclusión tras su éxito frenando el coronavirus. Pero Azar no quiso profundizar en esa cuestión porque Trump ya ha anunciado que EE.UU. abandonará el próximo año la OMS por su «connivencia» con China en la pandemia. Desde Pekín, uno de los portavoces de Exteriores, Zhao Lijian, volvió a criticar este lunes su visita por considerarla una «grave violación» del «principio de una sola China». Además, exigió a EE.UU. que «detenga cualquier forma de contactos oficiales con Taiwán para evitar mandar señales equivocadas a las fuerzas independentistas de la isla, lo que dañaría gravemente la paz y la estabilidad en la región». Como se vio con las cazas enviados este lunes. ¿Una OMS alternativa que incluya a Taipéi? Ajeno a las protestas de Pekín, Azar dejó entrever la posibilidad de que Taiwán figurase entre los invitados a formar parte de un nuevo organismo sanitario global si Estados Unidos decidiese crearlo una vez se oficialice su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo el mayor financiador de la salud pública mundial. Todavía somos miembros de la OMS... Pero tras nuestra salida de la OMS, trabajaremos con otros», dijo.
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Pekín trata de amordazar a la Prensa de Hong Kong tras vetar a los políticos
Tras vetar a los candidatos más populares de la oposición demócrata, aplazar un año las elecciones legislativas de septiembre con el pretexto del coronavirus y detener a cuatro estudiantes por un mensaje independentista en internet, las autoridades de Hong Kong siguen recortando las libertades en nombre de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China. Al amparo de esta draconiana legislación, que castiga la oposición política con penas de hasta cadena perpetua, ayer fueron detenidas en Hong Kong diez personas en otra jornada aciaga para el movimiento democrático de la ciudad. Entre ellos destacan Jimmy Lai, dueño del Apple Daily, el periódico más crítico con el autoritario régimen de Pekín, y la joven activista Agnes Chow, compañera en el ya disuelto partido Demosisto del famoso Joshua Wong y del exiliado Nathan Law. Junto a Lai, fueron arrestados sus dos hijos y cuatro directivos de su compañía. Además, la Policía apresó al periodista Wilson Li, colaborador de la cadena de televisión británica ITV y antiguo miembro del grupo estudiantil Scholarism, y a Andy Li, miembro de un grupo independiente de observadores electorales. Al amanecer, agentes del nuevo Departamento de Seguridad Nacional se presentaron en la casa del magnate de la Prensa Jimmy Lai para detenerlo. Poco después, más de 200 policías registraban la sede de la compañía que publica el Apple Daily, Next Digital, y su redacción. Respondiendo a las críticas por esta presión sobre la libertad de expresión que, al menos todavía, se disfruta en Hong Kong, la Policía asegura que su investigación se centra en asuntos financieros y administrativos, no editoriales. Pero los periodistas del Apple Daily denunciaron que los agentes habían ido más allá de lo que permitía su orden de registro y habían revisado también documentos informativos. Tal y como explicó el comisario de la nueva fuerza policial para investigar estos casos, Steve Li, las detenciones han sido por delitos contra la seguridad nacional, como colusión con fuerzas extranjeras, y por fraude. Sin decir los nombres, acusó a tres de los arrestados, entre ellos la única mujer, Agnes Chow, de estar «activamente implicados» en «pedir sanciones internacionales contra Hong Kong», mientras que los otros, aprovechando su papel en la Prensa, financiaban la organización con cuentas bancarias del extranjero. Entre los detenidos figuran el consejero delegado del Apple Daily, Cheung Kim-hung, arrestado por conspiración para defraudar, y su director financiero, Chow Tat-kuen, apresado por colusión con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional. Según informa la radiotelevisión pública de Hong Kong (RTHK), el comisario Li sugirió que el diario habría engañado para obtener un alquiler más bajo de sus oficinas, como vienen denunciando los partidos que apoyan al régimen chino, objetivo frecuente de sus críticas. A la espera de ver cómo evolucionan las pesquisas policiales, ya se han hecho oír las primeras voces contre este ataque directo a la Prensa en Hong Kong. «La libertad de los medios debe ser respetada. Más pruebas de que la Ley de Seguridad Nacional se usa como pretexto para silenciar a la oposición», denunció en Twitter el responsable para Asia del Foreign Office británico, Nigel Adams. Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Chris Yeung, se declaró «conmocionado y horrorizado» a las puertas del Apple Daily. «Esto es lo que vemos en algunos países del Tercer Mundo donde la Prensa y la libertad de expresión son suprimidas. Pero no podía imaginarme ver esto en Hong Kong», criticó, según recoge el periódico South China Morning Post. Aunque las autoridades prometían que la Ley de Seguridad Nacional afectaría a «un grupo muy reducido de personas», ha barrido la ciudad en poco más de un mes. Impuesta por Pekín sin pasar por el Parlamento local, y sin conocerse su contenido hasta su promulgación el 30 de junio, pena la sedición, la subversión, el terrorismo y la colaboración con fuerzas extranjeras con penas que van desde entre tres y diez años de prisión hasta la cadena perpetua.
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Millora la situació global de la pandèmia a Catalunya, segons les autoritats sanitàries
Fernando Simón afirma que Catalunya "ja està en una fase de control" dels brots de coronavirus
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McDonald's demanda el seu exdirector per ocultar relacions sexuals amb treballadores
L'empresa vol recuperar els més de 40 milions de dòlars amb què va indemnitzar Steve Easterbrook en el moment de l'acomiadament
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Bruselas teme que los rebrotes alarguen un año más la crisis
La Comisión Europea anticipa que el año 2021 seguirá siendo un ejercicio difícil para las economías de la UE y ha decidido anunciar que probablemente tendrá que extender un año más la suspensión de las reglas presupuestarias. La situación es tan extraordinaria que ningún gobierno, ni siquiera los más apegados a la ortodoxia, ha dicho que le parece mal olvidarse por segundo año consecutivo de los requisitos del Pacto de Estabilidad. Si todo va bien, el ejecutivo comunitario prevé que los gobiernos vuelvan al redil en 2022 con presupuestos ajustados a los límites de déficit. Aunque en estos momentos ni esto es seguro. El anuncio lo ha hecho el vicepresidente económico Valdis Dombrovskis en declaraciones al diario «Financial Times» en las que explica que a la vista de la situación actual, cree que no será posible que los gobiernos puedan prever presupuestos equilibrados tampoco el año que viene. Dombrovskis ha aclarado que en principio, los planes de Bruselas habían previsto revisar en otoño la situación económica de los países para ver si mantienen o no la moratoria en la aplicación de las reglas presupuestarias, decidida el pasado mes de marzo en respuesta a la pandemia de Covid-19. Según Dombrovskis la aparición inquietante de rebrotes en la mayoría de países permite anticipar con cierta seguridad que se mantendrán las medidas excepcionales. Concretamente, Dombrovskis ha dicho respecto al análisis de este otoño que es «relativamente seguro» que la Comisión no podrá volver a decretar la vigencia de las reglas presupuestarias puesto que «la crisis continúa, la incertidumbre continúa». En todos los análisis formales o informales, la Comisión prevé que los datos económicos de este otoño pueden ser catastróficos y que la mayoría de los Gobiernos van a incumplir, de lejos, los límites de déficit además de aumentar considerablemente su deuda. En julio, la Comisión revisó sus previsiones para la zona euro, que se espera que registre una recesión histórica del 8,7% en 2020, aunque espera también un repunte del 6,1% en 2021. Según la Comisión, el conjunto de la UE se contraerá un 8,3% en 2020 y crecerá en torno al 5,8 % en 2021. En el último año, todos los países habían cumplido por primera vez en muchos años, las reglas de déficit. Según el vicepresidente, los cálculos de la Comisión estaban hechos basándose en la presunción de que la evolución de la pandemia seguiría un patrón más estable para reducir su actividad, pero los últimos rebrotes en países como Alemania, Bélgica o España han vuelto a introducir un factor fuerte de incertidumbre. «Todo depende de cómo se desarrolle la situación económica real». El plan de recuperación aprobado en el último Consejo Europeo por valor de 750.000 millones de euros prevé también una aplicación en los próximos dos años, por lo que se podría esperar que en 2022 habrá tenido los efectos deseados y que los gobiernos nacionales podrán volver a ajustar sus cuentas públicas.
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Cómo recuperar tu vivienda: guía para no perderte en el «laberinto judicial»
La crisis económica producida por el coronavirus ha disparado el fenómeno de la «okupación», que se está convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza para los propietarios. Especialmente, los particulares que pueden enfrentarse a un procedimiento judicial que puede durar meses, e incluso, años. ¿Qué opciones tienen los propietarios? La Policía puede desalojar sin orden judicial una vivienda ocupada ilegalmente, pero solo si pilla «in fraganti» al okupa. En caso contrario, el propietario necesita una orden judicial. Y si pretende denunciar la ocupación, tendrá que aportar un título de propiedad o usufructuario de la vivienda. Los presuntos okupas tienen cinco días para justificar su presencia. Además, si hay ancianos o niños intervienen los servicios sociales. Luego está la vía penal, por la que el propietario solicita como medida cautelar el desahucio, aduciendo allanamiento de morada o usurpación. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambas vías? La Ley 5/2018 diseña un proceso civil más rápido sobre el papel, con un plazo de cinco días para que la otra parte presente pruebas de su interés sobre el inmueble. Posteriormente, en el plazo de siete días se informa a los servicios sociales por si tuvieran que adoptar alguna medida de protección (por ejemplo, puede haber menores o personas ancianas entre los okupas). Aún así, este procedimiento puede durar hasta un año. El procedimiento penal es todavía más complejo y largo, aunque puede ser efectivo a corto plazo si el juez acepta como medida cautelar el desalojo. Ahora bien, tras esto queda un laro proceso: una fase de instrucción, otra intermedia previa al juicio oral y una sentencia. Todo lo anterior, puede prolongarse durante años, ya que solo un recurso a la setencia puede tardar en dirimirse un año. Por otra parte, el delito de allanamiento de morada lo juzga un jurado popular en el ámbito de las Audiencias provinciales y la usurpación es competencia del Juzgado de lo Penal. Además para demostrar que los ocupantes de la vivienda han incurrido en este último delito se necesita demostrar que hubo «violencia» sobre las personas. ¿Y qué puede hacer la comunidad de vecinos? Los presidentes de las comunidades de vecinos no están legitimados para denunciar en este caso, solo lo puede hacer el propietario de la vivienda, y, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), ya han pedido que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil. La única forma de actuar es a través de la Ley de Propiedad Horizontal, de la denominada «vía de la cesación por actividades molestas» (por ejemplo, ruidos o agresiones) del artículo 7.2 o denunciando el incumplimiento de ordenanzas municipales.
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